6/10/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 4066: PERÚ - Ministro Salas: “La salida no es derogar el Decreto Supremo que hace precisiones a Reglamento de Ley de Tercerización sino mejorarla”. El titular del MTPE acudió a comisión de Economía del Congreso para defender legalidad del D.S. N° 001-2022-TR, donde enfatizó que es necesario regular dicha figura, a fin de producir trabajo decente y con dignidad para los trabajadores

 Jueves, 6 de octubre de 2022 – Año XV – Edición 4066 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe


Ministro Salas: “La salida no es derogar el Decreto Supremo que hace precisiones a Reglamento de Ley de Tercerización sino mejorarla”

El titular del MTPE acudió a comisión de Economía del Congreso para defender legalidad del D.S. N° 001-2022-TR, donde enfatizó que es necesario regular dicha figura, a fin de producir trabajo decente y con dignidad para los trabajadores

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas Zegarra, acudió a la comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso para defender la legalidad del Decreto Supremo 001-2022-TR, que hace precisiones al reglamento de la Ley de Tercerización de Servicios, donde enfatizó que la salida no es derogar esta norma sino a partir de ella mejorarla para producir trabajo decente.

“Creo que a partir de este decreto supremo y los problemas que ha puesto sobre la mesa, podemos trabajar en modificaciones a esta norma que nos permita no solo ser más puntuales, sino reforzar su espíritu, que es defender la dignidad y el derecho de los trabajadores no solo en aspectos remunerativos sino de seguridad y salud en el trabajo, entre otros”, explicó.

El titular del MTPE le comentó a la presidenta de dicho grupo de trabajo, Rosangela Barbarán, quien coincidió con el punto de vista del ministro, que a partir de este decreto podemos encontrar coincidencias y enriquecer la norma con apoyo del Congreso de la República.

Alejandro Salas recordó que con ese mismo propósito ha invitado a los gremios empresariales, de los cuales ha recibido como respuesta que primero se derogue el citado decreto supremo para después conversar.  Sin embargo, nosotros insistimos porque tenemos vocación de diálogo y puertas abiertas a todos.

El ministro acudió a este grupo de trabajo parlamentario, para explicar las bondades de esta norma en favor de la clase trabajadora y hacer notar que la utilización indiscriminada de la tercerización ha convertido este mecanismo en una de las principales causas de abaratamiento de los costos laborales.

Recordó que la tercerización de servicios, regulada en la Ley 29245 y su reglamento normado por el Decreto Legislativo 1038, es el mecanismo por el cual una empresa principal contrata a otras empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras.

Tras reconocer la innegable la importancia de este mecanismo laboral como herramienta de gestión de la empresa moderna, fue enfático en señalar que el reglamento, sin embargo, no contenía una definición clara respecto a qué se entiende por “actividades especializadas y obras” que pueden ser objeto de tercerización.

Enfatizó que, por ello, el D.S. N° 001-2022-TR lo único que ha hecho es denominar como “núcleo del negocio” aquellas actividades en las que la propia empresa principal ya es experta o especializada, es decir, la cara opuesta de las “actividades especializadas u obras”.

Acto seguido, precisó que la citada norma no prohíbe ni limita ilegalmente o inconstitucionalmente la tercerización en el Perú. Solo la regula, en base a lo que determina la Constitución, los tratados internacionales y la propia Ley 29245.

Salas Zegarra mencionó que algunos sectores han indicado que dicho decreto es inconstitucional por vulnerar la libertad de contratación y la libertad de empresa del empleador, y han decidido recurrir a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI

“No obstante, en un Estado Constitucional de Derecho, debemos no solo analizar las libertades del empleador, sino también los derechos humanos del trabajador”, aseveró el ministro de Trabajo y Promoción Social.

Insistió en que, tal como estaba la norma antes del citado decreto supremo, la tercerización se hizo indiscriminada y vulneraba los derechos humanos de libertad sindical, estabilidad laboral y el principio de igual salario por trabajo de igual valor, reconocidos en instrumentos internacionales como los Convenios de la OIT, el Protocolo de San Salvador, entre otros.

Por ejemplo, explicó que los trabajadores de empresas tercerizadoras tienen más obstáculos para sindicalizarse, y cuando lo hacen, usualmente su contrato de trabajo no es renovado. Asimismo, indicó que el uso irrestricto de la tercerización genera un incremento sostenido de los contratos temporales.

Alejandro Salas culminó con la aseveración que era necesaria regular la tercerización, para producir trabajo decente y con dignidad para nuestros trabajadores. https://caretas.pe/

 


LIMA PERÚ

 

La lucha de las comunidades contra el cambio climático y la protección de las fuentes de agua en un documental

La lucha contra el cambio climático ya se libra en las zonas altoandinas de Lima. En la provincia de Huarochirí, las comunidades campesinas están en la primera línea de defensa para proteger las fuentes de agua que alimentan a la ciudad de Lima.

Son los hombres y mujeres que con prácticas ancestrales mantienen activas las fuentes hídricas que permiten que el agua llegue a más de 11 millones de habitantes de Lima, una ciudad en medio del desierto.

Esta lucha diaria, la cual se transmite de generación en generación en las comunidades altoandinas de Huarochirí, es lo que revela el nuevo documental “Guardianes y Guardianas del Agua” que se estrenó a nivel nacional este 4 de octubre.

“La intención ha sido mostrar la intensa relación que hay entre el agua y las culturas andinas de Lima. Es importante saber que para que nosotros tengamos agua en Lima hay una serie de comunidades a más de 3 mil metros de altura que trabajan para mantener activas las fuentes hídricas para que el agua siga surgiendo y fluyendo”, explicó Andrés Malatesta, director y productor del documental.

El documental sobre la siembra y cosecha del agua es fruto del esfuerzo de la Municipalidad provincial de Huarochirí, Cáritas, y el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica liderado por Forest Trends, que cuenta con el apoyo y financiamiento de USAID y el Gobierno de Canadá con el fin de contribuir a asegurar la disponibilidad de agua para el presente y futuro de nuestro país.

La mesa redonda

Después de la proyección se realizó un debate sobre el documental a través de una mesa redonda en la cual participaron líderes y lideresas de las comunidades de San Pedro de Casta, Laros y San Damián, los protagonistas del documental.

“El cambio climático nos está afectando a todos. No podemos desentendernos y decir: ‘yo vivo feliz y no tengo nada que ver´, pues si no cuidamos la naturaleza, el medio ambiente y especialmente el agua, lo más seguro es que vamos a perecer (…) Nos cuesta trabajo, sacrificio sembrar el agua para que todo Lima pueda beneficiarse”, refirió Eufronio Obispo Rojas de San Pedro de Casta.

“Queremos que nos apoyen porque las aguas que vienen de las alturas de las cuencas son las que dan vida para la ciudad, porque si no hay agua no hay nada, y nosotros somos los que cuidamos, nos sacrificamos día a día, hacemos nuestra champería en verano y en invierno, madrugando para mantener nuestras amunas y andenes que aseguran el agua para toda la ciudad de Lima”, declaró Rosa Ríos Melchor, presidenta del Canal riego de Huascache, en San Damián. https://diariocorreo.pe/

 


Derrame de petróleo: ordenan a Repsol presentar plan para rehabilitar 69 sitios afectados

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa Repsol, propietaria de la Refinería La Pampilla S.A.A.A, presentar un plan de rehabilitación para los 69 sitios identificados como afectados por el derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla a mediados de enero de este año.

A través de un comunicado, OEFA precisa que Repsol deberá presentar este plan ante la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem). El objetivo de este será implementar medidas de protección ambiental complementarias para su recuperación tras el derrame de petróleo ocurrido en enero del 2022.

Dispuso también implementar un “Programa de cumplimiento en materia ambiental” para: i) la identificación y evaluación de los riesgos de incumplimiento de sus obligaciones ambientales y las acciones para su mitigación; y, ii) la designación de un oficial de cumplimiento que facilite la observancia efectiva de sus obligaciones ambientales. Esta medida tiene por finalidad que Repsol genere información y establezca procedimientos internos necesarios a fin de minimizar el riesgo de la ocurrencia de hechos como el derrame de petróleo ocurrido en enero del 2022, lo cual permitirá garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental.

A la fecha, de los 97 sitios identificados, el OEFA ha obtenido los siguientes resultados:

• Sitios libres de hidrocarburos: 26 (14 playas)

• Sitios afectados con hidrocarburos: 71 (48 playas)

Estos últimos resultados serán puestos a disposición del Ministerio del Ambiente (Minam), Presidencia del Consejo de ministros (PCM), Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), Dirección de Capitanías y Puertos (Dicapi), Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), para su evaluación y acciones en el marco de sus respectivas competencias.

Multas impuestas

Producto de las acciones realizadas, a la fecha, el OEFA ordenó a Repsol 16 medidas administrativas, respecto de las cuales se ha evidenciado el incumplimiento de 7 de ellas. Como consecuencia de dicho incumplimiento, se ha impuesto a la empresa 7 multas coercitivas por un monto total de 2 millones 852,000 soles, las cuales a la fecha se encuentran pagadas.

Es preciso señalar que las mencionadas medidas administrativas tendrán vigencia hasta la aprobación del Plan de Rehabilitación por parte del Ministerio de Energía y Minas, razón por la cual seguirán siendo verificadas por el OEFA.

Asimismo, se encuentra en curso seis procedimientos administrativos sancionadores contra Repsol: en uno de ellos se determinó la responsabilidad administrativa y se impuso una sanción pecuniaria ascendente a 1087.933 UIT (5 004 491.80 soles), sin embargo, a la fecha se encuentra impugnada; mientras que los otros procedimientos continúan en trámite. https://andina.pe/

 


HIDROMUNDO

 

Greenpeace denuncia el mal estado químico del 30 % de las masas de agua subterránea

El 30 % de las masas de agua subterránea en España presenta mal estado químico, lo que afecta a la cuenca del Guadiana, Segura, Guadalete y Barbate, Gran Canaria, Tinto, Odiel y Piedras, y a un tercio de las cuencas del Guadalquivir, Júcar, Duero y Ebro, según el informe "SOS Acuíferos" presentado por Greenpeace.

El informe, basado en los documentos de los planes de tercer ciclo de planificación (2022-2027) de las confederaciones hidrográficas del país, también recoge que el 44 % de las masas de agua subterránea se encuentra en mal estado, y de ellas, el 27 % están en mal estado cuantitativo, lo que supone que "se extrae más agua de la que es capaz de reponer el ciclo natural", ha explicado la cofundadora y directora de proyectos de Datadista y colaboradora del estudio, Ana Tudela.

Entre las principales cuencas analizadas pormenorizadamente, el mal estado general de sus acuíferos es variable, pero, en todas, preocupante: Guadiana (85 %), Guadalquivir (52 %), Segura (69 %), Júcar (47 %), Ebro (37%) y Duero (29,6 %).

Según Tudela, "la apuesta económica de cada región tiene que ver con cómo están sus aguas", como la apuesta del regadío del olivar en Andalucía, que ha ocasionado una tasa del 28 % por contaminación química y un 37 % por sobreexplotación de la cuenca del Guadalquivir.

Asimismo, la puesta por los viñedos en regadío en la zona del Alto Guadiana, que ha llevado a una contaminación del 80 %, o la ganadería intensiva en Aragón y de Cataluña, que ha llevado a un alto nivel de contaminación en sus aguas, en especial las de la cuenca del Ebro, muy afectadas en la última década.

Agentes del problema

Tudela ha hecho hincapié en que el informe "expone los impactos que ponen en riesgo el agua subterránea, como la agricultura o la ganadería intensiva, las extracciones, los pesticidas o la intrusión y contaminación salina, que afecta al 13 %".

También ha denunciado que el 22 % de las masas agrícolas "carecen de un medidor piezómetro para medir la cantidad de agua" y ha expuesto la manipulación y fraude de otros dispositivos como los caudalímetros.

La analista ha insistido en que "el problema de la contaminación de las aguas subterráneas también afecta a las aguas superficiales, ya que su recuperación puede llevar décadas o ser incluso irrecuperables".

El doctor en geología y especialista en hidrología de Greenpeace, Julio Barea, ha señalado a las confederaciones hidrográficas, a las comunidades autónomas y sus consejerías de medio ambiente y agricultura y la oligarquía del campo (agroindustria, macrogranjas o fondos de inversión), como los "principales responsables" del problema.

Otros de los detonantes son, en su opinión, los sindicatos de regantes y las grandes empresas constructoras y distribuidoras, "beneficiadas" de las actuales políticas de "desgobierno".

Consecuencias y soluciones 

Ha señalado que una consecuencia directa de esta "mala gestión" del agua se verterá directamente sobre el 30 % de la población que actualmente se abastece con aguas subterráneas, y ha identificado "la agricultura y ganadería intensiva industrial y el regadío como los principales consumidores de esos recursos hídricos en más de un 80 %".

Según Barea, actualmente hay 4 millones de hectáreas (ha) de regadío y más de millón de pozos ilegales, lo que hace necesario "un cambio en la gestión hidráulica hacia una transición hídrica justa, una reducción de los regadíos intensivos industriales, unas políticas agrícolas orientadas hacia una sostenibilidad en consonancia con los planes europeos y una agricultura más ecológica adaptada al clima árido de España".

Ha insistido en una "reducción de la cabaña ganadera en un 50 % para 2030" y en un aumento del presupuesto destinado a gestión forestal.

La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha concluido que "o las confederaciones hidrográficas, la agroindustria y los gobiernos del color que sea empiezan a tomarse el problema en serio, o el país tendrá serios problemas para el abastecimiento de campos, animales y personas". https://efeverde.com/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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