26/3/19

HIDROBOLETÍN FENTAP 3189: PERÚ – Trabajadores piden renuncia de Bruce y anular nombramiento del presidente del directorio de Sedapal. Señalan que ambos funcionarios tienen denuncias de actos ilegales durante su gestión


Martes, 26 de marzo  de 2019 – Año XIII – Edición 3189 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP

La FENTAP informa:
·        PERÚ – Lima. Trabajadores piden renuncia de Bruce y anular nombramiento del presidente del directorio de Sedapal. Señalan que ambos funcionarios tienen denuncias de actos ilegales durante su gestión
·        PERÚ - Científicos en ecosistemas recomiendan a Perú gestionar mejor zonas altoandinas
·        PERÚ – Apurímac. Las Bambas: Lo que empieza mal termina mal. Comunicado de CooperAcción
·        PERÚ -  Arequipa. Pobladores de San Gregorio están sin agua hace ocho días
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Trabajadores piden renuncia de Bruce y anular nombramiento del presidente del directorio de Sedapal
Señalan que ambos funcionarios tienen denuncias de actos ilegales durante su gestión.   

https://larepublica.pe – El Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal, SUTESAL demandó ayer la renuncia del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Carlos Bruce por las denuncias presentadas en su contra y que se anule el nombramiento de Francisco Dumler, como presidente del Directorio de Sedapal.

Carlos Bruce, ha sido acusado por el fiscal contra el Crimen Organizado, Juan Carrasco de integrar una organización criminal junto a los congresistas Héctor Becerril , Clemente Flores (PPK), Javier Velásquez (Apra) y César Vásquez (APP), de utilizar la Comisión de Presupuesto del Congreso para direccionar obras públicas en Chiclayo, hacia determinadas empresas, previo beneficio económico.

Bruce también está acusado, por el detenido exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, de haber tenido un “interés inusitado por una obra” en ese distrito, la cual estuvo valorizada en S/ 7 millones. La que finalmente le fue entregada al MVCS cuando Bruce fue ministro y la obra se entregó a una empresa directamente.

La Secretaria General de SUTESAL, Luisa Eyzaguirre, expresó que ello no puede ser ignorado y mantener en el MVCS a una persona con denuncias por corrupción es un retroceso en la batalla que viene dando el país. Sostuvo que Bruce ha defendido un informe donde se exculpa a la empresa Odebrecht y Graña del aniego producido en San Juan de Lurigancho. “Reconoce que no emplearon la tubería adecuada y sin embargo no encuentra responsabilidad en los que hicieron la obra”.

Eyzaguirre, también expresó su rechazo por el nombramiento de Francisco Dumler, ya que en el año 2013 una investigación de IDL Reporteros, señaló que Dumler, como secretario general de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), gestionó con celeridad un pedido de la abogada Cecilia Blume, (por encargo de Milton Von Hesse), a favor de la pesquera Exalmar. Para cumplir con Blume cambiaron a la directora de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos, Betty Chung, quien era la persona que más observaciones puso al proyecto de Exalmar. 

Al asumir Von Hesse al MVCS, llevó a Dumler como vice ministro de Saneamiento y lo sucedió en el cargo al final del gobierno de Humala. Siendo ministro de Vivienda, Dumler estaban en marcha los procesos de concesión en Sedapal y una de las empresas era odebretch, a pesar de que ya se conocía la corrupción de Lavajato, quienes estaban interesado en la concesión de Sedapal. Meses antes, Dumler había entregado casi 300 millones de soles para obras a la empresa concesionada de Tumbes, Atusa. “Estos antecedentes lo descalifican como presidente del directorio de Sedapal”, señaló la dirigente.



HIDROREGIONES PERÚ

Científicos en ecosistemas recomiendan a Perú gestionar mejor zonas altoandinas

Científicos especializados en ecosistemas, así como del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Universidad Agraria La Molina indicaron que la afectación de los pastizales altoandinos afectan la provisión de agua, energía, hábitat para la vida silvestre, alimento para el ganado, seguridad alimentaria y reserva de carbono en los suelos, a causa del cambio climático y la falta de una política eficaz para su protección.

Si bien la población altoandina representa 70% de población rural del país y el 30% de la población nacional es necesario gestionar mejores formas de relación entre los ecosistemas pues existen conexiones hídricas fundamentales entre las zonas altoandinas y las ciudades costeras de nuestro país.

Así comentaron los especialistas que participaron del Congreso de Ecosistemas Altoandinos de Puna 2019, organizado por la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), a través del Laboratorio de Ecología y Utilización de Pastizales (LEUP), se informó a INFOREGIÓN.

“Los servicios ecosistémicos están siendo afectados en su máxima expresión por el cambio climático y debemos conformar una plataforma académica internacional para responder con rapidez ante los efectos acelerados del deshielo de los glaciares” comentó Gillian Bowser, investigadora del Laboratorio de Ecología de Recursos Naturales de la Universidad Estatal de Colorado. INFOREGIÓN


Las Bambas: Lo que empieza mal termina mal

Ante una nueva crisis del conflicto en Las Bambas, varios líderes empresariales, economistas y políticos hablan de restablecer el principio de autoridad mediante el uso de la fuerza. Para CooperAcción el que rija el principio de autoridad no pasa por la presencia de cientos de militares y policías en un lugar para garantizar las actividades de una empresa, pasa más bien por establecer relaciones justas y de mutuo respeto entre los actores existentes en un territorio.

¿Qué hacer? Una primera cosa necesaria, es reconocer errores y tener la voluntad de corregirlos. Para ello, debemos recordar que inicialmente la Unidad minera Las Bambas tenía previsto sacar el mineral en Apurímac y procesarlo en Cusco donde estarían las plantas de molibdeno y Filtros que tendrían como producto, los concentrados. El proyecto suponía la construcción de un mineroducto para el traslado del mineral hasta Cusco y de una carretera para el traslado de insumos y personal, ambos a cargo de la empresa.

El 2013, mediante un estudio breve y de rápido trámite, el gobierno del presidente Ollanta Humala autorizó el traslado de las plantas de molibdeno y filtros a Apurímac, lo que suponía que ya no se iba a procesar el mineral en Cusco. ¿Qué pasaría con el mineroducto y con la carretera para suministros? El primero ya no era necesario porque el producto final saldría directamente de la unidad minera de Las Bambas. Este cambio, a pesar de que estaba relacionado con el movimiento de las plantas de procesamiento, no se realizó de inmediato.

El 2014, la empresa solicitó modificaciones al EIA pero no incluyó la carretera. En consecuencia, en el proceso de participación ciudadana no se dio información sobre este tema. Sin embargo, avanzado el procedimiento el tema del transporte se incorporó a través de una pregunta del MINEM. Esta forma de incluirlo, hizo que su tratamiento fuera completamente insuficiente. No se abordaron seriamente los impactos, ni se establecieron las medidas de mitigación correspondientes. El compromiso de la empresa de construir la carretera de suministros quedó en el aire.

Se planteó entonces la idea de una carretera que tenía tramos locales, regionales, nacionales y otros que eran trochas que debían ser incluidos como partes de la carretera.  Como el ancho de la vía no era apto para el transporte de carga pesada, había que ensancharlo. Según el procedimiento legal establecido, esto suponía tratar con las comunidades la venta de sus tierras y en caso de no haber acuerdo, expropiar. Nada de ello se hizo y se avanzó con las obras correspondientes.

Cabe señalar también que, al convertirse todo el trayecto en vía pública, los impactos del transporte pesado de minerales pasaron a ser responsabilidad del Estado. La empresa se desentendió por completo de ello. Luego del estallido del conflicto en octubre del 2016, se firmó un convenio interinstitucional, por el cual el Estado pagaba el derecho de vía y el asfaltado de la carretera, y la empresa minera los estudios técnicos.  Muy poco se ha avanzado con ello. Para el pago por derecho de vía, hubo tratativas bilaterales con algunas comunidades, que aún no están concluidas del todo, mientras existen otras comunidades donde este tema está pendiente de abordar. El asfaltado de la carretera es muy costoso (casi mil millones de soles) por lo que no tiene fecha cierta, lo que se está avanzando son los estudios técnicos a cargo de la empresa cuyo costo asciende a 15 millones de soles.  Mientras no haya carretera asfaltada, las comunidades del entorno, no solo Fuerabamba, seguirán sufriendo los impactos ambientales que produce el transporte pesado de mineral. ¿Qué pasó con la obligación que tenía la empresa de construir una carretera para suministros que pudo permitir establecer un aporte para el asfaltado necesario? Nadie sabe. Además ¿querrán los gobiernos regionales y locales utilizar sus recursos de canon y regalía para asfaltar una carretera que beneficia principalmente a las empresas mineras del corredor minero?

En este contexto ¿Cómo proceder? ¿Cómo arreglar los problemas que el propio Estado y la empresa iniciaron desde el 2013? El Estado tiene que demostrar que defiende y concilia los intereses de todos los peruanos, sobre todo de los que tienen menos poder e información. Cuando desde la otra orilla se sienta que hay un esfuerzo real por hacerlo, estaremos avanzando en la construcción de un país donde sus ciudadanos se respetan y viven en paz. Detener y enjuiciar a los líderes sociales no contribuye a la solución de estos problemas, solo los prolonga en el tiempo. COOPERACCIÓN


Pobladores de San Gregorio están sin agua hace ocho días

Debido al mal estado de la infraestructura que abastece con agua potable al distrito de Nicolás de Piérola San Gregorio, más de 7 mil pobladores no cuentan con el servicio de agua potable en sus hogares.

Entre los más perjudicados, son las amas de casa, instituciones y estudiantes que retornaron a clases para empezar el nuevo año escolar.

El alcalde del distrito de San Gregorio, Limber Ortiz, culpó a la anterior gestión por este problema, ya que no habría hecho el mantenimiento respectivo a los equipos de bombeo.

En tanto, los pobladores piden una solución urgente al problema. DIARIO CORREO


“Defender el Agua es Defender la Vida”
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