Lunes, 24 de junio de 2024 – Año XVIII – Edición 4493
Más de un siglo sin agua potable:
asentamientos humanos en Piura acusan de ‘mentirosa’ a ministra Hania Pérez de
Cuéllar por incumplir promesas
El
dirigente Javier Vargas denunció públicamente a la titular de dicha cartera,
acusándola de retrasar la licitación de megaproyecto de agua y alcantarillado.
La situación mantiene sin el recurso básico alrededor de medio millón de
ciudadanos en Piura
Al norte del país, el rechazo contra la ministra de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, es contundente.
Esta mañana, el dirigente del Asentamiento Humano La Molina - Veintiséis de
Octubre, Javier Vargas, denunció públicamente a la titular de dicha cartera,
acusándola de mentir sobre la licitación de un megaproyecto de agua y
alcantarillado, a favor de 96 asentamientos humanos que reúnen aproximadamente
a medio millón de personas en Piura.
En diálogo con Exitosa, Vargas criticó la falta de
coherencia en los plazos anunciados por la ministra para el inicio de las
obras, recordando que las fechas han sido aplazadas en repetidas ocasiones.
Según Vargas, la ministra había mencionado que la
licitación se adjudicaría el 22 de febrero de este año; sin embargo, esta se
postergó al 28 de febrero, 4 de marzo, 8 de marzo y finalmente hasta el 26 de
marzo, antes de declarar su nulidad mediante una resolución en el marco del
Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU).
“En la boca del mentiroso, lo cierto se hace doloso. Es una
ministra que ha venido mintiendo constantemente, una ministra que en el mes de
febrero decía ‘por qué se levantan los dirigentes de estos sectores’, si la
buena pro va al 22 de febrero, luego el 28 de febrero, luego el 4 de marzo,
luego el 8 de marzo, luego el 26 de marzo, y así hasta que ha declarado la
nulidad [del proyecto] por una resolución”, aseveró el dirigente.
Asimismo, el dirigente señala que, aunque se suscribió un
acuerdo en presencia del viceministro de Vivienda y de los alcaldes
provinciales de Piura y los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre,
donde se comprometieron a iniciar el proyecto en junio, la población ha perdido
la confianza en las autoridades.
En ese sentido, Vargas sostiene que estas inconsistencias
han llevado a la comunidad a considerar medidas de luchas para exigir el
cumplimiento del proyecto, como un paro regional.
Además, agrega que la ministra Pérez de Cuéllar había
presentado en marzo del año pasado una resolución otorgando la buena pro a una
empresa con el fin de implementar la obra, solo para anularla un mes después,
una acción que les da razones suficientes para dudar de esta persona de la
funcionaria, opinó Vargas a través de Exitosa.
“El viceministro de Vivienda [Hernán Navarro] y el director
del PNSU [Néstor Supanta Velásquez], ambos frente a los alcaldes provinciales
de Piura, Gabriel Madrid, el de Castilla y el de Veintiséis de Octubre,
suscribieron un acta donde se comprometían que en el mes de junio sí o sí iba
el megaproyecto de agua y alcantarillado. La población ya no cree. Esta misma
ministra el año pasado vino con la resolución de otorgamiento de la buena pro
en el mes de marzo y un mes después declararon la nulidad, por eso tenemos
razones suficientes para dudar de esta persona, los congresistas la blindan. La
población tiene que levantarse e irnos a un paro regional”, afirmó Vargas.
Más de un siglo sin agua potable
En ese marco, la problemática se agrava debido a que
Piura ha estado sin un sistema adecuado de agua potable durante más de 100 años.
En este caso, en particular, los ciudadanos que viven en dichos asentamientos
humanos aún tienen que hacer silos en sus casas para sus necesidades debido a
la falta del recurso, una realidad que consideran inaceptable debido a que ha
generado problemas de salubridad y espacio.
Por ello, la población considera este tipo de
proyectos no solo una mejora en el suministro de agua, sino también en la salud
pública y sostenibilidad de las infraestructuras urbanas.
Ahora, la expectativa por conocer la resolución de la
licitación está puesta en el 5 de julio, fecha en la cual las familias esperan
que se presenten avances concretos en el proyecto de agua y alcantarillado,
que, detalla Vargas, ya ha comenzado a mostrar resultados positivos en cuanto a
la renovación de las redes del líquido elemento en 52 de los 94 sectores
afectados.
Antecedentes de corrupción en la mira
En el mes de abril, el viceministro de Construcción,
Jorge Bustamante, aseguró que el proyecto aún se realizaría. No obstante, el
proceso inicial de la licitación, otorgada el año pasado, fue revocado y
regresó a etapas previas varias veces.
Posteriormente, la licitación fue anulada el 26 de
marzo. Ante el descontento y los fallos en la gestión del proyecto, el alcalde
Gabriel Madrid pidió la interpelación de la ministra Pérez de Cuéllar.
Pero, ciertamente, el origen de los problemas con la
licitación se remonta al 2023, cuando la Contraloría General de la República
descubrió que la empresa ganadora, China Tiesiju Civil Engineering Group
Sucursal del Perú (CTCGE), presentó documentación de otra compañía para
acreditar su experiencia.
Además, un informe del Congreso de la República
mencionó a CTCGE y su matriz, China Railway Tunnel Group, como parte del
denominado “Club del Dragón”, un grupo de empresas chinas que habrían obtenido
contratos de manera irregular en varios niveles de gobierno.
Esta investigación incluyó actividades durante las
administraciones de los expresidentes Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y
Pedro Castillo. https://www.infobae.com/
La Libertad: contratista fue beneficiado en obra de S/ 4,4
millones, en Otuzco
La Contraloría General de la República (CGR) evidenció que
el contratista, a quien se adjudicó la buena pro para la ejecución de la obra
“Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en
el caserío Chacomas, distrito de Usquil, en la provincia de Otuzco”, fue
favorecido con el proyecto de S/ 4,4 millones.
En ese sentido, el Comité de Selección actuó en desmedro de
la Municipalidad Distrital de Usquil, que finalmente no materializó la
contratación de la mejor oferta en términos de calidad, precio y oportunidad.
Según el Informe de Control Específico N°
035-2024-2-0420-SCE, emitido por la CGR, dicho consorcio debió ser
descalificado porque no presentó los documentos que sustentaban la propiedad,
posesión y/o compromiso de compraventa o alquiler de una máquina compactadora
de suelo (vibroapisonador).
Justamente, este fue un requisito de calificación
(equipamiento estratégico) contemplado en las bases integradas del
procedimiento de selección, que concluyó con la suscripción del Acta de
admisión, evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro
del 2 de octubre del 2023. Asimismo, el Comité de Selección no promovió mayor
concurrencia de potenciales postores y solicitó componentes muy específicos que
estuvieron orientados a beneficiar al postor adjudicatario de la buena pro que
coincidentemente cumplía con cada uno de ellos.
Esto último también originó que el postor que ofrecía
la mejor oferta en términos de calidad y precio no reciba el puntaje por este
factor de evaluación, y por ende se favoreció al consorcio que finalmente se
adjudicó la buena pro para la ejecución de la obra en mención. Debido a ello,
la CGR halló presunta responsabilidad penal y administrativa en los tres
integrantes del Comité de Selección. https://n60.pe/
Lagos de Tarapoto: cuando el turismo
amenaza uno de los sitios mejor conservados del Amazonas
Entre septiembre y octubre de
2023 hubo semanas en las que no llovió en la Amazonia. Millones de personas de
los ocho países que la conforman quedaron desabastecidas de agua, combustible y
comida en medio de una temporada seca que duró más de lo regular. Hubo zonas
que estuvieron totalmente desconectadas.
Por esos días, las familias del
Resguardo Indígena Ticoya, a más de dos horas en lancha de Leticia, se
organizaban para salir una a dos veces por semana al casco urbano de Puerto
Nariño a proveerse de agua, recuerda el vigía ambiental Jerónimo Ahue Cuello,
de la comunidad Puerto Esperanza, de ese resguardo.
Mientras pasa una canoa con un
motor ruidoso frente a la estación de vigías en Ticoya, Jerónimo dice que en
esos meses de sequía no vio tantos turistas.
Puerto Nariño es uno de los
sitios más turísticos de la Amazonia colombiana. Al año recibe unos 24.000
turistas, algo que hace cincuenta años, antes de que se fundara el municipio
(en 1984), era imposible. Los tiempos han cambiado: hoy el municipio tiene 22
hoteles y funcionan 19 agencias y operadores de viajes.
Según la Secretaría de Turismo y
Cultura de ese departamento, en Leticia, la capital, funcionan más de 400
servicios entre agencias, operadores y alojamientos que reciben alrededor de
30.000 turistas al semestre en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez
Cobo, los acomodan y guían sus salidas por fuera del municipio de Leticia. El
otro destino al que van los visitantes es Puerto Nariño y sus alrededores.
Aunque la industria del turismo
genera uno de los principales ingresos económicos para el municipio, hay
comunidades que se están cuestionando sobre el impacto social y ambiental de
esta actividad, que tuvo un empujón tras el Acuerdo de Paz de 2016. Hoy esta
fuente de ingreso se ha extendido a conceptos como el ecoturismo, el turismo
comunitario o el etnoturismo.
Muy cerca de Puerto Nariño, como
lo muestra el siguiente mapa, está el sitio Ramsar Lagos de Tarapoto, el primer
complejo de humedales en la Amazonia en tener esa designación, la máxima medida
internacional para la protección de dichos ecosistemas. Declarado en 2018 por
el Ministerio de Ambiente, este sitio se encuentra en medio del Resguardo
Ticoya, desde donde habla Jerónimo. Está conformado por 22 comunidades de los
pueblos indígenas Ticuna, Cocama y Yagua.
Sobre este resguardo del
Amazonas confluyen varias opiniones en torno al turismo. Si bien es un sector
que aporta a la economía, ha incumplido las reglas de unos acuerdos de pesca
que las comunidades pactaron hace unos años. Esta situación las mantiene
divididas.
Las discordias en Lagos de
Tarapoto
A inicios de la anterior década
en Lagos de Tarapoto disminuyeron especies de peces como los arowanas, las
cachamas blancas, los bagres y el famoso pirarucú. Las comunidades se acercaban
a los bosques inundables, es decir, unos árboles que crecen entre el agua a
orillas de los ríos, en donde normalmente es más fácil hallar los peces, pero
no los hallaban igual que hace varias décadas.
Más de 40 años atrás, en 1980,
un indígena se demoraba en promedio 15 minutos capturando lo necesario para su
familia y para comerciar, mientras que hoy pueden tardar incluso toda una
noche, especialmente en temporada de verano, lo que además afecta la
alimentación de los delfines rosado y gris (Inia geoffrensis y Sotalia
fluviatilis), especies sombrilla que están por encima de la cadena alimenticia,
cuyo bienestar es un medidor sobre el estado del ecosistema. Actualmente, ambas
están categorizadas como “en peligro” en la Lista Roja de Especies Amenazadas
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Según cuenta el vigía Jerónimo
Ahue, los acuerdos a los que llegaron las comunidades han ayudado a enfrentar
esa escasez. “Antes se veía gente de las mismas comunidades pescando pirarucú”,
que ya no se puede pescar.
La declaración de Lagos de
Tarapoto como sitio Ramsar, que permite proteger un área de 54.643 hectáreas,
se dio a la par de que las comunidades lograran 10 acuerdos de pesca
responsable para aumentar las poblaciones de peces. Estos puntos incluyen
restricciones para proteger ciertas especies en periodos específicos del año,
acorde a sus ciclos de reproducción; también define cuáles son las especies
completamente vetadas para pesca, y cuáles son las redes y los motores
permitidos.
Durante la sequía del año
pasado, el trayecto de Lagos de Tarapoto a Puerto Nariño demoraba alrededor de
una hora más de los 15 a 20 minutos que normalmente dura. Los bosques
inundables, en donde en época de aguas altas pueden nadar los delfines rosado y
gris (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis), parecía simple vegetación sobre
la tierra: nada de agua.
Según estimaciones de la
Fundación Omacha, ONG que acompañó durante cuatro años al Resguardo Ticoya en
la formulación de los acuerdos, cada familia necesita para alimentarse una
sarta y media al día (una sarta tiene en promedio diez pescados), lo que
equivale a 2 kilogramos diarios cuando hay aguas bajas, y 0,67 kilogramos en
temporada de aguas altas. Los acuerdos permiten pescar diariamente hasta 10
sartas o 20 kg por pescador, aunque la pesca diaria por especie no puede
exceder los 10 kg por pescado.
Para tratar de
garantizar que los acuerdos se cumplan, en la boca del complejo de humedales
hay una estación en la que integrantes de las 22 comunidades se van rotando
cada quince días para revisar las mallas que utilizan los pescadores para
capturar los peces, el motor de las balsas, así como las especies que pescan.
Para el vigía
Juan Ahue Cuello, de Puerto Esperanza, cumplir los acuerdos también trae
beneficios “para los que vienen atrás: los nietos y bisnietos. Nosotros como
vigías estamos aportando para que los peces sigan reproduciéndose; si no, nos
quedaremos sin nada”.
Aunque los
acuerdos han servido para recuperar poblaciones de especies, como señala el
vigía Gabriel Ahue Gómez, de la comunidad de Santa Clara de Tarapoto, hay
discordias entre las comunidades porque algunos pescadores no cumplen con el
tamaño de las mallas permitido (superior a tres pulgadas) y emplean de dos
pulgadas.
Santa Clara es
la comunidad en la que los pescadores cumplen menos los acuerdos. Están más
cerca del lago principal y no les suena mucho seguir las reglas de otras
comunidades del mismo resguardo que vienen a “su” lago.
“Los pescadores
no están de acuerdo. Yo quisiera que incluso no hubiera mallas en verano”,
opina Jerónimo, especialmente en casos como el año pasado, cuando se alargó el
periodo seco.
Para Fernando
Trujillo, director científico de la Fundación Omacha y quien fue elegido como
Explorador del Año por National Geographic, hay dos problemas claves: que
quienes incumplen los acuerdos no reciben ningún tipo de sanción y que la
mayoría de vigías “son personas mayores y, desafortunadamente, no tienen mucha
autoridad” entre los pescadores y las autoridades del resguardo que no
reconocen los acuerdos.
Los problemas
entre los pescadores y los vigías se dan sobre todo en verano porque, como
explica Trujillo, es cuando hay mayor concentración de peces, mientras que en
otros periodos “los pescadores pueden pasar toda la noche y con suerte sacan
una sarta”.
Otro de los
puntos en discordia son las canoas, que únicamente pueden tener un motor
pequeño, denominado “pkpk caballaje 5.5”, y andar a menos de 5km, para evitar
lastimar a los peces y delfines con las aspas o afectarlos con el ruido. Es una
regla que, según los vigías, no conocen ni cumplen algunas las embarcaciones de
operadoras que llevan turistas.
Es paradójico:
el avistamiento de delfines es uno de los principales intereses de los turistas
que llegan a Lagos de Tarapoto, pero, según los datos de la Fundación Omacha,
las poblaciones de delfines rosados han disminuido un 52 % y las de los grises
un 37 % en los últimos 30 años en el Trapecio Amazónico (el extremo sur del
departamento).
“Esto sucede en
un área en donde hay manejo. En las otras en donde no lo hay, la situación
seguramente es peor”, puntualiza Trujillo. https://infoamazonia.org/
Inician mesa técnica sobre reglamento de ley de servicio
universal de agua potable
El viceministro de Construcción
y Saneamiento, Christian Barrantes lideró la mesa técnica entre el equipo del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y la Superintendencia Nacional
de Servicios de Saneamiento (Sunass), con la participación de expertos
independientes, sobre el Reglamento de la Ley del Servicio Universal de Agua
Potable y Saneamiento.
El propósito de estas reuniones
es continuar promoviendo espacios de diálogo entre el sector y el ente
regulador sobre el marco regulatorio que permita mejorar los servicios de agua
potable y alcantarillado que se brindan a los usuarios a nivel nacional.
Al respecto, el viceministro
Barrantes agradeció al equipo de Sunass, encabezado por su presidente, Mauro
Gutiérrez, por su participación, opiniones y propuestas en torno al reglamento;
así como a los expertos independientes presentes en la cita, por sus
comentarios y aportes.
“Podemos salir bastante
satisfechos de esta primera reunión porque hemos podido evidenciar con mayor
claridad que tenemos un objetivo común y el mismo interés por dotar de agua y
saneamiento de calidad a la población. Tenemos que seguir ajustando y afinando
algunos temas para tener un mismo lenguaje y una misma propuesta”, afirmó.
En la reunión, Max Carbajal,
director general de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del
MVCS, planteó la necesidad de una reforma estructural del sistema de agua
potable y saneamiento en el Perú, que involucre a todas las instituciones del
sector.
En ese sentido, comentó que la
Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento plantea el
fortalecimiento de las EPS, la mejora de la política regulatoria, subsidios
inteligentes, mejora de los subsidios cruzados, entre otros temas.
Carbajal reafirmó que la norma
ya contempla una progresividad en el rebalanceo tarifario, pero que se puede
incluir de manera textual en el reglamento.
Por su parte, el presidente de
Sunass, Mauro Gutiérrez, saludó al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento por convocarlos a la Mesa Técnica para intercambiar opiniones sobre
el reglamento de la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento.
Por su parte, los expertos
independientes que participaron de la reunión destacaron que existen puntos de
coincidencia entre el planteamiento del MVCS y las recomendaciones de Sunass,
como, por ejemplo, en la progresividad del rebalanceo tarifario, lo que
permitirá contar con un nuevo reglamento consensuado.
La próxima semana se tendrá una
segunda mesa técnica entre ambas instituciones para continuar con el proceso de
la mejora normativa, que redundará en un servicio de agua potable y saneamiento
de calidad para todos los peruanos. https://andina.pe/
