30/7/20

HIDROBOLETÍN FENTAP 3525: PERÚ - Tribunal Constitucional admite demanda de inconstitucionalidad contra Decreto Legislativo 1280 que promueve privatización del agua en Perú. 6550 peruanos piden formalmente que gobierno, no privatice las empresas de agua del país


Jueves, 30 de julio de 2020 – Año XIV – Edición 3525 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP

La FENTAP informa:
·        PERÚ - Tribunal Constitucional admite demanda de inconstitucionalidad contra Decreto Legislativo 1280 que promueve privatización del agua en Perú. 6550 peruanos piden formalmente que gobierno, no privatice las empresas de agua del país
·        PERÚ – Piura. Gerente de EPS Grau responde a pedido de renuncia de alcalde de Piura
·        ALERTA - Latinoamérica, la región más peligrosa para defensores de la tierra en 2019
·        BRASIL - Hace diez años, ONU declaraba acceso al agua y saneamiento como derecho humano
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Tribunal Constitucional admite demanda de inconstitucionalidad contra Decreto Legislativo 1280 que promueve privatización del agua en Perú
6550 peruanos piden formalmente que gobierno, no privatice las empresas de agua del país   

El 19 de julio del año 2019, en una jornada histórica, 6550 presentaron ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1280 que promueve la privatización de las cincuenta empresas públicas del agua del Perú.

El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú – Fentap, Luis Isarra Delgado, informó que el lunes 27 de julio del 2020, a las 11:27 horas de la noche, fue notificado electrónicamente con el auto admisorio de la demanda ante el Tribunal Constitucional.

Este logro, ha sido posible, gracias a todos los ciudadanos que firmaron a nivel nacional, a quienes nos apoyaron recolectando firmas y llenando padrones, a los diferentes medios de comunicación que nos brindaron el espacio para difundir esta iniciativa y a todas las organizaciones y ciudadanos, que apuestan por la defensa y fortalecimiento de la empresa de agua pública en Perú. 

Fueron varios meses de recolección de firmas, de coordinaciones con los asentamientos humanos, de reuniones y explicaciones del por qué presentar esta acción de inconstitucionalidad. A quienes nos apoyaron y a quienes tuvieron sus dudas, nuestro reconocimiento y llamado a persistir en la lucha, convencidos que sin luchas no hay victorias, señaló el dirigente nacional.

Aprovechamos la oportunidad para ratificar nuestro pedido de que el presidente Martin Vizcarra, apoye al sector saneamiento en esta emergencia sanitaria, con el otorgamiento del bono agua para los sectores más vulnerables y el apoyo financiero a las EPS para la ejecución de proyectos, garantizar la cadena de pagos y contar con liquidez para la adquisición de equipos de protección del personal y pruebas rápidas, que en muchos casos han sido insuficientes. Creemos que es de derecho y de justicia evitar el riesgo de colapso de las EPS; peor aún si estamos en tiempos de pandemia, donde la falta de agua potable, ahondaría aún más la crisis sanitaria que vivimos día a día, remarcó Luis Isarra.


EMPRESAS DE AGUA

Gerente de EPS Grau responde a pedido de renuncia de alcalde de Piura

El gerente de la EPS Grau, Roberto Sandoval Maza, fue claro y preciso, luego de hacerse público, el pedido del alcalde Juan José Díaz Dios, que exigió su renuncia, ante el desabastecimiento de agua en diversos sectores.

Tras ser consultado por La Hora, el gerente de la EPS Grau, Roberto Sandoval Maza, confirmó que sí se comunicó con el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios y que efectivamente conversaron respecto a los puntos que sufren por desabastecimiento de agua, así como el de su renuncia.

Como se recuerda, esta mañana, el alcalde Díaz Dios, publicó en sus redes sociales un post en el que exige la renuncia o despido del Gerente General de la EPS Grau acusándolo de no tener un plan para abastecer de agua diversas zonas de la ciudad, por lo cual, se han tenido que movilizar cisternas de la municipalidad para apoyar en dichos sectores.


¿Cuándo habrá agua?

Por su parte el Gerente de la EPS Grau, aseguró que, desde el mediodía, se restablecería el servicio en los pozos, Santa María y Las Dalias, que afectan a diversos sectores como Santa María del Pinar, Santa Margarita, Los Geranios, entre otros.

El problema se debería a que este martes por la noche, se produjo una nueva avería que obligó al cierre de estos pozos.

Además, mencionaron que abastecerán con cisternas a los vecinos que se vieron afectados por la falta del servicio. https://eltiempo.pe/

Gerente de EPS Grau responde a pedido de renuncia de alcalde de Piura

HIDROMUNDO

Latinoamérica, la región más peligrosa para defensores de la tierra en 2019

América Latina fue el lugar más peligroso para los defensores de la tierra en 2019, según un estudio de la ONG Global Witness que sitúa en esa región cuatro de los cinco países donde fueron asesinados más activistas, entre ellos Colombia, que lidera la estadística.

Según el documento, divulgado este martes, 212 personas fueron asesinadas en todo el mundo en 2019 por defender sus territorios e intentar detener la destrucción de la naturaleza.

La cifra de asesinatos es la mayor registrada por la organización en un solo año.

Estos defensores luchan “contra el cambio climático oponiéndose a las industrias intensivas en carbono que están acelerando el calentamiento global y el daño ambiental de manera insostenible”, detalla el informe.

Los activistas, que según el documento se encuentran en la primera línea de la crisis climática, lideran procesos de resistencia contra la explotación de recursos naturales y la corrupción en sus países, lo que los convierte en objetos de “ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales”.

COLOMBIA Y FILIPINAS A LA CABEZA

Entre 21 países examinados, Colombia, Filipinas, Brasil, México, Honduras, Guatemala y Venezuela registraron, en ese orden, la mayor cantidad de homicidios contra defensores que se oponen generalmente a la minería ilegal, la deforestación y la contaminación de los recursos hídricos.

Las cifras alarmantes de América Latina fueron más preocupantes en Colombia, país que registró 64 de los asesinatos de 2019, la cifra más alta divulgada por Global Witness, y superior a los 43 perpetrados en Filipinas.
Estas dos naciones tuvieron más de la mitad de todos los homicidios registrados el año anterior, aunque la ONG advierte que los números pueden ser incluso mayores “ya que normalmente los casos no son documentados”.

El resto de asesinatos ocurrió en Brasil (24), México (18), Honduras (14), Guatemala (12), Venezuela (8), India (6), Nicaragua (5) e Indonesia (3).

Dos homicidios fueron registrados en la República Democrática del Congo, Burkina Faso, Kazajstán y Rumania, este último el único país europeo de la lista; mientras que hubo de uno en Uganda, Perú, Camboya, Bolivia, Ghana, Kenia y Costa Rica.

El estudio también destaca que las campañas de criminalización y difamación contra los activistas pueden exponer a las comunidades a una mayor vulnerabilidad frente a los ataques, practicas incluso ejercidas por gobiernos y medios locales.

En Colombia, como lo han revelado informes elaborados por organizaciones nacionales, los defensores son perseguidos por oponerse a las disputas por tierras y recursos naturales relacionadas con actividades ilegales como los cultivos ilícitos o proyectos minero-energéticos.

DETONANTES DE UN ATAQUE SIN FIN

Precisamente, la minería fue el sector más letal a nivel mundial, con 50 personas defensoras asesinadas en el periodo evaluado, mientras que la agroindustria sigue siendo una amenaza, particularmente en Asia, donde el 80 % de los ataques producidos estuvieron relacionados con ese sector.

“La agroindustria y el petróleo, el gas y la minería aparecen como los principales detonantes de los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Al mismo tiempo, son las industrias que propician el cambio climático a través de la deforestación y el aumento de las emisiones de carbono”, explicó la encargada de campañas de Global Witness, Rachel Cox.

Las cifras del informe indican que en promedio cuatro defensores han sido asesinadas cada semana desde la adopción del acuerdo climático de París en diciembre de 2015.
“Constantemente la minería ha sido calificada como uno de los mayores detonantes de la violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Los minerales necesarios para una transición hacia un futuro de energía limpia no deben extraerse a costa de las personas que viven en zonas mineras”, advierte el informe.

Además, la emergencia mundial por el coronavirus supuso mayores retos para los defensores. Según Global Witness, “bajo una mayor represión y vigilancia durante el confinamiento “, la protección de los activistas “resulta aún más crítica para la reconstrucción de un planeta más seguro y más verde”.

INDÍGENAS Y MUJERES: MÁS VULNERABLES

El riesgo es todavía mayor para las comunidades indígenas de la región que sufrieron un tercio de las agresiones letales cometidas contra este tipo de defensores, pese a que representan solo el 5 % de la población total.

El documento destaca que las habilidades de gestión de la tierra y el agua de estas comunidades son cruciales para combatir la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, pues las tierras habitadas por pueblos indígenas demuestran menores tasas de deforestación y mejores resultados de conservación.

Líderes como Datu Kaylo Bontolan, asesinado en Filipinas por oponerse a la minería ilegal, representan a “las muchas personas indígenas víctimas de estos crímenes en 2019, por defender su derecho a la autodeterminación y proteger sus tierras ancestrales de quienes buscan explotar sus recursos naturales”.
Además de la afectación de pueblos y comunidades indígenas, las cifras demuestran que más de una de cada diez personas defensoras asesinadas en 2019 eran mujeres.

Las defensoras, subraya el documento, “enfrentan amenazas específicas, incluidas campañas de desprestigio centradas a menudo en su vida privada, con contenido sexista o sexual explícito” y estas prácticas, que normalmente no son denunciadas, se utilizan como una táctica para silenciarlas.

El informe destaca que, a pesar de los ataques y las represiones de algunos gobiernos, el trabajo que hacen los activistas continúa protegiendo el planeta.

“Si realmente queremos hacer planes para una recuperación ecológica que posicione la seguridad, la salud y el bienestar de las personas en el centro, debemos abordar las causas fundamentales de los ataques contra las personas defensoras y seguir su ejemplo para proteger el medio ambiente y detener el cambio climático”, agregó la organización. https://www.efeverde.com/

Latinoamérica defensores de la tierra

Hace diez años, ONU declaraba acceso al agua y saneamiento como derecho humano

Cuando fue a vivir en Jardim Emburá, en el extremo sur de la ciudad de São Paulo, Katia Marques se enteró de que el agua no era entubada y, sin opción, vio la rutina de llenar baldes en el tanquero convertirse en parte de su realidad. Lo que ella no imaginaba es que, más de cinco años después, la situación todavía sería la misma.

Así como Katia, que es madre de dos niños de 7 y 13 años, cientos de familias del barrio sobreviven en las mismas condiciones. Ellas forman parte del 16% de la población, aproximadamente 35 millones de personas, que no tienen acceso al agua tratada en Brasil, según las cifras más recientes del Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento (SNIS).

Los pozos de agua no tratada están en casi todos los patios de las casas de Jardim Emburá, localizado en el distrito Engenheiro Marsilac. Para no depender de los escasos tanqueros que envía la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de São Paulo (SABESP), la única opción de Katia es utilizar el agua del pozo para cocinar y bañarse.

“El agua sale [del pozo] marrón y tenemos que esperar a que se asiente. Tomamos el cloro que dan en el puesto para nosotros mismos tratar el agua. Esperamos unas tres horas para que el cloro limpie un poco”, explica Katia, de 33 años, que relata consecuencias en la salud de la familia.

En la casa donde vive Felipe con su esposa y dos hijos, el acceso al agua sólo es posible porque su suegro, que vive cerca y toma agua de una tubería local, extendió una manguera de más de 300 metros para bombear agua hasta la casa de su hija.

Felipe afirma que las regiones del distrito de Marsilac que circundan a Jardim Emburá tienen agua tratada y entubada. En el barrio que está a medio camino, sin embargo, no sale ni una gota del grifo.

Según el joven, muchos de los aproximadamente siete mil moradores del barrio ya buscaron a la SABESP para presionar por la llegada de agua tratada, pero no tuvieron éxito. Ahora él recoge firmas para un documento que será entregado a la empresa y a las autoridades de salud.

“Ellos saben de la situación. Tanto saben que nos dan cloro para tratar el agua en casa. Hay personas que viven aquí hace más de 30 años y hasta desistieron [de luchar por el agua tratada]”, cuestiona.

Derecho fundamental

El cotidiano en el Jardim Emburá es apenas un caso entre tantos de la realidad brasileña que ponen en jaque la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), firmada el 28 de julio de 2010, que determina que el acceso al agua limpia y segura y al saneamiento básico son derechos humanos fundamentales.

Otros datos constatan la gravedad del escenario. En 2019, apenas 46% del saneamiento generado en el país fue tratado y casi 100 millones de personas utilizaron medidas alternativas para lidiar con los desechos, sea por medio de pozos o arrojando el desagüe directamente a ríos.

Edson Aparecido da Silva, secretario ejecutivo del Observatorio Nacional de los Derechos al Agua y al Saneamiento (Ondas), resalta la importancia de la resolución de la ONU, pero señala que muchas naciones todavía no incorporaron ese derecho a sus instrumentos legales.

Es el caso de la Constitución Brasileña, que por medio del artículo 6º establece la salud, la educación, la seguridad, la vivienda, entre otros, como derechos sociales, pero no cita el acceso al agua y al saneamiento.

Él explica que la mayor parte de la población desasistida se concentra en las regiones Norte y Nordeste del país, así como en las periferias de las grandes ciudades, en los cerros, en las favelas y en las casas de palafitos.

“El derecho humano al acceso al agua y al alcantarillado sanitario es efectivamente cumplido cuando todas las personas, independientemente de su capacidad de pagar por los servicios, independientemente de dónde y de las condiciones que vivan, tienen acceso a esos servicios. Estoy hablando, inclusive, de incorporar ese derecho para la población que vive en situación de calle, que está completamente excluida”, critica.

Es que, a pesar de la situación crítica de buena parte de los brasileños, el especialista pondera que, desde el inicio de los años 2000, hubo avances en las políticas del área, a partir de la creación del Ministerio de las Ciudades – en 2003, por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva – y del desarrollo de políticas urbanas. 

En los últimos años, sin embargo, en opinión del secretario ejecutivo del Ondas, hubo un empeoramiento a partir de la reducción de inversiones y extinción de instrumentos de control social creados anteriormente.

Para el, el nuevo marco del saneamiento básico es la expresión máxima de ese retroceso. Sancionada por Jair Bolsonaro (sin partido) el 15 de julio, la ley facilita la privatización de los servicios prestados por el sector. A partir de ahora, empresas públicas no podrán ser contratadas directamente, y deberán disputar una licitación con empresas privadas.

El presidente vetó, además, el artículo que permitía la extensión de los contratos actuales con las empresas públicas por 30 años más. El dispositivo era resultado de una articulación entre la oposición y gobernadores críticos a los efectos de la privatización de servicios esenciales.

Asesor de saneamiento de la Federación Nacional de los Urbanitarios (FNU), Silva afirma enfáticamente que la lógica del lucro, que guía al sector privado en el saneamiento, es incompatible con la idea de universalización del acceso.

“Los grupos interesados en el saneamiento de Brasil son grandes grupos financieros, empresas controladas por fondos de inversiones. BRK Ambiental, una de las mayores empresas privadas de saneamiento en el país, tiene como principal controlador un fondo de inversión canadiense. Aegea, la segunda empresa más grande, tiene un fondo de inversión de Singapur. Es evidente que el saneamiento en la mano de esos grupos se va a convertir, efectivamente, en un gran negocio”.

Agua es salud

Informaciones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) registran que, en 2016, hubo 166,8 internaciones hospitalarias por 100 mil habitantes en Brasil debido a enfermedades relacionadas con la falta de saneamiento. Considerando una población de 207,7 millones en esa época, fueron 346,5 mil internaciones hospitalarias por enfermedades causadas por "saneamiento ambiental inadecuado".

Acceder a agua tratada es, incuestionablemente, una cuestión de salud pública en todo el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) por ejemplo, en 2017, más de un cuarto de las muertes de niños menores de cinco años fueron causadas por factores ambientales como contaminación, falta de saneamiento y uso de agua no apta para el consumo.

La profesora asociada del Instituto Salud y Sociedad, de la Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP), complementa que vectores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya tienen sus criaderos en depósitos de agua improvisados en los barrios que no disponen de abastecimiento regular de agua – similar a los pozos artesianos de Jardim Emburá, en Marsilac.

Traducción: Pilar Troya / Edición: Rodrigo Chagas https://www.alainet.org/

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“Defender el Agua es Defender la Vida”
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