Miércoles, 13 de mayo de 2026 – Año XXI – Edición 4960
Alerta en Puno: arsénico en
Llallimayo supera hasta 30 veces lo permitido
Dirigente advierte que más de 616 mil personas estarían expuestas a metales pesados y cuestiona la falta de respuesta del Estado.
Rubén Vilca Huayapa lanzó una grave alerta sobre la
contaminación por metales pesados en la región Puno, señalando que en la cuenca
Llallimayo se han detectado niveles de arsénico que superan hasta 30 veces los
límites permitidos, poniendo en serio riesgo la salud de niños, familias y de toda
la población que reside en las zonas afectadas.
Vilca advirtió que esta situación refleja una crisis
socioambiental de gran magnitud, precisando que aproximadamente 616 mil
personas en toda la región estarían expuestas o afectadas por contaminación con
metales pesados. Según explicó, al menos seis cuencas de Puno presentan serios
problemas de contaminación, generando conflictos sociales y demandas constantes
hacia el Estado debido a la falta de acciones concretas para solucionar esta
emergencia sanitaria y ambiental.
El dirigente cuestionó la lenta respuesta del Gobierno
Central frente a esta problemática, indicando que, pese a los reiterados
reclamos de las poblaciones afectadas, no existe voluntad política ni
asignación presupuestal suficiente para ejecutar soluciones definitivas. En ese
sentido, remarcó que cualquier alternativa real para enfrentar esta crisis
requiere presupuesto específico mediante partidas económicas claras; sin
embargo, hasta la fecha no se observa una respuesta efectiva.
Anunció que las poblaciones afectadas evalúan asumir nuevas medidas de protesta para exigir atención inmediata, porque a diario crece la preocupación por el incremento de enfermedades vinculadas a la exposición a metales pesados. https://radioondaazul.com/
HIDROREGIONES PERÚ
Usuarios acusan a Seda Huánuco de buscar silenciar denuncias con cartas notariales
La empresa prestadora de servicios Seda Huánuco ha
judicializado el descontento social al enviar una carta notarial por presunta
difamación contra Alfredo Quispe, representante de un frente de defensa local.
La medida legal surge tras la exposición pública de presuntas irregularidades
en la facturación y el funcionamiento de los medidores en diversos sectores de
la ciudad. El conflicto pone bajo la lupa la transparencia administrativa de
una entidad que, en los últimos meses, ha enfrentado cuestionamientos por la
precariedad de su servicio.
El detonante de la acción legal fue la difusión de casos
críticos, como el de Benita Cecilio Huerta, una usuaria cuyo recibo mensual
saltó de un promedio de S/ 2.20 a S/ 107.10 sin variación en su consumo. Según
Quispe, este no es un hecho aislado, sino un patrón que afecta a miles de
ciudadanos que ven sus reclamos declarados "infundados" por la propia
empresa. Para el dirigente, la carta notarial es un mecanismo de
amedrentamiento que busca frenar la fiscalización ciudadana sobre la gestión
del agua.
La tensión se agrava ante la evidencia de que Seda Huánuco
solo ha rectificado montos tras la presión mediática o denuncias en redes
sociales. El caso de Sinésio Rivera, cuya tarifa fue reducida de S/ 160 a S/
57.50 tras una inspección forzada por la queja pública, refuerza la tesis
ciudadana de que los instrumentos de medición podrían estar alterados. Esta
falta de predictibilidad en los cobros ha generado un clima de desconfianza que
ya trasciende el ámbito administrativo.
Evidencias técnicas y el vacío de
fiscalización
El reclamo de los usuarios apunta directamente a la
necesidad de un peritaje técnico independiente sobre los nuevos medidores
instalados en Amarilis y Huánuco. Quispe sostuvo que pruebas empíricas
realizadas en presencia de los usuarios demuestran discrepancias de hasta el
150% entre el consumo real y el registrado por la empresa. Pese a estas
señales, organismos como la Sunass y la Defensoría del Pueblo aún no han
logrado establecer una mesa de diálogo que garantice soluciones técnicas
definitivas.
A este escenario se suma el impacto colateral en la salud
de los involucrados; el dirigente reportó complicaciones médicas en su entorno
familiar derivadas de la presión legal ejercida por la empresa. Por su parte,
los usuarios afectados advierten que la falta de un plan de contingencia
durante los cortes de servicio —como el registrado recientemente por tres días—
agota la paciencia de una población que exige pagar "lo justo" por un
servicio básico indispensable.
La respuesta de los colectivos sociales no se ha hecho
esperar. Organizaciones como el Frente Patriótico Huánuco y el Frente
Chinchaysuyo han anunciado que se sumarán a la defensa legal de Quispe y Benita
Cecilio. La exigencia es clara: que el gobernador regional Antonio Pulgar y el
alcalde provincial Antonio Jara intervengan en el directorio de la empresa para
frenar lo que consideran un atropello contra el bolsillo de las familias más
humildes.
Un conflicto social en vías de escalada
Más allá de los montos económicos, la disputa revela una
fractura sistémica en la gobernabilidad de los servicios públicos en la región.
La estrategia de Seda Huánuco de responder a las críticas con procesos legales,
en lugar de auditorías técnicas transparentes, parece estar alimentando una
movilización de mayor envergadura. El silencio de las autoridades municipales
frente a la gestión de sus representantes en el directorio de la empresa
profundiza el vacío de liderazgo.
El siguiente paso en esta crisis dependerá de la respuesta que brinde el Colegio de Abogados de Huánuco y la posible intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito ante las denuncias por omisión de funciones. Mientras tanto, el anuncio de una movilización masiva de los frentes de defensa sugiere que el conflicto dejará pronto las notarías para trasladarse a las calles. La pregunta queda instalada: ¿podrá Seda Huánuco sostener sus cifras de facturación frente a un peritaje técnico imparcial? https://ahora.com.pe/
Manuel Irigoyen, gerente general de la EPS Grau: “La empresa pierde S/ 4 millones al mes”
El gerente general de la EPS Grau, Manuel Irogoyen Tenorio, accedió a una entrevista para Correo para mostrar una rápida radiografía de la actual situación de la empresa de saneamiento.
¿Tienen un cálculo de cuántas
redes de clandestinaje han detectado este año? Uno de los grandes problemas de
la EPS Grau es el agua no facturada, que está por encima del 60% hasta el año
2025. Yo produzco 100 y solo cobro 40, es decir 60% se pierde.
¿Eso a cuánto equivale en
volumen de agua? Nosotros producimos aproximadamente 2 millones de metros
cúbicos, el 60% de eso se pierde. Eso se da porque las zonas periféricas de
Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre han crecido desordenadamente y eso ha
hecho que todas esas zonas de crecimiento se abastezcan clandestinamente de la
red de la empresa.
¿El problema del agua no
facturada es grande? Hubo demasiado descuido no solo acá en Piura, sino también
en Sullana, Talara y Paita. En la planta El Arenal, que abastece Paita y
Talara, tenemos localidades que tienen 60%, 70% hasta 90% de agua no facturada.
¿Por qué es alto el porcentaje
de pérdidas en estas zonas? Porque desde la planta El Arenal hasta Talara hay
casi 60 kilómetros de longitud de la línea. En todo el recorrido se ha ido
generando clandestinaje en la línea y muchas veces hace que el agua no llegue a
Talara ni a Paita. Por lo tanto, hay quejas tanto de Paita como de Talara y no
necesariamente es por la falta de agua sino por el robo indiscriminado que se
hace en la línea de conducción.
¿Qué antigüedad tienen esas
líneas? Esa línea ya tiene 50, 60, 70 años y también tiene pérdidas propias por
la tubería de fierro y por la cantidad de años que tiene. También es un terreno
salino, con napa freática alta. Esa tubería ya necesita un cambio, necesita
renovarse, poner tecnología, micromedidores para poder controlar el consumo.
Una empresa que no controla el agua que distribuye, difícilmente va a poder
crecer porque el agua en vez de crecer formalmente hacia zonas que realmente
necesitan o mejorar la calidad y presión en los usuarios que ella tiene, se va
perdiendo más bien en zonas que no lo pagan y lo peor es que muchas veces se
conectan clandestinamente y contaminan las redes.
¿Cuánto es el promedio de pérdidas
a nivel nacional? Lo normal en el Perú es un promedio de 30% de pérdida. Nunca
será cero porque hay pérdidas operativas, de lavado de plantas, de lavado de
reservorios, de purga de redes. También hay pérdidas porque no todos tienen micro
medición. O sea, un estándar promedio de pérdida es de 30% a nivel nacional.
Nosotros deberíamos llegar a ese estándar de pérdida.
¿Si transformamos la pérdida de
agua en soles, cuánto pierde mensualmente la EPS Grau? En soles estamos
hablando de un aproximado mensual que se pierde de 4 a 5 millones. Casi una
tercera parte de lo que facturas ahorita. Estamos en la línea de mejorarlo a
través de estos grandes proyectos de ampliación de redes, porque a la fecha,
como te digo, la gran pérdida es en esas zonas periféricas que han crecido
indiscriminadamente sin redes de servicio, sin embargo, viven ahí y se han
conectado como han podido. Lamentablemente es tan grande la zona que cortar
toda esa maraña de redes clandestinas que hay es complicado porque se puede
generar un problema social fuerte. Eso se debe mejorar con el proyecto de 115
asentamientos, pero los operativos contra el clandestinaje van a continuar.
¿En qué zonas están ejecutando
los operativos? Estamos haciendo operativos fundamentalmente en zonas que sí
tienen redes, para evitar que se pongan clandestinamente por el problema que no
solo generan pérdidas económicas, sino pueden generar problemas de calidad en
el servicio por la contaminación cruzada que ellos pueden generar, por un mal
empalme, por una mala conexión que se haga.
¿Cuánto es la deuda que tiene actualmente la empresa? En el año 2000, que entró en proceso concursal, la deuda era casi de 300 millones. De eso se ha venido pagando 130 millones, o sea todavía se debe 170 millones de soles. Las deudas postconcursales son de casi 120 millones. A la fecha se debe casi lo mismo, no se avanza mucho. https://diariocorreo.pe/
De interés nacional la ejecución de proyectos de agua potable y alcantarillado en cinco departamentos
Con 12 votos a favor y 1
abstención, la Comisión de Vivienda y Construcción aprobó, esta tarde, el
dictamen recaído en los proyectos de ley 11720/2024-CR, 12765/2025-CR y otros
que declara de interés nacional la ejecución del proyecto de agua potable y
alcantarillado en los departamentos de Cajamarca, Lima, Huancavelica, Apurímac
y Lambayeque.
La finalidad es promover
intervenciones destinadas a garantizar el acceso efectivo de la población a los
servicios básicos de saneamiento, específicamente, en sectores que
históricamente han enfrentado limitaciones estructurales relacionadas con
infraestructura insuficiente, servicios precarios o ausencia de cobertura
adecuada.
Las localidades comprendidas en
las iniciativas presentan problemáticas vinculadas al sistema de agua potable
deteriorados, limitada continuidad de servicio, ausencia de redes de
alcantarillado, insuficiente tratamiento de aguas residuales y obras de
saneamiento pendientes de ejecución o paralizadas durante largos periodos.
En varios casos analizados, la
población beneficiaria depende de mecanismos precarios de agua como camiones
cisterna, pozos informales o cisternas temporales de almacenamiento que
incrementa los riesgos sanitarios y profundiza las desigualdades territoriales
existentes.
En esa línea, la propuesta se
encuentra orientada a fortalecer la protección del derecho humano al agua
potable y al saneamiento, promover las condiciones adecuadas de salud pública y
contribuir al desarrollo urbano sostenible y a la reducción de desigualdades
territoriales.
DRENAJE PLUVIAL EN HUANCAYO
Con 10 votos a favor, la
comisión también aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley
12514/2025-CR, 13408/2025-CR y otros que declara de interés nacional la
ejecución integral del sistema de drenaje pluvial en los distritos del El
Tambo, Huancayo y Chilca, en el departamento de Junín.
La iniciativa legislativa busca
mejorar el sistema de redes pluviales en esta zona, debido a que la provincia
de Huancayo afronta desde hace varios años una problemática relacionada a la
deficiente infraestructura de drenaje pluvial, por lo que urge contar con un
sistema integral que permita mitigar los impactos de las lluvias intensas
protegiendo a los habitantes como a la infraestructura urbana y rural.
Las redes existentes conformadas
en su mayoría por tuberías antiguas y de diámetro reducido colapsan
recurrentemente en zonas centrales hasta un 80 % de la población, el cual
carece totalmente de infraestructura adecuada para evacuar aguas pluviales.
Es así como, el dictamen se
fundamenta principalmente en el Decreto Legislativo 1356 que aprueba la Ley
general de drenaje pluvial cuyo reglamento establece el drenaje pluvial como
parte integral de la infraestructura urbana.
Por ello, refiere el texto,
resulta necesario viabilizar esfuerzos multisectoriales que contribuyan a
solucionar las problemáticas descritas anteriormente que se han estado
presentado en la ciudad de Huancayo debido a la antigüedad del sistema de
drenaje pluvial especialmente en los distritos mencionados. https://comunicaciones.congreso.gob.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”