Viernes, 11 de octubre de 2024 – Año XIX – Edición 4566
Reunión clave para abordar la amenaza del sistema de aguas residuales en Abancay
Hoy, el alcalde de Abancay, Raúl Peña, encabezó una reunión
de suma importancia junto a representantes de la Asociación de Pobladores de
Pachachaca y diversas instituciones como EMUSAP, la Autoridad Nacional del Agua
(ANA) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS),
entre otras. El encuentro se centró en la grave problemática del tratamiento de
aguas residuales en la ciudad, que afecta principalmente al sector de
Pachachaca debido al crecimiento poblacional desmedido y a la falta de
planificación urbana adecuada en años anteriores.
Durante la reunión, los pobladores expusieron su preocupación
por el evidente colapso del sistema de alcantarillado, sobre todo en época de
lluvias, agravado por las deficiencias de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) ubicada en Illanya, una obra ejecutada por el Gobierno
Regional de Apurímac hace muchos años, la cual ya resulta ser insuficiente para
la demanda actual. A medida que la ciudad viene creciendo, las capacidades de
esta infraestructura y los desagües no logran cubrir las necesidades de
saneamiento requeridas, lo que genera serios problemas, sobre todo en este
sector.
Las aguas residuales que desembocan en el río Pachachaca, a
pocos metros del puente colonial, se han identificado como un punto crítico de
contaminación ambiental, generando un impacto negativo en la zona debido a los
malos olores y la degradación de la calidad del agua. Esta situación afecta la
salud pública de los habitantes y perjudica los ecosistemas locales, poniendo
en riesgo la producción agrícola y el bienestar de la comunidad.
Ante esta situación urgente, se acordó la necesidad de convocar una mesa técnica de trabajo que involucre a todas las instituciones pertinentes, como el Gobierno Regional de Apurímac, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la MPA, la ANA, SUNASS, entre otras. El objetivo, evaluar soluciones viables para un problema que, de no abordarse de inmediato, podría tener consecuencias graves para toda la población de Abancay. https://www.gob.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Sunass fiscaliza mantenimiento de estructuras de almacenamiento de agua potable de Sedaloreto
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(Sunass) fiscaliza el estado operativo de las estructuras de almacenamiento de
agua potable en las ciudades de Iquitos, Yurimaguas y Requena, gestionadas por
la EPS Sedaloreto S. A., para promover la calidad del servicio en dichas
localidades.
Durante la fiscalización, se evaluó el estado de las
infraestructuras y el correcto funcionamiento de los sistemas, así como la limpieza
y desinfección de reservorios y cisternas. Asimismo, se revisó el mantenimiento
a los componentes del árbol hidráulico de estas estructuras.
"La Sunass, en el marco de sus facultades establecidas
en el Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento General de Fiscalización y
Sanción, busca garantizar que las empresas prestadoras cumplan con sus
obligaciones normativas, con el fin de mejorar la prestación de los servicios
de saneamiento", explicó Ray Flores García, supervisor de la Sunass en
Loreto.
Flores enfatizó que, en caso de incumplimiento por parte de la EPS Sedaloreto, la Sunass tiene la facultad de imponer medidas correctivas para asegurar que se cumplan las normativas vigentes y/o iniciar un procedimiento administrativo sancionador. La acción se realizó en cumplimiento del TUO del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento. https://www.gob.pe/
LIMA PERÚ
Usuarios serán compensados económicamente en caso de interrupción del servicio de agua potable o alcantarillado
Con 91 votos a favor, 1 en
contra y 5 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto
de Ley 4553, que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento, para disponer la devolución de pago y compensación al usuario en
caso de interrupción del servicio de agua potable o alcantarillado.
El texto aprobado modifica el
artículo 24 del Decreto Legislativo 1280 en el párrafo 24.2 respecto a las
garantías de continuidad y calidad de los servicios, en los siguientes
términos.
“De producirse una interrupción
injustificada en la prestación del servicio público de agua potable o de
alcantarillado por una causa atribuible al prestador de los servicios que
afecte los derechos fundamentales de los usuarios, el prestador del servicio
devuelve al usuario afectado el pago realizado correspondiente al periodo
interrumpido y, además, lo compensa por el tiempo en el que no contó con el
servicio”.
Previamente, el congresista
Manuel García Correa (APP), presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor
y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, sustentó que el dictamen
busca garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de agua
potable y alcantarillado en el país, más aún en situaciones donde están en
riesgo los derechos humanos de los usuarios.
“La propuesta contempla tanto a
aquellos que cuentan con micromedidores del servicio de agua potable y aquellos
que no lo tienen. Esto representa alrededor del 65 % de la población”, sostuvo
el parlamentario.
A su turno el legislador Elías
Varas Meléndez (JP-VP), autor de la propuesta de ley, refirió que la iniciativa
versa en compensar al usuario, “si no recibimos el servicio, en el mes
siguiente se va a dar un descuento en el recibo facturado. Es una compensación
por el servicio de agua que no recibimos”, acotó.
Posteriormente, la
representación nacional exoneró la propuesta de segunda votación con 87 votos a
favor, con lo cual quedó expedita para ser enviada al Poder Ejecutivo para su
eventual promulgación. https://comunicaciones.congreso.gob.pe/
HIDROMUNDO
Reserva de la Biósfera Yasuní: contaminación por petróleo y depredación de la biodiversidad
La explotación del yacimiento
petrolero de Yasuní no trajo más que calamidades a ecuador, ya que en realidad
el beneficio económico fue nimio. Y aunque el pueblo votó para que las
prospecciones se detuvieran, muchos pozos todavía siguen abiertos.
El impacto ambiental que dejaron
más de dos décadas de extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní fue,
en promedio, 75 por ciento más alto que el del resto de pozos petroleros en
Ecuador. Así lo revela un estudio que pone en evidencia la inconveniencia de
que el Estado ecuatoriano siga extrayendo petróleo en esa zona.
Irónicamente, la publicación del
estudio coincide con el vencimiento del plazo que tenía el gobierno de Daniel
Noboa para realizar el cierre progresivo y ordenado de la extracción petrolera
en el bloque 43 del Yasuní, resultado de la histórica consulta popular que se
llevó a cabo en agosto de 2023. Sin embargo, las comunidades del Yasuní acusan
que el gobierno no sólo no ha cumplido con el mandato popular, sino que lo ha
aplazado para los próximos cinco años.
Ubicado en la
Amazonía de ese país, el Parque Nacional Yasuní es uno de los lugares más biodiversos
del mundo. Allí, la compañía española Repsol extrajo crudo en los bloques 16 y
67 desde los años noventa. El estudio analizó 18 indicadores ambientales para
calcular la huella ecológica de la extracción de petróleo. Los daños más graves
fueron la acidificación del suelo, la ecotoxicidad terrestre, la reducción de
la salud humana y la pérdida de calidad en el ecosistema.
Además, las
emisiones de carbono procedentes de la extracción de crudo en estos bloques
aumentaron un 139 por ciento en 24 años, pasando de 0,54 a 1,29 kg de dióxido
de carbono equivalente por cada kilogramo de crudo. Uno de los resultados más
importantes del estudio es que de 1999 a 2022 la tasa de retorno energético que
tuvo la explotación en estos bloques en Yasuní disminuyó drásticamente, pues
pasó del 33.52 al 3.77.
Los lotes donde
se extrajo petróleo son aledaños a la zona intangible del Parque Nacional
Yasuní y al territorio Waorani. Crédito de la imagen: Monitoring of
the Andean Amazon Project (MAAP). “Esto nos indica que se invirtió cada vez más energía
en obtener cada vez menos petróleo, dando como resultado un modelo
insostenible”, explica a Montoya Torres,
autor principal del estudio, quien lo desarrolló como parte de su doctorado en
la Universidad del País Vasco, en España.
En el artículo,
que será publicado en la edición impresa de noviembre de Science of the Total
Environment, los autores destacan que en 24 años de explotación de los dos
bloques se extrajeron 317.048.000 barriles de petróleo, lo que generó una
facturación total de € 21.665,62 millones (casi US$ 24 millones). Sin embargo,
las ganancias económicas de esta extracción no beneficiaron a Ecuador ya que el
país sólo recibió el 21 por ciento de las ventas del petróleo, mientras que el
gobierno español y la petrolera se quedaron con el resto, concluyen. “El 79 por
ciento de los ingresos se quedaron en el norte global”, afirma Montoya.
El investigador
describe la situación como “un modelo neocolonialista”, porque “hay un norte
global que consume y demanda este producto, y un sur global que se está
quedando con una porción de ganancia llamativamente inferior, pero con impactos
ambientales muy graves especialmente para las comunidades Waorani, quienes
habitan ese territorio”. Norma Nenquimo pertenece a una de estas comunidades
indígenas, constituidas por 3,500 waorani aproximadamente, que habitan la
Reserva de la Biósfera Yasuní y que han visto las consecuencias de la
explotación petrolera.
“Nosotros somos
los dueños del territorio, vivimos aquí milenariamente, pero no somos los
beneficiados de la extracción de petróleo”, dice Nenquimo, quien también es la
vicepresidenta de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE). “Estamos en la
misma miseria. Miseria de educación, economía, salud. Tenemos riqueza en
biodiversidad, pero estamos en uno de los territorios más pobres del mundo”,
añade.
Beneficios que
derivaron en destrucción
A pesar de que
desde los años 90 la llegada de Repsol prometió desarrollo y beneficios
económicos para el pueblo Waorani, hoy estas comunidades reconocen que la
explotación de su territorio dejó poco dinero y cero desarrollos. “Ese
beneficio no era beneficio, más bien era destrucción”, dice Nenquimo.
Carlos Larrea,
investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador y coautor del
estudio, explica que parte de los problemas sociales se iniciaron cuando Repsol
entregó armas de fuego a algunas comunidades Waorani para la caza. “Era un
pueblo tradicional que cazaba solo para la subsistencia de la familia, pero de
pronto comenzaron a cazar en gran escala con armas modernas, lo que constituyó
un mercado ilegal de carne de monte y eso produjo una enorme pérdida de
biodiversidad”, afirma Larrea.
Hoy, cada vez es
más difícil encontrar en Yasuní algunas especies que durante mucho tiempo
fueron la fuente de subsistencia de los waorani, como el pecarí de collar
(Tayassu tajacu), el Pecarí Labiado (Tayassu pecari) o la danta (Tapirus
pinchaque). El profesor de la Universidad San Francisco de Quito, Diego
Cisneros Heredia, especialista en analizar impactos humanos en los ecosistemas,
quien no participó en el estudio, explica que la relación entre las
comunidades, la petrolera, el gobierno, y otros actores, no puede verse de
forma simplista, de buenos contra malos.
“No es tan
bidimensional. Las petroleras sí jugaron un papel importante, pero también
hablamos de comunidades con necesidades inmensas, en espirales de pobreza
gigantescos, que tenían sus propias presiones y dinámicas”, dice Cisneros.
Para el
académico, a veces se espera que las tradiciones y la cultura de los pueblos
ancestrales queden intactas, pero cuando ocurren procesos de integración, como
los que propició la llegada de la petrolera, muchos aspectos de su identidad y
sus dinámicas se redefinen. “No es algo bueno o malo, es un proceso social complejo”,
afirma.
“El dinero fácil
destruyó los hogares”, asegura Nenquimo. “Nuestros ancestros luchaban por su
tierra, el vínculo familiar era fuerte, tenían a los niños sanos, a las mujeres
sanas, pero actualmente ha cambiado bastante socialmente. No estamos bien, hay
mucha violencia, violencia física, psicológica, vicaria, todos los tipos de
violencia”. “Las petroleras sí jugaron un papel importante en Yasuní, pero
también hablamos de comunidades con necesidades inmensas, en espirales de
pobreza gigantescos, que tenían sus propias presiones y dinámicas”.
En el estudio
también reportan un aumento del alcoholismo entre los waorani en el Parque
Nacional Yasuní. “Tenemos un índice muy alto de alcohol, y ha traído violencia
intrafamiliar y suicidio. Eso es clarísimo, dentro del hogar está pasando
algo”, confirma Nenquimo. A pesar de ello, las mujeres Waorani están cada vez
más organizadas y trabajan para crear nuevas formas de dar sustento a las
familias a través de la elaboración de artesanías y la siembra de cacao.
La deuda de
cerrar los pozos
Una
característica del petróleo del bloque 16 del Yasuní es que es denso, pegajoso
y muy mezclado con agua. De acuerdo con Larrea, es un crudo con alto contenido
de azufre que es muy difícil de extraer por lo que se requiere mucha inversión
y tecnología.
Esto fue la
causa de que Repsol dejara el país en 2021. De los 50 mil barriles de crudo que
la empresa extraía diariamente en la década de los 90, terminaron siendo 15
mil. “Al final, por cada diez barriles que se sacaban, nueve eran de agua y uno
de petróleo. Eso aumentaba mucho los costos”, explica Larrea.
Repsol dejó el
Yasuní, pero sin cerrar un solo pozo. “PetroEcuador recibió un campo
prácticamente exhausto con la responsabilidad de cerrar algo que ellos no extrajeron,
y cuyas ganancias tampoco se quedaron en el país”, dice Larrea.
Cerrar un pozo
correctamente significa poner cemento en varios segmentos del ducto para evitar
que el petróleo vuelva a salir de la superficie. Sin embargo, las compañías en
vez de cerrarlos, los tapan, lo que implica que el petróleo siga fluyendo y
vuelva a la superficie. También el agua que tiene altas concentraciones de
metales pesados emerge a la superficie y envenena a los animales que la beben.
“En el bloque 43
y 16, el río está totalmente contaminado (…) tampoco podemos comer nada de los
pozos, las aves, los peces, los árboles se contaminan porque beben esa agua,
entonces ¿de dónde vamos a comer? Al final son las consecuencias de haber
permitido que la empresa siga operando y abriendo más plataformas”, dice
Nanquimo.
El reclamo
waorani es que cierren los pozos de Yasuní adecuadamente y que los involucren
en ese proceso. “Nosotros también queremos ser parte de esa formación técnica,
que trabajemos en conjunto para que podamos ver si realmente están cerrando el
pozo petrolero. Sabemos que adentro hay gas, hay agua, y eso tiene una presión,
no imaginamos cuánto daño puede hacer”, dice la líder waorani.
Los pozos de Yasuní deben cerrarse lo antes posible. Esa fue una decisión soberana del pueblo ecuatoriano plasmada en el plebiscito que se aprobó en las últimas elecciones. Y con la ida de las petroleras se espera que la zona recupere poco a poco la normalidad. https://www.ecoticias.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”