Lunes, 3 de abril de 2023 – Año XVI – Edición 4188 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Piura: declaran nulidad de buena pro
de obra de los 96 asentamientos
El Ministerio de Vivienda declaró la nulidad de la
licitación pública de la obra de agua y alcantarillado de 96 asentamientos de
Piura y Castilla, y además dispuso que el proceso regrese a la etapa inicial de
consultas de las empresas.
De acuerdo al informe N°279 -2023/VIVIENDA/VMCS/PNSU, se
cometieron vicios en el proceso.
“En el presente caso, al haberse advertido el vicio de
nulidad incurrido en el procedimiento de selección al no haberse publicado
correctamente el expediente técnico de obra en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado, al momento que el OSCE publicó las bases definitivas
de la licitación”, se lee.
Reclamo
Sobre el tema, el dirigente Wilder Farfán advirtió que no
hay coherencia entre lo que dice la ministra, el informe y los funcionarios.
“La ministra dice que habrá nuevo proceso, pero la
resolución señala que regresa a la etapa de observaciones con las 18 empresas
que se presentaron. Los funcionarios dicen que se juntará este proyecto con el
de Curumuy y de más asentamientos”, señaló. https://eltiempo.pe/
Hay 62 conflictos sociales en la Amazonía mientras actividades
extractivas aumentan
En julio del 2020, durante la primera ola de la pandemia,
la Defensoría del Pueblo registró un conflicto social en el distrito de
Puinahua, en Loreto. En este municipio, un grupo de comunidades kukama
kukamiria reclamaban la titulación de sus tierras y el cumplimiento de un
incentivo económico de la compañía PetroTal. Sin embargo, menos de un mes
después de los reiterados pedidos, tres indígenas murieron por proyectiles de
armas de fuego durante la represión de la policía que custodiaba el lote
petrolero.
A la fecha no hay responsables por las muertes, y, cerca de
tres años después de las manifestaciones en el lugar, tampoco se ha aprobado la
titulación de ninguna de las 12 comunidades que pertenecen al municipio de
Puinahua. Lo único constante han sido los reportes oficiales donde mes a mes se
indica que las exigencias en este territorio continúan sin avances ni salidas
para su resolución.
En el caso de las cinco regiones que componen la Amazonía,
la Defensoría del Pueblo ha contabilizado 62 conflictos sociales —el 23,5% del
total del país y la mitad ubicados en Loreto— desarrollados en tres etapas:
activos, latentes y en observación. Del total identificado en territorio
amazónico, cerca del 60% corresponden a temas socioambientales, vinculados a
operaciones petroleras, la minería ilegal o el tráfico de madera.
Estas y otras actividades ilícitas han impactado en la
pérdida de bosques amazónicos. De acuerdo a las cifras del Ministerio del
Ambiente, —solo en 2021— Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali
agruparon el 70% de toda la deforestación del país.
OjoPúblico también conoció que el recuento de la Defensoría
del Pueblo responde a situaciones donde la disputa se encuentra en curso y, en
la mayoría de los casos, no forma parte de un proceso judicial.
Por este motivo, en las publicaciones más recientes no se
incluyen casos emblemáticos donde existió una disputa entre comunidades y el
sector privado como la denuncia de la comunidad Santa Clara de Uchunya, en
Ucayali, contra empresas que iniciaron el cultivo y extracción de palma
aceitera; o algunos miembros de la localidad de Tamshiyacu, en Loreto, quienes
denunciaron el despojo de sus tierras para dar paso a la cosecha de cacao.
Hidrocarburos y contaminación en Loreto
Sobre sus casi 370.000 kilómetros cuadrados de superficie,
lo que la convierte en la región más extensa del Perú, Loreto no solo registra
gran cantidad de bosques sino también el mayor número de conflictos sociales en
territorio amazónico. El último boletín de la Defensoría del Pueblo indica que
tiene 31 disputas y el 70% de ellas corresponden a hechos vinculados al sector
petrolero, una industria que tiene más de cincuenta años de operaciones.
Entre los conflictos relacionados al campo de
hidrocarburos, el 90,9% corresponde a hechos donde se encuentran involucrados
Pluspetrol y PetroPerú. La última, de propiedad del Estado peruano y con más de
medio siglo de operaciones, está incluida en la situación más antigua
registrada como activa en esta región. En 2015, distintas organizaciones
indígenas demandaron un proceso de consulta previa frente a un nuevo contrato
para la exploración y explotación del Lote 192, el yacimiento petrolero más
grande del país.
Ocho años más tarde, en febrero pasado, la Presidencia del
Consejo de Ministros informó que Perupetro estará a cargo de explotar el Lote
192, por un período de 30 años. Sin embargo, posterior a este anuncio y según
el reporte de la Defensoría, diferentes organizaciones indígenas se mostraron
en contra de la reactivación de las operaciones debido a que estaba pendiente
la remediación ambiental en algunos puntos, además de otros compromisos
asumidos por el Estado peruano en el proceso de consulta previa, culminado en
2021.
A la fecha, y desde 2016, Petroperú también está implicado
en otros siete conflictos por la falta de atención a derrames en territorios
cercanos a comunidades indígenas. Los involucrados solicitan a la empresa
estatal compensaciones e indemnizaciones, a raíz de los daños ocasionados en el
vertimiento de crudo en ríos y lagunas. Más allá de lo reportado en el último
informe, no hay avance en las exigencias demandadas.
Para el caso de Pluspetrol, con actividades en Perú desde
1996, las disputas declaradas hacen referencia a la falta de atención requerida
por el presunto impacto ambiental de las operaciones petroleras en el lugar. La
más antigua data de 2016, cuando federaciones indígenas protestaron por
derrames en el oleoducto norperuano y el impacto ambiental de la actividad
petrolera en los lotes 8 y 192, entonces a cargo de Pluspetrol.
En otros de los conflictos declarados, las organizaciones
denunciantes solicitan la presencia del Estado para la instalación de una mesa
de diálogo intercultural para analizar y tomar medidas respecto a un derrame de
hidrocarburos del oleoducto Corrientes – Saramuro, ocurrido en junio último.
Los pedidos a Pluspetrol tienen una antigüedad más allá de los recientes
desastres alertados.
En 2020, con el inicio de la pandemia y como reportó OjoPúblico,
representantes indígenas presentaron una queja ante el Punto de Contacto
Nacional con la OECD del gobierno de Países Bajos para que la empresa se haga
responsable de los daños ambientales generadas cuando la compañía estaba a
cargo del Lote 192, entre el 2000 y 2015. Poco más de un año después, se
admitió la queja presentada y se encuentra pendiente de resolución.
Además de las disputas vinculadas al sector hidrocarburos,
en esta región también se registraron conflictos relacionados a la falta de
atención del gobierno regional en el sector educativo, infraestructura y fallas
en el servicio de electricidad, proporcionado por la compañía Electro Oriente
SAC.
Mientras que —todavía como una alerta en observación— se
reportó las actividades de mineros ilegales en zonas limítrofes de Perú y
Colombia. Este sector extractivo, a diferencia de Loreto, ha tenido mayores
disputas en otros territorios amazónicos que carecen de una presencia constante
del Estado.
Javier Caravedo Chocano, director de la asociación
ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos, indicó a OjoPúblico que los
conflictos en la Amazonía deben ser analizados desde dos miradas: una
"estructural" para el papel que tienen las autoridades del Estado y
otra vinculada "a la dinámica" y contexto que hay en estas zonas del
país.
El especialista también dijo que los conflictos siempre van
a estar presentes debido a que surgen como parte del "movimiento y
cambio" en las sociedades, pero suelen ser vistos como situaciones de
"crisis donde hay violencia". Por ello, según Caravedo, empiezan a
escalar en su gravedad. "Los conflictos surgen como tensiones al interior
de las sociedades, pero a partir de estas tensiones se puede procesar las
contradicciones y hacer transformaciones institucionales o culturales",
agregó.
Minería ilegal en Amazonas y Madre de
Dios
“Estamos arrinconados y tratando de sobrevivir porque hay
bastante inseguridad. Los mineros se ríen en nuestra cara y con el Estado no se
cuenta. No somos su prioridad”, relató una lideresa indígena que prefiere
mantener su identidad en reserva ante las constantes amenazas que recibe.
En la región Amazonas, la minería ilegal no se detiene a
pesar de las constantes alarmas que han realizado organizaciones indígenas y la
nación Wampis. Los últimos se han enfrentado a la actividad extractiva e
incluso destruido las embarcaciones usadas por terceros para sacar oro de la
zona. Estas acciones han ocurrido mientras esperan una respuesta de las
autoridades regionales y nacionales.
Entre los 14 conflictos que tiene Amazonas, según el último
reporte de la Defensoría del Pueblo, hay uno que permanece en estado activo a
pesar de que ingresó como un nuevo caso en 2008. A fines de ese año, la
Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa
(Odecofroc) y comunidades indígenas awajún se opusieron a la minería ilegal,
por el riesgo de contaminación en el lugar.
Aunque han transcurrido 15 años de esta alerta, la
situación ambiental no ha presentado mejoras en este territorio. El distrito de
El Cenepa, donde operan los mineros ilegales, registró un aumento de 226% de
pérdida de bosques, entre 2008 y 2021. En este período pasó de 103,23 a 336,51
hectáreas deforestadas.
Otra de las disputas reportadas en esta región tuvo su
inicio en 2017. En el distrito de Condorcanqui, donde se ubica El Cenepa, las
comunidades del Gobierno Autónomo Territorial de la Nación Wamis —conformado
por comunidades de las cuencas Santiago y Morona— exigieron entonces que los
mineros ilegales detengan sus actividades y se retiren de sus territorios.
Seis años después, como registra la Defensoría, los pedidos
para que la Fiscalía y el Ministerio del Interior aumenten sus acciones de
intervención en la zona no tienen mayor avance y este conflicto tampoco
registra diálogo alguno que permita su resolución.
Siu Lang Carrillo Yap, responsable del programa amazónico
de la ONG CooperAcción que trabaja en la provincia de Condorcanqui, indicó que
la presencia de dragas —herramienta para extraer el oro ilegal— se han
triplicado en esta zona y que esta actividad también ha generado una
"situación tensa" al interior de las propias comunidades.
Al ser consultada sobre la intervención de las autoridades
en esta región, Carrillo Yap aseguró que no han tenido una respuesta favorable
sumado a la alta rotación de ministros y la falta de presupuesto para financiar
operativos en la zona. "Es una situación de abandono. La gente vive y se
defiende como puede. Por eso los mismos dirigentes han quemado algunas de las
dragas y generado más violencia", explicó.
Con el avance de la pandemia, como informó OjoPúblico,
Amazonas incrementó los puntos donde se extrae oro de manera ilegal. Esto
ocurrió a la par de que la actividad tuvo una ligera caída en Madre de Dios, el
principal punto del país de actividad minera ilegal.
En esta última región, a la fecha, solo se registró un
conflicto social en estado activo, pero —a diferencia de las organizaciones de
El Cenepa— la disputa se centra en una oposición de un grupo de la población a
los operativos contra la actividad ilegal en La Pampa y la zona de
amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.
A pesar de la aparente tranquilidad social en los
conflictos vinculados a la minería ilegal en Madre de Dios, también han
aparecido otras alertas, todavía en situación latente o en observación. Entre
ellas se encuentra la disputa por ocupación de colonos sobre territorios
indígenas o la reactivación de la actividad maderera —también reportado por
este medio— en áreas que la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes
(Fenamad) señaló a la Defensoría que corresponden a zonas de población en
aislamiento y contacto inicial.
Alertas en San Martín y Ucayali
En las regiones vecinas de San Martín y Ucayali las
disputas sociales registran problemas variados, pero en el primer caso hay una
recurrencia en temas relacionados a territorios indígenas. En cinco de los diez
casos, en estado activo y en observación, el centro del conflicto involucra a
comunidades donde el diálogo se encuentra pendiente.
Uno de los hechos más recientes tuvo su origen en 2022
cuando la comunidad awajún de Huascayacu denunció la invasión de sus tierras y
rechazó que se establezca una base de rondas campesinas, por parte de
arrendatarios en el sector Sugkash. En su defensa, los denunciados señalaron
que la medida permitiría dar seguridad en la zona. Hasta febrero pasado, no
hubo ningún avance para resolver la disputa.
El caso con más antigüedad en San Martín se remonta al
2019, cuando la comunidad kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu declaró discrepancias
internas respecto a su proceso de titulación. Un grupo pidió que se otorguen
predios individuales, mientras que otro defendió que sea de tipo comunal.
Estos desacuerdos, según la Defensoría, expone a que se
desarrollen actividades ilícitas y se afecte a la población. Incluso en
diciembre del 2021, como alertó el Instituto de Defensa Legal, dirigentes de la
comunidad fueron amenazados de muerte por madereros ilegales que operan en el
lugar. Pese a estos antecedentes y peligros, a la fecha no hay registros
oficiales sobre la titulación de este pueblo kichwa.
A las disputas comunales se suman otros asuntos exigidos al
gobierno regional y locales como el mejoramiento de un proyecto de agua y
alcantarillado en la provincia de Tocache, la suspensión de actividades mineras
en los municipios de Tabalosos y Sacanche o la reducción de precios en
productos de primera necesidad.
Por su parte, la región Ucayali consignó dos conflictos en
su territorio. El más antiguo, en estado activo, inició en 2018 cuando organizaciones
indígenas de la provincia de Atalaya pidieron al Poder Ejecutivo atender —entre
otros puntos— los retrasos en la titulación de tierras de las comunidades, la
seguridad en el lugar y la supervisión de concesiones forestales que operan en
este territorio amazónico.
De acuerdo a cifras del Ministerio de Cultura, en Atalaya
se han titulado 126 de las 259 comunidades que se ubican en esta localidad, y
desde 2018 ninguna ha completado este proceso. Además, como reveló OjoPúblico,
en esta provincia tampoco hay progreso respecto al cumplimiento de objetivos de
un fondo climático, suscrito en 2015 por el gobierno peruano con sus pares de
Noruega y Alemania.
Al problema de los retrasos en la titulación se suma otro
conflicto en observación por la presencia de madereros ilegales en la comunidad
asháninka de Sawawo Hito 40, cuyos dirigentes denuncian no haber otorgado
permiso para que ingresen a su territorio, ubicado en una zona fronteriza entre
Perú y Brasil. La situación ha sido reportada en reiterados pronunciamientos de
las organizaciones regionales, pero sin tener la atención de las autoridades.
Aunque no se detalla en el reporte de la Defensoría, el
territorio de la comunidad Sawawo Hito 40 también se ha convertido en un lugar
de refugio para el crimen organizado. En agosto pasado, OjoPúblico describió la
presencia de al menos cuatro líderes brasileños del Comando Vermelho —Comando
Rojo, en español— en este territorio amazónico peruano.
Una tercera disputa, compartida con la región Loreto, está
relacionada al pedido de un proceso de consulta previa para la aprobación del
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Hidrovía Amazónica, diseñado para
facilitar el transporte y comercio entre los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y
Amazonas.
El exviceministro de Interculturalidad, Paulo Vilca Arpasi,
planteó como una posible solución para resolver conflictos dos medidas
iniciales: que exista una "decisión política permanente" del gobierno
para atender las distintas plataformas de diálogo y tener un "reconocimiento
de actoría de los pueblos indígenas" involucrados.
"En la Amazonía la principal organización está en los
pueblos indígenas. Por lo tanto, el gobierno y el Estado lo que tienen que
hacer es reconocer a los pueblos, que son los que plantean demandas y los que
más afectados se ven por las actividades", finalizó. https://ojo-publico.com/
Proponen acciones para encauzar aguas
del río Piura hacia el mar para evitar inundaciones
Las intensas lluvias en la
región Piura y la presencia de El Niño Costero siguen generando preocupación en
la población, que teme sufrir un nuevo desborde del rio Piura, así como lo
sufrieron aquel 27 de marzo del 2017. Es por ello que el presidente de la Cámara
de Comercio de Piura, Javier Bereche, dijo que urge que las autoridades
trabajen en la salida del agua del río Piura hacia el mar por el canal de
Chutuque para evitar inundaciones.
Detalló que esta acción se trata
de una medida táctica y de emergencia, mientras se implementan las obras del
plan integral del río, que incluye presas en la parte alta de la cuenca.
“En el manejo del río, es
imprescindible ampliar el canal de Chutuque y que el agua salga por ahí. Eso es
algo de corto plazo que hay que hacer en este momento y no hay que perder más
tiempo”, aseveró.
De otro lado, Bereche señaló que
también es importante trabajar con la elevación de los diques para evitar que
los pobladores de la margen izquierda tengan problemas.
“Debemos tener un plan de
contingencia de bombear el agua, sacar los aniegos, para que la ciudad siga
operando. En el río también se puede hacer en una elevación de diques, sobre
todo porque este ha ganado mucha sedimentación y está más alto que algunos
sectores”, explicó. https://larepublica.pe/
La indiferencia y el olvido en Punta
Hermosa: vecinos habitan en medio de aguas contaminadas luego del huaico
Han pasado cerca de 20 días
desde que un huaico cayó en el distrito de Punta Hermosa por las intensas
lluvias, debido al ciclón Yaku. Sin embargo, el sector Pampa Pacta —ubicado a
diez minutos del puente del río Lurín— se encuentra olvidada por el desdén de
las autoridades. Entre masas de lodos, aguas contaminadas, mosquitos y
expuestos a las enfermedades, viven los vecinos.
La situación en esta zona se ha
complicado y necesitan trabajos de limpieza con carácter urgente para retirar
el agua estancada que se formó en el medio de varias viviendas. Esto originó la
presencia de ratas, moscas y plaga de dengue. Además, toros, vacas, cerdos y
otros animales que fueron salvados en el momento de la tragedia se encuentran
en granjas improvisadas en peligro de ser atacados por insectos.
“Indiferencia y desinterés”: son
las dos palabras como califican los vecinos frente al panorama desolador que
les toca vivir. Estar posicionados entre el límite de Punta Hermosa y Santo
Domingo de Olleros (Huarochirí) no les habría permitido que el alcalde de este
último distrito los reconozca en su jurisdicción. Sin embargo, se le olvidó que
ante todo son seres humanos que necesitan apoyo.
Infobae llegó hasta la zona más
alta de Punta Hermosa, a 48 kilómetros aproximadamente de Lima para conocer la
otra realidad de los vecinos damnificados. Afirman que el premier Alberto
Otárola visitó a las viviendas afectadas que se ubican frente a las playas,
pero nunca se acercó hasta el asentamiento humano, lugar desde donde descendió
el huaico.
Atrapados por el barro
Dos huaicos en menos de 24 horas
arrasaron con los artículos de su pequeño negocio que había emprendido Olga
Águila Rodas. Hace pocos meses, decidió alquilar un espacio frente al
asentamiento humano Villa Navarra, lugar donde vive, para ayudar a su esposo,
debido a que no era suficiente para cubrir los gastos y las necesidades de sus
tres hijos.
Por ello, trasladó algunos
juegos de mesas hasta el local para que sus clientes puedan tener un espacio
donde comer. Hoy, sus sueños fueron enterrados por el lodo de tierra que se
secó tras varios días sin ser removidos, pero le es difícil retirar con sus
herramientas.
Asimismo, indicó que la
autoridad edil de Punta Hermosa, Guillermo Fernández Otero, no los reconoce
como vecinos por no tener título de propiedad. “Él dice que con la parte de
arriba de la gente no quiero saber nada. Nos discrimina total”, aseguró Águila
Rodas, quien explicó que su terreno fue adquirido a través de un traspaso.
Expuestos a enfermedades
Glorimar Gainza vive junto a su
esposo y sus dos hijos en un solo cuarto luego de que el huaico destrozó otros espacios
de su vivienda. Desde hace dos años alquila esta casa en este sector, pero hoy
las piedras y tierra continúan en el medio de su hogar.
En la vivienda de su vecino,
ubicada en la parte posterior, se ha formado una pequeña laguna con aguas
contaminadas que tras más de dos semanas no son retiradas por falta de dinero,
pero hasta el momento las autoridades no han mandado maquinarias para
retirarlo. Esta situación no solo afecta a su familia, sino a la población en
general al formarse plagas de dengue.
“Disculpen por las moscas, pero
eso es algo de aquí con lo que podemos sobrevivir. Esta parte no hay luz como
pueden notar, el agua llegó hasta aquí. Con mi pareja e hijos hicimos limpieza
para habitar luego que dos noches que nos quedamos en la intemperie (...)
Tenemos mucho miedo con tantos zancudos y moscas”, dijo Glorimar mientras nos
muestra su única cama que tiene por el momento para que el menor de sus hijos
pueda descansar.
Sin embargo, no solo tienen que
vivir con el olor nauseabundo de las aguas empozadas, sino también con la
presencia de roedores en su casa por toda la basura que dejó este fenómeno. Es
consciente de las enfermedades que están expuestos todos, pero no tiene otro lugar
donde trasladarse.
A su vez, cuenta que solo han
recibido apoyo de las personas solidarias que llegaron hasta el lugar, pero
expresa que con urgencia necesitan una maquinaria para retirar el agua donde
los insectos han encontrado un nuevo hogar.
Confusión y olvido
Nilver Pérez es mecánico y tiene
su taller en su misma vivienda. El espacio donde duerme se encuentra en la
parte de atrás, por lo que no se vio tan afectada; es decir, solo su negocio
terminó con algunos materiales destrozados. Desde más de dos semanas tampoco
puede trabajar y no tiene ingresos.
Al igual que sus vecinos afirma
estar abandonado por las autoridades, quien no los reconoce como pobladores.
Pérez dice que no sabe a qué distrito pertenece y está confundido, porque solo
la Municipalidad Provincial de Huarochirí mandó una maquinaria para limpiar la
carretera que conecta la provincia con Lima.
“No hay maquinaria, uno por sí
solo hay que tratar de sacar todo lo que se pueda. Tengo entendido que para el
Estado hay un empadronamiento que van a recibir 500 soles mensuales, pero no
hay nada. El alcalde de Punta Hermosa dice que no pertenecemos y al final de
cuenta no hay apoyo”, relató.
Entre la indiferencia
Para el alcalde de Punta
Hermosa, las personas que habitan en estos lugares son porque no “respetaron”
las reglas y saben que es una “zona de riesgo geológico”. A su vez negó que sea
“racista”. Estas expresiones fueron rechazadas por cada uno de los vecinos que
decidieron dar su testimonio a Infobae.
Este desastre natural también
dejó una gran sobreexposición al polvo, el cual deben respirar menores y
personas de tercera edad. De esta manera, decenas de estudiantes deben caminar
en medio de la tierra, porque el huaico enterró la vía construida a base de
brea. A largo plazo esta inhalación puede causar varias enfermedades crónicas. https://www.infobae.com/
