Martes, 17 de noviembre de 2026 – Año XXI – Edición 5088
Ministro Shinno fue gerente de Apuyamo e impulsó la mina Crespo que hoy contamina el río Santo Tomás
A más de 5 mil metros sobre el nivel del mar, en las faldas
del Apu Curasma, en la Cordillera Huanzo, territorio de la comunidad campesina
de Ccollpa Ccasahui, distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas
(Cusco), late uno de los conflictos socioambientales más tensos del sur andino.
Allí se levanta el yacimiento aurífero Crespo, un depósito epitermal diseminado
de alta sulfuración asentado en una zona considerada por los pobladores como
cabecera de cuenca.
Aunque la Ley de Protección de Glaciares y Ecosistemas de
Montaña y el artículo 66 de la Constitución prohíben cualquier actividad que
desaparezca glaciares, el proyecto minero que impulsa el grupo empresarial Apumayo,
del que fue gerente general el actual ministro de Energía y Minas, Guillermo
Shinno Huamaní, ha seguido avanzando sin mayores contratiempos.
Sin embargo, las denuncias locales apuntan a que el
proyecto fue autorizado sin estudios hidrogeológicos, sin una evaluación
completa de riesgos por drenaje ácido, con omisiones en su Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), irregularidades en la participación ciudadana y sin respetar
el derecho a la consulta previa del Convenio 169 de la OIT.
El rastro político y empresarial
Para entender cómo este proyecto echó andar en lo más
alto de Cusco, hay que retroceder unos años atrás siguiendo el rastro para
llegar al origen. El yacimiento Crespo fue impulsado originalmente por la
Compañía Minera Ares SAC (de Hochschild Mining) y recibió luz verde del
Ministerio de Energía y Minas (Minem) el 12 de julio de 2013 mediante la
Resolución Directoral Nº 247-2013-MEM/AAM. En aquel entonces, el actual
ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, era viceministro de
Minas —cargo que ejerció entre los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Pablo
Kuczynski—, tras haber pasado por la gerencia de fiscalización minera en
Osinergmin (2007-2011) y la dirección general de Minería (2011-2012).
La coincidencia cobra otro matiz al revisar su paso
por el sector privado. Entre noviembre de 2019 y marzo de 2026 —apenas meses
antes de asumir el ministerio—, Shinno fue gerente general corporativo de la
minera Apumayo. Precisamente en abril de 2024, el Grupo Apumayo (mediante Kina
Mining Peru SAC) le compró el proyecto Crespo a Minera Ares.
Tras aquella compra en 2024, el propio Shinno
explicaba entusiasmado los planes de arranque. “En el caso de Crespo, es un
proyecto de Hochschild que ya tenía todos los permisos, hasta permisos para
iniciar la construcción del proyecto. Y eso es lo que hemos hecho, una vez que
nos pusimos de acuerdo en la adquisición del proyecto, hemos empezado con la
construcción del mismo, ya esperamos terminar la construcción a febrero del
próximo año, y algunos permisos que tomarán meses más”, dijo.
Sin embargo, en 2025 el tono ya dejaba ver las
fricciones en el territorio. “Tenemos problemas. Hay retos por solucionar con
las comunidades para hacerles entender que podríamos encontrar yacimientos que
daría frutos para ellos. Por otro lado, están los permisos propios de los
ministerios que deberían hacerlos lo más ágiles que se puedan”, declaró según
consta en una publicación de Rumbo Minero.
Temor por glaciares y río Santo Tomás
Lo que para la empresa eran trámites burocráticos por
agilizar, para las familias de Ccollpa Ccasahui y el vecino distrito de Llusco
se convirtió en una amenaza directa a su supervivencia. Un informe técnico del
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña
(INAIGEM), solicitado por la propia comunidad, confirmó la presencia de hielo
macizo, permafrost y glaciares rocosos o fósiles hasta en seis puntos del cerro
Curasma. Estas formaciones actúan como esponjas naturales que regulan el ciclo
del agua, almacenándola y liberándola poco a poco hacia las zonas bajas.
El mayor temor de la población es que la lixiviación
con cianuro contamine la cuenca del río Santo Tomás, de la cual dependen más de
18 comunidades para beber, regar sus cultivos y alimentar su ganado. Situación
que se complica aún más, por la declaratoria de emergencia por peligro
inminente de déficit hídrico en Cusco.
Ampliación exprés e inacción estatal
Lejos de calmar las aguas, en septiembre de este año,
el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (Senace) aprobó el segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de
la minera. Con esta acción, está avalando una inversión de US$ 47.7 millones
para ampliar su capacidad de explotación y procesamiento. A esto se suma que la
Autoridad Nacional del Agua (ANA), nunca delimitó oficialmente el área como
cabecera de cuenca, dando luz verde a que las operaciones continuaran.
El ingeniero chumbivilcano Edison Ancalla Rayan
cuestiona duramente la legalidad de esa autorización. «De acuerdo con la
normativa del sector Energía y Minas, una modificatoria del estudio ambiental
es obligatoria cuando se intervienen componentes principales, tales como la
ampliación de la zona de producción o de operaciones. No obstante, el Senace
aprobó un segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) que avala precisamente el
incremento en la capacidad de la zona de producción. Esta aprobación representa
una falta muy grave, ya que se utilizó un mecanismo simplificado (ITS) para un
cambio sustancial que, por ley, exigía una modificatoria formal», expresó.
Asimismo, aclaró que en la provincia no existe un
rechazo ciego a la actividad extractiva, sino una defensa técnica del agua.
«Como especialistas y técnicos en la materia, nosotros siempre vamos a estar a
favor de la inversión minera, porque sabemos que trae desarrollo. Pero no
podemos avalar una mina ubicada en la cabecera de cuenca, que pretenda
lixiviar, procesar y cianurar sobre los glaciares y en la naciente del agua;
eso jamás. Tampoco estaremos nunca a favor de empresas con antecedentes de
daños ambientales graves en todo el país. Una minería responsable debe
desarrollarse donde corresponda —por ejemplo, en zonas áridas o desérticas de
la costa—, y no donde discurre el agua que abastece a toda la población aguas
abajo”, explicó Ancalla.
Contratos de papel y licencias cuestionadas
La empresa, por su parte, defiende su permanencia
señalando que tiene todos los permisos en regla y recordando un acuerdo firmado
el 14 de enero de 2013 entre Ares y Ccollpa Ccasahui —ratificado luego por
Crespo—, bajo el cual asegura haber entregado más de 13 millones de soles,
además de comprometer otros 20 millones al iniciar operaciones, becas y empleo
local. Pero Luis Huamaní Fuentes, secretario del Frente de Defensa de
Chumbivilcas (FUDICH), denuncia que ese dinero correspondió únicamente a un
contrato de servidumbre de paso.
Según explica Huamaní, el acuerdo original fue
tergiversado en perjuicio de los comuneros. “Es decir, le pidieron permiso a la
comunidad para usar sus carreteras a cambio de un pago, asegurando que solo
ingresarían para hacer estudios. Pero legalmente, ese acuerdo no autoriza
etapas de exploración ni de explotación; únicamente permite una etapa de cateo.
De eso es precisamente de lo que se han aprovechado en todo el proceso legal,
administrativo y jurídico frente a la comunidad”.
A ello se suma, según el dirigente, un abierto
desacato administrativo. «La minera Crespo sigue sacando lingotes de oro usando
pilas de lixiviación con cianuro, y lo hace con una licencia de agua obtenida
ilegalmente en plena cabecera de cuenca y a espaldas de la población. Nosotros
impugnamos ese permiso y la propia Autoridad Nacional del Agua (ANA) ya emitió
una resolución dándonos la razón y confirmando la ilegalidad. Con ese fallo, la
empresa debería paralizar sus trabajos de inmediato, pero siguen operando como
si nada. Esa es nuestra indignación», puntualizó Huamaní.
Derrames y protestas
El malestar viene acumulándose desde finales de 2024 y
estalló en febrero de 2025, cuando el colapso de una poza de sedimentación
provocó un deslizamiento de lodo hacia la quebrada Ccollpa Cucho y el río Yurac
Cancha, sepultando pastizales, en ese año la minera negó que haya sido su
culpa. A ese episodio le siguieron inspecciones del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA), fugas de aguas residuales sobre bofedales en
septiembre de este año, que nuevamente la empresa no aceptó fueran suyas. Además
de paros bajo el lema “Agua sí, mina no” en Llusco, Quiñota, Colquemarca y
Ccapacmarca, y mesas de diálogo multisectoriales en 2025 y 2026 que terminaron
sin acuerdos vinculantes.
Cansados de esperar respuestas del Ejecutivo, el
presidente del frente de defensa provincial de Chumbivilcas, Víctor Laime
Mantilla, dio a conocer que se realizó a una asamblea para este domingo 15 de
noviembre con miras a definir nuevas medidas de lucha, mientras el conflicto ya
escala en los tribunales.
Cuestiones legales
En septiembre de este año, la Fiscalía Especializada
en Materia Ambiental de Cusco formalizó una investigación preparatoria contra
el gerente general de la minera Crespo, Edgardo Daniel Orderique Luperdi y el
gerente de Medio Ambiente Luis Alberto Espinoza Eslava por presunto delito de
contaminación ambiental.
El expediente recoge pericias forenses, hallazgos del
OEFA y denuncias sustentadas por el abogado asesor Paul Laime. También detalla
excesos de plomo y cadmio en las quebradas Macizo, Yuraccancha y Corasma,
sedimentación turquesa y plomiza en la laguna Curasma, bloques de hielo
removidos con maquinaria pesada y nueve componentes mineros que superaban en
más del 30 % el área autorizada; todo ello bajo el principio de presunción de
inocencia mientras avanza el proceso penal.
El conflicto también escaló hasta la Cámara de
Diputados, donde la parlamentaria Analí Márquez Huanca exigió la paralización
inmediata de la mina. La diputada emplazó al ministro Shinno a acudir a
Chumbivilcas e impulsó el Proyecto de Ley N° 753 para resguardar las fuentes
hídricas del Apu Curasma. Pero, mientras estos trámites avanzan, en las alturas
chumbivilcanas la paciencia se agota. Las comunidades no piden promesas de
desarrollo, sino algo mucho más elemental: que la ley valga lo mismo a cinco
mil metros de altura que en los escritorios de Lima.
DATO
Entre noviembre de 2019 y marzo de 2026 Guillermo
Shino Huamaní fue gerente de Apumayo y en su gestión, en abril de 2024
compraron la Mina Crespo a Minera Ares.
DATO
Minera Crespo SAC explota el oro a tajo abierto con
sistema de lixiviación y circuito cerrado. Su capacidad de procesamiento actual
es de 14 mil 500 toneladas métricas por día.
CIFRA
Más de 15 mil personas corren el riesgo de perder su
suministro de agua debido a la lixiviación y las operaciones mineras.
DATO
El uso de cianuro en minería está prohibido en Alemania, República Checa, Hungría y Eslovaquia por su extrema toxicidad y el riesgo de desastres ambientales irreversibles. https://evidencia.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Pobladores de Cusco exigen frenar proyecto minero Crespo por riesgo hídrico
Las organizaciones sociales de Chumbivilcas, en Cusco,
exigen la paralización preventiva del proyecto minero Crespo por una presunta
afectación a ecosistemas que almacenan y regulan el agua. La intervención de la
empresa en el Apu Curasma, ha generado preocupación entre dirigentes y
comunidades. Advierten que los daños podrían comprometer las fuentes hídricas
que abastecen a la provincia.
El pronunciamiento fue emitido el 15 de noviembre por el
Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas (FUDICH), la Liga
Agraria Arcadio Hurtado Romero, las rondas campesinas y organizaciones de
mujeres. Según información atribuida al Inaigem, en el área efectiva de Crespo
se identificaron seis glaciares rocosos. Dos estarían completamente dentro del
área minera y otros cuatro de manera parcial.
Agua en riesgo
Los dirigentes denuncian que la apertura y construcción de
carreteras vinculadas al proyecto estaría afectando estas formaciones naturales
y zonas de permafrost. La preocupación también alcanza a las cabeceras de
cuenca. Según advierten, los manantiales, quebradas y cursos de agua que
alimentan al río Santo Tomás podrían resultar perjudicados.
El impacto podría extenderse a los distritos de Santo
Tomás, Llusco, Quiñota y Ccapacmarca. Por ello, las organizaciones demandan la
intervención inmediata del Ministerio de Energía y Minas. También solicitan
inspecciones técnicas multidisciplinarias del Inaigem, OEFA y la Autoridad
Nacional del Agua (ANA).
Los representantes comunales exigen la paralización temporal de los trabajos cuestionados, mientras duren las investigaciones. El documento lleva las firmas de dirigentes sociales y agrarios, entre ellos Luis Huamani Fuentes, Percy Negrón Zegarra y Leonidas Molina Pérez. https://evidencia.pe/
EPS Nor Puno entrega agua contaminada a pobladores de Huancané
Más de 18 mil 900 habitantes de
Huancané en Puno están expuestos a un servicio de agua potable con serias
deficiencias. Una inspección de la Contraloría detectó reservorios agrietados,
tuberías con fugas y estructuras oxidadas. Las condiciones de la
infraestructura administrada por la Empresa Prestadora de Servicios de
Saneamiento (EPS) Nor Puno SA generan preocupación por la continuidad del
servicio y la salud de las familias.
Según el informe, en el sector
de Cuyuraya el tanque subterráneo de captación presenta fisuras y desgaste que
deja expuesto el acero de refuerzo. Sus tapas metálicas están corroídas y no
cuenta con un cerco que impida el ingreso de animales o agentes contaminantes.
También se encontraron filtraciones en llaves y válvulas oxidadas de la planta
de bombeo, que provocan pérdida de agua.
El panorama continúa en el
reservorio de Pocopaka, con capacidad para 600 metros cúbicos. Su interior
presenta desprendimientos, filtraciones y tapas deterioradas. Además, la cámara
de distribución funciona en un ambiente húmedo, con pisos sin terminar y materiales
almacenados sin relación con el servicio.
Desinfección del agua en alerta
La preparación y dosificación
del hipoclorito de calcio se realiza directamente sobre el suelo, con baldes,
recipientes plásticos y mangueras. Este procedimiento no garantiza condiciones
adecuadas para la potabilización y también expone a riesgos a los trabajadores
que manipulan los químicos.
DATO
El administrador local de la EPS Nor Puno, Luis Alberto Sánchez Guevara, tiene cinco días hábiles para informar qué acciones urgentes adoptarán. https://evidencia.pe/
Contraloría detecta irregularidades de SEDAPAR en distribución de agua potable en camiones cisterna a población que no cuentan con ese servicio
Tres irregularidades fueron detectadas por el órgano de control institucional de SEDAPAR en el servicio de distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna a varios distritos de Arequipa que no cuentan con agua potable en el año 2026, de acuerdo a contrato suscrito entre la empresa del agua potable y el Ministerio de Vivienda de acuerdo al informe de orientación de oficio 028-2026 del 11 de noviembre del 2026.
La primera irregularidad es que SEDAPAR inició y culminó fuera del plazo contractual la prestación del servicio de distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna, encontrándose pendiente el trámite de pago, situación que afectaría la verificación del gasto y el uso eficiente de los recursos transferidos.
El informe señala que SEDAPAR ha incumplido la Resolución Ministerial 357-2025-Vivienda del año 2025, el Convenio 46-2026/Vivienda/PNSU y SEDAPAR suscrito el 28 de mayo del 2026, etc. El plan suscrito fue cumplido en forma extemporánea y debió beneficiar a 21,341 habitantes agrupados en los distritos de Cerro Colorado, Cayma, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, Characato, Hunter y Socabaya por un costo total de 61,106 soles.
La segunda irregularidad es que SEDAPAR no implementó los mecanismos de validación de beneficiarios y acreditación de la entrega del agua potable, ni los registros de control y de geolocalización comprometidos ante el Programa Nacional de Saneamiento Urbano que impediría verificar que el agua financiada fue efectivamente entregada a la población beneficiaría.
La tercera irregularidad es que SEDAPAR no acreditó la documentación de los camiones cisterna ni el monitoreo del cloro residual exigidos para la distribución gratuita de agua potable, situación que impediría verificar las condiciones en que se ejecutó la prestación.
La jefa del Órgano de Control
Institucional de SEDAPAR, mediante oficio dirigido al presidente del
directorio, Marco Falconi, le concede cinco días de plazo para que informe a
dicho organismo las medidas preventivas ante las situaciones adversas
detectadas con la documentación correspondiente. https://arequipamistipress.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
























