Martes, 1 de marzo del 2022 – Año XV – Edición 3916 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
PERÚ - Tacna: Se inundan tres viviendas
por colapso de desagüe en CP La Natividad. Vecinos reclamaron por constantes
atoros en buzones que genera contaminación ambiental
PERÚ – Arequipa. Majes Siguas II: lo que
viene tras la adenda 13. Irrigación. Con la aprobación de la adenda 13, que
reactivará el esperado proyecto Majes Siguas II, se avecinan varias tareas
pendientes a cargo del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), titular del
proyecto agroindustrial
PERÚ - Relator Especial de la ONU: “En
la Amazonía hay zonas de sacrificio ambiental por los derrames de petróleo”
Presa Yuracmayo puede abastecer de
agua a Lima por 48 días continuos ante eventual escasez
Almacena 48 millones metros cúbicos y es el tercer mega reservorio más grande de Lima
Rodeada de espectaculares paisajes andinos, la presa
Yuramacyo, con 23 años de creación, es el tercer megareservorio que abastece de
agua a los más de 11 millones de habitantes de la ciudad de Lima, la urbe más
grande y poblada del país.
Fue construida entre los años 1991 y 1994 y según el
presidente del directorio de la empresa Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Lima (Sedapal, empresa estatal de derecho privado), Francisco
Dumler Cuya, puede abastecer de agua a Lima por 48 días, de allí su
importancia.
Enquistada en una quebrada, en la provincia de Huarochirí,
en la sierra de la región Lima, la represa de Yuracmayo es alimentada por el
caudal del río Blanco, convertido en una laguna artificial con una extensión de
cinco kilómetros de largo.
Para Lima hay un total de 19 lagunas naturales y tres
megareservorios y Yuracmayo es el tercero más grande para la capital del país,
anotó.
"Es el principal tributario que conforma y donde nace
el río Rímac", expresó el funcionario de Sedapal, al señalar que en el
reservorio se pueden almacenar 40 millones de metros cúbicos de agua de los 333
millones de m3 que se guardan para utilizarlos en Lima en las épocas de
estiaje.
Precisó que el estiaje es cuando deja de llover y entonces
se suelta el agua de la laguna para que Lima tenga un abastecimiento adecuado.
"Eso representa más o menos 48 días de abastecimiento continuo para
Lima", puntualizó.
Yuracmayo tiene una serie de mecanismos que le permiten
acopiar, conservar y distribuir el agua cuando se requiera.
Incluso el agua del lago es tan pura y limpia que se puede
recoger con un vaso y tomarla directamente sin ningún problema.
Al respecto, Dumler Cuya afirmó que el agua de la represa
proviene de dos maneras: las lluvias y la escorrentía. Esto último es un
proceso físico que consiste en el escurrimiento del agua de lluvia por la red
de drenaje hasta alcanzar la red fluvial.
"Los cerros son como una esponja y filtran el agua.
Debajo de la estructura de represamiento hay un sistema de sifones, que con
canales con compuertas y de acuerdo a las necesidades eléctricas y de agua, se
abren y van soltando el agua de acuerdo a las necesidades", explicó.
El presidente del directorio de Sedapal agregó que la
represa tiene también un sistema de desfogue que cuando llueve mucho, el
sistema hace que las aguas de inmediato vayan directas hacia el río.
Indicó, asimismo, que, pasado el sistema de represamiento,
el agua va a las hidroeléctricas.
"Este es un sitio que filtra mucho el agua y por ello se ha puesto un relleno de concreto en toda la base de la laguna, para que logre retener el mayor tiempo posible el agua", puntualizó. https://andina.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Tacna: Se inundan tres viviendas por colapso de desagüe en CP La Natividad
Un foco de contaminación ambiental se originó en el centro
poblado La Natividad tras el colapso de buzones de desagüe que generaron la
inundación de tres viviendas y la afectación de predios ubicados en la
intersección de las avenidas Jorge Basadre y Basadre y Forero.
El problema se presentó primero en un buzón de desagüe en
la intersección de las vías mencionadas y luego en los ubicados en los
exteriores de las viviendas de la cuadra 18 de la avenida Basadre y Forero al
promediar las 8 h. La emergencia recién fue atendida por la Entidad Prestadora
de Servicios de Saneamiento (EPS) Tacna cerca del mediodía del 27 de febrero.
Reclamos de pobladores
La ciudadana Fabiola Garcés Jiménez, con su vivienda
ubicada en la intersección de la avenida Basadre y Forero con la calle
Corporación fue la más afectada por el aniego. Los ambientes fueron inundados
por las aguas negras que se tuvieron que retirar con baldes. “Se han dañado los
útiles escolares y uniformes de mis hijos, además de otros bienes, ¿Quién va a
responder por ello?”, manifestó mientras acarreaba las aguas servidas.
Problemas constantes
Por su parte Gladys Calderón Robles mostró su malestar ya
que los atoros de desagües en la zona son constantes y pese a los reclamos no
se dan soluciones para evitar que vuelvan a ocurrir. Ella con una lampa colocó
arena afuera de su vivienda para evitar que ingrese el agua residual. “Llamé
temprano a la EPS Tacna y demoraron en venir a dar solución”, se quejó la mujer
que estaba acompañada de sus dos hijos menores.
Acotó que fueron afectadas tres viviendas de su familia. En
una los propietarios no pudieron hacer nada por limpiar ya que estaban fuera de
la ciudad.
El personal de la entidad prestadora desatoró el desagüe y
retiró basura que estaba dentro de las tuberías. Los trabajos duraron cerca de
una hora. Las aguas discurrieron por tres cuadras de la calle Corporación, tres
de la avenida Jorge Basadre y una de la Basadre y Forero. https://diariocorreo.pe/
Majes Siguas II: lo que viene tras la adenda 13
Con la aprobación de la adenda
13 que reactivará Majes Siguas II, se vienen varias tareas a cargo del Gobierno
Regional de Arequipa (GRA), titular del proyecto agroindustrial.
Con el acuerdo regional entre
manos, la gobernadora Kimmberlee Gutiérrez debe informar a la concesionaria
Angostura Siguas para firmar la modificación del contrato de concesión. El
consejero Harberth Zúñiga Herrera explicó que, aprobada una norma en el Consejo
Regional, cualquier consejero tiene hasta tres días hábiles para impugnarla.
“Si es que no sucede nada de esto, el jueves próximo se daría por aprobado”,
dijo. Lo siguiente es retomar la obra, suspendida hace cuatros y esperar que
también los españoles hagan su cierre financiero en seis meses.
El gerente ejecutivo de la
Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Arturo Arroyo Ambia, dijo que el
concesionario tiene dos meses para reiniciar los trabajos. Hay que poner a
punto la tuneladora para perforar el túnel trasandino. Angostura Siguas también
tiene dos meses para presentar el expediente de distribución del agua en las
pampas de Siguas y que incluye el cambio tecnológico aprobado con la adenda.
Debe tramitar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y
los permisos ambientales respectivos.
En tanto, el GRA debe entregar
el control del proyecto con terrenos saneados para la ejecución de las obras
mayores: la represa Angostura de 1.000 millones de metros cúbicos y el túnel
para trasvasar las aguas del Atlántico al desierto arequipeño.
Al respecto, Arroyo Ambia indicó
que en este tiempo estuvieron avanzando en mesas de trabajo con los comuneros
en toda la zona de influencia, por lo que falta poco para cumplir dicha etapa.
En caso no se llegue a buen puerto, se procederá a la expropiación, pagando a
los dueños lo que indica la ley.
El componente energético
Existen dos componentes: el
agrícola, con el riego de 38.500 hectáreas en la pampa de Siguas, y el
energético, con la construcción por ahora de una hidroeléctrica. Esta funcionará
con los 34 metros cúbicos de agua trasvasada desde las represas Condoroma y
Angostura.
Jimmy Masciotti, funcionario de
Inland Energy, confirmó la construcción de la hidroeléctrica de Lluclla. De
este proyecto, ya tienen la tramitología principal aprobada, solo faltan
algunos detalles y negociaciones en marcha con los contratistas que se harán
cargo de la parte hidromecánica y electromecánica. Dijo que los contratos ya
están casi finiquitados, pues dependían de la aprobación de la adenda 13. Este era
un requisito indispensable que demandó Angostura Siguas para continuar con la
concesión.
La clave
Agro. Majes permitirá el cultivo
de productos con valor agregado como paltas, uvas y alcachofas, que generarán
para la región Arequipa exportaciones por US$ 1,010 millones anuales.
Lluclla: energía asegurada para
Majes Siguas II
Lluclla se ubica en la zona
intermedia del proyecto. La hidroeléctrica funcionará gracias a una caída de
mil metros. Con esa cantidad de agua y en 500 metros de altura, dijo Masciotti,
solo se hubiera generado la mitad de energía. Con esta nueva altura, las
turbinas podrán generar 300 MW.
La construcción de la
hidroeléctrica generará más de mil puestos de trabajo. Pagarán al GRA un
estimado de US$ 8,5 millones anuales por el uso del agua y aproximadamente US$
11,5 millones de impuesto a la renta, de donde saldrá el canon energético. https://larepublica.pe/
Relator Especial de la ONU: “En la Amazonía hay zonas de sacrificio ambiental por los derrames de petróleo”
“Si los estándares ambientales de protección de los suelos
no son robustos, lo que hay es contaminación legalizada por el Estado”, dijo
Marcos Orellana, Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, en una reunión celebrada el miércoles pasado con
dirigentes comunales y líderes indígenas de la selva y sierra peruana afectadas
por las actividades extractivas.
Desde su llegada al Perú, el último lunes 21, Orellana ha
recorrido varias regiones del país para recoger este tipo de testimonios: desde
las voces de quienes han denunciado los impactos de las operaciones petroleras
en el lote 192 ubicado en la provincia de Datem del Marañón, en la región de
Loreto, hasta las demandas de las víctimas por metales tóxicos en la provincia
de Espinar, en Cusco. A ello sumó una reunión con los pescadores afectados por
el último derrame ocasionado por Repsol en las costas de Ventanilla.
Uno de los objetivos de esta visita —asegura— es conocer a
fondo los casos donde haya personas víctimas de estas sustancias peligrosas. En
el lote 192, por ejemplo, Orellana señala que le impresionó “el dolor y
sufrimiento de la gente”, vulnerada por al menos medio siglo. Por ello resaltó
que, si son los afectados los que tienen que empujar una demanda para recibir
una reparación ante una situación como esta, “el sistema no funciona”.
Aunque Orellana explicó que se trata de una visita
académica y no oficial, es decir, no podrá emitir recomendaciones finales, el
Relator ofreció a Mongabay Latam una entrevista en la que comparte sus
observaciones sobre el último derrame de petróleo en Perú, los impactos de la
industria extractiva en Latinoamérica,
la necesidad de fortalecer las sanciones y multas frente a los desastres
ambientales y la urgencia de la ratificación del Acuerdo de Escazú para atender
las amenazas que enfrentan los defensores ambientales en la región.
Sobre el derrame en ventanilla, el
último informe de la ONU señala que no ha habido un derrame similar con este
tipo de crudo en un ambiente marino en el mundo. ¿Cómo reparar un caso como
éste?
Lo que estamos viendo en el ámbito marítimo es el uso de
nuevos tipos de combustibles, como el que vimos en el último gran derrame que
hubo en la costa de la isla Mauricio. Entonces esta situación plantea el
desafío de controlar una sustancia cuya característica física y química no es
conocida en detalle. Hay un antiguo paradigma de liberar una sustancia para ver
cómo se comporta y si es que se expresa algún daño, entonces controlarla. Lo
que está generando es el envenenamiento del planeta.
¿Qué podría controlarse entonces en este
tipo de actividades extractivas en un espacio tan sensible como el mar?
Este es un tema que afecta a varios de los países de la
región y también hay una falta de capacidades que tienen los estados para
enfrentar situaciones de siniestro. Recordemos que son operaciones, son
máquinas. Algo va a salir mal en algún momento. Entonces, ¿quién sufre el daño
y quién lo soluciona? Son preguntas que muchas veces los Estados no quieren
hacerse porque involucran cuantiosas inversiones en construir capacidades o
razones para dejar de lado la extracción de recursos naturales.
¿Cree que funcionan los sistemas de
multas como disuasivos para evitar más desastres ambientales?
Las multas cumplen un rol disuasivo, pero solo si las
multas son significativas. Si las multas son muy bajas, simplemente se
transforman en un costo del negocio. El monto debe estar relacionado con la
gravedad del problema y con la magnitud de la ganancia de estas empresas.
Además, las multas deben ser acatadas, las multas no funcionan si se
judicializan indefinidamente. Por eso las demoras no solamente generan
pasividad, agravan los impactos y generan pérdida de legitimidad y confianza en
el sistema legal. Ese es un gran costo
que paga el Estado.
Con el derrame en Ventanilla, el Estado
peruano interpondrá su primera denuncia civil por un desastre ambiental como
este. Es un paso que no se había dado antes. ¿Cómo evalúa esto?
La responsabilidad para restaurar el medio ambiente y
lograr las indemnizaciones es un ámbito esencial para asegurar derechos. Es un
principio de derecho que, si alguien sufre daño, tiene que ser resarcido. Hay
algunos presupuestos que muchas veces se utilizan para determinar cuándo
procede la responsabilidad, porque muchos ordenamientos jurídicos de la región están
articulados en torno a nociones de culpa. Esto tenía un rol importante para una
concepción de justicia. Sin embargo, eso significaba que comunidades que se ven
afectadas por un daño ambiental les cae la carga de probar que la empresa ha
sido negligente. Esas son determinaciones sumamente complejas ya que la
información para hacerlas está en las manos de la misma empresa. Entonces se
vuelve una prueba casi imposible de alcanzar y eso va en desmedro del derecho
de percibir una indemnización.
Entonces me parece que ha llegado el momento de que, en
derrames como el que sucedió en Ventanilla, se piense en otros supuestos
teóricos para establecer responsabilidad por daños. Es ahí donde los derechos
humanos ofrecen conceptos de ética como, por ejemplo, que las víctimas de daño
no pueden quedar en la impunidad. Entonces, ¿de qué manera se les garantiza a
las personas que han sufrido daños una indemnización? En algunas áreas del
derecho ambiental se ha empezado a incorporar la responsabilidad objetiva en
actividades ultra peligrosas. Al final de cuentas, quien genera un riesgo y en
esa actividad se materializa un daño, tiene una responsabilidad sin intermediar
culpa. Da lo mismo si hay negligencia o no. Lo importante es quién genera el
riesgo y que la persona que sufre el daño tenga acceso a una indemnización.
¿Cómo evalúa el comportamiento del
actual gobierno peruano en el desastre de Ventanilla?
Como estoy de visita académica, prefiero no opinar acerca
de ningún gobierno en particular. Más
allá de cualquier gobierno que esté en la administración, el Estado tiene
ciertas obligaciones en materia de derechos humanos que no dependen del
gobierno de turno. Desde esa óptica, el Estado debe garantizar los derechos,
sobre todo en situaciones de contaminación. Muchas veces se argumenta que las
personas que sufrieron daños deben acudir a tribunales buscando reparación,
indemnización y que el rol del Estado es arbitrar conflictos. Esta es una
apreciación que desconoce el deber del Estado sobre el respeto de los derechos humanos.
El Estado no puede estar ausente en materia de derechos humanos frente a la
contaminación que afecta el sustento, la alimentación, las capacidades
económicas de la gente. El Estado tiene un deber ineludible.
Derrames crónicos en la Amazonía peruana
Usted acaba de visitar el Lote 192, con
más de 2.000 sitios contaminados. ¿Cuáles son sus impresiones sobre lo que ha
observado?
Una primera impresión es el dolor y sufrimiento de la
gente. Es algo que toca el corazón de cualquier observador: ver cómo las personas
son expuestas a metales pesados que afectan su salud, afectan sus perspectivas
de vida, que afectan su cultura. Cuando buscan justicia, muchas veces sus
reclamos caen en oídos sordos. Eso es indignante, realmente me ha impresionado.
También me ha impresionado la manera en que los pueblos indígenas están
decididos a luchar por sus derechos. A pesar de las décadas de abandono, los
pueblos indígenas en el lote 192 y en otros lados no renuncian a sus tierras, a
su integración con el medio ambiente, a su espiritualidad con la naturaleza.
Pero hay muchas situaciones difíciles porque por el abandono se crean
relaciones de dependencia económica con las empresas extractivas.
Los mismos pobladores indígenas se han
convertido en monitores ambientales.
Sí, eso lo he observado en este lote y en otros países,
donde los guardianes de los bosques son los mismos pueblos indígenas. Este rol
es sumamente importante, porque donde el Estado está ausente, el carácter
independiente de los monitores genera un volumen de información sobre lo que
sucede y gracias a eso, las entidades fiscalizadoras empezaron a cumplir sus
atribuciones sancionatorias.
¿Qué hacer en casos de superposición de
lotes petroleros sobre comunidades indígenas? En Mongabay Latam pudimos
comprobar que, por ejemplo, el lote 64 se superpone a 22 comunidades. Esa
situación se repite en la región.
Fundado en lo que es el derecho a la vida, el derecho a la
propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos
naturales, se han formado estándares como el del consentimiento previo, libre e
informado. Esto se aplica ante cualquier actividad o política del Estado que
pueda afectar los derechos de los pueblos indígenas, sea negativa o positiva.
Entonces, la creación de un lote no cabe duda que es el primer paso hacia una
actividad que genera riesgos significativos sobre estos pueblos y su capacidad
de disfrutar derechos en sus territorios. La creación de un lote debería estar
sujeto a consulta y consentimiento.
¿Cómo se puede garantizar que las
actividades petroleras sean sostenibles con los medios de vida indígenas? ¿Cómo
cerrar heridas que datan de más de medio siglo?
El estándar del consentimiento previo, libre e informado es
sumamente importante para mediar entre las tensiones que existen entre los
modos de vida de los pueblos indígenas y las actividades petroleras. Hay
lugares donde los pueblos indígenas han dicho no a las empresas petroleras y
eso debe ser respetado. Este estándar
del consentimiento previo, libre e informado también está asociado al estándar
de la distribución equitativa de beneficios. Porque lo que por ahora les ha
dejado es pobreza extrema, pérdida de cultura, contaminación.
¿Qué hacer cuando empresas que han
dejado graves pasivos ambientales, como es el caso de Pluspetrol en el lote
192, se retiran del país?
Hay varios niveles de análisis y uno es la responsabilidad
de las empresas. ¿Qué conducta empresarial se puede denominar responsable si
frente a pasivos ambientales simplemente alista sus maletas y se va? Eso es un
abuso. Es ahí donde el sistema legal del Estado debe ser lo suficientemente
robusto para asegurar que el que contamina, limpia. Hay otro nivel de análisis
donde entra la cooperación internacional. Muchas de las empresas del sector de
hidrocarburos en Latinoamérica son empresas trasnacionales y eso plantea la
pregunta de cuál es la responsabilidad de los países de origen. Y a la tercera
aproximación le daría la siguiente analogía: los estados nacionales expenden
cientos de millones de dólares para defender su territorio en equipar y
mantener fuerzas militares. ¿Para qué quieren defender sus territorios
nacionales si estos van a ser contaminados con metales pesados? No es sólo la
frontera la que se defiende, sino que se defiende la integridad ambiental. Esto
debería llevar a fortalecer la institucionalidad y una normativa que sea capaz
de asegurar la salud del medio ambiente para las generaciones futuras del país.
La urgencia de Escazú para el Perú
En el caso de Cuninico del 2014, durante
años lucharon judicialmente para ser atendidos por los problemas de metales
pesados que tienen en la sangre.
Me parece que el caso de Cuninico refleja precisamente la
debilidad que tiene la normativa donde a la comunidad se le pone el peso de llevar
adelante un litigio. Una comunidad no tiene recursos para pagar abogados o
reunir pruebas. Entonces el sistema no funciona para asegurar el derecho de las
víctimas. Eso es precisamente lo que busca remediar el Acuerdo de Escazú. Por
eso llama la atención el rechazo del Congreso al acuerdo.
Muchos defensores ambientales indígenas
son perseguidos y judicializados ¿Piensa que hay un desamparo de los estados
frente a estas personas?
La criminalización de líderes indígenas es un tremendo
problema en la región. Los cambios en materia ambiental surgen por la
movilización de la gente. Sin esa dinámica hay una inercia que hace que las
cosas continúen como están. Cuando los líderes, en defensa de su derecho a un
medio ambiente sano, se convierten en un blanco de la violencia, se agravan las
violaciones a los derechos colectivos de las comunidades. Son calificados como
antidesarrollo, anticrecimiento, antipatriotas. La estigmatización resulta en
una deshumanización. Y es por eso que el acuerdo de Escazú es tan importante,
ya que reconoce el trabajo de los defensores ambientales como importante para
la democracia. El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo internacional del
mundo en incorporar protecciones específicas a los defensores.
Sin embargo, en Perú aún no ha sido
ratificado este acuerdo.
Tuve la oportunidad de unirme a un llamado que hizo el
Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que
el Perú ratifique sin demora el acuerdo de Escazú. Expresamos en ese comunicado
nuestra gran preocupación ante lo que vemos son campañas de desinformación
totalmente irresponsables de algunos grupos empresariales que ven en el acuerdo
una amenaza a sus actividades de producción. Pero los mercados del futuro le
van a pertenecer a las empresas que exhiban un verdadero compromiso con
estándares ambientales y sociales.
Los argumentos para desestimar el
acuerdo incluso hablaban de una pérdida de soberanía.
De ninguna manera, no es una cesión de territorio. Ese es
un argumento para apelar a los ultranacionalistas. Lo que hace el acuerdo es
reforzar la legitimidad de la soberanía. Porque si la soberanía se ocupa de
exterminar personas, se convierte en terrorismo de Estado. El acuerdo fortalece
la soberanía porque la orienta hacia la protección del derecho de medio
ambiente sano.
Una mirada a la región
Los derrames de petróleo son casi un mal
endémico en la región. ¿Cuál es la posición de su relatoría sobre las formas de
protección para que estos no queden impunes ni continúen?
Cuando comienzan las explotaciones petroleras, los
estándares ambientales eran inexistentes o muy incipientes, con prácticas
empresariales vergonzosas e irresponsables. Las aguas de producción eran
vertidas en ríos, quebradas, lagos y esto tenía un evidente impacto en los
pueblos indígenas que dependían de ellos para su sustento e identidad cultural.
Con los años, los instrumentos de gestión e institucionalidad se han ido
fortaleciendo. Pero, en muchos casos, estos instrumentos han sido débiles
frente al poder que tienen las empresas petroleras, quienes dictan sus propias
prácticas, sus propios estándares, se autorregulan y el Estado se limita a
observar. Todo esto bajo un discurso de un mal entendido desarrollo. En ese
cuadro, el reconocimiento del derecho al medio ambiente libre de tóxicos es una
herramienta que podría generar un verdadero cambio. No hay desarrollo sin
protección del derecho a un medio ambiente sano.
¿Pero actualmente lo están aplicando los
estados de Latinoamérica?
Lo que vemos es un derecho ambiental incipiente, donde las
herramientas son sumamente débiles. Los
estudios de impacto ambiental, en muchos casos, no dejan de ser un ejercicio de
copiado y pegado. Así, las herramientas de prevención no surten efecto. Además,
hay una gran necesidad de fortalecimiento de capacidades. Ese es el diagnóstico
que lleva a la negociación del Acuerdo de Escazú, para cerrar la brecha del
acceso de información, participación y justicia.
En un comunicado reciente a la Asamblea
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA), usted señala que hay
algunos lugares tan contaminados que son considerados “zonas de sacrificio». ¿A
qué se refiere con eso?
Ese es uno de los riesgos a los que apunta el informe que
elaboramos con el Relator Especial sobre Medioambiente y Derechos Humanos, David
Boyd, sobre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de tóxicos como un
elemento sustantivo. Hay lugares tan contaminados donde la vida es imposible o
se da en condiciones de falta de dignidad. A eso hace referencia las zonas de
sacrificio. Esas zonas de sacrificio las vemos en la Amazonía, con los derrames
(de petróleo) continuos, sistemáticos, donde los pueblos indígenas sufren la
contaminación de metales pesados en sus cuerpos. Las personas son sacrificadas
en aras de la extracción de recursos que benefician a empresas transnacionales.
Sobre Colombia, una de los temas con los
que nos hemos topado son las alianzas que hacen algunas empresas petroleras con
las Fuerzas Armadas y también con grupos paramilitares. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Tras firmado el acuerdo de paz y la desmilitarización de
las FARC, este tipo de alianza ya no se dan en un contexto de conflicto armado,
pero vemos la persecución sistemática de los líderes ambientales. Colombia se ha transformado en un país donde
ser líder ambiental es casi una condena a muerte, es incompatible con la
promesa de los derechos humanos. Esa situación es tremendamente preocupante y
requiere una atención mucho más dedicada por parte del Estado.
Y en Ecuador está el problema de los desechos
tóxicos que se dan tanto por el petróleo como la minería. ¿Ha podido conocer un
poco más sobre estos casos?
Tuve la oportunidad de presentar un escrito a la Corte
Constitucional de Ecuador, que está recogiendo el caso de los derrames de los
últimos años. Lo que vemos es que hay una erosión (del río Coca) totalmente
previsible, conocida y que genera daño, que luego tratan de minimizar. Lo que
está en juego es la reparación integral, la restauración del medio ambiente y
las indemnizaciones.
Luego de lo que hemos conversado, ¿usted
considera que toda la región se está convirtiendo en una zona de sacrificio?
Yo veo con gran preocupación, por ejemplo, la liberación de
mercurio a los ríos por parte de la minería ilegal, la afectación de
comunidades indígenas que ahora se dan cuenta de que sus cuerpos están
contaminados con mercurio, porque los pescados de sus ríos están contaminados.
Me parece un caso patente de injusticia ambiental y de vulneración de derechos.
Estamos en presencia de una nueva Minamata. Los impactos del mercurio van a
generar todo tipo de discapacidad y enfermedades a gran escala en muchas de las
comunidades de la Amazonía. Por este problema le escribí cartas al Gobierno de
Bolivia, pero también la relatoría recibió información de Brasil, Perú,
Colombia y Venezuela.
¿Y lo mismo sucede con el petróleo?
El petróleo también es una fuente de preocupación. Decimos
que la Amazonía es el pulmón del planeta, pero cuando uno llega al terreno, a
nivel de sus tierras, se da cuenta que la contaminación por hidrocarburos y la
contaminación por metales pesados es a alta escala. La injusticia ambiental
está extendida en la región. Hay un racismo ambiental que debe ser tratado con
urgencia. https://es.mongabay.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”