Viernes, 16 de diciembre de 2022 – Año XV – Edición 4113 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La salud de diez millones de peruanos
está en riesgo debido al envenenamiento del agua con sustancias tóxicas
El gobierno de Perú debe atender el problema, dice un experto de la ONU en derechos humanos, recordando que la Constitución del país reconoce la prioridad del agua para consumo humano sobre cualquier otro uso. La contaminación del agua proviene, sobre todo de los vertidos de las empresas mineras
Más de diez millones de peruanos, el 31,15% de la
población, ingiere tóxicos como metales pesados en el agua que bebe, destacó
este jueves el relator especial de la ONU para el derecho al agua potable y el saneamiento,
* citando datos del Ministerio de Salud de Perú y llamando al gobierno a
atender el problema que plantea ese envenenamiento debido principalmente a
minería, que pone en riesgo la salud de las generaciones actuales y futuras.
Pedro Arrojo-Agudo visitó Perú recientemente, en medio del
convulsionado entorno político que vive el país andino. “He tratado de analizar
los problemas que quiebran los derechos humanos al agua y al saneamiento más
allá de la coyuntura”, explicó, señalando que dichos problemas tienen sus
raíces en acciones y omisiones a lo largo de décadas.
La grave situación en Cajamarca
En sus observaciones finales tras la misión en el país,
expuso que su visita a la región de Cajamarca confirmó la gravedad de las
afecciones a la salud de la población que infligen las actividades mineras.
“Más allá de la gravedad de daños ambientales, con
desecación de lagunas, bofedales y manantiales, desaparición de especies y
mortandad de peces, resultan alarmantes los análisis de sangre promovidos por
la municipalidad de Bambamarca, que revelan metales pesados en el 100% de sus
pobladores”, apuntó el experto.
Añadió que la inacción de la Autoridad Nacional del Agua,
que niega las evidencias de contaminación tóxica, ha dado lugar a una gran
desconfianza de la población en las instituciones públicas.
Arrojo-Agudo advirtió que, si bien la Constitución de Perú
se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos y reconoce la
prioridad del agua para consumo humano sobre cualquier otro uso, este precepto
se incumple a menudo.
Retomó el ejemplo de Cajamarca, subrayando que, en la
ciudad capital de esa provincia, el 70% de la población bebe agua utilizada
previamente por una empresa minera.
Además, expresó preocupación por la dificultad para acceder
a análisis independientes sobre la presencia de contaminantes.
El relator reconoció los esfuerzos de Perú en materia de
legislación y políticas públicas relacionadas al agua y saneamiento, aunque
manifestó inquietud con respecto a su implementación efectiva.
"Es necesario cambiar los enfoques tradicionales del
agua como puro recurso productivo por un enfoque ecosistémico sostenible y
basado en los derechos humanos”, dijo.
Arrojo-Agudo llamó, por otro lado, a promover una gestión
integrada que permita superar la vigente dispersión de competencias reforzando
las capacidades municipales y comunitarias en la gestión de los servicios de
agua y saneamiento.
* Los relatores especiales y expertos independientes forman
parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los
Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del
sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos
independientes de investigación y supervisión establecidos por el Consejo para
abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el
mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma
voluntaria; no son personal de la ONU.
Recomendaciones
Algunas de sus recomendaciones
preliminares con respecto a los vertidos tóxicos son:
Detener nuevas concesiones en cabeceras de cuenca e
implementar de manera efectiva la Ley de protección de cabeceras de cuenca,
garantizando la participación efectiva de las poblaciones implicadas
Activar con urgencia la legislación vigente para la
remediación de pasivos ambientales con la adecuada financiación
Generar legislación que enfatice en la gestión sostenible -
regulación y monitoreo - de los acuíferos subterráneos con participación de la
sociedad civil, clausurando pozos ilegales y evitando nuevas concesiones que
agraven la insostenibilidad
Priorizar la satisfacción de los abastecimientos de agua
potable de forma continua sobre los usos productivos
Permitir la investigación y monitoreo independiente y
transparente de la posible contaminación toxica de abastecimientos y análisis
epidemiológicos de las consecuencias en la salud pública
Garantizar la total transparencia de los contratos de
minería y de la gestión de las explotaciones, tanto en lo que se extrae como en
los vertidos generados, con seguimiento abierto a la participación ciudadana
En su visita a Perú Arrojo-Agudo se reunió con
representantes del gobierno, de sociedad civil, pueblos indígenas y campesinos
y autoridades locales.
El relator presentará un informe completo con sus hallazgos
y recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en
septiembre de 2023.
* Los relatores especiales y expertos independientes forman
parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los
Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del
sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos
independientes de investigación y supervisión establecidos por el Consejo para
abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el
mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma
voluntaria; no son personal de la ONU. https://news.un.org/
HIDROREGIONES PERÚ
Exalcalde de Andahuaylas considera fundamental atender el tema de la minería ilegal por posible influencia en protestas
A raíz de las movilizaciones y paralización en la ciudad de
Andahuaylas, donde se han registrado tres fallecidos y varios heridos, RPP
Noticias entrevistó al exalcalde de esta localidad, Édgar Villanueva, para que
aclare el panorama actual y explique las razones de las manifestaciones. Según
la exautoridad, en Andahuaylas "se ha generado una serie de
expectativas", muchas de ellas falsas, producto del discurso que daba el
expresidente golpista Pedro Castillo. "Voy a poner un solo ejemplo, hace
dos semanas estuvo el expresidente en Andahuaylas prometiendo una obra
gigantesca que significa más de mil millones de dólares que es una represa del
río Chicha, pero esa promesa hecha en la misma zona no tiene ni un centavo de
presupuesto", explicó Villanueva.
Villanueva señaló, además, que detrás de estas protestas
hay un discurso de engaño que es manipulado, no solo por los prefectos y
subprefectos nombrados durante la gestión de Pedro Castillo, sino también por
algunos funcionarios de alto nivel que no quieren dejar el cargo. Asimismo,
indicó que las protestas son parte de una estrategia que se ha ido trabajando
desde antes del fallido golpe de Estado como contigencia.
Por otro lado, el exalcalde de Andahuaylas consideró
fundamental que el gobierno de Dina Boluarte atienda el tema de la minería
ilegal, ya que posiblemente este también sea un factor que motive la
realización de manifestaciones. Según mencionó, durante la gestión de Pedro
Castillo se pudieron haber hecho compromisos políticos con los mineros ilegales
para que "hagan lo que quieran" con las minas; sin embargo, ahora que
Castillo fue vacado, podrían temer que se les prohíba hacer este tipo de
actividad.
¿Cuál es la salida a las protestas en Andahuaylas? El también
excongresista pidió a la presidenta Dina Boluarte enviar principalmente a dos
ministros de Estado para que atiendan los "reclamos reales" de la
población. En primer lugar, recomendó enviar a la ministra de Agricultura para
que se comprometa con la población a hacer, por lo menos, los estudios de los
proyectos que han quedado en el aire. En segundo lugar, recomendó la presencia
del ministro de Salud ya que hay problemas graves en el hospital de
Andahuaylas. https://rpp.pe/
Presentan reporte de conflictos mineros del segundo semestre del 2022
El escenario actual de estallido
social, principalmente en el sur del país, se explica por la ausencia estatal
para atender oportunamente las demandas de la población, la poca comunicación o
falta de transparencia en la información relacionado a las actividades
extractivas y las expectativas de la población por un cambio del modelo de
desarrollo extractivista que solo beneficia a las grandes empresas. Así lo
consideran los especialistas que participaron en la presentación del 31°
Observatorio de Conflictos Mineros.
Paul Maquet, vocero de
CooperAccion, resaltó que para entender el actual panorama de conflictos
sociales es oportuno recordar que las zonas mineras del sur andino del país
votaron masivamente por el programa de “no más pobres en un país rico”
enarbolado por Pedro Castillo.
«En los distritos del llamado
“corredor minero”, donde los ciudadanos ven todos los días como la riqueza sale
en camiones con dirección al extranjero (mientras la pobreza, la falta de
servicios y la contaminación se quedan), obtuvo más del 90% de los votos. No
puede sorprender que sean justamente estas zonas en donde se haya despertado
una fuerte respuesta social ante la crisis política», señaló Maquet durante la
presentación del reporte.
¿Cómo entender las protestas en
el sur del país? Según el reporte del 31° Observatorio de Conflictos Mineros en
el Perú – OCM, desde inicios del presente año se ha evidenciado una gran
fragmentación de agendas y demandas, incluso entre los pobladores de zonas
aledañas.
«Está claro que en el último año
las tensiones se han ido agudizando, a niveles nunca antes vistos y en donde se
presentan demandas diversas: económicas, sociales, ambientales, entre otras,
todas muy dispersas. Por lo general, lo que se había visto hasta ahora era una
dinámica de estallido social y escalada que alcanzaba un pico de máxima
tensión, para luego entrar a una fase de diálogo y repliegue. En la actualidad
el conflicto es casi permanente en esta zona», indica el reporte.
De acuerdo con el informe, la
conflictividad permanente en el denominado corredor del sur andino también se
debe a que es “una vía de más de 400 kilómetros mal construida y que no ha
respetado las normas vigentes, que atraviesa por cuatro provincias altoandinas
de las regiones de Apurímac y Cusco, con decenas de centros poblados y
comunidades campesinas que reciben los impactos, tanto de la zona de extracción
como del transporte de los minerales”
Según, David Velazco, director
de Fedepaz, otra característica que explica el escenario actual de
conflictividad, es la gran fragmentación de agendas y demandas. Volviendo al
escenario del corredor del sur andino, cada 30 kilómetros o menos se puede
identificar expectativas que se expresan en demandas diferenciadas que generan
movilizaciones con actores distintos que no tienen ni la capacidad ni el
interés de articular entre sí. Por el contrario, todo indica que estos actores
compiten entre ellos.
“En este escenario, a diferencia
de otras épocas, es muy difícil pensar en organizaciones que puedan articular
demandas de varios territorios y representarlas”, aseguró Velazco.
Coincide Mirtha Villanueva,
directora de Grufides, quien advierte la ausencia de líderes regionales que
defiendan los verdaderos intereses de la población frente al avance de las
actividades extractivas formales e informales. La especialista afirmó que en
Cajamarca el proyecto Yanacocha Sulfuros realizará minería subterránea y a la
fecha no se ha informado a la población sobre el impacto ambiental que
generaría dicha actividad minera.
Para Henry Vásquez, responsable
de la oficina de CooperAcción en Cotabambas, las mesas de diálogo han perdido
toda credibilidad y en las actuales circunstancias solo sirven para desbloquear
los levantamientos e instalar negociaciones que, por lo general, no llegan a
ningún lado. “Urge cambiar la estrategia gubernamental de resolución de
conflictos considerando que las mesas de diálogo no son eficaces”, dijo
Vásquez.
Avance de la minería informal
La minería informal o la
abiertamente ilegal sigue “ganando terreno”. El reporte advierte del avance de
la minería de oro en la Amazonía que sigue penetrando nuevas zonas, al mismo
tiempo que genera tensión, violencia y enfrentamientos con los pueblos
indígenas. En los últimos meses los mineros informales aprovechando los altos
precios de los minerales vienen explotando cobre.
Según el reporte, en el primer
semestre también se ha visto como la minería informal le disputa territorio a
la formal. Hay una superposición de concesiones.
Una de las tendencias más
preocupantes de los últimos meses es la expansión de la minería informal o
ilegal. En el reporte se advierte que este tipo de minería ya no solo es aurífera
o no metálica, también ha comenzado a incorporar otros metales, en especial el
cobre, pues las cotizaciones actuales de este mineral hacen que su explotación
en pequeña escala se vuelva una actividad muy atractiva.
La tendencia es que la minera
informal siga creciendo debido, entre otras cosas, al proceso de transición
energética internacional.
Proyecto Ariana
El informe advierte sobre
Ariana, proyecto minero de Southern Peaks cuyas relaveras se ubicarían a pocos
metros del túnel trasandino Cuevas – Milloc y que se superpone al sistema de
lagunas de Marcapomacocha, que provee aproximadamente el 60% de agua de Lima y
Callao.
Ante el peligro que el proyecto
minero pueda contaminar el agua potable que consumen los más de 10 millones de
habitantes de Lima y Callao, el 2019 un colectivo social inició una acción de
amparo constitucional para detener las obras de la minera, sin embargo, el
proceso no avanza por eso los demandantes han presentado el último 30 de
noviembre una medida cautelar.
“El objetivo de esta medida es
suspender los efectos de todas las resoluciones administrativas que autorizaron
la construcción de este proyecto hasta que se resuelva la acción de amparo
constitucional. Además, buscamos que el juzgado resuelva una sentencia
anticipatoria a favor del interés de la población”, dijo Maritza Quispe,
abogada de IDL. https://cooperaccion.org.pe/
Para conocer más sobre el
reporte del OCM 2022 puede ingresar al siguiente enlace:
HIDROMUNDO
Las deudas ambientales de Argentina en 2022: incendios y sequía intensa, conflictos con los pueblos indígenas y creciente deforestación
“La agenda ambiental también
debe ser productiva. En el país y la región en la que vivimos cinco de cada
diez niños y niñas están bajo niveles de pobreza. La única solución para salir
de ese nivel de oprobio es la producción, pero hay que entender la necesidad de
modificar métodos productivos que ya no pueden ser los del siglo XX”, dice Juan
Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina, quien
apunta de manera directa al eje central sobre el que ha girado prácticamente
todo lo ocurrido en materia ambiental en Argentina durante el 2022.
La meta productiva responde a
una razón muy concreta: Argentina debe afrontar el pago de una deuda de 44 000
millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), obligándose a un
duro ajuste del gasto fiscal y a una desesperada recaudación de divisas a
través de la exportación.
El resultado puede verse detrás
de varios de los sucesos que marcaron el calendario del año. Desde la
proliferación de incendios a las discusiones en torno a la tan esperada
actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos en áreas tan
sensibles y vulnerables como el Gran Chaco; y de la nueva prórroga en el
tratamiento de la ley de humedales en el Congreso a la reanudación de obras de
energía hidroeléctrica de elevado impacto ambiental. También están los cada vez
más frecuentes conflictos con las comunidades de pueblos originarios que
reclaman la devolución de sus territorios ancestrales y los constantes
incentivos a los proyectos agroindustriales, ganaderos, mineros o de extracción
de hidrocarburos a costa de los daños ambientales generados a diversos
ecosistemas.
Además, y por tercer año
consecutivo, el fenómeno climático de La Niña ha hecho sentir su influencia,
extendiendo una situación de sequía que afecta tanto a los ecosistemas como a
las actividades humanas y la economía nacional. El último informe de la
Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria eleva a 163 millones de
hectáreas la superficie afectada por la escasez de lluvias, lo cual hace
peligrar la cosecha en 3,45 millones de hectáreas de trigo. Un estudio del
Movimiento CREA, organización de empresarios agropecuarios, estima en 2.500
millones de dólares las pérdidas que provoca dicha situación. El déficit que
produce esta falta de agua es, paradójicamente, la gota que colma el vaso de
las urgencias y agita el debate entre producción (o desarrollo económico) y
conservación de los espacios y recursos naturales.
Lo malo: tierra quemada y una
ley que no termina de aprobarse
Entre 2021 y 2022, el fuego
afectó a más 1,8 millones de hectáreas en 23 de los 24 distritos del país (solo
la ciudad de Buenos Aires se mantuvo a salvo). Este año todo comenzó en enero
en la provincia de Corrientes, donde los incendios arrasaron el 12 % de la
superficie provincial según el informe de la Estación Experimental del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y se extendieron hasta
diciembre, cuando ardieron más de 8000 hectáreas en Tierra del Fuego para casi
duplicar en 2022 las áreas quemadas un año antes.
Las causas de semejante
proliferación de incendios son múltiples y el incremento en un 3000 % del
presupuesto asignado al Sistema Nacional del Manejo del Fuego se ha demostrado
inútil para reducir los focos de calor y actuar en cuanto saltan las primeras
chispas. El cambio climático, la disminución de la capa hídrica, escasa
prevención y medios limitados para actuar en cuanto se esparcen las primeras
llamas son solo algunas de las razones, aunque una destaca por sobre las demás:
la intencionalidad relacionada con la quema de pastos para la actividad
agropecuaria o los emprendimientos inmobiliarios.
Entre agosto y octubre, Rosario
-segunda ciudad argentina por número de habitantes- quedó envuelta en gruesas
nubes de humo como resultado de los fuegos encendidos en las islas del Delta
del río Paraná, ubicadas en la orilla oriental del cauce fluvial. Durante
varios días y según la dirección del viento, las cenizas invadieron el aire
complicando la respiración y causando innumerables problemas de salud, en una situación
que se viene repitiendo año tras año al llegar la temporada de renovación de
los brotes que alimentan el cada vez más abundante ganado vacuno.
El crecimiento del número de
cabezas y la disminución de la humedad derivan en fuegos que escapan al control.
“Antes no pasaba nada por encender un fósforo, pero ahora se incendia todo por
el cambio climático”, subraya Graciela Camaño, diputada nacional por la
coalición opositora Consenso Federal, en diálogo con Mongabay Latam.
“Hay un entramado de mucho poder
y complicidad con los tenedores de esos campos, de quienes entregan los
permisos para tener ganado en ellos, de la Justicia y del poder económico que
es necesario desarmar”, denuncia el ministro Cabandié. En 2020, su ministerio
presentó una demanda contra algunos de los dueños de tierras donde se
detectaron incendios, pero la causa se mantiene detenida en los tribunales de
Entre Ríos, provincia a la que pertenecen las islas.
“El problema más grave es que
año tras año se produce un impacto acumulado de los incendios”, explica Raúl
Montenegro, biólogo, profesor en la Universidad de Córdoba y Premio Nobel
Alternativo en 2004. “Así, en mi provincia las más de 10 000 hectáreas quemadas
este año deben sumarse a las 50 000 de 2020 y 2021”, continúa Montenegro, quien
añade al deterioro “los desmontes [deforestación] realizados en ese mismo
tiempo y la destrucción de la biodiversidad por aplicación masiva de
plaguicidas”.
Muchas otras áreas del país
padecieron fuegos, pero lo acontecido en Iberá y el Delta reavivó la presión
para sancionar o aprobar la muy postergada Ley de Humedales. La idea de
promulgar una norma que otorgue un marco general para la protección de dichos
ecosistemas (cubren el 21 % de la superficie argentina) lleva diez años de
intentos frustrados y 2022 no fue la excepción. Pese a la presentación de una
decena de proyectos, el tema fue sufriendo dilaciones en su tratamiento en las
diferentes comisiones de la Cámara de Diputados.
“El agronegocio, la minería y
los desarrollos inmobiliarios son los lobbies que actúan detrás de los
legisladores e impiden avanzar. La explotación del litio en los salares es el
tema que más preocupa a las provincias del norte; y el agronegocio, a las
mesopotámicas y pampeanas”, explica Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora de
Política del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales/Wetlands
International.
El 10 de noviembre se logró un
consenso para que el tema pueda ser debatido en las sesiones de la Cámara, pero
finalmente no fue objeto de debate en sesión abierta.
Lo preocupante: proyectos
económicos polémicos
“Todos celebran la aparición de
los yaguaretés como algo virtuoso, pero hay representantes de sectores que no
vinculan su conservación con la preservación de los bosques nativos en pie. Hay
que cambiar los paradigmas de producción y aprender a tener una mirada
distinta”, afirma Marta Soneira, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible
del Chaco.
Los discursos favorables a una
transformación en la manera de producir se multiplican y existen funcionarios
públicos y legisladores que apoyan con decisión ese camino, pero 2022 deja
demasiados ejemplos en dirección contraria que abren un panorama de
preocupación. Aquí se exponen solo tres.
Primero está el proyecto de ley
de fomento agroindustrial, una norma pendiente de sanción en el Congreso cuya
meta declarada por el gobierno nacional en su presentación es consolidar a la
Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos. La ley
contemplaría, entre otras medidas, beneficios fiscales para la compra de
semillas transgénicas y fertilizantes y ampliar la frontera agropecuaria para
alcanzar los 200 millones de toneladas de granos de exportación. “Es un plan
que sigue profundizando el modelo agroexportador y el lobby de las empresas
monopólicas”, se queja Agustín Suárez, vocero de la Unión de Trabajadores de la
Tierra, organización que agrupa a productores de la agricultura familiar.
El proyecto choca con los
objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
comprometidos por el país. “El aumento previsto de la producción va en franca
oposición con la meta de carbono neutralidad a 2050”, asegura María Marta Di
Paola, magister en Relaciones Económicas Internacionales. Los diferentes usos
de la tierra representan en la actualidad el 37 % de las emisiones argentinas,
de acuerdo al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de 2019,
último disponible, y la previsión de expandir todavía más la actividad pone en
duda el cumplimiento del objetivo más allá de las promesas de la aplicación de
alta tecnología para lograrlo.
Por otro lado, están las
polémicas prospecciones sísmicas de hidrocarburos en el Mar Argentino. Un año
después de que una medida cautelar frenara el comienzo de las tareas
autorizadas por el gobierno en busca de gas y petróleo a unos 300 kilómetros de
las costas de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto esa
sanción. “El fallo es una condena para el Mar Argentino porque ignora los
fundamentos que demuestran la afectación directa de esa actividad sobre el clima,
la biodiversidad marina y las comunidades”, sostiene Luisina Vueso,
coordinadora de la campaña de océanos de la organización Greenpeace. La
decisión judicial habilita a la empresa noruega Equinor, encargada de las
prospecciones, a iniciar las mismas más allá que la batalla judicial pueda
proseguir en instancias superiores. El
área prevista para las tareas es zona de paso durante las migraciones anuales
de la ballena franca austral (Eubalaena australis), entre otras muchas especies
habitantes de la plataforma.
La siguiente decisión
controvertida del gobierno pasa por la reanudación de la construcción de las
represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en el río Santa Cruz a partir de un
reciente acuerdo entre los gobiernos de Argentina y China, país al que
pertenece la principal empresa constructora. “Nunca fue una obra que tuviera
urgencia energética, no es prioridad a nivel nacional y está avanzando a medias
porque una de ellas -la Kirchner- se encuentra parada ya que hubo un error de
cálculo al elegir el sitio de emplazamiento y deben modificarlo”, resume Sofía
Nemenmann, cofundadora de la plataforma Río Santa Cruz Sin Represa.
La construcción de las represas
ha sido blanco de críticas desde el primer momento, y estas se agudizaron el
año pasado cuando quedó en evidencia la escasa fiabilidad de los estudios de
impacto ambiental. “La Corte Suprema de Justicia le solicitó al Instituto
Nacional de Prevención Sísmica que elabore un informe y este fue lapidario.
Indica que no hay estudios idóneos acerca de las fallas geológicas que
atraviesan el río ni información suficiente para considerar los efectos que
sobre esas fallas puede producir el peso del agua del nuevo lago que surgirá
con la represa”, señala Nemenmann.
Lo peor: la eterna marginación
de los pueblos indígenas
El 4 de octubre las fuerzas
federales desalojaron a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de tierras que
reivindican como ancestrales en Villa Mascardi, a pocos kilómetros de San
Carlos de Bariloche. El procedimiento incluyó la detención y traslado a
dependencias policiales de mujeres (una de ellas embarazada y a punto de parir)
con sus hijos y terminó motivando la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta,
ministra de Mujeres, Género y Diversidad.
Varios meses antes, en
Andalgalá, Catamarca, al otro extremo de la cordillera andina, la policía local
reprimía con balas de goma las protestas de los vecinos contra las tareas de
factibilidad del proyecto Agua Rica-MARA, una mina de cobre, oro y plata a
cielo abierto sobre las faldas del cerro Aconquija a la que se oponen desde
hace una década vecinos y comunidades indígenas diaguitas que habitan la zona.
A su vez, en el altiplano de Jujuy la comunidad indígena Collamboy denunció la
“usurpación de tierras de pastoreo tradicional” por parte de la empresa Transnacional
Minera de Litio Australes S.A. y el gobierno provincial.
Una vez más, 2022 se vio
salpicado de conflictos socioambientales y malas noticias provenientes de
distintos puntos del país donde viven comunidades de pueblos originarios. “De
norte a sur padecemos un ‘terricidio’ que asesina todo tipo de vida”, enfatiza
Evis Millán, activista del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por
el Buen Vivir.
Con diferentes características
según se trate de las regiones cordilleranas, el Chaco o las provincias del
centro del país, las comunidades comparten un punto en común en sus demandas:
“El modelo megaextractivo que quieren imponernos a cualquier costo no es
compatible con nuestras formas de vida, donde el agua y los cerros son
centrales para la producción y la vida y no mercancías para explotar”, dicen
desde Catamarca los integrantes de la Unión de los Pueblos de la Nación
Diaguita. “Detrás de la militarización de nuestras tierras hay intereses
inmobiliarios, mineros y de la industria forestal”, denuncia Millán, integrante
de la comunidad mapuche Pillan Mahuiza, en la Patagonia central.
Las respuestas ante una
situación que no es novedosa han sido escasas. La más llamativa fue el
lanzamiento en noviembre del Frente Indígena Plurinacional, una mesa de diálogo
que intenta acercar a representantes de los antiguos habitantes de la Argentina
y los órganos de decisión política con el objetivo de legislar “con los pueblos
originarios y no para ellos”.
La iniciativa, sin embargo,
cuenta con resistencias desde su nacimiento. “Se nos hace difícil creer en un
Estado que desde hace siglos sigue manejando la misma política de genocidio”,
apunta Evis Millán. En 2022 la lucha de los mapuches generó escaramuzas cada
vez más frecuentes y violentas. Nada hace suponer que el año próximo pueda ser
diferente.
Lo reiterativo: la deforestación
que no cesa
El último dato oficial conocido
este año, aunque relativo a 2021, fue una vez más categórico: el 54 % de las
superficies deforestadas pertenecían a zonas categorizadas como “rojas” o
“amarillas” según los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de
las respectivas provincias donde sucedieron. Es decir, áreas donde está
prohibido realizar algún tipo de actividad productiva o las mismas deberían
realizarse sin tocar un solo árbol. En ambos casos, lugares donde deforestar
está fuera de la ley.
Tal como viene sucediendo desde
comienzos de este siglo la región del Chaco argentino sufre las mayores
consecuencias de una práctica que ni la Ley de Bosques de 2007 ni las autoridades
nacionales o locales implicadas logran detener. Este año, las mayores
discusiones tuvieron lugar en la provincia del Chaco, donde después de casi una
década de demora continúa sin ser actualizado el citado OTBN.
“A pesar de la sentencia
judicial que ordena frenar los desmontes [deforestaciones] y solucionar los
graves problemas detectados, 2022 fue el año que más deforestación registró
desde 2018 y en el que más desmontes ilegales se registraron”, denunció el
pasado 7 de diciembre la organización Somos Monte, luego de la presentación de
una nueva propuesta de mapa de ordenamiento de bosques por parte del Estado
que, en opinión de dicho colectivo, incumple con varias pautas de legitimidad.
La anterior, firmada por el
gobernador chaqueño Jorge Capitanich, ya había recibido una auténtica catarata
de críticas. “Se reduce el valor de conservación de más de 300.000 hectáreas de
bosques nativos; se permite el desmonte de hasta un 20 por ciento de las
propiedades en zonas amarillas, violando la ley nacional; tampoco se sanciona a
quienes deforestaron de manera ilegal ni se les obliga a restaurar el bosque;
la mesa que elaboró la propuesta estaba compuesta solo por representantes
industriales de los sectores agropecuario y forestal y casi no hubo consulta
pública como establece la ley”, resume Matías Mastrángelo, uno de los mil
científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas que
en noviembre elevaron una carta al mandatario provincial para solicitar que
retirara su propuesta y abriera el debate a toda la sociedad.
“Hay que ser honestos. En los
últimos dos años hemos tenido 26 000 hectáreas deforestadas de forma ilegal y
es algo que nos preocupa”, dice Marta Soneira, la ministra de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la provincia, quien aboga por mejorar los mecanismos
de control pero acepta que en el nuevo OTBN “todavía no se plantea una política
de deforestación cero, aunque se aumentan las zonas rojas (de prohibición
total) y amarillas (de producción ligada a conservación del ambiente nativo).
Lo que sucede en Chaco, en todo
caso, no es una excepción. En Salta tampoco se ha logrado llegar a un acuerdo
para actualizar el mapa con un nuevo ordenamiento y a nivel nacional el
presupuesto asignado a la Ley de Bosques para 2023 es apenas de un 10,35 % de
lo que establece la propia norma legal. Una demostración cabal de que para las
autoridades argentinas la conservación sigue estando muy lejos de ser una
prioridad.
Lo bueno: más áreas protegidas y
reintroducción de especies
Un nuevo parque nacional, la
ampliación de otros dos, el dictamen favorable para la creación de una cuarta
área protegida que seguramente se concretará en 2023 y la aparición simultánea
de dos machos adultos de yaguareté (Panthera onca) en el Chaco se convirtieron
en pequeñas perlas dentro de un año particularmente difícil para la
conservación en Argentina.
“La realidad es que en los
últimos 20 años se sostuvo una política de Estado respecto a la creación de
nuevos parques nacionales con el apoyo de todos los bloques políticos y el
respaldo en base a consensos de las provincias y sus legislaturas”, sostiene
Federico Granato, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN),
y en ese sentido destaca lo ocurrido con Ansenuza, el humedal salobre más
grande del continente: “Su creación como parque es un ejemplo de cómo proceder
para el nacimiento de un área protegida. Trabajamos junto con los Intendentes
locales, las ONG que canalizaron los aportes de los donantes y las comunidades
vinculadas al territorio y al entramado que compone su diversidad natural y
cultural”, señala Granato. https://es.mongabay.com/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
