Lunes, 14 de setiembre de 2026 – Año XXI – Edición 5043
SUNAFIL sanciona a la EPS MARAÑÓN por
vulnerar derechos laborales
S/ 95 425
de multa por desconocer la existencia de relaciones laborales y afectar los
derechos de tres trabajadores.
COMUNICADO N° 093 -2026/CDN FENTAP
La Federación Nacional de
Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú – FENTAP hace de conocimiento de los trabajadores y
trabajadoras del sector saneamiento, usuarios, autoridades y opinión pública
que SUNAFIL ha sancionado a la EPS Marañón S.A. con una multa de S/ 95 425,
luego de determinar la existencia de infracciones que vulneraron los derechos
laborales y de seguridad social de tres trabajadores.
Durante las actuaciones inspectivas, SUNAFIL constató que
trabajadores contratados formalmente mediante locación de servicios realizaban,
en los hechos, labores con características propias de una relación laboral. La
autoridad inspectiva verificó elementos como la prestación personal y continua
de servicios, así como la existencia de dirección, coordinación y supervisión
por parte de la empresa.
Pese a esta realidad, los trabajadores no fueron
registrados en planilla ni incorporados al sistema de seguridad social,
privándolos de derechos y beneficios que legalmente les correspondían. SUNAFIL
aplicó correctamente el principio de primacía de la realidad: cuando existe
contradicción entre lo que señala un contrato y lo que realmente ocurre durante
la prestación de servicios, prevalecen los hechos sobre las formas utilizadas
para encubrirlos.
Como consecuencia, la autoridad inspectiva determinó
infracciones relacionadas con el incumplimiento de obligaciones laborales, el
registro de los trabajadores, la seguridad social y, adicionalmente, una
infracción vinculada con la falta de colaboración durante las actuaciones
inspectivas.
LA MALA GESTIÓN NO PUEDE PAGARSE CON LOS
RECURSOS DE LA EMPRESA
Para la FENTAP,
esta sanción no puede ser considerada un hecho menor ni una simple contingencia
administrativa. Los S/ 95 425 que ahora deberá asumir la EPS Marañón son
recursos que pudieron destinarse al fortalecimiento de la empresa,
mantenimiento, equipamiento, mejora de los servicios y atención de las
necesidades de los usuarios y trabajadores.
Por ello, corresponde preguntarnos: ¿Quién asume la
responsabilidad por las decisiones que originaron esta sanción?, no resulta
aceptable que determinadas autoridades o funcionarios adopten decisiones
contrarias a los derechos laborales y que, cuando SUNAFIL sanciona dichas
conductas, la multa termine siendo pagada con los recursos de la empresa.
Las responsabilidades deben ser individualizadas. Los
trabajadores, los usuarios y la empresa no tienen por qué asumir las
consecuencias económicas de decisiones administrativas que vulneran la
legislación laboral.
LA LOCACIÓN DE SERVICIOS NO PUEDE
UTILIZARSE PARA ENCUBRIR RELACIONES LABORALES
La FENTAP
reafirma que un trabajador no deja de ser trabajador porque un contrato lo
denomine “locador de servicios”.
Cuando una persona presta servicios de manera personal y
permanente, sometida a dirección, coordinación o supervisión, corresponde
analizar la verdadera naturaleza de la relación existente. Ninguna modalidad
contractual puede convertirse en instrumento para desconocer derechos
laborales.
Este pronunciamiento de SUNAFIL constituye, además, una
importante advertencia para todas las empresas prestadoras de servicios de
saneamiento: la contratación civil no puede utilizarse para precarizar el empleo
ni para sustituir relaciones laborales que corresponden ser reconocidas
conforme a ley.
La precarización laboral no solamente perjudica al
trabajador. Debilita institucionalmente a las empresas, genera contingencias
económicas, expone a sanciones y finalmente afecta la adecuada prestación de
los servicios públicos de saneamiento.
LA FENTAP EXIGE RESPONSABILIDAD Y
RESPETO A LOS DERECHOS LABORALES
Por estas razones, la FENTAP
exige a la administración de la EPS Marañón S.A.:
1. Cumplir
plenamente lo dispuesto por la autoridad inspectiva y respetar los derechos
laborales de los trabajadores.
2. Regularizar
las situaciones laborales que correspondan, evitando que se continúen
utilizando contratos civiles para encubrir verdaderas relaciones de trabajo.
3. Determinar
las responsabilidades administrativas y funcionales de quienes adoptaron o
permitieron las decisiones que dieron origen a estas infracciones y al
consecuente perjuicio económico para la empresa.
4. Garantizar
que no exista ningún tipo de represalia contra los trabajadores que reclamaron
el reconocimiento de sus derechos.
Asimismo, hacemos un llamado a SUNAFIL y a las demás
autoridades competentes para fortalecer la fiscalización en las empresas del
sector saneamiento, especialmente respecto de aquellas modalidades
contractuales que pudieran estar siendo utilizadas para desconocer relaciones
laborales.
La FENTAP
continuará vigilante. No permitiremos que la precarización laboral se normalice
en las empresas de agua ni que el costo de decisiones equivocadas termine
siendo pagado por los trabajadores, los usuarios o las propias empresas.
Los trabajadores no somos “prestadores de servicios”
descartables. Somos parte fundamental de las empresas de saneamiento,
garantizamos diariamente la continuidad de un servicio público esencial y
nuestros derechos deben ser respetados.
¡BASTA DE PRECARIZACIÓN LABORAL!
¡LOS DERECHOS LABORALES SE RESPETAN!
¡NO A LA LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA
ENCUBRIR RELACIONES LABORALES!
¡QUE RESPONDAN QUIENES GENERAN
PERJUICIOS A LAS EMPRESAS POR VULNERAR DERECHOS!
Consejo Directivo Nacional de la FENTAP
Lima, 11 de setiembre de 2026
HIDROREGIONES PERÚ
Puno no puede esperar a que falte el agua
Puno enfrenta una crisis hídrica que no puede ser tratada
como un problema pasajero ni como una emergencia que comienza y termina con una
declaratoria oficial. La reducción de las lluvias, el descenso del nivel del
lago Titicaca y el deterioro de las condiciones para la agricultura y la
ganadería configuran un escenario que exige decisiones inmediatas y, sobre
todo, planificación de largo plazo.
La declaratoria de emergencia para 110 distritos evidencia
la magnitud del problema, pero también plantea una pregunta inevitable: ¿qué se
hizo antes de llegar a este punto? Durante años se ha hablado de siembra y
cosecha de agua, reservorios, qochas, pozos y recuperación de ecosistemas. Sin
embargo, las brechas persisten y miles de familias todavía dependen de fuentes
vulnerables para acceder al agua.
El dato más preocupante es que la escasez ya afecta el
consumo humano. Familias de San Román, Paucarcolla y Azángaro afrontan
dificultades para obtener agua potable, mientras en algunas zonas los camiones
cisterna se convierten en una solución temporal para una necesidad permanente.
Ninguna política pública puede conformarse con atender la emergencia cuando el
problema exige garantizar el derecho básico al agua.
También está en juego la economía de miles de familias. La
agricultura y la ganadería altoandina dependen directamente de las lluvias y de
los pastizales. Una campaña agrícola perdida no representa únicamente menos
producción: significa menos ingresos, mayor pobreza y una presión adicional
sobre las familias rurales.
La adquisición de perforadoras y la construcción de qochas
son medidas necesarias, pero deben ejecutarse con criterios técnicos,
transparencia y coordinación entre los tres niveles de gobierno. No basta con
anunciar obras; es indispensable asegurar su funcionamiento, mantenimiento y
sostenibilidad.
El periodo de lluvias será decisivo. Puno necesita pasar de la reacción a la prevención. El agua no puede seguir administrándose únicamente cuando escasea. La verdadera emergencia sería desperdiciar otra oportunidad para construir una gestión hídrica capaz de proteger a la población, la producción y los ecosistemas del altiplano. https://revelacion.pe/
Ninguno municipio de Puno presenta planes para pozos de agua, pese a anunciado déficit
Mientras los reportes
financieros del Programa Regional de Riego y Drenaje (PRORRIDRE) muestran un
avance presupuestal del 68%, en las comunidades rurales de Puno persisten
pedidos de agua que aún no se traducen en obras.
El consejero regional de Chucuito, Abad Vizcarra Estrella, cuestionó que 33 solicitudes para perforar pozos continúen sin atención mientras la maquinaria del programa permanece guardada. “Las cifras de PRORRIDRE son puros números, pero en el campo no hay agua”, sostuvo.
En la provincia
de Chucuito, según informó Vizcarra, actualmente solo avanzan tres proyectos de
riego, ubicados en Zepita, Cuatro Molinos y Chocopampa. Para el legislador,
este ritmo resulta insuficiente frente al escenario de déficit hídrico que
enfrenta la región.
La versión de
PRORRIDRE
La dirección del
programa plantea una explicación distinta sobre la demora en los pozos. El
director ejecutivo de la entidad, Ronald Chambilla, afirmó que hasta el momento
ningún gobierno local de Puno ha presentado un plan formal para solicitar la
perforación de pozos en el marco de la emergencia.
Según Chambilla,
los municipios deben identificar previamente los lugares donde requieren estas
fuentes de agua y cumplir determinadas condiciones técnicas. PRORRIDRE explicó
que no puede enviar maquinaria “a ciegas” sin conocer las características del
subsuelo y la disponibilidad de agua.
PRORRIDRE
proyecta perforar 200 pozos en la región, principalmente para el consumo humano
y las necesidades pecuarias. El director señaló las comunas deben acelerar la
elaboración de sus planes, antes que la falta de agua se agrave.
Inversión
Se requiere
identificar los puntos de intervención, organizar a las comunidades y asegurar
el financiamiento.
La inversión
estimada bordea S/1,2 millones, aunque podría llegar a S/1,5 millones si se
consideran los gastos operativos.
Más presupuesto,
pero menos agua en el campo
Vizcarra también
cuestionó la evolución del presupuesto de PRORRIDRE. Según el consejero, antes
de 2023 el programa manejaba entre S/200 millones y S/300 millones, mientras
que el presupuesto habría incrementado.
El incremento
presupuestal, sostuvo, debería traducirse en mayor capacidad de respuesta para
las comunidades dedicadas a la agricultura y la ganadería. Sin embargo,
advirtió que la demora en los expedientes técnicos continúa postergando
proyectos de riego.
El problema
adquiere mayor dimensión ante las proyecciones climáticas para la región. El
escenario para el periodo de lluvias 2026-2027 podría reducir la disponibilidad
de agua y aumentar la presión sobre las actividades agropecuarias.
La emergencia
tiene una vigencia de 60 días y culminaría el 10 de octubre, por lo que el
tiempo para preparar las intervenciones es limitado.
Chambilla pidió
que los gobiernos locales tengan sus planes aprobados antes de diciembre y
enero, meses en los que, según su previsión, podrían requerirse mayores acciones
frente al déficit hídrico.
También advirtió
que la solución no pasa simplemente por perforar pozos en cualquier lugar. Una
ubicación inadecuada o una concentración excesiva de perforaciones podría
afectar los niveles freáticos, por lo que insistió en que primero deben
realizarse estudios y determinar dónde existe disponibilidad de agua.
Vizcarra pidió
que los alcaldes provinciales y distritales se articulen con el Gobierno
Regional para impulsar una estrategia que incluya proyectos de riego, agua y recuperación
de pastizales en las 13 provincias de Puno.
Dato
La emergencia por déficit hídrico tiene una vigencia de 60 días que culminaría el 10 de octubre. https://evidencia.pe/
LIMA PERÚ
SPDA advierte riesgos ambientales en pedido de facultades legislativas al Congreso
La Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental (SPDA) advirtió riesgos en nueve materias ambientales del proyecto de
ley que pide facultades legislativas al Congreso, presentado por el Poder
Ejecutivo, que encabeza la presidenta Keiko Fujimori, para legislar sin pasar
por el debate parlamentario ordinario.
El pedido abarca, además de lo
ambiental, materia penal, migratoria, tributaria y de seguridad ciudadana,
entre otras; la SPDA centró su revisión en los cambios que tocan recursos
naturales, biodiversidad y derechos de pueblos indígenas.
La SPDA advierte que aplicar el
silencio administrativo positivo —dar por aprobado un trámite si la autoridad
no responde a tiempo— a la evaluación de impacto ambiental eliminaría la
revisión técnica previa que hoy exige el Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA) antes de autorizar un proyecto.
Nueve ejes bajo
la lupa legal
El documento
advierte que extender ese mismo silencio a las opiniones técnicas vinculantes
dejaría sin voz a entidades como el Sernanp o la ANA, pues sus pronunciamientos
especializados quedarían reemplazados por el simple paso del tiempo.
En materia pesquera, la SPDA plantea que la modernización del sector debe enfocarse en unir la información dispersa entre registros, clasificar mejor la flota pesquera y estandarizar los permisos, en lugar de flexibilizar controles existentes.
El informe
también señala un riesgo para los pueblos indígenas: la titulación de sus
tierras, si llega después de una concesión forestal, podría tratarse como un
derecho «posterior» e incompatible, pese a que su posesión ancestral es
anterior en los hechos.
Preocupación por
hidrocarburos y áreas protegidas
La SPDA insiste
en que proteger la vida es un deber reforzado del Estado y cuestiona dar
continuidad a derechos de hidrocarburos ya existentes si eso implica exponer a
pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI) a mayor riesgo de contacto.
La institución
rechaza, además, la idea de reducir áreas naturales protegidas por razones de
necesidad pública, citando el potencial gasífero de la cuenca Madre de Dios,
que se cruza con el Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri.
El análisis
cierra pidiendo al Congreso leer en conjunto el articulado y la exposición de
motivos antes de decidir, y advierte que impulsar turismo u otras actividades
productivas no debe bajar los estándares de protección ambiental ya vigentes.
https://pachamamaradio.org/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
