Martes, 17 de diciembre de 2019 –
Año XIV – Edición 3369 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
·
PERÚ
- El complejo camino de la lucha por la salud ambiental y humana en el Perú. Hace
menos de dos años el Ministerio de Salud (MINSA) reconoció públicamente que el
“asunto” de la contaminación de ciudadanas y ciudadanos, por metales tóxicos
principalmente en zonas en donde se desarrollan actividades empresariales
mineras, petroleras e industriales, es un problema de salud pública nacional.
·
PERÚ
- Macrorregión sur concentra el 43% de los conflictos mineros en el país. El
principal motivo sería por la defensa del recurso hídrico, así como por
incumplimientos de compromisos, entre otros.
·
VENEZUELA
- El derrame de petróleo está afectando “grandemente” al Lago de Maracaibo
·
MÉXICO
- Marina confirma gran derrame de petróleo en Cayo Arcas
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El complejo camino de la lucha por la
salud ambiental y humana en el Perú
Hace menos de dos años el Ministerio de Salud (MINSA)
reconoció públicamente que el “asunto” de la contaminación de ciudadanas y
ciudadanos, por metales tóxicos principalmente en zonas en donde se desarrollan
actividades empresariales mineras, petroleras e industriales, es un problema de
salud pública nacional.
Que el MINSA ponga en agenda la afectación de la salud
humana por metales fue resultado de las luchas en varias partes del Perú. No
podemos dejar de mencionar los constantes reclamos y movilizaciones de los
afectados de la ciudad de Pasco, Espinar o La Oroya, así como las protestas de
las comunidades indígenas amazónicas en la zona denominada Cuatro Cuencas o
Chiriaco; lugares que en los últimos años han sido escenarios de conflictos por
la precaria atención para las víctimas de la contaminación.
En el 2017 estas luchas se encontraron para organizar e
impulsar la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos,
la cual entendió que el reclamo por la salud ambiental y humana en las zonas
impactadas por los proyectos mineros, petroleros o industriales, necesitaba de
un trabajo colectivo y articulado para lograr una política nacional
multisectorial e integral que pudiera alcanzar una atención preventiva y
especializada.
Para los integrantes de la plataforma queda claro que los
estados de emergencia decretados en las zonas petroleras o mineras no son
suficientes para solucionar un problema que tiene que ser asumido de manera
multisectorial por el Estado, respondiendo con políticas, presupuestos, y
personal capacitado en prevención y atención especializada para las personas
afectadas por metales tóxicos a nivel nacional.
Para impulsar esta demanda, la plataforma ha venido
desarrollando diversas acciones de fortalecimiento organizativo, así como de
denuncia y acciones para visibilizar su plataforma de lucha. Es importante
destacar su participación en la V Audiencia de la Comisión de Pueblos
Indígenas: “Avances para la prevención y atención integral de la afectación de
salud por contaminación con metales pesados y oros asociados a minería e
hidrocarburo” realizada el 8 de julio, así como la primera reunión nacional
“Mujeres, territorios y salud ambiental” realizada el 11 y 23 de setiembre y
que contó con la participación de 30 mujeres de las provincias de San Mateo,
Loreto, Bagua, Pasco, La Oroya, Lima, Melgar, Hualgayoc, Moquegua, Huancayo y
Espinar, donde se logró el objetivo de construir una agenda de las mujeres
rumbo al encuentro nacional.
El II Encuentro Nacional de afectados y afectadas se
desarrolló bajo el lema “Salud, Territorio y agua para los pueblos” realizado
del 30 de setiembre al 4 de octubre. Este tuvo como objetivo evaluar las
principales acciones de los dos años de creación de la Plataforma, fortalecer
la red de afectados y afectadas, y planificar acciones nacionales y regionales
en los territorios en donde está presente la Plataforma.
Un logro de la plataforma es que se ha consolidado como
un espacio reconocido por el Gobierno y la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM), llevando la voz de los afectados y afectadas a nivel nacional. El pasado
viernes 4 de octubre, tuvieron una importante reunión con la PCM en donde el
viceministro Molina se comprometió a emitir el Decreto Supremo para instalar la
comisión multisectorial a inicios de noviembre. A pesar de estas acciones que
se han realizado, la agenda de lucha de la Plataforma Nacional de Afectados y
Afectadas sigue sin resolverse. En este momento dos son los temas centrales que
la plataforma está demandando al Estado: la creación de La Comisión
Multisectorial y el Abordaje Integral que debe asumir el MINSA para la atención
de los afectados.
La Plataforma Nacional viene solicitando una Comisión
Multisectorial de naturaleza permanente, dada la magnitud y extensión del
problema de salud humana y ambiental que se tiene en el Perú. La propuesta es
que esta comisión esté adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y
deba encargarse de elaborar un primer informe técnico que fundamente la
propuesta del Plan multisectorial de prevención y control de riesgos y daños
relacionados con la exposición a metales pesados y sustancias químicas, así como
del seguimiento, implementación, evaluación y cumplimiento del plan
multisectorial de parte de todos los ministerios, de manera que se garantice el
derecho a la salud de las poblaciones afectadas que buscan una atención
preventiva, integral y especializada.
Atención que sea
integral de verdad
La segunda demanda es que se implemente una atención
adecuada a las personas afectadas por metales tóxicos. En los últimos días hay
mucha preocupación por la posibilidad de que se apruebe una directiva
administrativa que no solucione el problema, sino que más bien perjudique lo
avanzado hasta ahora en atención a las y los afectados. Si bien se reconoce que
es importante una articulación e integración mayor de sectores y niveles de
gobierno para el real cumplimiento de una atención integral, así como asegurar
los recursos necesarios mediante una intervención desde los planes y
presupuestos nacional y regional, es real que la débil rectoría del MINSA en
cuanto a las políticas y programas nacionales y directivas para la identificación,
priorización y atención de las poblaciones afectadas por la contaminación
ambiental, no garantiza que el problema de la atención mejore en las zonas
donde se requiere la implementación de un abordaje integral a las personas
afectadas.
Por eso es importante que la aprobación de cualquier
directiva esté respaldada con los mayores consensos, acuerdos formales,
acciones de coordinación, mandatos normativos, compromisos y decisiones
vinculantes que les permita efectuar las funciones y tareas con legitimidad y
aceptación. Debe ser una acción conjunta multisectorial, multi e inter
disciplinaria, que optimice el uso de los recursos y gane en eficiencia.
En resumen, estos han sido dos años intensos de lucha de
la Plataforma Nacional que nos deja varias lecciones para los que venimos
apoyando el proceso de construcción de un espacio de articulación nacional. La
primera es que a pesar de la fragmentación social es posible hacer alianzas,
articular y sumar acciones a nivel nacional que permitan avanzar en la defensa
de derechos, en este caso el de la salud ambiental y humana. Segundo, que es
posible ir uniendo las agendas de las y los afectados de comunidades amazónicas
y comunidades andinas en una sola agenda nacional. Tercero, que las mujeres
afectadas tienen impactos diferenciados en el cuerpo y viven de manera distinta
los impactos en el territorio y que tienen una importante fuerza movilizadora
dentro del movimiento. Y por último, que es posible ir construyendo un
movimiento nacional por la salud ambiental y humana en el Perú que busque una
atención preventiva, integral y especializada de personas contaminadas por los
metales tóxicos en el Perú. http://cooperaccion.org.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Macrorregión sur concentra el 43% de los conflictos
mineros en el país
De los 184 conflictos sociales detectados a octubre de
este año en el país, el 43% se ubica en la macrorregión del sur, que a su vez
es la zona con la mayor cartera de proyectos mineros (22) valorizados en US$
27.807 millones.
Así lo revela el último Observatorio de Conflictos
Mineros en el Perú. Dicho informe también alerta de que el número de conflictos
se incrementaron en 11 desde mayo último. El principal motivo sería por la
defensa del recurso hídrico, así como por incumplimientos de compromisos, entre
otros.
“Existe una tendencia al alza de conflictividad vinculada
a la minería, y muchas de ellas han estado presentes a lo largo del año como
Tía María (Arequipa), Las Bambas (Apurímac) o Quellaveco (Moquegua)”, explica
David Velazco, director de la organización Fedepaz.
Señala que del total de conflictos, el 30% tiene que ver
con recursos hídricos.
Por ejemplo, en Áncash, la región que lidera el ranking
de conflictividad social, el 44% de proyectos mineros estarían afectando el
agua, según el Observatorio. En tanto, en Moquegua, con Quellaveco, la
población de Tumilaca pidió la paralización del proyecto de cobre ante la
posible contaminación del río Asana.
Concesiones
mineras
Según el Observatorio, a la fecha, el 14,2% del
territorio nacional está concesionado a empresas mineras. Y aunque ello no
signifique que en el futuro sean explotadas, sí compite con el derecho al
territorio de comunidades indígenas o nativas.
Ante ello, las organizaciones como Grufides e IDL
proponen que la nueva ley de minería contemple “con urgencia” una política de
ordenamiento territorial, que también proteja zonas arqueológicas. Al respecto,
se alertó de que la concesión minera otorgada a Alto Cooper en Marcansaya
(Apurímac) afectaría una zona arqueológica.
Sobre nueva ley
de minería
- El Gobierno accedió a actualizar la Ley General de
Minería. Una comisión de alto nivel enviará propuestas a mediados de enero para
actualizar la norma.
- Organizaciones piden que se incluya la consulta previa
en la etapa de concesión minera así como mejor acceso a la información. https://larepublica.pe/
HIDROMUNDO
El derrame de petróleo está afectando
“grandemente” al Lago de Maracaibo
“Estamos sufriendo con el
derrame de petróleo”, dice a Efe Ernesto Luano, un pescador de 36 años que cada
día se aleja de las orillas de esta cuenca con la esperanza, casi siempre
frustrada, de encontrar peces exentos del crudo que yace en estas aguas desde
hace meses.
Según sus cuentas, el petróleo
derramado en esta zona comenzó a afectar su actividad económica y al sustento
familiar hace siete años, pero se ha agravado en los últimos meses cuando las
fugas de crudo se multiplicaron y, además, se volvieron comunes las tuberías
rotas y con ello las efervescencias de gases en este mar cerrado.
DOS
HORAS DE VIAJE
Con menos suerte incluso, Amado
Hueres debe hacerse camino con sus brazos mientras flota desde la orilla hasta
la zona de pesca. El trayecto le toma dos horas, 120 minutos en los que brazada
tras brazada impulsa el salvavidas que lo separa por centímetros de las aguas
contaminadas. https://elsiglo.com.ve/
Marina confirma gran derrame de petróleo en Cayo Arcas
La Secretaría de Marina-Armada de
México (Semar) confirmó oficialmente un gran derrame de petróleo en la terminal
marítima de Cayo Arcas suscitado el cuatro de octubre de 2019, con potenciales
afectaciones a la flora y la fauna del sistema arrecifal más importante del
Banco de Campeche, ubicado a unos 174 kilómetros al norte de Ciudad del Carmen.
La Semar entregó a Página 66 dos
informes de investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), pero ningún dato o documento sobre la
aplicación del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y
Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas, al
que está obligado en este tipo de accidentes.
A través del oficio 4273/2019, con
fecha seis de diciembre del 2019, la Unidad de Transparencia manifestó que el
Estado Mayor General de la Armada y la Dirección General Adjunta de
Oceanografía, Hidrografía y Meteorología hicieron una búsqueda y entregaron “la
versión pública de la documentación con la que cuenta la Secretaría de Marina,
referente a los derrames de hidrocarburos en la Terminal Marítima de Cayo
Arcas, durante octubre del 2019”.
Reacción
tardía de la Semar
Dos oficios entregados por la Semar
denotan que hubo una reacción tardía de la Séptima Zona Naval, con sede en
Ciudad del Carmen, cuando es la encargada de aplicar el Plan Nacional de Contingencias
para Derrames de Hidrocarburos; así como de Petróleos Mexicanos, de Pemex
Exploración y Producción, y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente
(ASEA).
En el primer escrito, fechado el 18 de
octubre del 2019, la Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna “Laguna
de Términos” revela que la Séptima Zona Naval requirió su colaboración cuatro
días después del evento, el ocho de octubre, a través de una llamada
telefónica, “para la atención de la fauna afectada por derrame de hidrocarburos
ocurrido probablemente entre el cuatro y el siete de octubre en el sistema
arrecifal Cayo Arcas”.
La Dirección del APFF “Laguna de
Términos”, a cargo de José Hernández Nava, le informa a la Séptima Zona Naval
que personal de la Unacar atendió fauna “empetrolada” entre el nueve y el 11 de
octubre del 2019 y detectó y mapeó la mancha de petróleo, que llegó a alcanzar
las cuatro mil 484 hectáreas.
En el segundo oficio, fechado el 2 de
octubre del 2019, la Comandancia de la Séptima Zona Naval remite los dos
informes de los especialistas de la Unacar al gerente de Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental del Bloque de Aguas Someras de Pemex Exploración y
Producción, Eduardo Villegas Hoyos.
En los informes, se ventila el mal
trabajo realizado por la empresa Corporativo de Servicios Ambientales S.A. de
C.V. (Corsa) en la atención del derrame de crudo, contratada por Pemex
Exploración y Producción.
Recientemente, Hernández Nava anunció
que su personal y de la Unacar realizarían una segunda incursión a Cayo Arcas,
pero hasta ahora no lo han hecho. https://www.pagina66.mx/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
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