Viernes, 18 de setiembre de 2026 – Año XXI – Edición 5047
Trabajadores de Seda Huánuco
protestan exigiendo destitución de funcionarios
Con un plantón en las instalaciones de la empresa Seda
Huánuco, el Sindicato de Trabajadores inició una medida de protesta para exigir
al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento
(OTASS) el retiro de la plana gerencial. Pedro Beteta Tarazona, secretario
general del gremio, advirtió que las protestas escalarán a un paro regional de
48 horas programado para el próximo 13 de octubre.
La dirigencia sindical formalizó el pedido de remoción de
funcionarios designados por la entidad administradora, entre ellos del gerente
general Mirko Jurado Dueñas, la gerente Operacional, Analyn García Torres, el
gerente Comercial Carlos Sánchez Esquives, el administrador Miguel Castello
Gonzales; además de Romina Sánchez Tapia, gerente de ingeniería y la asesora
legal Gabriela Cevallos Portugal.
Entre las razones del reclamo, Beteta señaló deficiencias
en la prestación del servicio de agua potable y presuntas irregularidades
administrativas en la adquisición de indumentaria para el personal. «Hemos
detectado la adquisición de uniformes sobrevalorados», afirmó el dirigente.
Asimismo, el gremio denunció atropellos laborales,
modificaciones arbitrarias en los horarios de trabajo, demoras en el pago de
beneficios sociales y el retraso continuo en la construcción del local central.
Respecto al estado técnico de la empresa, el sindicato
cuestionó que el canal de conducción de agua —con más de 60 años de antigüedad—
sufrió un colapso hace más de tres meses y hasta la fecha solo funciona
mediante parches provisionales de tuberías sin una solución definitiva.
Dijo que la medida de fuerza abarca a un promedio de 150
trabajadores distribuidos entre las sedes de Huánuco, Tingo María y Aucayacu.
Los manifestantes exigen que la directiva de OTASS designe
a profesionales de la misma región huanuqueña para dirigir la empresa. De no
recibir una respuesta favorable, el sindicato evalúa sumar a la protesta a
otros gremios como Construcción Civil y la Central General de Trabajadores del
Perú (CGTP). https://tudiariohuanuco.pe/
COMIPOS advierte posibles incumplimientos técnicos en obra de
agua y desagüe en Laguna Temporal
El coordinador general de la Comisión Multisectorial del
Proyecto Integral de Agua y Desagüe (COMIPOS), Crisóstomo Benique Apaza,
informó que vecinos del sector Laguna Temporal, en Juliaca, han expresado su
preocupación por un presunto incumplimiento de aspectos técnicos durante la
ejecución de la segunda etapa del Proyecto Integral de Agua y Desagüe.
Benique señaló que las quejas están relacionadas con una
posible incongruencia entre lo establecido en el expediente técnico y lo que se
viene ejecutando en la zona. Precisó que, de comprobarse que los trabajos no se
ajustan al proyecto aprobado, podrían generarse problemas en el sistema de agua
y alcantarillado.
Explicó que el sistema contempla que el agua llegue a
Juliaca por gravedad desde la estación Maravillas, ubicada a unos 48
kilómetros, por lo que consideró fundamental que se respeten las
especificaciones técnicas previstas en el proyecto.
Ante las denuncias, el dirigente anunció que acudirá
personalmente a Laguna Temporal para conocer la situación y recoger las
observaciones de los vecinos. Asimismo, indicó que trasladará estas
preocupaciones al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que
se tenga conocimiento de los cuestionamientos formulados por la población.
El coordinador de COMIPOS también sostuvo que la
responsabilidad de verificar el cumplimiento del expediente técnico corresponde
a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) y a la PMO, encargada de la
supervisión. “Nosotros solamente somos un ente vigilante”, señaló.
Benique cuestionó además que tanto la UCP como la PMO
no hayan convocado a COMIPOS para informar sobre las observaciones planteadas
por la población. Consideró que las autoridades y responsables de la obra deben
escuchar las denuncias vecinales y brindar las explicaciones correspondientes.
Según el dirigente, las preocupaciones no se limitan a
Laguna Temporal, sino que también existen observaciones en otras urbanizaciones
comprendidas en la segunda etapa del proyecto.
Finalmente, recordó los problemas registrados
anteriormente con el componente de drenaje, señalando que una eventual
paralización de los trabajos por falta de atención oportuna a las observaciones
podría generar nuevas dificultades para la ciudad de Juliaca. https://www.ladecana.pe/
Perú: en la cuenca del Madre de Dios,
la minería dejó pueblos indígenas rodeados de agua que no pueden beber
“La gente piensa que como
vivimos en la selva tenemos bastante agua. Y la realidad es esta”, se apura en
decir Erick Aguirre Tijé, poblador indígena harakmbut de la Amazonía sur de
Perú, mientras apunta con el dedo índice al agua turbia que corre por el río
Inambari. Erick lleva el apellido de la familia que fundó la comunidad indígena
Arazaire a orillas del río, uno de los que alimentan la cuenca del Madre de
Dios y luego el gran Amazonas, y ha sido testigo de cómo ese territorio se ha
ido transformando desde el 2010.
Recuerda, por ejemplo, que hace
cinco años era usual ver a los peque-peque —embarcaciones artesanales de
madera— surcando el río y llevando gente, así como las atarrayas aterrizando en
el espejo de agua para pescar sábalos y zúngaros (un tipo de bagre). También a
las familias que disfrutaban viendo a los niños nadar, las señoras que bajaban
a recoger agua o los hombres que tomaban el sol para sacudirse el cansancio.
Esa fotografía ha cambiado y ahora es una fábula para su primo Santiago, quien
tiene esos mismos cinco años que han pasado desde esa nueva normalidad.
Para llegar al Inambari hay que
abrir camino. Erick Aguirre, acompañado del pequeño Santiago, avanza con un
machete en mano cortando las lianas que han crecido luego de un año de no ir a
la zona. “Es que ya no usamos el río”, dice resignado. A un kilómetro de
distancia se oye su rugir. Sigue presente en sus vidas, aunque ya no es parte
de ellas. Solo queda el recuerdo de ese río que encandiló hace más de 50 años
atrás a su abuelo José Tijé y que lo convenció de asentar allí a su pueblo
harakmbut.
Elda Gutiérrez, madre de
Santiago, le pide que no tome agua del río ni de las quebradas durante la
caminata. Que mejor lleve una botella de agua que han comprado. “Hasta hace
cinco años podíamos caminar más de 3 kilómetros hasta la quebrada de
Buenqueme”, cuenta Ruth Tijé, comunera de Arazaire, describiendo uno de los
puntos que usaban para hidratarse. Se refiere a un caño de agua que se puede
ver desde la Carretera Interoceánica que se trazó entre el sur del Perú y el
estado brasileño de Acre, que pasa muy cerca de la comunidad. “Ahora es puro
lodo de la minería”, dice la lideresa indígena.
En Arazaire y el
resto de comunidades asentadas a lo largo del Inambari, la turbidez del agua se
atribuye a la minería. Es responsable de la contaminación, del cambio del cauce
por la cantidad de sedimento removido en la extracción de oro y también del
desvío del río para facilitar el trabajo a los mineros ilegales que operan del
otro lado de la orilla. La erosión, aseguran, devora sin piedad las tierras
indígenas.
“Cada vez es más
chico el territorio de Arazaire porque el caudal ha erosionado las tierras de
la comunidad”, agrega Tijé. “Ya como 300, 500 metros se llevó. Antes estaba
lejos [el río], ahora está cerca”. Esa proximidad no los favorece, no solo por
el riesgo de inundaciones sino también porque no pueden disponer más de esa
agua cargada de lodo. Los datos confirman su temor. Un análisis realizado por
Mongabay Latam, a través de la plataforma Google Earth, confirma que 13.5
hectáreas fueron arrasadas entre el 2012 y el 2025.
Esto los llevó a
buscar otras fuentes de agua limpia, como la quebrada Buenqueme. Al poco
tiempo, narran los comuneros, allí también empezó a llegar sucia y tuvieron que
ir más lejos, a otras quebradas, en busca de agua limpia. Pero la contaminación
minera también las alcanzó.
“Lo que sucede
río arriba, se sufre abajo”, resume el problema Ruth Tijé.
¿Cómo entender
la paradoja de una comunidad que vive rodeada de agua, pero no puede usarla?
¿Cuánto ha cambiado el río Inambari y toda la cuenca de Madre de Dios en los
últimos años? Las imágenes satelitales muestran esa contradicción: una zona con
más superficie de agua que hace veinte años, pero que ha crecido a costa de la
aparición de pozas asociadas a la minería y de parches de deforestación.
Periodistas de
Mongabay Latam, El Espectador y del Correo del Caroní analizaron los cambios
que han afectado al Madre de Dios en las últimas dos décadas y a otros tres
ríos amazónicos, con apoyo de científicos de MapBiomas y del programa de
formación en ecología cuantitativa del Instituto Serrapilheira de Brasil. Lo hicieron
como parte de la investigación Aguas Partidas, que coordinó el Centro
Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con ocho medios
de la región.
En total, esta
alianza periodística analizó 722 microcuencas de cuatro países —el 63 % de
ellas territorio de al menos 74 pueblos indígenas— usando el análisis por
microcuencas de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada
(RAISG), a partir de datos de la plataforma MapBiomas Agua.
Los resultados
son contundentes. En Bolivia, las microcuencas con minería ilegal ganaron 21.5
% de superficie de agua en 25 años, mientras que las que no tienen ninguna
perdieron 17.2 %. En Venezuela, la superficie total de agua de los 98 ríos
afluentes y los embalses en el Caroní cayó un 5.8 %, según datos de MapBiomas
Venezuela. Dado que más de tres cuartas partes del agua del Caroní está
contenida por tres grandes centrales hidroeléctricas (Guri, Macagua y
Caruachi), ese hecho enmascara una pérdida de agua significativamente más
grande en los ríos.
En Colombia,
donde la deforestación por ganadería es la presión dominante, hay microcuencas
donde la deforestación acumulada cubre más de la mitad del territorio, y las
más deforestadas también pierden agua. Y en las cuatro cuencas se repite un
patrón más fino: una de cada seis microcuencas pierde agua natural y gana agua
artificial al mismo tiempo, en el mismo lugar; de cada cinco hectáreas de esa
agua artificial, más de cuatro aparecen en territorio indígena.
En el caso
peruano, en la gran cuenca del Madre de Dios, se analizaron 84 de las 155
microcuencas que lo componen. En 45 de ellas se ha registrado un incremento de
agua artificial, y la casi totalidad de esa agua nueva se concentra en las
microcuencas con presencia de minería legal e ilegal: entre 2000 y 2023 la
superficie de agua artificial de la cuenca se multiplicó casi por doce —de 1224
a 14 418 hectáreas—, y el 99.7 % de esa agua está en las 45 microcuencas donde
hay minería registrada; en las 39 que no la tienen, apenas llega a 38
hectáreas. Solo tres microcuencas —entre ellas la de Arazaire, sobre el río
Inambari— concentran el 81 % de toda esa agua nueva. 41 de esas 84 microcuencas
se solapan, además, con territorios indígenas de 14 pueblos distintos: no es
que haya más agua, es que aparecieron pozas donde antes no había nada. Casi
toda el agua artificial nueva de Madre de Dios apareció en territorio indígena.
En esas
microcuencas, la minería ilegal ocupa en promedio 10.3 % del territorio, frente
a apenas 0.4 % donde no hay territorio indígena de por medio, según el análisis
científico realizado para esta investigación. Y cuanto más territorio indígena
tiene una microcuenca, más agua antrópica registra, según el modelo estadístico
del proyecto. Las comunidades no están protegidas de la minería, sino que están
rodeadas.
Por esas pozas
justamente sobresale Arazaire, una comunidad indígena invadida por
retroexcavadoras, dragas y contaminación, donde El Estado peruano ha otorgado
11 concesiones mineras tituladas y activas que se superponen al territorio de
Arazaire. Y son 153 las que afectan a ocho comunidades indígenas de Madre de
Dios, sobre 12 768 hectáreas de territorio comunal, según una investigación
publicada en marzo de 2026 por Mongabay Latam. Amazon Mining Watch, una
plataforma que rastrea la minería en la Amazonía con inteligencia artificial
sobre imágenes satelitales, revela la dimensión del daño en el propio
territorio de la comunidad. Hasta mediados de 2026, la minería habría afectado
688 hectáreas dentro de este territorio, una cifra que ha crecido desde 2018,
según los datos de la plataforma. Además, se calcula que el 85 % de esa
actividad ocurre fuera de cualquier concesión, en zonas sin autorización para
minar. Es decir, la mayor parte de la minería que carcome a Arazaire es
presuntamente ilegal.
El problema de
fondo es legal. Según César Ipenza, abogado ambientalista y vocero del
Observatorio de Minería Ilegal, no existe una prohibición expresa que impida al
Estado otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autoriza bajo el
argumento de que el título no es un permiso de explotación, pues para eso hacen
falta permisos ambientales adicionales. El problema legal radica en que las
concesiones sobre cuerpos de agua se solicitan para reservar el subsuelo, pero
en la práctica se usan como escudo para ingresar al Reinfo. El Registro
Integral de Formalización Minera (Reinfo) es un padrón creado en 2016 para
regularizar a los pequeños mineros, otorgándoles una exención de
responsabilidad penal mientras dura el trámite, cuyo plazo de vencimiento se ha
aplazado cinco veces en estos diez años. Esto facilita operar sin permisos y
usar el título para confundir a las comunidades, mientras las dragas prohibidas
continúan operando en los ríos.
«Los mineros
sorprenden a las comunidades indígenas, pues usan el título de la concesión
para afirmar que el Estado les dio ese derecho», explica en la misma
investigación de Mongabay Latam. A eso se suma que las dragas, la maquinaria
con que se extrae el oro de los cauces, están prohibidas en los ríos desde
2012, y aun así operan dentro de concesiones tituladas del Inambari.
Arazaire ya
vivió en carne propia ese vacío. En 2025, sus comuneros encontraron una
excavadora operando dentro de su territorio titulado, la detuvieron y la
denunciaron ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) en Madre
de Dios. A los pocos días, el Estado ordenó devolverla. «Los 200 000 soles (60
000 dólares) que vale esa máquina cuestan más que nuestras vidas», resume la
dirigencia de la comunidad, quienes prefieren no ser nombrados por seguridad.
Lo que ocurrió después con ese caso terminaría de mostrar de qué lado se
inclina la balanza.
El agua que no
pueden beber
En Arazaire, el
agua se compra. La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes
(Fenamad), que agrupa a 38 comunidades de siete pueblos indígenas de la región,
confirmó a Mongabay Latam que dos terceras partes de esos 38 poblados indígenas
de la región pagan por el agua.
“No va a tardar
mucho para que el agua cueste más que el petróleo», dice Eusebio Ríos,
vicepresidente de Fenamad y líder del pueblo harakmbut.
Según pobladores
que dependen de ese servicio, cada tanque contiene 1100 litros y cuesta 70
soles (alrededor de 21 dólares), aunque también hay bidones de 20 litros por
los que pagan 11 soles (alrededor de 3 dólares). «Religiosamente hay que llamar
a la municipalidad para que llene el tanque una vez por semana», dice resignada
Elda Gutiérrez.
La imagen del
lodo que desplazó las aguas cristalinas del Inambari está presente en la
memoria y las conversaciones de los comuneros que viven a orillas de este
afluente. Eusebio Ríos aún recuerda una infancia idílica que tenía al río como
el centro de su vida. «De niños buceábamos, veíamos peces; era algo
maravilloso. Ahora estamos frente a este atropello y frente al riesgo de
exterminio, por el agua que ya no podemos consumir ni en los ríos ni en las
quebradas. Están contaminadas por la minería», dice.
El análisis
realizado por un equipo de científicos del Instituto Serrapilheira —con la
asesoría de los expertos de MapBiomas Agua— le da la razón. Entre 2000 y 2023
aparecieron en distintos tramos de la cuenca del Madre de Dios cerca de 13 mil
hectáreas de superficie de agua artificial o antrópica, otra manera de
referirse a las pozas contaminadas que deja la minería. En 2000, el agua
artificial apenas llegaba al 1 % de este espacio analizado. Dos décadas
después, para 2023, esta fotografía ya llegaba a un 11 %.
Es decir, hoy
una de cada nueve hectáreas de agua detectada en la zona corresponde a pozas
asociadas a la minería. Las imágenes satelitales Sentinel 2 muestran cómo las
áreas más afectadas son justo los espacios donde algunas comunidades aseguran
que no pueden usar el agua, lo que confirman los dirigentes de Fenamad.
Ese salto es más
pronunciado en los territorios del propio pueblo harakmbut —el de Erick, Ruth y
Marcia Tijé—, que en conjunto acumulan más de 12 000 hectáreas de agua
antrópica nueva, más que todos los demás pueblos identificados en la cuenca
juntos.
Estos hallazgos
son consistentes con lo que la ciencia ya ha documentado para Madre de Dios. Un
estudio publicado en Science Advances en 2020 por científicos de la Universidad
de Duke y el Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia) midió la expansión
de las pozas y lagos artificiales creados por la minería aurífera usando
imágenes satelitales de 1985 a 2018.
Encontraron que
en las cuencas más minadas la superficie de esos cuerpos de agua creció un 670
%, mientras que en las cuencas sin minería el aumento fue de apenas 20 %.
También hallaron que esas pozas convierten el mercurio en metilmercurio, su
forma más tóxica, a un ritmo hasta siete veces mayor que los ríos. Aunque los
ríos también realizan esta conversión de forma natural, el agua estancada y sin
oxígeno de las pozas acelera drásticamente el proceso. Es decir, el agua nueva
que aparece no solo es inservible, es más peligrosa que la que reemplazó.
Lo que el
análisis de esta investigación aporta es más actual, hasta 2024, y a otra
escala: no solo el del Madre de Dios, sino cuatro cuencas en cuatro países, con
los mismos patrones: La del Caroní en Venezuela, la del Beni en Bolivia y la
del Caquetá en Colombia.
Carlos Álvarez,
guardia indígena de Arazaire, señala una de las pozas que está dentro del
territorio comunal. A simple vista luce como un hueco que almacena agua
estancada de color marrón oscuro.
—Antes allí se
pescaba bocachico, sábalo, huasaco—, dice.
—¿Y ahora qué
hay en esa agua?
—Lodo, nomás. Ya
no hay vida, no hay nada.
En 23 años, la
superficie de agua artificial del Madre de Dios se multiplicó casi por doce.
Pasó de ocupar 1224 hectáreas a 14 418, según los datos compilados por
MapBiomas. Pero no creció por toda la cuenca, sino donde hay maquinaria. Más
del 99 % está en los ríos donde el satélite ha detectado actividad de minería.
Es decir, en 45 de las 84 microcuencas analizadas se concentra la casi
totalidad del agua artificial nueva. Son más de 13 000 hectáreas, un 40 % de la
extensión total del Santuario Histórico de Machu Picchu. En las 39 restantes,
donde no hay actividad minera registrada, el agua artificial llega a ocupar con
mucho esfuerzo 38 hectáreas.
La mayor parte
del agua artificial detectada —más del 80 %— se concentra sobre todo en tres
microcuencas situadas en tramos de los ríos Colorado, Malinowski e Inambari. En
la comunidad de Arazaire, que está asentada a orillas de la tercera, hoy una de
cada cinco hectáreas de agua es artificial.
Ese sector
específico del Inambari, que atraviesa Arazaire, tiene una extensión de más de
164 000 hectáreas y es una de las más golpeadas de Madre de Dios. Es la que
tiene más terreno concesionado para la minería (81 % del territorio), la
segunda en pérdida de bosque, la tercera con más pozas de agua artificial y la
sexta en cantidad de minería detectada. De hecho, la superficie de agua
artificial en ese tramo creció unas 2615 hectáreas en 23 años.
«Esa zona donde
antes era puro árbol, ahora hay pura poza. Están las aguas removidas que antes
no había. Las quebraditas que antes había, ahora están con relaves”, dice Ruth
Tijé, refiriéndose a lo que sucede en esa zona ubicada en la margen izquierda
del territorio indígena.
Aunque el
satélite puede ver el cambio en la superficie del agua, hay detalles que pueden
pasarse por alto. Joaquín Romualdo, geógrafo experto en teledetección del
Instituto del Bien Común y responsable del análisis hídrico de MapBiomas en
Perú, lo explica así: «Captamos el dato como una fotografía aérea, pero si baja
el nivel del río, eso no lo podemos captar y mucho menos la contaminación». Es
decir, si el río baja de nivel o se llena de sedimentos y mercurio, esa
degradación no queda registrada.
Por eso una
comunidad puede aparecer en los mapas rodeada de más agua que nunca, cuando en
terreno ya está obligada a vivir de espaldas al río. “El agua es lo que más
sufre, el elemento que más sufre al final, además del bosque”, añade Romualdo.
Arazaire, por
ejemplo, vive acorralada por la minería y la deforestación que esta arrastra.
Es uno de los puntos que más destacó el análisis y una historia cuyo impacto
completo solo se puede contar desde el territorio.
Mapas contra el
olvido
Un grupo de
comuneros despliega un mapa sobre la mesa. Están reunidos afuera de la maloca
del centro comunal de Arazaire, el centro ceremonial con techo de hojas de
palma y piso de tierra donde los habitantes se reúnen para tomar las decisiones
más importantes. Juntos revisan el territorio de la comunidad en una imagen
satelital que el equipo de Mongabay Latam les ha compartido. Es su tierra vista
desde arriba, como pocas veces la han observado. Hay marcadores de colores dispersos
en la mesa y la invitación es a que puedan señalar sus principales fuentes de
agua, las rutas que seguían para ir al río y las quebradas a las que solían ir
y a las que no pueden volver más.
El dedo índice
de Beatriz Tijé empieza a recorrer la línea de la Carretera Interoceánica sobre
el mapa. Es ella quien le pone fecha al quiebre. «Desde el 2012 entraron las
máquinas [de la minería] con fuerza por aquí», dice. Fue dos años después de
que se abriera esa vía que redujo el tiempo de viaje de su comunidad a Puerto
Maldonado de un día entero a dos horas y media. La que trajo con la misma facilidad
a los mineros y la deforestación.
La pérdida de
bosque por minería en Madre de Dios creció más de 400% tras la llegada de esa
carretera, según Cincia, una reconocida ONG ambiental que entre otras
actividades viene haciendo seguimiento a la contaminación por mercurio en los
ríos amazónicos. Ese vínculo se confirma en los números de toda la cuenca: la
deforestación es la presión que más se asocia con la aparición de agua
artificial en el conjunto de las cuatro cuencas —porque la tala suele venir de
la mano de la minería, que es la que abre las pozas—. La pérdida de agua
natural, en cambio, no responde a una sola presión.
Marcia Tijé
secunda a Beatriz y empieza a nombrar lo que el agua se llevó. «Íbamos a
Amanatapo arriba, que era un lago. Ahí yo y mi papá íbamos a pescar siempre,
con flecha, hasta el último», dice, señalando un punto al que ya no pueden
volver. Pasaron de cazar y pescar en el río a tener piscigranjas y comprar
alimentos en Mazuko, el centro poblado más grande a 20 minutos de la comunidad.
«Antes era más intercambio. Sembrábamos un producto, el plátano, la yuca; a
veces intercambiábamos con carne, con yuca, con piña, naranja que tenía el
vecino”, dice Ruth Tijé. De forma muy evidente y estruendosa, el paisaje cambió
con la llegada de la maquinaria pesada. Las imágenes satelitales solo confirman
lo que las hermanas Tijé ya saben de memoria.
Marcia Tijé es
quien guarda los relatos de los harakmbut de su comunidad. Eso lo aprendió de
su padre, el patriarca que fundó Arazaire. Muchos de esos mitos se usan para
responder las grandes dudas que algunos tienen sobre las razones por las que
los deslizamientos, según cuentan en la comunidad, son responsables de la
muerte de algunos mineros.
“Ese fue el
‘siquitbe’”, responde Marcia Tijé sin titubeos. Para los harakmbut, el
‘siquitbe’ es una especie de dragón de cinco cabezas que vive bajo el bosque.
“Está a la altura del tramo entre el kilómetro 65 y el 125 de la
Interoceánica”, cuenta. Es un guardián del bosque que está dormido, pero que
puede ser despertado. “Cuando ellos levantan el agua en pozas, cuando cavan
mucho, jalan a la fiera. Hace años hubo una gran inundación en una de las zonas
mineras y se llevó todo, el área minera, los bares, la prostitución. Sólo quedó
piedra, arena y palos”, relata Marcia. Por eso cree que el ‘siquitbe’ no
tardará mucho en volver a aparecer. “Si siguen huequeando por oro, va a volver
a inundar todo y llevarse todo de nuevo”.
La memoria
comunal va a la par de lo que es innegable: la minería que entra con más
fiereza que el ‘siquitbe’. Eso se ve claramente con solo ver a Arazaire y su
historia. Cuando el Estado peruano les tituló el territorio en 1976, varias décadas
después de haberse asentado ellos, se crearon dos espacios geográficos claros y
divididos por el Inambari y sus vertientes. Al lado derecho están las casas,
las chacras (o espacios de cultivo) y las piscigranjas. Y del izquierdo están
las nacientes de las quebradas que alimentan al Inambari, donde cazaban, donde
hacían rituales. “Nadie trabajaba ahí. Todo era verde. Iban a cazar, a buscar
fibra y semillas”, añade Ruth Tijé. Ahora ese espacio está ocupado por minería
legal, es decir, entregado a concesionarios o empresarios privados, y por la
ilegal, según se ha detectado en plataformas como Amazon Mining Watch, donde se
ve actividad minera fuera de los espacios delimitados como concesiones.
La lucha de
Arazaire contra las concesiones no empezó con esta generación. Su fundador, el
líder harakmbut José Tijé Huarao, pidió al Estado la nulidad de las concesiones
que invadían la comunidad desde 1991. La respuesta llegó ocho años después, en
1999. Fue improcedente, porque en esos procesos sólo pueden participar el
titular de la concesión y el Estado, sin la intervención de terceros. Ni la
propia comunidad sobre cuyo territorio se otorgaban los permisos tenía derecho
a opinar. José Tijé murió el 14 de julio de 2020, a los 81 años, por covid. Dos
días después, el 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas formalizó a
algunos de los mineros que operaban dentro de la comunidad que él había
fundado.
Alrededor de la
mesa está también Erick Aguirre Tijé. Escucha atento a sus compañeras, mientras
el mapa empieza a activar su memoria. Cuenta que para llegar al gran caudal del
Inambari solo tenía que cruzar caños angostos que colindaban con el lado
derecho de Arazaire. “Hasta caminando cruzábamos”, dice. Pero entre el 2010 y
el 2012, esa angosta vertiente del Inambari, donde solían pescar y bañarse
tranquilos, se convirtió en un brazo caudaloso del río. “Lo desviaron aguas
arriba para que no dañara la zona minera”, cuenta Marcia Tijé. Esa “zona
minera”, ubicada en el lado izquierdo de Arazaire, era un área sagrada para la
comunidad.
Las imágenes en
Google Earth, que van de 1980 a 2010, le ponen una fecha a los cambios que
narran los comuneros de Arazaire. En 2010, por ejemplo, se ve que el caño que
pasaba por el lado derecho de la comunidad era angosto. Dos años más tarde, en
2012, se observa río arriba de Arazaire como el caudal había empezado a cambiar
y un sector de la comunidad comenzó a erosionarse. Las imágenes satelitales de
2025 confirman que ahora esa erosión se extiende hasta alcanzar unas 13.5
hectáreas.
Marta Torres,
directora nacional de Cincia, señala que este tipo de cambios en el curso se
suelen observar cuando hay minería ilegal aguas arriba. “Ese lodo [que sale de
la actividad minera], mientras avanza, comienza a estabilizarse. Eso implica
que el fondo del río se colmate, los cauces se llenen y pierdan profundidad. Al
perder profundidad, el riesgo de inundaciones es mayor. Cada vez tenemos
inundaciones más agresivas. Y en temporada seca, esa gran cantidad de lodo que
encuentras en el fondo del río, ahora ya lo ves como playas, y comienzan a
cambiar el curso de la vertiente», explica.
Las inundaciones
dejaron su peor huella en Arazaire hace siete años. «El periodo de peor
inundación fue entre el 2019 y 2020, una catástrofe», recuerda Marcia. El agua
sobrepasó los tres metros, añade, llegó hasta las piscigranjas donde criaban
pacos (Piaractus brachypomus) y gamitanas (Colossoma macropomum) y arrasó lo
que encontró a su paso. «Se fueron piscigranjas, cacao, plátano», agrega. Y si
no son las inundaciones, son las sequías, que secan el río y las quebradas «más
que antes».
Esa oscilación,
entre el agua que sobra y la que falta, no es solo local. Los datos de
MapBiomas Água muestran que, en toda la Amazonía peruana, las temporadas
húmedas y secas son cada vez más extremas – parte de lo que los científicos
llaman la intensificación del ciclo hidrológico. En el año 2000, por ejemplo,
las imágenes satelitales mostraban que el área que ocupaba el río Inambari era
de unas 20 000 hectáreas. En el 2025, esa superficie se expandió hasta alcanzar
las 30 000 hectáreas. «Es una causa directa del cambio climático. Los meses
húmedos están siendo más húmedos, y los secos, más secos», explica Joaquín
Romualdo, de MapBiomas Agua Perú. Desde 2019, además, la superficie de agua de
la Amazonía viene disminuyendo año a año, hasta tocar un punto crítico en 2024.
En 2025 hubo una leve recuperación, pero sin volver a los niveles de antes.
A la par, lo que
sucede en la margen izquierda de la comunidad es otra tragedia. Según la
plataforma Global Nature Watch, entre el 2001 y el 2025, se perdieron 530
hectáreas de bosque, casi la mitad de la vegetación que existía en ese sector.
Waldo
Lavado-Casimiro, subdirector de hidrología aplicada del Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología (Senamhi), reconoce el peso del clima, pero aclara
que en un territorio tan golpeado por la minería este no es la causa única del
problema, sino un agravante que acelera lo que la actividad humana ya ocasionó.
«Probablemente, como escala macro no se nota mucho a detalle, pero ellos ya lo
sienten», explica.
Lavado confirma,
además, la paradoja desde la hidrología. Los sedimentos de la minería, dice,
«hacen mucho para que no parezca que falta agua», porque llenan de lodo el
cauce y lo desbordan. «Aparentemente parece que no falta agua o que hay mucha
agua, pero el tema es ver qué tipo de agua es», añade. Un estudio del que es
coautor con un equipo de científicos peruanos y franceses mostró que, al
perderse el bosque, el agua deja de infiltrarse y escurre por la superficie. En
el Inambari, el más afectado de Madre de Dios, la escorrentía podría aumentar
hasta 187 % al año, según la estimación del modelo hidrológico. Eso, explica
Lavado, multiplica el arrastre de lodo y el riesgo de crecidas.
El monitoreo
científico del agua en Madre de Dios llegó tarde. Aunque el Senamhi ha
expandido recientemente su red sumando nuevas estaciones automáticas —como las
de Billinghurst y Tambopata—, la base de datos histórica es alarmantemente
joven. El punto de control clave en el río Inambari, por ejemplo, apenas
acumula unos años de registros. «El récord aún es corto», admite Waldo Lavado,
especialista de la institución. Y lo es porque la ciencia exige al menos 30
años de datos continuos para identificar una tendencia climática real.
En una de las
regiones más transformadas por la minería y la deforestación en el país, la
memoria estadística del agua recién se está empezando a escribir. https://es.mongabay.com/
El científico más influyente en
glaciares tropicales propone crear un parque nacional para proteger el
Quelccaya
El reconocido científico
estadounidense Lonnie Thompson, uno de los científicos climáticos más
influyentes del mundo y pionero en el estudio de los glaciares tropicales,
propuso crear el Parque Nacional Quelccaya con el fin de proteger este
importante ecosistema de montaña y otros glaciares de la cordillera Vilcanota,
ubicada entre Cusco y Puno.
Thompson, quien investiga el
Quelccaya desde 1974, planteó esta propuesta debido a la importancia de este
ecosistema y la preocupación que existe respecto al acelerado retroceso del
glaciar por el cambio climático y los impactos ocasionados por actividades
humanas, como la minería.
Además de su valor científico, el
glaciar también cumple un papel fundamental en la regulación hídrica de los
ecosistemas, poblaciones altoandinas y las zonas urbanas. Sus aguas alimentan a
comunidades y actividades productivas de Cusco y Puno, entre ellas la
agricultura y ganadería, además de ser fuente importante para el agua potable.
Por estas características, el
Quelccaya y su área de influencia (503 mil hectáreas, según la propuesta) es
uno es uno de los paisajes de montaña más significativos desde el punto de
vista científico, ecológico y cultural del hemisferio occidental, y uno de los
principales laboratorios naturales para estudiar el cambio climático.
Amenazas
documentadas
Un estudio
reciente del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de
Montaña (Inaigem) reveló que el Quelccaya ha perdido el 58 % de su superficie
en los últimos 40 años. Es decir, pasó de 100 a 42 km2. Además, la tasa de
retroceso se aceleró un 50 % en la última década.
En conversación
con Actualidad Ambiental, Lonnie Thompson afirmó que la “amenaza más grave e
irreversible del Quelccaya es el cambio climático, que está acelerando el
retroceso glaciar y alterando los sistemas hídricos que sostienen a las
comunidades, los ecosistemas y las actividades económicas río abajo”.
Asimismo, agregó
que “la zona también enfrenta presiones como la minería, el turismo no regulado
y una capacidad institucional limitada para el monitoreo y la fiscalización
ambiental. Estas presiones están interconectadas: a medida que los glaciares se
reducen y la disponibilidad de agua se vuelve más variable, tanto los sistemas
sociales como los ecológicos se vuelven más vulnerables a presiones
adicionales”.
¿Por qué un
parque nacional?
En el Perú
existen nueve categorías definitivas para las áreas naturales protegidas (ANP):
parques nacionales, santuarios nacionales, santuarios históricos, reservas
nacionales, refugios de vida silvestre, reservas paisajísticas, reservas
comunales, bosques de protección y cotos de caza.
Las tres
primeras son de uso indirecto, por lo que priorizan la conservación y no
permiten la extracción de recursos naturales ni la modificación del ambiente;
las seis restantes son de uso directo, lo que permite, bajo determinadas
condiciones y planes de manejo, el aprovechamiento sostenible de recursos.
Para el caso del
Quelccaya y su área de influencia, Thompson señala que eligieron proponer esta
categoría “debido a la importancia excepcional de la zona a nivel nacional. Sus
glaciares, cuencas hidrográficas, ecosistemas, biodiversidad y paisajes
culturales trascienden una preocupación exclusivamente local o regional y
tienen relevancia para el patrimonio ambiental y la seguridad hídrica del Perú
en su conjunto”.
“Un parque
nacional también ofrece un marco institucional más sólido y duradero, con
reconocimiento a nivel nacional, capacidad de gestión dedicada y mayores
oportunidades para coordinar la conservación, la investigación científica, la
educación ambiental y la adaptación al cambio climático”, recalca.
Una propuesta en
ruta
El científico
señala que la iniciativa para establecer un nuevo parque nacional ya ha sido
compartida con varias entidades estatales, incluyendo funcionarios del
Ministerio del Ambiente (Minam), Autoridad Nacional del Agua (ANA), Ministerio
de Energía y Minas (Minem), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Sernanp) y autoridades nacionales y regionales.
“Nuestro
objetivo ha sido abrir un diálogo constructivo sobre la base científica de la
propuesta, su valor para la conservación y sus posibles beneficios para las
comunidades locales”, asegura y agrega que hasta el momento “la respuesta ha sido
alentadora: existe un amplio reconocimiento de la importancia ambiental de la
zona, particularmente dados sus glaciares, fuentes de agua, biodiversidad y
paisajes culturales”.
Thompson es
consciente de que el proceso de establecimiento “es un proceso institucional
extenso que requiere coordinación entre múltiples entidades públicas,
evaluaciones técnicas rigurosas y una participación significativa de las
poblaciones locales. Seguimos buscando orientación sobre el camino más adecuado
a seguir”.
Presencia de
comunidades
De acuerdo a la
propuesta para establecer el área protegida, en la zona de influencia existen
74 polígonos de comunidades indígenas y campesinas que ocupan 319 069 hectáreas
(63 % del área total), además contiene 101 sitios arqueológicos, el Santuario
Religioso de Qoyllur Riti, 175 monumentos prehispánicos, dos zonas de
agrobiodiversidad reconocidas oficialmente (Marcapata Collana y Collasuyo) y 22
áreas oficiales de manejo de vicuñas (DEMA).
En el caso de
las comunidades, el científico resalta la importancia de que estén informadas y
participen activamente en las decisiones, porque solo así la propuesta será
“viable y legítima”.
“Estas
comunidades tienen relaciones históricas, culturales y prácticas profundas con
el paisaje, y su conocimiento debe ser central en cualquier iniciativa de
conservación”, resalta. Asimismo, afirma que han buscado “iniciar un diálogo y
compartir información con los actores locales, aunque reconocemos que esto no
equivale a un proceso de consulta formal”.
“Cualquier
designación oficial deberá seguir los procedimientos legales e institucionales
correspondientes, incluyendo mecanismos participativos y, cuando corresponda,
las obligaciones de consulta previa. Nuestra posición es clara: la conservación
no debe imponerse desde afuera. Debe construirse de manera colaborativa,
respetar los derechos y las prácticas consuetudinarias, y generar beneficios y
salvaguardas claras y tangibles para las comunidades locales”, puntualiza.
No todo está
perdido
Según Inaigem,
en las últimas seis décadas el Perú ha perdido el 59 % de sus glaciares debido
al cambio climático, acelerado por las emisiones globales de gases de efecto
invernadero. Y, según el Inventario Nacional de Glaciares, actualmente existen
4500 de estos ecosistemas a nivel nacional. Si bien la tendencia parece
irreversible, Thompson considera que no todo está perdido.
Thompson señala
que, si bien la designación de un área protegida por sí sola no puede detener
el deshielo de los glaciares, “eso no significa que no haya esperanza ni
motivos para actuar. Proteger el paisaje circundante puede salvaguardar los
humedales, los pastizales de altura, las lagunas y las fuentes de agua que
regulan y almacenan el agua, además de reducir presiones humanas adicionales y
apoyar la adaptación local”.
“Quelccaya es
especialmente valioso para la investigación climática en curso. Si se protege,
podría seguir generando evidencia esencial para comprender -y eventualmente
ayudar a revertir- la crisis climática más amplia. Por lo tanto, la protección
no es una solución al cambio climático por sí misma, pero sí es una forma
esencial de adaptación climática, de gestión científica y de reducción de
riesgos”, agrega.
Por ahora,
Thompson espera que las autoridades hagan suya esta propuesta y consideren que
“sin una protección más sólida y coherente, la zona seguiría siendo vulnerable
a decisiones fragmentadas, usos de suelo en competencia y actividades que
erosionan gradualmente su integridad ecológica”.
No actuar
significaría poner en mayor riesgo las fuentes de agua, los humedales, la
biodiversidad, los valores arqueológicos y culturales, y los medios de vida de
las personas que dependen de este paisaje.
“Esta propuesta
es fundamentalmente preventiva: busca actuar antes de que el daño ecológico o
los conflictos sociales ya estén en curso, en lugar de responder a ellos
después”, concluye. https://www.actualidadambiental.pe/
