19/1/24

Sedapal perdió casi S/ 2 millones por deficiencias en convenios para inversiones en agua y alcantarillado - Hidroboletín Fentap 4388

 Viernes, 19 de enero de 2024 – Año XVII – Edición 4388

 

Sedapal perdió casi S/ 2 millones por deficiencias en convenios para inversiones en agua y alcantarillado

Informe de la Contraloría analizó un total de 12 convenios específicos suscritos entre Sedapal y la UNOPS para el encargo de las actuaciones preparatorias y procedimientos de selección de 11 proyectos de inversión y un servicio de asistencia técnica

La Contraloría General de la República evidenció que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) tuvo un perjuicio económico de S/ 1’922, 385 debido a pagos efectuados en el marco de la ejecución 11 convenios específicos suscritos con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios de Proyectos (UNOPS) para el apoyo técnico en las actuaciones preparatorias y procedimientos de selección de ocho proyectos de inversión y un servicio de asistencia técnica en agua potable y alcantarillado.

Al respecto, la Contraloría emitió el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 28971-2023-CG/VICOS-AC, cuyo período de evaluación va del 15 de julio de 2019 al 25 de octubre de 2022, que analizó un total de 12 convenios específicos suscritos entre Sedapal y la UNOPS para el encargo de las actuaciones preparatorias y procedimientos de selección de 11 proyectos de inversión y un servicio de asistencia técnica, por un valor total de US$ 1’158,397. De ese total, Sedapal pagó un importe de US$ 600,073 que equivalen a S/ 2’296,415 a favor de la entidad internacional.

Los convenios se suscribieron entre diciembre de 2020 y junio de 2022, teniendo como plazo de duración entre tres y siete meses. Para sustentar la necesidad de suscribir los citados convenios, el Equipo de Estudios Definitivos, el Equipo Obras y el Equipo Licitaciones y Contratos emitieron informes donde se señalaba que los procedimientos de selección a cargo de UNOPS tendrían aproximadamente dos meses de ahorro respecto a lo realizado por la entidad.

¿Cuáles fueron las inversiones involucradas?

Entre las inversiones involucradas figuran el expediente de la creación de la planta N° 3 y mejoramiento de la planta N° 1 en La Atarjea; así como la ampliación y mejoramiento de sistemas de agua en los distritos de Santa Anita, El Agustino, Comas, Independencia, Surco, Surquillo, Chorrillos, Barranco, Villa María El Triunfo y Lurín.

Convenios resueltos por demoras

Sin embargo, la investigación de los auditores de la Contraloría determinó que Sedapal decidió resolver diez de los 12 convenios bajo el argumento de una demora en los plazos para el desarrollo de las actividades establecidas y los sobrecostos que se generarían de continuar con los encargos realizados a la UNOPS.

Los diez convenios resueltos tenían como finalidad encargar a UNOPS las actividades relacionadas con actos preparatorios y procedimiento de selección para la elaboración de cinco expedientes técnicos para obras en Surco, Surquillo, Chorrillos, Barranco y El Agustino; una asistencia técnica (servicios) para la implementación de una Oficina de Proyect Management (PMO), dos ejecuciones de obra (Comas – Independencia y Villa María del Triunfo – Lurín) y sus respectivas supervisiones de obra.

La auditoría evidenció que funcionarios del Equipo de Licitaciones y Contratos, Equipo de Obras, Equipo de Estudios Definitivos y la Gerencia de Proyectos y Obras emitieron informes sin sustentar las conveniencias y ventajas que justifiquen el encargar a la UNOPS de realizar actividades de actos preparatorios y la imposibilidad de Sedapal de realizar las mismas. Dichos informes permitieron la suscripción de los convenios específicos y el consecuente pago del primer desembolso por S/ 1’831,273.

En ese sentido, se señala que la falta de evaluación de las conveniencias y ventajas se vio reflejada en la ejecución de dichos convenios, toda vez que, se ha corroborado que las citadas actividades necesitaban en mayor parte, la participación de las áreas usuarias de Sedapal. A esto se suma que dicha participación demandaba tiempos que superaron los propios plazos establecidos en los convenios.

Ello originó que, pese a no haberse culminado las actuaciones preparatorias de diez convenios específicos, por los que Sedapal desembolsó un total de S/ 1’831,273, éstos fueron resueltos bajo el argumento del prolongado tiempo transcurrido para dichas actuaciones preparatorias. Las demoras tanto de UNOPS como de Sedapal fueron hasta de cinco meses aproximadamente, es decir casi el mismo plazo de vigencia de los convenios y por lo que ya no resultaba eficiente contar con los servicios de la entidad internacional.

Estos hechos incumplieron lo establecido sobre encargos a organismos internacionales dentro del reglamento de la Ley de Contrataciones, ocasionando que Sedapal suscriba convenios específicos por los cuales desembolsó S/ 1’831,273 a favor de la UNOPS y en perjuicio económico contra la empresa estatal.

Disconformidad por adjudicación

Por otro lado, el informe de Contraloría evidenció que funcionarios de Sedapal. observaron la adjudicación, realizada por la UNOPS, de la buena pro de la obra “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el esquema Los Chancas – La Encalada, en el distrito de Santa Anita”, y pese a ello la entidad gestionó un pago a favor de la entidad internacional.

La observación consistía en la preocupación de la jefa del Equipo Licitaciones y Contratos sobre el postor ganador elegido por UNOPS, ya que se tomó conocimiento de que el consorcio estaría conformado por empresas cuya reputación y ética estaban siendo cuestionadas a través de investigaciones realizadas en su contra, lo cual ponía en riesgo la calidad y eficiencia de la ejecución de la obra. Por ello, se solicitó la reevaluación de la elección del postor.

Sin embargo, la UNOPS otorgó directamente la buena pro y comunicó al postor ganador dicha adjudicación, sin haber cumplido con comunicar previamente a Sedapal la recomendación de la adjudicación, a fin de obtener de la empresa estatal la aprobación o conformidad a la propuesta ganadora.

Pese a ello, el gerente general (e), la jefa del Equipo Licitaciones y Contratos (e) y el gerente de Proyectos y Obras (e) gestionaron el pago del tercer desembolso a favor de UNOPS por S/ 91 112, que significó un perjuicio económico contra la entidad y basándose únicamente en la obligación de la transferencia precisada en el Apéndice III del convenio específico, sin tomar en cuenta la obligación de UNOPS en brindar la asistencia técnica con la debida diligencia y eficiencia, de acuerdo a las actividades establecidas en el Apéndice I del convenio.

Presuntos responsables

Ante los hechos descritos, el informe de Contraloría determinó presunta responsabilidad civil y administrativa de los hechos descritos en un funcionario y ocho exfuncionarios (entre los cuales figura un ex Gerente General) de Sedapal.

Al respecto, se recomendó al presidente del Directorio de Sedapal realizar las acciones que correspondan para el deslinde de las responsabilidades del ex Gerente General involucrado en los hechos. Mientras que al actual Gerente General de Sedapal se le planteó realizar las acciones que permitan efectuar el deslinde de responsabilidad de los otros implicados en los hechos descritos. La misma recomendación se realizó a la Procuraduría Pública de la Contraloría. https://gestion.pe/


LIMA PERÚ

Congreso del retroceso ambiental

Este Congreso presidido por el acuñista Alejandro Soto, pasará a la historia del Perú, como el responsable de las calamidades, que enfrentarán las generaciones futuras. 

El hecho de aprobar la modificación de la Ley Forestal para supuestamente “promover la agricultura en zonas ya deforestadas”, es de total desconocimiento de cómo funciona el ecosistema amazónico con sus servicios ambientales y lo más grave en contra del PRINCIPIO INTERNACIONAL DE PROHIBICIÓN DEL RETROCESO AMBIENTAL (PIPRA). 

Lo real es que existe “un punto de no retorno” relacionado con la devastación de la Amazonía, a la cual hay que agregarle el menoscabo del Congreso de pretender “ampliar la formalización minera del Reinfo”. 

Ese “punto de no retorno” indica que, si se deforesta por encima del 20%, el bosque amazónico húmedo, por estas leyes marcadamente en contra del PIPRA; aquél entrará inevitablemente en sequedad creciente, como ya lo estamos observando en IQUITOS y otros lugares, transformando la Amazonía húmeda en grandes sabanas (Cerrados) que ya existen en Brasil y África.

El pasado 2021 un informe científico de la Universidad de Florida (EEUU), señaló que esta sabanización será realidad en 2064, con consecuencias dramáticas para todo el Perú, debido a la alteración del ciclo hidrológico, con reducción de lluvias que es el agua que llega de la Amazonía a los territorios andinos y por trasvase al borde costero.

Advertidos estamos los peruanos de esas desinteligencias de los grupos políticos, que, con sus decisiones erradas, pretenden hacer agricultura en áreas donde no es recomendable, ni ecológica ni financieramente, agregado al hecho que se empuja a los jóvenes a ser captados por empresas mineras informales que practican minería destructiva, en contra del desarrollo duradero.   https://limagris.com/

 


A dos años del derrame de Repsol, la sociedad civil demandó acción efectiva del Estado peruano

En el marco de los dos años del derrame de petróleo de la empresa Repsol en el mar peruano, organizaciones de la sociedad civil presentaron el miércoles 17 en el distrito de Ventanilla, los hallazgos de los informes elaborados en meses recientes con la finalidad de conocer los impactos ambientales, sociales y en materia de derechos humanos que siguen afrontando las poblaciones comprendidas en el área de afectación.

La investigación “REPSOL: una catástrofe que se pudo evitar”, fue realizada por CooperAcción, el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD), EarthRights International (ERI), con el apoyo de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), que analiza el impacto del derrame sobre la vida y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones comprendidas en el área de afectación.

Asimismo, CooperAcción y OXFAM presentaron el informe “Revelando el daño: Valorización económica de la pérdida para las familias pescadoras afectadas por el derrame de REPSOL en la costa de Perú”, el estudio, a cargo de la economista Kely Alfaro, identifica 31 especies de pesca afectadas, casi el doble que la cifra que la empresa española presentó en la mesa de diálogo con asociaciones de pescadores entre marzo y abril del 2023.

De esta manera Alejandro Chirinos, representante de CooperAcción, expuso en el foro los hallazgos centrales de Informe: “Repsol: una catástrofe que se pudo evitar.”

“Ese ecocidio pudo evitarse, si la empresa actuaba de manera diligente y responsable para frenar la mancha de crudo. Una gran responsabilidad también la tiene el Estado peruano, que debió exigir que la empresa active su plan de contingencia. Hay una responsabilidad del estado español, porque la empresa Repsol es de este país,” señaló Chirinos.

Por su parte la ingeniera económica Kely Alfaro, expuso algunas conclusiones del informe “Revelando el daño”.

“En este informe, hablamos de cuánto se ha demorado el Estado en dar una cifra. Pero hemos normalizado que se hable de personas como si fueran piedras, estamos hablando de personas. La afectación ha sido a los ingresos principales de las familias. Hay una normativa existente, así como guías nacionales e internacionales sobre cómo se debe actuar ante derrames, pero estas no se han respetado” comentó Alfaro.

Asimismo, la congresista Ruth Luque presentó los hallazgos del informe de fiscalización en su calidad de presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

“El informe es resultado de 3 sesiones dedicadas a ver el tema de Repsol. Hemos constatado que hay 2 posiciones. El primero es que el Estado, que debería emitir disposiciones para la recuperación del ecosistema no existe, es totalmente precaria. La empresa ha dicho que dieron el 98 %de las compensaciones en un universo de 10300 personas, pero la pregunta es ¿esas son todas las personas afectadas? Eso lo ha manejado la empresa a su propia discreción.”

Hablan los pescadores afectados por derrame

Por parte de los afectados expusieron Miguel Núñez, dirigente de ASPEFAEA, de Ventanilla, quien destacó que son cientos de miles de pescadores los afectados, y no 10300 como sostiene la empresa.

Por su parte Luis Diaz, presidente de los pescadores artesanales de Aucallama, señaló que la disputas entre el Poder ejecuto y legislativo no ayudan a atender la problemática de los pescadores. En esa línea también denunció las puertas giratorias que usan las empresas para jalarse a profesionales del Estado peruano, así como los lobbys que han usado la empresa.

Luis Herrera, dirigente de los pescadores de Chancay, comentó que sienten importancia de tener un Estado indolente ante la sociedad, que no ayuda a los afectados ante una empresa transnacional, que impone con el poder del dinero.

Por otro lado, expuso Camilla Cela, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, quien expresó su solidaridad con los afectados por el derrame de Repsol.

“Como lo dicen los informes, es una flagrante violación a los derechos humanos fundamentales, y tanto el estado peruano como el estado español han firmado convenios internacionales que no han sido exigidos. En este contexto, es importante movilizar a toda la sociedad civil peruana y la sociedad civil española, porque somos nosotros los que podemos llevar estos temas a las agendas políticas”.

Finalmente realizaron sus comentarios los congresistas Sigrid Bazán, Susel Paredes y Roberto Sánchez, quienes se comprometieron a seguir trabajando por llevar la voz de los afectados ante las autoridades. Los 3 parlamentarios denunciaron la falta de compromiso por parte del Estado peruano para defender a los pescadores afectados. En esa misma línea, reconocieron que una mayoría del congreso esta desprestigiada porque no se acercan a atender las demandas de la población, pero que ellos seguirán monitoreando el caso. https://cooperaccion.org.pe/


HIDROMUNDO

Marruecos atraviesa una de la peor sequía de su historia y debe restringir el uso del agua a los agricultores

Marruecos está restringiendo el uso de agua para regar a los agricultores de algunas zonas ante la situación de sequía a la que se enfrenta el país. La información fue confirmada a la agencia EFE por el presidente de la Confederación Marroquí de Agricultores y Desarrollo Rural (COMADER), Rachid Benali.

Una ola de calor con temperaturas anormales de hasta 31 grados azotó la semana algunas zonas de Marruecos para agravar la sequía que sufre este país, cuyos agricultores se encuentran con cosechas que no germinan, cortes de agua o se ven forzados a usar más agua para regar.

Las temperaturas llegaron a valores máximos de 31 grados en algunas zonas de Marruecos como Agadir (sur del país) y también a niveles cercanos a los 30 en Rabat (28), Casablanca (29) o Marrakech (28), según los boletines de la Dirección General de Meteorología del país magrebí.

Este calor puntual se produce en un momento especialmente preocupante para Marruecos, que registra por sexto año una sequía acumulativa que está causando estragos en las cosechas.

Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno marroquí, el país registra un déficit de precipitaciones del 70 % desde el pasado septiembre hasta mediados de este enero en comparación con la media de los últimos años, y la tasa de llenado de presas es del 23,2 %, frente al 31,5% del año pasado por estas fechas.

Antecedentes

Un fenómeno que no es nuevo, pues en la campaña 2022-2023 la producción de cereales fue un 15 % menor que la media de los últimos cinco años.

Ante esta situación, el Gobierno ha emprendido un plan de emergencia para garantizar el suministro de agua potable que incluye una mejor gestión de las presas, la construcción de equipos urgentes de conducción de agua y la posibilidad de restringir el caudal si es necesario.

Según Benali, los niveles de los embalses siguen bajando, lo que ha empujado a las autoridades a suspender el suministro de agua para los agricultores en varias zonas como Chaouia (región de Casablanca), Dukala (en El Jadida, al sur de Casablanca) y Tedla (al norte de Marrakech.

Benali afirma que el sector más dañado es el del cereal, especialmente en las zonas de cultivos de secano, pero ahora también en las zonas de regadío que sufren cortes en el suministro.

Uno de esos agricultores afectados es Abdelqader Badaui, que posee un campo de cereales de secano cerca de Rabat donde cultiva sobre todo trigo.

"La temporada está siendo tan seca que el trigo que hemos sembrado ni siquiera ha germinado", se lamenta a EFE, y confirma que las autoridades están cortando el suministro de agua a compañeros suyos de profesión.  https://www.canal26.com/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

18/1/24

Hania Pérez de Cuellar: Fiscalía inicia diligencias previas por contratación irregular - Hidroboletín Fentap 4387

 Jueves, 18 de enero de 2024 – Año XVII – Edición 4387


Hania Pérez de Cuellar: Fiscalía inicia diligencias previas por contratación irregular

Por la designación presuntamente irregular de Jonatan Ríos Morales, director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, inició diligencias previas contra la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Hania Pérez de Cuéllar, por la presunta designación irregular de Jonatan Ríos como director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano.

Cabe mencionar que Ríos llegó al mencionado puesto a inicios del 2023, pero fue retirado un año después luego que la Contraloría General de la República advirtiera que no cumplía con los requisitos para el cargo.

De acuerdo con el reportaje de un programa dominical, Pérez de Cuéllar modificó las condiciones referentes al puesto y firmó una nueva resolución para que Ríos reingrese al mismo cargo.

Además, Ríos contrató a su entrenador personal para que realice sesiones de actividad física a trabajadores, un servicio por el que se desembolsó S/. 27, 000. https://www.americatv.com.pe/



HIDROREGIONES PERÚ

Moquegua y Tacna presentan déficit hídrico debido a El Niño

El año pasado hubo un déficit de lluvias en todo el sur debido al fenómeno La Niña, el cual terminó en marzo de 2023. Por eso, los embalses, en algunas regiones como Tacna y Moquegua, presentan un volumen de agua descendente.

“Ahora, en 2024, también hemos iniciado con déficit de precipitaciones”, advierte el Ing. Ronal Hamilton Fernández Bravo, director de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Señala que normalmente las precipitaciones en las zonas altas empiezan en diciembre y en enero. “En enero hemos tenido precipitaciones y en los últimos días de diciembre, pero también debajo del promedio. Y ahora, prácticamente, ya han descendido las precipitaciones, por eso es que nuestros embalses no se han recuperado”.

En Tacna hay pozos de emergencia en las zonas altas y es necesario recurrir a ellos para que la población no quede desabastecida. “Desde el ANA estamos pasando una comunicación a la EPS y al Proyecto Especial de Tacna para que empiecen a operar los pozos de Ayro, porque, si no, van a seguir descendiendo las represas y probablemente ya no tengamos agua en los meses de marzo y abril si continúan las condiciones”, advierte.

En el caso de Moquegua, la represa Pasto Grande presenta también bajos niveles en promedio, pero aún tiene reservas.

Según la ANA, en los ríos del sur se viene registrando descensos. Se tienen registros de dos estaciones, la primera en el río Vilcanota, de la estación hidrológica Egemsa Km 105, donde el caudal promedio registra 90,01 m3/s, presentando una tendencia descendente, por debajo del promedio histórico. Así como la estación hidrológica Amaru Mayu (Cusco), que también registró promedio descendente con 40,24 m3/s.

Según el último comunicado del Enfen, es probable que El Niño costero tenga una condición cálida débil hasta marzo. Y en el sur del país se prevé lluvias por debajo de lo normal, especialmente en la sierra sur oriental.

En tanto, Juan Carlos Castro, jefe de la ANA, dijo desde el COEN que los niveles normales de los ríos en zonas vulnerables permiten seguir con la limpieza y descolmatación de cauces ante El Niño. https://larepublica.pe/

Piura: Eliminan postores para favorecer a otras empresas en la Municipalidad Veintiséis de Octubre

El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre, en la región Piura, descubrió que el comité de selección de licitación de obras eliminó a postores que sí cumplían con las bases y favoreció a empresas que no acreditaron solvencia económica ni maquinaria, entre enero a diciembre del año 2019.

Con este accionar, los funcionarios evitaron que la comuna reciba las mejores ofertas y con ello, que exista un mejor manejo de los recursos del Estado. Según el OCI, los comités de selección les atribuyeron incumplimientos de requisitos a las empresas descalificadas sin el debido sustento legal. Y dieron como ganadores a empresas que habrían presentado líneas de crédito, presuntamente falsas.

Por esto, los auditores concluyeron que existe una presunta responsabilidad penal en los integrantes de los comités de selección: Juan Córdova Salvador, John Rufino Chávez, Marx Pintado Calle y Ricardo Rivas Miranda.

Entre los primeros casos que llamó la atención de los auditores está la licitación de abril del 2019 para la construcción del sistema de agua y alcantarillado del A.H. Alfonso Ugarte, por 1 millón 092 mil soles.

Se presentaron 18 postores, pero solo se admitió la propuesta de dos empresas. Según la Contraloría, al menos cuatro empresas cumplían con todos los requisitos y sus propuestas debían admitirse. Al final se dio la buena pro a la constructora Mauricio Núñez.

La excusa que se usó fue que las empresas no acreditaron la experiencia del asistente de residencia de obra. Al respecto. la OCI precisa que no es requisito efectuar detalle sobre la experiencia de un profesional en la etapa de evaluación, ya que esto se efectúa durante la etapa de perfeccionamiento del contrato.

Algo similar ocurrió con la licitación para el mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado de algunas calles del asentamiento Consuelo de Velasco, por un valor de 2 millones 071 mil soles.

Aquí se presentaron 10 postores y rechazaron a ocho porque no acreditaron la experiencia del asistente de residente de obra, a pesar de que dicho personal no figuraba en el listado de personal clave que exigían las bases de la convocatoria.

“El formato […] no exige a los postores establecer la acreditación de algún profesional o personal clave en particular”, refiere el informe de control en relación a las bases.

OCI también observó que las empresas seleccionadas fueron elegidas sin cumplir los requisitos establecidos.

Un ejemplo sería la empresa Consorcio JM-16, que ganó la obra de mejoramiento de calles de Villa Perú Canadá.

Según OCI, la empresa presentó cartas de compromiso de alquiler y venta de maquinaria pesada, pero no adjuntó documento que acredite la propiedad o posesión de los equipos, como pedían las bases. De igual modo, el personal que se propuso para ejecutar las obras no cumplía con el tiempo de experiencia que solicitaba las bases. https://diariocorreo.pe/

Ica: reclaman falta de agua por dos semanas en el asentamiento humano Los Algarrobos

Hasta 200 familias que se ven afectadas por la falta de agua potable en sus viviendas, ubicadas en el asentamiento humano Los Algarrobos, en el pueblo joven Señor de Luren (Ica), quienes padecen la problemática hace semanas y a pesar de ser de condición pobre, se ven obligados a comprar el agua a cisternas particulares, causando un perjuicio a la economía familiar.

Problemática por años

Ayer, llegaron hasta las instalaciones de la EPS Emapica más de una decena de vecinos de la mencionada zona, quienes reclamaron que en sus domicilios no tiene agua potable hace dos semanas. Ellos tomaron la medida de manifestarse en voz alta, ya que por más de 14 días han reclamado de manera formal, presentando documentación, sin embargo, no les brindan ninguna solución.

“Nos cobran igual por varios meses, vivimos en Los Algarrobos en una lomadita y cada vez que venimos a reclamar, tenemos el agua tres a cuatro días y después pasan 15 días que no hay. Nos dicen ya vamos a ir, o que no hay agua por el río, y ahora hay bastante agua y con este calor de 33 grados no hay con que bañarse, no hay agua para los servicios higiénicos, si venimos individualmente la atención es peor por eso nos hemos juntado para reclamar”, declaró Richard Garibay, vecino del lugar.

Las familias señalan que pagan mensualmente recibos de hasta 35 soles, sin embargo, cada año el problema se agrava, al punto de tener que comprar cisternas de agua a terceros, quienes les cobran hasta 120 soles, pese a que la población en la zona es de recurso económicos limitados, deben pagar para que particulares les brinden el recurso hídrico, que les dura solo tres días como máximo. Los ciudadanos han priorizado utilizar el agua en la alimentación y aseo personal, pero tienen kilos de ropa sucia, baños sucios y no pueden limpiar las instalaciones de su hogar por la falta del agua.

“El año pasado no pagué, porque como cuatro meses caía poquita agua, entonces como voy a pagar si no tengo agua, me cortaron el servicio y me cobraron 96 soles por reconexión, en mi caso tengo que llevar mis galones en una mototaxi hasta el grifo y de ahí traer el agua porque ni siquiera nos envían cisternas”, dijo la vecina Leticia Gamonal.

“Yo manejo mi Tico y ahí es donde traigo mis baldes con agua de otros lugares, pero en la zona viven ancianos que no pueden cargar baldes. Cuando venimos a reclamar a Emapica solo nos dice que no está el ingeniero, me dicen que no soy el único que reclama, por eso queremos que un representante vaya al lugar donde vivimos y vea nuestra realidad”, comentó otro vecino.

Personal de la EPS escuchó a los ciudadanos, y se indicó que serían atendidos por el jefe del área de Producción, Carlos Espinoza Tarqui, quien es el encargado de explicar técnicamente algún posible problema por la falta de abastecimiento de agua en la zona y cuál sería la medida a ejecutar. También los vecinos serían atendidos por la Gerencia Comercial, ya que reclamaron que se les regularice la facturación. En tanto, los vecinos de la sexta y séptima cuadra de la calle Francisco Pizarro en Parcona, también indicaron que no tiene agua por semanas, y a pesar de haber realizado constantes reclamos a Emapica, no hay solución. A esa zona llegó una cisterna que repartió el líquido a los moradores, sin embargo, varias familias indican que deben trabajar y no se encuentran en sus viviendas a la hora de reparto, quedándose sin agua. https://diariocorreo.pe/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

17/1/24

SUNASS impone multas y sanciones a EPS Tacna por falta en atención al cliente y más - Hidroboletín Fentap 4386

 Miércoles, 17 de enero de 2024 – Año XVII – Edición 4386


SUNASS impone multas y sanciones a EPS Tacna por falta en atención al cliente y más

Esto explica mucho. Un proceso administrativo sancionador a la EPS fue impuesto por la SUNASS debido a que no implementaron adecuadamente el plan de purga de redes (limpieza de tuberías) durante el 2023. Además, son otros cuatro procesos los que también culminaron el año pasado. Fueron 1.5 UITs de sanción aproximadamente las que se impuso a la empresa.

Ante la falta de atención a las quejas e ineficiencia en la atención al cliente, el jefe de la oficina desconcentrada de SUNASS Tacna, ingeniero Gerardo Alania, informó que se le impuso la multa de 0.03 UITs por no implementar canales de atención para atender reclamos particulares y generales.

Como se sabe, un total de 244 sanciones fueron impuestas a 42 de las 50 empresas dedicadas al servicio de agua potable y alcantarillado en Perú durante el 2023, así informó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

La mitad de estas sanciones se fijaron debido a un incumplimiento de medidas correctivas, mientras que un 15% se asignaron por la falta de remisión y/o difusión de información y un 11% por incumplimiento de metas de gestión. https://radiouno.pe/


HIDROREGIONES PERÚ

Piura: Expediente de obra de la EPS Grau hace agua

La Contraloría General detectó presuntas irregularidades en expediente de la obra de rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado para el asentamiento San Pedro, en el distrito de Piura, donde se invierte 8’169,898 soles, cuyo proyecto estará a cargo de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento – EPS Grau y es financiada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

De acuerdo al Informe de Control Simultáneo 029-2023-OCI/3470-SCC, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la EPS Grau, advierte que los documentos del expediente técnico publicado en la web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) no cuentan con la firma ni el sello de los profesionales responsables que tuvieron a cargo su elaboración y revisión, por lo que se pone en duda la veracidad y legalidad del expediente de la obra de rehabilitación para el A.H San Pedro.

Sin embargo, en una resolución de gerencia regional se menciona que el expediente técnico fue elaborado por el ingeniero Jair Calderón Ipanaqué, proyectista del Departamento de Estudios de Inversión; y fue revisado por el ingeniero Darwin Estrada, jefe del Departamento Estudios de Inversión de la Gerencia de Ingeniería, quien además otorgó su conformidad. Asimismo, advierten que, pese a que los ingenieros están habilitados, son profesionales en ingeniería civil, pero para este proyecto, se necesitaba de especialistas en Ingeniería Sanitaria, conforme lo estipula la norma.

En otra de las observaciones, la comisión de auditores de la Contraloría también señala que los términos de referencia de las bases integradas establecen requisitos de calificación del perfil profesional del personal clave que no se ajustan a los establecidos en la ficha de homologación aprobada por el Ministerio de Vivienda, generando transgresión a la normativa de contrataciones, además pone en riesgo de afectar el principio de competencia efectiva entre los postores.

Advierten que en el caso del “especialista ambiental”, las bases no exigen la formación académica de ingeniero de mecánica de fluidos, siendo requisito en la ficha de homologación, por lo que no se estaría cumpliendo con lo solicitado para este importante proyecto, que beneficiará a miles de familias de este asentamiento de Piura.

En tanto, el informe de control señala que no se habría considerado supuestos de aplicación que permitan establecer penalidades objetivas para la contratación de la empresa a ejecutar este proyecto.

Ante esta situación, la Contraloría sostuvo que se pondría en riesgo que la entidad ejecutora no pueda aplicar las penalidades contra la empresa contratista en caso se presenten incumplimientos injustificados de sus obligaciones contractuales. https://diariocorreo.pe/

Gerente del PEHCBM aclara sobre contaminación en sector el Mono y la Gata en ACR Cordillera Escalera

El PEHCBM no es el ente competente de realizar una sanción es el ALA y el ARA, quienes debían actuar respecto a esta contaminación medioambiental.

En redes sociales, se está denunciando la contaminación de un sector del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera por parte de un centro turístico y restaurante conocido como “El Mono y la Gata”.

El gerente general del PEHCBM Javier Sinti Flores, entidad que administra el ACR Cordillera Escalera, señaló que tomaron conocimiento que se está vertiendo aguas servidas en una cuenca que va dar en el río Ahuashiyacu, que es un tema de contaminación.

Señaló,  además, que como Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, a través de  Cordillera Escalera y la Dirección de Medio Ambiente, lo que corresponde  es hacer un informe y enviar conjuntamente a la Procuraduría y a  la Fiscalía de Prevención del Delito, por el hecho que el PEHCBM no es el ente competente de realizar una sanción correspondiente porque es la Autoridad Local del Agua  ALA y la Autoridad Regional Ambiental ARA,  quienes debían actuar respecto a esta  contaminación medioambiental.

“Se está coordinado con el jefe del ACR Cordillera Escalera Queny Pinedo un informe completo con las evidencias del caso y vamos a informar a la Procuraduría conjuntamente con la fiscalía de Prevención del Delito para que iniciar un proceso legal, si corresponde”.

Se informa además que los guardaparques hicieron la verificación in situ. Respecto al Mono y La Gata, se indica que fueron posesionarios antes de la creación del ACR Cordillera Escalera, pero el presunto delito está evidente, nadie les prohíbe realizar su negocio, pero también hay un tema de responsabilidad en cuidar el medio ambiente.  https://diariovoces.com.pe/

Ucayali: PJ ordena a secta religiosa ‘menonita’ paralizar la deforestación en su territorio

El Juzgado de Investigación preparatoria transitoria de Delitos Ambientales de la Corte Superior de Justicia de Ucayali dispuso una medida relevante frente a la presunta existencia de tala indiscriminada en la selva de Ucayali. Se trata de una medida cautelar aprobada que busca proteger el territorio forestal que ocupan los asociados de la Colonia Menonita Cristiana Agropecuaria Masisea, más conocidos como “menonitas”.

Como se sabe, en octubre del 2023, el Ministerio Público, a través de la Segunda fiscalía provincial Especializada en Materia Ambiental de Ucayali; dio inicio a una investigación en contra de los miembros de la colonia menonita por la presunta comisión del delito contra los Recursos Naturales, en la modalidad de Delito contra los Bosques o Formaciones Boscosas y Alteración del Ambiente o Paisaje.

Ello, luego de que se advirtiera que dicha agrupación había estado construyendo una trocha carrozable en los terrenos que adquirieron; los cuales están ubicados dentro de la Comunidad Nativa Caimito; en el distrito de Masisea, en Ucayali.

Según la resolución judicial a la que Infobae Perú tuvo acceso y que data del último 8 de enero, esta trocha carrozable estaría generando la deforestación de un área aproximada de 50 mil metros cuadrados; mediante la presunta tala ilegal de una parte del bosque ucayalino de “20 metros de ancho por una longitud aproximada de 2.5 kilómetros”.

Si bien las pesquisas en contra de la comunidad menonita se encuentra en un estado de investigación preparatoria, el juez a cargo de la sala, Omar Magno García Zavaleta resolvió declarar fundada la solicitud del fiscal Vladimir Rojas Arellano; ordenando la “suspensión inmediata de actividades extractivas, depredadoras, y cese de construcción de trocha carrozable (...) donde se estarían continuando con actividades de desbosque y tala ilegal”.

La orden del juzgado, a cargo de García Zavaleta, contempla que esta medida cautelar de paralización sea respetada “durante el tiempo que duran las investigaciones o eventualmente, todas las etapas procesales penales”. Esto incluye también el periodo del juicio oral, de llegarse a dicha etapa.

En ese sentido, el juez Magno García exhortó “al Juzgado de Paz Letrado de Masisea, a efectos de que, de acuerdo a la agenda de su juzgado, señale la fecha para la diligencia y ejecución de la presente medida”; a fin de notificar una copia de la resolución a cada una de las partes implicadas. Esto quiere decir, que tanto los ciudadanos menonitas como el fiscal que requirió la medida cautelar sean debidamente notificados por la autoridad judicial de dicha comunidad.

Juez confirmó existencia de trocha carrozable y presuntas actividades ilegales

En la resolución, el juez Margno García detalló entre los motivos que justificaron la medida, se encontraba la existencia de una serie de copias certificadas y actas de la Diligencia de Constatación Fiscal. Estos documentos, a los que García Zavaleta les da la razón, advierten que “efectivamente, se estarían realizando actividades de extracción; así como actos que estarían afectando y teniendo gran impacto ambiental negativo”.

De hecho, durante la constatación fiscal, el juez señaló que “se logró advertir una trocha carrozable en construcción aproximadamente de 20 metros de ancho por un largo aproximado de 2.5 kilómetros; asimismo, se advirtió una vivienda con acopio de trozas de madera de las especies Lupuna y Estoraque.

Como resultado, el magistrado de la Corte Superior de Ucayali consideró que “existen suficientes elementos de convicción que justifican la adopción de la medida de suspensión inmediata de la actividad contaminante, extractiva o depredadora”.

“Al estar acreditada la existencia no solo de la verosimilitud del derecho invocado, y el peligro en la demora, sino también la existencia de una razón justificable, teniendo en cuenta que este tipo de medida cautelar constituye una medida necesaria y complementaria hasta el dictado de la sentencia condenatoria resulta pertinente ampararla”, dicta el fallo de García en favor de la medida. https://www.infobae.com/

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16/1/24

Mientras fiscalía investiga a sus ejecutivos, Repsol sigue negando la contaminación y descarta pagar más reparaciones a pescadores - Hidroboletín Fentap 4385

 Martes, 16 de enero de 2024 – Año XVII – Edición 4385

 

Mientras fiscalía investiga a sus ejecutivos, Repsol sigue negando la contaminación y descarta pagar más reparaciones a pescadores

Se cumplen dos años del masivo derrame de petróleo frente a las costas de Ventanilla, en el Callao. Los avances para exigir resarcimientos ambientales y sociales son mínimos. Lo mismo ocurre en materia de salud y rehabilitación de los ecosistemas. Por otro lado, la Fiscalía Ambiental de Lima Noroeste investiga por el presunto delito contra el ambiente a ocho ejecutivos de la gerencia de Repsol, al capitán del buque italiano Mare Doricum y a funcionarios de tres empresas encargadas de la seguridad del descargo y de la supervisión de la infraestructura que terminó rompiéndose

Dos años han pasado desde el tóxico derrame de petróleo en las costas de Lima y Callao, ocurrido el 15 de enero del 2022, luego de una descarga fallida de hidrocarburos en el terminal marítimo La Pampilla, operado por Repsol. Desde entonces, la compañía ha emprendido una fuerte campaña comunicacional para minimizar los impactos del desastre, ha apelado multas que se le impusieron por 66 millones de soles y ha mantenido en reserva la situación que legal que atraviesan sus ejecutivos.

Convoca.pe accedió a documentos de la Fiscalía Ambiental del Distrito Fiscal Lima Noroeste y confirmó que ocho ejecutivos de Repsol figuran como imputados en la formalización de la investigación preparatoria, presentada en 2023, por la presunta comisión del delito de contaminación del ambiente. Estos son el español Jaime Fernández Luca de Tena, representante legal del Grupo Repsol y gerente de La Pampilla, y los empleados locales José Gregorio Reyes Ruíz, Carlos Alberto Paiva Venero, Sebastian Guzmán Brioso, José Martín Goméz, Roberto Wong Lay, Cecilia Posada Jhong y Renzo Tejada Mackenzie.

La fiscalía detecta que tuvieron una "clara intención de minimizar la catástrofe", además de "incumplir las exigencias de notificación, las alertas a las autoridades y población" y "la activación del nivel correcto de emergencia" según el plan de contingencia de la empresa.

Según la tesis fiscal, Fernández Luca de Tena no cumplió adecuadamente sus responsabilidades de gerente general y líder de las empresas a su cargo y, por el contrario, se dispuso a “desinformar”, como quedó en evidencia en el Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales que estaba “intencionadamente falseado en 7 galones de petróleo crudo”. La autoridad señala que esta actitud permitió que el “vertimiento contaminante” cause daño y perjuicio por una cantidad mayor a 11 mil barriles de petróleo en el mar. Y que la compañía, incluso después de saber las causas del derrame, siguió en una “línea de minimización y desinformación”.

Asimismo, la presunta responsabilidad penal también alcanza al ciudadano italiano Giacomo Pisani, capitán del buque Mare Doricum, por ‘no asumir eficazmente su responsabilidad de capitán (...) frente al desplazamiento y desequilibrio del buque", lo que posteriormente causaría la rotura del PLEM (infraestructura donde se conectan las mangueras del buque con los ductos de la refinería). Uno de los argumentos preponderantes de la Fiscalía, de acuerdo a las conclusiones de la Pericia Naval de Maniobras, es que no se encuentran evidencias de que Pisani ni su segundo al mando ordenaron la paralización de la descarga luego de la emergencia.

Otros factores que salen a la luz en estos documentos es que los prácticos marítimos Washington Reynaga (no contaba con licencia vigente) y Anselmo Tovar, ambos de la empresa Representaciones Navieras y Aduaneras Renadsa SAC, debieron estar en el buque, pero no fue así. Tampoco se contó con la ayuda de los remolcadores de la empresa Petrolera Transoceánica SA, coordinados por Abraham Rojas Retiz de la empresa Transtotal Agencia Marítima, lo que habría evitado el desplazamiento del buque.

La investigación de la Fiscalía Ambiental también se refiere a la rotura del PLEM. Según la tesis del Ministerio Público, Marcelo Bustamante Pinillos, representante de Cosmos Agencia Marítima SAC, avaló información inexacta en un documento titulado "Informe Técnico", del 2 de noviembre del 2017, que firmó. El informe de Bustamante aseguraba a las autoridades competentes las supuestas condiciones óptimas del PLEM, que, como ya se sabe, había sido mal instalado. Por estas acciones, es investigado por la presunta comisión del delito ambiental, en la forma específica del "delito de responsabilidad falsa contenida en informes".

La entidad también añade responsabilidad a la empresa Applus Norcontrol Perú SAC, que inspeccionó la misma infraestructura en el 2019.

Otra acción inmediata no ejecutada fue la intervención —por falta de equipos— de los dos buzos de la mencionada Cosmos Agencia Marítima, quienes debían verificar el lugar y la causa del derrame. Aunque este paso era indispensable en los planes de contingencia aprobados por Osinergmin y Dicapi, no se ejecutó sino 9 horas después del suceso inicial.

La Fiscalía agrega que el Estado debe exigir a Repsol por el daño causado una exhaustiva rehabilitación ambiental que “involucre los alcances del daño moral y el daño ambiental”. Además, reconoce que la afectación no solo ha sido al ecosistema sino a los “servicios ambientales” que este brinda, lo que tardará varias generaciones hasta restablecerse.

Por su parte, el abogado Julio Guzmán, procurador público del Ministerio del Ambiente, dice a Convoca.pe que el Ministerio Público ya realizó un peritaje económico.

“Es un caso sólido y que, además, dentro de la investigación, recoge evidencia y suficiente material probatorio para demostrarle a un juez que la empresa es responsable de los daños económicos causados en nuestros recursos naturales marítimos”, sostiene Guzmán. Añade que la justicia tendrá todos los elementos para ordenar una reparación civil significativa.

Al consultar a la empresa sobre su posición ante las imputaciones de la Fiscalía, solo comunicó que “es totalmente respetuosa del marco jurídico peruano”.

Dos años de lentos avances y nulos resultados

Los avances para exigir resarcimientos ambientales y sociales han sido mínimos. Incluso la rehabilitación de las áreas afectadas por parte de la empresa aún no se lleva a cabo y los planes para dicha acción se encuentran esperando la aprobación del Ministerio de Energía y Minas. En respuesta a este medio, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) aseveró que ninguna zona afectada ha sido rehabilitada.

La empresa presentó un total de 18 planes de rehabilitación al Ministerio de Energía y Minas.

“Ninguno de estos planes han sido en su totalidad aprobados y, en consecuencia, tampoco son implementados. Nueve de ellos se encuentran en evaluación de requisitos de admisibilidad, dos han sido admitidos y siete fueron calificados como ‘no presentados’ porque no cumplían con los requisitos de admisibilidad”, advierte la abogada Lissette Vásquez Noblecilla, titular de la adjuntía de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo.

“Necesitamos que esta rehabilitación sea efectiva. Y además es necesario que Oefa continúe con sus labores de evaluación y supervisión”, añade la adjunta.

Por el lado de sanidad pública, los monitoreos de salud mental y física tampoco se han realizado hasta ahora, a pesar de las exigencias de los gremios de pescadores quienes mediante un memorial enviado el 5 de septiembre de 2023 a Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, solicitaron expresamente que el Ministerio de Salud active protocolos para la evaluación de los afectados.

La respuesta por parte del Ministerio de Salud llegó el 22 de septiembre de 2023 y versó sobre el estado de los informes de Digesa en sus monitoreos a las playas afectadas, pero no se tocó ninguno de los temas exigidos por los pescadores. Para el abogado Mario Carranza, encargado de la defensa de las asociaciones pesqueras, sus patrocinados tienen la sensación de que el “Ministerio de Salud da la espalda a la salud”. Tampoco se han tomado en cuenta las reiteradas recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para activar un monitoreo de salud mental a la población perjudicada.

En cuanto a las negociaciones para las compensaciones económicas que Repsol debía pagar a los afectados por el derrame de petróleo, la congresista Ruth Luque y la defensa de los perjudicados coinciden en que estas han sido controladas preponderantemente por la compañía transnacional, de manera vertical y en medio de un halo de secretismo.

“La presencia del Estado en las negociaciones ha sido nula”, lamenta Mario Carranza, abogado de varios gremios de pescadores artesanales.

Este último punto ha generado una escalada de protestas por parte de los afectados quienes denuncian que la empresa no ha pagado el monto total de las compensaciones correspondientes al año 2023. Estas manifestaciones alcanzaron su pico máximo entre octubre y noviembre del año pasado, cuando los manifestantes bloquearon la carretera central y fueron reprimidos por la Policía Nacional del Perú, que dejó como saldo diversos heridos.

El mar sigue contaminado

Un informe sobre monitoreos a zonas afectadas por el derrame de petróleo —elaborado por el Ministerio de la Producción (Produce)— publicado en noviembre de 2023 indica la alta concentración de Hidrocarburos Totales de Petróleo en el mar y las áreas costeras de Ventanilla, Ancón y Chancay. El documento concluye que no hay condiciones para el desarrollo normal de la pesca artesanal.

Sobre esto, Repsol respondió a Convoca que el informe del organismo tiene “conclusiones erradas” porque posiblemente ha usado un ECA (Estándar de Calidad Ambiental) equivocado, por lo que han pedido la “corrección y rectificación”. Además, a pesar del informe de Produce que advierte la presencia de elementos contaminantes en la zona, la petrolera de capitales españoles reafirma su posición de que “las condiciones están dadas para la reactivación de la pesca”.

De acuerdo a información brindada por Oefa a este medio, los recientes monitoreos realizados por el organismo en los meses de octubre, noviembre y diciembre a los componentes ambientales (agua, sedimento e hidrobiología), han encontrado presencia de hidrocarburos en los sedimentos frente a la costas del distrito de Ventanilla. Y, de acuerdo a las “evaluaciones ambientales de seguimiento y focales correspondiente al año 2023, se superó el ECA para agua en tres formaciones costeras correspondientes al distrito de Ventanilla:  la playa los Delfines y en el distrito de Ancón: las playas Punta Mulatas y Ancón”.

El organismo añade que los comunicados de Repsol donde se desliza la posibilidad de playas libres de hidrocarburos contienen información falsa. “Es información falsa debido a que el OEFA en sus evaluaciones ambientales del 2023 identificó 32 formaciones costeras con presencia de hidrocarburos”, precisa el organismo fiscalizador en sus respuestas a este medio.

Con relación al tema de las playas de uso recreacional, la adjunta de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, indica que no existe un verdadero control en el acceso y cuidado de los ciudadanos para no exponerse a playas afectadas por el derrame de petróleo.

“La Defensoría del Pueblo ha visitado algunas playas ubicadas en Ancón, Santa Rosa y Callao. Y se ha detectado que, a pesar de ser, de acuerdo a la evaluación del Estado, consideradas afectadas, no hay control para que los bañistas accedan. No hay advertencias por parte del municipio indicando los riesgos que puede significar exponerse a playas afectadas por el derrame”, precisa Vásquez. La funcionaria incluso advierte que una bañista luego de ingresar a una de estas playas requirió atención médica. Aunque Repsol, mediante un comunicado de prensa publicado el 15 de enero de 2024, asegura que las playas de Ancón y Santa Rosa "hace meses están listas para la pesca, comercio y otras actividades recreativas".

El Estado inmóvil

La congresista Ruth Luque, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, asegura que el papel del Estado peruano ha sido ineficiente para solucionar los problemas de compensación económica, de rehabilitación ambiental.

“A dos años tenemos un cúmulo de problemas irresueltos de una especie de peloteo entre la empresa y el Estado. De una empresa que dice haber hecho todo. Ellos dicen haber entregado compensaciones al 98%, pero en realidad se entregó a diez mil trescientas personas, cuando la empresa ha recibido innumerables pedidos y memoriales”, precisa la congresista a Convoca.pe.

Para Luque la empresa ha impuesto sus propios criterios frente a un Estado con incapacidad de respuesta ante desastres naturales de esta magnitud. “El gobierno dice que no tiene facultades para obligar a la empresa. Respecto a la remediación ambiental, es negligente la actitud del Ministerio de Energía y Minas. A los dos años simplemente se demuestra que el estado no tiene herramientas soberanas para garantizar ambientes saludables y defender a las poblaciones afectadas”, declara Luque, quien reitera que en este tiempo nunca hubo liderazgo político para emplazar a una empresa “que hace lo que quiere”. https://convoca.pe/


HIDROREGIONES PERÚ

Buscan mejorar gestión de recursos hídricos en Alto Piura

La Autoridad Nacional del Agua, a través de la Administración Local de Agua (ALA) Alto Piura y la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Alto Piura (JUSHMAP)– Clase B, se reunieron para articular acciones que permita mejorar la gestión de recursos hídricos en el ámbito.

El jefe de la ALA Alto Piura, Ing. Félix Astudillo Bances, conjuntamente con su equipo brindará acompañamiento técnico para la continuidad del Programa de Distribución de Agua (PDA) y para el cumplimiento de la cobranza de acuerdo al valor del m3.

Según se informó desde la ALA Alto Piura se asumió el compromiso de coordinar un curso de aforadores con instituciones aliadas, y dicha actividad estará dirigida a los hijos de los usuarios de agua.

Cabe resaltar que la cobranza de fua fue aprobada con la Resolución Administrativa 0192-2023.ANA-AAA.JZ-ALA.APH dando cumplimiento a la Resolución Jefatural de la Autoridad Nacional de Agua, 0155-2022-ANA. https://www.elregionalpiura.com.pe/

Loreto: moradores del distrito de Punchana queman llantas con el fin de tener la atención del alcalde

En la región Loreto, moradores de diferentes asentamientos humanos, ubicado en el distrito de Punchana, protestaron contra el alcalde de la localidad, Olmex Escalante.

Los pobladores quemaron llantas y bloquearon la vía con la finalidad de tener la atención de la autoridad edil.

Los residentes de Punchana exigieron que cumpla su promesa cuando postuló a la alcaldía, en el que prometió construir el sistema de alcantarillado y mejoras en la infraestructura.

“Se necesita el sistema alcantarillado y también de la mejora de la vía independencia. Para eso se necesita la presencia de la autoridad municipal con los funcionarios”, sostuvo uno de los manifestantes.

Asimismo, señalaron que en distintas ocasiones buscaron el diálogo con el alcalde de Punchana, pero al no tener éxito se vieron obligados a tomar nuevas medidas.

“Que venga hacer un trabajo responsable. Si el alcalde no viene va generar un conflicto social y no queremos llegar a eso”, concluyó. https://www.expreso.com.pe/


LIMA PERÚ

Durante 2023 minería ilegal afectó 49 sectores en Perú y otros países amazónicos

El incremento de la minería ilegal de oro es un problema que afectó en 2023 no solo al Perú. La deforestación de bosques primarios y contaminación de ríos se registra más allá de las fronteras peruanas, abarcando territorios amazónicos de Ecuador, Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam, de acuerdo con el estudio de imágenes satelitales recogidas en el informe 197 del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés). El informe documentó 49 sectores donde se practica la minería ilegal en la Amazonía.

El informe, publicado en octubre de 2023, muestra cómo áreas naturales protegidas (ANP) y territorios indígenas fueron afectados por esta práctica ilegal. En el caso de Perú, en la región de Madre de Dios, fue observada la presencia de minería ilegal en las ANP de la Reserva Nacional de Tambopata y la Reserva Comunal Amarakaeri.

Cabe recordar que el incremento de mineros ilegales en los últimos dos años en el sector denominado ‘La Pampa’, ubicado dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, fue de cuatro veces. Solo en esta región del suroriente peruano, en menos de tres años, la minería generó la pérdida de 23.881 hectáreas de bosques, un área equivalente al distrito de Lurigancho-Chosica (Lima), de acuerdo con el informe 195 del MAAP, que difundimos en Actualidad Ambiental.

Asimismo, en Iquitos, Cusco, Puno y otras regiones del Perú encontraron presencia de mineros, en algunos pocos casos legales, como en el Corredor minero de Madre de Dios. Al respecto, a pesar de encontrarse en una zona donde es posible realizar esta actividad existe una escasa voluntad de querer formalizarse.

A julio de 2023, se registraron un total de 11 023 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), correspondientes a las regiones de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Amazonas y Huánuco. De este número de inscripciones de formalización minera, el 21.58 % se encuentran vigentes y el 78.42 % están en condición de suspendidos por no haber cumplido con la normativa, informó el estudio Minería ilegal en la Amazonía peruana, elaborado por Unidos por el Bosque de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) – Perú.

De acuerdo con el reporte del MAAP, la minería aurífera de oro se extiende, en el Perú, además, de los ríos Madre de Dios y Tambopata, en el Nanay, Mazán, Yaguas, Curaray, Cenepa, etc. Vale precisar que muchos de estos ríos son cercanos a comunidades nativas, que son directamente perjudicadas no solo con la deforestación de sus bosques, sino también con la contaminación (en la minería aurífera predomina el uso de mercurio) de las principales fuentes de suministro de agua potable.

De igual forma, esta situación se extiende en territorios de Brasil, Ecuador, Colombia y otros países amazónicos en que la minería ilegal afecta sus áreas naturales y territorios indígenas.

En el primer grupo se encuentran el Parque Nacional Podocarpus, Ecuador; Parque Nacional Madidi, Bolivia; Parques Nacionales Canaima, Caura y Yapacana en Venezuela. Por otro lado, los territorios indígenas afectados son Kayapo, Menkragnoti, Yanomami y Mundurucu, Brasil; y Pueblo Shuar Arutam, Ecuador.

Esta situación recogida en el citado estudio reportó 36 conflictos socioambientales: 16 en áreas protegidas y 20 en territorios indígenas. Además, hallaron otros dos conflictos con bosques nacionales brasileños.

“El reporte es importante porque provee una guía actualizada y precisa sobre el estado de la minería, especialmente la ilegal, a través de la vasta Amazonía multifrontera. Esperamos que los gobiernos y la sociedad civil puedan utilizar esta información para planificar mejores estrategias a través de fronteras”, declaró Matt Finer, director del MAAP y autor del citado informe, a Mongabay.

Dato:

El presente reporte fue elaborado con información obtenida durante los últimos años, con el monitoreo continuo que llevan a cabo el MAAP sobre deforestación, así como datos proporcionados por sus socios en los países amazónicos. La información fue completada con datos automatizados de Amazon Mining Watach y de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). https://www.actualidadambiental.pe/

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