27/7/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 4019: PERÚ - Trujillo: vecinos denuncian obra de desagüe inconclusa frente a colegio Daniel Hoyle. Zanjas de aguas servidas emanan olores fétidos y se hallan prácticamente en la puerta del colegio Daniel Hoyle en Trujillo. Los vecinos denunciaron que Sedalib no concluye esta obra desde hace meses

 Miércoles, 27 de julio de 2022 – Año XV – Edición 4019 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe


Trujillo: vecinos denuncian obra de desagüe inconclusa frente a colegio Daniel Hoyle

Zanjas de aguas servidas emanan olores fétidos y se hallan prácticamente en la puerta del colegio Daniel Hoyle en Trujillo. Los vecinos denunciaron que Sedalib no concluye esta obra desde hace meses   

Los vecinos de la urbanización Daniel Hoyle en Trujillo denunciaron que una obra de desagüe, inconclusa, la cual se extiende hasta la puerta del colegio 80865 afecta la salud de los alumnos y, en general, de todos.

“Lo que sucede acá es el desinterés y el abuso de la empresa Sedalib, esta empresa que nos ofrece los servicios, que nos cobra mensualmente; sin embargo, ellos nunca ponen de su parte, este problema es añejo ya”, protestó Carlos, un vecino de la zona.

Los vecinos cuentan que en 2013 la empresa Sedalib dispuso el cambio de las redes de alcantarillado en Daniel Hoyle, pero por motivos que desconocen no se hicieron estos trabajos en tres calles: Euclides, Arquímedes y Luis Broglie.

Precisamente, estas calles son las que sufren atoros frecuentes, debido a que las tuberías tienen alrededor de 70 años de antigüedad y, según los vecinos, ya se están desintegrando, razón por la cual pidieron a la municipalidad que antes de pavimentar las calles y las veredas, primero se cambien las tuberías viejas.

Piden a José Ruíz que termine obra

“El alcalde dijo que en esas calles se va a hacer el alcantarillado, pero hasta ahora han pasado dos meses y aquí estamos”, expuso otra vecina, visiblemente fastidiada. Las zanjas con aguas servidas emanan un olor insoportable y ponen en riesgo la integridad física de las personas. https://www.latina.pe/

 


HIDROREGIONES PERÚ

Puerto Inca: ninguna de las 253 mineras que operan en medio de la selva está formalizada

Hace una semana el gobernador regional de Huánuco, Erasmo Fernández Sixto, informaba que había 253 mineras asentadas en la provincia de Puerto Inca, de las cuales “solo 18 están debidamente acreditadas". Sin embargo, Convoca.pe pudo comprobar, a través de funcionarios del mismo Gobierno Regional, que ninguna de estas mineras se encuentra formalizada, no pagan impuesto alguno al Estado y dañan irreparablemente el medio ambiente.

El avance de la minería ilegal hasta ahora continúa sin freno en esta provincia que también ha sido tomada por otras modalidades del crimen organizado, como el narcotráfico y la tala ilegal.

De hecho, el 21 de septiembre de 2021 una comisión investigadora sobre la minería ilegal, creada al interior del gobierno huanuqueño por los consejeros, recomendó a su Dirección Regional de Energía y Minas (Drem) la paralización inmediata de las actividades extractivas en Puerto Inca. Hasta el momento dicha dirección sigue sin cumplir con ello.

Además, los entrevistados por este portal aseguraron que el dirigente de la Comunidad de Paucarcito, Edwin José Jumanga, alquila hectáreas de su territorio a mineros ilegales. Esta complicidad agrava la situación de Puerto Inca. Según el Gobierno Regional de Huánuco, esta actividad extractiva ilegal “se ha expandido en un área aproximada de 500 hectáreas en los últimos cuatro años”.

La ilegalidad de lo informal

“Son 18 [proyectos mineros] los que están casi aprobados, pero [aún] no están aprobados para trabajar. Desde la Drem no otorgamos los permisos inmediatamente. Primero, debemos tener estudios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Serfor y Sernarp”, explicó a este portal el actual director de la Drem de Huánuco, José Mendoza Huerta. El funcionario dijo que mientras no haya una opinión favorable de estas instituciones, no se puede formalizar a ninguna minera. “Hasta ahora todos están jalados”, acotó.

Los que están “casi aprobados” son los mineros informales. Es decir, los que se encuentran en vías de formalización. De acuerdo con la Ley 31388, estos mineros tienen plazo para formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2024. “En ese periodo pueden trabajar y operar los recursos sin pagar impuestos al Estado”, lamentó, por su parte, el consejero regional de Huánuco, Jaime Oliveira.

Como se recuerda, el 31 de diciembre de 2021, el presidente Pedro Castillo promulgó dicha ley, que amplió el plazo para que los pequeños mineros y mineros artesanales pudieran formalizarse, una iniciativa impulsada por las bancadas parlamentarias de Alianza para el Progreso y Perú Libre. El mandatario dispuso la publicación de la norma a pesar de que el Ministerio del Ambiente (Minam) advirtió que esta medida provocaría que "muchos operadores ilegales se inscriban sin que hayan demostrado cambios en sus prácticas" que generan contaminación en las fuentes de agua.

Para acogerse a este sistema de adecuación, las mineras informales deben contar con un Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom) y encontrarse en Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), circunstancias que les permiten desarrollar actividades mineras. Deben, además, comprometerse a culminar el Proceso de Formalización Minera Integral.

Al respecto, el director regional de Energía y Minas de Huánuco dijo que otras gestiones han inscrito a los mineros informales y les han dado la posibilidad de entrar en Puerto Inca. “He revisado las leyes y ellos tienen que tener [cumplir] requisitos. Deben tener un permiso de la Dirección [Regional] de Energía y Minas”, aseguró. Asimismo, agregó que la minería ilegal empezó a resurgir hace 10 meses, justo cuando él dejó el cargo de director de dicha oficina, que ahora ha retomado.

Sin embargo, esto último dicho por Mendoza Huerta no guarda similitud con algunos hechos que han quedado registrados en un acuerdo de Consejo. De acuerdo con el documento (Nº 143-2021-GRH-CR), en agosto de 2021 se hizo una inspección, ante los reclamos de la población por la contaminación de las fuentes de agua, en la comunidad nativa de Paucarcito, donde se encuentra la cuenca del río San Pablo de Sinaí.

"Ninguno de los mineros que fueron visitados por la comisión investigadora cumplen con los requisitos exigidos por ley. Tampoco respetan el medio ambiente. Los ríos y las quebradas afluentes del [río] Pintuyacu, tales como San Pablo Sinaí, se están viendo afectados de manera insostenible e incontrolable por la contaminación provocada por los mineros que operan en la cuenca (...)", se advierte en el documento.

Asimismo, los mineros en proceso de formalización no recibieron ningún tipo de capacitación en materia de minería y manejo de los residuos peligrosos por parte de la Drem y tampoco la visita de funcionarios de dicha institución, tal como se evidenció en las actas de los registros.

De hecho, estas son algunas de las razones por las que el 29 de septiembre de 2021 el Consejo Regional recomendó que se diera por concluida la designación del ingeniero geólogo José Ángel Mendoza Huerta en el cargo de director de la Drem de Huánuco. "Ante su incompetencia para resolver los problemas de su sector y mentir reiteradamente al pleno del Consejo Regional con falsas acciones”, indica el acuerdo.

Además, la Comisión Investigadora también concluyó que existen en la zona "mafias y testaferros que sorprenden a las autoridades para solicitar las respectivas autorizaciones utilizando a humildes campesinos". Así lo demostró el caso de la minera Tony Dos, asegura la comisión, que tiene como representante legal al campesino Fernando Noé Arone, a quien se le obligó a inscribirla en el registro (Reinfo) con su DNI, pero quien tiene el verdadero control de las operaciones es el empresario Vicente Espinoza.

Este último documento, el de la inscripción en el Reinfo, es intransferible. “No se puede prestar debido a que es una declaración jurada. Es como un DNI”, señaló el consejero Amancio del Águila, quien además es el presidente de la Comisión Investigadora, a Convoca.pe. A pesar de las normas específicas que tiene el Reinfo, Del Águila aseguró que muchos mineros informales hacen un mal uso de este documento ante la incapacidad de la Drem.

Por ello, además de recomendar el cese de labores de Mendoza Huertas, también se solicitó a la Drem que disponga la inmediata paralización de todas las actividades mineras en Puerto Inca.

Mendoza fue removido del cargo cuando aún estaba era gobernador regional Juan Alvarado, quien abandonó sus funciones y actualmente se encuentra prófugo luego de que la Fiscalía le imputara el presunto delito de colusión agravada junto a otros once investigados. Cuando su sucesor en el cargo, el vicegobernador Erasmo Fernández, asumió las riendas del Gobierno Regional de Huánuco, volvió a nombrar a Mendoza para dirigir la Drem.

“Sorprende que ahora el señor [Fernández], que estuvo tres años en el cargo, recién se dé cuenta de lo que sucede [con la minería ilegal] en Puerto Inca”, cuestionó el consejero Del Águila.

El consejero regional dijo a Convoca.pe que la Policía Nacional Especializada en Tráficos de Combustible, la Policía Antidrogas, la Fema, el DREM y el Minem no han intervenido para frenar el avanza de la actividad ilícita, a pesar de los pedidos del Consejo Regional.

Este medio se comunicó con la Fiscalía Ambiental Especializada de Ucayali, que es responsable del caso, para conocer sobre alguna investigación realizada, pero el fiscal a cargo, José Guzmán, justamente se encontraba haciendo una diligencia en Puerto Inca y no podía dar detalles en ese momento.

Agremiados cuestionados

Al ser consultado por este medio sobre las observaciones a su primera etapa a cargo de la Drem, Mendoza Huerta dijo que “ha conversado con los que más saben del tema, el señor Burgos, Esquivel, Quevedo. Ellos saben la realidad de las cosas y son personas serias”, afirmó.

Las personas mencionadas por Mendoza son Leonardo Esquivel Luna, Jorge Burgos Abanto y Sixto Quevedo Salazar, y se dedican a la minería en Puerto Inca.

El nombre que más resalta es el de Sixto Quevedo, presidente de la Asociación de Mineros de Puerto Inca. En el 2016 se desempeñaba como subprefecto de Puerto Inca. En ese entonces, la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya solicitó su “cambio inmediato” debido a su inacción para combatir el tráfico de combustible para la elaboración de pasta básica de cocaína.

En comunicación con Convoca.pe, Sixto Quevedo dijo que ha “puesto la provincia en orden” cuando se desempeñó como subprefecto.

Raúl García es otro de los empresarios mineros cuestionados en Puerto Inca, donde la naturaleza viene siendo arrasada sin control. Actualmente es presidente de la Asociación de Mineros del Marañón.

Cuando este medio le consultó a Sixto Quevedo por García, afirmó que como subprefecto ha “supervisado su trabajo y es uno de los mejores”. Sin embargo, García es acusado por la Comisión Investigadora del Consejo Regional por haber "alquilado" los siete Reinfos con los que cuenta a mineros ilegales, a pesar de que este documento es intransferible.

“Este señor [García] alquila a los mineros ilegales y tiene una serie de denuncias. Es lamentable que Sixto Quevedo actúe de esa forma con su pueblo. Está más interesado en tener más afiliados en su asociación que en poner freno a esto. García y Quevedo son aliados”, afirmó el consejero regional Oliveira.

Quevedo también aseguró a este medio que Mendoza Huerta “es su amigo”, pero considera que ha caído "en una red que maneja la minería" y no desea formalizarla.

Al respecto, el consejero Jaime Oliveira afirmó que, durante su primera gestión en la Drem, Mendoza Huerta consultaba con la Asociación de Mineros de Puerto Inca lo sucedido en la zona en vez de constatar en primera persona las acciones en Puerto inca. “Él llamaba al presidente de la asociación Sixto [Quevedo] y le decía que el consejero había denunciado irregularidades. Le respondían que el consejero era un mentiroso”, contó el consejero regional.

“Ya no les da importancia a los mineros después del daño que hacen. Ahora ellos están en su contra. Sin embargo, exigimos el cumplimiento del acuerdo del Consejo que recomendó su salida de la Drem”, contó por su parte Amancio Del Águila, presidente de la Comisión Investigadora. Del Águila también agregó que a los mineros informales solo se les permite una o dos maquinarias porque se tratan de pequeñas mineras o mineras artesanales. “Sin embargo, lo que hay en Puerto Inca es todo un aparato de maquinarias pesadas impresionantes. Encontramos hasta cinco retroexcavadoras, que en un par de horas destrozan toda la montaña”, puntualizó.

Alquiler de territorios

A diferencia de las mineras informales, las ilegales no cuentan con ningún tipo de documento. “La población de Puerto Inca no diferencia entre los mineros informales y los ilegales, aunque ambos dañan el suelo, depredan bosques y contaminan las quebradas. Tenemos zonas de amortiguamiento que están cerca de una Reserva Comunal del Sira y son devastadas producto de la minería”, aseveró Jaime Oliveira.

Sobre la minería ilegal, el alcalde de Puerto Inca, Hitler Rivera, dijo a este portal que ha sido permitida por dirigentes indígenas en el sector. La autoridad señaló a José Jumanga, líder de Paucarcito, como el responsable de alquilar hectáreas de territorios de la comunidad a la minería ilegal.

“Los mineros ilegales de Madre de Dios están ahí [trasladados en Paucarcito]. No tienen documentación alguna para realizar actividad minera y son protegidos por la comunidad nativa. Son unos delincuentes”, señaló el responsable de la minería a nivel regional. Mendoza comentó que intentó persuadir a Jumanga de ceder los terrenos cuando se encontraba fiscalizando la zona, pero en “15 días volvieron a alquilarlos nuevamente”.

Jaime Oliveira dijo tener conocimiento de denuncias de los propios nativos de Paucarcito hacia Jumanga. “Dijeron que atropelló sus derechos por el cargo que tiene, vendiendo o alquilando las tierras de las comunidades nativas. Esperamos que se sancione al señor y se le saque del cargo. La comunidad nativa está completamente destrozada producto de la minería ilegal”, aseveró el consejero.

No solo el medio ambiente es perjudicado en Puerto Inca. También lo son sus ciudadanos, que sufren la violencia del crimen organizado. El alcalde Hitler Rivera contó que las mafias que secuestran y cobran cupos a empresarios han llegado junto con la minería ilegal. “He escrito al presidente [Pedro Castillo] en más de tres oportunidades y también al presidente Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para que nos dé una cita y nosotros expongamos nuestra problemática. Hasta el momento no recibo respuesta alguna de ellos o sus asesores”, concluyó.

Convoca.pe intentó comunicarse con José Jumanga a su número celular para conversar sobre las acusaciones en su contra, pero hasta el cierre de este informe no recibió respuesta. https://convoca.pe/


Planta de Tratamiento de Agua Potable de Curumuy paraliza operaciones por bajo nivel de canal Daniel Escobar

La EPS GRAU S.A. informó que la Planta de Tratamiento de Agua Potable Curumuy (PTAP) ha paralizado sus operaciones desde las 03:56 a.m. de hoy martes 26 de julio; ello debido a una disminución del nivel de agua cruda en el canal de derivación Daniel Escobar (menos de 1 metro). De acuerdo a informaciones, serían trabajos mal realizados los que estarían afectando el abastecimiento normal.

Según indicó el personal del Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP), a cargo de la obra de reparación del mencionado canal, dicha disminución de nivel se debe a dos motivos. El primero, que en el km 16 se presentó una cangrejera en la parte de descarga del canal alterno al canal de derivación; hecho ante el cual el PECHP manifestó que ya se está iniciando los trabajos de rehabilitación y reforzamiento de la salida de descarga. Asimismo, en cuanto al segundo incidente el PECHP detalló que se han suscitado problemas en el bypass de derivación.

Al respecto, la EPS GRAU S.A. indica que en las zonas abastecidas por la PTAP Curumuy, como lo son los sectores de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre; la entidad prestadora ha activado su Plan de Contingencia, a través del abastecimiento con camiones cisterna, así como la ampliación a 24 horas de funcionamiento de las fuentes subterráneas (pozos).

La EPS GRAU S.A. recalcó también que se espera que el suministro de agua cruda a través del canal Daniel Escobar sea repuesto en el menor tiempo posible por parte del PECHP; ello para para poder reiniciar operaciones a la brevedad desde la PTAP Curumuy, ya que tal situación ha ocasionado la restricción temporal del servicio de agua potable en los sectores coberturados por esta PTAP, que comprende a los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

En ese sentido, cabe recalcar que es importante que el PECHP garantice el suministro de agua cruda dado que actualmente se encuentra a cargo de la obra denominada “Reparación del Sistema de Riego en el canal de derivación Daniel Escobar, margen derecha y margen izquierda, desde el Km. 15+755.00 hasta el Km. 16+117.00, distrito de Sullana, provincia de Sullana y Departamento de Piura”. https://www.elregionalpiura.com.pe/

 


HIDROMUNDO

¿Hacia una nueva política del agua en América Latina?

Hace casi dos décadas se aprobó en Uruguay una reforma constitucional mediante el “plebiscito por el agua”, promovido por organizaciones de la sociedad civil que se nuclearon ante las amenazas de una creciente ola privatizadora de los servicios de suministro de agua. Esta reforma no solo determinó la prestación del servicio público de saneamiento y de abastecimiento de agua para el consumo humano, sino también el derecho humano al agua, y la participación de usuarios y de la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos. De esta manera, se establecían las cuencas hidrográficas como unidades básicas.

En América Latina, al igual que lo que ocurre en el contexto global, existe una tendencia de cambio en la gestión y gobernanza del agua, que implica una transición desde modelos centralizados y tecnocráticos hacia modelos descentralizados, integrados y participativos. Sin embargo, si bien los marcos normativos desempeñan un papel importante en la transición hacia un nuevo modelo de gobernanza, estos no son ingredientes suficientes.

Los recursos hídricos han sido históricamente gestionados mediante un abordaje tecnocrático desde los niveles centrales de gobierno, los cuales se han basado en el paradigma de previsión y control. Este abordaje, que en varios contextos aún predomina, llevó a muchas consecuencias en los ecosistemas y en las sociedades que dependen de estos, lo que dio lugar en las últimas décadas a enfoques alternativos.

La cuenca de la Laguna del Cisne

La Laguna del Cisne es una importante fuente de agua en Uruguay y abastece a unos 30.000 residentes y a 70.000 visitantes durante los meses de verano. Entre los años 2008 y 2010 se inició un conflicto socioambiental vinculado a los primeros cultivos de soja transgénica y a otros cultivos relacionados con la aplicación de plaguicidas en la cuenca. Así, colectivos de la sociedad civil y usuarios emprendieron acciones para que las instituciones de gobierno implementaran medidas para que la cuenca fuera protegida de contaminaciones a fin de que se detuvieran las fumigaciones y se asegurara la calidad del agua.

Finalmente, en 2014, en el marco de la Política Nacional de Aguas, se conformó la Comisión de Cuenca de Laguna del Cisne (integrada por actores de gobierno, usuarios y sociedad civil), la cual se convirtió en un ámbito importante de coordinación y discusión para asesorar en la gestión. Con base en el trabajo de la comisión, el Gobierno departamental ha elaborado normativas que incluyen medidas de prohibición de fumigaciones terrestres con pulverizadoras autopropulsadas, la transición a modelos sostenibles de producción, las franjas de protección de los cursos de agua y el establecimiento de un plan de monitoreo de calidad de agua.

Este, así como otros modelos alternativos de gestión, tiende a reconocer la variabilidad, la dinámica y la incertidumbre de las cuencas hidrográficas; a aceptar la validez y los aportes del conocimiento local adquirido con la práctica y el estrecho vínculo con el ambiente, como fuente complementaria al conocimiento científico y técnico. Otra tendencia de estos modelos es fomentar la participación de diferentes actores —gubernamentales y no gubernamentales—, creando espacios de interacción entre ellos, con el objetivo de realizar aportes a la gestión del agua.

En este marco, el Proyecto GovernAgua, liderado por el Instituto SARAS, busca, a través de un enfoque transdisciplinar, entender e impulsar una gobernanza adaptativa y anticipatoria del agua en Sudamérica. De hecho, la transición desde un modelo de gobernanza centralizada hasta una gobernanza participativa o en red conlleva varios desafíos. Uno de ellos, superar la fragmentación en las funciones de gestión entre las instituciones de gobierno que se dedican a la protección ambiental y a la producción agropecuaria en países como Argentina o Uruguay.

Otro desafío importante tiene que ver con implementar procesos participativos relevantes, tomando decisiones de forma colaborativa entre los diferentes actores implicados, para que sus voces sean realmente tenidas en cuenta. Los desafíos se deben en muchos casos a modelos prevalentes de gobernanza centralizada o de gobernanza de mercado, como el caso de Chile, donde existe un mercado para asignar el recurso, lo que genera fuertes inequidades en el acceso al agua.

El avance de una nueva forma de administrar el agua en la región

A escala regional, muchos países han optado por establecer en su legislación la creación de comités de cuencas y otros ámbitos similares para apoyar la gestión de los recursos hídricos. Pero las características de estos ámbitos varían de un país a otro, e incluso dentro de un mismo país.

En Argentina, por ejemplo, cada provincia tiene su marco legal para la gestión de los recursos hídricos y varía la composición de los comités entre provincias, e incluso algunas ni siquiera han formado estos ámbitos. En Brasil, los comités de cuenca desempeñan un papel de coordinación y deliberación entre los diferentes actores, arbitran los conflictos relacionados con los recursos hídricos y aprueban el Plan de Recursos Hídricos, entre otras cosas. Y en Uruguay, las llamadas comisiones de cuencas y acuíferos colaboran en la formulación y ejecución de los planes locales de gestión, articulan actores y apoyan a la gestión de los recursos, entre otras tareas.

En definitiva, la gobernanza participativa incluye a los actores directamente implicados con el agua y las cuencas hidrográficas, por lo que es más democrática que otros tipos de gobernanza. Además, los ámbitos de articulación que comprenden a varios actores permiten que se conjuguen diferentes tipos de conocimientos para la toma de decisiones, por lo que se ajustan más a las realidades de los territorios. La participación en el proceso de gestión está asociada, además, a una mayor aceptación de las medidas propuestas.

La conjugación de varios de estos aspectos implica que estos sistemas de gobernanza están mejor preparados para lidiar con cambios impredecibles y para adaptarse, ya que, al contar con interacción entre niveles organizacionales, entre diferentes actores y con variadas fuentes de conocimientos, también cuentan con una mayor diversidad de acciones para que sean consideradas.

Administrar el agua ante el cambio climático

Estas características son especialmente relevantes en un contexto de cambios ambientales globales y de emergencia climática que intensifican las crisis hídricas que atraviesa la región. Las sequías, las inundaciones, la pérdida de la calidad del agua por el exceso de nutrientes o sedimentos surgen como resultado de interacciones entre factores sociales, políticos, económicos y climáticos. Inclusive, las crisis hídricas (que no solo se refieren al agua, sino también a los usos del suelo) son conocidas, asimismo, como “crisis de gobernanza”.

Para que los comités de cuenca y otros ámbitos similares puedan tener un papel importante en esta gobernanza en contextos de crisis hídricas, es necesario fortalecer su funcionamiento. Esto puede implicar la institucionalización de estos espacios con reglas específicas sobre su composición, competencias, dinámicas de trabajo, etc., pero también la asignación de recursos necesarios para que puedan cumplir sus competencias.

Muchas veces las instituciones de gobierno tienen capacidades limitadas para avanzar en esta transición hacia modelos participativos, lo cual se ve reflejado en la falta de cumplimiento de los llamados marcadores de calidad de los procesos participativos. En ese sentido, y por tratarse de ámbitos consultivos o asesores, es esencial que las instituciones de gobierno tomen en cuenta los aportes y propuestas que surgen de los comités. No hacerlo conlleva un deterioro y es una de las razones que lleva a su abandono.

América Latina debe seguir avanzando en la transición desde una gobernanza centralizada hasta una gobernanza participativa del agua, pero para ello hay mucho por delante. Y, entre otras cosas, la Academia debe impulsar el desarrollo de investigaciones transdisciplinarias que sumen a actores no académicos implicados directamente en las cuencas hidrográficas y en su gestión, para la búsqueda de soluciones en los diferentes contextos.

https://www.elespectador.com/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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26/7/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 4018: PERÚ - Trabajadores de saneamiento de Huánuco, Aucayacu y Leoncio Prado, acatan paralización contra Otass. Exigen salida del gerente general Manuel Robles

 Martes, 26 de julio de 2022 – Año XV – Edición 4018 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

 

Trabajadores de saneamiento de Huánuco, Aucayacu y Leoncio Prado, acatan paralización contra Otass

Exigen salida del gerente general Manuel Robles

Señores funcionarios de la empresa SEDA HUÁNUCO SA y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, exigimos soluciones y NO amenazas.

El gerente general Manuel Robles Rojas y los funcionarios son responsables de la PARALIZACIÓN, por su incapacidad y pésima gestión, por lo que el Sindicato Único de Trabajadores del Agua Potable de Huánuco SUTAPHTM está cumpliendo dicha paralización preventiva de 48 horas, iniciada ayer lunes y que continúa hoy martes 26, recibiendo el respaldo de la población, que al conocer su plataforma de lucha se adhiere a sus reclamos justos.

No al régimen transitorio de Otass

En defensa del agua, la vida y nuestros derechos laborales

No a la tercerización laboral ni despidos arbitrarios

 








HIDROREGIONES PERÚ

Puno: afectados de la cuenca Coata rompen diálogo con PCM y preparan protesta

Dirigentes de la cuenca del Coata, provincia de Puno, rompieron diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). No llegaron a acuerdos para financiar proyectos de mitigación y remediación de los impactos por la contaminación.

El afluente está contaminado con aguas servidas de la ciudad de Juliaca. A cada segundo se vierten alrededor 250 litros de aguas de desagües sin ningún tipo de tratamiento.

El líquido hediondo, pasa por un proceso de decantación, en lagunas de oxidación e ingresan al río Coata, el cual desemboca en el lago Titicaca.

En su recorrido, decenas de poblados terminan siendo afectados por el consumo de agua contaminada, y la muerte de su ganado ovino y vacuno.

Las reuniones con los representantes de la PCM, fracasaron porque los proyectos que se aprobaron para menguar los impactos, no tienen financiamiento seguro.

“La salud humana no es negociable, el gobierno nacional debe ejecutar los proyectos de inversión. Parece que nos interesa la región de Puno, y no vamos a mendigar. No tienen el interés de solucionar los problemas de salud que aquejan a todos los afectados”, dijo Félix Suasaca, presidente del comité de lucha de la cuenca del Coata.

Según estudios de Salud, quienes extraen agua de pozo tienen arsénico en la orina, en niveles mayores de lo permitido. Este metal pesado puede causar en los seres humanos cáncer, además de enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otros.

Los resultados de análisis de sangre y orina que se le practicó a habitantes de los distritos de Capachica, Coata, y Huata.

“Pese a esta realidad, no quieren financiar los proyectos que se establecieron. Se necesita poner en marcha programas de salud y, sobre todo, proyectos ganaderos porque fue el sector más perjudicado”, dijo Suasaca.

Aseguró que la paralización contra el gobierno se desarrollará la quincena de agosto. Buscarán apoyo de comunidades aledañas. https://larepublica.pe/

 


Árbitros definirán reinicio de obra para los 12 pueblos jóvenes de la vía Chiclayo-Pomalca

Los vecinos de los 12 pueblos jóvenes de la vía Chiclayo-Pomalca deberán esperar durante las próximas semanas antes de conocer cuándo se retomará la ejecución de la millonaria obra de saneamiento.

El proceso arbitral que involucra a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (Epsel) y la empresa constructora (Consorcio Progreso) continúa en manos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque (CCLAM).

Proceso

A fines de mayo pasado, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) anunció que Epsel y el Consorcio Progreso suscribieron un acuerdo para “acelerar el reinicio” de la mencionada obra.

La fecha para que se reactive la ejecución se definirá a través de un proceso de arbitraje, según explicaron Epsel y la contratista.

Mientras que las observaciones técnicas se resolverán a través de la Junta de Resolución de Disputas., de acuerdo a lo que señaló el Consorcio a Correo. Como se recuerda, la empresa resolvió el contrato, mediante una carta notarial, y alegó que los problemas técnicos de la obra generaban mayores costos.

Por lo tanto, solicitó a la empresa prestadora el pago de valorizaciones adicionales y mayores metrados, aunque Epsel se negó argumentando que algunas de sus pretensiones no estaban en el contrato inicial.

El representante del Consorcio Progreso, Miguel Hidalgo Sánchez, remarcó en su momento que los inconvenientes con la ejecución surgieron por el diseño del expediente técnico, el cual estuvo a cargo de Epsel.

Para resolver las observaciones técnicas relacionadas al expediente, el Consorcio ha exigido la reactivación del contrato y la instalación de la Junta de Resolución de Disputas.

En cuanto al proceso que lleva el Centro de Arbitraje de la CCLAM, que permitirá dar fecha para el reinicio de la obra, está pendiente la decisión de los árbitros. Así lo confirmaron el representante del Consorcio y la entidad prestadora.

A través de su Oficina de Imagen, Epsel explicó que se tiene previsto conocer el fallo en agosto de este año. Marcos Hidalgo reconoció que recuperar la ejecución de la obra está tomando más tiempo de lo esperado.

“Tanto Epsel como nosotros estamos corriendo con los tiempos, presentado documentos porque todo está en un marco de legalidad. Pero hay procesos que no podemos apurar, por más interés que tengamos”, agregó.

El representante de la contratista espera que en agosto se retomen los trabajos, aunque aclaró que al inicio no podrán asignar al 100% de su personal. “Va a ser progresivo, no podemos destinar a todo el equipo porque en el camino nos quedan muchas cosas por resolver. Pero la idea es acabar la obra”, expresó.

Cabe indicar que algunos vecinos de la zona utilizaron los buzones de desagüe, pese a que la obra está inconclusa. Epsel dijo que la contratista es el responsable de corregir este problema. https://diariocorreo.pe/

 


Chulucanas: Más de 300 escolares de la Rinconada padecen por falta de agua

Ya pasaron cuatro meses del inicio de las clases presenciales y aún hay diferentes instituciones educativas que carecen de servicios primordiales. Son los estudiantes de zonas rurales los más afectados por el olvido de las autoridades, quienes después de dos años aislados por causa de la covid-19, aún no pueden recibir sus enseñanzas con calidad.

Tal es el caso de la I.E N°14996 de La Rinconada, provincia de Chulucanas, que padece por el servicio del agua y alcantarillado. Hasta hace un mes los menores tenían que llevar sus propios recipientes con este líquido elemento para poder lavarse las manos según informó a Cutivalú la directora Giannina Correa Correa.

“Ellos traen su agua, pero no es suficiente. Aquí los alumnos a veces no pueden hacer el uso de los servicios higiénicos por falta de agua y eso no puede ser”, declaró la directora Giannina Correa Correa.

Recientemente, los padres de familia ante esta necesidad se han visto obligados a dar una cuota para comprar una cisterna de agua cada quince días. “No ha habido respuesta de una autoridad para que nos envíe por parte de la municipalidad a pesar de que hemos solicitado formalmente”, sostuvo el docente Daniel Fiestas.

El docente comentó que esta situación se debe a que el caserío La Rinconada no cuenta con el servicio de agua potable, los pobladores deben ir hasta otro pueblo para abastecerse de un pozo cada dos semanas.

Pero este no es el único problema por el que atraviesa esta escuela. Según reveló la madre de familia, Doris Cisneros Castro, tampoco se tiene un cerco perimétrico y el mobiliario escolar donde reciben clases sus menores hijos, ya pasó su tiempo de uso. A ello se le suma que sus baños no tienen puertas y gran parte del centro educativo no cuenta con pisos.

“Nosotros nos sentimos mal, el colegio está en malas condiciones, no me gusta que mi hijo esté estudiando así”, manifestó Doris Cisneros Castro.

El docente Daniel Fiestas nos comentó que este centro educativo tiene más de 300 alumnos en los tres niveles de inicial, primaria y secundaria. Señaló que la infraestructura es precaria por lo que en el nivel secundaria los escolares estudian en aulas prefabricadas.

“Existe un proyecto para la reconstrucción del colegio, pero no le han dado seguimiento porque el alcalde de Chulucanas nos informó que esta obra le corresponde a Tambogrande porque existen nuevos límites y La Rinconada pertenece geográficamente a este distrito de Piura”

Ante esta situación, el teniente gobernador de La Rinconada, Mario Castro Castro, exigió el apoyo del presidente Pedro Castillo, el Ministerio de Educación y el gobernador de Piura, Servando García. Lamentó que una institución educativa con más de 40 años, siga presentando múltiples carencias. https://www.cutivalu.pe/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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25/7/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 4017: PERÚ - Chiclayo: municipio inició obras de pavimentación sobre redes de alcantarillado con más de 55 años. Proyecto que se ejecuta en urbanización Santa Victoria comenzó con irregularidades, según Contraloría. Municipalidad de Chiclayo y Epsel tuvieron que firmar convenio ante aniego de aguas servidas durante ejecución de obra

 Lunes, 25 de julio de 2022 – Año XV – Edición 4017 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

 

Chiclayo: municipio inició obras de pavimentación sobre redes de alcantarillado con más de 55 años

Proyecto que se ejecuta en urbanización Santa Victoria comenzó con irregularidades, según Contraloría. Municipalidad de Chiclayo y Epsel tuvieron que firmar convenio ante aniego de aguas servidas durante ejecución de obra   

Un informe de la Contraloría General de la República reveló que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), en la región Lambayeque, empezó a ejecutar la obra “Reparación de calzada y vereda en la urbanización Santa Victoria” sobre redes de saneamiento que han excedido su período de vida útil. Estas irregularidades aparecen en el informe de orientación de oficio 017-2022.

Proyecto

El 11 de enero de 2021, la MPCh planteó y aprobó el referido proyecto bajo la modalidad de inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición (IOARR), según se registró en el sistema de gestión documentaria de la entidad edil.

Recientemente, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) informó a la entidad de control que las redes de alcantarillado de la urbanización Santa Victoria se encuentran en mal estado y con más de 55 años de antigüedad. Al respecto, la institución de saneamiento planteó que se deben cambiar las redes para un uso óptimo de las edificaciones y los espacios urbanos circundantes.

Es así que el 22 de junio de 2021, a través de la orden de servicio 673, la MPCh contrató a la empresa Capera y Asociados SAC para la formulación del expediente técnico de la referida obra. El expediente técnico fue presentado por dicha empresa mediante carta 010-2021, del 23 de agosto de 2021.

Meses después, el 7 de marzo de 2022, la MPCh suscribió contrato con la empresa contratista Veldiz Perú SAC para la ejecución de la obra con un presupuesto de S/ 2 892 976,84, y con un plazo de ejecución de 120 días calendario. La fecha de inicio de la obra quedó establecida para el 1 de abril de 2022.

En este contexto, la Contraloría inició un proceso de revisión del expediente técnico de la IOARR y verificó que este contiene un informe de gestión de riesgos que informaba que se debía evitar el excesivo movimiento de tierras porque implicaría solo la rotura de tuberías durante el proceso de corte de tierras.

Obra con vicios

Sobre lo anterior, la Contraloría constató que ni la entidad ni la contratista adoptaron acciones por labores como compactación con rodillo vibratorio, paso de maquinaria pesada sobre terreno cortado, entre otras intervenciones.

Previo al proceso de ejecución, el 11 de marzo de 2022, a través del oficio 12-2022, el contratista Veldiz Perú SAC requirió a la comuna provincial de Chiclayo “los planos de redes de agua y de alcantarillado existentes en el ámbito de la obra de pavimentación. La contratista también formuló similar requerimiento a Epsel, a través del oficio 57-2022, el último 23 de marzo de 2022.

Durante la ejecución de la obra se produjeron roturas de tuberías y aniego de aguas servidas en las calles en donde se realizaban las excavaciones por parte de la constructora Veldiz Perú. El malestar de los vecinos obligó a los representantes de la MPCh y Epsel a suscribir un convenio de cooperación institucional para la intervención en las redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias, el 3 de junio de 2022.

En el marco del citado convenio, Epsel elaboró el expediente de intervención “Actividad de emergencia reparación de colectores secundarios en las calles Los Álamos, Pimentel, Eten, Pacasmayo, La Mar y Almirante Villar”, que establece el cambio de redes de alcantarillado secundarias y conexiones domiciliarias en las vías mencionadas.

Más irregularidades

La institución supervisora también detectó que la obra de pavimentación podría verse afectada en sus plazos debido a que la intervención que realizan Epsel y la comuna, mediante el mencionado convenio, se ejecuta sin contar con un cronograma para dichos trabajos.

Además, se detectó que la Municipalidad de Chiclayo no actualiza información correspondiente a la ejecución de la obra en el Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras). https://larepublica.pe/

 


EMPRESAS DE AGUA

Arequipa: investigan a más de 600 por el delito de hurto de agua potable

La empresa de saneamiento Sedapar investiga a más de 600 falsos usuarios en Arequipa, por el delito de hurto de agua potable. En operativos detectaron que sus inmuebles tenían conexiones clandestinas, evadiendo el pago por este recurso.

Según el jefe de la Oficina de Cobranza Judicial de Sedapar, Wilfredo Salhua Callo, en lo que va del año han detectado más de 1.000 conexiones clandestinas en diversos distritos. De este número, unos 400 ya se pusieron a derecho y formalizaron sus contratos, pero el resto aún no regulariza.

Salhua Callo recordó que, en los últimos meses, Sedapar logró que el Poder Judicial sentencie a tres personas por este delito. El último caso corresponde a los integrantes de una asociación de vivienda en Cerro Colorado, donde encontraron una conexión clandestina de tres pulgadas y que beneficiaba a más de 150 familias.

“Nosotros procedimos con la denuncia penal y el Poder Judicial ordenó que estos vecinos paguen más de S/ 20.000. Les cortamos el servicio y por ahora sólo se están abasteciendo de cisternas de agua hasta que todos regularicen sus conexiones”, contó.

Operativos

El funcionario añadió que tienen un plan donde está previsto la revisión de más de 250.000 conexiones. Hasta el momento ya detectaron más de 1.000 clandestinas y este viernes realizaron también un operativo en el sector de Lari Lari, en el distrito de Cayma.

En esta zona detectaron más de 10 conexiones clandestinas. “Estas viviendas tienen medidores donde uno pensaría que aparentemente tienen conexiones formales, pero lo que hacen estos malos vecinos es enterrar tuberías y se roban el agua de otras asociaciones colindantes”, añadió Salhua.

Apenas detectan una conexión irregular, Salhua detalló que comunican a la Policía Nacional para la constatación respectiva y luego denuncian a los propietarios ante el Ministerio Público.

Se estima que, por cada conexión clandestina, una vivienda familiar consume 40 metros cúbicos (m3) de agua potable y esto equivale entre S/80 a S/ 100 mensuales que la empresa Sedapar no percibe. https://larepublica.pe

 


Alto Piura: pobladores continúan a la espera de la declaratoria de emergencia por sequía

Ya pasó un mes desde que el Gobierno Regional de Piura solicitó ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la declaratoria de emergencia en el Alto Piura, debido a la escasez de agua; sin embargo, a la fecha no se obtiene ninguna respuesta.

Así lo informó el director regional de Agricultura, Ilich López Orozco, quien comunicó que, desde el pasado 27 de junio, se cumplió con el envío de la solicitud al Instituto de Defensa Civil (Indeci) para que sea posteriormente enviada a la PCM.

Sin embargo, precisó que se encuentran a la espera que la PCM oficialice el estado de emergencia de esta zona ganadera de la región, para que el gobierno regional invierta mayor presupuesto para ayudar a los productores en la compra de kits veterinarios, alimentos para el ganado, entre otros insumos. “Ya todo el trabajo se ha realizado, esperamos que la PCM lo evalúe y, a través de esos informes, pueda declarar (dicha medida) por el déficit hídrico”, sostuvo.

Recordemos que el funcionario aseveró que, debido al déficit hídrico, en todo el Alto Piura y Lancones (Sullana) estaban en riesgo alrededor de 80.000 cabezas de ganado de todo tipo, viéndose afectados unos 40.000 ganaderos y ganaderas.

Por ello, aseguró que, mientras esperan dicha respuesta por parte del Gobierno Central, la Dirección Regional de Agricultura viene desarrollando el proyecto de inversión PIC Ganadero. Con ello, van implementando algunos kits veterinarios y realizan vacunaciones y otras actividades. https://larepublica.pe

 


LIMA PERÚ

Sunass habilita informes de análisis de impacto regulatorio

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), de acuerdo con los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pone a disposición de la población los tres primeros informes de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) con propuestas del regulador para fortalecer los servicios de saneamiento, a través de la comercialización de aguas residuales, mejoras en la medición de consumo de agua potable y el proceso de integración entre prestadores del servicio.

Las propuestas de mejora de los servicios fueron evaluadas con base en el AIR, instrumento establecido por la OCDE, que mide el impacto de las políticas públicas en términos de beneficios, costos y efectos potenciales de una propuesta regulatoria, a favor de los ciudadanos y la prestación del servicio.

Los informes están a disposición de la población y de los interesados en la página web de la Sunass, con el fin de transparentar el proceso y promover la participación de la ciudadanía a través de sus aportes y sugerencias.

Estas propuestas regulatorias forman parte de la Agenda Temprana, herramienta que sirve para informar a la población la programación de los problemas y temas de interés público que el regulador priorizó abordar en el presente año; haciendo que sus actuaciones sean transparentes, predictibles y con participación ciudadana.

La Sunass es la primera institución del Perú que implementó la Agenda Temprana y la puso a disposición de la ciudadanía, siguiendo los estándares internacionales exigido por la OCDE a los países y a sus instituciones. https://andina.pe/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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