Martes, 19 de diciembre de 2023 – Año XVII – Edición 4367 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Arequipa frente al fenómeno de El
Niño: solo el 35% del agua es aprovechada eficientemente
En medio
del desafío de El Niño, Arequipa utiliza solo el 35% del agua eficientemente,
aspirando alcanzar el 50%, para prevenir emergencias
El Fenómeno El Niño podría ser uno de los más intensos
registrados, impactando la zona costera y andina. Para Arequipa, se pronostica
una influencia mixta, posibles lluvias intensas o una prolongada sequía. Las
consecuencias podrían ser diversas: desde inundaciones y deslizamientos de
tierra hasta daños en la agricultura, afectando la salud, la infraestructura y
la economía local. Esto se vería relacionado con el uso eficiente del agua de
Arequipa en ambos casos.
Pues si se presentan estas problemáticas, se podría generar
inseguridad alimentaria para aproximadamente el 80% de la región. Estos
desafíos se suman al problema existente, menos del 35% del agua utilizada en
Arequipa se aprovecha de manera eficiente.
El gerente regional de agricultura, Abel Calderón, menciona
este como un desafío que necesita ser abordado con una diversa cantidad de
proyectos. De cada 100 litros dirigidos al riego, únicamente 35 litros de agua
se emplean de manera efectiva en la región Arequipa. Esta situación se debe al
arcaico sistema de riego utilizado en la mayoría de los campos de cultivo, ya
que no se implementan sistemas de tuberías ni técnicas de riego tecnificado.
Uso eficiente del agua
El desafío que impone el fenómeno El Niño en Arequipa
resalta la urgencia de optimizar el uso del agua en la agricultura.
Actualmente, solo se aprovecha eficientemente el 35% del agua de riego en
Arequipa, siendo crucial aumentar este índice al 50% para maximizar su impacto
positivo. Esta medida es fundamental para salvaguardar cultivos fundamentales
como la papa, el ajo y el olivo, garantizando la seguridad alimentaria en la
región.
Se prevé alcanzar este objetivo mediante la implementación
de técnicas avanzadas como el riego tecnificado a través de métodos como goteo,
aspersión y microaspersión, además de proporcionar una capacitación efectiva a
los agricultores.
Cerca de 54 mil unidades agrícolas podrían beneficiarse con
estas iniciativas, siendo el estrés calórico y el aumento de la temperatura
factores críticos, los cuales impactan la producción de cultivos como el limón,
la papa y el ajo, ocasionando pérdidas de hasta un 80% en algunos casos.
Avances en la mitigación del Fenómeno del Niño en
agricultura en Arequipa
El gerente regional de Agricultura ha destacado la
necesidad apremiante de contrarrestar los efectos del fenómeno de El Niño.
Enfocándose en una gestión eficiente de los recursos estatales y maximizar su
impacto en la comunidad agrícola.
Uno de los proyectos destacados es la construcción de una
mini represa en la parte alta de Castilla, en Andagua, que almacena hasta 20
mil metros cúbicos de agua y requirió una inversión de 5 millones de soles.
Esta represa ha sido un apoyo crucial para los agricultores de la región,
mejorando significativamente la disponibilidad de agua para el riego y
optimizando su uso.
Además, se ha invertido en la mejora y mantenimiento de los
canales en el Valle de Tambo, así como en zonas como Mollendo, Punta de Bombón,
Granados y en proyectos en las regiones de Caravelí, Camaná, Condesuyos, y
otras áreas en Arequipa. Incluso, se han llevado a cabo proyectos en provincias
más distantes como Caravelí y Cotahuasi.
Construcción de cochas
El enfoque en la construcción de “cochas” en la provincia
de La Unión responde a un componente crucial en proyectos asociados al manejo y
cadenas productivas de vicuñas y alpacas. Estas “cochas” están destinadas a la
siembra y cosecha del agua, y se proyecta la construcción de aproximadamente 60
de ellas en un período bianual.
Actualmente, se está trabajando en un 20% de estas
estructuras en zonas de las cinco provincias de la parte alta, con la meta de
finalizar entre 15 y 20 de ellas antes de que finalice el año en curso. El
objetivo posterior es dar paso a la construcción de 50 a 60 adicionales en el
primer o segundo trimestre del próximo año para fortalecer estas iniciativas y
su impacto en la región.
El objetivo primordial es mejorar la rentabilidad,
seguridad alimentaria y producción agrícola en general, impulsando una
colaboración sinérgica entre diversas instituciones gubernamentales. Según el
gerente esto debe ser un esfuerzo conjunto orientando a generar un impacto
positivo en las condiciones económicas proyectadas para el próximo año. Se
espera que estas acciones contribuyan a contrarrestar los desafíos que presenta
el fenómeno del Niño en Arequipa con el uso eficiente del agua de la región.
Destinarán S/175 millones para
maquinaria por Fenómeno El Niño
El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) asignará un
presupuesto de S/175 millones para la adquisición de maquinaria pesada,
destinada a ejecutar obras de prevención y atención a emergencias vinculadas al
Fenómeno del Niño. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó hace un
mes al GRA a disponer de S/112 millones para la compra de equipos específicos.
Ante el riesgo de posibles inundaciones, crecidas de ríos y
otros eventos asociados al Fenómeno El Niño en la próxima temporada de lluvias,
los representantes del Poder Ejecutivo aumentaron el monto de inversión
destinado al GRA. En una primera etapa, se asignarán S/65 millones para la
adquisición de 60 máquinas amarillas, dirigidas al fortalecimiento de defensas
ribereñas y trabajos de enrocado, entre otros.
Calderón Fernández precisó que los S/110 millones restantes
se invertirán en 2024 para una segunda fase de compra de maquinaria pesada. Su
objetivo es alcanzar un nivel de ejecución del 95% antes del 31 de diciembre.
Según el portal de Transparencia del MEF, la Gerencia
Regional de Agricultura del GRA no ha invertido fondos en alrededor de 10
proyectos que tuvieron modificaciones de financiamiento a principios de año. A
pesar de registrar un avance del 78.5% de los S/26.6 millones recibidos.
Algunos de los proyectos que no han progresado incluyen las
mejoras en el suministro de agua en varias áreas, como Characato y Chiguata.
Así como iniciativas de riego en diferentes zonas, como Churquina Cumurani en
Chivay o el proyecto de Locrahuanca en La Unión. https://elbuho.pe/
El silencio de Perenco: la petrolera ocultó infracciones
ambientales a comunidades indígenas de Loreto
La temporada seca de los ríos amazónicos en Perú debió
terminar en octubre, pero era inicios de noviembre y continuaban agotados.
Navegarlos resultaba complejo, pero el destino final de esta investigación eran
las comunidades nativas Buena Vista y Flor de Coco, en el departamento de
Loreto, las únicas dos comunidades de la etnia Arabela en territorio nacional y
las más cercanas a la zona de influencia directa e indirecta de las concesiones
de Perenco Perú Petroleum Limited en la selva amazónica.
No existe transporte público o privado con rutas regulares
que lleguen hasta estas comunidades. Y adentrarse puede tardar dos días
partiendo desde Iquitos ― capital de la región Loreto ― en una movilidad
fluvial de capacidad media; sin embargo, podría ser hasta una semana en
peque-peque, una embarcación de madera de uso cotidiano de los comuneros.
En este territorio tan remoto, inaccesible y que debería
ser resguardado por haberse confirmado la presencia de pueblos indígenas
aislados y contacto inicial (PIACI) según el Ministerio de Cultura (Mincul),
Perenco acumula 58 infracciones contra el medio ambiente en 10 procesos
administrativos sancionadores que ha sabido mantener ocultos de la población
indígena que se ve directamente afectada. Estos son los resultados de una
investigación realizada acerca de las actividades de la compañía
franco-británica alrededor del mundo por InfoAmazonia, en colaboración con el
consorcio internacional de periodistas de investigación ambiental EIF,
InfoCongo, Convoca y Mediapart.
Lo que Perenco no dijo
Perenco es una compañía de hidrocarburos que se estableció
en el país desde el 2008, firmando un primer contrato con el Estado peruano por
la concesión del Lote 67. Esta área de exploración y explotación de petróleo
tenía 150.277 reservas de crudo comprobadas hasta ese momento. El proyecto fue
consagrado por el expresidente Alan García como un “milagro” para el país,
enalteciendo la vorágine del desarrollo y desconociendo los derechos de los
pueblos indígenas que habitan esos territorios. Kichwas y Arabelas
principalmente.
"Estamos seguros de que los próximos dos o tres años
van a permitirle al país convertirse nuevamente en exportador de petróleo,
después de 20 años de haber dejado de serlo", declaró el hoy fallecido
mandatario en 2009, después de que Francois Perrodo, presidente de Perenco,
visitara la casa de gobierno para anunciar una inversión de más de 2.000
millones de dólares en el desarrollo de su campo petrolero.
Pero este anhelo de prosperidad tenía un costo adicional:
la vulneración de derechos de los pueblos indígenas. Justo cuatro días después
de la visita de Perrodo a Perú, y en medio de uno de los conflictos sociales
más cruentos de la Amazonía en los últimos tiempos, el Baguazo, el gobierno
publicaba el Decreto Supremo N° 044-2009-EM para declarar “de necesidad e
interés nacional el desarrollo del proyecto del lote 67”. Esto permitió
flexibilizar estándares ambientales y omitir procesos administrativos fundamentales
para un proyecto de tal magnitud.
En un estudio sobre la actuación de las empresas petroleras
Perenco y Maurel, elaborado por el Centro Amazónico de Antropología y
Aplicación Práctica (CAAAP) y CooperAcción, organizaciones de la sociedad
civil, en el 2016, se demuestra cómo en la concesión del lote 67 se omitió la
consulta previa para imponer el concepto de servidumbre de ocupación. De esta
manera, se ignoraba un derecho reconocido por el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) a cambio de una compensación
económica. Tampoco se implementó mecanismos de participación adecuados para las
comunidades involucradas, colocándolas como simples receptoras de información.
Tampoco se garantizó la identificación de impactos
socioambientales ni la ejecución de medidas de mitigación, según la CAAAP. Los
instrumentos de gestión ambiental son parámetros establecidos para medir el
posible impacto ambiental de un determinado proyecto. En esa misma línea, los
estudios de impacto ambiental (EIA) no definían correctamente las áreas de
influencia directa e indirecta y, finalmente, ignoraron tomar medidas
precautorias para salvaguardar el derecho de los PIACI.
Sobre este último punto, cabe aclarar que la Organización
Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) había solicitado la
reserva PIACI Napo-Tigre en el 2005, tres años antes de que Perenco asumiera la
concesión del proyecto. Pero, además, la Defensoría del Pueblo se había
manifestado en contra de cualquier tipo de actividad económica dentro de este
territorio, al menos hasta que se delimitara el corredor de tránsito de los
indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial.
“No se debe otorgar derechos para el aprovechamiento por
terceros de los recursos contenidos en sus territorios, sin antes haber
demarcado las zonas de amortiguamiento de dichas áreas”, indicaba el Informe
Defensorial 101-2006.
Para la comunidad nativa Buena Vista, la llegada de la
compañía petrolera representó prosperidad. Las familias se beneficiaban directa
e indirectamente por el flujo económico que generaba el proyecto en su
territorio. Las casas empezaron a construirse con material noble, los caminos
de tierra pasaron a ser veredas, se inauguraron nuevos negocios y se creaban
puestos de trabajo para los comuneros. Todo parecía indicar que se mantenía una
relación de provecho mutuo.
En una asamblea comunal en la que el equipo de Infoamazonia
participo en octubre de este año, admitieron sentir que, por fin, alguien se
había acordado de ellos.
En paralelo a este escenario, Perenco acumulaba procesos
administrativos sancionadores en el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) peruano por incumplir los parámetros establecidos en los
instrumentos de gestión ambiental, los estándares de calidad ambiental y
sobrepasar los límites máximos permisibles en diversas operaciones.
Pilar Cabrera, presidenta de la Federación de Comunidades
Nativas del Alto Curaray y Arabela (Feconaca), dijo estar sorprendida al ser
entrevistada para esta publicación, pues pese a mantener trato directo con la
compañía, ésta jamás les informó sobre posibles afectaciones ambientales.
“Mi persona no tiene conocimiento de sanciones a Perenco
por temas de contaminación. La comunicación siempre ha sido medio vacía en ese
aspecto, nunca hemos tenido detalles de lo que sucedía. Siempre tuvimos trato
directo, pero nunca se han tocado esos temas”, indicó la lideresa Arabella.
De acuerdo con los datos del Registro Único de Infractores
Ambientales Sancionados (RUIAS) por OEFA, obtenidos a partir de la plataforma
Convoca Deep Data, nuestra investigación ha podido determinar que Perenco fue
encontrada responsable de 58 conductas infractoras en 10 procedimientos
administrativos sancionadores entre los años 2015 al 2022. Entre ellas, 6
infracciones (10.3%) por almacenamiento inadecuado de residuos y químicos, 11
(18.9%) por superar los límites máximos permisibles en la emisión de gases
(efluentes domésticos, fósforos, óxido de nitrógeno), 32 (55.17%) por
incumplimiento de sus instrumentos ambientales, 4 (6.9%) por derrames de
petróleo, 2 (3.4%) por afectación al agua y 3 (5.17%) por no entregar
información ambiental completa.
Como consecuencia de las mismas, acumuló multas por un
total de 1,389,271.95 soles o un aproximado a 400 mil dólares y la orden de
implementar 16 medidas correctivas. No obstante, las sanciones económicas solo
fueron impuestas a un 47% de las infracciones totales, ya que la compañía
franco-británica se apoyó en la Ley N° 30230 para evitarlas a cambio de
implementar medidas correctivas. Esta norma buscaba promover la inversión
privada limitando la potestad sancionadora de OEFA y colocando a la institución
como mero supervisor de posibles daños ambientales.
“Al respecto, sobre los casos en que no se impuso multas
ante la comisión de las conductas infractoras detalladas, resulta pertinente
precisar que ello se debe a que el procedimiento administrativo sancionador
correspondiente se tramitó bajo el ámbito de aplicación del artículo 19° de la
Ley N° 30230; por lo cual, no se impuso sanción pecuniaria alguna –a la fecha–,
respecto de dichas conductas infractoras”, aclaró OEFA para esta investigación.
Al cierre de esta publicación, se pudo verificar que
Perenco cuenta con dos procesos administrativos sancionadores adicionales de
los años 2017 y 2022 que se encuentran a la espera de una resolución. De
confirmarse, Perenco tendría en su haber 12 procedimientos administrativos
sancionadores y más de 60 infracciones.
El reportaje de InfoAmazonia contactó a la compañía para
consultarle acerca de las afectaciones socioambientales que dejó en su paso por
Loreto, pero se limitaron a responder las siguientes líneas.
“Perenco ha estado en Perú como operador desde 2008 y se
enorgullece de haber desempeñado su papel en el desarrollo exitoso del Bloque
67, un proyecto declarado de importancia nacional por el Gobierno peruano. El
Bloque 67 se ha desarrollado a una escala increíblemente pequeña para minimizar
su impacto ambiental. El bloque 67 no ha estado produciendo desde el cierre del
Oleoducto Norperuano (ONP)”, indicó el portavoz de la compañía.
La percepción del daño
Jack Jimo es un ciudadano Arabela de la comunidad nativa
Buena Vista y monitor ambiental en el Lote 67 desde el 2010. Es un hombre
fornido, serio y con una postura a favor del “progreso” que trajo Perenco. Su
labor consistía en supervisar las operaciones en los campamentos que se le
asignaban y alrededores. Cumplía jornadas de 28 días de trabajo por 28 días de
descanso y, cuenta, que siempre estaba atento al cumplimiento de los parámetros
establecidos en el instrumento de gestión ambiental con el que había sido
capacitado; no obstante, reconoce que tenía limitaciones para realizar su
labor.
En alguna oportunidad tuvo que reportar el estancamiento de
aguas servidas en una quebrada cercana al campo Dorado, uno de los tres
yacimientos del Lote 67. Esta había sido obstruida por el paso de maquinaria
pesada sobre su cauce y como consecuencia, media hectárea a la redonda había
resultado afectada. “La quebrada se cerró porque pasaban cantidad de camiones.
Eso se secó todo ahí, se quedó sin vida, pero se ha remediado. Abrieron la
zanja nuevamente, han limpiado y han vuelto a reforestar”, indica Jimo, confirmando
que estos residuos terminan en corrientes de agua que van a parar al río
Arabela.
Una de las conductas infractoras en las que Perenco fue
recurrente está relacionada a los efluentes domésticos. Estos son, en términos
cotidianos, aguas sucias que se desechan de baños y cocinas. Según indican los
expedientes a los que esta investigación tuvo acceso, en al menos seis
ocasiones se superaron los límites máximos permisibles en parámetros como
potencial de hidrógeno (pH), fósforo, aceites, grasas, nitrógeno amoniacal,
cloro residual, demanda química de oxígeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno
(DBO5), coliformes totales y coliformes fecales.
Entre el 2012 y el 2013, el biólogo Jefferson Eras, elaboró
un estudio hidrobiológico en el río Arabela. Se realizaron pruebas químicas y
físicas; sin embargo, dice que no pudo acceder a los resultados. Lo que sí
asegura, es que evidenciaron daño por metales pesados en los peces de la
cuenca. “Se hizo otro estudio, pero ya viendo el efecto de los daños en los
peces, evidenciamos que tenían dentro de su organismo metales pesados. Eso hace
que tengan cabezas más grandes y cuerpos más cortos. Nosotros emitimos en ese
momento un listado de peces para evitar su consumo en exceso”, recuerda.
La última sanción que recibió la petrolera franco-británica
de parte de OEFA fue por no realizar el monitoreo de agua superficial según
consignaba en su instrumento de gestión ambiental durante el segundo semestre
del 2019. Esto consiste en medir los componentes externos a este elemento
natural para evaluar los parámetros e identificar o prevenir un posible impacto
ambiental.
Verónica Portugal, ingeniera ambiental de la Universidad
Peruana Científica del Sur (UCSUR), observa que la falta de transparencia de
Perenco se evidencia al no presentar información en las actas de supervisión de
derrames a las autoridades correspondientes, pero también por su falta de
enfoque preventivo.
“Se tienen que regular los procesos. En este caso, más que
exceder los límites máximos permisibles, hay un problema preventivo, porque no
se realizan los monitoreos de agua, aire… Entonces no sabes si estás o no
generando algún tipo de afectación. No puedes medir el impacto en el
medioambiente”, advierte la especialista.
Jack Jimo recuerda que una empresa de servicios externos
llegaba periódicamente para monitorear agua, aire y suelo en la zona. Él y
otros monitores ambientales participaron del levantamiento de muestras para
esta evaluación y, aunque siempre solicitaban los resultados, estos nunca
llegaban a sus manos.
“La empresa venía a hacer los estudios, nosotros le
acompañábamos a hacer el muestreo, todos hacíamos el manejo. Ellos se llevaban
al laboratorio y los resultados le entregaban a Perenco, pero nunca sabíamos
qué decían. Nosotros pedimos los resultados, pero Perenco siempre decía que no
llegaba el informe”, explica el monitor.
Pero al descuido de los cuerpos de agua se le suman los
derrames de crudo. Si bien los expedientes de los procesos administrativos
determinan que no hubo afectación directa en las zonas habitadas del área de
influencia directa e indirecta del proyecto, el proceder de la empresa dista de
haber asumido el problema con pertinencia, acumulando cinco derrames entre el
2014 y el 2020.
“Perenco no habría adoptado las medidas para evitar los
impactos ambientales negativos en el suelo del área de las pozas de la CPF de
Piraña del lote 67 y el área de Flare de la CPF de Piraña del lote 67 generados
por los derrames de petróleo crudo ocurridos. Asimismo, no realizó un adecuado
almacenamiento de residuos sólidos peligrosos generados producto de la limpieza
de las zonas impactadas por los derrames de crudo”, describe OEFA en el informe
que detalla el derrame ocurrido entre el 11 y 12 de febrero de 2014.
Esto se repitió hasta el 2019
“Perenco no adoptó medidas de prevención a fin de evitar la
generación de impactos ambientales negativos producto del derrame de petróleo
crudo ocurrido el 13 de setiembre de 2019 en la Zona de Procesos del CPF del
Lote 67, generando daño potencial a la flora y a la fauna”, volvió a advertir
OEFA en otro informe, dejando en evidencia un patrón en el actuar de la
compañía.
Las conductas infractoras asociadas a
posibles daños en aire y suelo eran otra constante.
Entre los expedientes se identificaron transgresiones en
los límites máximos permisibles respecto a las emisiones gaseosas del flare, un
proceso de quema de gases a consecuencia de la explotación de hidrocarburos.
Benceno, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y otros. “Excedió los límites
máximos permisibles para emisiones gaseosas”, señalan las descripciones de
conductas infractoras que sancionó OEFA hasta en 8 oportunidades. Lo que viene
acompañado del incumplimiento de los monitoreos de emisiones gaseosas.
La resignación de un pueblo
La embarcación parte de la comunidad nativa Buena Vista
para seguir surcando el río Arabela. Se duda si continuar el trayecto. El nivel
del agua ha descendido tanto que varó en tres oportunidades intentando sortear
enormes troncos atravesados. Al fin se arriba a Flor de Coco, un territorio
que, de haber un derrame de crudo que alcance las aguas del río, sería la
primera afectada. Desde una pequeña loma de pedregal observa Orlando Rosero, un
sabio de 64 años que saluda en su lengua nativa y pregunta a qué hemos llegado.
Se le explica que es una investigación periodística sobre Perenco y su rostro
se torna decepcionado.
“A nosotros siempre nos han puesto como una comunidad de
influencia indirecta ¡Yo no sé por qué! Primero porque nosotros que hemos
vivido en Buena Vista antiguo, donde ahora está Perenco, nos hemos venido a
vivir acá siendo anexo de Buena Vista nuevo primero. ¿Por qué? Porque en Buena
Vista nuevo no había una altura que se expandiera para que todos hagamos
nuestra casita. Usted sabe que atrás es todo un aguajalón ahí. Y eso cuando
inunda todito se alaga. Por eso nos vinimos para acá. Por eso es que nos ponen
a nosotros como una comunidad indirecta”, explica Rosero.
Empieza narrando este desplazamiento porque hasta 1981
―según versiones de la misma población― la comunidad nativa Flor de Coco estaba
anexada a Buena Vista antiguo, el primer asentamiento Arabela. Se convierten en
dos comunidades diferentes al salir en búsqueda de insumos. "Antiguamente
la boca del Arabela estaba a dos días u medio en peque peque, por la razón que,
de dónde uno consigue fósforo, la sal, algunos botes no podían entrar por aquí
porque es pedregal", contó Rosero. Ocupando lo que ahora conforman sus
nuevos territorios divididos en dos comunidades: Buena Vista nuevo y Flor de
Coco. Por eso la molestia con Perenco y el Estado peruano, porque sienten que
desconoce su historia y sus orígenes.
Pero también porque consideran que jugaron con sus
expectativas prometiéndoles proyectos productivos y el acceso a agua de consumo
humano a través del área de relaciones comunitarias de la empresa.
Jerónimo Manihuari es el apu o jefe de la comunidad nativa
Flor de Coco y afirma que, si bien la compañía de hidrocarburos llegó con
diferentes ofrecimientos, estos jamás se concluyeron. “Perenco ha ido a dar
charlas y ha apoyado con proyectos productivos, pero qué le digo, sin
asesoramiento técnicos, sin seguimiento… Hubo un proyecto de agua y desagüe
para no tomar agua del río, hasta ahorita está estancado eso. Nunca se ha hecho
realidad”, relata.
Orlando Rosero transcurre mientras responde la entrevista y
señala unas estructuras metálicas llenas de óxido. “Vemos ahí las rampas para
que pongan el tanque (de agua) que nosotros le habíamos solicitado para poder
consumir mejor agua en la comunidad. Dijeron “en una semana voy a venir” y ya
pasaron dos años y nunca volvieron”, expone.
De acuerdo a los reportes de OEFA, Perenco incumplió en
cuatro oportunidades las obligaciones de responsabilidad social en las
comunidades nativas Buena Vista, Flor de Coco, Urbina-Rio Curaray, Shapajal y
Bolívar. Las mismas se encontraban establecidas en su instrumento de gestión
ambiental y se referían a proyectos productivos, capacitaciones y socialización
de información.
“Nos hizo sentir decepcionados, la gente de la comunidad
siempre va a decir que Perenco nunca ha estado con nosotros. Ni para decir que
si se va Perenco ¿Quién nos va apoyar? Porque igual no más como siempre hemos
vivido de la caza y la pesca”, añade el apu Manihuari.
El mal necesario
En medio de acuerdos y desavenencias con las comunidades
nativas de influencia directa e indirecta, estas jamás plantearon oposición a
Perenco. No obstante, la compañía ha enfrentado conflictos sociales en la zona
de tránsito de las barcazas que transportan el crudo hasta la estación uno del
Oleoducto Norperuano. En la comunidad nativa San Rafael, que se ubica en la
boca del río Curaray, a unas 8 horas de la zona de influencia directa e
indirecta de la petrolera, las paralizaciones eran continuas y podían mantenerse
durante meses.
Esta situación, según Perenco, ha empujado a la compañía a
paralizar sus operaciones en octubre del 2022. Según cuentan los comuneros, han
visto cómo se llevan herramientas, maquinaria y, lo más chocante, cómo han ido
desapareciendo los trabajadores.
Pilar Cabrera, presidenta de Feconaca, manifiesta que esto
ha traído un gran impacto en las comunidades. “La salida de Perenco ha afectado
porque los jóvenes y las señoritas se están yendo de sus casas ante los pocos
ingresos que tienen sus padres sin la empresa. Han dejado de estudiar, han
salido a buscar trabajo, han migrado. Los que hemos quedado más que todo somos
personas mayores, toditita la juventud ha salido ya”, expresa con preocupación.
El septiembre del 2023, representantes de Perenco
convocaron a las comunidades nativas Buena Vista y Flor de Coco a una asamblea
para informarles los motivos que tenían para “abandonar” el proyecto. Aquí les
dieron tres, los constantes conflictos sociales que se grafican en
paralizaciones y protestas sociales, la falta de garantías del Estado para que
puedan operar y la amenaza que les representa la creación de la reserva PIACI
Napo-Tigre para sus inversiones.
A la fecha, Perenco no ha solicitado formalmente dejar las
operaciones en el lote 67 y tampoco registra un plan de abandono. Perupetro, la
empresa estatal encargada de promover, suscribir y supervisar contratos de
hidrocarburos en el Perú, aclaró que los contratos de exploración y explotación
de la compañía franco-británica continúan vigentes en el lote 67 y 39, de este
último se mantiene la concesión inoperativa desde el 2014 y ambas se encuentran
en estado de "fuerza mayor". Esto quiere decir que la empresa ha
sustentado que está siendo afectada por casos fortuitos que le impiden sostener
sus obligaciones.
Una compañía de hidrocarburos que se jacta de creer en la
sostenibilidad, deja muchas dudas respecto a su accionar frente al cuidado de
los ecosistemas que rodean sus operaciones en la Amazonía y, como el especial
Perenco System ha mostrado, también en África y en sus actividades globales que
se superponen a más de 74 áreas protegidas al rededor del mundo. Esto, por un
lado, por la opacidad con la que maneja sus conductas infractoras. Pero, sobre
todo, por la falta de voluntad para monitorear los indicadores ambientales.
¿Cómo pueden los comuneros de la zona de influencia directa e indirecta saber
si están siendo o no afectados? si no cuentan con los instrumentos que
determinan cómo estaba el agua, el aire y el suelo antes de que llegara la
compañía y como ha ido evolucionando con los años.
La presidenta de Feconaca, Pilar Cabrera, cuestiona al
Estado por tener abandonas a las comunidades Arabela y Kichwa del alto Curaray,
pero también, encara a Perenco por no haberlos advertido de las consecuencias
que pueden ocasionarles las conductas infractoras por las que han sido
sancionados.
“No es posible que, a estas alturas, cuando Perenco ya no
está operando, nos enteremos que tienen expedientes por infracciones al medio
ambiente. Y también me apena que a pesar de que tenemos comunicación cercana
con la empresa, no hayan sido conscientes de informarnos sobre lo que estaba
sucediendo. Ahora, ¿cuántos pobladores podemos tener ya afectados nuestros
organismos? Es una preocupación muy grande”, finaliza la lideresa. https://data.larepublica.pe/
Debe haber un trabajo integral antes
de usar barreras canalizadoras contra inundaciones, advierte CIP
La Municipalidad Provincial de
Piura (MPP) anunció que la comuna adquirió las primeras 1000 barreras
canalizadoras contra inundaciones, por el monto de 570 mil soles. Según se
detalló, esta «nueva tecnología» reemplazará a los sacos terreros y tienen mayor
vida útil.
Ante ello, el decano del Colegio
de Ingenieros de Piura (CIP), Hermer Alzamora, señaló que estas barreras son
estructuras en formas de L, que se pueden conectar entre sí para formar una
especie de drenaje y canalizar el agua pluvial.
Según dijo, este equipamiento
representará un beneficio para Piura solo si se hace un estudio previo sobre el
lugar en donde desembocarán las aguas pluviales. De lo contrario, según dijo,
se protegerá a cierto sector y se perjudicará al sector que reciba estas aguas.
«Mi recomendación es que quienes
instalen estas barreras tienen que haber hecho un estudio de a dónde van a
llevar esa agua porque el agua no es que desaparece, sino que se canaliza y se
va a otro lado. Por eso, tienen que llevar el agua a un dren o a un río, o
quizá a una cisterna rompetormentas. Evacuarla a un lado porque si,
simplemente, pongo la barrera para que desvíe a un lado, podría esa agua
inundar otro sitio», señaló Alzamora.
Hasta el momento, la
Municipalidad de Piura no ha brindado detalles sobre cómo se instalarán estas
barreras canalizadoras y solo ha mencionado que «se distribuirán en diversos
puntos de la ciudad, para evitar que el agua ingrese a las viviendas». Además,
se informó que Defensa Civil de la comuna piurana estará a cargo de la
implementación, por lo que intentamos comunicarnos con el área, pero, al cierre
de esta nota no obtuvimos respuesta.
Barreras canalizadoras tienen
límite de 65 cm
Asimismo, el titular del CIP
Piura precisó que estas barreras son de 65 centímetros, poco más de medio
metro, por lo que no resistirían un gran afluente de aguas pluviales. “Si es
que la cantidad de agua supera los 65 cm, estarían en su tope máximo. Y si
hablamos de lluvias pasadas como las del fenómeno El Niño de 1983, zonas como
El Chilcal, Ignacio Merino y más quedaron inundados en todo el primer piso de
la vivienda, que es más de 3 metros”, aseveró Alzamora. https://www.cutivalu.pe/
Defensoría del Pueblo La Merced –
Junín recomendó a Sunass supervisar adecuada prestación del servicio de agua a
población de Chanchamayo
En atención a las quejas
ciudadanas en Chanchamayo, región Junín, por deficiencias en el servicio de
agua potable, la Defensoría del Pueblo recomendó a la Superintendencia Nacional
de Servicio de Saneamiento (SUNASS), realizar acciones de supervisión a la
Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento (EPS) Selva Central S.A., para
que se adopten medidas preventivas que garanticen la adecuada operatividad de
la infraestructura de agua y saneamiento.
Al respecto, en reunión con
funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, del 2 de noviembre
de 2023, se tomó conocimiento que los sistemas que sirven para impulsar la
distribución de agua en los distintos sectores de la referida localidad (bocatoma
y líneas de conducción) se encuentran en mal estado, por lo que exigen continua
atención y, principalmente, requieren la ejecución de obras de reposición.
En razón a dicha información, la
entidad recomendó a la Gerente General de la EPS Selva Central a adoptar
acciones urgentes a fin de garantizar el abastecimiento de agua a la población
de Chanchamayo, así como disponer el control diario de la mencionada infraestructura
para prevenir posibles desperfectos que puedan alterar la adecuada prestación
del servicio a la población.
Asimismo, se establecerá una
coordinación directa con la SUNASS, para impulsar que en el marco de sus
competencias supervise y garantice la confiabilidad operativa de la
infraestructura de agua y saneamiento a cargo del prestador del servicio.
En ese sentido, la Defensoría
del Pueblo seguirá atenta a las acciones que adopten la Sunass y la empresa
prestadora en favor de un adecuado servicio de agua potable para la población
de Chanchamayo. https://www.defensoria.gob.pe/
