Lunes, 7 de setiembre de 2026 – Año XXI – Edición 5038
Puno evalúa emergencia sanitaria en seis cuencas por metales pesados
El Gobierno Regional de Puno prepara un expediente para solicitar al Ministerio de Salud la declaratoria de emergencia sanitaria ante la exposición a metales pesados en seis cuencas. La prioridad será acreditar, mediante tamizajes previos, cuántas personas fueron afectadas.
La contaminación por metales pesados en Puno busca dejar de
ser tratada sólo como un problema ambiental para convertirse en una emergencia
que requiere una respuesta sanitaria y multisectorial.
El Gobierno Regional de Puno evalúa solicitar al Ministerio
de Salud una declaratoria de emergencia sanitaria para seis cuencas afectadas.
Esta vez sustentará el pedido con información de la población expuesta y
resultados de los tamizajes realizados por el sector Salud.
El gerente regional de la Autoridad Ambiental, Isaac
Angles, explicó que actualmente se recopilan esos datos para evitar que el
pedido vuelva a ser observado por falta de requisitos. El año pasado, una
solicitud relacionada con la contaminación no prosperó porque, según señaló, el
Minsa consideró que no se cumplían las condiciones exigidas.
Ahora el objetivo es contar con cifras verificadas sobre
cuántas personas fueron evaluadas y cuántas presentan presencia de metales
pesados en su organismo. Con esa información, el Gobierno regional presentará
ante el Minsa un expediente con documentación y medios probatorios validados.
Cuencas piden mesa regional
La iniciativa surge también de los dirigentes de las
seis cuencas afectadas: Ilave, Ramis, Suches, Coata, Jatun Ayllu e Inambari,
quienes solicitaron una instancia regional para hacer seguimiento a la
problemática y canalizar las demandas de Puno.
Angles señaló que ya se elevó un informe técnico a la
Gerencia General del Gore Puno para proyectar una resolución que reconozca esta
mesa de trabajo. La propuesta contempla la participación de la Dirección
Regional de Salud (DIRESA), la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), la
Autoridad Regional Ambiental, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Fiscalía
Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Defensoría del Pueblo, además de
otras instituciones vinculadas a la problemática.
Atender a los afectados
Uno de los principales reclamos de las poblaciones
afectadas es conocer qué ocurrirá con las personas que ya presentan presencia
de metales pesados en su organismo.
Angles sostuvo que la declaratoria permitiría
gestionar el seguimiento de estas personas y evaluar las acciones que
correspondan. También planteó la necesidad de mejorar el saneamiento y
garantizar fuentes seguras de agua para consumo humano.
El problema es que varias comunidades utilizan agua
proveniente de ríos y cuencas que atraviesan zonas sometidas a actividades
mineras. A ello se suma, según el funcionario, la presencia de aguas residuales
generadas por algunos municipios.
La experiencia de la cuenca Coata expone la
dificultad: existe población que viene siendo monitoreada, pero los dirigentes
cuestionan que ese seguimiento no se traduzca en una solución de fondo.
La respuesta del Gobierno Regional apunta precisamente
a ese vacío. No basta con identificar o monitorear a las personas expuestas si
las fuentes contaminantes continúan activas.
“Si no frenamos las fuentes de contaminación vamos a
seguir hablando de nuestros problemas y la población contaminada va a seguir
creciendo”, sostuvo Angles durante la entrevista.
Minería ilegal, el frente más complejo
El Gobierno Regional plantea que la emergencia
sanitaria debe ir acompañada de acciones para reducir las fuentes de
contaminación. Uno de los principales focos señalados es la minería ilegal,
especialmente en zonas como Rinconada, donde las actividades mineras generan
impactos sobre los ecosistemas y las fuentes de agua.
Angles informó que se vienen coordinando acciones con
las autoridades responsables de combatir la minería ilegal y que recientemente
se realizaron interdicciones en la zona de Sandia.
Sin embargo, reconoció que el problema ha sobrepasado
las capacidades disponibles y planteó fortalecer a las instituciones encargadas
de las intervenciones y del proceso de formalización minera.
En paralelo, se evalúa una medida relacionada con el
tratamiento de los residuos generados por la actividad minera. Según explicó,
se viene trabajando con la Corporación Minera y representantes del sector para
impulsar una infraestructura que permita la decantación de los materiales
generados por la actividad.
El proyecto todavía requiere completar su expediente y
obtener las aprobaciones correspondientes. La expectativa del Gobierno Regional
es que pueda ejecutarse durante el año con financiamiento asumido por los
propios actores mineros involucrados.
Dato
Según la explicación de la Autoridad Ambiental, las seis cuencas presentan particularidades distintas, entre ellas minería, minería ilegal, minería artesanal y aguas residuales. https://evidencia.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Defensoría exige plan de contingencia por falta de agua en Juli
La Defensoría del Pueblo intervino de oficio ante la falta
de suministro de agua potable en Juli. El corte afecta a tres barrios de la
localidad desde hace casi dos semanas, según denuncias ciudadanas.
El Módulo Defensorial de Desaguadero detectó que la Unidad
de Gestión de Servicios de Saneamiento (UGAS) Juli carece de estrategia ya que
esta entidad no cuenta con un plan de contingencia formal para atender este
tipo de crisis e interrupciones.
La intervención defensorial se activó tras recibir
denuncias ciudadanas a través de redes sociales y medios locales. Durante la
supervisión, el personal verificó que el corte responde a labores de
mantenimiento en la planta de bombeo.
UGAS Juli distribuye agua mediante camiones cisterna
temporalmente
El punto de captación de agua se ubica en el terminal
terrestre de Juli, según constató el personal defensorial. UGAS Juli informó
que viene distribuyendo agua mediante camiones cisterna y motocisternas
mientras dura el mantenimiento.
Pese a esta medida temporal, la Defensoría del Pueblo
consideró indispensable optimizar el reparto de agua. Esta mejora busca
garantizar un servicio eficiente y suficiente para los hogares afectados
durante las obras de mantenimiento.
La entidad exigió acelerar y culminar los trabajos
técnicos en la planta de captación lo antes posible. Esta medida permitiría
restablecer y normalizar el servicio de agua potable en el menor tiempo posible
para los pobladores.
Defensoría pide plan de contingencia formal para
futuras crisis
La Defensoría del Pueblo solicitó diseñar e
implementar un plan de contingencia formal para situaciones similares. Este
documento aseguraría el abastecimiento de agua potable en caso de futuras
interrupciones del servicio en Juli.
También se exigió fortalecer y ampliar el recorrido de
las cisternas de manera equitativa entre los barrios afectados. Esta ampliación
garantizaría una distribución justa mientras concluyen las reparaciones
técnicas correspondientes en la planta de bombeo.
Piura, la ciudad que espera que una obra la salve del agua
El 27 de marzo de 2017, el río
Piura dejó de ser una amenaza lejana. Creció, se desbordó y convirtió calles,
urbanizaciones y viviendas en enormes extensiones de agua. Aquella jornada
quedó grabada en la memoria de una ciudad que, nueve años después, sigue
mirando al río con la misma pregunta: ¿qué ocurrirá cuando vuelva a crecer?
Desde entonces, Piura ha tenido
miles de millones de soles presupuestados, una sucesión de autoridades y varios
planes para evitar que la historia se repita. Pero las grandes obras que debían
proteger definitivamente a la ciudad todavía no están construidas. Si el río
vuelve a crecer, Piura tendrá que confiar otra vez en obras temporales,
sistemas de bombeo y trabajos de emergencia.
Las cifras muestran el tamaño de
esa deuda. Después de El Niño Costero de 2017, el Plan Integral de
Reconstrucción con Cambios asignó a Piura S/7,541 millones. De ese monto,
S/5,696 millones estaban destinados a reconstruir infraestructura afectada y
otros S/1,845 millones exclusivamente a proyectos y actividades de prevención
de inundaciones.
No era una cifra
menor. El propio Plan de Reconstrucción señalaba que esos S/7,541 millones
equivalían aproximadamente al 30% del Producto Bruto Interno regional y a casi
cinco veces el presupuesto promedio que Piura había destinado a obras durante
los tres años anteriores.
Sin embargo,
mientras colegios, carreteras, establecimientos de salud y otras
infraestructuras fueron reconstruidos, las obras estructurales destinadas a
impedir una nueva inundación avanzaron a otro ritmo: mucho más lento.
La evidencia más
contundente está ahora en los propios documentos de la Autoridad Nacional de
Infraestructura (ANIN).
La Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) dejó de existir el 31 de diciembre de
2023 y sus proyectos pasaron a la ANIN. A nivel nacional, esta recibió 194
proyectos de inversión, incluidos 56 contratos ejecutados bajo el acuerdo
Gobierno a Gobierno con el Reino Unido, valorizados en S/29,110 millones.
Pero en Piura
ocurrió algo particularmente revelador. En febrero de este año, la ANIN informó
que cuando recibió el encargo de desarrollar el Drenaje Pluvial de Piura,
Castilla y Veintiséis de Octubre y el proyecto de Control de Inundaciones del
río Piura, ambas intervenciones figuraban únicamente como “idea” en el sistema
Invierte.pe.
No había
proyecto ni perfil aprobado proveniente de la anterior entidad ejecutora.
La ANIN recibió
como insumo técnico un Plan Maestro de Drenaje, pero tuvo que iniciar el
procedimiento para convertir aquellas propuestas en proyectos de inversión
viables.
El dato retrata
el retraso con crudeza: casi siete años después de la inundación de 2017,
cuando desapareció la Reconstrucción con Cambios, las dos grandes
intervenciones llamadas a proteger definitivamente a Piura todavía no habían
superado las primeras etapas del sistema de inversión pública.
MÁS DE S/9 MIL
MILLONES
En abril de
2026, la ANIN informó que los proyectos vinculados al control de inundaciones
del río Piura y al drenaje pluvial de la ciudad representaban una inversión
estimada conjunta de más de S/9,000 millones.
El drenaje dio
recién un paso decisivo el pasado 27 de junio, cuando la ANIN obtuvo la
declaratoria de viabilidad del proyecto para Piura, Castilla, Veintiséis de
Octubre y Catacaos.
La magnitud de
la obra deja claro lo que todavía falta. Contempla 52 sistemas de drenaje
pluvial, agrupados en diez componentes, para cubrir 7,621 hectáreas y
beneficiar directamente a 726,376 habitantes.
El proyecto
todavía debe pasar por la elaboración del expediente técnico y las posteriores
etapas de inversión.
Con el río Piura
ocurre algo parecido. Recién el 17 de julio de 2026, la ANIN consiguió la
viabilidad del proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de
protección de las riberas vulnerables frente a inundaciones y erosión del río
Piura. La intervención deberá proteger a más de 600,000 habitantes de las
provincias de Piura y Morropón.
Para la decana
del Colegio de Arquitectos de Piura, Laura Morocho Gago, el problema va mucho
más allá de las obras que aún faltan. A su juicio, las autoridades siguen
actuando cuando la emergencia está a la vuelta de la esquina, en lugar de
cambiar las condiciones que hacen vulnerable a la ciudad.
“Solo nos
estamos preparando para resistir el golpe, pero no estamos previniendo nada.
Piura no es la primera vez que va a sufrir un FEN, este problema no es nuevo”,
advirtió Morocho.
La arquitecta
cuestiona que, pese al dinero destinado durante sucesivas gestiones, Piura
todavía no haya conseguido convertirse en una ciudad preparada para enfrentar
fenómenos naturales.
“Han pasado
muchísimas autoridades, se ha invertido muchísimo dinero, sin embargo, no hemos
tenido hasta ahora resultados que nos permitan tener una ciudad segura, una
ciudad resiliente, una ciudad que pueda afrontar fenómenos naturales como El
Niño”, afirmó.
Para Morocho,
una de las raíces del problema está en el crecimiento urbano sin suficiente
planificación.
“Mientras no
ataquemos eso, seguiremos vulnerables no solo ante el FEN, sino ante un sismo,
a la crecida de una quebrada, un incendio forestal o un ciclón”, señaló.
La decana
sostiene que Piura debe abandonar el enfoque exclusivamente reactivo y apostar
por una planificación territorial preventiva, articulada entre las
municipalidades, el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda.
También advierte
que la expansión urbana de la última década ha incrementado las denominadas
cuencas ciegas y modificado el desplazamiento natural de las aguas.
EL RÍO, OTRA VEZ
Hay, además, una
amenaza inmediata: la capacidad del río. El decano del Colegio de Ingenieros de
Piura, Manuel Asmat, advierte que existen sectores donde la sedimentación
alcanzaría hasta los cuatro metros. A ello se suma la vegetación acumulada, que
reduce la caja hidráulica.
Para el
ingeniero, los trabajos actuales deberían ejecutarse con mayor intensidad.
“Ya son nueve
años prácticamente desde que nos hemos inundado y deberíamos tener obras
definitivas, pero no las tenemos. Ante eso, las acciones de emergencia y
mitigación no están avanzando a la velocidad necesaria”, sostuvo Asmat.
El especialista
plantea acelerar la descolmatación y considera necesario trabajar incluso las
24 horas ante la proximidad de las lluvias.
Otro punto
crítico está en la salida del agua. Asmat considera urgente ensanchar el canal
Chutuque para permitir que parte del caudal sea derivado hacia Pampa Las
Salinas y trabajar posteriormente su evacuación.
“Chutuque te
permite que el agua pueda discurrir una parte del caudal hacia Pampa Las
Salinas. Luego, la salida al mar desde Pampa Las Salinas es otro trabajo, pero
por lo menos va a servir como un alivio al caudal del río Piura”, explicó.
También exige acelerar
la limpieza del sistema de alcantarillado y verificar que los Sistemas
Alternativos de Recolección y Evacuación de aguas de lluvia (SARE) estén
operativos cuando llegue el momento de necesitarlos.
BOMBAS
Morocho pone
sobre la mesa otra lección que dejaron las anteriores emergencias: de poco
sirve tener equipos si fallan justamente cuando comienza la lluvia.
“Debemos tener
los cauces de los ríos limpios porque el volumen de agua que viene es
importante y el río debe tener salida al mar, caso contrario eso va a generar
que nos inundemos”, sostuvo.
La arquitecta
recuerda además los problemas registrados anteriormente con los sistemas de
evacuación.
“Tenemos
sistemas de bombeo que no funcionan porque no está la persona que lo activa o
que no funcionan porque simplemente no tienen combustible y eso ya ha pasado en
varios fenómenos”, explicó.
A la
vulnerabilidad del río se suma la de hospitales, colegios y miles de viviendas
levantadas mediante autoconstrucción.
“Hay hospitales que son una coladera en sus techos, que están construidos en zonas vulnerables”, cuestionó Morocho. Frente a ello, considera necesario impulsar incluso bonos o créditos que permitan a las familias acondicionar sus viviendas para enfrentar las lluvias. https://diariocorreo.pe/
LIMA PERÚ
Gobierno designa a Fernando Laca como presidente de Sedapal
El Gobierno designó al ingeniero
civil Fernando Julio Laca Barrera como nuevo presidente del directorio de
Sedapal S.A., según se oficializó mediante el Acuerdo de Directorio N.°
001-2026/025-FONAFE publicado en el Diario Oficial El Peruano. El nombramiento
de Fernando Laca Barrera marca el inicio de un proceso de reestructuración
institucional en la empresa estatal de agua y saneamiento. Esta medida tiene
como objetivo mejorar la eficiencia de la gestión operativa para garantizar un
servicio de agua potable seguro, continuo y de calidad en beneficio de los
ciudadanos de Lima y Callao.
El ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, precisó que la reorganización
interna busca transformar a la entidad en una de las mejores empresas del país
mediante una gestión orientada a resultados. Asimismo, el titular del sector
aclaró que esta medida no implica ningún proceso de privatización del recurso
hídrico ni de la infraestructura pública. Fuentes oficiales señalaron que el
agua se mantendrá como un bien público bajo el dominio del Estado peruano de
manera permanente.
El proceso de reestructuración
abarcará diversas áreas de la empresa de saneamiento más grande del Perú para
optimizar la atención a los usuarios. Las autoridades indicaron que el inicio
de esta fase responde a la necesidad de fortalecer el desempeño de la compañía
prestadora de servicios en la capital.
Experiencia profesional del
nuevo presidente de Sedapal
Fernando Julio Laca Barrera es
ingeniero civil de profesión y cuenta con una amplia trayectoria técnica en la
gestión del sector de agua y saneamiento. El nuevo titular de la empresa
estatal se desempeñó anteriormente como viceministro de Construcción y Saneamiento
en dos oportunidades dentro del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS). Además, ocupó diversos cargos directivos de alta
responsabilidad en el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios
de Saneamiento (OTASS) y en la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (SUNASS).
En el ámbito internacional, el
funcionario ejerció como especialista sénior en agua y saneamiento para el
Banco Mundial, liderando proyectos técnicos de infraestructura y gestión
hídrica. Su perfil profesional incluye labores como consultor coordinador
técnico en múltiples programas orientados a mejorar la calidad y la
sostenibilidad de los servicios públicos. Estas responsabilidades han estado
enfocadas en la implementación de estándares de eficiencia para entidades
administradoras de saneamiento.
La trayectoria de Fernando Laca
Barrera abarca también la participación directa en iniciativas de reforma
institucional dentro de la administración pública. Su designación busca
aprovechar su perfil técnico en el manejo de organismos reguladores y
ejecutores del sector. La experiencia acumulada en entidades multilaterales y
ministeriales sustentó la decisión del Directorio del Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).
Reformas institucionales y
trayectoria en el sector saneamiento
Entre el año 2019 y la
actualidad, Fernando Laca Barrera coordinó la asistencia técnica para la
gestión del Fondo del Programa de Apoyo a la Reforma de los Servicios de Agua.
Durante este periodo, el profesional trabajó de manera articulada con el MVCS,
la SUNASS y el OTASS en iniciativas destinadas a consolidar la reforma
sectorial. Dichos proyectos tuvieron como eje principal fortalecer la
sostenibilidad financiera y operativa de las empresas prestadoras a nivel
nacional.
El trabajo coordinado con los
organismos reguladores permitió la elaboración de diagnósticos técnicos sobre
la prestación de los servicios de agua potable. Según informó el Ministerio de
Vivienda, las estrategias desarrolladas durante esa etapa sirvieron para
establecer bases operativas en el proceso de modernización institucional. La
experiencia previa del funcionario facilitará la ejecución de los planes
diseñados para el fortalecimiento de la infraestructura hídrica.
Canal N dará seguimiento al
desarrollo del proceso de reestructuración en Sedapal S.A. tras la asunción de
las nuevas autoridades directivas. Las medidas de gestión implementadas por
Fernando Laca Barrera buscarán impactar positivamente en la distribución del
recurso hídrico para Lima y Callao. El Ministerio de Vivienda mantendrá la
supervisión de las metas establecidas para la entidad estatal durante la
presente gestión. https://canaln.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
