Martes, 8 de noviembre de 2022 – Año XV – Edición 4088 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
El paro en Cuninico: Morir a los 11
meses de edad
Compartimos
la mirada del obispo del Vicariato de Iquitos, Miguel Ángel Cadenas, acerca de
la crítica realidad sanitaria que viven muchas poblaciones amazónicas
Dirijo la mirada a un acontecimiento que ha pasado
inadvertido, pero que refleja muy bien la situación que vivimos en Loreto.
Monterrico y Cuninico son dos comunidades indígenas kukama. La primera también
tiene población indígena urarina. Situadas en el distrito de Urarinas,
provincia y región Loreto, en las márgenes del río Marañón.
El 16 de setiembre de 2022 se produjo un derrame de
petróleo en Cuninico. Llueve sobre mojado porque ya hubo otro derrame en 2014
en el mismo lugar. También Monterrico ha sufrido varios derrames petroleros
(2016, 2020 y 2022) que siguen impactando durísimamente a la población. Los
niveles de sufrimiento que soportan ambas comunidades son muy altos. Un
sufrimiento invisibilizado.
El padre del bebé, Segundo Ladislao Rodríguez Macusi, era
apu en el momento en que Monterrico decidió que la comunidad se plegaba al paro
organizado en Cuninico pidiendo que el Estado les atienda con agua y alimentos,
entre otras cosas. Por tal motivo, se trasladó con toda la familia y otras
familias de Monterrico, y comunidades aledañas, a Cuninico. Improvisando un
campamento donde faltan todas las condiciones mínimas: agua potable,
saneamiento básico, alimentos… Las ollas comunes tratan de paliar la necesidad.
Sin embargo, el hacinamiento y la falta de salubridad son malas compañeras.
El bebé, Segundo R.C., se enfermó y después de unos
primeros auxilios en Cuninico fue enviado a la Posta Médica de Maypuco donde
falleció (8 de octubre de 2022). El parte médico señala como motivo
Insuficiencia Respiratoria Aguda. Los padres del bebé atribuyen la muerte a la
contaminación. Dos apreciaciones, ambas de gran interés, que damos por válidas.
No hay duda que la contaminación ha sido la causa que ha
movilizado a la familia (y otros cientos de familias) a acudir al paro de
Cuninico. Abandonan la comodidad del hogar para habitar en unos tambos
temporales. ¿Qué motiva a las familias a tomar esa decisión? Hay muchas
razones, señalamos únicamente tres: 1) la indignación por la contaminación del
río: menos pescado, cosechas más exiguas y una vida más dura. El río es su
única fuente de agua; 2) abandono del Estado: Loreto posee los peores índices
en educación, agua potable, acceso y velocidad de internet…; 3) necesidad de
adquirir dinero. Las tareas tradicionales (pesca y agricultura, unido a la
extracción de madera) no proporcionan el dinero suficiente para la vida actual
donde las familias necesitan un celular para poder conversar con sus
integrantes en la ciudad, por poner únicamente un ejemplo.
Vayamos ahora con lo indicado por el Centro de Salud. Por
supuesto, también damos por válido su parte médico. Es demoledor que muera un
bebé de 11 meses. Y conviene que veamos el contexto para que no culpabilicemos
demasiado rápidamente a sus padres. Aunque en la última década se ha
incrementado el número de personal sanitario por cada 10,000 habitantes,
conviene tener en cuenta el comentario siguiente de noviembre de 2020:
“Sin embargo, en el ranking de habitantes por
establecimientos de salud y médicos, Loreto se encuentra más cerca del promedio
nacional que de los primeros lugares, lo cual sugiere que hay problemas de
acceso o calidad de los servicios médicos. La posición de la región en los
rankings de enfermedades no parece corresponder con su posición en los de
disponibilidad de infraestructura de salud y atención médica. De acuerdo con
las entrevistas realizadas por el equipo, la dificultad en el acceso a salud en
Loreto está más asociada a la limitada distribución espacial de estos recursos
en el departamento y el cuán difícil es trasladar a la población afectada a
ellos”.
Resaltamos lo siguiente: 1) los rankings de enfermedades no
se corresponden con la disponibilidad de infraestructura de salud y atención
médica; 2) la distribución espacial de los recursos está lejos de ser la
adecuada. De ahí que sea difícil el traslado de los enfermos. 3) No se dice
nada de las fronteras invisibles para que los indígenas puedan acceder. El
MINSA no toma en cuenta suficientemente las culturas indígenas.
Acceso al agua potable
El 56.3% de los loretanos tiene acceso al agua potable, el
departamento con peor cobertura de todo el Perú. Prácticamente uno de cada dos
loretanos carece de acceso al agua potable. Esto es indignante y absurdo:
vivimos en medio del Amazonas, la mayor corriente de agua dulce del planeta.
En este contexto se está llevando a cabo el paro en
Cuninico. Lejos de ser un tema puntual hay que ver el contexto en el que se
desarrollan los acontecimientos. Invocamos al Estado para que resuelva los
graves problemas por los que estamos pasando. Las demandas son siempre las
mismas: agua, alimentos, salud, educación y un medio ambiente sano. Son
exigencias básicas, elementales. Falta voluntad política para resolverlas.
Nadie tiene que morir a los 11 meses de vida. Es un fracaso
que refleja desigualdades profundas y arraigadas. Que Nuestra Señora de Loreto,
la Virgen de la Esperanza, nos acompañe a todos.
Datos:
Este año 2022, el Estado peruano ha entregado a Petroperú $
1,750 millones. Sin embargo, Petroperú sufre de iliquidez y algunos analistas
indican que está en quiebra. Pues bien, el Estado peruano y Petroperú han
negado agua y alimentos suficientes a las comunidades que se han organizado en
el paro en Cuninico. “Cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos
pequeños, conmigo lo hicieron” (Mt 25, 31-46).
En una anodina reunión entre los dirigentes de las
comunidades del paro de Cuninico, dirigentes del distrito de Parinari, también
afectados por el derrame, y el Estado peruano en Nauta, el 17 de octubre 2022,
no se llegó a ningún resultado concreto. Esto acumula rabia en el bajo Marañón.
Pero el Estado peruano está ocupado en otros menesteres. https://www.inforegion.pe/
Pobladores muestran su preocupación por la ausencia de lluvias
en el distrito de Tiquillaca
El subprefecto distrital de Tiquillaca, Kevin Tito, indicó
que, la ausencia de lluvias está generando preocupación en los pobladores de
las comunidades campesinas, muchos de ellos, retrasaron el sembrío de los
productos de primera necesidad (quinua, papa) y los animales ya no tendrían
agua para consumo.
Explicó que, los tenientes gobernadores realizarán un
ritual para bajar agua de la zona alta donde cuentan con un ojo de agua,
principalmente para el consumo del ganado.
Detalló que, en la mayoría de las comunidades campesinas
que son un total de 10, se secaron los pozos de agua, a excepción de la
comunidad Arboleda donde se cuenta con la laguna Umayo.
Recordó que, en reunión con los 08 tenientes gobernadores
prevén realizar está actividad costumbrista entre el sábado y el domingo, lo
que esperan, ayude en el registro de las precipitaciones pluviales. https://radioondaazul.com/
Fiscalía Ambiental investiga
contaminación en Talara Alta
La fiscalía provincial Especializada
en Materia Ambiental de Sullana detuvo a tres personas en una intervención
realizada en el sector Quebrada de Pariñas, en el distrito de Talara Alta, tras
ser acusadas de contaminar la zona.
Con apoyo de la PNP, los
fiscales ingresaron a una trocha carrozable ubicada en la quebrada de Pariñas,
en un área de aproximadamente 1.000 metros, donde observaron un cargador
frontal mientras hacía trabajos de movimiento y extracción de hormigón bruto (piedra
y arena), para luego cargar el material en un volquete.
Los detenidos fueron
identificados como Segundo Idelfonso Espinoza Alvarado (70), Luis Alberto
Ipanaqué Bouongger (65) y a Humberto Solano Palacios (68). A ellos se les
explicó el motivo de la intervención y se les pidió la documentación requerida
para la extracción del mineral, pero respondieron que solo son conductores
contratados.
Los sujetos fueron detenidos en
flagrancia delictiva y serán investigados como presuntos autores del delito de
contaminación ambiental.
Los representantes del Ministerio
Público dispusieron la incautación de los vehículos, que fueron internados en
el depósito municipal de Talara Alta. En tanto, los detenidos fueron llevados a
la Depincri PNP para las indagaciones correspondientes. https://larepublica.pe/
El agua, el nuevo botín
La empresa estatal israelí que
secó el río Jordán —aquel en cuyas aguas fue bautizado Jesús y ungido Mesías
por el cristianismo— se afianza en la Argentina para el proceso de creación de
un mercado del agua de consumo humano, productivo e industrial. A diez años del
proyecto frustrado en la provincia de Buenos Aires, Mekorot Israel National
Water Co firmó un acuerdo con el Gobierno nacional que le permite iniciar
negocios para la gestión integral de los recursos hídricos de cinco provincias,
en tanto que mantiene avanzadas conversaciones al menos con dos municipios
sobre la costa del río Paraná. La misma empresa realiza inversiones en
infraestructura de agua y salubridad por otro memorándum de entendimiento
firmado el año pasado, los que se articulan estratégicamente.
“Uno de los objetivos
principales de la política hídrica en Israel fue que la gestión del recurso
esté centralizada en pocas instituciones con una clara delimitación de las
facultades y responsabilidades de cada una”, según el análisis de Evangelina
Dardati, economista chilena. Mekorot es uno de los cinco puntales de ese
modelo.
La empresa firmó un acuerdo para
la gestión integral de los recursos hídricos superficiales y subterráneos con
el Consejo Federal de Inversiones (CFI), quien a su vez lo hizo con los
gobiernos de las provincias de San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Río
Negro. Las declaraciones oficiales de funcionarios públicos y de los directivos
de la empresa permiten interpretar los alcances del acuerdo de negocios
plasmados en los respectivos convenios particulares. Arancelamiento de todos
los servicios de aguas, modificación de las leyes provinciales y de sus
organismos de aplicación, reordenamiento total de los usos y destinos de la
infraestructura existente, creación de valores económicos y financieros para
establecer un costo del agua en la Argentina, nacionalización y centralización
de algunos sectores del mercado, entre otros objetivos de esta gran reforma que
pretende completar y perfeccionar la de los ’90.
En este caso, el conflicto se
plantea por dos frentes. Por una parte, por el plan de negocios neoliberal para
el agua dulce potable, recurso estratégico comparable a la tierra libre de
agroquímicos y de ocupantes con título de propiedad privada. Por otra, Mekorot
es una de las empresas cuyas prácticas fueron condenadas por el Relator
Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Michael Lynk, con
rol clave en el proceso calificado como apartheid contra el pueblo palestino en
Gaza, Cisjordania y Jerusalén este. El último informe del Comisionado se hizo
público en el 25 de marzo pasado; un mes después después, una misión argentina
encabezada por el ministro del Interior, Wado de Pedro, recorrió las obras
modelo de Mekorot que privan de a Palestina agua en calidad y cantidad
suficiente para una vida digna.
El interés de siempre
Como para empezar de cero, sin
el lastre de los negociados menemistas, los funcionarios públicos nacionales y
provinciales insisten en hablar del acuerdo con Mekorot como reciente, de menos
de dos años.
La Argentina e Israel firmaron
en 1995 un acuerdo de cooperación comercial y económica. Uno de los
antecedentes importantes es el acuerdo del Gobierno de La Pampa e Itzhak
Aviran, embajador de Israel en la Argentina a partir de una gestión personal de
Osvaldo Roberto Schvartzer, en su rol de presidente de la Asociación Argentina
de Amigos de la Universidad de Ben Gurión. El economista estuvo involucrado en
los 90 en el cobro y uso de 17 millones de pesos en concepto de ATN (aportes
del tesoro nacional) cedidos por la cartera de Carlos Corach a la embajada israelí
en Buenos Aires. Años después, le armó la gira de negocios por Israel a
Mauricio Macri cuando era presidente.
Para 2003 Jorge Sobisch,
gobernador de Neuquén, avanzó con un proyecto de irrigación de 40.000 hectáreas
en el que aparece el grupo de intereses que confluía en la embajada de Israel.
Dos años después, le otorgó en forma directa (sin licitación ni concurso
público) a la consultora The Israeli Consulting and Technological Company Ltd.
(ITC) el diseño de un proyecto de desarrollo agroproductivo para la zona
comprendida entre Arroyito, El Chocón y Challacó. El ingeniero Ernesto
Schvartzer, sobrino de Osvaldo, armó ITC, brazo técnico-comercial de la
Universidad Ben Gurion, con la que ejecuta proyectos de agricultura intensiva
en varios países. Hicieron pie en el Valle de Antinaco (La Rioja), Formosa,
Salta —de la mano del grupo Socma (Macri)—, así como en Choele Choel y el Idevi
(Río Negro), con el discurso de la ampliación de la frontera agropecuaria y la
incorporación de tecnología eficiente para el riego de suelos áridos.
El grupo de negocios incluyó
socios locales. En 2007 fructificó la alianza con la Federación Nacional de
Trabajadores de Obras Sanitarias de la República Argentina (FENTOS). Ese mismo
año el gobierno de Río Negro alcanzó un acuerdo con objetivos generales similares
a los de hoy. En 2008 Chubut firmó un convenio marco con la dupla
gremial-empresaria cuyo desarrollo se fue licuando. Ese mismo año, el ex
gobernador Daniel Scioli decretó de interés público un proyecto de saneamiento
de aguas en La Plata, que no soportó los cuestionamientos técnicos y políticos
y naufragó. En 2009 la empresa anunció su interés por participar del armado y
emplazamiento del Polo Industrial y Tecnológico de Bariloche. Por su parte,
Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba y también en 2010, analizó en ese
entonces la posibilidad de un acueducto entre el río Paraná y Córdoba.
Muchos de estos proyectos
merecen revisarse en profundidad para entender un modo de acumulación de
capital asociado a los Estados, los elencos locales de los partidos políticos y
la burocracia sindical en el anclaje territorial del modelo neoliberal.
Otros capitales trasnacionales
acapararon la atención con la transformación estructural del territorio que
emergió con la soja transgénica, los desmontes masivos y el acaparamiento de
tierras rurales para nuevas rentas de la naturaleza. Así, no llamó la atención
cuando en 2020 reapareció Mekorot en negociaciones con el Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), las que se formalizaron el año pasado.
“Mekorot contribuirá en el desarrollo de proyectos de alto impacto para el
fortalecimiento de las capacidades de gestión en los servicios de agua y
saneamiento a través de un equipo de expertos israelíes con experiencia probada
en la gestión de los recursos hídricos. La realización de estudios de
viabilidad y de proyectos de tecnología aplicada a los recursos hídricos es uno
de los puntos incluidos en el acuerdo. También la elaboración de informes, el
asesoramiento, el fortalecimiento de los marcos legales y la planificación”,
informó la Cámara de Comercio Argentino Israelí.
El proyecto, lxs proyectistas
“Queremos nacionalizar la
gestión de los recursos hídricos. Tenemos un borrador en base a la experiencia
de Israel, Estados Unidos y Australia, y al regreso del viaje discutiremos con
los gobernadores las mejores opciones. Nuestra propuesta es que haya una sola
autoridad del agua en el país”, dijo De Pedro a la salida de la planta Eshkol,
en abril. Participa de este proyecto Malena Galmarini, presidenta de Agua y
Saneamientos Argentinos (AySA), con la presencia de José Luis Lingeri,
integrante del directorio y nexo con las fallidas inversiones en La Plata y
Bahía Blanca de hace una década.
Mekorot tiene dos subsidiarias,
Mekorot Desalination and Enterprise y Mekorot Development & Enterprise LTD.
Esta última es la que integró la UTE para una obra en La Plata que Lingiere
conoció de adentro. Por parte de la empresa, participó de las negociaciones con
el ENOSHA Moti Shiri, director ejecutivo de Mekorot Desalination. En el acuerdo
canalizado por CFI, Barak Graber y Diego Berger. Graber integra los directorios
de las firmas con que desarrollaron y operan dos plantas desalinizadoras en
Chipre. En tanto, Berger juega de local; nació en Argentina y se radicó en
Israel. En mayo participó de actividades en Chile, donde informó al Senado
sobre aspectos de la gestión del agua en vista de la reforma constitucional que
por entonces se definía.
Los anuncios oficiales no fueron
acompañados por la documentación pública correspondiente. La única copia
disponible se publicó en el Boletín Oficial después de que la Asamblea Popular
por el Agua de Mendoza la reclamara formalmente con una abogada. De esa copia
se desprende que al menos Mendoza firmó dos acuerdos con el CFI. El 11 de
agosto acordó la realización del “Plan integral para la sustentabilidad del
sistema hídrico provincial” por el plazo de dos años. El 5 de septiembre el
“Convenio marco de cooperación – Lineamientos técnicos, parámetros y principios
de funcionamiento aplicables a la elaboración de un plan maestro para el sector
hídrico de la provincia”.
Rodolfo Alejandro Suárez,
gobernador de Mendoza, refrendó por decreto el primer acuerdo, que en el
considerando indica que comprende cinco proyectos concurrentes: “1) Plan
Maestro para el sector hídrico; 2) Código de Aguas para la Provincia de
Mendoza; 3) Herramientas para la optimización de la disponibilidad hídrica; 4)
Fortalecimiento del programa de inversiones en cauce; y 5) Fortalecimiento de
la gobernanza del sistema”. En el segundo acuerdo consta que la cooperación se
inicia con la contratación por parte del CFI a la consultora Mekorot Israel
National Water para definir los lineamientos técnicos, parámetros y principios
de uso sostenible de los recursos hídricos y la adquisición de las capacidades
necesarias para la gestión sustentable de estos. Esos términos vagos se
delimitan un poco más cuando indica que el proyecto realizará “un análisis del
potencial de los recursos hídricos (aguas superficiales y subterráneas); la
creación de proyecciones de la demanda de agua (urbana, rural y de riego) para
crear un sistema de asignación que permita regular la demanda de agua; definir
planes alternativos de abastecimiento de agua”, entre otros objetivos. Mendoza
tiene una ley provincial de aguas y una autoridad de aplicación local, el
Departamento General de Irrigación (DGI).
Otros pocos detalles surgen de
las declaraciones de lxs gobernadorxs firmantes. Río Negro anunció que en dos
meses entregará el contenido para el desarrollo del Plan Maestro local, que
quedó en manos del Departamento Provincial de Agua (DPA), autoridad de
aplicación del código de aguas local. La propuesta propia incluirá una
“evaluación de alternativas de desalinización para abastecimiento de agua potable
en la región sur y en poblaciones de la zona atlántica; la planificación y
optimización de la reutilización de los efluentes generados en las plantas de
tratamiento de líquidos cloacales; un análisis de funcionamiento y eficiencia
de los sistemas de riego y drenaje, para realizar posteriores planes de
reacondicionamiento o modernización; un análisis económico, balance prospectivo
y recomendaciones para alcanzar un desarrollo equilibrado, trabajando sobre el
valor económico del agua que permita alcanzar un financiamiento genuino de la
gestión integrada de los recursos hídricos”, informó la gobernadora Arabela
Carreras.
La provincia hizo propio el
viejo interés de Mekorot por una planta desalinizadora en Sierra Grande, opción
que reflotó el desarrollo del proyecto de hidrógeno verde en Punta Colorada.
Palestina, pueblo originario
Maren Mantovani, coordinadora de
relaciones internacionales de la campaña palestina Stop the Wall (Paremos el
muro), regresó a la Argentina por Mekorot. Había participado de la campaña de
esclarecimiento “Buenos Aires, aguas turbias” por el proyecto de La Plata. La
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los DD.HH.
organizaron la presencia de la activista en Esquel (Chubut), donde planteó el
tema del dominio del agua para tener el control territorial en el caso de
Palestina.
“La acción de Mekorot en
Palestina es mucho más que la mercantilización del agua, es el uso estratégico
del control del agua para expulsar a las comunidades de los territorios al
despojarlos del recurso”, argumentó Mantovani en una conversación virtual.
Israel tiene centralizado el uso del agua que es exclusivo dominio estatal. En
el control estatal del recurso, Mekorot es la única empresa del sector, brazo
técnico de la estrategia de gobierno para con Palestina.
En los reclamos internacionales,
consta que extrae una cantidad de agua de los territorios palestinos ocupados
que excede la regla de usufructo de las Regulaciones de La Haya y, por lo
tanto, viola el derecho internacional humanitario (DIH). Israel prohíbe
totalmente a los palestinos abrir nuevos pozos; al mismo tiempo, Mekorot
perfora al lado sus pozos más profundos para los asentamientos israelíes de
forma ilimitada, mientras restringe el suministro de agua para las comunidades
palestinas en la misma región. Estas prácticas empresarias son violatorias de
numerosos pactos internacionales.
“Como Sudáfrica y Namibia,
Israel comete el delito de apartheid”, sintetizó Mantovani. En ese sentido, en
su informe en la sesión 49 del Consejo de Derechos Humanos, el relator especial
Lynk advirtió sobre “la transición de un estado de ocupación —que ya supone un desafío
al derecho internacional—, a convertirse en un régimen de apartheid asumido por
el gobierno israelí (…). Su prohibición incluso constituye una norma imperativa
del derecho internacional”.
Dice la Biblia que el pueblo de
Israel cruzó a la tierra prometida por el sur del río Jordán, cuyo caudal
languidece por años de sobreexplotación para riego y agua potable de la
colonización de los territorios palestinos. En su desembocadura, el mar Muerto
desciende al perder el único aporte de este afluente de agua dulce.
Envuelto en los discursos del
cambio climático y la transición de la matriz energética, la reforma
estructural que plantea el gobierno nacional para con el agua dulce potable, en
acuerdo con los gobernadores de distinta extracción política, plantea un
conflicto de impacto masivo y al mediano plazo. De todos modos, cuesta imaginar
un futuro en que las petroleras paguen a precio de mercado el agua del fracking
en Vaca Muerta, que los estancieros paguen por usar el agua sin restricciones o
se cobre el derroche en piscinas de las viviendas de alta gama. https://www.elcohetealaluna.com/
