Viernes, 15 de febrero de 2019 – Año XIII – Edición 3162 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
·
PERÚ
- ¿Acuerdo contra la corrupción e impunidad? Inician campaña de desprestigio
contra Sedapal y sus trabajadores que la defienden de la privatización. Comunicado
028 – 2019 del Sindicato de Trabajadores de Sedapal – Sitrasel
·
PERÚ
- Martín Vizcarra: “Este gobierno no va privatizar el agua”
·
PERÚ
- Más de 7 millones de peruanos no cuentan con agua potable
·
PERÚ
- Afectados por contaminación de metales pesados en su sangre exigen atención
del Estado
·
CHILE
- Fusión de dos grandes empresas mineras inscribió 50 mil hectáreas para
proyecto en Aysén
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¿Acuerdo contra la corrupción e
impunidad?
Inician campaña de desprestigio
contra Sedapal y sus trabajadores que la defienden de la privatización
Comunicado
028 – 2019 del Sindicato de Trabajadores de Sedapal – Sitrasel.
HIDROREGIONES PERÚ
Martín Vizcarra: “Este gobierno no va privatizar el agua”
El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó
que su gobierno no pretende privatizar las Entidades Prestadoras de Servicios
(EPS), que están bajo el régimen de apoyo transitorio del Organismo Técnico de
la Administración de Servicios de Saneamiento (Otass).
En esa línea, el mandatario, que esta mañana supervisó el
funcionamiento del puente Urcos en la región Cusco, descartó que en su gestión
se esté impulsando la privatización del recurso hídrico. Señaló que el
transcendido es una mala información que su gestión está dispuesto a aclarar.
“El otro tema que vengo escuchando por pobladores es que
no privatice el agua y parece que hay una mala información porque este gobierno
no va privatizar el agua. Tengan ustedes esa seguridad. Cualquier duda,
cualquier confusión que haya estamos dispuestos para conversar y aclarar”,
dijo.
Además, Vizcarra hizo hincapié en que el agua fomenta el
desarrollo de toda actividad humana. Por ello, el recurso tiene que continuar a
disposición de actividades productivas, sostuvo. EL COMERCIO
Más de 7 millones de peruanos no
cuentan con agua potable
Alrededor del 22.7% de la
población peruana o poco más de 7 millones de habitantes consume agua no
potable, con los riesgos que ello implica. Son 2.5 millones en zonas urbanas y
4.8 millones en zonas rurales que consumen agua no potable proveniente de la
red pública, informó el instituto de economía y desarrollo empresarial de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL).
Cabe mencionar que de los 28.9
millones de habitantes que consumen agua proveniente de red pública, son 21.8
millones los que la reciben en condiciones de potabilidad, esto es el 84.9% de
la población urbana y el 8.5% de la población rural.
“Con base en las cifras del INEI
del año móvil noviembre 2017 - octubre de 2018, en las zonas urbanas se observa
que la relación es de ocho a uno entre las personas que acceden a agua potable
respecto a no potable" manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del
instituto de economía y desarrollo empresarial de la CCL.
"En las zonas rurales es
a la inversa, es decir, son siete personas que acceden al agua no potable por
cada persona que accede a agua potable”, añadió Peñaranda.
Por otra parte, el 25.8% de la
población no cuenta con red pública de alcantarillado. La falta de este
servicio afecta a 8.3 millones de peruanos, de los cuales 2.4 millones
pertenecen a zona urbana y 5.9 millones a zona rural. PERÚ 21
Perú: afectados por contaminación de
metales pesados en su sangre exigen atención del Estado
Desde el miércoles 6 de
febrero, la población decidió iniciar un paro, con bloqueo de carretera, para
solicitar que las personas afectadas puedan ser indemnizadas, que la empresa
realice el tratamiento de las aguas contaminadas, pero también la reparación
ambiental y que el Estado cumpla con el tratamiento de las 372 personas que
fueron detectadas con metales pesados en la sangre desde el año 2016, según la
Dirección Regional de Salud.
140
infracciones por exceso de sustancias en el agua
France 24 solicitó información
al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú (OEFA) sobre las
multas firmes por contaminación de agua entre 2017 y 2018.
Ese medio revela 140
infracciones por el no cumplimiento de los límites de sustancias permitidas en
efluentes cometidas por empresas. De estas infracciones, 135 fueron casos “por
exceso de sustancias permitidas en la descarga de los efluentes de
establecimientos de los administrados en algún río o laguna”.
OEFA determinó que en cinco
casos “no se adoptaron las medidas de previsión correspondientes a pesar que
hayan sido identificados como un riesgo potencial de afectación negativa al
medio ambiente”.
Sin embargo, la institución
recuerda que “en los casos detallados no cuentan con multa debido a que se
encuentran en el marco de la Ley N° 30230”. Esta ley fue promovida en su
momento por el Gobierno de Ollanta Humala con el fin de “reactivar la
economía”, aseguraba en su momento el mandatario.
Si bien, la institución tiene
a cargo fiscalizar y multar por incumplimiento ambiental las empresas, esta no
ha podido imponer las multas a raíz de esta ley también conocida como
“Paquetazo Ambiental”. Pues se reemplazó la sanción económica por medidas
correctivas, entre 2014 y mediados del 2017.
En
Perú el 19% de los conflictos sociales están ligados al acceso al agua
En Perú, el 67% de los
conflictos sociales por recursos hídricos entre 2011 y 2014, fueron por el
temor o la supuesta afectación a la calidad del agua, según un informe de la
Defensoría del Pueblo. Según el mismo informe, un 19% de los conflictos
sociales estaban ligados a la falta de acceso al recurso.
Sobre los 153 casos de
conflictos sociales que la Defensoría había analizado entonces, la institución
encontró que 42 casos estaban ligados a la actividad minera formal y nueve por
hidrocarburos.
Una semana antes de la
publicación del artículo, France 24 solicitó información y entrevistas a la
Autoridad Nacional del Agua y a la Dirección General de Salud Ambiental, sin
embargo ninguna respondió. FRANCE 24
HIDROMUNDO
Fusión de dos grandes empresas
mineras inscribió 50 mil hectáreas para proyecto en Aysén
Newmont, la minera
estadounidense reconocida por ser la mayor explotadora de oro a nivel mundial,
ha evolucionado recientemente con la compra de GoldCorp y la inversión en
50.000 hectáreas en la región de Aysén.
La minera multinacional ha
sumado a sus bienes una de sus grandes competencias en la explotación de oro,
al comprar la minera canadiense GoldCorp, que según RPP significó una inversión
de $10.000 millones.
Aunado esto, Newmont GoldCorp
ha inscrito 50.000 hectáreas en Aysén, además de las 182 solicitudes que llevó
a cabo a finales de diciembre del 2018 para la exploración y explotación minera
alrededor de Coyhaique, y de las otras miles de hectáreas inscritas en el
primer semestre del 2018, según informa Interferencia.
Entre los proyectos impulsados
por GoldCorp se encontraban Nueva Unión (Alto del Carmen, Atacama) y Norte
Abierto (Tierra Amarilla, Atacama). El primero es un proyecto de de cobre
(224.000Tn anuales), oro (269.000 onzas) y molibdeno (1.700Tn), y se
caracteriza por la reducción de su huella ambiental y el uso sustentable del
agua mediante el uso de infraestructura común para la operación de sus
yacimientos, y uso de agua de mar desalinizada para el proceso.
Entre las acusaciones más
reconocidas que llevan las mineras, que ahora conforman una sola, destaca la
falta de protección de los derechos de los trabajadores de la minera GoldCorp
en Guatemala, que según la BBC, se llevaron a cabo despidos del personal que
intentó formar un sindicato. El informe que llevó a cabo la evaluación de la
minera expone que la compañía "continúa infringiendo los derechos de todos
los trabajadores al permitir que este clima de intimidación persista",
criticando a la compañía por un "fracaso sistemático para abordar las
quejas en las comunidades, lo que les permite acumularse y exacerbar".
Otro informe realizado por la
Universidad de Michigan también asegura que GoldCorp tampoco ha protegido a las
personas que viven cerca de la minera, quienes están expuestos a "niveles
más altos de metales pesados; potencialmente tóxicos en su sangre y orina que
una muestra de personas que viven a 7 km de distancia", como informa el
portal.
Por su parte, Newmont también
ha sido acusada por contaminación en Indonesia y Perú. En 2007, el Gobierno
indonesio responsabilizó a la minera por violar leyes medioambientales al
verter toxinas en la Bahía Buyat, según Europa Press, que provocó graves
enfermedades en las personas y graves afecciones en la actividad pesquera, por
lo que fue demandada por 54 millones de dólares. PURA NOTICIA
“Defender el Agua es Defender la Vida”
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