30/7/21

HIDROBOLETÍN FENTAP 3773: PERÚ – San Martín. Contraloría alerta deficiencias en la renovación de tuberías de agua potable en Moyobamba. Municipalidad Provincial aprobó tres ampliaciones de plazo que no correspondían, lo cual conllevó a que no se aplique penalidad por S/ 82 381,32, da cuenta nota informativa de la Contraloría

 Viernes, 30 de julio de 2021 – Año XV – Edición 3773 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

HIDROBOLETÍN FENTAP

La FENTAP informa:

PERÚ – San Martín. Contraloría alerta deficiencias en la renovación de tuberías de agua potable en Moyobamba. Municipalidad Provincial aprobó tres ampliaciones de plazo que no correspondían, lo cual conllevó a que no se aplique penalidad por S/ 82 381,32, da cuenta nota informativa de la Contraloría

PERÚ - Vivienda transfiere cerca de S/ 5 millones para asegurar pago de obras de saneamiento

PERÚ - Piura: Obra en San Valentín presenta deficiencias

ARGENTINA - Emergencia hídrica por el menor caudal del Paraná en más de 70 años

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Contraloría alerta deficiencias en la renovación de tuberías de agua potable en Moyobamba

Municipalidad Provincial aprobó tres ampliaciones de plazo que no correspondían, lo cual conllevó a que no se aplique penalidad por S/ 82 381,32, da cuenta nota informativa de la Contraloría.   

La Contraloría General detectó tres situaciones adversas que pusieron en riesgo la correcta renovación de tuberías de agua y alcantarillado en un céntrico jirón de la ciudad de Moyobamba, obra que estuvo a cargo de la municipalidad provincial con un valor contractual de S/ 823 813, 39

Mediante el Informe de Hito de Control N° 011-2021-OCI/0469-SCC, con periodo de evaluación del 1 de diciembre de 2020 al 24 de febrero de 2021, se advirtió que la Municipalidad Provincial de Moyobamba aprobó tres ampliaciones de plazo por un total de 23 días calendarios, que no correspondían, lo cual conllevó a que no se aplique la penalidad ascendente a S/ 82 381,32 por incumplimiento de plazo contractual.

Al respecto se señaló que las ampliaciones de plazo para realizar actividades como perfilado de excavaciones, instalaciones de tuberías, entre otras, fueron aprobadas por la entidad a solicitud del contratista con el argumento que no se lograron realizar debido a las lluvias, sin embargo, la comisión de control logró determinar que hubo retrasos atribuibles al contratista, dado que la obra debió culminar el 2 de enero, pero concluyó el 24 de febrero de 2021.

Asimismo, la entidad edil aprobó la prestación adicional n° 2 que contenía partidas relacionadas con la instalación de mayores conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, las mismas que no eran indispensables para alcanzar la meta prevista de la obra principal, situación que generó el pago en exceso a favor del contratista por el monto de S/ 113 328,16.

Sin embargo, el residente de obra indicó que era necesaria dicha prestación adicional con la finalidad de corregir una deficiencia del expediente técnico contractual (relacionado con el cambio de diámetro de tubería PVC de la red de agua potable).

El informe de hito de control fue notificado al titular de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, con el fin que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones con el objeto de asegurar la correcta ejecución de la obra.

El informe de servicio de control simultáneo se encuentra publicado en el portal institucional de la Contraloría General de la República del Perú. https://www.diariovoces.com.pe/


EMPRESAS DE AGUA

Vivienda transfiere cerca de S/ 5 millones para asegurar pago de obras de saneamiento

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) transfirió cerca de 5 millones de soles a las empresas prestadoras Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar), Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapa) San Martín, y Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), estas dos últimas bajo administración del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass). 

El objetivo de la transferencia de partidas es garantizar el financiamiento de obras de saneamiento que mejorarán la calidad de los servicios en favor de miles de usuarios de las regiones Arequipa, San Martín y Lambayeque.

A la empresa Sedapar, el ministerio le transfirió 286,999 para certificar el financiamiento de la continuidad de la supervisión del saldo de obra del proyecto de instalación de los sistemas de agua potable y desagüe en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, localidad que cuenta con más de 68,000 pobladores.

El ministerio también destinó a la empresa de saneamiento Emapa San Martín, 4 millones 039,831 soles para la supervisión del saldo de obra del proyecto ampliación y mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado de Tocache, que favorecerá a más de 30,000 pobladores.

La obra, que ejecuta la Municipalidad de Tocache y cuenta con la supervisión de la EPS, tiene por objetivo mejorar la deficiente prestación de servicio que se registra en la localidad.

Tiene entre sus componentes la construcción de Líneas de Conducción, una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de 105 l/s, un reservorio de 2,000 m3, líneas de aducción, redes primarias de agua, conexiones domiciliarias de agua, una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), colectores de alcantarillado sanitario y conexiones domiciliarias alcantarillado sanitario.

Obra en 12 pueblos jóvenes

Otra de las empresas beneficiarias con los aportes del ente ministerial es Epsel, a la que se le transfirió, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), 656,284  para el financiamiento de la continuidad de la ejecución del proyecto de instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los pueblos jóvenes  Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, San Francisco de Asís, La Unión, San Juan de Dios y Ramiro Prialé, obra que llevará por primera vez los servicios básicos a más de 10,000 habitantes de 12 pueblos jóvenes de Chiclayo.

Este proyecto comprende la ejecución del sistema del abastecimiento de agua potable y alcantarillado para los pueblos jóvenes ubicados a la margen derecha e izquierda comprendidas a lo largo de la carretera Chiclayo, Pomalca.

Cabe resaltar que esta inversión del MVCS tiene por objetivo mejorar la calidad de los servicios de saneamiento y contribuir con la sostenibilidad de las empresas prestadoras, en beneficio de la población. https://andina.pe/


HIDROREGIONES PERÚ

Piura: Obra en San Valentín presenta deficiencias

El Órgano de Control Institucional (OCI) de la municipalidad de Castilla detectó presuntas deficiencias en la ejecución de la obra de “Construcción de pistas y veredas en el asentamiento San Valentín, en el distrito de Castilla”. En el informe de control se advierte que la obra estaría mal hecha y perjudicaría a los cientos de familias de este sector. En esta obra de invierte S/ 1´866,555.39.

Deficiencias

Se trata del Informe de Control Simultáneo 003-2021-OCI/2407-SCC, que identifica cuatro situaciones adversas, en las que la valorización de obra no refleja lo realmente ejecutado por el contratista, transgrediendo la normativa aplicable y las estipulaciones contractuales, lo que genera el riesgo de perjuicio económico a la entidad y posible daño a la población beneficiaría.

Tras la visita a la obra, realizada el 8 de julio de 2021, se aprecia que existe incongruencia entre las rampas construidas y en la valorización presentada. Se está considerando un avance del 99.2%, sin embargo, el mal proceso constructivo y con acabados finales, no ameritan que se les considere tal avance.

Además, el ingeniero residente habría indicado que le darían solución a ese problema ya que el nivel de la rampa está por encima del nivel de pavimento proyectado.

Asimismo, el informe detalla que con fecha 30 de junio de 2021, a través del memorándum N° 071-2021-MDC-OCI, se solicitó al gerente de Desarrollo Urbano y Rural el expediente técnico de la obra, pero que a la fecha no han emitido respuesta.

En otra de las observaciones, el documento precisa que el poste de alumbrado eléctrico no permite continuar con los trabajos de explanación de la calzada en la zona, lo que genera el riesgo de incumplimiento de objetivos previstos. El poste ubicado en la calle Integración, de San Valentín, no se habría considerado para la reubicación, ya que se encuentra en la calzada, el mismo que interfiere con los trabajos de explanaciones y ampliaciones de la calzada en la zona urbana. Según el informe, el ingeniero residente sostuvo que no iba a ser retirado por parte del contratista por lo que habían solicitado a la empresa Enosa para que lo retiren, pero hasta la fecha no le daban respuesta a su solicitud.

El informe también explica que la construcción de rampas, así como la subrasante de vereda se realizaron por encima del pavimento proyectado lo que genera el riesgo de incumplimiento de objetivos previstos. Esto se observa en la intersección de la calle Integración con calle Morropón, donde se aprecia que el nivel de las rampas se encuentra por encima del nivel del pavimento. También se observó en la calle Señor de los Milagros, que la construcción de las rampas no es el adecuado debido a que la rampa debe terminar en el borde del pavimento más no antes de este. Estas situaciones pueden ocasionar problemas en los meses donde las precipitaciones aumenten y el problema lo tendrán las personas minusválidas al momento de su circulación de un extremo a otro.

Finalmente, el informe reporta ausencia del ingeniero inspector, lo que afectaría la correcta ejecución de la obra, ocasionando el riesgo de que no se cumpla con la finalidad de la contratación pública.

Denuncias

Al respecto, el exdirigente del A.H San Valentín, Pedro Armijos, denunció que la obra, cuya inversión es de cerca de 2 millones de soles, se encuentra casi terminada. Sin embargo, las deficiencias salen a la luz, ya que el sistema de agua y desagüe han colapsado y se debe a que la obra está mal hecha. Esto ha llevado a que los mismos vecinos hagan huecos para arreglar las cañerías debido a que el personal de la empresa no realiza el mejoramiento.

“Han hecho un trabajo pésimo, todo se ha empezado a romper, el agua y desagüe ha colapsado. No sé qué cuentas rendirá la dirigente, las autoridades, si todo está mal hecho. Hasta donde irá llegar esta obra, porque es una obra donde se ha botado la plata al agua”, advirtió Armijos.

Según el exdirigente, la obra ya debería haber concluido, pero aún no ha sido recepcionada, por ello advirtió que estarán pendientes para que este proyecto no quede así y la empresa contratista pueda levantar las observaciones antes de culminar los trabajos.

“Ya terminamos el mes de julio y ya no vemos a los trabajadores, ni la maquinaria, no sabemos si ya culminó o no, pero la municipalidad no ha recepcionado la obra y debe ser por todas las denuncias que hemos hecho”, dijo el exdirigente.

Asegura

Ante esta situación, el alcalde de Castilla, José Aguilar, informó que la obra aún no se culmina, por ello aún no se ha solicitado que levanten las observaciones. Aseguró que la obra no será recibida mientras no se subsanen las observaciones por parte de la empresa contratista. Además, advirtió que aún continúan los trabajos en este asentamiento. No obstante, desconoce la fecha en que será entregado el proyecto.

“La obra aún no se culmina, una vez terminada, pasa a la etapa de recepción, ya la empresa está levantando algunas observaciones. La obra va a terminar conforme manda el expediente técnico, pero tampoco será recepcionada sin que antes levanten las observaciones. Lo importante es que no se presenten irregularidades luego”, señaló la autoridad edil.

Con respecto a lo señalado por los vecinos, el alcalde hizo un llamado a los pobladores a esperar la culminación de los trabajos. Indicó que espera no se reporten deficiencias luego de la recepción. https://diariocorreo.pe/


HIDROMUNDO

Argentina, en emergencia hídrica por el menor caudal del Paraná en más de 70 años

El río Paraná, el segundo más largo de Sudamérica, sufre una sequía histórica por la falta de precipitaciones. Su caudal registra los valores mínimos de los últimos más de 70 años desde su nacimiento, en Brasil, hasta su desembocadura en Argentina y también a su paso por Paraguay. En Argentina, el Gobierno de Alberto Fernández ha declarado esta semana la emergencia hídrica por 180 días para mitigar las graves consecuencias económicas y medioambientales del descenso del nivel de las aguas. El descenso de su caudal dificulta las exportaciones, la generación de energía y eleva el riesgo de incendios.

El Paraná es la principal vía de salida de granos y productos agroindustriales de Argentina. En unos 70 kilómetros de costa alrededor de la ciudad de Rosario hay una treintena de terminales portuarias desde las que se exporta soja, maíz, harina, aceite y combustibles, entre otros. Cada año, alrededor de unos 2,500 grandes buques los transportan desde allí hasta el resto del mundo, pero desde hace meses su capacidad máxima de carga se ha visto reducida un 10% debido al descenso de la profundidad en los pasos críticos, explica Alfredo Sese, secretario técnico de la Comisión de transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Los datos registrados por el Instituto Nacional de Agua muestran el bajo caudal del Paraná, por debajo de los 6,000 metros cúbicos por segundo. A la altura de Rosario, el río ya bajó más de tres metros desde su nivel habitual en invierno. El pasado 25 de julio su altura fue de -0,17 metros, frente a los 3,2 metros de promedio. Se trata de los valores más bajos de los últimos 77 años. “Que el río tenga una baja altura o que los valores sean negativos no significa que el río esté seco. El Paraná es un río ancho y profundo”, puntualiza Sese. La medición se realiza en el puerto de Rosario, no en el centro del río, y el punto cero es un valor estándar acordado a partir de los valores mínimos de una serie histórica.

Sin embargo, en su lecho hay dunas que forman montículos, conocidos como pasos críticos. De los 10,3 metros de profundidad de media, en algunos casos las aguas descendieron hasta los 9,7 metros, lo que impide que los buques salgan con la carga completa y encarece el costo por tonelada.

Según la BCR, las pérdidas para el sector agroexportador entre marzo y agosto rondarán los 315 millones de dólares. La situación excepcional, que se prevé que se prorrogue varios meses más, ha obligado a las exportadoras a buscar rutas de carga alternativas, como Bahía Blanca, en la costa sur del país, donde el volumen de carga de maíz aumentó un 21% en este periodo de 2021 respecto al mismo del año anterior.

El menor caudal del Paraná no ha provocado por ahora restricciones de agua en los hogares argentinos, pero sí complica la generación de energía eléctrica. La central de Yacyretá, compartida entre Paraguay y Argentina, opera al 50% de su capacidad y las centrales nucleares en Zárate (85 kilómetros al norte de Buenos Aires) han tenido que contratar una draga para garantizar la disponibilidad de agua para su funcionamiento.

Vigilancia contra incendios

El Gobierno vigila también de cerca los humedales en las islas y márgenes del Paraná ante el elevado riesgo de incendios por la falta de agua. El objetivo es evitar una práctica prohibida, pero aun así todavía no erradicada entre los productores: la quema de pastizales y la formación posterior de terraplenes para ganar tierra al río y poder usarla para la ganadería. En 2020 se quemaron cerca de 300,000 hectáreas del delta del Paraná, en su mayoría por incendios provocados.

El ministerio de Ambiente tiene previsto instalar cámaras de última generación de detección de humo y de calor para identificar los focos apenas aparecen. “Estamos frente a un problema ambiental que es multicausal, un escenario de cambio climático, una sequía que lleva un año y medio, una bajante inédita. Sobre este escenario se montan ‘acciones’ productivas que potencian negativamente ese fenómeno: la tala de bosques nativos, el desmonte en la alta cuenca del Paraná (el Amazonas)”, señaló el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, al diario Página 12. “La pérdida de humedales, esos ecosistemas cuyo servicio ambiental era retener el agua y soltarla cuando fuera necesario... Se ha dicho hasta el hartazgo que los humedales funcionan como esponjas. Bueno, para decirlo brutalmente, esas esponjas desaparecieron”.

La vuelta a la normalidad no es inminente. Según el último informe del Instituto Nacional del Agua, “la tendencia descendente observada continuará en las próximas semanas, con muy alta probabilidad de que la bajante persista durante el invierno y posiblemente tendencia similar en el último trimestre del año”. https://elperiodicodemexico.com/


 “Defender el Agua es Defender la Vida”

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27/7/21

HIDROBOLETÍN FENTAP 3772: PERÚ – Puno. Represión en protestas de corredor minero del sur. Denuncia. Dirigentes acusan a la policía de agredirlos. Paro seguirá hasta que se instale mesa de diálogo el 4 de agosto

 Martes, 27 de julio de 2021 – Año XV – Edición 3772 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

HIDROBOLETÍN FENTAP

La FENTAP informa:

PERÚ – Puno. Represión en protestas de corredor minero del sur. Denuncia. Dirigentes acusan a la policía de agredirlos. Paro seguirá hasta que se instale mesa de diálogo el 4 de agosto

PERÚ - La reactivación económica debe impulsar la transición ecológica. Pronunciamiento

PERÚ - Piura: inicia obra de agua potable y alcantarillado en sector oeste de Veintiséis de Octubre

PERÚ - Trujillo: alcalde urge destrabar proyectos emblemáticos para provincia

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Represión en protestas de corredor minero del sur

Denuncia. Dirigentes acusan a la policía de agredirlos. Paro seguirá hasta que se instale mesa de diálogo el 4 de agosto.   

Las protestas que iniciaron las comunidades de la provincia de Chumbivilcas, por donde pasa el Corredor Minero del Sur, se tornó violenta el último fin de semana. Dirigentes que encabezan este paro indefinido, manifestaron que los pobladores fueron atacados con bombas lacrimógenas y perdigones por parte de la Policía.

El presidente de la comunidad de Huininquiri (Chumbivilcas), Sixto Huamaní denunció que un contingente policial irrumpió en la vía donde decenas de manifestantes estaban reunidos. Los efectivos provistos de armas no letales comenzaron a dispersarlos para liberar la carretera. Producto de esta represión, como la calificaron, al menos diez personas resultaron heridas.

“Los compañeros han sido perseguidos cerro tras cerro, como si fueran delincuentes. Quiero hacer llegar este reclamo al presidente electo Pedro Castillo, nos han reprimido sin ningún respeto a las señoras, adultos mayores, niños y niñas. Nuestra huelga era pacífica”, expresó Huamaní.

Por su lado, el presidente del comité de lucha de la provincia de Chumbivilcas, Luis Huamaní Fuentes, detalló que la medida de fuerza es contra la empresa minera MMG Las Bambas. La acusan de afectar las vías de la zona y generar contaminación con el polvo que los camiones levantan a su paso. También protestan contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por clasificar como vía nacional esta carretera.

“Nosotros exigimos que la empresa minera asuma su responsabilidad social y ambiental, tal como dice la ley. Pedimos que se haga un contrato de servidumbre, porque cada comunidad tiene su título, es propiedad privada. Por el hecho de que la vía es considerada nacional, ellos siguen pasando y nos causan ruido y polvo. La carga vehicular ha aumentado, no podemos pasar ni con motos ni con nuestros animales”, expresó Luis Huamaní.

Sobre el tema el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió un comunicado en el que señala que esta vía fue clasificada como nacional a pedido de los gobiernos regionales de Cusco y Apurímac en 2017 y que a la fecha pagaron S/ 56 millones 241 mil 765 por el saneamiento legal de estos terrenos, divididos en 1847 cheques de compensación económica y 223 cheques de tasación.

Este 4 de agosto se instalaría una mesa de diálogo para solucionar el problema. Hasta que esto se concrete, las comunidades de Cancahuani, Yanque Lacca Lacca, Huininquiri y Cruzpampa, seguirán en paro indefinido. https://larepublica.pe/


HIDROREGIONES PERÚ

 

La reactivación económica debe impulsar la transición ecológica

Señor presidente electo, Pedro Castillo

Señores y señoras congresistas para el período 2021-2026

El Perú y el mundo se encuentran en una situación económica y ambiental sumamente crítica, y es necesario tomar decisiones sabias ahora para impactar positivamente en el futuro de muchas generaciones. Hasta el momento, la pandemia del COVID-19 ha causado en nuestro país casi 200 mil personas fallecidas, millones de empleos se perdieron, volvió a crecer la pobreza y la desigualdad, y el fantasma del hambre nuevamente amenaza a los más vulnerables. Impulsar la reactivación económica es una urgencia impostergable. Al mismo tiempo, en el ámbito ambiental, la humanidad enfrenta el riesgo del colapso ecológico si no detiene en esta década las tendencias actuales de contaminación y explotación insostenible de recursos naturales.

El cambio climático — causado por prácticas como la quema de combustibles fósiles para la generación de energía y la deforestación de bosques, la cual el año pasado llegó a 190 mil hectáreas en nuestro país — está trayendo consigo una mayor extinción de especies; fenómenos climáticos cada vez más extremos; escasez de agua; menor productividad agrícola; y otras consecuencias que repercuten directamente en la economía y la calidad de vida de las personas. El Perú no es ajeno a este fenómeno, pues aún sigue atado a una matriz productiva extractivista con tendencia a la baja productividad y alta huella de carbono. Según el BCR, casi el 90% de nuestras exportaciones corresponden a productos primarios; y dentro de estos, el 65% le pertenece a la minería, petróleo y gas, y el otro 24.6% pertenece a productos agropecuarios y pesqueros. Esta realidad nos exige repensar el rol que cumple la extracción de recursos naturales en la economía nacional, en el contexto de emergencia climática, y a tomar decisiones ahora para transformarla.

Planteamos a las nuevas autoridades del Ejecutivo y Legislativo impulsar una reactivación económica que vaya de la mano con una transición ecológica y limpia; para así cambiar el extractivismo contaminante por actividades económicas más sostenibles. Nuestro país tiene la oportunidad de promover el empleo y reactivar la economía de las familias peruanas sin profundizar un modelo de desarrollo que depreda la Naturaleza, transformando la economía del país para adaptarnos a los retos ambientales del siglo XXI.

Para ello, proponemos:

Programas de empleo de emergencia y fomento de emprendimientos articulados a la adaptación y mitigación frente al cambio climático. Por ejemplo: reforestación, siembra y cosecha de agua, infraestructura verde, movilidad sostenible, manufactura sostenible, entre otros.

Declarar la emergencia alimentaria. Garantizar financiamiento para las Ollas Comunes y programas de emergencia alimentaria articulados a la producción de la agricultura familiar y ecológica.

Política nacional de seguridad y soberanía alimentaria. Garantizar la implementación del Plan Nacional de Agricultura Ecológica (PLANAE) y el Plan Nacional de Agricultura Familiar (PLANAF) dotándolos de prioridad política y financiamiento adecuado.

Protección efectiva de la Amazonía. Combatir las actividades causantes de su destrucción: tala ilegal, minería ilegal, cambio de uso de suelo para la expansión agrícola, narcotráfico, entre otras; invirtiendo en alternativas económicas sostenibles, en diálogo intercultural con las comunidades indígenas y locales.

Programas de reforestación y de recuperación de bosques degradados con participación activa de los pueblos originarios. Lograr la deforestación cero.

Cumplir con el compromiso internacional de proteger al menos el 10% de nuestro dominio marítimo, no sólo por la conservación ambiental sino para garantizar la productividad pesquera de nuestro mar. Reorientar la industria pesquera de consumo humano indirecto al consumo humano directo, para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, apoyando la pesca artesanal y la acuicultura.

Aprovechar el nuevo ciclo de altos precios de los minerales sin repetir los errores del pasado, implementando las reformas pendientes en el sector minero en términos ambientales y tributarios y respetando la voluntad de las comunidades locales; además, orientando los excedentes a la diversificación productiva y el fortalecimiento de las economías locales.

Inversión decidida en energías renovables que nos permitan superar la dependencia de combustibles fósiles:

1) Desistir de nuevos proyectos de exploración o explotación de hidrocarburos en la Amazonía o en el Mar Peruano;

2) Transformar PetroPerú en Energía Perú, para liderar la transición energética, diversificando su cartera de proyectos para la conversión progresiva hacia energías renovables;

3) Crear el Viceministerio de Energías Renovables en el MINEM.

Inversión en infraestructura sostenible proteja y recupere ecosistemas frágiles degradados, en particular, en lo referido a la inversión en carreteras, vías de comunicación y generación de energía en la Amazonía. Descartar por sus altos impactos el desarrollo de hidroeléctricas en la Amazonía.

Ordenamiento territorial concertado y participativo que permita a cada región identificar sus potencialidades y definir sus prioridades para asignar usos, ocupación e inversión, para lograr el desarrollo territorial en armonía con el ambiente.

Política de protección integral para los y las defensoras ambientales y ratificación del Acuerdo de Escazú. El cual complementa el esquema vigente en torno a la transparencia de la información ambiental y que implementa compromisos importantes en torno a la protección de los y las defensoras ambientales.

Garantizar el derecho al agua segura, con una gestión integrada y sostenible. Distribuirla de manera equitativa, protegiendo ecosistemas naturales y fuentes hídricas.

Fortalecer la autoridad ambiental en todos sus niveles, corrigiendo retrocesos de últimos años que flexibilizaron normas socioambientales principalmente en sectores extractivos. La explotación de nuestros recursos naturales y minerales no debe producirse a costa de reducir los estándares ambientales y sociales.

Respeto a la consulta previa a los pueblos indígenas y a su derecho a definir sus propios planes de vida.

Protección del derecho a la vida, territorio y libre determinación de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial. Proteger la vida, los medios de subsistencia y la supervivencia cultural de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, que sufren una particular situación vulnerabilidad. Uno de los mayores factores de afectación involucra la invasión de sus territorios.

Inversión en políticas urbanas que promuevan ciudades para la vida con participación ciudadana. Impulsando al empleo urbano articulado, entre otros, a construir viviendas sostenibles, seguras, sin hacinamiento, ampliando vías peatonales, ciclovías, espacios abiertos, arborización, áreas verdes y recreativas, con equipamiento de salud y educación cercanos, y prohibiendo, controlando y sancionando el cambio de uso de suelo y tráfico de terrenos en áreas agrícolas y ecosistemas frágiles.

(Publicado en La República el 25 de julio de 2021)

Firman:

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

Confederación Campesina del Perú (CCP)

Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP)

Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP)

Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC)

Red de Ollas de Lima Metropolitana

Red de Agricultura Ecológica (RAE)

Rede Eco Humanista

Red de ecología social, economía y cambio climático

Red Muqui

Red Regional Agua Desarrollo y Democracia

Red Uniendo Manos

Pachamama Alliance Perú

TierrActiva Perú

Viernes por el Futuro Perú

Asociación Nacional de Centros

Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC)

Comisión de Ecología y Cuidado de la Creación del Obispado de Lurín

Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI Perú)

Movimiento Católico por el Clima – Capítulo Perú

Subcomisión de Ecología Integral de Resucita Perú Ahora

Colectivo de incidencia y acción urbana (CIAUR)

Foro Ciudades para la Vida

Plataforma de Agricultura Urbana de Lima

Alsakuy Agroecológica

Asociación Arariwa (Cusco)

Asociación pro derechos humanos (Aprodeh)

Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización

Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)

Centro de Promoción y Desarrollo Rural Amazónico (CEPODRA)

Consorcio Agroecológico Peruano

CooperAcción

Corriente Pedagógica Humanista Universalista

COSAC – La Libertad

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

Equipos Docentes del Perú (EDOP)

Iniciativa Cuencas Sagradas

Instituto Natura

Instituto de Promoción para la Gestión del Agua (IPROGA)

Instituto de Desarrollo Urbano CENCA

Instituto Bartolomé de las Casas

Instituto para la Defensa y la Paz Amazónica (IDPA)

IPES

ONG Maqay

PERIFERIA / (siguen firmas) https://cooperaccion.org.pe/


Piura: inicia obra de agua potable y alcantarillado en sector oeste de Veintiséis de Octubre

Con la finalidad mejorar la calidad de vida de la población de los asentamientos Los Almendros y la Mz. R de Enrique López Albújar, en el distrito Veintiséis de Octubre (Piura), se dio inicio a los trabajos de la obra de mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado, que permitirá a 550 pobladores contar con un mejor servicio

El alcalde Darwin García Marchena, quien colocó la primera piedra, informó que la obra tiene un plazo de ejecución de 90 días calendario, con una inversión de más de 700.000 soles que son recursos propios de la comuna para la salud y servicios básicos de la población.

Agregó que cerca de sector se viene otro proyecto, como es la ampliación de las “vías integrados” con asfalto de verdad, en conjunto con el Gobierno regional y la Dirección Regional de Transportes.

Por su parte, el dirigente vecinal, Néstor Santos, dijo que este objetivo se logró gracias al esfuerzo, la coordinación, el trabajo planificado y el diálogo entre las autoridades y los vecinos. “Se da inicio a este importante proyecto que se vino gestionando desde antes de que se creara el distrito y hoy se logra para el cuidado y salud de los vecinos por la coyuntura sanitaria” acotó el dirigente.

La ejecución de la obra del mejoramiento del servicio de saneamiento estará a cargo de la empresa constructora Megga del Perú, que obtuvo la buena pro del proyecto. https://larepublica.pe/


Trujillo: alcalde urge destrabar proyectos emblemáticos para provincia

El titular de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), José Ruiz Vega, señaló este lunes 26 de julio, durante la sesión solemne por el bicentenario de la independencia del Perú, que lo fundamental en su gestión es la lucha contra el coronavirus, pero también se prioriza proyectos emblemáticos como la regeneración del borde costero.

“Vamos a seguir trabajando, porque necesitamos destrabar proyectos emblemáticos, y en coordinación con el Gobierno regional la regeneración del borde costero, el encauzamiento de las diferentes quebradas de nuestra ciudad, el corredor vial de norte a sur, proyectos de saneamiento para cerrar brechas de agua y alcantarillado en varios distritos”, manifestó en su discurso.

El burgomaestre recordó que de acuerdo al portal de Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la inversión municipal supera los S/ 60 millones, partiendo de fines de julio 2020 a la fecha. “En este tramo, hemos invertido mucho más que en los últimos cuatro años”, aseveró. Añadió que se han redoblado esfuerzos por mejorar el servicio de seguridad ciudadana, con cámaras de videovigilancia renovadas y una moderna comisaría, entre otras obras. https://larepublica.pe/


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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26/7/21

HIDROBOLETÍN FENTAP 3771: PERÚ - Gobierno oficializó la Política Nacional del Ambiente al 2030. Es de aplicación obligatoria en la administración pública, personas jurídicas de derecho privado y sociedad civil

 Lunes, 26 de julio de 2021 – Año XV – Edición 3771 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

HIDROBOLETÍN FENTAP

La FENTAP informa:

PERÚ - Gobierno oficializó la Política Nacional del Ambiente al 2030. Es de aplicación obligatoria en la administración pública, personas jurídicas de derecho privado y sociedad civil.  

PERÚ – Espinar. Los metales pesados bajo la piel de una mujer

PERÚ – Informe. La agenda pendiente de Pedro Castillo en el Sur

PERÚ - Lambayeque: falta de mantenimiento en pozos tubulares afecta servicio de agua potable

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Gobierno oficializó la Política Nacional del Ambiente al 2030

Es de aplicación obligatoria en la administración pública, personas jurídicas de derecho privado y sociedad civil.   

El Poder Ejecutivo oficializó la Política Nacional del Ambiente al 2030, que busca incrementar las intervenciones de recuperación y restauración de los ecosistemas degradados, así como garantizar la conservación de especies y diversidad genética al interior de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), entre otros objetivos, es cumplimiento obligatorio para las entidades de la Administración Pública, así como para las personas jurídicas de derecho privado y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable.

Así lo establece el Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM que lleva las firmas del presidente Francisco Sagasti, de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y de los titulares del Ambiente, Gabriel Quijandría; Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo; y Defensa, Nuria Sparch.

Asimismo, de los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio; Energía y Minas, Jaime Gálvez; Producción, José Luis Chicoma; Transportes y Comunicaciones, Eduardo González; y Vivienda y Construcción, Solangel Fernández.

Se precisa que las entidades de la Administración Pública en todos los niveles de gobierno y en el contexto de sus competencias asumen los roles, obligaciones y responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM. 

El decreto señala que la conducción de la Política Nacional del Ambiente al 2030 está a cargo del Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental, y que las entidades de la administración pública responsables de los objetivos prioritarios, lineamientos y servicios de la Política Nacional del Ambiente al 2030 están a cargo de su implementación y ejecución, conforme a sus funciones y competencias a través de los diferentes planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan).

Resumen Ejecutivo

En el resumen ejecutivo que contiene el Decreto Supremo se indica que la Política Nacional del Ambiente considera como problema público a la “Disminución de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas que afectan el desarrollo de las personas y la sostenibilidad ambiental".

Se añade que el Estado ha invertido, en programas presupuestales dirigidos a solucionar problemas ambientales, 121.55 millones de soles en el 2012, cifra que se ha convertido en 2 102.52 millones en el 2019, es decir se ha multiplicado por 17 veces.

También se indica, como sustento conceptual de la estructura del problema público de la PNA, basados en las conclusiones de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, que la acción humana está generando una acción sostenida, pero no ambientalmente sostenible sobre la naturaleza y los recursos y que esta acción humana, a su vez, está generando impacto sobre los servicios que proveen los ecosistemas (aire limpio, agua, recursos forestales, suelos, biodiversidad, entre otros).

La pérdida que genera la degradación de los ecosistemas está afectando el capital natural (suelos, ecosistemas, etc.), y perjudicando significativamente el bienestar humano, se puntualiza.

Lo anteriormente planteado es el fundamento de la problemática que aborda la PNA al 2030 y sus principales causas y consecuencias que están afectando al bienestar de la población de nuestro país.

La norma sobre la Política Nacional del Ambiente está acompañada de diversos cuadros en el que se detallan los problemas ambientales en el Perú, así como las alternativas con objetivos prioritarios y lineamientos y sus descripciones correspondientes.

El decreto supremo advierte que la recuperación de los bienes y servicios ecosistémicos en el país será posible si se logra evitar la pérdida continua de la diversidad biológica, frenar el deterioro de la calidad ambiental y reducir los riesgos e impactos ante peligros de origen natural y antrópicos frente a cambios climáticos.

Para ello, se requiere que la gobernanza ambiental se fortalezca y sea capaz de crear condiciones institucionales que permitan gestionar adecuadamente el territorio; igualmente, que los procesos productivos de bienes y servicios procuren ecoeficiencia y sostenibilidad.

A nivel de la ciudadanía, se subraya que se necesita el cambio positivo en el comportamiento de los ciudadanos y, finalmente, que los procesos de toma de decisiones en materia ambiental se realicen con base en la discusión científica.

Para lograrlo, es necesario enfrentar los siguientes problemas: pérdida de la diversidad biológica, que es la pérdida de los recursos genéticos, las especies y a los ecosistemas. Esto se explica a su vez por la deforestación y degradación de bosques y otros ecosistemas.

De acuerdo con la información del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, la pérdida acumulada de bosques en nuestro país entre el periodo comprendido del año 2001 al 2018, alcanzó 2 284 889 hectáreas, siendo San Martín y Loreto los departamentos que más perdieron cobertura boscosa.

El bosque remanente al 2018 a nivel nacional es de 68 422 585 hectáreas. https://andina.pe/


HIDROREGIONES PERÚ

 

Los metales pesados bajo la piel de una mujer

Todos los seres humanos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se encuentran expuestos al contacto con algún tipo de metal pesado. No todos, sin embargo, conviven por más de 30 años con empresas mineras, ríos y suelos contaminados, con una familia enferma, ni son objetos de estigmatización y difamación por defender la salud de su pueblo y el medio ambiente que habitan. Una de esas personas es Melchora Surco, comunera del centro poblado Alto Huancané, en el distrito y provincia de Espinar (Cusco), afectada por metales pesados y vecina del relave donde la minera Antapaccay, de la transnacional suiza Glencore, deposita sus residuos tóxicos.

“En toda la comunidad antes nosotros vivíamos tranquilos, sin ninguna dificultad”, rememora Melchora, campesina creyente de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Ahora, cuenta, todas las familias de su zona sufren los síntomas de los metales pesados en la sangre. “Acá los niños y jóvenes paran con dolor de barriga, dolor de cabeza, dolor de sus cuerpos”. Todos, dice, parecen ancianos.

Hace apenas dos meses, recuerda Melchora mientras señala una casa ubicada a unos metros de la suya, falleció su vecino Juan Carlos Ocorte. Y hace tres, otro comunero de la misma casa conocido como don Luciano Ocorte. Ambos, cree recordar Melchora, fallecieron por cáncer estomacal.

Los metales pesados, como el mercurio, por ejemplo, son tóxicos para los sistemas nervioso, digestivo e inmunológico, así como para los pulmones, riñones y la piel, de acuerdo a los protocolos de la OMS para casos de poblaciones afectadas por estas sustancias. La presencia de metales en un cuerpo humano también podría generar neuropatías que deterioran los músculos y los expone a contracturas, deformaciones y sequedad de la piel.

“Yo, por ejemplo, me duele mi cabeza, no hay ganas para comer, cuánto quiero trabajar, pero no se puede. Me siento mal, me duelen todos mis huesos, mi barriga”, exclama Melchora. “¿Por qué en otras comunidades donde no hay minería no están como yo?”, se cuestiona. “Acá estamos flacas, amarillas, tengo dolor de riñón, el ovario duele, duele orinar también”, agrega, tocándose la zona pélvica.

De acuerdo a un estudio publicado en el Centro Nacional de Información de Biotecnología de Estados Unidos (NCBI por sus siglas en inglés), existe evidencia que sugiere una diferencia sexual en la retención de metales pesados en el sistema nervioso y los riñones. Una prueba en roedores de 56 días de vida con pequeñas dosis de cloruro de metilmercurio brindó esa información al estudio “Diferencias sexuales en la distribución y retención de mercurio orgánico e inorgánico en ratas tratadas con metilmercurio”.

El estudio encontró que, si bien la eliminación del mercurio fue más rápida en los cuerpos de las ratas hembras, fueron sus riñones y cerebros los que concentraron mayores dosis de la sustancia tóxica, en comparación con los machos. A diferencia de los machos, los cerebros de las hembras estuvieron 2,19 veces más expuestos al mercurio.

La bióloga Karem Luque, de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) y miembro de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, por su trabajo también conoce los efectos de los metales pesados en mujeres. “Varias de ellas han manifestado la aparición de granos y manchas blanquecinas en la piel, similar a la producida por hongos. Esto principalmente por tocar el agua para el uso de la cocina, los lavados domésticos y el aseo personal”, dice.

Luque también resalta el daño que los metales pesados, como el mercurio, genera en las mujeres embarazadas: “El mercurio puede cruzar la placenta, y afectar al feto. La evidencia nos dice además que la presencia de mercurio está relacionada a la teratogenicidad y al efecto embriocida. Es decir, procesos de malformación congénita o matar al embrión, y eso podría asociarse a los abortos”, señala.

Este tipo de síntomas y evidencias, sostiene la bióloga de DHSF, muestra una afectación de metales pesados diferenciada por género porque las personas que tienen mayor contacto con el agua contaminada son las mujeres en comparación con los varones.

El Estado peruano, por su parte, desde hace más de diez años cuenta con indicios de los dolores en común que habitan en los hogares de la provincia de Espinar y la contaminación impregnada en las aguas y suelos de la zona.

MALES CONOCIDOS

El génesis de la contaminación en Espinar, de acuerdo a las denuncias de la población y los indicadores de los estudios toxicológicos realizados hasta la fecha, apunta al relave de la minera Tintaya, cuyas operaciones concluyeron en 2012. Desde entonces, es la empresa Antapaccay, cuyo proyecto se encuentra a pocos kilómetros, la que usa el mismo relave para guardar sus desechos tóxicos.

Las pruebas comenzaron a surgir entre 2002 y 2005, cuando se realizaron los primeros monitoreos ambientales en fuentes de agua, suelos y aire de Espinar, para medir la contaminación en el área de influencia del proyecto minero Tintaya. Los resultados mostraron que en algunos puntos analizados se sobrepasaron los límites permisibles en hierro, manganeso, cobre, selenio y arsénico.

Los mismos resultados se obtuvieron de un monitoreo ambiental realizado del 2008 al 2010 por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).

En 2010, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS), del Ministerio de Salud, examinó a 506 personas de las comunidades de Huarca, Huisa, Ccollana, Hanccollahua, Huano Huano, Paccopata y Jatarana, todas ubicadas en la provincia de Espinar. El 100% de las muestras tuvo niveles detectables de arsénico, cadmio, mercurio y plomo.

En 2012, la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, con la asistencia técnica de la Universidad Christian Abrechtzu de Kiel (Alemania), elaboró un monitoreo ambiental que volvió a detectar altos niveles de arsénico, plomo y otros metales pesados en fuentes de agua y suelos.

Por esos años la Oficina Defensorial del Cusco también emitió un informe sobre 17 metales pesados en la población de Espinar, y encontró que 11 de los 17 metales presentes en los organismos de la gente superaron los límites permisibles. En algunos casos la concentración de sustancias tóxicas superó hasta en 33 veces el límite.

Ese mismo año, la Municipalidad Provincial de Espinar realizó un análisis químico de metales pesados en 58 puntos de agua del área de influencia de la mina Tintaya, actual relave de Antapaccay, de los cuales 41 tuvieron niveles de metales pesados que superaron los estándares permitidos. También se analizó a las ovejas de la zona, y se observó que los órganos y carnes de los ovinos nacidos con malformaciones, así como los muertos, tenían concentraciones de arsénico, plomo y cromo.

EL PESO DEL HOGAR

Algunas de esas ovejas muertas eran de Esmeralda Larota, campesina de 33 años de la comunidad Huancané Bajo (Espinar), sin hijos, pero con dos padres que a diario se quejan de dolores de cabeza y estómago. En casa, por estudios toxicológicos realizados por el Ministerio de Salud hace más de cinco años, los tres saben que sus cuerpos guardan una diversidad de metales pesados.

TRIUNFO SIN TROFEO

Con un pueblo enfermo detrás, Melchora Surco y otros tres dirigentes de Espinar presentaron en 2019 una demanda contra varias instituciones del Estado por no declarar a la provincia en emergencia ambiental y sanitaria, pese a los estudios toxicológicos realizados en los últimos quince años que advirtieron la afectación de metales pesados en personas, animales, fuentes de agua y suelos. Contaminación por donde se vea.

El 5 de diciembre de ese año, el Juzgado Mixto y Penal Liquidadora de Espinar declaró fundada en parte la demanda y ordenó al Ministerio de Salud que en 90 días implemente una estrategia de emergencia sanitaria, un plan de acción para atención médica, vigilancia epidemiológica y monitoreo de las fuentes de agua. La sentencia fue confirmada el 30 de diciembre del 2020 por la Sala Mixta Descentralizada, Liquidadora y de Apelaciones de Canchis.

El triunfo en la vía judicial, sin embargo, resultó con un sabor a derrota.

“La sentencia ha salido para que nos vean en noventa días, pero hasta ahora no nos han visto cómo estamos las comunidades que vivimos al lado de la minera”, reclama Melchora casi veinte meses después de la primera sentencia. “Se olvidaron de nosotros, pero nuestras riquezas de acá están saliendo. ¿A consecuencia de qué? De nuestra salud. Estamos sufriendo envenenados de esos metales”.

Además del olvido del Estado, Melchora también afronta difamaciones y represalias. En su comunidad, varios de sus vecinos comenzaron a acusarla de haber recibido miles de soles por demandar al Estado. Los rumores no se confirmaron, pero sí calaron en la salud de Melchora. “Ya no tenía ganas para comer, lo que me decía la gente estaba en mi cabeza, no podía dormir, no podía ni echarme, mi cabeza me dolía y el cuello no podía ni voltear para acá”.

Como madre, cuenta Melchora, también teme que sus hijos sufran las represalias de ser parientes de una defensora ambiental. “A veces las mamás tienen miedo de hablar las verdades que nos está afectando, ya no quieren decir, porque sus hijos los van a botar del trabajo o no los van a recibir”, cuenta. Uno de esos hijos fue uno de los suyos.

“Será por mi culpa, por mi causa”, piensa Melchora. “La minera me conoce, soy como una oveja negra en la comunidad”. https://wayka.pe/


La agenda pendiente de Pedro Castillo en el Sur

La agenda de obras pendientes por ejecutar por el gobierno del presidente electo Pedro Castillo en el Sur, es tan amplia como el respaldo que esta parte del país le brindó en las urnas.

La larga lista de proyectos postergados por el Ejecutivo en Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Apurímac y Madre de Dios, bordea los US$ 8,000 millones, mientras que los proyectos a puertas de concretarse, especialmente relacionados a minería, superan los US$ 11, 340 millones (ver infografía).

Los expertos coinciden en que la hoja de ruta del camino que tomarán las promesas incumplidas en el Sur por anteriores mandatarios, se evidenciará en el primer mensaje a la Nación que dé el nuevo mandatario el 28 de julio. “Solo le pedimos al presidente que no se olvide del Sur”, comenta casi como una súplica el presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, Luis Caballero.

Obras claves

La relación de proyectos con adjudicación dada, pero con larga espera la lidera Majes Siguas II de la región Arequipa (US$ 700 millones). La obra agro energética generará 100 mil puestos de trabajo, tras 11 años de espera, está a punto de concretarse. El Ministerio de Economía y Finanzas días atrás, dio luz verde al mismo, por lo que se estima que las obras podrían retomarse en diciembre próximo. Caballero, remarca que es clave que el gobierno de Castillo le dé el impulso respectivo siguiendo el esquema original, es decir mantener módulos de producción de 200 hectáreas. “Solo así se garantizará su rentabilidad”.

El inicio de Majes II, traería por “arrastre” la concretización de las hidroeléctricas Lluta y Lluclla que suponen una inversión de US$ 970 millones. El gobierno dio la concesión definitiva en diciembre de 2020.

La construcción de la represa de Yanapujio, cuyas aguas irrigarán las provincias de Sánchez Cerro (Moquegua) e Islay (Arequipa) es otro asunto pendiente que debería concretar el nuevo gobierno. La obra es clave para terminar con el déficit hídrico en el Valle de Tambo.

El proyecto Vilavilani, ubicado en la región Tacna que implica una inversión de US$ 98 millones también es otra obra pendiente de destrabar por el gobierno de Castillo. A la fecha, un lío legal entre la región tacneña y Puno, ha paralizado el proyecto que solucionaría el problema de agua para consumo humano y agricultura.

El gasoducto Sur Peruano, ahora llamado SIT Gas, es otro millonario proyecto valorizado en US$ 4,500 millones pendiente de concretar. El proyecto fue cancelado por el Gobierno a inicios de 2017 cuando tenía un avance de 35%. La constructora brasileña Odebrecht no pudo conseguir financiamiento para el mismo. A la par era investigada por ofrecer sobornos para ganar obras públicas en Perú. El Ejecutivo planteó licitar el proyecto a mediados de este año, sin embargo, el nuevo anuncio apunta a 2022.

Cusco espera

La región Cusco también tiene una amplia cartera de proyectos paralizados o inconclusos. El gobernador, Jean Paul Benavente, anunció que la próxima semana espera reunirse con el gobierno saliente de Francisco Sagasti y el nuevo de Pedro Castillo para garantizar que la transferencia contenga los proyectos pendientes.

La culminación del hospital Antonio Lorena (US$ 464 millones) es una urgencia para Cusco. La postergación continua de las obras, motivó una serie de protestas en los últimos días. Los manifestantes anunciaron radicalizar sus medidas si el proyecto emblemático no tiene luz verde en el gobierno de Castillo.

Además del Lorena, hay otros tres nosocomios en manos del Ejecutivo. Estos son: Belempampa, Paucartambo y Chumbivilcas. También se espera la ejecución de los centros de salud de Quillabamba (La Convención), Espinar y Machupicchu (Urubamba).

El gas también representa una cruel paradoja para los cusqueños. La planta de Kepashiato es otro proyecto que depende del Ejecutivo. Este, junto al gasoducto, permitirá que la población del Cusco se beneficie del recurso que se extrae del distrito de Megantoni, provincia cusqueña de La Convención. Actualmente, el balón de gas de 10 kg bordea los S/ 50 en la provincia Cusco, mientras que en comunidades como Camisea superan los S/ 80.

Demandas de Puno

El ingreso libre de gas boliviano, es la solución a los problemas medioambientales en provincias y la ejecución de proyectos viales, son los tres temas prioritarios que deben estar en la agenda del gobierno de Pedro Castillo con la región Puno, consideró el presidente del Frente de Organizaciones Populares (FOP), Amador Núñez.

Por su parte, Juan Vilca Yujra, dirigente del comité de lucha de la zona sur de Puno, manifestó que en el rubro de transportes la agenda debe ser la doble vía hacia la frontera con Desaguadero y la remediación ambiental en la cuenca de Llallimayo, en la provincia de Melgar.

El sociólogo Carlos Flores, remarca que, entre todas las regiones del sur, Puno siempre ha marcado la pauta de descontento social y si no se atiende sus problemas prioritarios, el altiplano será la región que encienda la chispa del descontento contra el gobierno del Bicentenario.

Proyectos mineros

El 47% de la cartera de proyectos mineros en construcción se encuentran en el Sur del país. La mayoría con proyección a iniciar durante la gestión de Castillo.

El consultor de la Cámara Minera del Perú y docente de la Universidad Católica San Pablo, César Montes de Oca resalta que a la fecha hay ocho proyectos en la zona sur claves para reactivar la economía (ver Infografía). De todos estos, el mejor encaminado a nivel nacional es Quellaveco (Moquegua) con una inversión de US$ 5,300 millones.

En ese contexto, el experto señala que corresponde al gobierno de Castillo hacer que de una vez por todas el Estado cumpla su real rol, es decir dar seguridad, paz y cubrir las necesidades básicas de la población, para que la inversión privada sea un socio del desarrollo.

Cabe señalar que en la relación de proyectos priorizados no figura Tía María. La obra cuprífera de Southern no ha logrado licencia social del Valle de Tambo (Arequipa). Durante su discurso de campaña, Castillo anunció la desestimación del proyecto. Montes de Oca recuerda que una de las premisas de la inversión es que los “proyectos no deben generar conflictos sociales”. No obstante, remarca que “un proyecto minero en fase de producción significa el 1% del PBI”, por lo que es vital dialogar.

Caballero de la Cámara de Comercio, espera que, como presidente, Castillo encuentre formas para resolver este entuerto. Recordó que el sector privado está dispuesto a trabajar de la mano con Castillo.

Presupuesto inequitativo para el sur

El especialista en proyectos de inversión de la Universidad Católica San Pablo, Jean Marco Villena, resalta que en los últimos años ha habido diferencias marcadas e inequidad en la asignación presupuestal para el Sur por parte del Ejecutivo. De acuerdo a la data de Proinversión, durante este año se destinó US$ 2,300 millones para obras en el país, de los cuales poco menos del 10% fue destinado para regiones del Sur.

Villena explica que revertir esta situación en parte dependerá de las gestiones que hagan en adelante los gobiernos regionales. “Las buenas relaciones y ejecución de grandes proyectos dependerán de alguna forma de nuestros gobernadores”, remarcó tras recordar que, pese a estas diferencias, el Sur ha contribuido con el 15% del PBI. https://larepublica.pe/


Lambayeque: falta de mantenimiento en pozos tubulares afecta servicio de agua potable

Monsefú, distrito de la provincia de Chiclayo (región Lambayeque), lleva más de una semana sin el servicio de agua potable, mientras familias esperan el paso de cisternas para poder abastecerse del líquido o se ven obligadas a realizar compras en jurisdicciones aledañas.

El problema iniciado el último sábado 17 de julio se extendería hasta este lunes 26 julio, ya que los directivos de Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) se han comprometido a la normalización del servicio.

En diálogo con La República, el representante de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, manifestó que la problemática del desabastecimiento de agua potable en distritos lambayecanos se debe a la falta de inversión en el mantenimiento de los diferentes pozos tubulares.

Esto está relacionado con prácticas de intervención poco ejecutadas en estas estructuras, las cuales, una vez finalizado su perforación, instalación del equipo de bombeo y puesta en funcionamiento, no cuenta con un monitoreo continúo de sus condiciones operativas.

Para Hidalgo Reyes otros factores que influyen en la falta del servicio de agua es la no ejecución de proyecto para mejorar el sistema de alcantarillado y desagüe, y el servicio de calidad. Al igual que Monsefú, los distritos de Pítipo, Jayanca y Lambayeque también han sido afectados por el desabastecimiento.

“El mantenimiento que se les da a los pozos tubulares es muy poco, y eso provoca su deterioro. Además, el sistema de red de agua potable requiere una mejora integral porque la demanda por el servicio ha aumentado”, comentó.

Hidalgo hizo énfasis en la responsabilidad de Epsel y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) para garantizar un óptimo servicio.

“Hay un cumplimiento de funciones que tiene Epsel con la población, sin considerar los diversos afectar el servicio del agua. Esto es un problema que puede agudizar y necesita una rápida atención”, mencionó.

Hasta este domingo 25 de julio, los vecinos de Monsefú vienen comprando agua en los distritos de Santa Rosa y Ciudad Eten, pagando entre de 5 y 10 soles a mototaxista para su traslado, lo que afecta el bolsillo de las familias.

A través de su página de Facebook, Epsel informó que venía abasteciendo a la población de Monsefú con camiones cisternas, mientras realizaba acciones correctivas en el pozo n.° 03. Descartó que existan inconvenientes en el pozo n.° 01. https://larepublica.pe/


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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