Martes, 17 de marzo de 2026 – Año XX – Edición 4922
Denuncian a funcionarios de Sedalib
por publicidad en elecciones
Una denuncia presentada ante el Jurado Electoral Especial
de Trujillo advierte un presunto uso indebido de publicidad estatal durante el
periodo electoral de las Elecciones Generales 2026. El documento fue presentado
por el ciudadano Tomás Alfonso Alva Villa, quien solicita la intervención de
las autoridades electorales.
La denuncia está dirigida contra funcionarios de la empresa
de saneamiento Sedalib. Según el documento, se habría difundido material
institucional con imágenes y referencias a autoridades de la entidad en pleno
proceso electoral. El denunciante pide que el Jurado Electoral investigue el
caso y determine si se vulneró la normativa vigente sobre publicidad estatal.
¿Quiénes son los funcionarios
mencionados en la denuncia?
En el documento presentado ante el organismo electoral se
menciona al presidente institucional de Sedalib, Frank Sánchez Romero, así como
al miembro del directorio Ricardo Delgado Arana. La denuncia también señala que
podrían existir otros responsables involucrados en la difusión del material.
De acuerdo con lo expuesto, ambos funcionarios aparecen en
material institucional distribuido por la empresa de agua de Trujillo durante
el presente año.
¿Qué material habría generado la
denuncia?
El denunciante sostiene que la empresa habría distribuido
almanaques institucionales del año 2026. En estos materiales, según indica,
aparecen la fotografía, el nombre y el cargo de los funcionarios, además de
referencias a actividades de gestión realizadas por la entidad.
Según la denuncia, estos almanaques habrían sido difundidos
durante el periodo electoral, lo que podría constituir una forma de publicidad
estatal prohibida.
¿Por qué se considera posible publicidad
estatal indebida?
La denuncia señala que la Ley Orgánica de Elecciones
establece restricciones para la difusión de publicidad institucional una vez
convocado el proceso electoral. En ese contexto, las entidades públicas solo
pueden realizar publicidad en casos de necesidad pública urgente.
Además, la normativa prohíbe incluir la imagen, nombre o
referencia directa a funcionarios públicos en material institucional difundido
durante ese periodo.
El denunciante argumenta que los almanaques distribuidos no
responderían a una necesidad urgente y que incluirían elementos que podrían
interpretarse como promoción personal.
¿Qué acciones solicita el denunciante al
Jurado Electoral?
Entre las medidas solicitadas, el ciudadano pide al Jurado
Electoral Especial de Trujillo que ordene el retiro inmediato de los almanaques
distribuidos o que estos sean modificados para adecuarse a la normativa
electoral.
Asimismo, solicita que el área de fiscalización del
organismo electoral realice las investigaciones correspondientes para
determinar si hubo una infracción a las normas sobre publicidad estatal durante
el proceso de las Elecciones Generales 2026. https://soltvperu.com/
Capachica: denuncian liquidación irregular de obra de agua
potable que no funciona en la comunidad campesina de Capano
El exteniente gobernador de la comunidad campesina de
Capano, en el distrito de Capachica, Jesús Quispe, denunció presuntas
irregularidades en la liquidación del proyecto de saneamiento básico ejecutado
en la anterior gestión municipal, obra que según afirmó fue dada por concluida
por el actual alcalde Marcelino Panca Machaca pese a no encontrarse operativa.
Señaló que el proyecto de agua potable, iniciado durante la
gestión del exalcalde Santiago Coila, no fue culminado adecuadamente y
actualmente no abastece del recurso hídrico a la población, “las tuberías están
instaladas, pero no hay agua en los caños ni funcionan los baños. La obra se ha
quedado como un elefante blanco”, expresó, indicando que entre 700 y 800
pobladores se ven afectados por esta situación.
Ante esta situación cuestionó que, a pesar de que la
Contraloría General de la República realizó una visita de verificación a
mediados del año pasado, hasta el momento no se ha emitido ni socializado un
informe oficial sobre el estado del proyecto ni sobre las responsabilidades
correspondientes, “hemos dado a conocer el caso, pero no nos informan nada. Eso
indigna a la población”, manifestó.
Ante la falta de funcionamiento del sistema, los pobladores
se abastecen de agua mediante pozos, lluvias y, en algunos casos, a través de
cisternas, asumiendo los propios vecinos los costos para acceder al recurso.
Finalmente, Quispe pidió a la Contraloría que informe públicamente los
resultados de la supervisión y que se determine una solución frente a una obra
valorizada en más de dos millones de soles que, según denuncia, no cumple con
su finalidad. https://radioondaazul.com/
Contraloría alerta riesgo de
desbordes en el río Tumbes por deficiencias de la ANA
La Contraloría General de la
República (CGR) alertó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) sobre el riesgo
de erosión del material empleado en las labores de limpieza y descolmatación de
ciertas zonas del río Tumbes, a cargo de la Autoridad Local del Agua (ALA) de
Tumbes. Asimismo, advirtió sobre el riesgo de desbordes debido a diversas
deficiencias en estos trabajos, especialmente ante incrementos del caudal
provocados por fenómenos hidrometeorológicos extremos, como la llegada del
fenómeno El Niño.
Según el Informe de Visita de
Control n.° 003-2026-OCI/5740-SVC, cuyo período de evaluación fue del 13 al 20
de febrero de 2026, en la región tumbesina se tiene programado realizar cinco
intervenciones, de las cuales una corresponde a las labores de limpieza,
descolmatación y conformación de dique con enrocado en la margen izquierda del
río Tumbes, ubicado en el sector de Pechichal en el distrito de San Jacinto, en
la provincia de Tumbes.
Los trabajos iban a tener una
extensión de 2.80 kilómetros, con una inversión de S/6 519 503.08 y un plazo de
ejecución de dos meses y una semana. Sin embargo, la comisión de control
determinó, luego de realizada una visita de campo, que no se vienen ejecutando
los trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de dique con enrocado
de acuerdo a la ficha referencial correspondiente (FTR-CB-PREV n.°
01026-2025-ANA-AAA.JZ-ALA.T).
Los auditores verificaron que en
el sector intervenido se encontraba un dique con enrocado pre existente que no
fue advertido en la elaboración de la ficha referencial y sobre el mismo se está
colocando material de préstamo en los taludes, que viene siendo perfilado con
una excavadora, mientras que el material de préstamo en la corona es compactado
con el paso de la maquinaria, lo cual no corresponde a la conformación de un
dique.
Otro hecho alertado es que la
conformación del dique en mención, de acuerdo con el cronograma de actividades,
debía culminarse el 12 de febrero de 2026; pero, en la fecha de la visita (16
de febrero) aún se encontraba pendiente culminar 380 metros lineales y ejecutar
otros 800 metros lineales, dando un total de 1.18 kilómetros.
Maquinaria paralizada
El informe de Contraloría señala
que la ALA Tumbes tiene seis unidades de maquinaria pesada, tres camiones
volquetes y tres cargadores frontales, que se encuentran paralizadas debido a
la falta de personal contratado para su operación. Por ello, la comisión de
control pudo evidenciar que se encuentran almacenados en las instalaciones del
Centro Experimental Tumpis. Además, en el citado centro experimental se
verificó un camión cisterna para actividades de descolmatación y limpieza que
no cuenta con la documentación completa.
Dicha maquinaria debía ser
empleada en las labores de limpieza, descolmatación y conformación de bordo
(cortinas de tierra compactada para captar agua de lluvia) con material propio
del cauce del río Tumbes en el sector La Inverna, en el distro de Pampas de
Hospital de la provincia de Tumbes.
La comisión de control advierte
que el río Tumbes presenta un caudal considerable que, incluso, puede incrementarse
por fenómenos hidrometereológicos extremos, como El Niño, y que no se cuente
con personal necesario para operar los camiones volquetes y maquinaria pesada
disponible, lo que imposibilita a la fecha la limpieza y la descolmatación del
cauce del río Tumbes.
Por ello, la Contraloría
considera necesario que la ANA evalúe las acciones a efectuar para que el río
no se desborde y provoque inundaciones en la margen derecha hacia el sector de
Pampas del Hospital afectando a la población y los terrenos agrícolas ubicados
en zonas críticas del río Tumbes. https://www.agroperu.pe/
Proteger los ríos: un compromiso
clave para la seguridad hídrica del Perú
En nuestro país existen más de
mil ríos [1] que atraviesan la costa, sierra y selva. Dada su importancia para
la vida y el desarrollo de las sociedades, el 14 de marzo se conmemora el Día
Mundial de Acción en Defensa de los Ríos, una fecha adoptada en el marco del
primer Encuentro Internacional de Afectados por Represas, que se llevó a cabo
en marzo de 1997 en Curitiba (Brasil) [2].
Además de reflexionar sobre la
importancia de los ríos, esta fecha permite identificar también las acciones
para recuperar y proteger estos importantes cuerpos de agua a partir de una
gestión integrada, equitativa y sostenible. A continuación, se presentan los
avances, retos y oportunidades que enfrenta nuestro país para lograr una
protección efectiva de estos ecosistemas estratégicos.
Los ríos como grandes provisores
de servicios ecosistémicos
Los ríos proveen importantes
servicios ecosistémicos asociados a la regulación y protección del agua, de la
biodiversidad, la seguridad alimentaria, la belleza paisajística, el control de
erosión de suelos y el turismo. Asimismo, cumplen un papel central en la
seguridad hídrica del país porque abastecen de agua a poblaciones rurales; aseguran
recursos hídricos para el desarrollo de actividades agrícolas en la costa del
Perú; interactúan con glaciares, humedales, bofedales y bosques, almacenando y
regulando el agua durante el año y evitando sequías o inundaciones.
En ese sentido, su rol en la
seguridad hídrica contribuye, principalmente, a salvaguardar la disponibilidad
y el acceso al agua en cantidad y calidad adecuada para la salud, los medios de
vida, los ecosistemas y las actividades productivas.
Además, los ríos acercan
comunidades, ya que, en muchos casos, es su único medio de transporte
contribuyendo, de esta manera, al cierre de brechas sociales y al desarrollo
económico del país.
Marco normativo para la
protección de los ríos en el Perú
Nuestro país cuenta con diversas
políticas públicas orientadas a la conservación de ecosistemas. Específicamente
sobre los ríos, se cuenta con la Política y Estrategia Nacional de Recursos
Hídricos. Por otro lado, también están los Planes de Gestión de Recursos
Hídricos en las Cuencas, que promueven una gestión sostenible del agua en el
país con el objetivo de hacer frente al cambio climático, con un enfoque
participativo y territorial.
Si bien el Perú no cuenta con
una norma específica para la protección de los ríos, su protección se encuentra
conectada con derechos reconocidos a nivel constitucional. En el artículo
2.22[3] de la Constitución Política del Perú (CPP) se reconoce el derecho a un
ambiente sano y equilibrado, el cual es la base para la conservación de los
ecosistemas (entre ellos, los ecosistemas fluviales) porque obliga al Estado a
proteger y conservarlos debido a que sostienen el equilibrio ambiental. De
igual modo, en el año 2017 se incluyó el artículo 7A del CPP que establece el
derecho fundamental al agua potable y se reconoce que el agua es un recurso
esencial, por lo tanto, los ríos al ser provisores de servicios ecosistémicos
como los hídricos constituyen ecosistemas clave para la garantía en el
ejercicio de ambos derechos
A nivel legal, la Ley 26821, Ley
Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales en su artículo 3
dispone que las aguas superficiales y subterráneas son recursos naturales,
mientras que el artículo 2 de dicha ley establece un equilibrio dinámico entre
el crecimiento económico, la conservación y el desarrollo de la persona humana.
En esa misma línea, la Ley 28611, Ley General del Ambiente desarrolla los
principios de prevención [4], sostenibilidad [5] y responsabilidad ambiental [6]
que deben orientar la protección de los recursos naturales incluyendo a los
ecosistemas acuáticos como los ríos.
Por su parte, en la Ley 29338,
Ley de Recursos Hídricos, se establece el principio de valoración y de gestión
integrada del agua, [7]que reconocen el valor sociocultural, económico y
ambiental del agua, por lo que se promueve una gestión integrada para lograr el
equilibrio entre estos valores. Asimismo, el principio de eficiencia [8] promueve
un uso eficiente de los recursos hídricos, así como la conservación de los
ecosistemas.
En esta última norma se
establece que la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a través de los Consejos de
Cuenca, ejerce funciones de vigilancia y fiscalización con el fin de prevenir y
combatir los efectos de la contaminación de los ríos [9]. Al mismo tiempo,
reconoce como zonas ambientalmente vulnerables a las cabeceras de cuenca donde
se originan los cursos de agua de una red hidrográfica [10].
Sin embargo, es importante
señalar que la existencia de normas y de políticas públicas por sí solas no
aseguran una protección efectiva de los ríos, aunque sí suman a este objetivo.
Su eficacia depende, en gran medida, de la articulación institucional, la
implementación efectiva de las normas relacionadas a factores como presupuesto,
personal y logística, así como el fortalecimiento de la coordinación
intersectorial y multinivel.
¿Por qué proteger a los ríos?
Los ríos son ecosistemas
altamente amenazados. Estos cuerpos de agua interactúan con otros ecosistemas a
lo largo de los territorios por donde transcurren, mantienen el equilibrio de
los ciclos naturales que hacen posible la vida, abastecen de agua a las
personas, así como a la producción económica. Sin embargo, nuestros ríos están
siendo contaminados por actividades como la minería o la industria, así como el
vertimiento de basura y aguas residuales. Un ejemplo de ello son los impactos
de la minería ilegal en los ríos amazónicos, sobre todo por el uso de
sustancias tóxicas, como el mercurio, que generan graves impactos en la calidad
del agua.
Incluso, si una actividad formal
está mal gestionada o cuenta con débiles instrumentos de evaluación ambiental o
la fiscalización ambiental falla, también puede causar impactos negativos en
los ríos, los cuales se traducen en impactos directos en la salud y en la vida
de las personas, como, por ejemplo, el caso del río Cuninico, que fue
contaminado por un derrame de hidrocarburos por las operaciones del Oleoducto
Norperuano.
Por otro lado, la deforestación
en las cuencas hidrográficas altera los procesos naturales de regulación
hídrica, reduciendo la infiltración, el almacenamiento y la liberación gradual
del agua. Esto se da, muchas veces, en áreas cercanas a centros urbanos,
carreteras, cabeceras de arroyos o en áreas marginales a los ríos que sirven
como ruta de transporte para los taladores [11]. Asimismo, la poca
planificación, asociada al desarrollo de carreteras e infraestructura urbana,
hidroeléctrica y minera, genera división entre los ecosistemas, contaminación
de las fuentes de agua y cambios de los cursos naturales de los ríos, que a su
vez podrían desencadenar en conflictos socioambientales.
Por último, una de las
principales amenazas a los ríos es el cambio climático. Este fenómeno altera
los patrones de precipitación, afectando ecosistemas estratégicos para la
disponibilidad y distribución del agua en las cuencas hidrográficas, como es el
caso de los glaciares andinos y los ecosistemas de montaña asociados, como
bofedales, lagunas, cabeceras de cuencas, entre otros.
Recomendaciones de políticas
públicas para fortalecer su protección
Para hacer frente a los
principales desafíos que ponen en riesgo la sostenibilidad de los ríos, nuestro
país cuenta con diversas herramientas y oportunidades de mejora.
Lo primero a considerar es el
fortalecimiento de la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de
cuenca. Esto significa una mayor articulación entre las decisiones de política
pública promovidas desde el gobierno nacional, con las necesidades de las
poblaciones locales, asegurando un equilibrio entre el uso poblacional y el uso
productivo del agua. Asimismo, la gestión integrada de los recursos hídricos
implica avanzar con los procesos de elaboración y actualización de políticas
públicas que aseguren la sostenibilidad de los ríos, de manera participativa y
descentralizada, como es el caso de la Política y Estrategia Nacional de
Recursos Hídricos, la Política Nacional de Agua potable y Saneamiento, la
Política Nacional Fluvial Amazónica o la Política Nacional de Glaciares y
Ecosistemas de Montaña.
En segundo lugar, el Estado
tiene la obligación de asegurar la protección de ecosistemas estratégicos para
la seguridad hídrica, como los humedales, bosques andinos y amazónicos,
glaciares y ecosistemas de montaña. Esto significa, por un lado, ser
exhaustivos en la evaluación de los riesgos ambientales en el marco de la
aprobación de proyectos económicos con potenciales impactos en los ríos y, por
otro lado, desarrollar un marco normativo lo suficientemente fuerte para
proteger el flujo de los ríos y asegurar sus servicios ecosistémicos, así como
proteger legalmente los ecosistemas asociados contribuyendo al equilibrio
hidrológico.
En tercer lugar y asociado al
punto anterior, es necesario que el Estado fortalezca los mecanismos de
incentivos para la conservación y el financiamiento de actividades que
reconozcan el valor de los ecosistemas afectados fluviales amenazados por las
actividades económicas o el cambio climático, dando valor a los servicios
ecosistémicos que brindan a los seres vivos (seguridad hídrica) y al clima
(regulación hídrica). En esa línea, la consolidación de figuras, como el
Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Merese), es fundamental
para canalizar financiamiento hacia actividades de conservación con la
participación de comunidades locales.
Por último, el rol de la
ciudadanía es fundamental para promover una vigilancia social participativa y
una cultura de defensa activa de los ríos y los ecosistemas asociados. Por
ejemplo, alertar sobre el vertimiento de aguas residuales, de basura, de
sustancias contaminantes como relaves mineros o residuos de industrias
productivas, denunciar actividades ilegales que pongan en peligro la calidad
del agua de los ríos, así como su curso natural y participar activamente en
espacios de toma de decisión para la gestión y el monitoreo del agua. De esta
manera, estaremos contribuyendo a una gestión sostenible y responsable de los
ríos. https://www.actualidadambiental.pe/
