Viernes, 24 de setiembre de 2021 – Año XV – Edición 3812 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
PERÚ - Cuestionados nombramientos en el Ministerio de Vivienda. Una
militante de Perú Libre y un funcionario —señalado en cinco informes de la
Contraloría por faltas penales— ocupan altos cargos en la cartera. Hay otro que
viene siendo investigado por la fiscalía por lavado de activos
PERÚ - Amazonas: Defensores ambientales criminalizados y economías
ilegales siguen contaminando
PERÚ - Tacna: mesa de diálogo en Candarave se reprograma para el 8
de octubre
PERÚ - Las terribles cifras de la deforestación. El año pasado se
han perdido 203 mil hectáreas como consecuencia de la deforestación que sigue
creciendo
Cuestionados nombramientos en el
Ministerio de Vivienda
Una militante de Perú Libre y un funcionario —señalado en cinco informes de la Contraloría por faltas penales— ocupan altos cargos en la cartera. Hay otro que viene siendo investigado por la fiscalía por lavado de activos.
La invocación de la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo de realizar los filtros necesarios para el nombramiento de altos funcionarios parece que no se escucha para nada en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y esto se evidencia con algunos casos firmados por el ministro Geiner Alvarado López.
El 16 de septiembre, según la Resolución Ministerial 289-2021 publicada en el diario oficial El Peruano, se designó a Uberlinda Zevallos Flores como directora general de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Zevallos Flores no registra algún perfil profesional que acredite su experiencia para el cargo. Sin embargo, lo que sí hemos podido hallar es su militancia en el partido Perú Libre. De hecho, ella fue la jefa del comando de campaña de la base Santa Anita de la agrupación del lápiz durante la primera y segunda vuelta de los pasados comicios generales.
El pasado 4 de julio, Zevallos Flores realizó un reconocimiento a su equipo por el trabajo realizado durante la campaña del presidente Pedro Castillo. En la cita, además, participó el actual congresista de Perú Libre, Edgar Tello, quien acompañó a la base distrital en charlas y caminatas por Santa Anita.
Antes de asumir su cargo en el Ministerio de Vivienda, Zevallos participaba y coordinaba activamente el recojo de firmas en Santa Anita de la iniciativa de Perú Libre que plantea un referéndum, cuya única pregunta a la ciudadanía será si debe instalarse una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.
Hay que mencionar que Zevallos Flores fue expulsada de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en 2004. De acuerdo a la Resolución Rectoral N° 0018, Oscar Casas Dávila, ex jefe de la Oficina Central de Logística de la UNI, la identificó como una de las incitadoras y otros actores de los desórdenes y destrozos ocurridos en esa casa de estudios el 13 de setiembre de aquel año.
Por esa época, Zevallos estudiaba la carrera de Ingeniería Civil.
Señalado por Contraloría
El caso de la dirigente de Perú Libre no es el único. El 13 de septiembre, según la Resolución Ministerial N° 279-2021, el Ministerio de Vivienda designó a Fernando Alarcón Díaz como director general de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la cartera.
Alarcón Díaz aparece en cinco informes de la Contraloría por haber cometido varias faltas que merecieron sanciones administrativas, así como acciones civiles y hasta penales.
Por ejemplo, el 31 de agosto de 2017, la Contraloría reveló el resultado de la auditoria a los trabajos de mejoramiento del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Morro Same, en la región Tacna, por parte de Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES).
El informe 014-2017-2-4380 detalla que Alarcón Díaz —entonces secretario general de FONDEPES— firmó la resolución administrativa para la contratación de una empresa que supervise la obra. Pero el problema es que la escogida habría presentado información falsa para ganar la buena pro. Por esa razón, la Contraloría recomendó iniciar acciones penales contra Alarcón por perjudicar a su entidad.
De otro lado, el 28 de diciembre de 2017, la Contraloría General reveló el resultado de la auditoria a, al igual que en Tacna, los trabajos de mejoramiento del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Máncora, en el distrito de Talara (Piura).
El informe 003-2017-2-4380 menciona que Alarcón Díaz favoreció al consorcio formado por los ciudadanos Limberg Luque Ortiz y Gonzalo Cáceres Valdivia sin haber advertido sobre las irregularidades que terminarían perjudicando la construcción de la obra, lo cual tuvo un perjuicio económico a FONDEPES por S/ 266 721, 29. Por ello, la Contraloría recomendó iniciar acciones civiles y penales contra Alarcón Díaz.
Investigado por fiscalía
Cabe recordar que, actualmente, el abogado Salatiel Marrufo Alcántara — jefe de asesores del Ministerio de Vivienda — es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal en el marco del caso de ‘Los Malditos del Azúcar’.
El caso fue abierto en 2018 por el despacho de Juan Carrasco Millones, hoy ministro del Interior, que en su momento lideraba la Fiscalía de Crimen Organizado de Chiclayo. https://caretas.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Amazonas: Defensores ambientales criminalizados y economías ilegales siguen contaminando
La Amazonía es un territorio que representa el 4,9 % del área continental mundial, pero con muchas amenazas debido a las industrias extractivas y las economías ilegales como la tala ilegal, minería ilegal, narcotráfico, entre otros, las cuales generan diversos impactos en las comunidades indígenas como la contaminación de suelos y agua.
Sin embargo, existen defensores ambientales que buscan proteger sus territorios de actividades ilícitas, pero que al mismo tiempo son denunciados y criminalizados y los verdaderos culpables siguen afectando y contaminando estas comunidades impunemente.
Este es el caso de algunos líderes indígenas de la región Amazonas. Se trata de la lideresa indígena Awajún Augostina Mayán, ex presidenta de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), y de Isaías Mayán, vice presidente de la Federación Indígenas Awajún del Alto Comainas y Sawientsa (Fiacsa), defensores ambientales de El Cenepa, Condorcanqui, quienes fueron detenidos por 24 horas por la Policía Nacional el pasado 10 de agosto.
Los defensores ambientales de El Cenepa enfrentan una denuncia por secuestro a personas desconocidas en su territorio en el 2018. Los foráneos fueron retenidos temporalmente ante el temor de que se tratara de mineros ilegales o personas dedicadas a la tala u otras actividades destructivas del ambiente.
Junto a ellos, también fueron denunciadas otras 8 personas de su comunidad por el mismo delito. Las audiencias sobre este caso se retomaron en las últimas semanas, donde el juez accedió al documento probatorio que avala como defensora ambiental a la lideresa Augostina Mayán, quien se encuentra desde inicios del 2021 bajo el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, este miércoles 22 de septiembre se realizará una nueva audiencia sobre esta denuncia a las 5 de la tarde.
Sobre la situación de vulnerabilidad que atraviesan como defensores ambientales, la lideresa awajún Augostina Mayán, resaltó que ahora que son reconocidos como defensores existen enormes brechas entre los que protegen y defienden el territorio y las personas que se dedican a las economías ilegales.
“Al reconocer que somos defensores, me han expuesto más porque se me presentan dificultades para movilizarme, no puedo usar transporte fluvial, peque peque o chalupa. Si antes viajaba como pasajera, ahora no me llevan para evitar problemas, o alguna agresión. Las consecuencias es que para movilizarme en vez de gastar 50 soles gasto 1000 soles, la brecha es demasiada”, indicó la defensora.
La lideresa también señala que es lamentable la demora del Estado, “vemos la contaminación de todos los ríos y como defensores estamos cansados, pues el Estado, los gobernantes y autoridades teniendo a la vista todo, no hacen nada, incluso algunos están coludidos”.
Pese a ello, Mayán indica que confía en que las campañas con los aliados, ONGs ambientalistas, en algún momento causará una reacción. “La paciencia se nos acaba, se ríen de nosotros, porque acá viene alguien –del Estado– y avisan, así que el Estado interviene y se olvida. Es preocupante, porque no hay cuándo parar, los motores –que realizan minería ilegal– siguen ingresando”, denuncia la defensora.
Esta no es la primera vez que defensores pertenecientes a Odecofroc atraviesan denuncias por defender su territorio, como el caso de Zebelio Kayap y otros dirigentes, que en 2009 fueron denunciados por secuestro, la situación fue parecida, el líder indígena retuvo en su local comunal a personas relacionadas a la minera Afrodita como parte de sus protocolos para no permitir el ingreso de gente perteneciente a esta minera.
En ese entonces, la Corte de Justicia de Amazonas resolvió a favor de Zebelio Kayap y los otros líderes, debido a que sus actos se realizaron en el marco del convenio 169 de la OIT que establece que la ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en la tierra de los interesados, o todo uso no autorizado de las mismas personas o ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.
Contaminación en El Cenepa
En tanto, mientras se denuncian defensores ambientales que buscan proteger sus comunidades, el impacto que generan estas economías ilegales se evidencia en la contaminación de la biodiversidad, los suelos y el agua.
Según el resultado del V Monitoreo de la Calidad del Agua superficial de la cuenca Cenepa, realizada por la Autoridad Nacional del Agua – ANA, en cuya zona se levantó la información los días 29 y 30 de noviembre del año 2020; se encontró la alteración de algunos parámetros de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua.
En el río Cenepa y Comaina, se encontró la presencia de metales pesados como el fósforo, cadmio, cromo y plomo en valores que exceden la concentración normal, los cuales son usados usualmente en actividades extractivas.
Economías ilegales siguieron en pandemia
La pandemia de la COVID-19 obligó a las personas a no salir de casa y con ello se entendía la paralización de las industrias; sin embargo, las economías ilegales y las actividades extractivas no pararon en la Amazonía peruana. Y con ello, las amenazas a los defensores ambientales se intensificaron.
Los líderes indígenas de El Cenepa no solo se enfrentan a las actividades ilícitas en su territorio, sino también a las amenazas contra su vida. Solo en el último año de pandemia, se han asesinado a 10 defensores ambientales, por ello hacen un llamado urgente de las autoridades a tomar acción, pues sus vidas no solo corren peligro, sino también sus territorios, biodiversidad, y cuencas. https://www.inforegion.pe/
Tacna: mesa de diálogo en Candarave se reprograma para el 8 de octubre
El alcalde de la provincia tacneña de Candarave, Rodolfo Nina Yufra, anunció que el reinicio de la mesa de diálogo de su provincia por el problema de recursos hídricos fue postergado para el 8 de octubre, debido a problemas en la agenda del primer ministro Guido Bellido Ugarte, quien iba a participar en el espacio. La visita del jefe del gabinete estaba anunciada para el 15 de septiembre, luego se suspendió para el 25 y ayer por segunda vez fue suspendida.
Esta mesa de diálogo abordará la demanda de la provincia de Candarave que plantea la revisión de las licencias de agua que tiene la empresa minera Southern Perú en su territorio.
Además, se espera la visita de los ministros de Desarrollo Agrario y Energía y Minas, así como los de Salud, Vivienda y Transporte. Nina espera que Bellido exprese la posición del Gobierno sobre la actividad minera. El alcalde responsabiliza a la minera de la escasez hídrica.
La mesa de diálogo se instaló el 20 de agosto del 2019, pero desde entonces ha tenido un avance lento por el cambio de ministros durante los gobiernos de Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y el actual presidente Pedro Castillo Terrones. https://larepublica.pe/
Las terribles cifras de la deforestación
Una cifra que no debe pasar desapercibida ha sido publicada recientemente: el año pasado en el Perú se han perdido 203 mil hectáreas como consecuencia de la deforestación que sigue creciendo. Mientras que el promedio histórico de las últimas décadas ya implicaba una pérdida preocupante de 150 mil hectáreas deforestadas por año, en el 2020 y en medio de la pandemia, se ha alcanzado una de las cifras más altas.
Como se puede apreciar en los siguientes gráficos, desde hace varios años figuramos en el ranking de los países con mayor pérdida de bosques primarios en el mundo y las regiones más afectadas son las amazónicas.
Según el informe del Global ForestWatch, el año pasado se perdieron en los trópicos 11,9 millones de hectáreas de bosque en general y una tercera parte de la pérdida -3,8 millones de hectáreas- correspondió a bosques primarios. Nada menos que nueve de esos focos de pérdidas de bosque están en América Latina.
Cabe señalar que los bosques primarios o bosques maduros (aquellos donde no ha habido intervención del hombre en el pasado reciente) son determinantes para enfrentar el cambio climático, en la medida que no solo son importantes por el oxígeno que brindan y su gran biodiversidad, sino porque también son sumideros de carbono natural que tienen una enorme capacidad para absorber CO2 de la atmósfera: “los bosques primarios almacenan el doble de carbono que los bosques no primarios” [1].
Los riesgos de perder de manera definitiva el bioma amazónico son cada vez más grandes y todos los indicadores generan preocupación: si hasta hace muy poco el bosque amazónico absorbía las emisiones que provocaban el calentamiento global y la crisis climática, un reciente estudio muestra que la selva amazónica estaría produciendo más de mil millones de toneladas de dióxido de carbono, bastante más de lo que puede absorber [2]. En suma, la Amazonía o parte de ella se habría convertido o se estaría convirtiendo en una fuente de CO2 en lugar de un sumidero, debido en gran medida, a la deforestación que avanza de manera incontrolada.
Una asociación con la deforestación de la selva amazónica también nos muestra otro dato alarmante: el asesinato de defensores ambientales que se enfrentaron a diversas mafias que controlan varias actividades ilegales, como la tala, la minería y el narcotráfico. Todas las tendencias que muestra el último informe de Global Witness [3] sobre asesinatos a defensores ambientales en el mundo, también se presentan en el Perú: incremento alarmante en el número de asesinatos; las víctimas son sobre todo poblaciones indígenas amazónicas y la vinculación de los asesinatos a las actividades ilegales mencionadas, que presionan territorios que deberían ser protegidos por las autoridades.
Detener la deforestación de la gran selva amazónica es una condición necesaria e irrenunciable para combatir el cambio climático y para ello se debe comenzar por proteger a los defensores ambientales, principalmente a nuestros pueblos indígenas. Además, es urgente que los gobiernos de la región reemplacen la retórica por la acción concreta y efectiva: la ratificación del Acuerdo de Escazú forma parte de esas acciones concretas que se deben tomar. Evitar el colapso del bioma amazónico es un esfuerzo continental que debe ser estrechamente coordinado por los 9 países amazónicos. https://cooperaccion.org.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”