BASES FENTAP
El abogado de la empresa Procesadora SAC. Alfredo Montenegro Bermeo, llegó hasta la redacción de Correo para fijar su posición respecto a los cuestionamientos que hizo a inicio de semana el Sindicato de Trabajadores de EPSEL sobre la transacción extrajudicial que celebró la empresa del agua con su representada, donde se le condona el pago de más de 750 mil soles, tras una sentencia judicial cuya ejecución estaba suspendido por apelación. El letrado, tras un análisis que hizo al tema, arribó a la conclusión que el Sistema Informático de EPSEL, tiene un software inapropiado, porque no rebaja las amortizaciones a cuenta de los recibos por consumo de agua que hacen los usuarios, generando intereses indebidos. Precisó que Procesadora SAC, se encuentra al día con sus pagos, quedando sólo pendiente el convenio de pago, resultando del acta de Acuerdos del 09 agosto de 2006, que vienen cumpliendo con las obligaciones. Refiere que la sentencia emitida el 12 de junio de 2006, por el Poder Judicial, fue apelada por Procesadora el 21 de junio 2006, por lo que el Juez resolvió con fecha 28 de junio 2006, conceder con efecto suspendido, la apelación que interpuso la parte demandada contra la sentencia contenida en la resolución Nº 13; por último el 14 de agosto de 2006 habiendo llegado Procesadora SAC y EPSEL a una transacción extrajudicial desestimó de la apelación formulada. El profesional refiere que todo lo sucedido y el alto consumo asumido, por cancelar elevados consumos de agua registrados indebidamente, Procesadora SAC mantienen tres suministros de agua que generan importantes ingresos de EPSEL.
Montenegro Bermeo en todo momento descartó que la empresa haya sido favorecida con la transacción extrajudicial, argumentando que a pesar de entregar todas las pruebas al Juez que analizó el juicio, el magistrado falló a favor de EPSEL. CORREO
LIMA
AGUA
La Comisión de Vivienda y Construcción inició el miércoles 30 el debate de un proyecto que propone excluir a la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) de las modalidades de promoción de la inversión privada en empresas del Estado. El común denominador de las intervenciones fue defender el fortalecimiento institucional de esa entidad para asegurar el mejor servicio posible a la población.
A la sesión dirigida por el congresista César Zumaeta Flores (PAP), presidente de ese grupo dictaminador, acudió, para emitir opinión sobre el proyecto, Martín Sifuentes Palacios, presidente del directorio ejecutivo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).
El funcionario precisó que el proyecto le resultaba algo contradictorio, al señalar que solo el artículo 1 de la propuesta se refería a la exclusión de SEDAPAL del proceso de privatización, en tanto que en gran parte de los otros artículos –dijo- se menciona que esa empresa pública debería estar fuera del control del FONAFE.
Sifuentes resaltó que era necesario mantener a SEDAPAL dentro del ámbito del FONAFE, propendiendo al mismo tiempo a su modernización y eficiencia para así poder estar en condiciones de asegurar la cobertura del servicio de agua y desagüe a la población.
Indicó que una eventual privatización de SEDAPAL resultaría un hecho muy peligroso para el sistema de las empresas públicas. Añadió que retirarla del ámbito del FONAFE no significa necesariamente que esa empresa se modernizará y será más eficiente. Mencionó, al respecto, las cifras que hablaban de los buenos resultados económicos obtenidos por esa empresa.
Al intervenir en el debate, el congresista Julio Herrera Pumayauli (PAP) dijo estar sorprendido por las afirmaciones de Sifuentes en el sentido de que se había otorgado aumentos a los trabajadores. Añadió que estaba convencido de que no es conveniente la privatización de SEDAPAL, y recordó que esa era una posición asumida por el partido de gobierno y por el actual mandatario.
Martha Moyano Delgado (GPF) apuntó que el agua es un recurso estratégico del país y su administración y manejo deben estar en manos del Estado. Señaló que, por ello, no estaba a favor de la privatización de SEDAPAL. Sin embargo, opinó que el tema debe merecer un debate más amplio que el realizado en una sola comisión parlamentaria.
Fréddy Serna Guzmán (UPP) expresó que el objetivo principal debe ser contar con una empresa (SEDAPAL) que sea viable, que plantee y programa debidamente su plan de inversiones.
En opinión del congresista Franklin Sánchez Ortiz (PAP), la empresa SEDAPAL no debería de ser excluida totalmente del proceso de privatización. Consideró que el sector privado puede participar en ella, pero no tomar las decisiones correspondientes. Subrayó que el tema debía de ser sometido a un análisis más amplio para establecer los reales alcances de la propuesta.
La Comisión de Vivienda y Construcción inició, de ese modo, el tratamiento de un tema crucial que tiene que ver con el destino de una de las empresas consideradas estratégicas en el país. Se anunció que a las próximas sesiones acudirán autoridades y funcionarios de otros organismos vinculados con la temática a fin de aportar en pro de lograr la mejor legislación posible en la materia. CDR
HIDROREGIONES
AGUA
Comunidades esperan la intervención del Estado para aclarar dudas sobre posible impacto ambiental.
La ejecución del proyecto minero Río Blanco, levantado en las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca, representa un potencial peligro medioambiental de siglos. La advertencia acaba de ser lanzada por la organización civil británica Perú Support Group (PSG) en una importante investigación sobre este proyecto de cobre que ejecuta la compañía minera Majaz.
El informe, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Oxfam International y CIPCA, señala que los efectos ambientales no se generarían principalmente por el manejo del cianuro, el mercurio y otros insumos tóxicos, sino por el drenaje de las aguas ácidas de la mina provocado por los desechos durante la explotación del mineral.
Según los planes de la empresa, los desechos serán apilados en seco en los valles contiguos a la mina, y los arroyos serán derivados por un conducto que pasará justamente por debajo de los desechos.
Si es que en el proceso estas aguas de los arroyos y otras superficiales sufren contaminación de las pilas de los desechos, el daño sería irreversible: se transformarían en aguas ácidas que pondrían en riesgo la salud de los pobladores y el medio ambiente.
"La contaminación causada por pilas de relaves y el desmonte deja un legado de contaminación tóxica que puede durar de décadas a siglos", revela el informe, basado en los hallazgos del geólogo Mark Williams.
El gerente de operaciones de Majaz, Andrew Bristow, dijo a La República que se "desplegará toda la tecnología para evitar daños y que además se mejorará el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)" que se presentará a fines de este año debido a que ahora la compañía cuenta con más recursos con el ingreso del consorcio chino Zijin.
PSG también advierte que debido a las constantes lluvias y movimientos sísmicos en la zona, los riesgos son mayores.
Hablan las comunidades
"Las comunidades temen que se destruyan las lagunas, se contaminen los ríos y se destruyan los páramos. No quieren que se inicie la explotación minera", declaró a este diario el presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión Pintado, a la cual pertenece la comunidad de Yanta, donde se levanta parte del proyecto Río Blanco.
Sin embargo, el informe de PSG señala que lo más probable es que se afecten las aguas que abastecen a Jaén y San Ignacio (Cajamarca) y que existan pocos efectos en los ríos que van a Piura. Por eso se recomienda que las provincias cajamarquinas también participen en los procesos de consulta para decidir el futuro de la mina.
Otra conclusión del estudio es que hay un "peligro real" de que Río Blanco, que ya ha cobrado la vida de dos campesinos, provoque más violencia y "la profundización de prácticas y políticas autoritarias en Huancabamba y Ayabaca".
Lo singular es que Majaz, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, que está a cargo del proyecto, ha abierto un camino de conflictos en plena etapa de exploración, es decir, cuando aún no se ha beneficiado de una onza de cobre y los efectos de la contaminación aún son una posibilidad. ¿Por qué?
El investigador Anthony Bebbington, de la Universidad de Manchester y miembro del equipo de PSG, plantea que al ser Monterrico Metals una empresa junior no cuenta con los recursos para comunicar de manera efectiva los beneficios del proyecto y apela a mecanismos que desarticulan los grupos sociales en la zona y aumentan la desconfianza.
En este contexto, Bebbington lanza una idea clave: "El mismo proceso de exploración ha afectado el tejido social y las instituciones democráticas que se necesitan para que el canon (el beneficio más directo que otorgaría la empresa a Piura), contribuya al desarrollo regional en un clima de consensos".
Para PSG si el Estado no mejora su presencia en la zona, en pocos años la región Piura podría convertirse en un terreno de conflicto como Cajamarca.
¿Ilegalidad y doble discurso?
PSG hace referencia al informe de la Defensoría del Pueblo en el que se concluye que el proyecto Río Blanco violó los derechos de propiedad de las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas.
La Defensoría hace alusión a las normas que exigen que la empresa cuente con la autorización de la Asamblea General de las comunidades para operar en sus tierras y el voto de los dos tercios de todos los miembros de la comunidad. Sin embargo, la gerente de Asuntos Legales de la empresa, Sandra Orihuela, respondió durante la presentación del informe de PSG, que sí contaban con dicha autorización en referencia a los acuerdos que habrían firmado las comunidades en 1997 con la minera peruana Coripacha, que cedió sus derechos a Majaz.
Este punto tendría que ser aclarado por el Ministerio de Energía y Minas, sobre todo porque dicho sector no ha considerado la opinión de la Defensoría que también forma parte del Estado. ¿Dos enfoques distintos desde el mismo aparato estatal? La República
El presidente del Comité de Monitoreo del Río Tingo Maygasbamba, Silverio Bautista, pidió a la Gerencia de Ecología y Medio Ambiente de la municipalidad provincial de Hualgayoc denunciar a aquellas mineras que vienen contaminando las aguas del citado afluente.
Bautista señaló que, desde hace varios meses, las aguas del río presentan un color amarillento, producto de los relaves que arrojan distintas compañías en la parte alta Hualgayoc.
Entre las empresas involucradas con este grave daño a la ecología, citó a las mineras Corona y San Nicolás, además de la sudafricana Gold Fields, que habrían incumplido su responsabilidad de preservar el equilibrio del medio ambiente.
Recordó que con las aguas del Tingo Maygasbamba se riegan los cultivos de más de 20 canales, además de servir al consumo humano. "Es un recurso hídrico muerto (...) se ha convertido en el río de la muerte", comentó.
"Sabemos que hay un compromiso con el Fondo Nacional del Ambiente para la construcción del canal de conducción (de relaves) y planta de tratamiento de las aguas ácidas pero eso no quiere decir que sea la solución", sentenció. CNR
EMPRESAS DE AGUA
ATUSA
Ante la negativa de la empresa Atusa de proporcionar información acerca de las obras que viene ejecutando como parte de la concesión ayer una comisión del Colegio de Ingenieros del Perú del Consejo Departamental de Tumbes inspeccionó los trabajos de saneamiento en la avenida Tumbes Norte cuadra 8 a la altura del Paseo Triunfino. El ing. Gilberto Banda Tantaleán, integrante del Consejo de Usuarios Norte manifestó que en reiteradas ocasiones han presentado oficios a la empresa de Aguas de Tumbes, pero les responden que deben solicitarlo ante la Dirección Regional de Saneamiento. Atusa indica que no puede proporcionar información porque estaría generando la posibilidad de que toda persona pueda utilizar estos datos como herramienta para cuestionar su labor. Agregó que también recurrió a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) pero en ping pong respondió que debía hacerlo la concesionaria.
No hay cartel ni ingeniero. Manifestó que a las 11 de la mañana un grupo de ingenieros acompañados por el decano, Luis Bermejo Requena, se constituyó al Paseo Triunfino donde se realizan los trabajos de cambio de red colectora, pero “no apreciamos ningún cartel, para colmo tampoco estaban el ingeniero residente, el supervisor y el maestro de obras, al parecer estas irregularidades se presentan en las diferentes calles que esta empresa está ejecutando”. CORREO
EPS GRAU
El Gerente General de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Carlos Sánchez Delgado, criticó a la EPS Grau por el mal servicio que viene ofreciendo a la población piurana; a la vez que invocó a sus directivos tomar las acciones más convenientes para optimizar su desempeño y evitar que amplios sectores de la población sigan siendo perjudicados por la ausencia prolongada de agua potable.
Tal parece que quisieran boicotear la recientemente aprobada concesión, manifestó.
Recomendó también a los principales directivos de la EPS Grau, como Carlos Pereyra, Presidente y Carlos Alva, Gerente General, den la cara a la ciudadanía y expongan los motivos reales que justifican el racionamiento y restricciones del servicio de agua potable.
A propósito, señaló que si la causa son los trabajos del Proyecto de Aguas Superficiales (PAS), compete a la Municipalidad de Piura tomar las previsiones para no poner en riesgo la salud y economía de los ciudadanos.
De otro lado, declaró que no ha de ser por falta de recursos que la EPS no da el debido mantenimiento a los equipos, ya que por encontrarse en reestructuración patrimonial en INDECOPI, dispone de liquidez suficiente.
Asimismo indicó que le llamaba la atención que SUNASS no haya intervenido, frente al maltrato del que han sido objeto miles de usuarios. El Regional de Piura
SEDA HUANUCO
Esta vez han vulnerando los derechos de los ciudadanos usuarios, al facturar sin criterio alguno el consumo de agua, triplicando la facturación sin ningún sustento legal.
Susana Villanueva, durante todo el 2006 tenia un consumo promedio de nueve metros cúbicos, y en enero de 2007 de forma inaudita le triplicaron el consumo de agua, hasta alcanzar un promedio de 25 metros cúbicos, como si por arte de magia la familia se hubiera multiplicado en un mes, y la vivienda milagrosamente empezó a necesitar mas liquido vital.
¿Cómo explicar que teniendo el mismo ritmo de consumo de agua por varios meses consecutivos, se pueda triplicar de un mes a otro?
Al percatarse de la diferencia abismal, la usuaria, solicitó explicaciones a través de un documento formal a la Oficina de la Gerencia Comercial de Seda Huanuco. Sin embargo Manuel Robles un desubicado e incapaz Gerente de Seda Huánuco no pudo dar explicación alguna, ante la negligencia que había cometido y en lugar de hacer un mea culpa ignoro todo reclamo. Y como estamos hablando de milagros, volvió a suceder otro, la ineficiencia de la máxima autoridad de este organismo se trasladado a sus empleados quienes con el fin de encubrir a su todopoderoso Gerente, no tuvieron mejor idea que distorsionar y “pasear” al usuario de oficina en oficina hasta que se aburra o desista en su accionar.
Al no tener respuesta, la usuario se vio obligada a recurrir a la Defensoría del Pueblo, quien en lugar de mostrarse enérgica ante las injusticias que se comente contra los ciudadanos, no tuvo mejor idea que guardar silencio, como quien dice: “conmigo no es el problema”. ¿Donde acudir cuando nuestros derechos son vulnerados?, este accionar de la Defensoría del Pueblo mostró una vez mas que todo organismo del estado esta en un lamentable estado de putrefacción, haciendo caso omiso ante los reclamos de los ciudadanos.
El caso de Susana Villanueva, es solo uno de los cientos de usuarios que constantemente reclaman por sus derechos a esta empresa que realiza cobros excesivos e injustificados y para ponerle la cereza al pastel de su ineficacia maltratan al usuario que va ha reclamar lo justo.
Pero como si esto fuera poco, los funcionarios de esta institución, pierden y traspapelan los expedientes de las quejas y reclamos de los usuarios, demostrando total ineficiencia y un espíritu de complicidad entre ellos. Tal como le sucedió a Javier Velásquez, quien presentó un documento hace varias semanas y cuando fue ha hacer el seguimiento respectivo se dio con la sorpresa que dicho expediente no existía.
Posteriormente, aprovechando que Javier Velásquez fue a solicitar la respuesta a su queja, con astucia los trabajadores de Seda Huanuco, solicitaron el cargo de éstA, sacándole copia al documento para armar un nuevo expediente.
Es muy extraño que justamente los reclamos y quejas se pierdan en esta oficina, pareciera que la famosa frase de otorongo no come otorongo se aplica nivel nacional, o será que es tan grande la ineptitud de los trabajadores de esta institución que no se percatan de su constante error.
Esperamos que este asunto sea analizado e investigados por las autoridades competentes y se haga una evaluación de los funcionarios,
No es posible los ciudadanos huanuqueños tengamos que asumir con resignación la ineptitud y el desconocimiento de sus funciones e incluso de las normas de quienes laboran en Seda Huanuco. www.agenciaorbita.com
SEDALIB
El alcalde provincial César Acuña Peralta dio a conocer los nombres de quienes serán los nuevos representantes de la Municipalidad de Trujillo ante el directorio de la empresa de saneamiento SEDALIB. Se trata de Manuel Llempén Coronel y Miltón Arrascue Rivera.
El primero de ellos fue gerente de ESSALUD en nuestra ciudad y actualmente viene laborando como funcionario en la Municipalidad Provincial de Lima; en tanto que Arrascue Rivera ocupa un alto cargo en una prestigiosa universidad local.
Acuña Peralta reiteró igualmente su voluntad de allanarse, por ahora, al Decreto Supremo 010/VIVIENDA, el que cambia la conformación del directorio de la empresa de saneamiento de La Libertad, dejando sin representantes a varias municipalidades del departamento.
“Lo realmente importante es que cuanto antes se llame a Junta de Accionistas y se proceda a elegir al nuevo directorio, pero seguiremos exigiendo que se respete la autonomía municipal”, puntualizó.
Adelantó que dos los principales planteamientos que llevará a esta reunión serán la defensa de la autonomía edil y fortalecer a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento que arrastran millonarias deudas desde hace muchos años.
El 9 de junio vamos a reunirnos los representantes de las 54 municipalidades afectadas por las modificatorias del citado Decreto para exigir el compromiso de derogarlo. “Muchos alcaldes han comprometido su presencia y ya manifestaron su adhesión a lo que estamos planteando”, agregó. www.noticiastrujillo.com
HIDROMUNDO
ITALIA
Italia retiró su apoyo al fondo para “Servicios de Asesoramiento para Infraestructuras Público-Privadas (PPIAF, por sus siglas en inglés)”, organismo del Banco Mundial que promueve la participación privada en el sector del agua. El gobierno italiano alertó que deben analizarse las consecuencias negativas de las privatizaciones en ese sector.
De esta forma Italia sigue los pasos del gobierno noruego, que en febrero decidió finalizar el 30 de junio sus contribuciones al PPIAF, porque no considera que el organismo facilite el acceso de las personas más pobres al agua y a los servicios de saneamiento.
Italia anunció la cancelación del apoyo al PPIAF el 22 de mayo. Ese día la viceministra italiana de cooperación para el desarrollo, Patrizia Sentinelli, dijo que “el agua no es una mercancía y debemos trabajar para sacarla de la lógica de la privatización”, según informa el medio europeo EUObserver.
“Pienso que es crucial tener un debate internacional sobre las consecuencias negativas de la presión a favor de la privatización en sectores tan sensibles como los que implican a nuestros bienes comunes”, agregó Sentinelli.
“Espero que esta señal política (la decisión adoptada por Italia), junto a la de otros gobiernos, reabra el debate internacional sobre estos temas”, sentenció la viceministra italiana.
Los donantes del PPIAF ahora son el Banco Asiático de Desarrollo, la Comisión Europea, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Holanda, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, además del propio Banco Mundial.
El impulso del PPIAF a la participación de empresas privadas en la prestación de servicios de agua y saneamiento en países pobres ha despertado el rechazo de entidades sociales de diversos países. Pocos días antes del anuncio del gobierno italiano más de 130 organizaciones de 48 países habían solicitado a los donantes del PPIAF que dejaran de financiar al organismo.
Diversas organizaciones sociales, ambientalistas y sindicatos, entre las que se destacaron el Observatorio de Corporaciones de Europa, el Instituto Transnacional de Holanda y Amigos de la Tierra Internacional, expresaron en carta abierta que el PPIAF facilita la participación privada en el sector del agua sin que eso signifique mejores posibilidades de acceso al recurso para los sectores sociales más desfavorecidos.
“Las pruebas demuestran que el sector privado se ha mostrado renuente a comprometer fondos para conectar a las personas más pobres a agua limpia... Nuestra conclusión es que la ayuda podría ser utilizada de manera más eficiente y le pedimos a los donantes que retiren el financiamiento”, expresó la solicitud.
Las organizaciones consideraron además que el PPIAF socava el derecho de los países pobres a decidir cómo administrar sus servicios públicos. www.radiomundoreal.fm
HIDROLINKS
Congreso Internacional de Agua Potable y Saneamiento comenzó en Pereira
http://www.eltiempo.com/nacion/cafe/2007-05-31/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3576320.html
Cuidar la Amazonía, desafío para la evangelización
http://www.telesurtv.net/secciones/notasdeopinion/index.php?ckl=207
Ríos en peligro
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=043157&Parte=0
Cajamarca presenta “ Los Perolitos” como Monumento al Agua
http://www.buscasalud.com/boletin/noticias/2007_05_29_23_20_36.html
HIDROALERTA
Demandan a la provincia por 310 millones de dólares
Diez funcionarios santafesinos fueron citados en Washington por la salida de Suez de Aguas Provinciales.
Encabezados por el ministro de Hacienda, Walter Agosto, una delegación de 12 funcionarios provinciales viajó a Washington citados por el Banco Mundial en el marco del juicio que el grupo francés Suez le inició al Estado argentino por la abrupta y fallida salida de sus negocios en el país tras la salida de la convertibilidad.
Para Santa Fe no se trata de un tema menor porque Suez (que controlaba Aguas de Santa Fe) le reclama a la provincia 310 millones de dólares por el congelamiento y la pesificación de las tarifas.
Suez también denunció incumplimientos del gobierno sobre las concesiones de Aguas Argentinas y Aguas Cordobesas, también haciendo eje en la no actualización de las tarifas. En total le demanda a la Argentina 1700 millones de dólares
Es que según los franceses sin el aumento de tarifas (impulsado por la suba de costos tras la devaluación) era imposible cumplir con la prestación de los servicios y la realización de las obras comprometidas en los contratos.
Pero, en el caso de Aguas Provinciales, el gobierno provincial, en sintonía con las directivas de la Casa Rosada, apostó por la re-estatización de la compañía argumentando que se podía mantener normalmente la prestación del servicio sin tocar el esquema tarifario y que, en rigor, el pedido de suba de Suez era para que no caiga el nivel de divisas giradas a la casa matriz (muy afectado por la devaluación).
La defensa de la Argentina ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial que lleva el caso, corresponde a la Procuración del Tesoro de la Nación, ya que el juicio es contra el Estado nacional y no contra el gobierno provincial.
Diez de los santafesinos fueron citados en calidad de testigos y los dos restantes (Liliana Campomanes y Francisco Iturraspe) van como representantes del Estado santafesino.
Además de Agosto, están Edgardo Fiol (secretario de Obras Públicas) y el presidente del directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS)
Suez operó en Santa Fe hasta febrero de 2006, cuando el gobierno provincial le bajó el pulgar (impidiendo la venta de acciones a un grupo nacional bautizado Aguas de Alberdi) y entre las partes ni siquiera hubo acuerdo sobre los términos y la naturaleza de la desvinculación contractual. Fuente: Punto Biz
Un organismo de DD.HH. recoge pruebas en contra de INTERAGUA
La imagen de las miles de casitas construidas en las riberas del estero Salado acompañó a cuatro norteamericanos de la organización de Derechos Humanos Unitarian Universalist Service Committee, quienes ayer recorrieron este brazo de mar, en Guayaquil.
El viaje se inició en la Playita del Guasmo, al sur. En un pequeño bote a motor, cruzaron hasta el puente de la calle Portete, en el Suburbio de la ciudad.
Las decenas de kilómetros de manglar sin talar que aún subsisten a lo largo de toda la zona contrastan con el gran cordón de miseria que se extiende en las orillas del estero Salado.
Allí observaron pequeñas casas de caña levantadas sobre palos de mangle o madera casi podridos; niños jugando en medio del lodo y la basura. Además, varios adultos pescando mejillones, sumergidos en el agua negra y con mal olor.
"Es algo inhumano", dijo Josehp Lyons Santos, uno de los miembros de la organización, mientras observaba cómo se descargaba agua turbia, desde un gran tubo, directamente al estero.
"Esas son tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial", señaló César Cárdenas, presidente del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. Él dice que la descarga de aguas servidas y de lluvias se hace sin ningún tipo de tratamiento y contamina aún más ese recurso natural.
Patricia Jones, miembro de la organización, vio cómo junto a las tuberías no había rastro de vida animal. Esto, pese a que en todo el recorrido observó garzas nadando y restos de conchitas de mejillones incrustadas en el mangle.
"Es sorprendente cómo la elevada temperatura y el alto nivel de contaminación no deja vivir a esos animalitos", comentó.
Esta delegación llegó a la ciudad el pasado martes para recoger pruebas contra la concesionaria del agua potable y del alcantarillado, INTERAGUA. Las pruebas servirán para instaurar una demanda ante organismos internacionales, por una posible violación de los derechos humanos. "Conocimos del caso de la empresa en México, cuando el Observatorio presentó el brote de hepatitis en muchos menores", explicó Jones.
La investigación empezó el pasado miércoles en la escuela Alberto Perdomo, donde se registró el mayor número de afectados por la enfermedad. Jones es abogada y califica este caso como una violación al derecho de acceso al agua.
"Hemos visto que aquí las autoridades no asumen su responsabilidad, no solo por la falta de tratamiento de estas aguas, sino por los niños que aún tienen secuelas de la hepatitis y nadie se preocupa por darles siquiera medicinas".
Varios técnicos de la organización ratificaron que el brote de hepatitis fue ocasionado por la mala calidad del agua. El análisis fue realizado en EE.UU. Se descartó que el mal estado de las cisternas haya causado el brote.
Un informe sobre la visita al país será entregado a la empresa Betchel, subsidiaria de INTERAGUA, para lograr algún tipo de indemnización para los afectados por la enfermedad.
Hoy, la delegación recorrerá los barrios populares del noroeste, donde aún no existen conexiones de agua potable ni de alcantarillado sanitario y pluvial. EL COMERCIO DE ECUADOR
El abogado de la empresa Procesadora SAC. Alfredo Montenegro Bermeo, llegó hasta la redacción de Correo para fijar su posición respecto a los cuestionamientos que hizo a inicio de semana el Sindicato de Trabajadores de EPSEL sobre la transacción extrajudicial que celebró la empresa del agua con su representada, donde se le condona el pago de más de 750 mil soles, tras una sentencia judicial cuya ejecución estaba suspendido por apelación. El letrado, tras un análisis que hizo al tema, arribó a la conclusión que el Sistema Informático de EPSEL, tiene un software inapropiado, porque no rebaja las amortizaciones a cuenta de los recibos por consumo de agua que hacen los usuarios, generando intereses indebidos. Precisó que Procesadora SAC, se encuentra al día con sus pagos, quedando sólo pendiente el convenio de pago, resultando del acta de Acuerdos del 09 agosto de 2006, que vienen cumpliendo con las obligaciones. Refiere que la sentencia emitida el 12 de junio de 2006, por el Poder Judicial, fue apelada por Procesadora el 21 de junio 2006, por lo que el Juez resolvió con fecha 28 de junio 2006, conceder con efecto suspendido, la apelación que interpuso la parte demandada contra la sentencia contenida en la resolución Nº 13; por último el 14 de agosto de 2006 habiendo llegado Procesadora SAC y EPSEL a una transacción extrajudicial desestimó de la apelación formulada. El profesional refiere que todo lo sucedido y el alto consumo asumido, por cancelar elevados consumos de agua registrados indebidamente, Procesadora SAC mantienen tres suministros de agua que generan importantes ingresos de EPSEL.
Montenegro Bermeo en todo momento descartó que la empresa haya sido favorecida con la transacción extrajudicial, argumentando que a pesar de entregar todas las pruebas al Juez que analizó el juicio, el magistrado falló a favor de EPSEL. CORREO
LIMA
AGUA
La Comisión de Vivienda y Construcción inició el miércoles 30 el debate de un proyecto que propone excluir a la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) de las modalidades de promoción de la inversión privada en empresas del Estado. El común denominador de las intervenciones fue defender el fortalecimiento institucional de esa entidad para asegurar el mejor servicio posible a la población.
A la sesión dirigida por el congresista César Zumaeta Flores (PAP), presidente de ese grupo dictaminador, acudió, para emitir opinión sobre el proyecto, Martín Sifuentes Palacios, presidente del directorio ejecutivo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).
El funcionario precisó que el proyecto le resultaba algo contradictorio, al señalar que solo el artículo 1 de la propuesta se refería a la exclusión de SEDAPAL del proceso de privatización, en tanto que en gran parte de los otros artículos –dijo- se menciona que esa empresa pública debería estar fuera del control del FONAFE.
Sifuentes resaltó que era necesario mantener a SEDAPAL dentro del ámbito del FONAFE, propendiendo al mismo tiempo a su modernización y eficiencia para así poder estar en condiciones de asegurar la cobertura del servicio de agua y desagüe a la población.
Indicó que una eventual privatización de SEDAPAL resultaría un hecho muy peligroso para el sistema de las empresas públicas. Añadió que retirarla del ámbito del FONAFE no significa necesariamente que esa empresa se modernizará y será más eficiente. Mencionó, al respecto, las cifras que hablaban de los buenos resultados económicos obtenidos por esa empresa.
Al intervenir en el debate, el congresista Julio Herrera Pumayauli (PAP) dijo estar sorprendido por las afirmaciones de Sifuentes en el sentido de que se había otorgado aumentos a los trabajadores. Añadió que estaba convencido de que no es conveniente la privatización de SEDAPAL, y recordó que esa era una posición asumida por el partido de gobierno y por el actual mandatario.
Martha Moyano Delgado (GPF) apuntó que el agua es un recurso estratégico del país y su administración y manejo deben estar en manos del Estado. Señaló que, por ello, no estaba a favor de la privatización de SEDAPAL. Sin embargo, opinó que el tema debe merecer un debate más amplio que el realizado en una sola comisión parlamentaria.
Fréddy Serna Guzmán (UPP) expresó que el objetivo principal debe ser contar con una empresa (SEDAPAL) que sea viable, que plantee y programa debidamente su plan de inversiones.
En opinión del congresista Franklin Sánchez Ortiz (PAP), la empresa SEDAPAL no debería de ser excluida totalmente del proceso de privatización. Consideró que el sector privado puede participar en ella, pero no tomar las decisiones correspondientes. Subrayó que el tema debía de ser sometido a un análisis más amplio para establecer los reales alcances de la propuesta.
La Comisión de Vivienda y Construcción inició, de ese modo, el tratamiento de un tema crucial que tiene que ver con el destino de una de las empresas consideradas estratégicas en el país. Se anunció que a las próximas sesiones acudirán autoridades y funcionarios de otros organismos vinculados con la temática a fin de aportar en pro de lograr la mejor legislación posible en la materia. CDR
HIDROREGIONES
AGUA
Comunidades esperan la intervención del Estado para aclarar dudas sobre posible impacto ambiental.
La ejecución del proyecto minero Río Blanco, levantado en las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca, representa un potencial peligro medioambiental de siglos. La advertencia acaba de ser lanzada por la organización civil británica Perú Support Group (PSG) en una importante investigación sobre este proyecto de cobre que ejecuta la compañía minera Majaz.
El informe, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Oxfam International y CIPCA, señala que los efectos ambientales no se generarían principalmente por el manejo del cianuro, el mercurio y otros insumos tóxicos, sino por el drenaje de las aguas ácidas de la mina provocado por los desechos durante la explotación del mineral.
Según los planes de la empresa, los desechos serán apilados en seco en los valles contiguos a la mina, y los arroyos serán derivados por un conducto que pasará justamente por debajo de los desechos.
Si es que en el proceso estas aguas de los arroyos y otras superficiales sufren contaminación de las pilas de los desechos, el daño sería irreversible: se transformarían en aguas ácidas que pondrían en riesgo la salud de los pobladores y el medio ambiente.
"La contaminación causada por pilas de relaves y el desmonte deja un legado de contaminación tóxica que puede durar de décadas a siglos", revela el informe, basado en los hallazgos del geólogo Mark Williams.
El gerente de operaciones de Majaz, Andrew Bristow, dijo a La República que se "desplegará toda la tecnología para evitar daños y que además se mejorará el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)" que se presentará a fines de este año debido a que ahora la compañía cuenta con más recursos con el ingreso del consorcio chino Zijin.
PSG también advierte que debido a las constantes lluvias y movimientos sísmicos en la zona, los riesgos son mayores.
Hablan las comunidades
"Las comunidades temen que se destruyan las lagunas, se contaminen los ríos y se destruyan los páramos. No quieren que se inicie la explotación minera", declaró a este diario el presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión Pintado, a la cual pertenece la comunidad de Yanta, donde se levanta parte del proyecto Río Blanco.
Sin embargo, el informe de PSG señala que lo más probable es que se afecten las aguas que abastecen a Jaén y San Ignacio (Cajamarca) y que existan pocos efectos en los ríos que van a Piura. Por eso se recomienda que las provincias cajamarquinas también participen en los procesos de consulta para decidir el futuro de la mina.
Otra conclusión del estudio es que hay un "peligro real" de que Río Blanco, que ya ha cobrado la vida de dos campesinos, provoque más violencia y "la profundización de prácticas y políticas autoritarias en Huancabamba y Ayabaca".
Lo singular es que Majaz, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, que está a cargo del proyecto, ha abierto un camino de conflictos en plena etapa de exploración, es decir, cuando aún no se ha beneficiado de una onza de cobre y los efectos de la contaminación aún son una posibilidad. ¿Por qué?
El investigador Anthony Bebbington, de la Universidad de Manchester y miembro del equipo de PSG, plantea que al ser Monterrico Metals una empresa junior no cuenta con los recursos para comunicar de manera efectiva los beneficios del proyecto y apela a mecanismos que desarticulan los grupos sociales en la zona y aumentan la desconfianza.
En este contexto, Bebbington lanza una idea clave: "El mismo proceso de exploración ha afectado el tejido social y las instituciones democráticas que se necesitan para que el canon (el beneficio más directo que otorgaría la empresa a Piura), contribuya al desarrollo regional en un clima de consensos".
Para PSG si el Estado no mejora su presencia en la zona, en pocos años la región Piura podría convertirse en un terreno de conflicto como Cajamarca.
¿Ilegalidad y doble discurso?
PSG hace referencia al informe de la Defensoría del Pueblo en el que se concluye que el proyecto Río Blanco violó los derechos de propiedad de las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas.
La Defensoría hace alusión a las normas que exigen que la empresa cuente con la autorización de la Asamblea General de las comunidades para operar en sus tierras y el voto de los dos tercios de todos los miembros de la comunidad. Sin embargo, la gerente de Asuntos Legales de la empresa, Sandra Orihuela, respondió durante la presentación del informe de PSG, que sí contaban con dicha autorización en referencia a los acuerdos que habrían firmado las comunidades en 1997 con la minera peruana Coripacha, que cedió sus derechos a Majaz.
Este punto tendría que ser aclarado por el Ministerio de Energía y Minas, sobre todo porque dicho sector no ha considerado la opinión de la Defensoría que también forma parte del Estado. ¿Dos enfoques distintos desde el mismo aparato estatal? La República
El presidente del Comité de Monitoreo del Río Tingo Maygasbamba, Silverio Bautista, pidió a la Gerencia de Ecología y Medio Ambiente de la municipalidad provincial de Hualgayoc denunciar a aquellas mineras que vienen contaminando las aguas del citado afluente.
Bautista señaló que, desde hace varios meses, las aguas del río presentan un color amarillento, producto de los relaves que arrojan distintas compañías en la parte alta Hualgayoc.
Entre las empresas involucradas con este grave daño a la ecología, citó a las mineras Corona y San Nicolás, además de la sudafricana Gold Fields, que habrían incumplido su responsabilidad de preservar el equilibrio del medio ambiente.
Recordó que con las aguas del Tingo Maygasbamba se riegan los cultivos de más de 20 canales, además de servir al consumo humano. "Es un recurso hídrico muerto (...) se ha convertido en el río de la muerte", comentó.
"Sabemos que hay un compromiso con el Fondo Nacional del Ambiente para la construcción del canal de conducción (de relaves) y planta de tratamiento de las aguas ácidas pero eso no quiere decir que sea la solución", sentenció. CNR
EMPRESAS DE AGUA
ATUSA
Ante la negativa de la empresa Atusa de proporcionar información acerca de las obras que viene ejecutando como parte de la concesión ayer una comisión del Colegio de Ingenieros del Perú del Consejo Departamental de Tumbes inspeccionó los trabajos de saneamiento en la avenida Tumbes Norte cuadra 8 a la altura del Paseo Triunfino. El ing. Gilberto Banda Tantaleán, integrante del Consejo de Usuarios Norte manifestó que en reiteradas ocasiones han presentado oficios a la empresa de Aguas de Tumbes, pero les responden que deben solicitarlo ante la Dirección Regional de Saneamiento. Atusa indica que no puede proporcionar información porque estaría generando la posibilidad de que toda persona pueda utilizar estos datos como herramienta para cuestionar su labor. Agregó que también recurrió a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) pero en ping pong respondió que debía hacerlo la concesionaria.
No hay cartel ni ingeniero. Manifestó que a las 11 de la mañana un grupo de ingenieros acompañados por el decano, Luis Bermejo Requena, se constituyó al Paseo Triunfino donde se realizan los trabajos de cambio de red colectora, pero “no apreciamos ningún cartel, para colmo tampoco estaban el ingeniero residente, el supervisor y el maestro de obras, al parecer estas irregularidades se presentan en las diferentes calles que esta empresa está ejecutando”. CORREO
EPS GRAU
El Gerente General de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Carlos Sánchez Delgado, criticó a la EPS Grau por el mal servicio que viene ofreciendo a la población piurana; a la vez que invocó a sus directivos tomar las acciones más convenientes para optimizar su desempeño y evitar que amplios sectores de la población sigan siendo perjudicados por la ausencia prolongada de agua potable.
Tal parece que quisieran boicotear la recientemente aprobada concesión, manifestó.
Recomendó también a los principales directivos de la EPS Grau, como Carlos Pereyra, Presidente y Carlos Alva, Gerente General, den la cara a la ciudadanía y expongan los motivos reales que justifican el racionamiento y restricciones del servicio de agua potable.
A propósito, señaló que si la causa son los trabajos del Proyecto de Aguas Superficiales (PAS), compete a la Municipalidad de Piura tomar las previsiones para no poner en riesgo la salud y economía de los ciudadanos.
De otro lado, declaró que no ha de ser por falta de recursos que la EPS no da el debido mantenimiento a los equipos, ya que por encontrarse en reestructuración patrimonial en INDECOPI, dispone de liquidez suficiente.
Asimismo indicó que le llamaba la atención que SUNASS no haya intervenido, frente al maltrato del que han sido objeto miles de usuarios. El Regional de Piura
SEDA HUANUCO
Esta vez han vulnerando los derechos de los ciudadanos usuarios, al facturar sin criterio alguno el consumo de agua, triplicando la facturación sin ningún sustento legal.
Susana Villanueva, durante todo el 2006 tenia un consumo promedio de nueve metros cúbicos, y en enero de 2007 de forma inaudita le triplicaron el consumo de agua, hasta alcanzar un promedio de 25 metros cúbicos, como si por arte de magia la familia se hubiera multiplicado en un mes, y la vivienda milagrosamente empezó a necesitar mas liquido vital.
¿Cómo explicar que teniendo el mismo ritmo de consumo de agua por varios meses consecutivos, se pueda triplicar de un mes a otro?
Al percatarse de la diferencia abismal, la usuaria, solicitó explicaciones a través de un documento formal a la Oficina de la Gerencia Comercial de Seda Huanuco. Sin embargo Manuel Robles un desubicado e incapaz Gerente de Seda Huánuco no pudo dar explicación alguna, ante la negligencia que había cometido y en lugar de hacer un mea culpa ignoro todo reclamo. Y como estamos hablando de milagros, volvió a suceder otro, la ineficiencia de la máxima autoridad de este organismo se trasladado a sus empleados quienes con el fin de encubrir a su todopoderoso Gerente, no tuvieron mejor idea que distorsionar y “pasear” al usuario de oficina en oficina hasta que se aburra o desista en su accionar.
Al no tener respuesta, la usuario se vio obligada a recurrir a la Defensoría del Pueblo, quien en lugar de mostrarse enérgica ante las injusticias que se comente contra los ciudadanos, no tuvo mejor idea que guardar silencio, como quien dice: “conmigo no es el problema”. ¿Donde acudir cuando nuestros derechos son vulnerados?, este accionar de la Defensoría del Pueblo mostró una vez mas que todo organismo del estado esta en un lamentable estado de putrefacción, haciendo caso omiso ante los reclamos de los ciudadanos.
El caso de Susana Villanueva, es solo uno de los cientos de usuarios que constantemente reclaman por sus derechos a esta empresa que realiza cobros excesivos e injustificados y para ponerle la cereza al pastel de su ineficacia maltratan al usuario que va ha reclamar lo justo.
Pero como si esto fuera poco, los funcionarios de esta institución, pierden y traspapelan los expedientes de las quejas y reclamos de los usuarios, demostrando total ineficiencia y un espíritu de complicidad entre ellos. Tal como le sucedió a Javier Velásquez, quien presentó un documento hace varias semanas y cuando fue ha hacer el seguimiento respectivo se dio con la sorpresa que dicho expediente no existía.
Posteriormente, aprovechando que Javier Velásquez fue a solicitar la respuesta a su queja, con astucia los trabajadores de Seda Huanuco, solicitaron el cargo de éstA, sacándole copia al documento para armar un nuevo expediente.
Es muy extraño que justamente los reclamos y quejas se pierdan en esta oficina, pareciera que la famosa frase de otorongo no come otorongo se aplica nivel nacional, o será que es tan grande la ineptitud de los trabajadores de esta institución que no se percatan de su constante error.
Esperamos que este asunto sea analizado e investigados por las autoridades competentes y se haga una evaluación de los funcionarios,
No es posible los ciudadanos huanuqueños tengamos que asumir con resignación la ineptitud y el desconocimiento de sus funciones e incluso de las normas de quienes laboran en Seda Huanuco. www.agenciaorbita.com
SEDALIB
El alcalde provincial César Acuña Peralta dio a conocer los nombres de quienes serán los nuevos representantes de la Municipalidad de Trujillo ante el directorio de la empresa de saneamiento SEDALIB. Se trata de Manuel Llempén Coronel y Miltón Arrascue Rivera.
El primero de ellos fue gerente de ESSALUD en nuestra ciudad y actualmente viene laborando como funcionario en la Municipalidad Provincial de Lima; en tanto que Arrascue Rivera ocupa un alto cargo en una prestigiosa universidad local.
Acuña Peralta reiteró igualmente su voluntad de allanarse, por ahora, al Decreto Supremo 010/VIVIENDA, el que cambia la conformación del directorio de la empresa de saneamiento de La Libertad, dejando sin representantes a varias municipalidades del departamento.
“Lo realmente importante es que cuanto antes se llame a Junta de Accionistas y se proceda a elegir al nuevo directorio, pero seguiremos exigiendo que se respete la autonomía municipal”, puntualizó.
Adelantó que dos los principales planteamientos que llevará a esta reunión serán la defensa de la autonomía edil y fortalecer a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento que arrastran millonarias deudas desde hace muchos años.
El 9 de junio vamos a reunirnos los representantes de las 54 municipalidades afectadas por las modificatorias del citado Decreto para exigir el compromiso de derogarlo. “Muchos alcaldes han comprometido su presencia y ya manifestaron su adhesión a lo que estamos planteando”, agregó. www.noticiastrujillo.com
HIDROMUNDO
ITALIA
Italia retiró su apoyo al fondo para “Servicios de Asesoramiento para Infraestructuras Público-Privadas (PPIAF, por sus siglas en inglés)”, organismo del Banco Mundial que promueve la participación privada en el sector del agua. El gobierno italiano alertó que deben analizarse las consecuencias negativas de las privatizaciones en ese sector.
De esta forma Italia sigue los pasos del gobierno noruego, que en febrero decidió finalizar el 30 de junio sus contribuciones al PPIAF, porque no considera que el organismo facilite el acceso de las personas más pobres al agua y a los servicios de saneamiento.
Italia anunció la cancelación del apoyo al PPIAF el 22 de mayo. Ese día la viceministra italiana de cooperación para el desarrollo, Patrizia Sentinelli, dijo que “el agua no es una mercancía y debemos trabajar para sacarla de la lógica de la privatización”, según informa el medio europeo EUObserver.
“Pienso que es crucial tener un debate internacional sobre las consecuencias negativas de la presión a favor de la privatización en sectores tan sensibles como los que implican a nuestros bienes comunes”, agregó Sentinelli.
“Espero que esta señal política (la decisión adoptada por Italia), junto a la de otros gobiernos, reabra el debate internacional sobre estos temas”, sentenció la viceministra italiana.
Los donantes del PPIAF ahora son el Banco Asiático de Desarrollo, la Comisión Europea, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Holanda, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, además del propio Banco Mundial.
El impulso del PPIAF a la participación de empresas privadas en la prestación de servicios de agua y saneamiento en países pobres ha despertado el rechazo de entidades sociales de diversos países. Pocos días antes del anuncio del gobierno italiano más de 130 organizaciones de 48 países habían solicitado a los donantes del PPIAF que dejaran de financiar al organismo.
Diversas organizaciones sociales, ambientalistas y sindicatos, entre las que se destacaron el Observatorio de Corporaciones de Europa, el Instituto Transnacional de Holanda y Amigos de la Tierra Internacional, expresaron en carta abierta que el PPIAF facilita la participación privada en el sector del agua sin que eso signifique mejores posibilidades de acceso al recurso para los sectores sociales más desfavorecidos.
“Las pruebas demuestran que el sector privado se ha mostrado renuente a comprometer fondos para conectar a las personas más pobres a agua limpia... Nuestra conclusión es que la ayuda podría ser utilizada de manera más eficiente y le pedimos a los donantes que retiren el financiamiento”, expresó la solicitud.
Las organizaciones consideraron además que el PPIAF socava el derecho de los países pobres a decidir cómo administrar sus servicios públicos. www.radiomundoreal.fm
HIDROLINKS
Congreso Internacional de Agua Potable y Saneamiento comenzó en Pereira
http://www.eltiempo.com/nacion/cafe/2007-05-31/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3576320.html
Cuidar la Amazonía, desafío para la evangelización
http://www.telesurtv.net/secciones/notasdeopinion/index.php?ckl=207
Ríos en peligro
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=043157&Parte=0
Cajamarca presenta “ Los Perolitos” como Monumento al Agua
http://www.buscasalud.com/boletin/noticias/2007_05_29_23_20_36.html
HIDROALERTA
Demandan a la provincia por 310 millones de dólares
Diez funcionarios santafesinos fueron citados en Washington por la salida de Suez de Aguas Provinciales.
Encabezados por el ministro de Hacienda, Walter Agosto, una delegación de 12 funcionarios provinciales viajó a Washington citados por el Banco Mundial en el marco del juicio que el grupo francés Suez le inició al Estado argentino por la abrupta y fallida salida de sus negocios en el país tras la salida de la convertibilidad.
Para Santa Fe no se trata de un tema menor porque Suez (que controlaba Aguas de Santa Fe) le reclama a la provincia 310 millones de dólares por el congelamiento y la pesificación de las tarifas.
Suez también denunció incumplimientos del gobierno sobre las concesiones de Aguas Argentinas y Aguas Cordobesas, también haciendo eje en la no actualización de las tarifas. En total le demanda a la Argentina 1700 millones de dólares
Es que según los franceses sin el aumento de tarifas (impulsado por la suba de costos tras la devaluación) era imposible cumplir con la prestación de los servicios y la realización de las obras comprometidas en los contratos.
Pero, en el caso de Aguas Provinciales, el gobierno provincial, en sintonía con las directivas de la Casa Rosada, apostó por la re-estatización de la compañía argumentando que se podía mantener normalmente la prestación del servicio sin tocar el esquema tarifario y que, en rigor, el pedido de suba de Suez era para que no caiga el nivel de divisas giradas a la casa matriz (muy afectado por la devaluación).
La defensa de la Argentina ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial que lleva el caso, corresponde a la Procuración del Tesoro de la Nación, ya que el juicio es contra el Estado nacional y no contra el gobierno provincial.
Diez de los santafesinos fueron citados en calidad de testigos y los dos restantes (Liliana Campomanes y Francisco Iturraspe) van como representantes del Estado santafesino.
Además de Agosto, están Edgardo Fiol (secretario de Obras Públicas) y el presidente del directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS)
Suez operó en Santa Fe hasta febrero de 2006, cuando el gobierno provincial le bajó el pulgar (impidiendo la venta de acciones a un grupo nacional bautizado Aguas de Alberdi) y entre las partes ni siquiera hubo acuerdo sobre los términos y la naturaleza de la desvinculación contractual. Fuente: Punto Biz
Un organismo de DD.HH. recoge pruebas en contra de INTERAGUA
La imagen de las miles de casitas construidas en las riberas del estero Salado acompañó a cuatro norteamericanos de la organización de Derechos Humanos Unitarian Universalist Service Committee, quienes ayer recorrieron este brazo de mar, en Guayaquil.
El viaje se inició en la Playita del Guasmo, al sur. En un pequeño bote a motor, cruzaron hasta el puente de la calle Portete, en el Suburbio de la ciudad.
Las decenas de kilómetros de manglar sin talar que aún subsisten a lo largo de toda la zona contrastan con el gran cordón de miseria que se extiende en las orillas del estero Salado.
Allí observaron pequeñas casas de caña levantadas sobre palos de mangle o madera casi podridos; niños jugando en medio del lodo y la basura. Además, varios adultos pescando mejillones, sumergidos en el agua negra y con mal olor.
"Es algo inhumano", dijo Josehp Lyons Santos, uno de los miembros de la organización, mientras observaba cómo se descargaba agua turbia, desde un gran tubo, directamente al estero.
"Esas son tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial", señaló César Cárdenas, presidente del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. Él dice que la descarga de aguas servidas y de lluvias se hace sin ningún tipo de tratamiento y contamina aún más ese recurso natural.
Patricia Jones, miembro de la organización, vio cómo junto a las tuberías no había rastro de vida animal. Esto, pese a que en todo el recorrido observó garzas nadando y restos de conchitas de mejillones incrustadas en el mangle.
"Es sorprendente cómo la elevada temperatura y el alto nivel de contaminación no deja vivir a esos animalitos", comentó.
Esta delegación llegó a la ciudad el pasado martes para recoger pruebas contra la concesionaria del agua potable y del alcantarillado, INTERAGUA. Las pruebas servirán para instaurar una demanda ante organismos internacionales, por una posible violación de los derechos humanos. "Conocimos del caso de la empresa en México, cuando el Observatorio presentó el brote de hepatitis en muchos menores", explicó Jones.
La investigación empezó el pasado miércoles en la escuela Alberto Perdomo, donde se registró el mayor número de afectados por la enfermedad. Jones es abogada y califica este caso como una violación al derecho de acceso al agua.
"Hemos visto que aquí las autoridades no asumen su responsabilidad, no solo por la falta de tratamiento de estas aguas, sino por los niños que aún tienen secuelas de la hepatitis y nadie se preocupa por darles siquiera medicinas".
Varios técnicos de la organización ratificaron que el brote de hepatitis fue ocasionado por la mala calidad del agua. El análisis fue realizado en EE.UU. Se descartó que el mal estado de las cisternas haya causado el brote.
Un informe sobre la visita al país será entregado a la empresa Betchel, subsidiaria de INTERAGUA, para lograr algún tipo de indemnización para los afectados por la enfermedad.
Hoy, la delegación recorrerá los barrios populares del noroeste, donde aún no existen conexiones de agua potable ni de alcantarillado sanitario y pluvial. EL COMERCIO DE ECUADOR
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