Lunes, 15 de noviembre de 2021 – Año XV – Edición 3845 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
PERÚ - Talara seguirá padeciendo por la
falta de agua potable si no se construye planta desalinizadora
PERÚ - La Defensoría del Pueblo registró
ocho casos nuevos de conflictos sociales al mes de octubre
PERÚ - Sunass: más de 3 millones de
peruanos reciben agua potable subsidiada
Es falso que con el nuevo estudio
tarifario se va a reflotar la EPS Grau de Piura
FENTAP emite comunicado en virtud de las declaraciones del gerente general nombrado “ilegalmente”
El Consejo Directivo Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú - FENTAP, se dirige a la población del departamento de Piura, en virtud de las declaraciones del gerente general nombrado “ilegalmente”, aparecidos en todos los medios de comunicación local respecto a la problemática de la Empresa de Servicios de Saneamiento Grau SA. – EPS GRAU S.A.
HIDROREGIONES PERÚ
Talara seguirá padeciendo por la falta de agua potable si no se construye planta desalinizadora
La provincia de Talara se abastece por horas del servicio
que brinda la EPS Grau y hace algunos días tras una semana de desabastecimiento
recién se ha repuesto el servicio. La solución que se viene analizando desde
años atrás estaba en la instalación de una Planta desaladora y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), la cual no pasa de la condición de
idea.
Esta semana, durante su participación en la audiencia
descentralizada de la Comisión de Descentralización en el Auditorio Tangarará
de la Universidad Nacional de Piura, el alcalde provincial José Vitonera
Infante recordó que en el año 2019 la actual gestión municipal aprobó un
Acuerdo aceptando el ofrecimiento de una Planta Desalinizadora por parte del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) comprendida en un
megaproyecto para 18 ciudades costeras por 110 millones de dólares. Recordó que
antes de aprobar el acuerdo de concejo viajaron a San Bartolo donde una empresa
española construyó una planta desaladora de agua de mar por ósmosis inversa.
“Suscribimos el convenio en la sede central de MVCS y el
ministerio adicionó una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)de más
de 200 millones de Soles, esto fue derivado al Ministerio de Economía, pero
cuando se dieron los cambios de los presidentes del quinquenio anterior a lo
que sumó la pandemia como que quedó encarpetado”, señaló.
Vitonera infante ha solicitado el apoyo de la comisión de
descentralización para que estas plantas se hagan realidad y se solucione el problema
que tiene Talara desde el año 1983. Al respecto, cabe indicar que varios
congresistas de esta comisión se han ofrecido para acompañarlo la próxima
semana a la sede del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para
retomar la gestión de estos proyectos.
Dato
Cabe recordar que con fecha 1 de agosto del 2019 el portal
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento titulaba: “Nueva planta
desaladora y PTAR beneficiarán a más de 90,000 habitantes de Talara” e
informaba que el propio sector Vivienda tendrá a su cargo el financiamiento
total de ambas iniciativas, las cuales se ejecutarán bajo la modalidad de
Asociación Público Privada (APP). Para ello, el alcalde provincial de Talara,
José Vitonera firmó un convenio que delega competencias en temas de saneamiento
al MVCS. El documento lleva también la rúbrica del viceministro de Construcción
y Saneamiento, Julio Kosaka. https://www.elregionalpiura.com.pe/
La Defensoría del Pueblo registró ocho casos nuevos de conflictos sociales al mes de octubre
La Defensoría del Pueblo
presentó el Reporte de Conflictos Sociales n.° 212, correspondiente al mes de
octubre de 2021, el cual da cuenta –entre otros aspectos– de 198 conflictos
sociales registrados (148 activos y 50 latentes), ocho casos nuevos, uno
resuelto y siete fueron retirados del reporte porque las partes no han
mantenido la controversia en los últimos meses.
Casos nuevos
Respecto al mes anterior se
incorporaron ocho conflictos sociales, siete de los cuales son de tipo
socioambiental y uno es por cultivo ilegal de hoja de coca. Un caso se
desarrolla en el departamento de Áncash, donde la comunidad campesina de Aquia
demanda la instalación de una mesa de diálogo con la participación de
representantes del Estado y la Compañía Minera Antamina, para el tratamiento de
sus demandas relacionadas a los permisos de uso de su territorio para la
instalación de un mineroducto y otras instalaciones por parte de la empresa
minera, así como los posibles impactos ambientales que estos generarían en su
comunidad.
Un segundo conflicto involucra a
la comunidad campesina San Pedro de Ocobamba, en Huancavelica, la cual demanda
el cumplimiento de los acuerdos establecidos con la empresa minera Sierra Antapite
y denuncia la contaminación ambiental por las actividades desarrolladas por la
empresa. Otro caso se registra en Huánuco, en el distrito de Luyando, donde la
población del sector de Shapajilla demanda la adecuada operacionalización de
las celdas transitorias para el tratamiento de residuos sólidos, instalación de
paneles solares para el funcionamiento del pozo de agua, apertura de un camino
vecinal y construcción de un relleno sanitario.
Un cuarto conflicto se registra
en la provincia de Oyón en Lima, donde la comunidad campesina de Quichas
demanda nuevos acuerdos sobre el pago por el uso en servidumbre de su
territorio por parte de la Compañía Minera Raura. Otro caso involucra a las
comunidades nativas de la cuenca del río Curaray, en Loreto, las cuales se
sumaron al pliego de demandas que forman parte de la agenda del “Paro
Amazónico”, además de tener un pliego de reclamos de alcance local, en los que
se exige la asignación presupuestal y ejecución de proyectos de saneamiento
básico (agua y desagüe), entre otros. Un nuevo conflicto social se desarrolla
en el distrito de Puquina en Moquegua, donde la comunidad campesina Salinas
Moche exige la paralización de operaciones de la empresa Minera Inkabor en la
zona que corresponde a su propiedad hasta llegar a un acuerdo, y exigen el pago
de servidumbre de uso de tierras y la revisión de convenios entre las partes.
Asimismo, se reportó un nuevo
conflicto social en el distrito de La Huaca, donde los ciudadanos demandan la
intervención de las autoridades competentes para atender la problemática
ocasionada por la quema de cultivos en el Fundo La Huaca, propiedad de la
empresa agroindustrial Caña Brava. De igual manera, se registró un nuevo
conflicto por cultivo ilegal de hoja de coca en Puno, el cual involucra a
agricultores cocaleros que reclaman al Gobierno nacional el cese de la
erradicación de hoja de coca por parte del personal del proyecto especial CORAH
y la reanudación de la mesa técnica con autoridades del Gobierno nacional.
Casos por tipo y lugar
En cuanto a la distribución
territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de
conflictos sociales (29 casos) que se desarrollan en un solo departamento,
seguido de Cusco (18) y Áncash (16). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales
continúan siendo los más numerosos (65.2 %). Este tipo de conflicto mantiene
esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la
minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de
65.1 %.
Diálogo
Del total de casos activos, el
60.8 % (90 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de
diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 73 de ellos. Del total de
conflictos en diálogo, el 75.6 % (68 casos) corresponde a casos socioambientales.
Resueltos
Se resolvió un caso de tipo
socioambiental en la provincia de Chumbivilcas (Cusco). El Frente Único de
Intereses de la provincia de Chumbivilcas, autoridades y otras organizaciones
sociales de la provincia suscribieron un convenio marco con la empresa Hudbay,
luego de lo cual no se han presentado hechos nuevos, protestas o incidentes
sobre el caso.
Violencia
En este mes se registraron diez
personas heridas (todas civiles) producto del enfrentamiento entre la Policía
Nacional y un grupo de manifestantes que acataba el paro indefinido convocado
por los frentes de defensa y organizaciones sociales de las provincias del sur
de Ayacucho en rechazo a la actividad minera en la zona.
Protestas
Se registraron 242 acciones
colectivas de protesta en el mes de octubre, 16 más que el mes anterior. Del
total, el 57.4 % fueron plantones.
Alertas tempranas
En atención a su evaluación e
intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado,
las empresas y la sociedad 28 alertas tempranas (ver página 10 del reporte),
para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del
total de alertas, 8 son conflictos nuevos, 13 son casos activos y 7 son casos
en observación que pueden devenir en conflictos sociales.
Para más información del Reporte
Mensual de Conflictos Sociales, los interesados pueden acceder a la siguiente
dirección electrónica: https://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/paz-social-y-prevencion-de-conflictos/
LIMA PERÚ
Sunass: más de 3 millones de peruanos reciben agua potable subsidiada
La Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que, actualmente, 20 de las 50 empresas
prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) del país han incorporado en su
estructura tarifaria el subsidio cruzado focalizado (SCF), con el fin de
proteger a las familias más vulnerables, quienes pagan una tarifa menor de
agua, acorde con sus condiciones económicas.
Por ejemplo, en Lima, el 75% de
la población con subsidio cruzado focalizado de Sedapal consume 20 m3 y paga el
51% del costo medio del servicio; es decir, prácticamente la mitad de lo que
cuesta llevar el servicio a sus hogares (captar, tratar y distribuir el agua
potable, así como realizar el tratamiento de aguas residuales y disposición de
excretas).
Para identificar a las familias
más vulnerables, la Sunass utiliza los Planos Estratificados del INEI y,
complementariamente, la Clasificación Socioeconómica (CSE) del Sistema de
Focalización de Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social.
De esta manera, la EPS establece
en su estructura tarifaria la cantidad de usuarios con subsidio cruzado
focalizado y el factor de ajuste que corresponde para tener una tarifa menor al
costo medio.
Sunass: subsidiando el agua
desde el 2017
Desde el 2017, en que la Sunass
viene implementando la aplicación de esta herramienta en la estructura
tarifaria de las EPS, 3,4 millones de usuarios domésticos en situación de
pobreza y pobreza extrema han sido beneficiados con una tarifa menor.
Esta cifra representa el 19,7%
del total de población con unidades de uso domésticas a nivel nacional, así
como el 29%, en promedio, de la población con unidades de uso domésticas dentro
de las 20 EPS que aplican el SCF.
El SCF también está relacionado
al consumo responsable del agua potable. Para evitar que el beneficiario haga
un uso indiscriminado del recurso, debido a que cuenta con una tarifa menor, el
descuento se aplica solo al primer rango de consumo, que varía según cada
prestador, entre 8 m3 y 20 m3.
Sunass: ¿qué es el subsidio
cruzado focalizado?
A través de un comunicado, la
Sunass explica que el subsidio cruzado focalizado es una herramienta desarrollada
bajo uno de los principios que rigen la regulación tarifaria en el Perú, el de
la equidad social, cuyo fin es lograr que los servicios de saneamiento lleguen
a un mayor número de personas
De esta manera, cada usuario
puede pagar de acuerdo a su consumo y a su capacidad económica, y promover,
además, un uso responsable del agua potable.
El SCF es un beneficio concreto
en la economía de las familias. Por ejemplo, un usuario subsidiado de Arequipa
Metropolitana que consume 10 m3 al mes paga S/ 15,8 en lugar de los S/ 41,8 que
pagaría, si cubriera el costo medio (incluyendo IGV y cargo fijo). Es decir, un
ahorro de S/ 26 al mes o S/ 312 al año.
Sunass: ¿a dónde llegará el agua
ahora?
En lo que va del año, se han
publicado tres estudios tarifarios (EPS Emusap S.A, EPS Moyobamba S.A. y
Sedapar S.A) que incluyen subsidios cruzados focalizados. Se proyecta que, para
finales de 2021, las EPS Sedalib, Grau, Seda Ayacucho y Yauli La Oroya también
incorporen este mecanismo en sus estructuras tarifarias, lo que aumentaría a 24
el número de EPS con este beneficio para los más vulnerables.
La meta de la Sunass es incluir
el SCF en todas las empresas prestadoras del Perú, para afinar la
identificación y protección de la población más vulnerable y conseguir que
todos paguen, de manera equitativa, lo justo por su consumo. Con la anterior
incorporación, se prevé que el impacto del subsidio crecería hasta llegar a más
de 4 millones de personas.
“Este es un proceso que debe ir acompañado de la construcción de una cultura de valoración del servicio y uso responsable y solidario del agua potable de parte de la ciudadanía, para así avanzar en el propósito de ampliar el acceso del servicio a más peruanos”, finaliza la Sunass. https://larepublica.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”