Miércoles, 20 de enero de 2021 – Año XIV – Edición 3644 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
PERÚ - Cuando los servicios públicos básicos están privatizados. ¿Qué
está pasando ahora en Lima con las familias que no han podido pagar los recibos
de luz eléctrica y agua, sobre todo en este tiempo de pandemia y reclusión
obligada?
PERÚ - Empresa petrolera se niega a remediar daños causados por
derrames de crudo en la Amazonía
PERÚ - Amazonía: solo el 1% de operaciones mineras se formalizó en
Madre de Dios
PERÚ – Arequipa. Pobladores del pueblo tradicional de Sachaca
marchan para conservar el sistema de servicio de agua potable
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Perú. Cuando los servicios públicos
básicos están privatizados
¿Qué está
pasando ahora en Lima con las familias que no han podido pagar los recibos de
luz eléctrica y agua, sobre todo en este tiempo de pandemia y reclusión
obligada?
Deseo escribir sobre este tema, poniendo como ejemplo lo
que vi en España y otros países de la Unión Europea. También recordando dos
recomendaciones que nos dan Edgar Morin y Umberto Eco sobre la importancia de
no separarnos de la realidad para ser fieles a la verdad y segundo, estar
atentos al desmedido y enfermizo afán de lucro de algunas empresas
transnacionales. Decía que en estos países donde pude vivir algunos meses, está
prohibido cortar el agua y la energía eléctrica a las familias que no pueden
pagar esos servicios porque simplemente no se puede vivir como ser humano sin
ellos. Esto es tan claro y se cumple con las familias de gitanos pobres y otros
indigentes que no podrían vivir, sobre todo por el clima tan fuerte en ciertos
meses del año. Pero no es solo por el clima sino porque hoy se considera un
derecho humano básico tener agua, desagüe y servicios de energía eléctrica en
las familias y es una obligación de los estados proveer de ellos a todos sus
miembros, puedan o no pagarlos a tiempo.
¿Qué está pasando ahora en Lima con las familias que no han
podido pagar los recibos de luz eléctrica y agua, sobre todo en este tiempo de
pandemia y reclusión obligada?, simplemente a los dos meses de no pago, les
cortan los servicios y nos dejan totalmente desamparados. ¿Qué pasa cuando una
familia no tiene luz eléctrica o agua potable? pues tiene que prestarse dinero
para pagar la deuda y el costo de reposición. Sabemos que prestarse dinero no
es tan rápido y muchas familias no tienen a quien pedirle. Otras recurren a
prestamistas usureros que se aprovechan y salen ganando lo que les viene en
gana.
Con la pandemia estas empresas, que ya se benefician y
lucran con la venta de estos bienes como son el agua y la energía eléctrica,
están haciendo cobros que no corresponden a lo que los usuarios tenían en
tiempos normales. Hemos tenido protestas que muy rápidamente fueron acalladas
por la prensa normalmente vendida a los grandes intereses de las empresas
privadas. Las colas para pagar o reclamar se van haciendo normales y al final
te dicen “primero pague, después reclame” que es lo mismo y que decirte
“muérase y después hablamos”. El ciudadano no tiene defensor frente a estas
empresas que han recibido el beneficio de hacer negocio con un servicio que
debía ser administrado por empresas nacionales y de interés social. Me pregunto
¿cómo se podrán dar los cuidados sin agua para lavarse ni tener para beberla?
¿Qué pasa cuando una familia no tiene energía eléctrica? no
puede usar ningún instrumento que requiera, desde el celular y la computadora,
hasta las bombas de agua, el refrigerador, la ducha, casi todos los equipos
necesarios en nuestros hogares. La pandemia nos ha recluido en nuestros hogares
y en el mejor de los casos hacemos trabajo remoto y nuestros hijos tuvieron que
hacer sus clases con los equipos que tenemos. Si no tienes energía eléctrica no
puedes trabajar, estudiar y comunicarte, es decir simplemente entras en un
camino de muerte real como persona, como ser humano. Yo puedo ser testigo de
esto y vi como una familia entró en pánico ante una agresión de este tamaño. No
puedo imaginar lo que pasará en casas donde hay enfermos que dependen de una
máquina para hemodiálisis u otros equipos médicos que dependen de este tipo de
energía. Es muy grande la angustia de los padres que se ven amenazados porque
no pueden trabajar, los niños y jóvenes universitarios que ahora tienen que
hacerlo todo usando las TICs.
Es realmente un crimen, un atentado contra la vida que
estas empresas actúen de esta manera y que nuestro estado en todas sus
instancias lo permita. Recuerdo una vez estando en una ciudad del norte vi como
unas familias, ante el corte inmisericorde del servicio de agua por varios
días, salieron con sus picos y palanas escarbaron en la calle hasta hallar la
cañería que llevaba el agua a una fábrica de gaseosas y cerveza y la perforaron
hasta que brotara agua para todas las familias angustiadas por la falta de la
misma. Esto que es un hecho delictivo y condenable me parece que se justifica.
Ante un derecho violado como es el derecho al agua, hay derecho a tomarla por
la fuerza como un derecho a la defensa. Esto pasó en Sullana donde las empresas
de cerveza y gaseosas tienen derecho a tomar toda el agua que necesitan
mientras las familias y las urbanizaciones pobres no tienen derecho a ella. Lo
triste y grave es que esto lo hacen con la complicidad de las autoridades
municipales y regionales. Es una muestra más de la corrupción en la que vivimos
sin capacidad de reclamo y denuncia.
Historias parecidas podríamos contar sobre cómo se “roba”
electricidad porque ella simplemente no llega a donde debe llegar y si llega es
muy cara. En este sentido podría decirse de otros servicios como el gas, el
transporte público, las tierras y bosques del Perú entero y los recursos
mineros que están concesionados o mejor dicho entregados a las grandes empresas
internacionales o nacionales con capitales privados. El estado y todo su
aparato burocrático se beneficia vía impuestos, y no los ciudadanos, como se
debía esperar, en naciones donde todos somos ciudadanos con los mismos
derechos.
En este sentido pienso que los campesinos pobres, los sin
tierras o con pañuelos de ella, tienen derecho a tomar las tierras que el
estado ha ido mejorando con canales de agua o represas, y que normalmente las
vende a las grandes empresas agroindustriales nacionales y transnacionales. El
año 2014 el congreso peruano aprobó una ley (30355) de mucha importancia para
la economía de la mayoría de nuestras familias que es la que promueve la
actividad económica de las familias campesinas. La prensa interesada e
indolente tampoco difundió su contenido como la importancia de esta ley que ya
tiene todo para ser cumplida. Hoy por hoy con un Congreso tan jaloneado por
intereses particulares e incapaces, tiene el peligro de ser derogada o
modificada. Además de esta ley existe la propuesta de crear un viceministerio
de la economía familiar campesina, que debe velar por su cumplimiento como por
el cuidado de ella ya que en las manos de las comunidades andinas y amazónicas
están los recursos naturales más importantes del país, como son el agua, la
variedad de especies vegetales y animales domesticados, y en sus subsuelos los
mismos recursos mineros. No solo estamos hablando de bienes tangibles sino
también están los bienes culturales relacionados a su producción, conservación,
transformación y consumo ancestrales de mucho valor.
Esta manera de entender y promover la economía va
directamente para favorecer la producción nacional pensada para nuestras
familias en términos de seguridad alimentaria y soberanía nacional. Esto se
tiene que pensar igualmente para la pesca artesanal marina, la acuicultura y
otros nuevos emprendimientos que van surgiendo entre las familias y comunidades
campesinas, como los invernaderos, riego por aspersión, zanjas de infiltración,
crianza de cuyes mejorada, turismo comunitario, etc. No es oposición a la
exportación de fruta y alimentos por parte de las empresas agroindustriales
sino hacer lo primero y que es mejor para todos. El interés privado piensa
primero en la ganancia y no en el bienestar de las personas y las familias, es
decir en el bien común. El estado y la sociedad civil deben pensar y actuar
para mejorar las condiciones de vida de las personas y familias, mirar cómo
desarrollar las capacidades de las personas y en el empleo de la mano de obra
de tanta juventud como tenemos, etc.
Estamos muy cerca de las elecciones presidenciales y se
barajan muchas posibilidades de quien debe y con qué equipo debe gobernar
nuestro país. Un criterio racional y de justicia para nosotros como electores
tiene que ser este, ver que propuestas concretas tienen los candidatos para
revertir esta irracionalidad institucionalizada. Las empresas privadas que den
servicios públicos tienen que ser dirigidas por personas y equipos capaces,
eficientes y que estén al servicio del bien común y de todos los ciudadanos de
este país. Los recursos como el agua, la salud, la educación y todas las formas
de energía que utilizamos tienen que estar llevadas por peruanos, con
mentalidad de servicio y no de lucro. El agua y la energía eléctrica y muchos
otros bienes deben considerarse como derechos humanos y por lo tanto no pueden
ser negados a ningún ciudadano del Perú y el mundo. Los llamados derechos
humanos de cuarta generación (Internet, identidad étnica, satisfacción, paz,
biotecnología y otros) están entrando dentro de estos bienes a los que todo ser
humano debe alcanzar y gozar. Este es el tipo de nacionalismo que podemos
aceptar y no demagogia barata y miope, patriotera y sin calidad que va
circulando entre algunos candidatos. Carlos Flores Lizana https://kaosenlared.net/
Perú: empresa petrolera se niega a remediar daños causados por
derrames de crudo en la Amazonía
El futuro de más de 1500 sitios impactados por derrames de
petróleo en la Amazonía peruana es incierto. Una preocupación que surgió luego
de que la empresa de hidrocarburos Pluspetrol Norte S.A. confirmara la
liquidación de sus operaciones en los lotes petroleros 192 y 8, ubicados en la región
Loreto.
La compañía hizo el anuncio a inicios de diciembre de 2020
cuando, a través de un comunicado, manifestó que no está obligada a remediar
los pasivos ambientales dejados por empresas que antes operaron en las zonas de
los lotes mencionados.
El Lote 192 (antes 1AB) empezó sus operaciones en 1971 a
cargo de Occidental Petroleum Corporation of Perú (OXY), y a partir del año
2000 y hasta el 2015, estuvo bajo el manejo de Pluspetrol Norte. Aunque
actualmente este lote no está a cargo de Pluspetrol Norte, la remediación de
los daños ambientales causados hasta el 2015 deben ser asumidos por esta
compañía, indica el gobierno peruano. Actualmente, el Lote 192 está a cargo de
la empresa Frontera Energy.
En el caso del Lote 8, las operaciones también se iniciaron
en 1971 y estuvo en manos de PetroPerú hasta 1996, año en que pasa a manos de
Pluspetrol Norte. Esta concesión está vigente hasta 2024.
«La empresa ya inició el proceso de liquidación», dice el
líder indígena Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo
y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), quien comentó a Mongabay
Latam que representantes de Pluspetrol Norte se están reuniendo con cada una de
las comunidades ubicadas en la zona de influencia del Lote 8, que aún está a
cargo de esta empresa.
López cuenta que Pluspetrol Norte está convocando a estas reuniones
para llegar a acuerdos sobre compromisos pendientes. «También nos ha informado
que existe un fideicomiso, pero no indica cuál es el monto del mismo», comentó
el líder indígena a Mongabay Latam.
¿Qué pasará con los lotes de petróleo de
Pluspetrol?
La disputa entre el Estado peruano y la empresa lleva
varios años, pero es la primera vez que Pluspetrol anuncia que ejecutará la
liquidación de la compañía que opera en la Amazonía norte de Perú.}
Según evaluaciones del gobierno peruano, a Pluspetrol Norte
le corresponde la remediación de por lo menos 1500 sitios impactados por
derrames de petróleo en la Amazonía.
«En caso de que Pluspetrol se niegue a adoptar acciones
para remediar los sitios impactados por actividades de hidrocarburos en dichos
lotes, corresponderá ejecutar las garantías establecidas, imponer las multas
que correspondan y requerir al operador que cumpla con la reparación económica
que corresponda», señaló el Ministerio de Energía y Minas (Minem) a Mongabay
Latam tras ser consultado por el camino que adoptará el Estado peruano ante la
negativa de la empresa de ejecutar la remediación del daño ambiental.
Miguel Lévano, especialista en Industrias Extractivas en
Oxfam y coordinador del subgrupo sobre Derrames Petroleros de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), explica que el gobierno peruano ha
rechazado los planes de abandono del Lote 192 —plan de cierre para regresar el
territorio a su estado original— presentados por la empresa hasta en tres
oportunidades, porque en ninguno asume la reparación de todos los sitios
impactados.
«Su argumento [de Pluspetrol] es que ellos han operado solo
15 años y los 30 años anteriores de operaciones en este lote corresponde a OXY.
Sin embargo, la transferencia se hizo mediante un acuerdo privado entre ambas
empresas, incluso con fondos para hacer las remediaciones. Por tanto, no puede
negarse a realizar las reparaciones y el Estado peruano no debe permitir su
liquidación», asegura Lévano.
En un comunicado conjunto emitido el 30 de diciembre de
2020, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) explicaron que le
corresponde a Pluspetrol Norte S.A. asumir las obligaciones de OXY, compañía
que le cedió los lotes petroleros mencionados.
«Como consecuencia de dicha cesión de posición contractual,
Pluspetrol Norte S.A. asume los derechos y obligaciones del cedente [OXY]; y,
por tanto, asume la responsabilidad ambiental a partir de la suscripción de
dichos contratos y no desde el año 2000», explica el comunicado.
En el informe La sombra del Petróleo elaborado por CNDH y
Oxfam, sobre los derrames petroleros ocurridos en la Amazonía peruana entre
2000 y 2019 se indica que Pluspetrol es responsable de la remediación de por lo
menos 2000 sitios contaminados por la actividad petrolera, ubicados en los
lotes 8 y 192.
Hasta ahora, el Estado había priorizado la reparación de 32
sitios en el Lote 192 por un costo de 656 millones de soles (188 millones de
dólares), según cálculos del Fondo Nacional del Ambiente (Fonam). En el Lote 8
se han priorizado 11 lugares afectados por los derrames de petróleo.
Para atender estos daños ambientales, el Estado peruano
creó un Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, que tiene por
objetivo financiar lugares impactados por actividades de hidrocarburos, que
impliquen riesgos a la salud y al ambiente.
Según el Minem, a través de este fondo, el Estado peruano
transfirió 301 millones de soles (83 millones de dólares) a Profonanpe para el
desarrollo de acciones de remediación ambiental en la zona. «Se vienen
elaborando los estudios técnicos que aseguren una adecuada intervención para
las afectaciones ambientales existentes», indicó el Minem en documento enviado
a Mongabay Latam.
«Hasta ahora no se comienza la reparación de los 32 sitios
en el Lote 192 y tampoco se ha concretado la licitación para los lugares
priorizados en el Lote 8. No hay estudios ni consulta previa», reclama el líder
indígena Alfonso López.
El abogado Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de
Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), señala que la
legislación peruana permite que cualquier empresa decida, en junta de socios,
liquidar la compañía.
Carhuatocto explica que en los casos en que una empresa
decide su liquidación, los acreedores pueden iniciar un procedimiento
administrativo a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para que la compañía
asuma sus compromisos pendientes.
«OEFA, que ha multado a Pluspetrol en varias oportunidades
por muchos millones de soles, puede llevar a la empresa ante Indecopi», explica
Carhuatocto. «Se puede solicitar la liquidación del costo del plan de abandono
que no han cumplido y de los pasivos que puedan existir. Es posible decirle a
Pluspetrol: ‘esto es lo que debes'», comenta Carhuatocto con relación a las
opciones que tendría el Estado peruano ante Indecopi.
El presidente de IDLADS menciona que otra alternativa sería
recurrir a la empresa matriz de Pluspetrol Norte, como se hizo en el caso de
Choropampa, en Cajamarca, cuando el Estado peruano acudió a la sede principal
en Estados Unidos.
Carhuatocto menciona que las normas jurídicas de Perú no
especifican qué se puede hacer en estos casos. «Es un vacío del que se
aprovechan las transnacionales, pues estas empresas tienen las mismas reglas de
juego que cualquier otra compañía local. Es uno de los grandes pendientes del
Perú y, al parecer, no hay voluntad política de regular a estos grupos
económicos», explica.
«Es un jalón de orejas al Legislativo y al Ejecutivo puesto
que debería haber una norma específica para el caso de las deudas ambientales»,
dice el abogado Carhuatocto, quien considera que Perú debe celebrar convenios
con aquellos países donde están las matrices de las empresas extractivas. «Es
una oportunidad para darnos cuenta que el sistema no funciona y preguntarnos
qué podemos hacer».
Mongabay Latam solicitó a Pluspetrol Norte su versión sobre
la controversia que mantiene con el Estado peruano y su decisión de liquidar la
empresa, sin embargo, la compañía indicó que no se pronunciará sobre el tema.
Un enfrentamiento de larga data
La controversia entre el Estado peruano y Pluspetrol no es
reciente. La disputa sobre la remediación de los lugares impactados lleva por
lo menos ocho años de procesos legales.
En el comunicado de hace un mes, Pluspetrol Norte aseguró
que el fallo de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC)
—entidad a la que recurrió la empresa en 2015 por la disputa sobre la
remediación— le ha dado la razón y, por tanto, la empresa no tiene porqué
asumir los pasivos.
«La ley peruana establece claramente el principio ‘el
contaminador es el pagador'», señala para reforzar el argumento de que la
solución de los daños ambientales ocasionados antes del año 2000 corresponde a
la empresa OXY. Asimismo, cuestiona a OEFA por exigir que cumpla con la
remediación de los lugares afectados por la actividad petrolera.
Por su parte, el Estado peruano ha respondido que el laudo
arbitral en realidad indica que la empresa tiene la «obligación general de
cumplir la normativa ambiental y de acatar las decisiones de las autoridades
competentes».
«Aunque la empresa tiene derecho de liquidar, el Estado
debe garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. De no cumplirlos se puede
iniciar un nuevo proceso judicial o ser elevado a otro arbitraje internacional
que llevaría años», comenta Lévano.
El representante de la CNDH señala que la salida de la
empresa tampoco puede sustentarse en una falta de capacidad económica para el
cumplimiento de sus compromisos, puesto que se trata de una compañía que ha
tenido la «mayor producción petrolera en Perú mientras estuvo a cargo del Lote
192».
En cuanto al Lote 8, la licitación aún está vigente, por
tanto, su retiro significaría terminar su contrato antes de tiempo.
Lévano también recuerda que el problema entre el Estado
peruano y Pluspetrol Norte tiene un componente de salud ambiental. «Estamos
hablando de la Amazonía y se tiene que ser exigente en su protección. Igual es
algo que se tiene que remediar, si no lo asume Pluspetrol Norte, lo tendrá que
asumir el Estado», enfatiza.
Por su parte, el líder indígena Robles Pisco, jefe de la
comunidad nativa La Petrolera, ubicada muy cerca del Lote 8, se refiere también
al daño que han causado los derrames de petróleo en la salud de las personas
que viven en las comunidades nativas.
«Los niños están contaminados desde que nacen. Existen
muchos daños en la salud de las comunidades impactadas. Se ha demostrado que
las personas que viven en las zonas afectadas por los derrames de petróleo
tienen metales pesados en su organismo», señala Pisco.
En el año 2017 un estudio realizado por el Ministerio de
Salud a personas que viven en los distritos aledaños al Lote 192 determinó que
por lo menos la mitad de los evaluados presentaba en su organismo niveles de
metales como plomo, arsénico, mercurio y cadmio por encima de lo permitido.
«Han pasado más de 50 años desde que se iniciaron las
actividades petroleras en la Amazonía peruana y las empresas no están
cumpliendo compromisos ambientales», lamenta Lévano. https://es.mongabay.com/
Amazonía: solo el 1% de operaciones
mineras se formalizó en Madre de Dios
En Madre de Dios, la
formalización de la minería artesanal es más una utopía que realidad. El boom
de la extracción del oro originó un crecimiento desordenado de las operaciones
mineras en esta región y la falta de control abrió paso a la ilegalidad. El
incremento en el precio del oro llevó a miles de personas a invadir lugares
protegidos y zonas prohibidas para realizar esta actividad, por ejemplo, ríos,
cabeceras de cuencas y áreas naturales protegidas, como la Reserva Nacional de
Tambopata y su zona de amortiguamiento.
El 2012 comienza el proceso de
formalización más reciente para la minería informal con las publicaciones de
los decretos 1100, 1101, 1102, 1103 y 1105. Los primeros referidos a la lucha
contra la minería ilegal; y el último que establece el procedimiento para la
formalización y crea el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC). Ese
año, además, los mineros ilegales de Madre de Dios iniciaron también las
protestas contra ese paquete de normas.
Cuatro años después, en
diciembre de 2016, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante el
Decreto Legislativo 1293, declaró de interés nacional la formalización de la
pequeña minería y minería artesanal y creó el Registro Integral de
Formalización Minera (Reinfo). Este padrón tiene como objetivo identificar a
las personas que practican estas actividades y formalizar sus labores.
EN 2012 COMIENZA EL PROCESO DE
FORMALIZACIÓN MÁS RECIENTE PARA LA MINERÍA INFORMAL".
Dicha norma también señalaba que
el proceso integral de formalización minera a nivel nacional tenía un plazo de
36 meses y culminaría en diciembre del año pasado. Sin embargo, el 17 de
octubre de 2019 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley 31007,
aprobada por el Congreso, mediante la cual se amplió el plazo de formalización
de los mineros informales hasta el 31 de diciembre de 2021.
Desde febrero de 2017, cuando se
habilitó la web de Reinfo, el registro recibió un total de 90.385 inscripciones
de operaciones mineras, que provenían de las 25 regiones, en busca de la
formalización. Sin embargo, según información brindada por el Minem a este
medio, hasta la primera semana de enero de 2021, solo se ha logrado formalizar
1.574 inscripciones, que equivalen al 1,74% del total nacional.
Otras 88.810 operaciones mineras
están pendientes de ser formalizadas. La mayoría de ellas se localizan en los
distritos de Mariano Nicolás, en Arequipa; Ananea, en Puno; Inambari, Huepetuhe
y Madre de Dios, en la región del mismo nombre.
Según el Minem, una de las
principales trabas en el proceso de formalización en Madre de Dios es que las
personas inscritas en el Reinfo desarrollan sus actividades en derechos mineros
de terceras personas. Es decir, no cuentan con la titularidad de la concesión,
lo que les impide tener un contrato de explotación. Dicha situación origina que
en una operación minera pueda haber hasta 30 personas trabajando
simultáneamente. Pero ninguno de ellos tiene la titularidad de la concesión.
Otro problema adicional es la
superposición de concesiones mineras con concesiones agrícolas o forestales. A
eso, el experto en materia ambiental, César Ipenza, agrega que la formalización
no se concreta aún porque el Estado extiende la informalidad con la ampliación
de plazos.
Una zona biodiversa atacada por
la minería ilegal
En la región de Madre de Dios,
capital de la biodiversidad del Perú, la riqueza natural y cultural conviven
con la minería informal e ilegal desde hace décadas. La diferencia entre ambas
actividades radica en el lugar donde se desarrollan y en los instrumentos que
utilizan. La minería informal es aquella que se realiza en lugares permitidos,
pero no cuenta con las autorizaciones correspondientes; mientras que la minería
ilegal -que no se puede formalizar- es aquella que se ejecuta en áreas
prohibidas, por ejemplo, orillas de los ríos, zonas protegidas, comunidades
indígenas o reservas naturales y utiliza instrumentos no permitidos, como
dragas.
Desde 2017 hasta la fecha, en
Madre de Dios se recibieron 9.739 inscripciones en el Reinfo, para formalizar
operaciones mineras en los distritos de Inambari, Huepetuhe, Madre de Dios,
Laberinto, Tambopata, Manu y Las Piedras. Sin embargo, hasta inicios de este
año, la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) a cargo del gobierno
regional, solo logró formalizar 117 inscripciones; que incluyen a 249 personas
jurídicas y naturales, según datos del Minem. Es decir, solo el 1,2% del total
de operaciones están autorizadas para operar tras casi nueve años de iniciado
el proceso.
El ingeniero Yakir Rosas Manya,
director de la DREM, señaló a OjoPúblico que el proceso integral de
formalización no alcanzará más de 800 operaciones, porque existen problemas de
petitorios mineros extintos, es decir concesiones mineras que fueron entregadas
años atrás y, por falta de pagos o sanciones, los concesionarios perdieron el
derecho de explotación; y actualmente no pueden ser entregadas a un nuevo
concesionario.
LA SUPERPOSICIÓN DE CONCESIONES
MINERAS, FORESTALES Y AGRÍCOLAS ES UN OBSTÁCULO EN EL PROCESO DE
FORMALIZACIÓN".
El Minem suspendió desde el 2010
los petitorios mineros en la región de Madre de Dios, pues la actividad se
desarrollaba de manera agresiva contra el medio ambiente, utilizando
retroexcavadoras, volquetes y cargadores frontales, que no estaban permitidos
en la minería a pequeña escala, ya que ocasionaban daños ambientales como
deforestación, contaminación del suelo y ríos con mercurio.
Otro problema latente que impide
la formalización en Madre de Dios es la superposición de concesiones mineras
con concesiones forestales o agrícolas. ‘‘Eso no nos permite avanzar ni tener
más operaciones mineras formalizadas. Nos gustaría hablar de más de 1.000
unidades formalizadas, que sería una cantidad importante para el departamento,
dada la cifra de operaciones que están en el Reinfo, pero el tema de
superposición y las áreas extintas nos limita’’, dijo Rosas Manya.
Según datos de la DREM,
actualmente hay 1.300 concesiones extintas, ubicadas en el corredor minero de
Madre de Dios, que no tienen titular. Allí laboran hasta 30 personas por
concesión. Sin embargo, no se pueden formalizar porque el Minem canceló la
entrega de nuevas áreas desde 2010.
En 2019, luego del inicio del
operativo Mercurio, destinado a erradicar la minería ilegal en la zona de La
Pampa, ubicada en el área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata,
los mineros ilegales expulsados de esa zona llegaron a los distritos del
corredor minero en busca de un lugar dónde seguir extrayendo oro.
El dirigente Adrían Vilca
Callata, presidente de la Federación Departamental de Mineros de Madre de Dios
(Fedemin), explicó que han expuesto este problema al Minen en anteriores ocasiones,
pero no han obtenido respuesta hasta la fecha.
‘‘Por años hemos reclamado al Estado que las concesiones extintas se
otorguen como petitorios mineros. Lamentablemente tenemos un gran porcentaje de
concesiones extintas que albergan a muchos mineros ilegales y esto genera
desorden. Si no están solucionados estos problemas no se va a lograr la
formalización’’, explicó Vilca Callata, quien a su vez es titular de una
empresa que busca formalizar dos operaciones mineras en el distrito de
Inambari.
Extensión de la informalidad
El pasado 29 de diciembre, a
través de un decreto supremo, el Minem amplió una vez más los plazos para la
formalización minera. En esta oportunidad, se prolongó la fecha de entrega del
Instrumento de Gestión Ambiental para la formalización de las Actividades de
Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafon), un documento que cuenta con dos
partes: Correctivo, que especifica cómo se va a remediar el daño ambiental
ocasionado por la actividad minera; y el Preventivo, que detalla cómo van a
prevenir los impactos en el medio ambiente una vez formalizadas sus
actividades.
Ambos documentos debían
presentarse hasta finales del año pasado. Pero, debido a la nueva ampliación,
se podrán entregar hasta el 30 de abril en caso del Correctivo, y hasta el 31
de julio para el Preventivo. Sin
embargo, las operaciones mineras que se desarrollen en algunas áreas de
amortiguamiento, no obstante, deberán presentar ambos documentos antes del 30
de abril, señala la norma.
Para el abogado César Ipenza, la
ampliación de plazos por parte del Minem extiende la informalidad. ‘‘Lo que
está haciendo el Ejecutivo es mantener la situación [informalidad] eternamente.
El proceso de formalización viene desde el año 2012, no es que [los mineros] no
hayan tenido oportunidad, ni plazos’’, señaló.
EL ABOGADO CÉSAR IPENZA DIJO QUE
LA AMPLIACIÓN DE PLAZOS EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN EXTENDERÁ LA
INFORMALIDAD".
El ingeniero Yakir Rosas,
responsable de la DREM de Madre de Dios, sostuvo además que esta nueva ampliación
no soluciona el problema de fondo de la formalización, pues no contempla una
solución para las concesiones extintas o la superposición de concesiones. ‘‘La
ampliación de plazos (para el proceso formalización) siempre se ha realizado a
solicitud de las bases mineras a nivel nacional, hubo una presión de su parte”,
aseguró
Semanas antes de la publicación
de la norma del Minem, la bancada de Fuerza Popular ya había presentado un
proyecto de ley ante el Congreso que contemplaba una ampliación de los plazos
en la entrega de documentos hasta abril y julio de 2021. Aunque la iniciativa
no prosperó, puso en alerta al Ministerio del Ambiente.
En aquella oportunidad el
ministro de la cartera, Gabriel Quijandría, se manifestó en contra de este
proyecto y aseguró que ‘‘no hay justificación para ampliar el plazo de
formalización de la minería’’. Sin embargo, luego de publicado el decreto
supremo del Minem, el Ministerio del Ambiente no se volvió a pronunciar sobre
el tema. Este medio preguntó al Minam respecto a esta ampliación de plazos,
pero no obtuvimos respuesta hasta el cierre de este artículo.
Asimismo, OjoPúblico consultó el
motivo de la ampliación de plazos al Minem, cuyos representantes aseguraron que
los mineros no pudieron avanzar con estos documentos a causa de la pandemia.
‘‘Las regiones con mayor presencia de minería en proceso de formalización
recién pudieron reiniciar actividades con normalidad a partir del último
trimestre del año pasado, complicando así la realización de diligencias de
campo o la contratación de servicios ambientales necesarios para elaborar el
instrumento ambiental’’, explicó el Minem.
La impunidad persiste en Madre
de Dios
La inscripción en el Reinfo es
también un amparo legal para las personas que realizan labores de pequeña
minería y minería artesanal, pues al encontrarse en camino a la formalización,
los operadores de justicia no pueden someterlos a un proceso durante el
ejercicio de su actividad.
“Si un minero está inscrito en
el Reinfo, el fiscal no lo puede intervenir. Es una ventana legal de camino a
la formalización que se ha convertido en un mecanismo para que todo el mundo
haga lo que quiera, y no tenga ninguna sanción’’, explicó César Ipenza, abogado
especialista en materia ambiental.
El abogado añadió que la
ampliación de plazos no solo retrasa el proceso de formalización, sino que
prolonga la afectación al medio ambiente. ‘‘Es preocupante que todo el tiempo
se siga ampliando el proceso [de formalización] porque en la práctica se sigue
generando daño al ambiente y se sigue destruyendo el patrimonio de todos
nosotros y no hay ninguna sanción ni un incentivo para que la gente se
formalice’’, precisó.
Por su parte, Karina Garay
Tapia, exfiscal especializada en materia ambiental de Madre de Dios, dijo que
la ampliación de plazos genera impunidad. “Como exfiscal, voy a realizar una
intervención. Pero, si estás en el Reinfo, te exime de una responsabilidad
penal y aquí no pasó nada: ya cometiste el delito, ya ocasionaste el daño
ambiental, y no vas a remediar ese daño’’, señaló.
Aunque el Minem tiene solo hasta
el 31 de diciembre de este año para terminar el proceso de formalización minera
integral, en el Congreso aún está pendiente la discusión en el pleno del
proyecto de Ley N° 5706, que surgió el pasado 6 de julio en la bancada de Unión
Por el Perú, integrada por el único congresista de la región de Madre de Dios,
Alex Lozano. Dicha iniciativa legislativa busca ampliar por 60 días más la
inscripción en el Reinfo, pese a que este estuvo abierto hasta setiembre de
2020. De aprobarse este proyecto de ley, más mineros tendrán la posibilidad de
iniciar un proceso de formalización que parece nunca acabar. https://ojo-publico.com/
Pobladores del pueblo tradicional de
Sachaca marchan para conservar el sistema de servicio de agua potable
Desde hace más de 60 años el
reservorio R23 suministra agua potable de filtraciones a más de mil conexiones
de las viviendas del pueblo tradicional y las urbanizaciones El Palacio, Marcarani
y Campo Verde. Ahora, serán anexados al sistema de la planta La Tomilla.
“De manera unilateral Sedapar
con apoyo del alcalde de Sachaca quieren cambiarnos el sistema de agua potable.
Nosotros tenemos nuestra agua hace más de 60 años y eso el pueblo no lo va
permitir. Con el sistema de La Tomilla nosotros también vamos a sufrir de
cortes y baja presión de agua”, se quejó el vecino Michael Avendaño.
La población del distrito afirma
que Sedapar tiene el argumento el agua del subsuelo que consumen tiene
arsénico, pero afirman que tal afirmación quedó nula cuando analizaron el agua
en un laboratorio.
“Los resultados salieron favorables
y nuestra agua está apta para el consumo humano. El argumento queda nulo e
inválido. Hay intereses de por medio, sospecho que el agua del subsuelo va
tener que seguir discurriendo y a ¿dónde va ir? y ¿quién la va tomar?, ¿será
que Cerro Verde tiene interés en nuestra agua? No hay argumento alguno para que
Sedapar nos quite esta agua que tenemos de antaño”, afirmó Avendaño.
No obstante, el alcalde del
distrito de Sachaca, Emilio Díaz Pinto, señaló que el proyecto nace en el 2012
cuando los pueblos jóvenes tenían el servicio dos horas en la mañana y dos
horas en la tarde, pero no se opone a que el pueblo tradicional conserve el
sistema del subsuelo. https://diariocorreo.pe/
