Martes, 06 Octubre del 2009 - Edición 848

Martes, 06 Octubre del 2009 - Año 04 - Edición 848 www.fentap.org.pe

HIDROBOLETÍN FENTAP

La FENTAP informa:

• PROINVERSION anuncia Planta de Tratamiento de Agua para distritos del sur de Lima
• Bolivia: Enjuiciarán a El Alto y Epsas por contaminación de ríos en Laja
• Bolivia: Entreguismo a Chile - El Silala: reseña de una inminente claudicación
• Bolivia: Privar el suministro de agua es un acto criminal que debe ser castigado

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PROINVERSION anuncia Planta de Tratamiento de Agua para distritos del sur de Lima

CONGRESODELAREPÚBLICA – 05/10/09.- Un amplio y detallado informe sobre los proyectos de inversión para los próximos meses, por más de cuatro mil millones de dólares, fue presentado el lunes 5 a los nuevos integrantes de la Comisión Especial Pro Inversión, que preside el congresista Hildebrando Tapia Samaniego (UN).

El informe fue expuesto por la directora ejecutiva de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Cayetana Aljovín, quien explicó que las inversiones proyectadas comprende a los sectores de energía, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, turismo y transporte terrestre (ferrocarriles y carreteras).

Cayetana Aljovín dio a conocer, además, varias iniciativas privadas, entre ellas la construcción de una planta de tratamiento de agua de mar para consumo humano en los distritos del sur de Lima, con una inversión de US$ 190.4 millones; y la instalación de 18 plantas de tratamiento de aguas residuales de Sedapal, que demandará la inversión aproximada de US$ 40 millones.

HIDROMUNDO

BOLIVIA

Enjuiciarán a El Alto y Epsas por contaminación de ríos en Laja

Erbol – 03/10/09.- La Alcaldía Municipal de Laja iniciará en los próximos días un juicio en contra de su similar de El Alto y la empresa de agua Epsas por la contaminación, con aguas residuales, de los ríos Pallina y Katari, que a su vez desembocan en el lago Titicaca.

El alcalde del municipio de Laja, Pedro Huanca, acusó a las autoridades de la comuna alteña y de Epsas de no fijar políticas destinadas a la preservación de las aguas residuales que generan los habitantes del municipio de El Alto y que contaminan los ríos de la región.

Afirmó que diariamente ingresan por su municipio 80 millones de litros de agua contaminada que impide que las 30 comunidades asentadas a orillas de estos ríos sigan produciendo tunta (papa deshidratada).

Recordó que su municipio era el principal proveedor de tunta o chuño blanco que se elaboraba en aguas de esos ríos, cuyo producto era comercializado en los principales centros de abasto de las ciudades de La Paz y El Alto.

Anualmente se producen 15 mil toneladas de papa, de la cuales 5 mil eran destinadas a la producción de tunta y hoy ya no se procesa ni 200 cargas porque las aguas contienen cianuro y otros componentes químicos que son un atentado a la salud, afirmo el alcalde Huanca.

“La tunta se produce en las corrientes de agua, y estas aguas están contaminadas y esto ha hecho que los hermanos de las comunidades pierdan la capacidad productiva”, sostuvo.

El alcalde Huanca recordó que una movilización, que derivo en un bloqueo de caminos en su municipio entre el 11 y 14 de julio de 2006, hizo que el Banco Mundial otorgue un crédito de 20 millones de dólares para encarar la problemática de la contaminación. “Sin embargo, la poca capacidad técnica para encarar proyectos, evitar o minimizar el impacto ambiental, han hecho de no se gaste un solo dólar de estos recursos”, señaló.

Lamentó que el Órgano Ejecutivo no pueda aprobar uno de los 80 proyectos de agua potable que como gobierno municipal se elaboró para la comunidad ante la contaminación y el colapso que sufre la planta de Puchukollo.

Entreguismo a Chile - El Silala: reseña de una inminente claudicación

LOSANDES – 04/10/09.- En 1866 el minero chileno José Santos Ossa, asociado con Francisco Puelma, obtiene la concesión de las salitreras El Carmen por parte del tristemente famoso presidente boliviano Mariano Melgarejo. Esta concesión será posteriormente vendida a la Sociedad Salitrera Melbourme Clark y CIA., que luego pasará a poder de la Compañía de Salitres y Ferrocarril Antofagasta.

En 1884 se inicia la extensión de la línea del ferrocarril de Antofagasta hasta la frontera con Bolivia y en 1886 llega a Ollagüe. Para el funcionamiento de este ferrocarril era necesaria agua. Así, el Ingeniero chileno Josiah Harding ingresa a territorio boliviano en forma arbitraria y procede a construir zanjas de tierra con pala y pico para poder movilizar las aguas estancadas en los bofedales del Quetena, provincia Sur Lípez del Departamento de Potosí.

En 1904 el ferrocarril de la Compañía Huanchaca es vendido a la Compañía inglesa The Antofagasta (Chili) & Bolivia Railway, incluyendo todas las concesiones de agua en

Antofagasta y las recolectadas en el Cantón Quetena. Ese mismo año Chile incluye en el Tratado de Límites el trazo de los canales de recolección de aguas bolivianas, con el nombre inventado de río Silala o río Silole, como aparece en varios documentos oficiales chilenos.

El gobierno de Chile concede mercedes de agua en su territorio a favor del Ferrocarril Antofagasta-Bolivia el año 1906. Dos años después la Prefectura de Potosí otorga concesión de las aguas del Silala a la empresa The Antofagasta (Chili) & Bolivia Railway.

En 1997, el potentado chileno Antonio Andrónico Lucsik, nuevo dueño del Ferrocarril Antofagasta-Bolivia, sin permiso de Bolivia y en forma arbitraria e ilegal, se adueña de las aguas recolectadas de los bofedales del Quetena. El 14 de mayo de 1997 la Prefectura de Potosí revoca y anula la concesión otorgada el año 1908. En 1977, las locomotoras a vapor son sustituidas por locomotoras a diesel.

En consecuencia, desde 1884 las empresas chilenas usufructuaron gratuitamente las aguas de los bofedales del Quetena, bautizada por ellos río Silala. Para ese usufructúo gratuito, personas de ese país ingresaron arbitrariamente a territorio boliviano y procedieron a excavar canales que puedan dirigir esas aguas hacia territorio chileno. Esos canales son zanjas de tierra, en algunos tramos recubiertas de piedra, que tienen una longitud de tres kilómetros y un ancho que no pasa de un metro.

¿RÍO O MANANTIAL?

Una vez cometida la agresión, es imperativo legalizarla. Ese es el procedimiento de todo usurpador, expediente en el cual sobresale la oligarquía chilena. De ahí que una vez canalizadas hacia Chile las aguas de Quenata, Chile se inventó un río. Esa invención era necesaria, pues el derecho internacional determina un tratamiento determinado para un río internacional de curso sucesivo: Cuando un río es así definido, los países

Por los que pasa ese río tienen derechos compartidos. Así, el gobierno chileno siempre se resistió a pagar por el uso de esas aguas porque insistía en que tenía el derecho al 50 por ciento de ellas, por considerar que se trata de un río internacional. Conscientes de que ese es argumento falso, ningún gobierno boliviano firmó tratado alguno con Chile que reconozca derechos de ese país sobre las aguas del Silala, algo a lo que parece atreverse el gobierno de Evo Morales Ayma.

Si las aguas corresponden a un manantial, es el país en el que afloran esas aguas las legítimas y únicas propietarias. Entonces, ¿las aguas del Quetena son de bofedales o de río internacional?

Los estudios de geología, hidrología e hidrogeología realizados por SERGEOMIN en 2000-2001, indican que, “Las Quebradas del Silala son un ejemplo típico de quebradas formadas por la acción de fallas dando lugar a una zona de debilidad y la acción erosiva combinadas de aguas fluvioglaciales y de meteorización mecánica en esta zona de debilidad. El flujo fluvio-glacial es derivado del deshielo ocurrido al final de la era glacial hace más de 10.000 años BP”, y que “En la actualidad no se manifiesta ninguna actividad fluvial activa natural”.

Además, “…las quebradas no han recibido desde su formación, ningún flujo natural notorio de escurrimiento de agua superficial”. En consecuencia, lo que Chile llama “río internacional” es producto humano, arbitrario e intencional de canalización de aguas que de manera natural no pudo ocurrir, pues según los mismos estudios “solamente podrían escurrir en la superficie o en las quebradas, aguas originadas de un acuífero subterráneo y que ahora afloran como manantiales o vertientes, cuando el volumen del caudal de descarga fuese suficientemente alto para vencer la alta evaporación, el tipo de suelos sobre los cuales el agua escurriría, la elevada evaporación y la relativamente baja pendiente”.

EL PRE ACUERDO POR EL SILALA

El actual gobierno de Bolivia ha hecho público un pre acuerdo con Chile sobre las aguas del Silala. Existen indicios de que se trata ya de un acuerdo firmado y no «todavía en consulta», como afirma el gobierno boliviano. El periódico El Mercurio de Santiago de Chile, en su edición del 5 del presente mes reproduce la afirmación de Jorge Tarud, integrante chileno de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de ese país, indicando de “lamentable” e “inaceptable” el que Bolivia pretenda buscar un nuevo acuerdo por el Silala.

Tarud declara textualmente: “Es lamentable que el gobierno boliviano, a través de su canciller, esté planteando un tema absolutamente diferente del preacuerdo”. Firmado ya o aún por firmarse, en Bolivia el gobierno de Evo Morales es defensor acérrimo de ese preacuerdo.

Según el documento “Exposición de argumentos” adjunto al “Ayuda Memoria Borrador del Acuerdo Inicial de las Aguas del Silala” que fue considerada en el Senado Nacional, el gobierno boliviano considera un triunfo que el Artículo 1º de ese pre acuerdo evite la mención “río internacional” o “manantial”. El Art. 1 indica textualmente: “Establecer un acuerdo bilateral para la preservación, sostenibilidad, uso y aprovechamiento del sistema hídrico (subrayado por nosotros) del Silala o Siloli para beneficio de ambos países.”

Un especialista en el tema del Silala, el ingeniero Antonio Bazoberry Quiroga, indica que se utiliza el nombre de sistema hídrico, pero se aceptan las consecuencias del beneficio para ambos países en el espíritu de que se trataría de un río internacional.

¡Graciosa “victoria” de la diplomacia boliviana! Por otro lado, como lo hace notar Pablo Villegas en un despacho de Petropress-CEDIB, ese pre acuerdo limita los derechos de Bolivia, más que si se tratara de un río, pues “hace referencia a las aguas de Silala como un caudal «que fluye superficialmente a través de la frontera desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia la República de Chile». “Así se introduce subrepticiamente el concepto de río y consecuentemente,

se lleva la cuestión al campo del derecho internacional correspondiente a estos cuerpos de agua que, según ésta son recursos c o m p a r t i d o s. Consiguientemente, el acuerdo dictamina que las aguas son de ambos países. Con esto se limitan los derechos de Bolivia porque según la Declaración de Montevideo LXXII, ningún Estado puede, sin el consentimiento del otro, introducir en los cursos de aguas de carácter internacional, alteración alguna que perjudique a la margen de aquel.”

BOLIVIA CONMINADA

Según el ingeniero Bazoberry, el Artículo 2 de ese preacuerdo es una conminatoria a Bolivia para que este país sólo utilice un porcentaje de esas aguas, lo cual significa “una total dependencia de Chile”.

En opinión del gobierno de Bolivia ese porcentaje será “incrementado en función de los estudios” a realizarse en los próximos cuatro años. Ese plazo más parece, sin embargo, una prórroga hasta que Chile se apropie «por la razón o la fuerza» del 100% de esas aguas.

Para el gobierno de Bolivia el Art. 3 de ese acuerdo sería otro triunfo, pues sentaría “el marco jurídico necesario para que las aguas del Silala puedan ser aprovechadas en Chile, y Bolivia ser compensada por ese uso.”

Empero, dicho Artículo indica textualmente: “Para el otorgamiento del uso de dichas aguas de libre disponibilidad, el titular público boliviano considerará el derecho preferente de las personas jurídicas de derecho público o privado que actualmente estuviesen haciendo uso de dichas aguas en Chile (subrayado por nosotros)”. De esta manera se obliga a Bolivia la preferencia a empresas chilenas, antes de conceder derechos a interesados públicos o privados de Bolivia. ¿No es una manera de asegurar para los intereses privados chilenos el uso del 100 % de las aguas del Silala?

El ingeniero Antonio Bazoberry indica que el Artículo 6 de dicho preacuerdo es uno de los más dramáticos, pues redundaría no sólo en el aprovechamiento de la totalidad de las aguas del Silala por Chile, sino que permitiría también a ese país posesionarse del terreno boliviano a través de la presencia de personal de la Dirección General de Aguas de Chile. En efecto, a la letra dicho Artículo indica: «Las partes establecen, de conformidad con el artículo 2, que del volumen total del Silala o Siloli, que fluye a través de la frontera (100%), el 50% corresponde inicialmente al Estado Plurinacional de Bolivia, es de su libre disponibilidad y lo podrá utilizar en su territorio o autorizar su captación para su uso por terceros, incluyendo su conducción a Chile. Este porcentaje podrá ser incrementado a favor de Bolivia, en función de los resultados de los estudios conjuntos que se lleven a cabo en el marco del presente acuerdo.

«Tan pronto sea suscrito el presente acuerdo las Partes se comprometen a instalar la estación hidrométrica mencionado en el artículo 8, b), la cual registrará los volúmenes de agua en el cruce de la frontera, que servirán para su implementación.»

¿INGENUIDAD O COMPLICIDAD?

Candorosamente nuestro gobierno presenta el Artículo 3 como un triunfo boliviano, pues la estrategia del gobierno sería “lograr que Chile pague el 100% de las aguas”, permitiendo a los técnicos chilenos labor activa en pleno terriorio boliviano para fundamentar esa exigencia. ¿Qué le permite asegurar a nuestros administradores que los funcionarios chilenos darán razón a Bolivia y no a su propio país?

Nuestro gobierno es ingenuo o cómplice de los intereses de la oligarquía chilena, como lamentablemente lo fueron otros gobiernos en el pasado. La esencia de ese preacuerdo es que esas aguas puedan ser aprovechadas por Chile y Bolivia solamente compensada por ese uso. Así, se cierra definitivamente cualquier planificación de desarrollo económico propio en esas zonas. Por otro lado, la «compensación» se refiere solamente al 50 % de aguas y sin carácter retroactivo, compromiso a ser asumido por las empresas chilenas y no por su gobierno. Contento de esa triste ganancia, el actual gobierno presentó ante los comuneros indígenas que habitan las zonas del Silala el argumento de que “por fin habría ingresos económicos”, logrando suscitar el entusiasmo de las paupérrimas poblaciones de ese sector.

Interesante argumento y curioso razonamiento en el supuesto momento “descolonizador” que propagandísticamente vivimos. ¿Teme el gobierno ofender a la oligarquía chilena exigiendo una revisión del preacuerdo? Según el ingeniero Antonio Bazoberry, “en caso que Chile se negara a modificar el acuerdo inicial, Bolivia debe posesionarse del terreno para demostrar que el 100% de las aguas del Quetena son bolivianas y que dispone para el desarrollo ganadero de la región del Quetena o para la creación de una industria turística, aprovechando la cercanía de los atractivos Laguna Colorada y Laguna Verde”.

En efecto, ¿a qué trasladar poblaciones hacia las zonas tropicales e insanas de la Amazonía boliviana con pretexto de lucha contra la pobreza, si con voluntad política se pueden crear polos de desarrollo en zonas como el Silala? Claro que para ello se necesitan políticas fuertes que defiendan nuestra soberanía y el uso — para nosotros y por nosotros — de nuestros recursos naturales.

Privar el suministro de agua es un acto criminal que debe ser castigado

http://www.opinion.com.bo – 05/10/09.- Lo ocurrido en Escalerani, merece una explicación de Semapa y de la Prefectura, y que el Prefecto, que se lució por su indiferencia y pasividad, diga a la población qué medidas de seguridad existen en las represas de agua potable, para evitar atentados contra la vida y la salud de los habitantes.

Las presiones políticas, sindicales y cualquier otra reivindicación social, tienen un límite, y ése es, cuando los protagonistas de las mismas ingresan al campo delictivo, como una forma de llamar la atención para sus demandas.

En Bolivia, la presión que se ejercita con el bloqueo de calles y caminos, manifestaciones, crucifixiones y otra variada gama, se ha convertido casi en una especie de hábito, en la estrategia para las luchas sindicales y políticas, pasando siempre por la ya inmortal frase de “hasta las últimas consecuencias”.

Lo que no se puede aceptar, es que grupos de personas, intenten o ejecuten el cierre de válvulas de represas que suministran el agua potable a la población de Cochabamba, tal como ocurrió la mañana del miércoles, cuando comunarios de Totora y zonas aledañas decidieron el corte de provisión de agua, como una forma de presionar a la Prefectura, para la ejecución de algunas obras.

El Artículo 16 de la Constitución Política del Estado, establece entre los derechos fundamentales de las personas, el derecho al agua. Este precepto ha sido una y otra vez sustentado en foros públicos nacionales e internacionales por el presidente Evo Morales, quien ha insistido incluso, que la administración de este recurso hídrico, tan importante, no puede estar en manos privadas y que tampoco puede ser objeto de comercio.

Desde luego que partiendo de los principios constitucionales y de la posición del Gobierno, resulta un grave delito y un atentado contra los derechos fundamentales de las personas, que se corte la entrega de agua potable, sin importar cual pueda ser el justificativo.

Si se comete uno de estos delitos, insistimos, extremos en su gravedad, las autoridades departamentales tienen la obligación de adoptar las medidas de seguridad consecuentes. En el hecho del cierre de válvulas, que fue informado por el gerente de Semapa, la población ha extrañado, que a la par del anuncio que sostenía que por los menos pobladores de tres zonas de la ciudad sufrirían los efectos de la acción de los comunarios, no se hubiesen adoptado las medidas de seguridad, enviando la fuerza pública para resguardar las instalaciones de la represa de Escalerani y detener a los autores.

La toma de represas con cierre de válvulas, no es un hecho común, y como que no lo es, ni siquiera en situaciones de extrema emergencia y de violencia --tan frecuentes en nuestra historia nacional-- nunca se ejercitó acción semejante.

Lo ocurrido en Escalerani, merece una explicación de Semapa y de la Prefectura, y que el Prefecto, que se lució por su indiferencia y pasividad, diga a la población qué medidas de seguridad existen en las represas de agua potable, para evitar que cualquier grupo atente contra la vida y la salud de los habitantes.

Producido el hecho del miércoles, los autores de esta situación tan grave, deben ser procesados y castigados de acuerdo a las normas constitucionales y leyes penales en vigencia.