3/6/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 3982: PERÚ – Lima. Trabajadores alertas frente al retorno de la tercerización laboral

 Viernes, 3 de junio de 2022 – Año XV – Edición 3982 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe


Trabajadores alertas frente al retorno de la tercerización laboral

Ante el peligro de la derogatoria del DS 001-2022/TR, norma que regula la tercerización laboral, se movilizaron ayer jueves, frente al Parlamento Nacional en Lima, los trabajadores de diversas organizaciones sindicales de Lima y Callao, convocados por la Confederación General de Trabajadores del Perú - CGTP y la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú - FENTAP.

Como se recuerda, hace algunos meses, los trabajadores lograron que se apruebe la norma para ponerlos en planilla y reconocer su derecho al trabajo decente. Sin embargo, la comisión de economía del Congreso de la República, busca derogar esta norma y ahora está detrás de los votos del Pleno para volver a la explotación de siempre.

Se pide a los congresistas mantenerse alertas frente a esta situación y no apoyar a los grupos de poder económico de este país.

Acompañaron a los trabajadores protestantes, la congresista Isabel Cortez, presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, Ruth Luque Ibarra y Sigrid Bazán de la Bancada Juntos por el Perú.

 





HIDROREGIONES PERÚ

 

Alcalde de Morropón Chulucanas reitera pedido de declaratoria de emergencia ante sequía

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas, Nelson Mío Reyes participó en reunión convocada por la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional para abordar la problemática del déficit hídrico en la provincia, en la cual volvió a pedir la declaratoria de emergencia por la sequía que se vive en el Alto Piura.

Durante su participación, el alcalde provincial reiteró su pedido para ejecutar acciones y contrarrestar los efectos de la sequía. La máxima autoridad municipal recordó que ya ha solicitado la declaratoria de emergencia hasta en tres oportunidades y que, sin embargo, no hay respuesta favorable.

En esta reunión, se acordó realizar un consolidado de información sobre daños reportados por déficit hídrico y elaborar un plan de acción para que en los próximos días se declare en emergencia.

En este evento participaron también funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura, Autoridad Nacional del Agua, representantes del Gobierno Regional de Piura y de otras municipalidades de localidades afectadas. https://larepublica.pe/

 


Alcalde de Caylloma advierte protestas de la población si el GRA firma Adenda 13

El alcalde provincial de Caylloma, Álvaro Cáceres Llica, señaló que la probable firma de la Adenda 13 por parte del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no cuenta con el respaldo de la población. Advirtió que el proyecto no beneficia a los ciudadanos y adelantó que respaldará sus reclamos.

“Estamos convencidos que la Adenda 13 no va porque no beneficiará a la población. El proyecto Majes Siguas II tiene que reformularse. No permitiremos que traspasen agua por el canal debido a que se encuentra deteriorado por los más de 40 años de existencia. Se necesita reparación total del canal”, aseveró Cáceres.

En caso que el GORE Arequipa firme el proyecto, el burgomaestre consideró que la población realizaría protestas en contra de la rúbrica. “Ellos no quieren que las tierras sean vendidas a empresa privadas”, indicó.

Asimismo, la autoridad señaló que no reciben apoyo desde el gobierno nacional. Denunció que en las reuniones con representantes de los ministerios no se llega a acuerdos. “Las reuniones no son productivas, estamos cansados de hacer acta tras acta. Nosotros queremos una gestión con resultados”.

Por otro lado, Cáceres sostuvo que el premier Aníbal Torres llegará el 6 de junio a Chivay para reunirse con autoridades y dirigentes de la zona. Trataran varios temas, entre ellos, las protestas contra la Adenda 13. En caso que Torres no se presente la población iniciará una huelga indefinida. https://elbuho.pe/

 

HIDROMUNDO

Informe alerta sobre desperdicio de agua potable en Brasil

El Instituto Trata de Brasil reveló este miércoles un informe que advierte un desperdicio de más del 40 por ciento del agua potable, lo que representa 7.800 piscinas olímpicas de agua tratada.

La investigación concluyó que dicha cantidad sería suficiente para abastecer a más de 66 millones de brasileños en un año, al tomar como referencia el 2020 como parámetro para la indagación.

Asimismo, el ente brasileño puntualizó que la pérdida de los 40 litros en los sistemas de distribución por cada 100 litros de agua limpia que produce el país, representa más de siete veces el volumen del Sistema Cantareira, el mayor conjunto de embalses para abastecimiento en el estado de Sao Paulo.

Otro elemento conclusivo de la pesquisa, arrojó que el 60 por ciento del agua que se desperdicia por filtraciones o fugas, serviría para abastecer a 63 millones de brasileños en un año, equivalente al 30 por ciento de la población del país.

La región donde se observan los mayores índices de pérdida de agua en la distribución es el Norte con más del 51 por ciento, seguido de la región del Nordeste, con un 46 por ciento, según Trata.

Asimismo, el Instituto brasileño subrayó en el informe que “estas regiones son también las que presentan los peores indicadores en cuanto a servicio de agua, recogida y tratamiento de aguas residuales”.

Los estados donde se registran las más significativas pérdidas de agua en la distribución son Amapá, Acre y Roraima, con, respectivamente, 74 por ciento, 62 por ciento y 60 por ciento de fuga. https://www.telesurtv.net/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

http://hidroboletinfentap.blogspot.pe 

2/6/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 3981: PERÚ – ¡No a la tercerización de los trabajadores! Hoy movilización en defensa del DS 001-2022/TR

 Jueves, 2 de junio de 2022 – Año XV – Edición 3981 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

 

¡No a la tercerización de los trabajadores en Perú!

Solo en Lima, casi el 80% de trabajadores de agua y alcantarillado se encuentran tercerizados.

Hace algunos meses, los trabajadores lograron que se apruebe la norma para ponerlos en planilla y reconocer su derecho al trabajo decente. Sin embargo, la comisión de economía del Congreso de la República, busca derogar esta norma y ahora está detrás de los votos del pleno para volver a la explotación de siempre.

Ante esta situación, para hoy jueves, se está convocando a una movilización a la sede del Parlamento Nacional, en defensa del D.S. 001-2022/TR; que regula la tercerización laboral. La concentración será a las 09:00 de la mañana en la Plaza Dos de Mayo.

Hacemos un llamado a las y los congresistas a ponerse del lado de los trabajadores y no de los grupos de poder económico como la Confiep.

Ayúdanos a luchar contra esta injusticia.

¡No a la tercerización de los trabajadores!

Conoce más y firma aquí 👉 https://chng.it/y5FNsyGxsn  

 



LIMA PERÚ

Ministerio del Ambiente prorroga emergencia ambiental por derrame de petróleo en el mar de Ventanilla

El Ministerio del Ambiente (MINAM) dispuso la ampliación por 90 días hábiles de la Declaratoria de Emergencia Ambiental, en el área geográfica que comprende la zona marina costera afectada por el derrame de petróleo de la empresa Repsol, ocurrido el pasado 15 de enero, en el mar de Ventanilla.

La norma, publicada en el diario oficial El Peruano, también aprueba la ejecución del Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, para la atención de dicha emergencia ambiental.

La prórroga, que entra en vigencia desde el 2 de junio del 2022, se establece debido a que aún hay actividades del Plan de Acción en proceso de implementación y que requieren continuar con su ejecución.

“Aún hay actividades del referido Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo en proceso de implementación, debido a aspectos emergentes que dificultaron el cumplimiento de sus indicadores, por lo que se requiere continuar con su ejecución, proponiéndose la prórroga de la declaratoria de emergencia ambiental antes mencionada por un plazo adicional de noventa días hábiles”, expresa el documento del Minam.

ACCIONES DEL GOBIERNO

El Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, aprobado el pasado 22 de enero, establece un trabajado articulado de diferentes entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), Autoridad Nacional del Agua (ANA), Instituto del Mar del Perú (Imarpe), Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), Ministerio de Salud, Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno Regional de Lima y Refinería La Pampilla Repsol.

El plan está planteado de acuerdo a los ejes de calidad ambiental, salud e institucional con los objetivos de reducir el riesgo al ambiente y a la salud generado por el derrame de hidrocarburos, atender y vigilar de manera integral la salud de la población expuesta y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para la atención de la emergencia ambiental.

DESASTRE ECOLÓGICO

Como se recuerda, el pasado 15 de enero del 2022, se produjo un derrame de petróleo de la empresa Repsol en el mar peruano. Esto ocasionó afectación a los pobladores de la zona y a la flora y fauna local.

El 26 de enero, la Marina de Guerra del Perú confirmó un segundo derrame de petróleo en la Refinería La Pampilla, operada por Repsol.

En marzo, el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país para el director ejecutivo de Repsol Perú, Jaime Fernández-Cuesta, y los ejecutivos Renzo Tejada, Gisela Posadas y José Reyes.

En tanto, Giacomo Pisani, el capitán italiano del Buque Mare Doricum, involucrado en el derrame en el mar de Ventanilla, salió del Perú el 9 de marzo, al día siguiente que dictarse su impedimento de salida del país.

Hasta abril, el OEFA impuso cinco multas coercitivas a La Pampilla por un monto que podría superar los 92 millones de soles, debido al incumplimiento de las medidas administrativas de limpieza de zonas afectadas, recuperación del hidrocarburo y presentación de información falsa.

BONO REPSOL

Por su parte, en el mes de marzo, la empresa operadora Repsol firmó un acuerdo con el Gobierno para entregar un anticipo de indemnización por el monto de S/3 000 a las personas que resultaron afectadas por el derrame en Ventanilla, quienes tendrán que estar consignados en el Único Padrón consensuado por la PCM y la Refinería La Pampilla. https://www.infobae.com/

 


Inacal acredita a Sedapal como entidad para verificar medidores de agua

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal), indicó hoy que acreditó bajo la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17020 al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), como primer organismo de inspección público para verificar medidores de agua que se instalan en Lima y Callao.

Esta acreditación se realizó en el marco del fortalecimiento de la Infraestructura de la Calidad en el país.

“Es importante que las instituciones públicas en cumplimiento a la Política Nacional de Calidad se sumen a la prestación de servicios debidamente acreditados, para que estos puedan emitir resultados confiables en las pruebas que realizan”, indicó la presidenta ejecutiva del Inacal, Clara Gálvez Castillo.

“Siendo, el servicio de agua potable de vital importancia para la población, esta acreditación es un reconocimiento a la competencia técnica de Sedapal, que le permitirá realizar verificaciones iniciales y posteriores a los medidores de agua con resultados seguros”, agregó.

Así lo subrayó durante la ceremonia de entrega de la acreditación.

Asimismo, indicó que para el Inacal es muy satisfactorio contar con entidades públicas que apuestan por la Acreditación como una herramienta que les permite lograr una mayor confianza al proporcionar servicios eficaces y eficientes en beneficio de la ciudadanía.

La vigencia de la acreditación es por tres años, periodo en el cual se realizarán evaluaciones periódicas por parte del Inacal.

El evento contó con la presencia del gerente general alterno de Sedapal, Víctor Alarcón Ramírez; el gerente comercial, David Chong Silva; y la jefa del equipo gestión comercial y micromedición de dicha entidad, Katia Ochoa Trucios.

La norma “NTP ISO/IEC 17020:2012. Evaluación de la Conformidad” es un sistema de gestión de calidad que establece los requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan inspecciones para la imparcialidad y coherencia de sus actividades.

Finalmente, la acreditación a esta entidad pública, permitirá cubrir algunas necesidades de mercado que actualmente no pueden ser atendidas por todas las Unidades de Verificación Metrológica (UVM) autorizadas en el país, demostrando el interés por mejorar los servicios públicos a favor de los peruanos. https://andina.pe/

 


HIDROMUNDO

La anti cátedra israelí: Predica sobre gestión del agua mientras coloniza Palestina

Mediante su embajada en Chile, el Estado de Israel junto a ilustres personalidades del mundo ambiental como la titular del ministerio de Medioambiente del país, Maisa Rojas; Flavio Salazar, Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; y el Prorrector de la Universidad de Chile, Alejandro Jofré, han realizado el Seminario “Agua, Desarrollo, Sustentabilidad y Tecnología” este 10 de mayo en la Casa Central de la Universidad de Chile.

El Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) junto a al Movimiento por el Boicot, Desinversión y Sanciones en Chile (BDS Chile), y la Unión General de Estudiantes Palestinos y Palestinas (UGEP-Chile), quieren alertar de este impulso a las denominadas “falsas soluciones ambientales” que en nada ayudan a generar un cambio en el modelo de gestión privada del agua, y solo fomentan la creación y el desarrollo de más tecnología para que nada cambie.

Pero, además, sostenemos que Israel no puede venir a dar cátedra de nada, menos en materia hídrica, mientras mantenga su régimen de apartheid con el pueblo palestino, el proceso de colonización territorial y continúe violando el derecho internacional. En ese entendido es que consideramos que este seminario es un lavado de imagen del Estado de Israel, ya que mientras promueve sus supuestas tecnologías de gestión hídrica, en Palestina, ha usurpado los bienes comunes, donde más del 80% del agua del suelo palestino es usada por los ciudadanos israelíes (ya sean colonos de los asentamientos ilegales o residentes del territorio israelí). Los palestinos solo tienen acceso al 20% del agua, generando una escasez hídrica crítica para este pueblo. Este robo legalizado por la misma legislación israelí, se complementa con las tomas de pozos por parte de colonos sionistas, quienes actúan con total impunidad en el territorio gracias a que muchos están armados, pero además porque son resguardados por militares israelíes. El agua palestina ha sido usurpada, tanto en el desierto del Négev, que corresponde al territorio de la Palestina Histórica, como en las ciudades más populosas.

El seminario dictado es una operación de relaciones públicas de Israel para figurar como “el modelo” en gestión hídrica, mientras deja al pueblo palestino sin agua, coloniza su territorio y viola el derecho internacional. Por lo tanto, denunciamos este lavado de imagen del Estado de Israel, y llamamos a ser consecuentes con el respeto a los Derechos Humanos. No resulta ético promover el uso de una tecnología hídrica de guerra y de impronta colonial, probada en la tierra palestina en contra del pueblo palestino. Ello resulta además contradictorio con los avances que los pueblos de Chile están impulsando para dejar atrás las prácticas colonialistas del Estado y avanzar hacia la Plurinacionalidad. Así ha quedado establecido en la nueva Constitución que será sometida a plebiscito próximamente. La nueva constitución fija los principios para las relaciones internacionales de Chile, los cuales incluyen el respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la naturaleza, el reconocimiento y protección de los Derechos Humanos, así como el respeto a la convivencia y a la solución pacífica de conflictos. No podemos sino denunciar este tipo de avanzadas comerciales y políticas que se quieren promover y que la Universidad de Chile es cómplice, cuando paralelamente en Chile las comunidades denuncian falsas soluciones a la escasez hídrica, como la desalinización o las carreteras hídricas, sin tocar las causas de fondo asociadas al modelo económico.

En el Seminario también estuvo presente dos representantes de la autoridad del agua israelí, Diego Berger, y Yechezkel Lifshitz, además de James McPhee, (Ingeniería Civil), Cristina Fragkou (Geografía), Linda Daniele y Rodrigo Fuster, estos últimos de la Universidad de Chile. Y el evento estuvo auspiciado por CAPTA y la Embajada de Israel. Por lo que llamamos a las autoridades, académicas y académicas, funcionarios y estudiantes a revisar esta práctica que sale del marco de la buena convivencia con los derechos humanos y las prácticas que han impulsado estudiantes y académicos los últimos años en relación al apoyo al pueblo palestino.

La anticátedra de Israel

Un ejemplo del “manejo de gestión hídrica” observado en Israel, es que mientras en Ramallah los colonos israelíes acceden a 300 litros de agua per cápita, los palestinos no pueden consumir más de 70, treinta menos que los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Es más, desde 1967 ningún palestino ha podido construir su propio pozo, pese a que el año 2011 el ejército israelí demolió 89 estructuras palestinas de abastecimiento y almacenaje de agua.

En Gaza, donde el bloqueo israelí es total, el 95% del agua no es apta para consumo humano porque tiene un alto contenido de minerales y contaminantes. Debido a la escasez de materiales para reconstruir la infraestructura hídrica dañada por los continuos ataques del ejército israelí, y a la falta de energía eléctrica para hacer funcionar las bombas de agua que abastecen a la población, el 26% de las muertes de los gazatíes está relacionada con los problemas de abastecimiento hídrico y las enfermedades que esto trae consigo. Esto sin mencionar los bombardeos que ya se han transformado tristemente en habituales a Gaza.

Por eso, lejos de ser un modelo a seguir, “El Modelo de Israel” solo representa un Estado de Apartheid que también se materializa en un apartheid del agua, con una política sistemática de colonización territorial y represión frente a la que hoy no podemos menos que alzar la voz para manifestar nuestro profundo rechazo y llamar a la sociedad civil chilena y a sus instituciones a apoyar al pueblo palestino en su lucha por la liberación.

Firman:

Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT)

Unión General de Estudiantes Palestinos y Palestinas (UGEP Chile)

Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones al Estado de Israel (BDS) https://olca.cl/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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1/6/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 3980: PERÚ – Arequipa. Cuenca del río Chili, el pulmón verde de Arequipa que se ha reducido un 20%. Esta cuenca ha venido reduciéndose desde hace 20 años, entre las razones está el abandono y habilitaciones urbanas de diferente índole, tanto formales como informales

 Miércoles, 1 de junio de 2022 – Año XV – Edición 3980 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe


Cuenca del río Chili, el pulmón verde de Arequipa que se ha reducido un 20%

Esta cuenca ha venido reduciéndose desde hace 20 años, entre las razones está el abandono y habilitaciones urbanas de diferente índole, tanto formales como informales   

El colectivo “Arequipa Grupo Productivo Ambiental de la Cuenca Urbana del Río Chili (AGRUPA – CURCH)” propuso un proyecto para recuperar la sostenibilidad e incrementar la vegetación en la cuenca urbana del río Chili. Esta iniciativa preservará el valle y permitirá la extracción del dióxido de carbono, reduciendo los niveles de contaminación en la ciudad.

Uno de los miembros de AGRUPA, Juan Francisco Melgar Begazo, enfatizó que el monte ribereño del río Chili garantiza la estabilidad y sustentabilidad en Arequipa.

La iniciativa empezó hace 4 meses, se hizo coordinaciones con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Ministerio de Cultura (Mincu). Fue presentado al Colegio de Arquitectos Regional Arequipa para ser publicado como propuesta al Gobierno Regional de Arequipa.

Melgar Begazo indicó que en los últimos 20 años se ha perdido el 20% del área de la cuenca urbana del río Chili. Entre las razones está el abandono y habilitaciones urbanas de diferente índole, tanto formales como informales.

Riesgos en la cuenca de Arequipa

La anunciada construcción de la central hidroeléctrica Charcani VII es un riesgo para la cuenca urbana del río Chili. Este es el proyecto que ejecutará Egasa y autorizada por el Minem,

“Si nosotros perdemos metros cúbicos en el río Chili por una construcción que puede tomar más de dos años, porque las obras no se hacen en el tiempo exacto, va a significar la pérdida de metros de agricultura, volviéndose una lesión irreparable”

Melgar Begazo agregó que cualquier proyecto que se haga en zona de impacto de la cuenca, tiene que estar bien pensado y ser sustentable. https://elbuho.pe/

 


HIDROREGIONES PERÚ

Glaciares en peligro: peruano demanda a empresa alemana RWE

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con Saúl Luciano Lliuya, peruano que ha iniciado una demanda contra la empresa alemana de energía RWE, una de las más grandes emisoras mundiales de gases de efecto invernadero. Además, la periodista habló con Noah Walker-Crawford, investigador de la ONG Germanwatch y abogado del caso.

- Saúl, cuéntanos, ¿cómo se da esta demanda que responsabiliza a una empresa del cambio climático en tu lugar de origen?

Soy hijo de pequeños agricultores en la Cordillera Blanca. Como agricultor, durante este lapso he estado viendo los cambios, los cultivos, los animales iban extinguiéndose. Me formé como guía de montaña. A partir del 2002, he visto cómo los glaciares han ido derritiéndose. A parte, está el tema de la escasez del agua en nuestras comunidades. Toda esta experiencia ha hecho que tome la decisión para demandarla empresa RWE, que es una de las causantes de los cambios que hay.

- Esta es la primera demanda en su tipo. Noah, ¿qué argumentos se usaron para que un tribunal pueda aceptar esta demanda?

De lo que trata esta demanda, encabezada por Saúl, es decir que estas grandes empresas han contribuido al cambio climático a través de sus gases de efecto invernadero y que ellos deben tomar responsabilidad por los impactos que han causado.

Según un estudio, son solamente 100 empresas que han contribuido al 70% de los gases de efecto invernadero en toda la historia. Lo que estamos diciendo es que ellos deben tomar responsabilidad, ayudar a la gente más vulnerable a estos cambios. La demanda de Saúl trata de establecer un precedente legal para que dichas empresas tomen responsabilidad.

De hecho, la demanda ya fue declarada admisible en esta corte de Alemania, en el 2017. La corte ya dijo que, en términos legales, la demanda sí tiene fundamento. Según la ley alemana, sí se pueden hacer responsables estas empresas y, actualmente, el tribunal está analizando las pruebas para ver si se puede probar que la empresa ha contribuido a dicho impacto.

- Ahora que los jueces alemanes están viendo el tema probatorio y que han estado visitando toda el área afectada, ¿cómo ha sido esa experiencia, Saúl?

El juez iba a visitar (el área) en el 2020, pero por el tema de la pandemia ya no se realizó. Este año recién ha sido posible. Hubo bastante atención de los medios cuando nos estábamos preparando. Estoy satisfecho de haber podido mostrar a los jueces, y también a la parte demandada, los problemas de la desglaciación.

- Noah, así como ha hecho Saúl con la empresa RWE, ¿hay otros casos de empresas en Perú que podrían ser demandas por este motivo?

De hecho, es la primera demanda que ha llegado a este punto. Hubo otros intentos, pero han fallado. Es importante decir que la empresa no tiene actividades en Perú ni en Sudamérica, pero cuando hablamos de cambio climático, no importa dónde se producen las emisiones porque el impacto se va a sentir en todo el mundo. Esta empresa tiene más de 100 años de operaciones en Alemania y otros países europeos. Es una empresa energética, lo que hacen es producir energía a base de la quema de carbón.

Como ellos, existen otras empresas, como las petroleras. La idea es que con este reclamo se puede establecer el primer precedente para que todas puedan tomar responsabilidades.

- La laguna de Palcacocha se está llenando de agua debido a que los glaciares se están derritiendo. Saúl, ¿qué pasaría con tu comunidad si esta se rebalsa?

En mi vida cotidiana, como agricultor, por ejemplo, se puede notar la escasez de agua, los manantiales se están secando porque en la parte alta de las montañas ya no hay glaciar.

La laguna Palcacocha en el año 1941 se desbordó y causó muchos daños, hubo muertes. A partir de eso, el Gobierno construyó diques. Ahora, están controlando el nivel del agua, tratando de minimizar el riesgo, pero aún existe.

- Noah, ¿hay alguna respuesta de la empresa?

La empresa lo está negando, dicen que no deberían tener ninguna responsabilidad legal. No niegan que estén contribuyendo al cambio climático, no niegan que exista el cambio climático, pero dicen que la ley alemana no debería aplicarse de este modo. Ellos dicen que la responsabilidad es del Gobierno. Más allá de eso, también han tratado de cuestionar algunos estudios científicos y del riesgo que existe para la ciudad de Huaraz.

- Saúl, ¿encontraste respuesta en el Ministerio de Ambiente cuando buscabas ayuda?

Hace cinco años visitamos al gobierno regional. Ellos estaban de acuerdo en colaborar en este caso. También visitamos a otras autoridades que tenían una opinión positiva. https://larepublica.pe/

 


Metales pesados: comunidades afectadas de Hualgayoc exigen seguimiento médico hace más de diez años

Las comunidades campesinas de la provincia de Hualgayoc, en Cajamarca, están cansadas de esperar. Hace diez años, en 2012, las autoridades empezaron a tomar muestras de laboratorio entre los comuneros para determinar su estado de salud, debido a la contaminación por metales pesados que persiste en esta zona de la sierra norte del país. Pero a pesar de que ha transcurrido una década desde entonces, los habitantes expuestos a los elementos tóxicos aseguran que todavía no reciben tratamiento médico adecuado por parte de la institución que debería darlo: la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Cajamarca.

Como se sabe, Hualgayoc es uno de los territorios más afectados en el Perú debido a la contaminación ocasionada por operaciones mineras. Solo en esta provincia, en 2016, se acumulaban 1.067 pasivos ambientales, el 12% de todos los reportados a nivel nacional.

El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) realizó en 2012, en coordinación con el Ministerio de Salud, la Diresa de Cajamarca y la Dirección Subregional de Salud (Disa) de Chota, pruebas de sangre para determinar la presencia de metales pesados en los organismos de 211 personas de las comunidades cajamarquinas de Bambamarca, Chugur y Hualgayoc, en la provincia de Hualgayoc; Pulán, en la de Santa Cruz: y Querocoto, en Chota.

Este portal se comunicó con la Diresa de Cajamarca para conocer los resultados de los tamizajes y saber qué tratamiento han estado recibiendo los peruanos intoxicados. En dicha institución, se nos pidió que nos comunicáramos con la enfermera Martha Saucedo Valera, exdirectora de la dirección regional, quien no respondió sobre el tema y nos derivó con César Flores, coordinador de la dirección ejecutiva de la Disa de Chota, oficina que gestionó el tema en esa época.

“El conducto regular fue que esas pruebas fueron tomadas por el Censopas en 2012, que las remitió a [la Diresa de] Cajamarca y Cajamarca las remitió a nosotros. Nosotros cumplimos con entregar los resultados que nos dieron en 2015, a cada persona tamizada. Y así fue, se entregaron. Tres años después dieron los resultados”, explicó César Flores, coordinador de la dirección ejecutiva de la Disa.

Los fuertes reclamos de las comunidades de Hualgayoc impulsaron la entrega de dichas pruebas, al punto de que la Defensoría del Pueblo catalogó el malestar de la población como un conflicto social en mayo de dicho año. Y el problema hasta hoy persiste por la falta de atención del Estado.

Consultado sobre el tratamiento médico que se ofrece a los intoxicados, César Fores aseguró que la Disa de Chota no lo brindaba. "Pregúntele usted a la estrategia de metales pesados en [la Diresa] de Cajamarca para que le den información", señaló. Hasta la fecha, ninguna de las dos instituciones da razón.

Años de olvido

La última vez que Paulina Valdiviezo, presidenta de la Rondas Campesinas Femeninas de la comunidad de Maygasbamba, en Hualgayoc, recuerda haber presenciado la asistencia de un presidente del Consejo de Ministros en su provincia fue en el 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando se instaló una mesa de diálogo. Entonces Mercedes Aráoz ocupaba ese cargo.

“Con ella fue la última mesa de diálogo que se dio acá en Bambamarca. El tema es que cuando cambian de ministros y funcionarios todo vuelve a cero”, lamenta Valdiviezo.

En Hualgayoc y Bambamarca, las mesas de desarrollo para evaluar la contaminación producto de la actividad extractiva y sus efectos en el medio ambiente y la población comenzaron en 2016. Estas han incluido la implementación de dos declaratorias de emergencia ambiental, una aprobada en setiembre de 2016 y la otra en diciembre de 2018.

Sin embargo, aunque en estas se hayan presentado planes de gestión multisectorial para hacerle frente a un problema ambiental y de salud pública de décadas en la provincia, los comuneros consideran que los representantes del Ministerio del Ambiente (MINAM), como coordinadores del Plan Post Declaratoria de Emergencia Ambiental (DEA) Hualgayoc, solo cumplieron con escuchar las preocupaciones de la población, más no en efectuar acciones concretas ante sus demandas. Una de ellas era el seguimiento del tratamiento médico por contaminación de metales pesados.

“Las declaratorias de emergencia son solamente de nombre, porque no nos brindan los servicios para contrarrestar los daños ocasionados en el ambiente”, advierte también Yulisa Mejía, defensora ambiental y dirigente comunal de Hualgayoc, a Convoca.pe.

Valdiviezo y Mejía recuerdan que en ese momento se decía que las entidades de salud buscaban mantener informada a la población sobre su estado de salud con la realización de estos tamizajes. Sin embargo, los ciudadanos de esta zona del Perú tuvieron que esperar cerca de tres años para finalmente conocer los resultados de las pruebas, en 2015, mientras que sus afecciones continuaron avanzando hasta hoy.

De hecho, para la Defensoría del Pueblo, el conflicto aún se encuentra activo y sin diálogo por parte de las autoridades, según su último reporte actualizado a abril de 2022.

Consultado por Convoca.pe al respecto, Carlos Andrés Vera, comisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de esta institución, confirma que, si bien el caso de estas comunidades cajamarquinas empezó a ser monitoreado por el retraso en la entrega de las pruebas de sangre realizadas en 2012, hoy el verdadero problema es la discontinuidad en la atención de salud de la población. Además, a ello se suma la lentitud en la remediación ambiental de los pasivos dejados por las operaciones extractivas de la minería.

"La atención médica sigue siendo bastante básica. No hay un tratamiento adecuado al diagnóstico que implica la intoxicación por metales pesados. Ese es un problema que no es solamente de Cajamarca. Hay otros conflictos sociales donde las principales demandas están vinculadas a afectaciones a la salud por intoxicación de metales pesados", apunta Vera.

El comisionado indica que la situación preocupa a la Defensoría del Pueblo debido a que hay una constante en la vulneración de derechos fundamentales. El problema, señala, no solo es de carácter ambiental sino también de salud por su impacto en las personas que viven en estas zonas.

En esa misma línea, Yulisa Mejía, quien fue presidenta de las Rondas Campesinas Femeninas de la provincia de Hualgayoc y afirma haber sido afectada por este tipo de contaminación, considera que esta situación dificulta su derecho a acceder a un seguimiento médico activo, que nace de la falta de cumplimiento por parte de los gobiernos luego de asumir compromisos con la población.

“Las atenciones necesarias que prometieron nunca se han dado, como que nos iban a llevar a Cajamarca para que el Gobierno Regional, a través de la Diresa, brinde las atenciones integrales correspondientes a las personas afectadas por metales pesados”, expresa.

Pero ese no es el único punto grave. Mejía considera que otro de los factores que impactan directamente en la salud de las comunidades es el desconocimiento del personal médico de la Diresa de Cajamarca. La dirigente indica que en más de una oportunidad el personal de salud les ha informado que sus problemas son causados por los metales pesados luego de practicarles una simple apreciación sintomatológica.

Al respecto, el médico Raúl Loayza, investigador y director del Laboratorio de Ecotoxicología de la Universidad Cayetano Heredia, explica a Convoca.pe que para determinar si una persona está contaminada por metales pesados se necesita realizar un análisis que puede ser de sangre, uñas, cabello u orina. En este sentido, no es posible confirmar la existencia de este tipo de intoxicación con un indicador meramente sintomatológico.

"Para saber si una persona está o no contaminada, se le debe tomar una muestra, esa es la única forma. La sintomatología puede ser muy subjetiva, salvo que el paciente realmente muestre un síntoma que esté directamente relacionado con la contaminación por plomo, por ejemplo. Hay que tener cuidado con ese tipo de valoración y por eso hay que evaluar los indicios y casos. Pero si nadie dijo tener un síntoma aparente o relacionado a algún metal, eso no es confirmatorio", apunta Loayza.

Del mismo modo, el representante de la Defensoría del Pueblo, Carlos Andrés Vera, resalta la limitación que existe para atender estos casos, pues la falta de experiencia técnica y médica de este tipo de situaciones clínicas, sobre todo a nivel local y regional, dificulta aún más este tipo de conflictos, un punto que depende también de la situación ambiental.

"Lo que encontramos evidentemente es una brecha entre el diagnóstico y el tratamiento clínico que reciben las personas identificadas con estas afectaciones a su salud por causa de metales pesados. Y hay un problema sobre la articulación de una estrategia integral [del Estado] para su atención", relata.

"Mientras el sitio siga estando contaminado y se sigan presentando parámetros elevados [por encima de] los valores permisibles, la exposición va a continuar y eso, de alguna manera, agrava la condición de salud de las personas que están intoxicadas por metales pesados”, agrega.

Por otro lado, la comunera Paulina Valdiviezo insiste en que es necesario que el personal de salud esté debidamente capacitado, pues la comunidad percibe que no lo está. “Nosotros hemos vuelto a pedir que, por favor, nos manden un especialista a Cajamarca, para poder hacer a toda la población los dosajes. Nosotros siempre decimos que todos y todas estamos contaminados, pero no sabemos en qué porcentaje tendremos”, dice.

Antecedentes desapercibidos

El caso de Hualgayoc es la consecuencia de años de contaminación acumulada de la que nadie se hace cargo. El primer Inventario de Pasivos Ambientales Mineros (PAM), realizado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), se publicó en 2006. El documento inventarió en todo el país 850 pasivos ambientales, polución dejada por operaciones extractivas descontinuadas. Catorce años después, en 2020, la misma entidad pública registró 7.956 pasivos a nivel nacional. La mayor cantidad de estos se localizaron en Áncash (1.235), Cajamarca (1.156) y Puno (921).

Pero el problema de Cajamarca está bastante focalizado. Para el año 2016, el Minem reportó solo en el distrito de Hualgayoc 1.067 pasivos ambientales. Estos representaban el 90,1%. de los 1.183 que prevalecían en ese año en toda la región.

Actualmente, otro de los ríos afectados por este tipo de contaminación son Hualgayoc Arascorgue y Tingo-Maygasbamba. Cerca a este último viven las dirigentes Paulina Valdiviezo y Yulisa Mejía. En las cercanías, también en Hualgayoc, se encuentra la mina de cobre y oro a tajo abierto Tantahuatay, operada por las compañías Buenaventura y Southern Copper. Está ubicada a 85 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cajamarca, a una altura de 3.884 m.s.n.m.

De acuerdo con información de nuestra plataforma Convoca Deep Data, ambas compañías figuran como grandes infractoras entre los registros de Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa). Hasta el 2020, la compañía minera Buenaventura acumulaba un total de 180 infracciones ambientales, cifra que la convertía en la quinta mayor infractora del país. Por otro lado, Southern Copper sumaba 80 de estas faltas.

Pero la actividad minera en la última década en el Perú ha gozado de grandes privilegios otorgados por el gobierno, a diferencia de las comunidades afectadas por la contaminación de dicha industria que siguen reclamando atención. En julio de 2014, el gobierno de Ollanta Humala promulgó la Ley 30230, más conocida como la ley del Paquetazo Ambiental, preparada al interior de su Consejo de Ministros en tiempo récord y que permitió perdonar multas por infracciones ambientales relacionadas al sector Minería e Hidrocarburos.

De esta manera, a Buenaventura se les perdonaron multas ascendentes a 3 millones 75 mil soles, mientras que a Southern Copper se le condonaron más de 1 millón 274 mil soles. La ley también permitió que las compañías del rubro pudieran anular infracciones ambientales cometidas entre julio de 2014 y enero 2020. 

Otras compañías extractivas que operan en Hualgayoc son Anta Norte, Yanacocha y Gold Fields. Esta última provocó en diciembre de 2018 una descarga de flujo de agua en la operación Cerro Corona, que llevaba residuos sólidos de una tubería de drenaje que discurrieron hacia la quebrada La Hierba. Con el incidente, quedaron afectadas 1,4 hectáreas en la zona y hasta 1,5 kilómetros de la cuenca del río Tingo-Maygasbamba.

“El río Maygasbamba está muerto. Tiene un color naranja espeso. Cuando llueve se rebalsan los relaves de las mineras, afectando a los ríos. La gente antes se alimentaba de truchas, pero ahora no hay nada. Todo está muerto”, lamenta Valdiviezo.

A pesar de esta situación, la defensora ambiental cuenta que actualmente la comunidad de Maygasbamba tiene acceso al agua, gracias a la labor de las organizaciones de base de la zona, que han logrado, con el apoyo de comuneros de las localidades cercanas, autogestionarse para administrar un reservorio hídrico limpio para realizar sus actividades diarias.

Luego del accidente de Gold Fields, las comunidades también denunciaron la afectación de un estimado de 30.000 truchas del criadero La Trucha de Oro. La empresa informó a través de un comunicado el 30 de enero de 2019 que el incidente no tuvo relación alguna con su presa de relaves.

Sin embargo, el Tribunal de Fiscalización Ambiental del Oefa declaró el 30 de julio de 2021 la responsabilidad administrativa de Gold Fields y le ordenó pagar una multa ascendente a 0,06 Unidades Impositivas Tributarias; es decir, tan solo 276 soles. También dispuso que se encargue de remediar el suelo, lecho y ribera de la quebrada La Hierba y del río Tingo-Maygasbamba, por donde discurrió el agua con contenido de relave.

Pero los daños no terminan ahí. Así como Gold Fields, la empresa Anta Norte también ha causado molestias en la ciudadanía de la provincia. En enero de este año, cerca de 1.000 ronderos y miembros de distintas organizaciones de la sociedad civil de los distritos de Bambamarca, Chugur, Hualgayoc y de la provincia de Chota acataron un paro por más de ocho días en la entrada del proyecto minero Antacori, ubicado en el distrito de Chugur (Hualgayoc).

El yacimiento de cobre operado por la empresa Anta Norte realizó operaciones de exploración, sin contar con la aprobación y aceptación por parte de las comunidades locales, provocando una falta de transparencia relacionada a los impactos del proyecto de inversión, según declaraciones de los dirigentes.

Las comunidades denunciaron la presencia de contaminación en las cabeceras de las cuencas aledañas que alimentan el río Chotano, afluente que abastece a la población, además de afectaciones en su salud y en sus medios de producción, como la ganadería y agricultura, producto de metales pesados, como arsénico y plomo.

A pesar de que cumplieron más de una semana de protestas y demandar la presencia del presidente Pedro Castillo, la entonces premier Mirtha Vásquez y el titular de ese entonces del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Eduardo González Toro, no declararon inviable el proyecto, que era una de las demandas de la población. Sobre ello, la dirigente Paulina Valdiviezo indica que actualmente no hay un diálogo activo entre las empresas extractivas involucradas y las comunidades sobre su seguridad, sostenibilidad e impacto en su entorno social.

El reporte actualizado de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo detectó hasta el último mes de abril, 209 conflictos sociales en todo el país. Entre las regiones con más casos se encuentran Loreto (29), Cusco (19) y Áncash (15). Solo este mes los conflictos socioambientales causados por la minería ocuparon el 65.9% del total, una realidad que se mantiene vigente desde 2007.

De hecho, algunos de estos conflictos tienen que ver precisamente con la falta de seguimiento médico y la problemática de la salud pública en zonas con altos niveles de concentración de metales pesados.

Según la auditoría de desempeño sobre Gobernanza para el Manejo Integral de los Pasivos Ambientales Mineros 2021, los principales problemas para la remediación de estas instalaciones o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras abandonadas, que pueden presentar una acumulación de metales pesados, es la dificultad para identificar a los responsables y la necesidad de más recursos para su remediación. El documento señala que cuando no sea posible hacerlo, el Estado peruano debe pasar a ser quien asuma esta obligación.

El Ministerio de Salud indica que la proyección de la cantidad de personas en riesgo de exposición a metales pesados a nivel nacional es de más de 10 millones de personas. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo informa que está trabajando por insistir en la urgencia de fortalecer la gestión pública vinculada a esta materia, así como en el desarrollo y ejecución del Plan Especial Multisectorial para atender a esta población desde los enfoques de nueve ministerios.

Pero como ya lo reveló este medio en un reciente informe, el Plan y la ejecución del presupuesto para más tamizajes y tratamiento médico correspondientes no se está desplegando con la debida urgencia.

Mientras tanto, las dirigentes Paulina Valdiviezo y Yulisa Mejía, y el resto de habitantes de Hualgayoc, siguen reclamando la presencia del Estado, para que llegue con acciones concretas y eficientes de protección a su salud, su vida y el medio ambiente. https://convoca.pe/

 


HIDROMUNDO

Réquiem para el agua potable

Todo parece indicar que el proyecto Neptuno/Arazatí sigue su curso, a pesar de todos los inconvenientes que se le puedan señalar. Este proyecto forma parte de un modus operandi de desmembramiento y privatización de los servicios públicos de agua potable y saneamiento en todo el país.

Si en la década de 1990 la estrategia de aprobar una ley madre que privatizara de una sola vez varios servicios públicos fue negada en referéndum por la ciudadanía, esto le dejó una sola enseñanza a la coalición de gobierno: hay que avanzar por partes y usar subterfugios.

Pensamos que muchos votantes de la coalición no están de acuerdo con desmembrar OSE y entregarla a empresas privadas, ya que 65% de voluntades ciudadanas que aprobaron la Reforma del Agua en 2004 es más que el caudal electoral de la actual oposición. El gobierno desarrolla por tanto estrategias oblicuas, confusas, muchas veces agitando fantasmas sobre la situación de peligro en que se encuentra el sistema de abastecimiento, sin que tenga ninguna base objetiva.

Los últimos avances conocidos son que el directorio de OSE a fines de abril dio por aprobado el Estudio de Factibilidad del Proyecto Neptuno. A lo largo de casi un año el ministro de Ambiente, Adrián Peña, ha afirmado que la iniciativa ha sido estudiada (y ahora aprobada) por cuatro gerencias de OSE. Sin embargo, realizamos un pedido de acceso a la información pública en agosto de 2021, y en respuesta nos llegaron informes redactados por el gerente general de OSE, que es un cargo de designación política.

El 25 de abril de 2022 reiteramos la misma consulta, esta vez recurriendo al pedido de informes a través del artículo 118 de la Constitución, y aún no tenemos respuesta.

La próxima etapa es conformar un proyecto ejecutivo sobre Neptuno/Arazatí que sea posible de licitar, y para esto corresponde definir aspectos de ingeniería, así como del “modelo de negocio” que viabilice esta inversión. Y es en esta coyuntura que OSE avanza en contrataciones externas relacionadas con el Proyecto Neptuno: por un lado, se estaría firmando un contrato entre OSE y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), herramienta usada en múltiples ocasiones para realizar tareas operativas por encargo de alguna otra entidad estatal. En general la ventaja de apelar a la CND es que se puede recurrir a procedimientos más expeditivos y con menos trámites formales que en las administraciones públicas. Y justamente, prende una alarma de que se desvíe por esta vía el estudio (¿y administración?) de una obra cuyo monto equivale a tres años de lo que OSE invierte normalmente para todo el país. Más aún, recordemos que la Constitución prevé que los servicios públicos de agua potable sean prestados “directa y exclusivamente por persona pública estatal”.

La CND es persona pública no estatal, y sin dudas sus competencias están lejos de la definición de un proyecto de provisión de agua potable, y esto nos lleva a la segunda señal de alarma.

Se encuentra en avance un contrato entre OSE y la empresa israelí Mekorot, también en conexión con el Proyecto Neptuno. Mekorot es la empresa pública de provisión de agua potable de Israel, y ha sido observada a nivel internacional por ejecutar una verdadera política de apartheid en detrimento de la población palestina.1 El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas incluía en su informe a la 25ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (2014) una condena de las políticas de Mekorot. Al menos en tres países han rechazado a la fecha iniciar o continuar en tratativas con esta empresa israelí, debido a sus antecedentes.

A finales de 2013, se logró detener un contrato de 170 millones que habría hecho que Mekorot construyera una planta de tratamiento de agua en La Plata (Buenos Aires). También a fines de 2013, la compañía holandesa de agua pública Vitens canceló un memorando de entendimiento con Mekorot porque la cooperación con la compañía “no puede separarse de lo que la ONU escribe sobre la política de Mekorot [...] hacia los territorios palestinos y los asentamientos”. Y en marzo de 2014, la Compañía de Agua Pública Epal en Lisboa (Portugal) anunció que, después de una campaña de alto nivel, había finalizado un acuerdo de cooperación con Mekorot antes de su término de caducidad.

La política del gobierno parece ser el desembarco de la mayor cantidad de empresas privadas posible en la gestión del agua, con gastos astronómicos para proyectos innecesarios.

Un país como Uruguay, que logró destacarse a nivel internacional por haber plasmado en su Constitución que el acceso a los servicios públicos de agua potable y saneamiento son derechos humanos fundamentales, debería pensar mejor si le corresponde establecer un convenio de colaboración con una empresa que flagrantemente viola estos derechos.

¿Qué puede estar ocurriendo entonces con esta contratación en paralelo de la CND y Mekorot por parte de OSE? ¿Será que, aun habiendo ampliado el proyecto de obra inicial con la construcción de una reserva de agua dulce, las autoridades estiman que no es suficiente y el Proyecto Neptuno también incluirá una desalinizadora? ¿O acaso estará volviendo una pretensión ya plasmada en una reforma de la Carta Orgánica de OSE a principios de los 2000, para que OSE ingrese en el negocio de riego?

Otro hecho no menor es que la contratación de Mekorot fue observada por el Tribunal de Cuentas en votación dividida, en tanto no se cumple con la causal de excepción invocada por OSE prevista en el numeral 18) literal D) del artículo 33 del TOCAF. Es decir, OSE realiza una contratación directa invocando un convenio que prevé que exista un intercambio comercial, es decir, que Uruguay exporte algo a Israel como contrapartida a la contratación directa de la empresa israelí, lo cual no ocurre en este caso.

Para terminar, e insistiendo sobre la necesidad de visualizar estas iniciativas en OSE como una estrategia oblicua de privatización, hemos sido informados sobre la presentación de más iniciativas privadas en OSE al amparo de la Ley 17.555, de 2002. Además de Neptuno y el Proyecto de Universalización de Saneamiento, sabemos que OSE ha recibido iniciativas para colocar dos plantas desalinizadoras en el Río de la Plata, una sobre la Costa de Oro, presentada por la transnacional francesa Veolia; y otra para la provisión de agua potable a La Barra y José Ignacio en Maldonado, esta última presentada por Pafed SRL como representante de IDE Technologies de Israel. También se presentaron Teyma y Degremont (del Grupo Suez, Francia) con una iniciativa para el tratamiento de lodos en aguas corrientes, y por último la empresa Taficor se presentó con una iniciativa para la eliminación de arsénico en aquellos servicios que no se encuentren ajustados a los mínimos permitidos por la norma.

En todos los casos, si algo hace falta es voluntad política para que la empresa pública se desarrolle y enfrente los nuevos desafíos con sus propios recursos, dando un servicio de calidad, público y con la perspectiva del acceso al agua potable como derecho humano.

Por el contrario, la política del gobierno parece ser el desembarco de la mayor cantidad de empresas privadas posible en la gestión del agua, con gastos astronómicos para proyectos innecesarios, y emplear todos los mecanismos a su disposición para esquivar el pronunciamiento ciudadano del plebiscito del agua.

Lilián Galán es diputada del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio. https://ladiaria.com.uy/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

http://hidroboletinfentap.blogspot.pe