HIDROBOLETÍN FENTAP
Perú confirma búsqueda de petróleo en riberas del Titicaca
LAPRENSA.COM.BO – 06/09/09.- La empresa estatal Perúpetro confirmó el interés de iniciar trabajos de exploración en las riberas del lago Titicaca y aclaró que los trabajos no incluyen la superficie acuática.
La compañía anunció la semana pasada que había adjudicado áreas de búsqueda de crudo a operadores privados en el lago binacional compartido por el país vecino y Bolivia.
Perúpetro, de acuerdo con agencias de su país, descartó que los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos de los lotes 155 y 156, suscritos el 16 de abril de este año, incluyan áreas dentro de la Reserva Nacional Titicaca.
Según precisó, los trabajos sólo incluyen “áreas de superficie en tierra y ninguna área sobre la superficie del lago Titicaca”.
Fuentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) señalaron que la empresa, en la década de 1970, realizó algunos estudios para encontrar reservas de crudo pero que no se los continuó.
Ahora que la tecnología es más avanzada, sostuvieron, la posibilidad de hallar petróleo no es remota.
El contrato del lote 155 fue suscrito con el consorcio Pluspetrol-Perúpetro-Reliance Exploration & Production, Sucursal del Perú-Sapet Development Perú; mientras que el contrato por el lote 156 se firmó con el Grupo Petrolero Suramericano.
Perúpetro manifestó que se informó a la población de Puno sobre la licitación de los lotes 155 y 156 en talleres realizados entre junio y diciembre de 2008.
Según la Agencia de noticias Andina, en la cuenca hidrocarburífera del Titicaca existen áreas que pueden ser materia de contratación, entre ellas lo que fue el lote 154, que no recibió ofertas en la selección de 2008. Dicha área tampoco está en la superficie del lago ni se sobrepone a la Reserva Nacional Titicaca.
El Gobierno de Bolivia anunció el 27 de agosto la presentación de un reclamo ante Perú por su intención de explotar petróleo en el lago Titicaca, que comparten ambos países, sin consultar previamente a Bolivia sobre estos trabajos.
El ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca, envió al Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano una nota para establecer el procedimiento de un reclamo por tratarse de un área de competencia internacional.
La Prefectura de La Paz expresó también su preocupación por la actividad exploratoria de petróleo en la zona.
Coca dijo la semana pasada que Bolivia y Perú han creado una entidad para la administración compartida del lago y debe ser en esa instancia donde se tomen decisiones sobre la posibilidad de explotar petróleo.
El Titicaca mide 204 kilómetros de largo por 65 kilómetros de ancho y abarca 8.562 kilómetros, de los que 4.772 corresponden al Perú y 3.790 a Bolivia. Quedó fuera de la competencia para escoger a las siete nuevas maravillas mundiales pese a haber encabezado la votación en la categoría de lagos y ríos.
Español Pedro Arrojo: “Acceder al agua limpia es también un derecho humano”
EL PERUANO – 07/09/09.- “El planeta es limitado, pero nuestra ambición no lo es”, reflexiona en tono de lamento Pedro Arrojo. Habla del mal uso y abuso del recurso que permite la vida en este planeta, y sin embargo, mantiene la esperanza en poder revertir dicha realidad que diariamente pone en jaque la vida de 1200 millones de personas en el mundo.
El experto rememora, dos décadas atrás, las primeras alertas sobre la crisis hídrica que enfrentaría el mundo al terminado el siglo XX.
Hemos cambiado de centuria y las advertencias se han cumplido casi en su totalidad, como resultado de una población mundial que no deja de crecer, de pedir, de comer, y de malgastar el agua, sin tener en cuenta el problema que agudizará aún más su acceso al agua: El cambio climático.
"Cuando se anunciaba la crisis global del agua, sonaba un poco exótica, pero hoy ya existe un consenso sobre este problema. 2500 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico y 10 mil personas mueren al día por esta razón. Estas personas son pobres y las más vulnerables. Por tanto se nos juntan varios problemas: sostenibilidad del recurso, quiebre de la salud, injusticia social. Sin duda, no es un tema fácil", detalla.
Afirma que lo importante del agua no es su materialidad, sino su utilidad, la función que cumple. Y es en ese contexto, plantea una posible salida a su aparente escasez.
Triunvirato hídrico
Para Arrojo, el uso de este recurso puede clasificarlo de tres maneras. Agua-Vida, Agua-Ciudadanía y Agua- Economía.
El Agua-Vida está vinculada a los derechos humanos y su cantidad se estima en 30 litros por persona/día y es la que hace posible la vida digna de todos. "Todo Estado que se precie de democrático debe garantizarla por encima de todo, antes que el asfaltado de pistas, la iluminación o la compra de armamento y aviones", indica.
Cuando habla del Agua- Ciudadanía, se refiere a los servicios urbanos de agua y saneamiento que recibimos en casa, y que no sobrepasan los 120 litros por persona, los cuales representan el 1, 5% y el 6% respectivamente del agua que actualmente usamos.
Los problemas vienen con el Agua- Economía, que representa el 70% a 80% del recurso que usamos, y con el cual, algunos pocos tienen la posibilidad de ser más ricos, lo cual es no un delito, siempre y cuando no se haga a costa de los derechos humanos, ni ciudadanos de otros.
La solución, esboza Arrojo, radica en darse cuenta que el agua no puede medirse con criterios de mercado, donde se premia al que consume más, dándole precios más bajos.
El usuario, sea éste una persona, empresa o industria, que busque riqueza gracias al agua tendrá que pagar más por ello.
Tarifario por bloques
"Debe discutirse un sistema tarifario por bloques. El que usa poca agua, humildemente 30 o 40 litros por persona al día podría tenerla muy barata e incluso gratuita. Los siguientes 100 litros deberían costar el doble o triple. Y cuando algunos estén llenando sus piscinas deben saber que eso les costará cinco veces más caro. Esto es economía, pero no de mercado. Hay que trabajar en una lógica de racionalidad pública", subraya.
A su criterio el servicio ciudadano del agua no debería privatizarse.
Recomienda dejar de ver la Agua-Economía como una tragedia que debe resolver el Estado con dinero público.
La crisis global está muy vinculada a otras crisis, indica. No es tanto un problema de escasez, pese a que existe, sino un problema de calidad. Hay una necesidad de gestionarla con racionalidad y ética. "Hay que recuperar el Agua-Vida, la salud de los ecosistemas y el derecho humano al agua potable y al saneamiento, de lo contrario tendremos un desastre humanitario"
"Suelo decir que nuestro primer reto es hacer las paces con la naturaleza, recuperar la salud de esos ecosistemas acuáticos y no solo por romanticismo ecologista sino por sentido común, de la conservación, y de la equidad", remata el español, quien es Doctor en Ciencias Físicas.
Manejo debe ser por cuencas
Arrojo, quien es fundador del grupo de expertos Nueva Cultura del Agua, señala que la mejor forma de gestionar este recurso, es a través de la cuenca.
"Es la manera de adecuar nuestra gestión humana al sustrato natural de cómo el medio ambiente gestiona el agua en cada lugar del mundo. Desde el 2000, Europa se maneja por cuencas hidrográficas, incluso superando las fronteras nacionales", comenta.
Sin embargo, considera que el tema se vuelve complejo cuando hay un desarrollo urbanístico desbordado.
"La política de aguas acaba vinculándose también con políticas de otros sectores, económicas, de orden territorial. No basta sólo gestionar el agua, hay que trabajar en un desarrollo territorial ordenado, que desaliente la emigración a las ciudades. Tenemos que empezar a apoyar el desarrollo de la vida digna en el medio rural, de lo contrario acabaremos destruyendo nuestra capacidad de vida urbana", indicó.
Obras en la mira
El experto también se dio tiempo para comentar su escepticismo respecto a las grandes obras hídricas.
"En España por mucho tiempo hemos construido grandes presas, no solo para controlar el agua, sino para producir electricidad y para muchos usos más. Hablar de política de agua era equivalente a política hidráulica, marcada por la ingeniería. Esta mirada terminó en los Estados Unidos en la década del 70 y en Francia y Alemania en el 80. En el 2000 se uniforma la política de agua en Europa y se dice que lo fundamental no es hacer más presas, sino recuperar la salud de los ecosistemas acuáticos, los ríos, que son fábricas de agua de calidad", detalla.
Señala que la pregunta no es cuánto cuestan y rinden estas obras, sino analizar los costos de su edificación. Si vale la pena mover a pueblos enteros, además de todos los impactos ecológicos que se crean a su alrededor. “¿Qué es más barato, traer agua desde la Amazonía o introducir la desalación de agua marina, por ósmosis inversa?”, se pregunta.
En España, informa, los grandes trasvases tenían el costo de un euro y medio por m3, mientras que la desalación de 0. 4 céntimos de euro.
"No creo que los grandes embalses sean malos o buenos. Hay que mirarlos desde la óptica del cambio climático y veamos qué otras opciones existen, desde la buena gestión, el ahorro o la eficiencia. ¿Cuanta agua perdemos en las tuberías? ¿No será esa la primera obra que debemos hacer?", indicó.
HIDROMUNDO
Organizaciones civiles y sociales cuestionan la participación de la iniciativa privada en el servicio de agua en la Ciudad de México
Proponen un debate público sobre el modelo de gestión del agua en el Valle de México. Exigen información precisa y una evaluación sobre los contratos con empresas privadas desde 1993. Cuestionan la eficiencia y la viabilidad de las empresas privatizadas en la solución de los problemas de agua y su desigual distribución.
El pasado 20 de agosto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, anunció la intención de ampliar la participación del sector privado en el suministro y cobro del agua. El secretario de Finanzas, Mario Delgado, aseguró que las tarifas seguirán bajo el control del GDF, pero días después anunció un incremento de tarifas para el próximo año. Por su parte, el titular del Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACM), Ramón Aguirre, precisó que se trata de un “nuevo modelo de manejo del agua” que se aplicaría en 11 de 16 delegaciones cuyo objetivo es “la participación de la iniciativa privada en la distribución y optimización de la infraestructura que abastece este recurso a los capitalinos”. En el anuncio destaca la participación de la iniciativa privada (nacional y/o extranjera) en la distribución del agua, la detección y reparación de fugas, y la detección de tomas y pozos clandestinos, además de los servicios de medición, facturación y cobro a los usuarios que ya realizan actualmente cuatro empresas privadas.
En el contexto de la reciente publicación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) y en particular, su capítulo sobre derecho al agua, estos anuncios resultan preocupantes, ya que tanto para el tema de las empresas privadas como para el tema de tarifas, el PDHDF incluye líneas de acción específicas que subrayan la importancia de la información oportuna, la consulta y la participación en la toma de decisiones. En este sentido, se debe hacer pública y accesible toda la información relativa a las empresas concesionarias y a la evaluación del SACM sobre los contratos; también se debe promover un amplio proceso de participación para aportar a una nueva evaluación de los contratos de 1993 a 2009 que sirva de base para la toma de decisiones relativa a renovación o celebración de otros contratos. Asimismo, se debe conformar un espacio amplio de reflexión y discusión sobre la reestructuración de las tarifas de agua, asegurando que ésta se haga de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos. [1]
La Jefatura de Gobierno publicó el 26 de agosto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del PDHDF para las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades del Distrito Federal. Por esto, y porque se trata nada menos de discutir el modelo de gestión del agua para el Distrito Federal y cómo éste garantizará el derecho humano al agua de la población, demandamos la apertura de espacios de análisis y discusión interdisciplinaria e intersectorial respecto a las propuestas anunciadas.
Además, resulta preocupante que el Gobierno del Distrito Federal ignore las repetidas demostraciones, en México y en el mundo, del fracaso de la participación privada en los servicios de agua potable y saneamiento. Las dos premisas principales por las cuales se promueve la participación privada – una supuesta mayor eficiencia e inversión – han sido desmentidas por estudios realizados tanto por académicos como por organizaciones de la sociedad civil. Incluso el Banco Mundial, una agencia promotora de la participación privada en el manejo del agua, admite que la experiencia demuestra que no ha habido mayores logros en inversiones. En Saltillo – Coahuila, Tucumán – Argentina, Cochabamba – Bolivia, Dar es Salaam – Tanzania y Yakarta – Indonesia se han sufrido las consecuencias de demandas millonarias de las empresas a los gobiernos, servicios que empeoran, cobros indebidos y tarifas impagables. En Aguascalientes la empresa liderada por Vivendi se fue a la banca rota y fue “rescatada” por el gobierno lo que significó un subsidio a la empresa con dinero público cuyo monto se mantuvo en secreto.
Desde 1993, el Distrito Federal tiene contratos de servicios de agua con cuatro empresas que progresivamente han realizado funciones de levantamiento del padrón de usuarios, lectura de consumos, emisión de boletas y recepción de pagos. Ahora el ejecutivo local propone profundizar la participación de la iniciativa privada sin antes publicar una evaluación imparcial del desempeño que estas empresas han tenido hasta la fecha y un documento claro que muestre porqué esta propuesta pudiera ayudar a mejorar la gestión del agua en la ciudad.
Finalmente, resulta inaceptable que el GDF esté difundiendo en diversidad de medios y en el transporte público una campaña que afirma: “Febrero 2010: La ciudad puede quedarse sin agua…No es una advertencia, es una realidad” [2] al tiempo que no ha abierto espacios de discusión con participación ciudadana e información clara y accesible de la situación de crisis que vive la ciudad. Parece que es a través de la estrategia del miedo y no del razonamiento y la participación pública que se busca empujar la gestión del agua en la ciudad a un modelo de mayor participación privada que no garantiza soluciones integrales a los problemas que enfrentamos.
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua
La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua está compuesta por:
Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.”
Centro Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C.
Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara, A.C.”(CESEM)
Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C. (COPEVI)
Colectivo Radar
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP)
Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios, Equipo Pueblo
Enlace Rural Regional, A.C. (ERRAC)
Espacio DESC
Food First Information and Action Network- México (FIAN-México)
Guardianes de los Volcanes, A.C.
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Otros Mundos, A.C.
Red de Género y Medio Ambiente (REGEMA)
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ)
Aliado internacional:
Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)
Para mayor información comunicarse con Brenda Rodríguez Herrera 04455 29 36 79 85 / 56583462 - brendtzu27@yahoo.com.mx
HIDROCOMENTARIO
“Agua, minería y glaciares: Un país de rodillas”
El agua constituye un bien social y natural imprescindible para la vida y el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos. La obviedad de esta afirmación es inobjetable. Sin embargo, el sentido común y la conciencia de autopreservación, no siempre caracterizan las decisiones de los gobiernos y de las empresas que, procurando el lucro ilimitado, parecen conducir a la humanidad a un suicidio que no hemos elegido.
El agua, sustancial para la vida, se encuentra hoy escasa en algunos lugares del planeta, por ello La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación reconoce que para el 2050, 1800 millones de personas podrían vivir en zonas sin acceso al agua potable, y prevé que más de dos tercios de la población mundial sufrirá problemas hídricos.
El agua dulce, corresponde solo a 3% del total de agua en el planeta, el resto se encuentra congelado en los polos y en los glaciares.
La contaminación y su uso abusivo, provocan la escasez en algunos países, y esto se relaciona con la pobreza y el deterioro ambiental. La situación de vulnerabilidad, conflictos sociales, económicos, ecológicos y geopolíticos que emergen de esta condición, preocupa a organismos internacionales y a algunos gobiernos del planeta.
Esta situación es impensada para los países que, generosamente, han disfrutado de este bien natural permitiendo su uso sin observación, lo cual hace que las restricciones sean inexistentes o insignificantes, aun cuando se trata de impresionantes consumos por parte de emprendimientos industriales y agrícolas a gran escala.
Por otro lado, algunos países no parecen ser concientes de la importancia del agua por su valor estratégico en las actuales circunstancias de recalentamiento global y retraimiento de glaciares y casquetes polares, pues se ofrece este recurso escaso con gratuidad a algunas empresas extractivas que la utilizan en forma exorbitante y descontrolada. Es el caso de nuestro país, donde en los últimos años, los sucesivos gobiernos parecen facilitar y promover la continuidad de la maquinaria de succión de recursos naturales a mansalva, es decir, propiciar que el saqueo continué.
Agua y minería
Recientemente Chile anunció que buscaría importar agua desde Argentina para abastecer zonas mineras ya que, la minería es una actividad industrial que demanda gran cantidad de agua para todos los procesos.
Debemos recordar que durante 1997 ambos países firmaron el Tratado de Complementación Minera entre Chile y Argentina, ratificado en el 2000 por ambos parlamentos, constituyendo este un conjunto normas para implementar y concretar un Acuerdo de Complementación Económica firmado por ambos países en 1991, facilitando de esta forma a ambos lados de la cordillera todos los recursos naturales en forma irrestricta, incluyendo sin duda el agua, y protegiendo jurídica las inversiones. En el marco de un aparente fortalecimiento de las relaciones y las inversiones privadas en la frontera de ambos países, este tratado ha beneficiado casi exclusivamente a capitales trasnacionales.
A la luz de estos privilegios, la industria minera de Chile tendría el derecho de usar este recurso y de hecho ya lo ha usado, como otras empresas del lado argentino, en detrimento de las poblaciones precordilleranas.
Esta legislación, que crea una zona franca minera de más de 200.000 km2, entre ambos países, fue la base jurídica que utilizó la empresa minera Barrick Gold SA, situada en la provincia de San Juan.
Es sabido que la actividad minera es contaminante y que el uso del agua en cantidades exorbitantes provoca daños irreversibles debido a la contaminación por filtraciones, lixiviación, drenajes, la reducción de los niveles de agua o del afloramiento de agua dulce, lo que provoco múltiples y gravísimos daños a la salud de las poblaciones, desaparición de flora y fauna, pérdida de cultivos y una sucesión de perjuicios resultantes. Si solo pensamos que a lo largo de nuestra cordillera central, las empresas utilizan 800 a 1000 litros del agua por segundo, podemos deducir que esta dimensión gigantesca afecta, y de forma determinante, la vida económica, social y cultural de los pueblos de esas regiones cordilleranas.
Solo algunas muestras son suficientes para comprobar lo que vengo diciendo. En Catamarca, el río Vis-Vis esta contaminado a consecuencia de filtraciones en el llamado "dique de colas".
La cuenca del Río Salim en Tucumán está contaminada con cromo y cobre por la actividad de las empresas mineras.
En 2004, el río Hondo y el Dulce de la provincia de Santiago de Estero fueron impactados por minerales pesados tóxicos derramados por una minera.
Minera Alumbrera fue denunciada por daño ambiental colectivo por la presunta contaminación del lago de las Termas de Río Hondo y la cuenca del propio río Dulce.
El Valle Calchaquí se encuentra gravemente afectado en la calidad de sus aguas y por supuesto, aves y flora. Estas son solo algunas muestras de los desastres ocasionados.
Glaciares y el veto presidencial
Los 63 glaciares monitoreados en la región patagónica están en retroceso de forma más acelerada que la prevista por los estudios científicos. Nueve de estos están en Argentina.
Los glaciares aumentan su masa con grandes nevadas y temperaturas frescas en verano, mientras que se achican cuando los años son secos y muy cálidos. Los cambios climáticos, entonces, han acelerado su derretimiento. Es importante destacar que en la región central de los andes cordilleranos, cuando los años vienen secos, los glaciares suministran hasta el 70% de los caudales de los ríos. Es el caso de Mendoza y San Juan, porcentaje que se incrementa hasta el 85% si se considera la contribución de los glaciares cubiertos por detritos y de escombros (Leiva, 2004, 2007; Milana 1998). Este cálculo demuestra el papel fundamental en la regulación del recurso hídrico que se le otorga a las masas de hielo en los Andes Centrales.
Esto nos permite concluir que cuando el calentamiento global y el derretimiento acelerado de los glaciares son una realidad y preocupación de científicos de Argentina y otros lugares, es deber adoptar una actitud responsable para evitar catástrofes irreversibles.
Pero, paradójicamente, esto no es así en nuestro país, y pese a las sugerencias y declaraciones internacionales, los recursos hidrológicos son entregados a intereses privados sin más recaudos.
Uno de los proyecto más representativos de la minería a gran escala es Pascua Lama de Barrick Gold SA, compartido con Chile y Argentina que, pese a sus nefastos antecedentes y violaciones a los derechos humanos en varios lugares del planeta, se empeña – no sin apoyo de los gobiernos - en la remoción de glaciares para realizar la explotación de minerales que se encuentran debajo, situación que los científicos del mundo califican como una atrocidad.
Parte de la historia oscura de los negociados de la empresa en nuestro país, expondrìa la connivencia del senador Gioja – proveedor de la minera- y su hermano, gobernador de San Juan, quien se sabría que ha sido el promotor junto a la empresa, del veto de la Ley 26.148, conocida popularmente como Ley de Glaciares.
La ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, fue aprobada por el Congreso Nacional, y vetada a fines del año pasado por la presidenta Cristina F. de Kichner porque impedía la afectación de los glaciares y el ambiente periglacial de las cumbres cordilleranas con el fin de preservar el agua de esta importante fuente y garantizar, con fines estratégicos y geopolíticos, la provisión a futuro –en calidad y cantidad- de este recurso, evitando el progresivo avance de las industrias extractivas contaminantes sobre estos reservorios de agua dulce.
El veto presidencial dejó en evidencia tanto el poder de los lobbies de la transnacional minera, como la complicidad de algunos funcionarios.
Con posterioridad, el Poder Ejecutivo Nacional impulsó la formación de una comisión para su modificación - desairando las atribuciones del parlamento nacional- en la que se plantearon cambios que eliminan la protección al “ambiente periglacial”, el cual comprende las zonas donde se encuentran los hielos impermanentes, los suelos congelados de alta montaña que son fundamentales para la alimentación de los ríos, porque se congelan y descongelan, regulando el régimen hídrico.
Esas zonas, que podemos llamar fábricas de agua, son vitales para las comunidades aguas abajo y sus economías, sobre todo en periodos de sequía.
Peor aún, en la nueva ley propuesta, se establece que con una simple declaración de “interés público”, sería suficiente para que cualquier proyecto pueda instalarse y manipular los glaciares.
Una estrategia para evitar el nuevo tratamiento de la ley original, ha sido la presentación de cuatro proyectos sobre glaciares, lo que ha dificultado la discusión en el seno de la comisión legislativa.
Conclusión
La entrega de los recursos naturales ha sido una constante en los últimos años. En la década del 90 se sentaron, mayormente, las bases para la expoliación y saqueo de las riquezas de nuestro país a favor de las corporaciones transnacionales de la minería, el petróleo, las hidroeléctricas, las de la biotecnología – semillas y agroquímicos asociados- para la expansión de la soja y otros cultivos transgénicos, entre tantas concesiones legitimadas a través de leyes que garantizan seguridad jurídica, regalías irrisorias y eliminación de gravámenes.
Los gobiernos han mentido flagrantemente cada vez que justificaron la entrega en una mayor generación de empleo, desarrollo y riqueza para las regiones, pues no se consideraron –o no se quisieron considerar- las gravísimas externalidades –contaminación de agua, suelo, aire- de todas esas actividades, el sometimiento de nuestra economía nacional, el empobrecimiento y decaimiento de las economías regionales, la afectación social, la pérdida de la cultura y la calidad de vida de los pueblos, que un ambiente saludable brinda.
El agua constituye para las industrias enumeradas un mero recurso, un insumo necesario desde una mirada mercantilizada. Para los pueblos, el agua es un bien natural insustituible y vital, un derecho humano que conecta con la vida misma y la cultura de la tierra.
Nuestro país ha sido puesto de rodillas para priorizar intereses de capitales trasnacionales, concediendo todo, hasta el agua. Las limosnas que en forma habitual las empresas aportan a escuelas, hospitales y universidades – con el fin de que los pueblos olviden los enormes privilegios otorgados, son una humillación que no debemos permitir.
A través de la des – protección de los glaciares, nuestro país sigue regalando los bienes naturales que son de todos, a costa de la dependencia, la contaminación, la exclusión y el hambre de miles de argentinos.
Magdalena Odarda - Legisladora Provincial ARI CC RIO NEGRO
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