Viernes, 2 de julio de 2021 – Año XV – Edición 3755 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
PERÚ – Chimbote. Trabajadores del agua de Sedachimbote cumplieron
paro de 24 horas. Conozca la plataforma de lucha. Fotos
PERÚ - Lambayeque: proponen crear oficina para monitorear a
personas afectadas por arsénico
PERÚ – Chiclayo. Defensoría del Pueblo pidió al ministerio de
vivienda, intervenir en obra de saneamiento paralizada hace 8 años
PERÚ – Arequipa. Tía María: Suspenden orden de captura contra
dirigentes del Valle de Tambo
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Trabajadores del agua de Sedachimbote
cumplieron paro de 24 horas
Conozca la plataforma de lucha
La Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú - FENTAP expresa su solidaridad y respaldo a la lucha de nuestros compañeros del sindicato de agua potable de Chimbote, quienes vienen exigiendo el respeto de sus derechos y la NO intervención de SEDACHIMBOTE, a través de gente improvisada que no reúne los requisitos para desempeñar cargos en la gerencia general, así como en el directorio.
Viva la lucha de los compañeros y compañeras del Sindicato Único de Trabajadores del Agua Potable de Chimbote Casma y Huarmey - SUTAPCHA.
Para conocer detalles de su plataforma de lucha, publicamos
el comunicado del SUTAPCHA.
HIDROREGIONES PERÚ
Lambayeque: proponen crear oficina para monitorear a personas afectadas por arsénico
El consejero regional de Lambayeque, Manuel Huacchillo Gonzáles, manifestó que es necesario que desde la Gerencia Regional de Salud (Geresa) se implemente una oficina de monitoreo y control de personas afectadas por la contaminación del agua que consumen con arsénico.
Huacchillo Gonzáles hizo este pedido tras indicar que hay un informe de una ONG sobre el análisis realizado al agua de dos pozos en el distrito de Jayanca. El resultado detalla que también existe presencia de metales pesados. Además, el estudio precisa que dicha situación se replicaría en otros distritos.
“Plantearé que se cree un área de monitoreo para estos casos específicos (de personas contaminadas por arsénico), pero que no tenga que implementarse en Chiclayo (sede de la Geresa), sino que se haga en un centro de salud de los distritos afectados”, refirió el consejero en diálogo con la prensa.
El fiscalizador enfatizó que esta iniciativa apunta a beneficiar directamente a los 350 niños afectados por arsénico en Pacora. Además, se deberá incluir a las personas que resulten perjudicadas con base en los resultados de este nuevo análisis y que implicaría a población de Jayanca, Mórrope, Mochumí, Salas y Túcume.
El integrante del Consejo Regional sostuvo que dicha solicitud se hará durante una reunión para el próximo lunes 12 de julio, donde se espera la presencia del gobernador regional, el gerente regional de Salud, los alcaldes de los distritos que presentan problemas con sus pozos y dirigentes civiles.
Consultorio en Pacora
A inicios de este año, la Geresa instaló un consultorio para la atención de menores de edad de Pacora que tienen presencia de arsénico en su organismo, debido a que la contaminación con este metal pesado podría derivar en futuras enfermedades. El servicio funciona en el centro de salud de esta localidad.
No obstante, el consejero ha cuestionado esto, pues señala que la asistencia médica no es la más óptima, ya que a muchos de estos niños no se les hace el seguimiento de su estado de salud desde hace meses. https://larepublica.pe/
Defensoría del Pueblo pidió al MVCS intervenir en obra de saneamiento paralizada hace 8 años
La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) asumir la culminación de la obra de alcantarillado del casco central de la ciudad de Chiclayo, debido a la ineficiencia de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), para reiniciar los trabajos paralizados desde hace más de ocho años.
El jefe de la Oficina Defensorial en Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, lamentó que la administración del exburgomaestre David Cornejo Chinguel y la gestión del alcalde, Marcos Gasco Arrobas, no hayan elaborado el peritaje de obra y el expediente de saldo de obra a fin que el MVCS transfiera los recursos. “La autoridad municipal no es diligente para solucionar este problema, pese a que el sistema de saneamiento ha colapsado. Existe ineficiencia”, expresó a La República.
Proyecto de inversión
En el Oficio n.° 019 remitido al viceministro de Construcción y Saneamiento, Javier Hernández, se precisó que urge reactivar este proyecto de inversión, debido que las redes de alcantarillado se encuentran totalmente deterioradas.
Asimismo, se indicó que los trabajos iniciaron en 2012, pero en mayo de 2013 se paralizaron, luego que el contrato entre el municipio y el Consorcio Chiclayo se resolvió. La inversión inicial del proyecto fue de S/ 28,5 millones, la cual se modificó en S/ 31,2 millones.
Hidalgo mencionó que este problema ocasiona continuos rebalses de aguas servidas, malos olores, contaminación, atoros y hundimiento del pavimento de las pistas en diferentes sectores, lo que afecta el derecho de los vecinos a vivir en un entorno saludable y a contar con servicios públicos de calidad.
Fundamentos
Líneas seguidas, explicó que la octava disposición final del Decreto Legislativo n.° 1280 y la cuarta disposición complementaria final del Decreto Supremo n.° 019- 2017 autorizan al Ministerio de Vivienda a intervenir en proyectos de saneamiento ejecutados bajo la modalidad de administración indirecta, obras por contrato o de administración directa, que se encuentren paralizadas por un periodo superior a un año, hayan sido financiadas o no por la entidad.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo insistió que es necesario la intervención del Ejecutivo en el proyecto con código n.° 1226296, el cual comprende el mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliaria, además de los colectores Pedro Ruiz, Francisco Cabrera y Elvira García García. https://larepublica.pe/
Tía María: Suspenden orden de captura contra dirigentes del Valle de Tambo
El último 19 de junio, la primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa declaró fundada la solicitud de suspensión de la sentencia que dictaba pena privativa de la libertad contra los dirigentes del Valle de Tambo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso y Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos.
Los magistrados Juan Luis Rodríguez Romero, Roger Pari Taboada y Manfred Verá Torres, resolvieron suspender la ejecución de la pena en lo que dure el procedimiento de apelación en segunda instancia. Sin embargo, ambos sentenciados quedan obligados a cumplir las reglas específicas de la comparecencia con restricciones que les fueron impuestas el 22 de mayo del año 2015. La decisión de la sala se fundamenta en que no existe peligro de fuga de parte de los procesados.
Como se recuerda, ambos dirigentes están siendo acusados de supuestos delitos cometidos durante las protestas del 2015 contra el proyecto minero Tía María, en Arequipa. El 08 de enero del 2021 se dictó sentencia contra el presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso, sentenciado a siete años y cuatro meses de cárcel por los delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y motín, mientras que el exalcalde del distrito de Dean Valdivia, Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, fue condenado a 12 años y cuatro meses por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y motín.
El Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) obtuvo una entrevista exclusiva con Jaime Trinidad de la Cruz, quien señala sus temores ante un conflicto latente y también cuestiona que su sentencia obedece a intereses políticos y económicos: ‘Si se instala el proyecto minero de ‘Tía María’, la contaminación afectará nuestras tierras, por eso como agricultores hemos ejercido nuestro derecho legítimo a la protesta, sin embargo, el poder político ha usado este proceso para criminalizarnos. Me han sentenciado a más de doce años, simplemente por el hecho de ser dirigente, no hemos cometido ninguna falta, por eso consideramos que es una persecución política, que buscar amedrentar a los dirigentes, así que estamos seguros que saldremos absueltos de este proceso’, manifestó.
Jaime Trinidad insiste en defender su inocencia y la de Mariano Cornejo, quienes durante estos seis meses han evitado ser detenidos gracias a que fueron refugiados por amigos, familiares y otros dirigentes.
‘’Nosotros no hemos cometido ningún delito, lo que está haciendo la Fiscalía es usarnos para marcar un precedente para que de hoy en adelante se criminalice la protesta social, y llevar a la cárcel a los dirigentes que defienden justos derechos, porque nosotros creemos es un derecho humano defender el medio ambiente, defender la vida, defender el agua, y en nuestro caso particular defender nuestro medio de vida como es la agricultura’’ relató para el OCM, Jaime Trinidad de la Cruz.
Cabe señalar que los integrantes del colegiado advirtieron que, ante cualquier incumplimiento de las restricciones impuestas, tendrá lugar la ejecución provisional de la pena. De esta forma, el colegiado superior penal, dejó sin efecto las órdenes de captura giradas en contra de los sentenciados. El próximo 03 de agosto se llevará a cabo una nueva audiencia para reafirmar la anulación de la sentencia.
Respaldo de la ONU
El 18 de mayo del presente año, la ONU emitió una nota de prensa exhortando al Gobierno de Perú a poner fin a la criminalización de los defensores de derechos humanos medioambientales y a garantizar que el poder judicial del país no se utilice como medio para silenciarlos.
En el documento, se cita a Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y actual profesora adjunta de Empresas y Derechos Humanos en el Centro de Innovación Social (CSI) de la Escuela de Negocios del Trinity College de Dublín.
‘’Perú debe redoblar sus esfuerzos y cumplir con las recomendaciones emitidas para la protección de los defensores de los derechos humanos del medio ambiente’’, señala Lawlor.
En otro párrafo, Laylor declara textualmente que ‘’Las personas defensoras no deben enfrentarse a condenas de larga duración por ejercer su derecho a defender los derechos y el medio ambiente (…) Es preocupante que delitos como la extorsión, el entorpecimiento de servicios públicos y motín -que conllevan penas de más de 10 años de prisión- sigan utilizándose para desacreditar a los defensores de derechos humanos, especialmente a los que se oponen a los grandes proyectos mineros y a su impacto en el medio ambiente y en los derechos de las comunidades afectadas’’. https://www.inforegion.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
