Martes, 27 de septiembre de 2022 – Año XV – Edición 4059 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
"7 días sin agua ni
comida": declaran estado de emergencia en la Amazonía de Perú por derrame
de petróleo
El gobierno peruano declaró este lunes estado de emergencia
en algunas zonas de la Amazonía, luego de que resultaran afectadas por un
derrame de aproximadamente 2.500 barriles de petróleo procedentes del Oleoducto
Norperuano, el pasado 16 de septiembre.
La medida, anunciada nueve días después del derrame y que
regirá durante tres meses, pretende mitigar la contaminación ecológica,
recuperar los ecosistemas y proteger la salud de las comunidades locales que se
han visto fuertemente afectadas.
Se "ha evidenciado que, de un recorrido de 147,95 km
(desde la quebrada Cuninico hasta el río Marañón), se ha afectado un área de
848.400 m2 de cuerpo de agua" y que en esas zonas además "se realiza
pesca artesanal", según informó el Ministerio de Medio Ambiente en un comunicado.
Los recursos hídricos comprometidos son la principal fuente
de abastecimiento de varias comunidades indígenas locales, por lo que la
contaminación las ha dejado sin agua para atender sus necesidades básicas de
alimentación y aseo.
"Vamos siete días y no tenemos ninguna novedad
favorable a la comunidad por parte del Estado ni por parte de la empresa
Petroperú, que solo ha entregado 50 cajas con agua. En Cuninico somos 272
familias, 50 cajas no nos alcanza (...) ¡Siete días sin agua ni comida! Se ha
agotado toda la comida que hemos podido tener y ya no tenemos para las ollas
comunes", dijo Galo Vásquez, líder de la comunidad Cuninico, en entrevista
con un medio local.
Según Vásquez y otros representantes de las comunidades,
aunque las instituciones se habían comprometido en llevarles abastecimiento,
una semana después no habían cumplido.
Este lunes, dos días después de esas declaraciones, el
gobierno anunció el estado de emergencia.
Un problema que lleva tiempo
Según informó Petroperú en su página web, personal de la
empresa junto a miembros de la Policía Nacional y representantes de las
comunidades de Urarinas y Cuninico constataron que el derrame fue producto de
un corte intencional de 21 centímetros a la tubería del oleoducto.
La Fiscalía ya inició una investigación para establecer la
responsabilidad del ataque.
Pero al parecer este no es el primer ataque a la
infraestructura de Petroperú.
Según ha indicado la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo
y Energía en comunicados de prensa, la compañía estatal se ha enfrentado a
"oleadas de violencia y hostilidad".
Por otra parte, diferentes ONG y líderes de las comunidades
locales han alertado sobre el problema sistemático de contaminación en los
ecosistemas que hacen parte del territorio habitado por los pueblos
originarios.
La asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
(DAR), por ejemplo, recordó que, entre 2000 y 2019, se reportaron 474 derrames
de crudo en lotes de la Amazonía y el Oleoducto Norperuano y que en el 65% de
los casos la causa ha sido corrosión de los ductos y fallas operativas.
Por su parte, el presidente de la Organización de Pueblos
Indígenas del Oriente (Orpio), Beltrán Sandi, se quejó de que estos incidentes
no son nuevos y que, en la práctica, están amenazando la pervivencia de las
comunidades originarias. https://www.bbc.com/
Conservar nuestros bosques y páramos: responsabilidad de todos
El 14 de setiembre, tuve la
oportunidad de participar en el encuentro Promoviendo la inversión en
conservación, organizado por el Fondo del Agua Quiroz Chira. Me agradó mucho
conocer esta iniciativa de trabajo por la conservación de los bosques y de los
páramos; y saber que muchas de las comunidades de las provincias andinas de
Piura se sienten responsables de ese cuidado. Pero, no podemos dejarlos solos:
es responsabilidad de todos hacerlo y todos nos jugamos mucho en ello.
Los bosques montanos de nuestra
serranía, que llamamos bosques de neblina, desde los 2000 msnm, tienen una
función muy importante, la de captar el agua de la humedad de las nubes y
entregarla a los ríos que llegan a la cuenca media y baja, donde se concentran,
mayormente, la actividad agrícola y la población que dependen de esa agua.
Nuestros páramos
El páramo es un ecosistema, a
más de 3000 msnm, en las partes altas de los Andes del norte del Perú (y
también en Ecuador, Colombia y Venezuela), donde la cordillera ya no alcanza
grandes alturas.
En ellos, la abundante agua de
lluvia empapa la tierra y forma lagunas; donde el agua fluye de modo permanente
alimentando los ríos.
Los ríos de nuestra región
Piura, sobre todo el Quiroz y el Huancabamba, pero también el Piura, tienen sus
nacientes y fuentes de alimentación en los páramos y los bosques de neblina.
Y lo mismo el Tabaconas y otros
de Cajamarca. El Catamayo-Chira, proviene de los bosques y páramos de Ecuador,
más extensos que los nuestros, y proporciona el agua, sobre todo después del
embalse de Poechos, hacia áreas agrícolas y poblaciones en la costa, incluido
el valle del Piura, por la interconexión de cuencas a través del canal Daniel
Escobar.
Es decir, los páramos y los
bosques cumplen un rol equivalente a los glaciares y nieves perpetuas de
regiones altoandinas más al sur, más elevadas que las nuestras. Por ejemplo, en
los glaciares de la Cordillera Blanca nace el río Santa, que se alimenta del
derretimiento del hielo a lo largo del año, teniendo por ello un régimen
permanente.
El impacto del cambio climático
El cambio climático, con la
constante reducción de los glaciares y nevados, produce actualmente un aumento
anómalo del caudal de los ríos que abastecen, pues estos reciben más agua al
derretirse más hielo acumulado.
Pero el depósito de hielo en
disminución se terminará bruscamente y producirá un cambio también drástico en
los regímenes de los ríos, que serán más propensos a avenidas y estiajes.
Hay que buscar con tiempo
soluciones a ese fenómeno tratando, por ejemplo, de hacer reservorios en partes
altas que dosifiquen el agua.
En los Andes norteños, en Piura
y Cajamarca, no tenemos ese riesgo derivado del calentamiento global, salvo
posibles cambios en el régimen de lluvias.
El régimen de esos ríos no
depende del hielo acumulado en las alturas, pero sí de los bosques y páramos.
Si permitimos su disminución y destrucción, también el régimen de los ríos se
hará más irregular, con grave incidencia en la actividad agrícola.
De hecho, ya es relativamente
muy pequeña la cobertura de bosques en las cabeceras de las cuencas y partes
altas de los valles. Heredamos muchos decenios de inacción, en los que ha sido
práctica usual la roza, o quema de bosques, para ampliar los pastos o sembríos
de maíz, trigo, oca, entre otros; o la presión para obtener leña o actividades
de tala ilegal, para extraer madera.
Biodiversidad y belleza natural
Algo también muy importante es
la rica biodiversidad de esos bosques y su belleza natural. Quedan en nuestra
serranía algunos relictos de bosques primarios, no intervenidos, donde crecen
abundantes orquídeas y bromelias muy variadas y donde habitan diversidad de
aves, mamíferos, algunos de ellos endémicas de rango restringido que solo hay
allí. Uno de ellos, el bosque de Cuyas, muy cerca de Ayabaca capital.
La conservación de esos bosques
es importante por el agua que proporcionan de modo regulado. Pero, además, es
necesaria por su biodiversidad, que puede tener un valor incalculable, para
fines farmacológicos, por principios activos de algunas de sus especies de
flora o fauna todavía no estudiadas.
Aparte del valor para un turismo
sostenible: para observación de aves o con rutas para caminatas, y quizá
instalación adecuada de orquidiarios. Hay experiencias ya muy positivas en
otros países.
Es del todo necesario, pues,
custodiar y conservar los bosques y páramos. Y las comunidades locales, las
familias que viven en esos lugares son los llamados a ser guardianas de esos
valiosos recursos y en particular de las fuentes del agua que vivifica los
valles y lleva riqueza a la gran llanura de la costa.
Pero es obvio que no podemos
dejarlos solos con esa responsabilidad: que todos los beneficiados tenemos un
deber de justicia de apoyar las actividades de conservación de esos recursos y
de vigilancia para evitar actividades que los dañen.
En esto consiste la retribución
por servicios ecosistémicos; y este es el papel del Fondo del Agua Quiroz
Chira, que hace 8 años se creó con la iniciativa y perseverante gestión de
Naturaleza y Cultura Internacional, NCI, una ONG que promueve la conservación
en Latinoamérica.
El Fondo de Agua Quiroz Chira
aporta fondos propios y de empresas o instituciones para proyectos concretos
que contribuyan a la conservación, como, entre otros: 1) la creación de áreas
protegidas comunales o municipales que permitan proteger zonas con un valor
especial o con mayor riesgo (acogiéndose a la legislación del SERNANP –
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas); 2) promover la reforestación
con Aliso y especies propias de la zona; 3) capacitación y asesoría para
agroforestería y, en general para mejora de producción y comercialización
agrícola, pecuaria y forestal; y 4) el apoyo a las familias para instalar
cocinas mejoradas, para reducir el consumo de leña y mejorar la salubridad.
Un ejemplo concreto que el Fondo
ha promovido recientemente, entre otras acciones para mejorar la calidad de
vida de los pobladores, han sido las plantaciones de tara en agroforestería,
junto con café, pues es un árbol del lugar, muy resistente y ayuda a nutrir el
suelo, además su fruto actualmente tiene buen precio para exportación.
En el evento se evidenció un
trabajo participativo, comprometiendo y capacitando a los pobladores para que
sean activos defensores de sus recursos y así, protegen las fuentes de agua y
el entorno natural en el que viven. https://eltiempo.pe/
Jicamarca: ¿Cómo el agua potable
destinada a asentamientos humanos termina en piscinas privadas y jardines?
El programa periodístico Punto
Final reveló en un detallado reportaje que cisternas que debían proveer de agua
a los pobladores de Jicamarca, en San Juan de Lurigancho, no realizaban la
entrega de este recurso y, por el contrario, lo vendían usando otros camiones.
De acuerdo al citado dominical,
el deplorable caso se remonta a inicio de la pandemia por COVID-19 en el Perú,
cuando Sedapal firmó un acuerdo con la Municipalidad de San Antonio de
Huarochirí para distribuir agua potable gratis a través de 80 cisternas.
Sin embargo, los pobladores
denunciaron en reiteradas ocasiones que se les cobraba por el abastecimiento del
líquido vital. “El agua viene cada 15 o 10 días, nos cobran un dinero. A cada
familia nos cobran 2, 3 o 5 soles”, denunciaron los moradores.
En ese sentido, Punto Final dio
seguimiento a las cisternas de agua gratuita (con el logotipo de Sedapal), las mismas
que son conducidas a unos almacenes donde se llenan los otros camiones. Todo
esto se da en una zona de Jicamarca conocida como ‘La Paradita’.
Como más evidencia, otro camión
- que salió de la base surtidora de Sedapal - se desvió hasta un colegio. Luego
un ayudante subió y bajó la manguera de la cisterna hasta introducirla en un
agujero.
Testimonios encubiertos
revelaron a Punto Final que el agua gratuita, aparte de ser vendida, también es
dirigida para piscinas privadas, jardines y otras actividades no contempladas
para el uso del líquido vital.
Comunicado de Sedapal
El Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Lima (Sedapal) se pronunció tras la denuncia y, en un
comunicado, señaló que fue por iniciativa propia la distribución de agua a
zonas vulnerables durante la pandemia de COVID-19, mediante la firma de un acta
con municipalidades, a quienes atribuye la responsabilidad de la entrega del
líquido.
“En al acta que se firmó con las
municipalidades, se establece claramente la responsabilidad de los municipios
en la distribución de agua a la población, así como planificar cuándo, cómo y a
qué zonas se abastecerá”, precisa Sedapal
“Condenamos y repudiamos los
actos irregulares y de mala fe, evidenciados en el reportaje. Iniciaremos las
acciones legales y penales para que se castigue con todo el peso de la ley a
los inescrupulosos que han destinado el agua gratuita de la población para
otros fines”, agrega.
Con esto, la empresa estatal
descartó algún tipo de responsabilidad. También afirmó haber aplicado diversas
sanciones, retirado e inhabilitado a una de las empresas que prestaron el
servicio para la distribución gratuita de agua.
Asimismo, remarcaron que se va a
implementar un aplicativo móvil y un dispositivo GPS para los camiones y así fortalecer
la vigilancia y el monitoreo de las cisternas. Este nuevo sistema se destinará
a la flota de cisternas que recorren las zonas sin servicio en los 25 distritos
de Lima y Callao. https://peru21.pe/
La prestación del servicio de agua
potable en México
Jesús Campos López - Colegio de
Ingenieros Civiles de México
En el país, la población
asciende a 126 millones con una cobertura del 94.1 % en agua potable conforme a
los datos del INEGI; cobertura adecuada, en la medida de que el servicio fuese
continuo en cantidad y calidad. Sin embargo, análisis realizados por la Asociación
Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) indican que sólo
el 68.6 % de las viviendas reciben agua los 365 días del año; el resto, 31.4 %,
con menor frecuencia, algunas veces solo una vez a la semana. A lo anterior se
suman fuentes de abastecimiento que adolecen de mala calidad, sobre todo pozos
que extraen aguas con sales disueltas.
Esta situación, ya está haciendo
crisis en muchos municipios, sobre todo en donde hay ciudades que crecen
rápidamente, donde las fuentes de abastecimiento son cada vez más alejadas y
los costos de los servicios aumentan. Los problemas no son privativos de las
ciudades; también en las comunidades rurales existen problemas, si bien la
escala de las soluciones es diferente. El crecimiento de la población y
fenómenos como el cambio climático, en particular las sequías, plantean
escenarios para el abastecimiento de agua que deben tratarse desde ahora, para
atender las disposiciones del Art. 4º Constitucional en relación con el Derecho
al Agua y al Saneamiento que establece: “Toda persona tiene derecho al acceso,
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma
suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho
y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades…”
La prestación de los servicios
de agua y saneamiento ha estado a cargo de diversas entidades a lo largo del
tiempo: la federación, los estados, los municipios, y también el sector
privado. De estos últimos se puede mencionar: Aguas de Monterrey, en Nuevo
León, 1904; Mackin y Dillón, en Torreón, Coahuila, 1904; Agua potable de
Zamora, en Michoacán, 1905; Empresa de Jalapa, en Veracruz, 1906; Chihuahua
Investment Co., en Chihuahua, 1910, y más recientemente concesiones en
modalidades APP, entre otros.
En 1983, el Gobierno Federal
determinó que la prestación de servicios se hiciera a través de los municipios,
lo cual quedó regulado por el artículo 115 Constitucional. Existen diversas
opiniones de que si fue o no buena determinación; hay municipios que han hecho
bien su tarea, otros no tanto. Uno de los problemas que plantea esta forma de
administración es que la duración de los gobiernos municipales es de solo tres
años y, en consecuencia, de su personal. En esas condiciones se da una alta
rotación del personal a cargo de los servicios de agua y saneamiento (en
promedio de dos años), lo que impide alcanzar la madurez para desarrollar
planes y programas con una visión de mediano y largo plazo. El reto consiste en
incrementar la permanencia de los directores que prestan el servicio.
Pero, con independencia de quien
preste o haya prestado el servicio, la situación que prevalece es crítica; no
es suficiente tener el diagnóstico, sino saber qué hacer e invertir. Los
problemas son de infraestructura, gestión e inversión.
La infraestructura construida a
lo largo del tiempo debe ser sustituida por diversas razones: porque ha
terminado su vida útil o por el agotamiento de las fuentes de abastecimiento
(acuíferos, manantiales, lagos y ríos), entre otras razones. Ante esta
situación, se tienen que buscar nuevas fuentes, seguramente más lejanas; esto
implica, en algunos casos, importar agua de otras cuencas, lo cual es poco
aceptable por la sociedad, condición que se puede moderar con esquemas de
compensación como la tecnificación del riego en zonas donde el agua se usa en
la agricultura.
Por cuanto, a la gestión,
también con información de ANEAS, la eficiencia de los organismos operadores a
nivel nacional del 40 % global (solo en fugas se pierde el 40 % del agua):
significa que de cada 100 insumos se pierden 60; visto de otra manera se cobra
el 40% de lo que se produce. Esto se traduce en deficiencias en el servicio por
lo que los usuarios recurren a autoabastecerse a través de la compra agua
embotellada, por medio de pipas, construyen cisternas y tinacos, utilizan
sistemas de bombeo, entre otros.
Evidentemente, esas soluciones
implican costos que paga el usuario: en forma de tarifas para los servicios
formales que incluyen la infraestructura, cuotas por pipas, y el precio de los
garrafones y botellas de agua. El costo
del agua embotellada promedio es de 2.5 pesos por litro; es decir, el volumen
de un tinaco de mil litros costaría 2,500 pesos; en cambio si se considera el
total de la recaudación de los organismos operadores de 56 mil millones; cada
tinaco de mil litros costaría del orden de 4 pesos. El agua embotellada cuesta
625 veces más que lo que cobran el promedio los organismos operadores, quienes
invierten en captación, en líneas de conducción, en potabilización, en
distribución y en saneamiento de las aguas residuales.
Tan solo en el año 2020, los
organismos operadores recaudaron 56 mil millones de pesos, en tanto que la
venta de agua embotellada y refrescos ascendió a 98 mil millones de pesos; es
decir, el usuario gasta más en la compra de agua envasada que en el servicio
que recibe en su domicilio.
Es deseable que el usuario
vuelva a la práctica de tomar agua de la llave. Para ello, los prestadores de
servicio deben de cumplir con las normas que rigen el agua potable y eso se
requiere de grandes inversiones en infraestructura en medidas para eficientar
los servicios, como la sectorización y la macro y micromedición, y debe haber
compromiso por parte de la sociedad para hacerse responsable de pagar por los
servicios, en especial ahora que está por legislarse el Derecho Humano al Agua.
Tan solo para atender el 31.4 %
de la población que no recibe agua diariamente, lo que equivale a 38.6 millones
de habitantes que de alguna manera no reciben el servicio en calidad y
cantidad; de legislarse, para cumplir con el derecho humano al agua y
considerando 100 litros por habitante por día serían necesarios 3.8 millones de
metros cúbicos; equivalentes a 44 m3/s; es decir del orden del caudal de agua
que recibe la ciudad de México.
Tomando en cuenta los costos de
inversión de acuerdo con los proyectos más recientes, la infraestructura para
cada metro cúbico por segunda cuesta en promedio 3 mil millones de pesos. Para
atender el derecho humano al agua de los 38.6 millones, se requerirían 132 mil
millones de pesos solo para este concepto; inversiones adicionales se requieren
para la infraestructura de distribución, alcantarillado y saneamiento.
Es común pensar que el agua nos
la da la naturaleza, pero el llevarla a las viviendas en condiciones que cumpla
con las normas de agua potable en cantidad y calidad sí tiene un costo, el cual
debe repercutirse al usuario conforme al volumen que consuma. En los análisis
que se llevan a cabo para normar el derecho al agua deben considerarse los
costos a fin de que se tengan recursos para dar servicios de calidad; de lo
contrario, estaríamos condenando a la población a seguir con deficiencia que se
traducen finalmente en mayores costos. Es cierto que hay que apoyar a los
segmentos de la población que tienen menos recursos, pero los subsidios deben
dirigirse precisamente a esos grupos y no a toda la población que si puede
pagar.
Comité Técnico del Agua https://www.eluniversal.com.mx/
