HIDROBOLETÍN FENTAP
Del 26 al 30 Octubre 2010 XIII Congreso Ordinario de la FENTAP en Cusco
Jueves, 24 de junio de 2010 – Año V – Edición 1026 – www.fentap.org.pe
La FENTAP informa:
· Aprueban denunciar a funcionarios de Sedapal y empresarios de TFKC Y MKC. Comisión de Fiscalización encontró indicios de comisión de delitos
· Hidrocomentario: Ambientalismo “Non Santo”
- México: UV presentará iniciativa de cambio climático a candidatos a gobernador
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Comisión de Fiscalización encontró indicios de comisión de delitos
Aprueban denunciar a funcionarios de Sedapal y empresarios de TFKC Y MKC
CONGRESODELAREPÚBLICA – 23/06/10.- La Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside José Vega Antonio (UPP), aprobó el miércoles 23 el informe final del proceso que abrió respecto al contrato de adquisición de dos plantas de tratamiento de aguas residuales modulares (PTARM) en San 
Bartolo, suscrito entre el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) y la empresa TFKC Reprex SAC (hoy MKC General Contractor of America SAC).
El documento concluye en que existen indicios razonables de la comisión de los delitos de colusión desleal, aprovechamiento indebido del cargo, contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica; incumplimiento de funciones y abuso de autoridad, previstos y penados en el Código Penal.
Por ello, recomienda denunciar ante el Ministerio Público a 17 ex y actuales funcionarios de SEDAPAL; a cuatro representantes de la firma brasileña, uno de cuyos principales accionistas es el ex jugador de fútbol Julio Andrade Moura, conocido como ‘Julinho’; y al alcalde de San Bartolo, Jorge Barthelmess Camino.
Entre los supuestos autores de los delitos mencionados figuran tres integrantes del directorio que aprobó la exoneración del proceso de licitación y dispusieron la adquisición de las PTARM por invitación directa; y cinco funcionarios que elaboraron el expediente técnico de contratación, las bases y términos de referencia, y ejecutaron las disposiciones dictadas por el directorio de SEDAPAL.
Entre los que serán denunciados figuran Víctor López Orihuela y Guillermo León Suematsu, presidente y ex presidente del directorio de SEDAPAL; Jorge Barco Martínez, gerente general; Ana Coletti Heredia, gerente de Proyectos y Obras; Hugo Salazar Neyra, ex gerente Zonal Sur; y Nelly Nakamatsu Nakamatsu, ex gerente de Recolección, Tratamiento y Disposición Final.
También están cuestionados Luz Sal y Rosas Gonzáles, secretaria general de la presidencia del directorio; Rubén Enzian Sansuy y Carlos Olle Nava, ex y actual gerente de Desarrollo, respectivamente, entre otros funcionarios.
De igual forma, están comprendidos en la medida ‘Julinho’ Andrade Moura y Alex Campos Medina, representantes de TFKC; y Aristóteles Moreira Filho y Reynaldo Kobylinski, gerente general y apoderado, respectivamente, de MKC General Contractor of America SAC, el nuevo nombre que sustituyó al de TFKC Reprex SAC.
El documento será remitido también al Ministerio de Vivienda y Construcción para que inicie los procesos administrativos del caso; y a la Contraloría General de la República para que informe sobre los procesos de adquisición o selección exonerados por SEDAPAL del cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrataciones yb Adquisiciones del Estado.
HIDROCOMENTARIO
Ambientalismo “Non Santo”
Por Rafael Colmenares
La campaña electoral que culminó con la elección de Juan Manuel Santos como nuevo Presidente de la República, tuvo como uno de sus referentes mas destacados el tema ambiental. No quiere ello decir, sin embargo, que el tratamiento dado al tema hubiera sido el mas serio posible.
El candidato “verde”, Antanas Mockus, aterrizó recientemente en un Partido “Verde” de poca tradición ambiental, salvo por algunos ex funcionarios de larga o reciente vinculación a la burocracia estatal que se ocupa del tema. Aunque la elaboración programática sobre el mismo se encargó a reconocidos ambientalistas el candidato poco alarde hizo de la misma y se dedicó mas bien a plantear la “legalidad democrática” como alternativa a la seguridad uribista. Al final trató de reivindicar la pertinencia de su opción presidencial ante la biodiversidad natural y cultural de Colombia pero no superó en ello la enunciación tipo “slogan”, dejando claro que su ubicación partidista obedece más a un cálculo electoral, al menos por lo visto hasta ahora, que a una convicción profunda. Mas avanzó en este sentido el candidato Petro quien propuso un “plan nacional de vida” acorde con las características tropicales, acuáticas, diversas climática y biológicamente, que articulan el territorio colombiano y planteo la necesidad de abandonar “los objetivos meramente extractivistas e inmediatistas que han jalonado la ocupación del territorio desde la colonia”.
Decidida la contienda en la segunda vuelta, corresponde ahora analizar lo propuesto por el ganador a fin de escudriñar que nos espera en esta materia, partiendo del supuesto de que las 110 iniciativas del “Buen gobierno para la prosperidad democrática” se desarrollen y cumplan.
Varias de las iniciativas de Santos se ocupan del tema, sin embargo, como se verá, adquieren importancia en función del proyecto desarrollista que inspira el conjunto de su programa. El punto 94 “Biodiversidad y Desarrollo”, lo deja claro: no obstante el reconocimiento del deterioro global del medio ambiente, se plantea a renglón seguido la protección de los ecosistemas estratégicos en función de la generación de “servicios ambientales”, la biodiversidad “como elemento de desarrollo” y el agua como elemento vital para la salud, la agricultura y la energía eléctrica. Es decir, continuaran las megahidroeléctricas, como el Quimbo, Hidrosogamoso y las tres de la Sierra Nevada de Santa Marta fuertemente cuestionadas por las comunidades y los pueblos indígenas. Los gobernantes del país “con mayor número de especies de flora y fauna por kilómetro cuadrado” no son capaces de ver en ello un valor intrínseco. Por el contrario “valorizan” la biodiversidad en función de su utilización, o explotación, para el desarrollo.
En la misma dirección anterior van las iniciativas de “Turismo por cielo, tierra y mar” y “Colombia, mejor destino turístico de Latinoamérica” que plantean el ecoturismo y el agroturismo al lado de la concepciones tradicionales de esta actividad, por cierto altamente destructiva del paisaje, en la cual se mezclan grandes puertos fluviales (¿dragados, trasvases, muelles?) en el moribundo Magdalena y el estratégico Amazonas, tal vez en función del “integrador” IIRSA, que también impulsan Brasil y Venezuela.
La iniciativa de “Usar bien la tierra y reforestar” (67), trae como novedad la expedición de un “estatuto de los derechos del territorio” que “restablezca sus funciones ambientales esenciales y regule los usos del suelo”. Una de las funciones del Ministerio de Medio Ambiente es precisamente la expedición y actualización del “estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio” (numeral 12 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993). Este instrumento clave para una política ambiental nunca fue expedido. Como es obvio implica un ejercicio de concertación y una autoridad ambiental fuerte. Se prefirió dejar el asunto sin definir, lo cual ha conducido a decisiones casuísticas en torno a obras y emprendimientos, a propósito del otorgamiento de las respectivas licencias ambientales. En la medida en que estas se han debilitado con las sucesivas reformas de los decretos que las reglamentan, en la medida en que mas temas se excluyen de este trámite en aras de la “confianza inversionista”, se facilita que los empresarios privados, las trasnacionales y el propio Estado hagan lo que quieran en los territorios que se estructuran en torno a ecosistemas a menudo frágiles.
No esta claro que significarían los “derechos del territorio” y en que se diferenciarían de los “derechos de la naturaleza”, reconocidos en las nuevas Constituciones de Bolivia y Ecuador. Si el territorio es una construcción social los derechos estarían en cabeza de quienes los habitan y los límites y los deberes los impone la propia lógica de la naturaleza a la cual deben adaptarse los humanos y no al contrario. Este es el sentido de los mencionados “derechos de la naturaleza” ya establecidos por los países mencionados.
En cuanto a las metas de reforestación, cien mil hectáreas por año resultan bastante modestas frente a la magnitud que este fenómeno ha alcanzado en el país, con las sucesivas ampliaciones de la frontera agrícola que se aproxima al 40% del territorio nacional. Preocupa la insistencia del Presidente electo en castigar las tierras “ociosas” lo cual ha significado, en el pasado, deforestación a fin de demostrar “mejoras” que eludan las consecuencias de dicha ociosidad. Sin suficiente claridad esto último bien podría anular los propósitos reforestadores. Al tiempo no se dice una palabra sobre las treinta millones de hectáreas destinadas a una ineficiente ganadería extensiva, ligada en muchos casos al narcotráfico y el paramilitarismo.
La fraseología ecológica del programa se contradice aún mas cuando en la iniciativa 30 se define la minería como uno de los cinco “sectores locomotora”, advirtiendo que “crecerá de manera compatible con la protección del medio ambiente”. Este propósito se reafirma cuando, en la iniciativa 92, se dice: “La minería se mantendrá como punta de lanza del país”, para lo cual “la regla de oro es atraer más inversionistas de talla mundial…”. El modelo esta claro: reprimarización de la economía, inversión extranjera transnacional y libre comercio.
La minería constituye hoy en día la principal amenaza para los ecosistemas colombianos y para la disponibilidad de agua en particular. Son numerosos los casos que lo demuestran y varios los artículos de prensa que lo advierten. Baste recordar el caso de la mina de La Colosa, en el páramo da Anaime, en fase de exploración por parte de al Anglo Gold Ashanti y la reciente denuncia del Gerente del Acueducto de Bucaramanga sobre la entrega en concesión minera del 80% por ciento del territorio reservado como fuente hídrica de la quinta ciudad del país. La “minería sostenible” simplemente no existe y menos en zonas frágiles como los páramos.
A lo anterior se añade que “Vamos a encontrar nuestro petróleo” (88), para “crecer y generar empleo”. Frente al reto del cambio climático el nuevo gobierno apuesta por los combustibles fósiles, entretanto las energías limpias solo se implementaran en las zonas no interconectadas (91) es decir marginales.
El reciente accidente de la British Petroleum en el Golfo de México ilustra los riesgos de la explotación petrolera en yacimientos de cada vez más difícil acceso y los límites de la tecnología, además de las presiones sobre los responsables de estas operaciones que en aras de la eficiencia hacen caso omiso de las alarmas. Un buen ejemplo de la imposibilidad de una “minería sostenible”, si quiera “responsable”.
La promesa de un “Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”, dejará contentos a algunos ambientalistas ante el evidente despropósito del Gobierno Uribe de fundir Vivienda, Desarrollo Territorio y Ambiente en una sola entidad y en detrimento, sobre todo, del último. Sin embargo la perspectiva desarrollista- estractivista de Santos no demorará en decepcionarlos de nuevo salvo que se opte por adornar de sostenible la minería.
El reto para los ambientalistas históricos será pues mayor, no solo continuar la batalla contra los atentados ambientales, que proliferan, sino diferenciarse de los recién llegados, verdes de ocasión.
HIDROMUNDO
MÉXICO
UV presentará iniciativa de cambio climático a candidatos a gobernador
www.proyectoveracruz.com - 21/06/2010.- La Universidad Veracruzana (UV) presentará a los candidatos a gobernador del estado una iniciativa de compromisos mínimos para enfrentar el cambio climático en Veracruz con el interés de que el próximo gobierno estatal los establezca como política pública.
Ayer, el rector de la UV, Raúl Arias Lovillo, y los científicos Adalberto Tejeda, Edgar González Gaudiano y Miguel Equihua presentaron a la comunidad universitaria el documento “Cambio climático y cambio de gobierno: compromisos mínimos para el futuro de Veracruz”, el cual resume el Programa Veracruzano ante el Cambio Climático (PVCC) coordinado por la propia Universidad.
Ahí, Arias Lovillo se refirió a la importancia de que tanto la próxima administración estatal como la oposición y la clase política en general asuman “la responsabilidad impostergable de impulsar la cabal ejecución, revisión, evaluación y actualización de dicho programa”.
Como se sabe, el PVCC fue coordinado por la UV con apoyo del Instituto Nacional de Ecología (INE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Embajada del Reino Unido en México, el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto de Ecología, AC (Inecol), y el Gobierno del Estado de Veracruz.
El científico Edgar González Gaudiano, especialista del Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) de la UV, aseguró que la dimensión social del cambio climático es uno de los componentes más desatendidos de las acciones que se han puesto en marcha para mitigarlo, y que esta tendencia es internacional.
Refirió un reporte de investigación elaborado por la Facultad de Psicología de la UNAM sobre percepciones sociales del cambio climático en cinco ciudades del país, Veracruz entre ellas, del que se desprende que entre los ciudadanos existe un gran desinterés y desinformación sobre el tema y que impera la creencia de que no les afectará de manera personal.
Asimismo, dijo que de acuerdo con estudios realizados, la mayoría de la gente piensa que hay cosas más urgentes que atender; que es un asunto de políticos y empresarios; que si bien lo perciben como algo complejo e inevitable, tienen la esperanza de que pueda resolverse mediante innovaciones tecnológicas. Sin embargo, agregó, la gente sí está dispuesta a cambiar sus hábitos y estilo de vida para disminuir los efectos del fenómeno.
En tanto, Miguel Equihua, investigador del Inecol, destacó que es necesario encontrar la forma de que el manejo y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales sea una realidad.
Señaló que el cambio climático es sólo una parte de los procesos de transformación del medio ambiente que se viven a nivel mundial y que el detonante de los mismos es el ser humano.
Expresó que los principales ejes de acción para garantizar el desarrollo sustentable de futuras generaciones deben enfocarse a: la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero; la conservación de la biodiversidad y de los servicios ambientales que ésta presta; garantizar la disponibilidad de agua y la adaptación -sobre todo- en los sistemas costeros.
El documento virtual “Cambio climático y cambio de gobierno: compromisos mínimos para el futuro de Veracruz” puede descargarse de:
http://www.uv.mx/noticias/eventos/Cambio%20climatico.pdf
“Defender el Agua es Defender la Vida”
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