Jueves, 30 de abril de 2026 – Año XX – Edición 4952
Nueva escala remunerativa para
empresas municipales de agua y saneamiento busca fortalecer la gestión de estos
servicios en beneficio de los ciudadanos
Aplicación de la norma aprobada por la Comisión de Presupuesto no afectará el Tesoro Público, dado que el incremento se financiará mediante los recursos directamente recaudados por dichas empresas.
La Comisión de Presupuesto del Congreso de la República
aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 13896 del congresista
Hector Acuña, que autoriza la actualización de la escala remunerativa para los
trabajadores de las empresas prestadoras de servicios de agua potable y
saneamiento de accionariado municipal (EPM), con el objetivo de fortalecer la
gestión de estas entidades y contribuir a una prestación más eficiente de
servicios básicos para la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos.
La propuesta, aprobada por mayoría, busca atender el
problema de falta de capacidad de estas entidades para atraer y retener cuadros
técnicos calificados, debido a que las escalas remunerativas de las EPM están
congeladas desde hace más de 25 años; dado que las remuneraciones en dichas
entidades no se actualizan desde 1998, lo que afecta la gestión, capacidad
operativa y técnica de las EPM, pese a que su labor resulta clave para la
prestación de servicios esenciales como el agua potable y el saneamiento.
Asimismo, dispone que su implementación se realice con
cargo al presupuesto de cada empresa prestadora, sin comprometer su
sostenibilidad financiera o demandar recursos adicionales del Tesoro Público.
Al respecto, el parlamentario de la bancada Honor y
Democracia, destacó que esta iniciativa fortalecerá la capacidad operativa y
técnica de las empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento
de accionariado municipal en todo el país.
“Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de
las EPM permitirá que estas empresas puedan atraer y retener personal
calificado para una gestión eficiente y, de esa forma, incrementar la calidad,
continuidad y cobertura del servicio de agua potable y saneamiento,” agregó
Acuña Peralta.
El parlamentario de la región La Libertad elaboró el
proyecto de Ley N° 13896 en coordinación con los funcionarios de las empresas
prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento de accionariado
municipal; con quienes se realizaron mesas de trabajo en los meses de febrero
de 2026 y octubre de 2025. En dichos eventos participaron los representantes
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de
Economía y Finanzas, OTASS, ANEPSSA, directivos y gerentes de las EPS
municipales, así como representantes de los trabajadores del sector, quienes
aportaron desde su experiencia técnica e institucional al debate sobre la
necesidad de actualizar la escala salarial de estas empresas.
En ese sentido, la aprobación del dictamen, que acumula los proyectos de Ley N° 13896, N° 14182 y N° 14455; constituye un avance concreto del trabajo legislativo y técnico impulsado desde el despacho del congresista Héctor Acuña, orientado a reducir las brechas salariales y fortalecer la gestión de las empresas de accionariado municipal, cuyo desempeño impacta directamente en la vida de los ciudadanos. https://comunicaciones.congreso.gob.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Más de 20 años sin agua potable: cerca de 15.000 vecinos de Piura reclaman agilizar proyecto integral para acceder a este recurso
Más de 15.000 habitantes del sector Los Polvorines, ubicado
a pocos minutos del centro de Piura, continúan sin acceso al servicio de agua
potable desde hace más de dos décadas. La población se ve obligada a adquirir
el recurso por cuenta propia, mientras el proyecto integral que busca dotar de
agua y alcantarillado a la zona sigue sin concretarse.
El problema involucra a autoridades regionales y locales,
así como al Ministerio de Vivienda, en medio de cuestionamientos por la demora
en la ejecución de la obra. Pese a la construcción de pozos subterráneos en los
últimos años, estos no han logrado cubrir la demanda ni garantizar el
suministro a las familias afectadas.
Pobladores de Los Polvorines continúan
comprando agua ante falta de servicio básico
Ante la ausencia del servicio, los vecinos deben destinar
parte de sus ingresos a la compra de agua, llegando a gastar hasta S/40
semanales en bidones. Quienes cuentan con movilidad pueden trasladarse a zonas
donde el recurso es más accesible, pero gran parte de la población no dispone
de esas facilidades, lo que incrementa su dependencia de proveedores externos.
Además, en temporadas de mayor demanda, como el verano, los
precios tienden a elevarse, lo que agrava la situación. En paralelo, muchos
hogares continúan utilizando sistemas alternativos como silos, debido a la
falta de infraestructura sanitaria en el sector.
Proyecto integral de agua y
alcantarillado en Piura presenta demoras y observaciones técnicas
El proyecto integral contempla la implementación de pozos
tubulares, reservorios, redes domiciliarias, alcantarillado y una línea de
impulsión hacia la planta de tratamiento de aguas residuales San Martín. Sin
embargo, su avance ha sido lento y aún se encuentra en etapas técnicas
relacionadas con la formulación y revisión del perfil de inversión.
Desde el Gobierno Regional de Piura se indicó que la ejecución no estaría bajo su responsabilidad directa y se señaló a la municipalidad distrital como encargada. No obstante, desde el Ministerio de Vivienda se precisó que la unidad ejecutora corresponde al gobierno regional, el cual viene desarrollando el perfil de preinversión con asistencia técnica y atiende observaciones. Esta falta de consenso entre entidades se suma a la preocupación de los vecinos, quienes temen que los cambios de gestión retrasen aún más la concreción del proyecto. https://larepublica.pe/
Pijuayal y estudiantes retoman bloqueo de carretera por derrame y falta de atención estatal
La comunidad awajún de Pijuayal,
en el distrito de Manseriche, provincia del Datem del Marañón, retomó este
martes el bloqueo de la carretera Saramiriza–Bagua, en protesta por la falta de
atención del Estado frente a las consecuencias de un derrame de petróleo
ocurrido en marzo de 2025.
La medida de fuerza es
acompañada por estudiantes de la residencia local, quienes se sumaron a la
protesta ante las condiciones que enfrentan, especialmente por la falta de
acceso a agua segura en la zona.
Según los dirigentes, la
decisión de retomar el bloqueo se produjo tras agotar los canales de diálogo
con la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, sin obtener respuestas
concretas a sus demandas.
Entre los principales reclamos
se encuentran el abastecimiento de agua potable, el pago a los comuneros que
participaron en las labores de limpieza del derrame y la implementación de
acciones efectivas de remediación ambiental en la zona afectada.
El apu Gil Huajiyat denunció que
el incumplimiento de compromisos por parte de Petroperú y del Gobierno Regional
de Loreto vulnera derechos fundamentales como la salud y la alimentación,
especialmente de los niños y adolescentes.
Asimismo, advirtió que la situación
se agrava con el inicio del año escolar, ya que los estudiantes enfrentan
dificultades para acceder a servicios básicos, lo que afecta directamente su
bienestar y continuidad educativa.
Los dirigentes confirmaron que
la protesta podría intensificarse en las próximas horas, ya que comunidades
cercanas como Belén y Palestina han anunciado que se sumarán a la medida de
fuerza si no se atienden sus demandas.
Finalmente, la población reiteró que no levantará el bloqueo hasta recibir una respuesta concreta por parte del Estado, insistiendo en que no se trata solo de compensaciones económicas, sino de garantizar condiciones mínimas de vida tras un derrame que continúa afectando su entorno. https://diariolaregion.com/
HIDROMUNDO
AySA: el Gobierno aprobó el nuevo contrato de concesión y acelera la privatización de la empresa
El Gobierno aprobó el nuevo
Contrato de Concesión de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), una medida
clave dentro del proceso de privatización de la compañía que presta el servicio
de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte
del conurbano bonaerense.
La decisión fue formalizada por
el Ministerio de Economía mediante la Resolución 543/2026, publicada este
martes en el Boletín Oficial, que aprueba el modelo de contrato entre el Estado
Nacional y AySA para la prestación del servicio público de agua potable y
recolección de desagües cloacales bajo el nuevo marco regulatorio.
El área de
prestación alcanza a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 26 partidos
bonaerenses: Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar,
Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La
Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón,
Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre,
Tres de Febrero y Vicente López. También contempla la recepción de efluentes
cloacales en bloque en Berazategui.
Según se
informó, el nuevo contrato busca ordenar y actualizar las condiciones bajo las
cuales AySA presta el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde
alcanza a más de 15 millones de personas. El esquema tendrá una duración de 30
años, con posibilidad de extenderse por 10 años adicionales, y apunta a
transformar en regla permanente el sendero de sustentabilidad operativa que la
compañía asegura haber iniciado desde 2024, cuando redujo su déficit y pasó a
cubrir sus costos operativos con ingresos tarifarios, sin subsidios del Tesoro.
El punto central
del nuevo modelo es que la concesionaria deberá elaborar un Plan de Acción cada
cinco años, con metas de mantenimiento, mejora y expansión del servicio. La
resolución oficial establece que AySA deberá cumplir el Plan de Acción de
Transición 2024-2026 y trasladar al primer ciclo tarifario, que irá de enero de
2027 a diciembre de 2031, las obligaciones y metas cuya ejecución exceda ese
plazo.
Tarifas, obras y
equilibrio económico
El nuevo
contrato se apoya en tres ejes:
1) cumplimiento
de metas,
2) equilibrio económico-financiero y
3) compromiso de
inversiones.
En términos
prácticos, esto implica que la empresa deberá sostener la prestación del
servicio, ejecutar obras de mantenimiento y expansión, y hacerlo dentro de un
régimen económico que permita cubrir costos operativos, inversiones y
remuneración de la gestión.
El marco
regulatorio vigente establece que el equilibrio económico-financiero se alcanza
cuando precios, tarifas y subsidios aplicables cubren costos operativos
razonables y eficientes, tributos, inversiones de mantenimiento y expansión, y
una rentabilidad equivalente al costo de capital. También prevé que el ERAS
realice revisiones tarifarias ordinarias y extraordinarias para preservar ese
equilibrio.
A diferencia de
los esquemas anteriores, las revisiones ordinarias no serán anuales, sino que
se realizarán en períodos de hasta cinco años. Además, el régimen contempla
mecanismos de actualización automática en plazos no mayores a tres meses para
reconocer el efecto de la inflación y mantener en términos reales las tarifas
fijadas en cada revisión.
En paralelo, el
contrato incorpora mecanismos de control, auditoría y sanciones. El marco
regulatorio asigna al ERAS el seguimiento de las inversiones, la evaluación del
cumplimiento de metas y la aplicación de apercibimientos o multas ante
incumplimientos. También prevé que las sanciones no eximan a la concesionaria
de cumplir sus obligaciones.
Un paso clave
antes de la privatización
La aprobación
del contrato es una pieza central del proceso de privatización de AySA. La Ley
Bases declaró a la empresa “sujeta a privatización” y encomendó al Poder
Ejecutivo avanzar con ese proceso bajo principios de transparencia, competencia,
máxima concurrencia, eficiencia, publicidad y difusión.
Luego, el
Decreto 494/2025 autorizó el procedimiento para la privatización de AySA e
instruyó al Ministerio de Economía a concretar la venta de al menos el 51% del
paquete accionario a un operador estratégico, mediante licitación pública
nacional e internacional. El remanente de las acciones estatales podrá ser
colocado en bolsas y mercados del país.
En ese contexto,
el Gobierno busca que el nuevo contrato brinde previsibilidad jurídica y económica
a los futuros inversores. La resolución sostiene que el proceso no debe
limitarse a una transferencia accionaria, sino que debe implicar una
transformación del servicio, con derechos y obligaciones más claros entre el
concedente y la concesionaria.
“La aprobación de este nuevo contrato representa un paso decisivo en la transformación de AySA y ordena el marco bajo el cual se desarrollará el proceso de privatización”, señaló Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, según el comunicado difundido por la compañía.
El objetivo
oficial es atraer operadores e inversores con capacidad técnica y financiera,
garantizar la continuidad del servicio y avanzar en la expansión de la
cobertura de agua potable y cloacas en el AMBA. Según AySA, el 10% del paquete
accionario permanecerá en manos de los trabajadores.
Qué cambia con
el nuevo contrato de AySA
Plazo: 30 años,
con opción a 10 años adicionales.
Planificación:
Plan de Acción cada cinco años.
Tarifas:
revisiones quinquenales, con mecanismos de actualización.
Obras: metas de
mantenimiento, mejora y expansión del servicio.
Control: mayor
intervención del ERAS y APLA, con auditorías y sanciones.
Privatización:
paso previo a la licitación del paquete accionario mayoritario. https://www.perfil.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
