Miércoles, 13 de abril de 2022 – Año XV – Edición 3947 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La Libertad: construirán planta de
tratamiento de agua ante contaminación del río Moche
El Minem también coordinará la liberación de las áreas ocupadas por la minería ilegal en el distrito de Quiruvilca
El próximo 11 de mayo el Ministerio de Energía y Minas
(Minem) firmará el convenio para el cierre de minas de la Unidad Minera
Quiruvilca con Activos Mineros SAC (AMSAC), que contribuirá a solucionar la
problemática de contaminación ambiental del río Moche, ubicado en la región La
Libertad, priorizando la construcción de una planta de tratamiento de agua.
Esta medida primordial se cristalizó en la reciente sesión
de la mesa técnica de trabajo en Trujillo, liderada por el Minem, donde también
se acordó aprobar todas las actividades expuestas en el contexto del plan de
trabajo general y específicos de intervención de la problemática del río Moche,
como determinar otras fuentes contaminantes del efluente, acciones de control
ambiental urgentes, entre otros.
El río Moche se encuentra contaminado por las relaveras
mineras en la parte alta de la cuenca, la presencia de minería informal, entre
otros factores, lo cual afecta el acceso al agua de calidad para el consumo
humano y agrícola.
El Minem indicó que en la próxima reunión del 11 de mayo en
la ciudad norteña también se realizará el seguimiento del avance de las
actividades en los planes específicos, en el que se invitará a los funcionarios
nacionales y regionales para que expongan las acciones efectuadas en el marco
de sus competencias.
Asimismo, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú
(Senasa) facilitará los resultados del monitoreo a la población y se entregarán
las exposiciones a la Central Única Regional de Rondas Campesinas La Libertad.
Acciones pendientes
El Minem precisó que se coordinará con el Ministerio de
Interior (Mininter) y la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de La
Libertad, con la asistencia de la Dirección General de Formalización Minera
(DGFM), la liberación de las áreas ocupadas por la minería ilegal en el
distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco.
Además, la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del
Minem deberá generar un repositorio digital público de la documentación pública
referida a la problemática del río Moche.
En la reunión participaron funcionarios del Gobierno
nacional, regional y local, ejecutivos de la compañía minera Quiruvilca S.A. en
liquidación, así como representantes del Comité Multisectorial en Defensa del
Río Moche, rondas campesinas y otros actores de la sociedad civil. https://andina.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Arequipa: Contraloría inició megacontrol de uso de S/ 4,600 millones de recursos públicos
La Contraloría General de la República inició el Megaoperativo
de Control Arequipa, como parte de su estrategia de intervención con enfoque
territorial en la que examinará el uso de los recursos públicos.
Durante los próximos cuatro meses, la entidad ampliará la
capacidad operativa en la región y concentrará sus esfuerzos para examinar la
ejecución de más de 4,621 millones de soles que manejan las entidades públicas
arequipeñas para inversiones públicas, bienes, servicios, recursos humanos y
otros.
Según la estrategia y dimensión del Megaoperativo de Control
Arequipa, este se inicia con la ejecución de 201 intervenciones, de las que se
desprenden 96 servicios de control entre acciones de control simultáneo y
posterior, 65 servicios relacionados en los que se evalúa denuncias y recopila
información, y 40 acciones de integridad y transversales en las que se
involucra la participación ciudadana.
Para este despliegue se han convocado más de 300 auditores
y especialistas de la Contraloría para que intervengan en las ocho provincias
de Arequipa, considerando 86 entidades públicas de los niveles de gobierno
nacional, regional y local.
Principales casos a investigar
Para la programación del megaoperativo se han considerado
los temas y casos que más preocupan a la población arequipeña y que se han
recogido a través de audiencias públicas y alertas ciudadanas.
Por ejemplo, se intervendrá con auditoría de cumplimiento a
las obras de afianzamiento hídrico y de infraestructura para irrigación del
proyecto Majes Siguas II, que se encuentra a cargo del Gobierno Regional de
Arequipa y en el que se invierte más de 2,000 millones de soles.
Asimismo, se realizará una auditoría a la construcción de
la Plaza Cívica de la Asociación Jardín del Colca ubicado en la provincia de
Arequipa, distrito de Yura. En este proyecto, la Contraloría detectó en 2021 un
incremento significativo en el monto de inversión, tras evidenciar que el
Gobierno Regional invertiría 2.8 millones de soles; sin embargo, terminó
costando más de 5.2 millones.
En el ámbito regional, se realizará un acompañamiento con
control concurrente a la ejecución de obras en los hospitales Maritza Campos
Díaz en Cerro Colorado, Alto Inclán ubicado en Mollendo (Islay) y en el
establecimiento de salud de Chala en Caravelí, los cuales presentan demoras y
retrasos que preocupan a la población.
Respecto a las entidades del gobierno nacional que ejecutan
en el departamento de Arequipa, la Contraloría ha programado, entre otros
servicios de control, auditorías de cumplimiento a la renovación de la Red
Secundaria en el sistema de distribución de agua potable en la ciudad de Camaná
que ejecutó Sedapar, así como a la elaboración de software para integración de
los sistemas administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín.
Del mismo modo, se realizará un control concurrente a la elaboración
del expediente técnico y ejecución del mejoramiento de los servicios educativos
del centro de formación Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de
la Construcción (Sencico) valorizados en 10 millones de soles.
Para ello se realizará una inspección física a la obra del
Centro Vulcanológico del Sur a cargo del Instituto Geofísico del Perú, así como
la implementación de los equipos adquiridos para ampliar el sistema de alerta
ante riesgo volcánico en el que se invierte 14 millones de soles.
Entre los principales casos a investigar a nivel de
gobierno local, realizarán acompañamientos con control concurrente a las
mejoras del servicio de interconexión vial Bicentenario a cargo de la
Municipalidad Provincial de Arequipa; la ejecución del camino vecinal
Ocoña-Piuca que realiza la Municipalidad Provincial de Camaná y la construcción
de la carretera Ayo-Andamayo a cargo de la Municipalidad Provincial de
Castilla.
Además, entre otras intervenciones, se realizarán servicios
de control posterior a obras sensibles y prioritarias como la creación de un
sistema integral de agua potable y servicios básicos para los pueblos del
distrito de Yura; a la ejecución de ampliación de defensas ribereñas del río
Majes en Huancarqui y a la reparación del camino vecinal de Salamanca –
Huaytapampa. https://andina.pe/
Líderes indígenas exigen que muerte de defensor ambiental Arbildo Meléndez no quede impune
El pasado viernes 8 de abril se
realizó el conversatorio ‘Dos años sin Arbildo Meléndez: Narcotráfico,
usurpación de tierras y violencia en Huánuco’ para pedir cuentas a las
autoridades sobre los avances y estancamientos del proceso judicial de la
muerte del defensor ambiental Arbildo Meléndez, así como del avance de las luchas
de su comunidad. En el evento, participaron los líderes indígenas Teresita
Antazú de AIDESEP, Marcelino Tangoa, presidente actual de Unipacuyacu, Herlin
Odicio de FENACOCA y la abogada del Instituto del Bien Común, Carmen Loyola;
así como representantes del Estado: Daniel Jara de la Fiscalía, Edgardo
Rodríguez de la MINJUS y Ricardo Soberón, presidente de DEVIDA.
En su intervención, Carmen
Loyola, abogada del Instituto del Bien Común, recordó que «habiéndose declarado
que era el asesino, pero ‘por accidente’, Redy Ibarra quedó libre. El asesino
le disparó por la espalda y quedó libre. La Fiscalía lo dejó libre y el hombre
ese se burlaba y amenazaba a otros líderes. Lo que pedimos, a dos años de la
muerte de Arbildo Meléndez, es que no quede impune».
En efecto, el 12 de abril de
2020, Arbildo Meléndez fue hallado sin vida con un disparo en el pecho en las
afueras de su comunidad Unipacuyacu, en Huánuco. El principal sospechoso es
Redy Ibarra, quien inicialmente mintió a la esposa del defensor, Zulema Guevara,
diciéndole que Arbildo se había disparado a sí mismo de casualidad. Dos días
después del crimen, Ibarra confesó a la policía de que él le había disparado al
líder nativo ‘por confusión’.
Pese a la solicitud de prisión
preventiva contra Redy Ibarra, esta fue desestimada en primera instancia por el
juez. No obstante, con el avance de las investigaciones, se dio orden de
captura del sospechoso y en enero de este año, el presunto homicida fue
encontrado por la guardia indígena de la comunidad de Santa María, provincia de
Puerto Inca, región Huánuco. Así, el 11 de enero de este año, efectivos de la
comisaría de Codo de Pozuzo detuvo al presunto asesino.
“El 10 de enero en horas de la
noche, la Federación Nativa de Comunidades Kakataibos (FENACOKA) informó al Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Cultura que la guardia
indígena de la comunidad nativa de Santa Marta había aprendido a Redy Rabel
Ibarra Córdova, quien se encuentra procesado y con una orden de captura, como
presunto autor del delito de homicidio en agravio del entonces presidente de la
comunidad nativa de Unipacuyacu”, precisa un comunicado del Ministerio del
Interior.
No obstante, a dos años de la
muerte de Arbildo Meléndez, aún no se inicia con el juicio oral en contra del
presunto homicida. Al respecto, Daniel Jara, coordinador de Derechos Humanos de
la Fiscalía presente en el conversatorio, afirmó que el caso de ‘Arbildo
Meléndez es un pendiente para nosotros, sabemos que su caso tiene graves
acusaciones y vamos a reabrir la carpeta’. Además, aseguró que ‘los defensores
y defensoras de derechos humanos no están solos, trabajaremos sus casos’.
Por su parte, el representante
del Ministerio de Justicia, Edgardo Rodríguez, informó que el Estado está
trabajando en una nueva estrategia de protección para los y las defensoras
ambientales, pese a que ya existen diversos mecanismos aprobados que no han
sido muy eficientes. Frente a ello, Rodríguez se preguntó ‘¿Qué nos falta para
prevenir? Hemos identificado que el Estado debe movilizarse y debemos crear
redes de prevención comunitarias’.
Demandas de defensores y
defensoras de Huánuco
«Para nosotros estar aquí [en
Lima] es muy costoso, pero estamos aquí para transmitir nuestras problemáticas
en nuestras comunidades en Huánuco— inicia con su intervención el conversatorio
el apu Marcelino Tangoa, actual presidente de comunidad nativa Unipacuyacu, a
la que pertenecía Arbildo— El problema más grande que tenemos es la falta de
titulación. Hace más de 40 años, venimos luchando y defendiendo nuestra tierra,
pero el gobierno regional de Huánuco no reconoce las tierras de los pueblos
indígenas. Nos marginan, por eso estamos demorando en la titulación», denuncia
Tangoa.
Al respecto, la abogada de Bien
Común señala: «Hago un llamado al Estado. Se pudo evitar esta muerte, si el
gobierno de Huánuco hubiera titulado a la comunidad hace muchos años y podría
evitar más asesinatos si asegura el territorio de comunidades nativas en la
zona de Huánuco y Ucayali, que están muy convulsionadas. Si no hay solución por
parte del gobierno regional, de titular las comunidades, no van a ser solo
cuatro [defensores asesinados], sino van a ser muchos más, porque las
actividades ilícitas se han extendido increíblemente».
Además. Loyola, en
representación legal de Unipacuyacu informó sobre el avance de la titulación de
la comunidad: «Ayer hemos estado con la Unidad de Gestión Ejecutora de la
Titulación de Predios, pero tantas veces los he escuchado que yo ya no creo,
tengo que verlo para creer».
Al respecto, Teresita Antazú,
dirigenta de AIDESEP, acusó: «Hasta ahora solo se han conseguido predios, pero
no se ha logrado titular los terrenos de las comunidades. Esperamos que este
año pueda lograrse, por los hermanos que dieron su vida defendiendo
territorios»
«El otro problema es el
narcotráfico. Ya no tenemos tierras: la contaminación del agua, deforestación
de bosques, ¿hasta cuándo va a seguir todo esto? En nuestras propias tierras,
han construido aeropuertos clandestinos para que puedan aterrizar avionetas de
narcos. ¿Quién va a solucionar esto? Por eso nosotros acudimos al Estado»,
prosigue en sus demandas líder indígena, Marcelino Tangoa.
Por su parte, Herlin Odicio,
presidente de FENACOCA, organización que logró encontrar para detener al
presunto asesino de Arbildo, expresó: «Ha sido muy doloroso que el pueblo
cacataibo haya sido golpeado en estos últimos años. Cuatro líderes asesinados.
En defensa de ellos, nosotros mismos teníamos que salir al frente para defender
a nuestros hermanos».
Además, Odicio recordó en el
conversatorio que: «El pueblo de cacataibo ha sido golpeado en la época del
caucho, de Sendero Luminoso y ahora sufrimos del narcotráfico y de la tala
ilegal».
Respuesta de las autoridades
Ricardo Soberón, presidente de
DEVIDA afirmó: «Nuestra propuesta de trabajo, a partir del problema del
narcotráfico, es un Pacto Social Ciudadano. Que incluya no promover más
propiedad individual y la seguridad del pueblo».
Al respecto, Soberón explicó que
la nueva estrategia es multisectorial y, por ello, se espera mayor efectividad
en la lucha contra el narcotráfico. Por otro lado, Edgardo Rodríguez del
Ministerio de Justicia, afirmó que en su cartera se está trabajando en crear
redes de prevención comunitarias, para tener un trabajo en conjunto con las
comunidades ya organizadas.
A su vez, Daniel Jara,
coordinador de Derechos Humanos en la Fiscalía reconoció que aún falta mucho
por hacer: ‘Falta una entidad que esté en el Ministerio Público con enfoque de
derechos humanos propiamente. Formalmente, la fiscalía da cuenta de la
percusión y no cumplimiento de los derechos humanos, pero muchos fiscales toman
estos casos [asesinatos de defensores y defensoras] como uno más y no es así.
Requiere de un enfoque de derechos humanos y no solo de eso, sino también, por
ejemplo, de buscar abogadas indígenas y comunitarias». https://wayka.pe/
HIDROMUNDO
El acuerdo global sobre biodiversidad se queda corto en tiempo y ambición
Los negociadores y observadores
salieron de la última reunión del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
con un impulso renovado, pero con muchas cuestiones sin resolver, entre ellas
cómo encontrar los 700 000 millones de dólares anuales que faltan para proteger
y restaurar la naturaleza.
En la sesión celebrada en
Ginebra entre el 14 y el 29 de marzo, se realizaron las primeras negociaciones
puramente presenciales desde antes de que comenzara la pandemia de covid-19.
A pocos meses de la 15
Conferencia de las Partes (COP15) -la principal reunión del CDB, que se
celebrará en la ciudad china de Kunming-, también se anunciaba como la última
oportunidad para introducir cambios significativos en el proyecto de texto que
salió de la última reunión del CDB en octubre, que había sido ampliamente
criticado.
En las conversaciones de Ginebra
se introdujeron muchas adiciones al texto, pero la mayoría están entre
corchetes, lo que significa que aún no se han acordado. Se ha programado una
reunión adicional en junio en Nairobi para intentar llegar a un consenso.
¿Cómo cerrar la brecha
financiera para la biodiversidad?
La financiación sigue siendo un
problema. La inversión necesaria para la biodiversidad se estima en 844 000
millones de dólares anuales, lo que supone 711 000 millones más de lo que se
gasta actualmente.
En cuanto a la financiación
específica de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo, una
coalición de grupos ecologistas, entre los que se encuentran Campaña por la
Naturaleza, Nature Conservancy, Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF) y el
Instituto de Recursos Mundiales (WRI), había pedido antes de la reunión que los
países ricos apoyaran un objetivo de al menos 60 000 millones de dólares
anuales.
Las ONG también pidieron un
enfoque más holístico de la financiación, incluyendo la reorientación de los
subsidios perjudiciales, en sectores como la agricultura y la minería, y el
gasto de los recursos existentes de manera más eficiente.
Un grupo de países, entre los
que se encontraban Argentina y Brasil, liderados por Gabón, pidieron que los países
desarrollados aportaran al menos 100 000 millones de dólares al año, que se
elevarían a 700.000 millones para 2030.
La suma ayudaría a atajar el
impacto de los hábitos de consumo de los países ricos sobre la biodiversidad,
argumentaron. Alrededor de 30 % de las amenazas mundiales a la biodiversidad
son generadas por el comercio internacional, especialmente de productos básicos
producidos en los países en desarrollo para su uso en las naciones más ricas,
según una investigación de la Universidad de Sydney.
Aunque los negociadores
añadieron un texto al proyecto de acuerdo sobre la alineación de los flujos
financieros para que sean positivos para la naturaleza, «todavía están muy
alejados» sobre cómo cerrar la brecha de financiación, según Andrew Deutz, director
de política global, instituciones y financiación de la conservación en Nature
Conservancy.
«Hay un abanico bastante amplio
de expectativas y posiciones. Como antiguo negociador, creo que eso está bien.
Todavía estamos en el proceso de averiguar dónde está todo el mundo, y una vez
hecho esto, se puede negociar para llegar a un consenso», dice.
Brasil, en particular, está
«adoptando una línea dura» en las discusiones sobre finanzas para tratar de
maximizar la ayuda exterior que recibe, y cuenta con el apoyo de otros países
de África y América Latina, señaló. «A algunos les conviene tratar a todos los
países «en desarrollo» por igual, pero los países donantes se niegan. Las
necesidades de recursos de Angola frente a las de Brasil son muy diferentes, dijo.
Como país de renta media, Brasil
debe reconocer que tendrá que pagar la mayor parte de sus esfuerzos de
conservación con recursos nacionales, cree. Colombia es un buen ejemplo de cómo
se puede hacer esto, pagando mediante la combinación de la ayuda extranjera del
Fondo Verde para el Clima con la financiación filantrópica y una parte de sus
ingresos del mercado del carbono. «Esto es lo que debería hacer un país
progresista de renta media», afirma Deutz.
En la actualidad hay una falta
de liderazgo que empuje hacia una mayor ambición, afirma. Los anfitriones de la
COP15, China, trabajaron principalmente entre bastidores, señala. «No han hecho
el tipo de divulgación global a la sociedad civil y al sector privado que hizo
el Reino Unido en el período previo a las conversaciones sobre el clima de la
COP26», afirma.
«La preocupación que escuchamos
en los pasillos, sobre todo en torno a la financiación, es que va a ser más
difícil cumplir con algunos de los compromisos de financiación: los
presupuestos de ayuda se están reorientando debido a la crisis de los
refugiados ucranianos, y a un probable aumento del gasto en defensa entre los
países europeos», afirma.
La guerra también distrajo a los
líderes mundiales, dificultando que los negociadores prestaran atención a la
biodiversidad, afirma. Deutz espera que la reunión del G7 de junio pueda
aportar algo de liderazgo en materia de financiación de la biodiversidad, pero
reconoce que ahora será mucho más difícil incluir el tema en la agenda.
Sin embargo, Brian O’Donnell,
director de la ONG Campaña por la Naturaleza, señala que siempre ha faltado
liderazgo. «La naturaleza no puede quedar siempre relegada a un segundo plano
de prioridades, cuando es fundamental para todos los asuntos del planeta y es
la base de todos nuestros medios de vida y economías. Así que tiene que ser el
tema número uno, convenga o no», indica.
Avances en la protección de 30 %
de la tierra y el mar
En términos más positivos, el
Objetivo 3, que consiste en proteger al menos 30 % de la tierra y los océanos
del planeta, sigue contando con un importante apoyo. Ya son 91 los miembros de
la Coalición de Gran Ambición para la Naturaleza y las Personas, un grupo
intergubernamental formado para defender la propuesta.
Durante las reuniones de
Ginebra, varios países expresaron por primera vez su apoyo al objetivo -algunos
de los cuales lo habían cuestionado anteriormente-, siempre y cuando quede
claro que los países pueden determinar su contribución al objetivo global según
las circunstancias nacionales.
También en la Meta 3, se incluyó
un nuevo lenguaje para indicar mejor la importancia del papel de los pueblos
indígenas y las comunidades locales (IPLC) en la consecución de la meta, y para
proteger más explícitamente sus derechos.
Los pueblos indígenas y locales han
expresado su desconfianza en el Objetivo 3, debido al historial de abusos de
los derechos humanos en nombre de la conservación. Un informe de Indigenous
People’s Rights International expone muchos ejemplos recientes, como el acoso y
la tortura de personas que recogían verduras en el Parque Nacional Chitwan de
Nepal en 2021.
Jennifer Tauli Corpuz, miembro y
negociadora del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, afirma que se
habría negado a apoyar el Objetivo 3 si no hubiera una declaración clara sobre
el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
«Sin salvaguardias, el riesgo es
que se siga como hasta ahora, con más desalojos, asesinatos y criminalización
de los pueblos indígenas», afirma. Sin embargo, se ha añadido una advertencia a
la nueva redacción: que los derechos de los pueblos indígenas deben ser
«conformes a la legislación nacional».
«Hay muchos países que no tienen
una legislación que reconozca los derechos de los pueblos indígenas, así que
creemos que esto es una gran laguna para ellos», según Corpuz.
Las empresas y sus perspectivas
en la COP15
Un hecho positivo en Ginebra fue
la participación del sector privado. Unas 35 empresas asistieron a las
reuniones, entre ellas el gigante de los bienes de consumo Unilever y el
minorista de ropa H&M, según Eva Zabey, directora ejecutiva de la coalición
Business for Nature (BfN).
«Algunos hicieron declaraciones
en las sesiones oficiales, y eso resonó bien porque es una voz más nueva y más
fuerte de empresas progresistas que participan en el proceso», dice. La BfN
pide que las empresas evalúen y divulguen obligatoriamente el impacto y la
dependencia de la naturaleza. Gran parte del texto al respecto sigue entre
corchetes, pero varios países apoyan la idea, informa Zabey.
«Dos años de negociaciones
virtuales han hecho imposible que los países solidifiquen sus propias
posiciones, y mucho menos que comiencen las verdaderas negociaciones a cara
descubierta», dice Deutz, y añade que la sesión de Ginebra «nos hizo superar el
bache» hasta el punto de que los negociadores estaban discutiendo realmente el
texto sobre la mesa.
«Pero no hay mucho tiempo hasta
la COP15», asegura.
Hay opiniones encontradas sobre
las posibilidades de éxito de la COP15 en Kunming. Muchos temen que la sesión
de Nairobi y las reuniones virtuales adicionales sobre finanzas no sean
suficientes para lograr un acuerdo.
O’Donnell afirma: «Podríamos
haber pasado otra semana en Ginebra, y no estoy seguro de que se hubieran
resuelto totalmente los problemas. El tiempo no es el único problema, sino la
falta de sentido de la urgencia. Los países tienen que adoptar un enfoque que
consista menos en que cada uno trate de defender sus prioridades individuales,
y más en pensar en los sistemas del planeta en su conjunto, y en cómo podemos
desarrollar un marco de biodiversidad que aborde esta crisis». https://ipsnoticias.net/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
