6/6/24

Tarifa del agua podría duplicarse en Lima por decreto legislativo del gobierno, alerta Sunass - Hidroboletín Fentap 4482

 Jueves, 6 de junio de 2024 – Año XVIII – Edición 4482

 

Tarifa del agua podría duplicarse en Lima por decreto legislativo del gobierno, alerta Sunass

El presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Mauro Gutiérrez Martínez, sostiene que el alza del costo del agua se estaría desligando de una mejora del servicio

A fines del 2023, se aprobó el Decreto Legislativo 1620, que busca modificar el Decreto Legislativo Nº 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) la entidad reguladora, este implica que haya riesgo de injerencia del Ministerio de Vivienda para fijar tarifas de agua potable, vulnerando la autonomía del regulador.

Ahora, al diario Gestión, el presidente ejecutivo de la Sunass, Mauro Gutiérrez Martínez, ha alertado que estas tarifas podrían duplicarse en Lima y en otras regiones podría incrementarse hasta más de siete veces.

Tarifa del agua aumentaría sin mejorar servicio

Mauro Gutiérrez, el presidente ejecutivo de Sunass, ha alertado los últimos meses sobre el peligro que supone el decreto legislativo 1620 no solo para la autonomía de la entidad reguladora, sino también para la tarifa del agua potable que pagan los ciudadanos (algo relevante, sobre todo en un contexto en que la pobreza ha registrado su segundo año al aumento).

“Un incremento tarifario tiene que demostrarse con mejoras del servicio. Desconectar eso, desconectar las metas de las tarifas, es un problema estructural y esto es un tema que tenemos que discutir y cambiarlo. Porque esto, actualmente con el decreto legislativo 1620, se ha disociado”, alertó el funcionario en la conferencia ‘Tarifas del agua y la canasta básica’ en la Sunass.

Asimismo, con este decreto también se permite e incentiva la comercialización de los productos generados por la actividad de saneamiento y utilizar la infraestructura existente para la prestación de servicios públicos. Esto incluye la posibilidad de establecer competencias, funciones e incentivos para que más agentes prestadores se unan al mercado.

“Me parece incomprensible que se esté buscando privatizar servicios que son derechos fundamentales como el agua. Lo que dice este pedido es que se creen empresas intermediarias para comprar el agua producida por la empresa pública y luego venderla. Estamos debilitando lo que debería ser más que un servicio; es un derecho para los peruanos”, señaló en su momento la congresista Sidrig Bazán durante el debate en el Pleno del Congreso.

¿Cuánto subirá el agua?

El presidente ejecutivo de Sunass declaró a Gestión que, a raíz de este decreto legislativo, la tarifa del agua podría duplicarse en Lima, pero que en otras regiones esto podría incrementar aún más.

“En Lima, es decir, Sedapal, una familia promedio que consume 15 metros cúbicos paga S/ 65 al mes. Por el cambio metodológico, su facturación potencialmente llegaría a S/128. Es un incremento del 97%”, advirtió Gutiérrez.

Así, en las localidades de Arequipa donde este servicio está cargo de Sedapar, este costo subirá en más de siete veces su valor.

“No es un tema menor. Hoy no tenemos el crecimiento económico de antes. La pregunta es qué pasará si los vulnerables deben pagar S/ 50 más. Estaban al borde de la pobreza, con esto caerán en ella. Le hemos pedido al MVCS que lo analice: que pase lo cualitativo a lo cuantitativo”, resaltó el titular de la Sunass

De aprobarse la ley, el costo del servicio de agua potable en Piura tendría un aumento de hasta 266 % del costo promedio actual. Es decir, si una familia paga, en promedio, unos 50 soles mensuales, este se recalcularía y pasaría a S/ 183.

Aumento de las tarifas de agua aumentaría el índice de pobreza

El presidente de la Sunass, Héctor Gutiérrez, en declaraciones a Gestión, manifestó su preocupación en el impacto negativo del proyecto de ley para regular las tarifas de agua. Según Gutiérrez, esta modificación provocaría que alrededor de 300 mil personas caigan en situación de pobreza, aumentando el número total de peruanos en esta condición.

“Hoy no tenemos el crecimiento económico de antes. La pregunta es qué pasará si los vulnerables deben pagar S/ 50 más. Estaban al borde de la pobreza, con esto caerán en ella. Le hemos pedido al MVCS que lo analice: que pase lo cualitativo a lo cuantitativo”, afirmó Gutiérrez, subrayando la gravedad del tema.

Las cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señalan que, hasta finales de 2023, hay 10.6 millones de peruanos en estado de vulnerabilidad. La mayoría de estas personas residen en zonas urbanas, donde operan las Entidades Prestadoras de Servicios (EPS). Este cambio podría agravar su situación socioeconómica, según lo revelado por distintos medios. https://www.infobae.com/

HIDROREGIONES PERÚ

Piura: Vecinos de calle Callao en Castilla seguirán sin agua y con desagües colapsados

Ya se cumplirán dos semanas que los vecinos de Castilla, específicamente los que se abastecen de agua del pozo El Cortijo, que no cuentan con el servicio, sumado a eso, el colapso de los desagües sigue afectando sus casas y su salud. Consultados del tema, el gerente de la EPS Grau, Marco Vargas Trelles, informó que se están adquiriendo equipos para cambiarlos los antiguos, pero demorarán al menos 3 meses para poder tenerlos en la ciudad.

“Estamos realizando las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Vivienda para una adquisición de electrobombas que van a servir para recuperar la correcta operatividad de la EBAR El Cortijo, evitando así aniegos y afloramientos de desagües. Hay que levantar algunas observaciones que tenemos pendiente para seguir con el trámite de financiamiento. Prevemos que en los próximos 3 meses se logre esta importante adquisición”, afirmó el gerente general de la EPS Grau, Marco Vargas Trelles.

Mientras tanto, los vecinos de la calle Callao, cuadra 10 y 11, seguirán soportando las aguas pestilentes que salen de los desagües, inundando sus viviendas, perjudicando su salud. “Ahora tendremos que esperar 3 meses más para poder tener agua, y vivir tranquilos. Que tal alivio nos da estos funcionarios, que no hacen nada hasta que la desgracia afecta a la población. Y no dudamos que nos cobrarán por un servicio paupérrimo, con montos elevados. Hasta ahora no viene la Defensoría del Pueblo, que solo sirve para tomarse fotos y menos la Fiscalía. Queremos que nos ayuden” indicó una vecina, quien pidió no ser identificada.

Del mismo modo, Vargas Trelles enfatizó que ya se dispuso la reparación de las bombas afectadas y se ha instalado una red alterna que servirá como aliviadero para bajar los niveles de desagües en la EBAR. “Son equipos que no se han cambiado hace más de 25 años, es por ello que ocurren estas incidencias. Tan luego bajemos los niveles, se procederá con la limpieza y desinfección de las zonas afectadas”, finalizó.

La población se pregunta cuándo será esto. https://noticiaspiura30.pe/

 


Tarapoto: GETRAM San Martín, Huánuco y Pasco se reúnen para conformar mesas temáticas de Seguridad Hídrica

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), a través de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Huallaga, organizó tres reuniones virtuales con el objetivo de presentar los avances en los procesos administrativos relacionados con la conformación de las mesas temáticas de Seguridad Hídrica y la elaboración de las fichas de acopio de información en los sectores de Acuicultura, Agua Potable y Saneamiento, y Agricultura en toda la cuenca del río Huallaga.

La reunión se realizó con los integrantes de los Grupos Especializados de Trabajo Multisectorial (GETRAM) Huallaga-Pasco (HP), Huallaga-Huánuco (HH) y San Martín, respectivamente. En las últimas reuniones virtuales con los integrantes de los GETRAM Huallaga-Pasco y Huallaga-Huánuco, éstos, validaron la modificatoria del Reglamento Interno y aprobaron la conformación de la mesa temática de Seguridad Hídrica.

Por su parte, los integrantes del GETRAM San Martín aprobaron la conformación y validación de los miembros de la mesa temática de Seguridad Hídrica Regional de San Martín, así como la propuesta de intervención en la unidad hidrográfica Sisa. En este espacio se conformará posteriormente la Mesa Temática de Seguridad Hídrica en el ámbito de la cuenca Sisa.

Estas actividades reflejan el avance en la implementación de las acciones planificadas en el Plan de Acción 2024 y fortalecen la consolidación de estos espacios participativos, tanto para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) como para la Seguridad Hídrica en toda la cuenca del río Huallaga.

DATO

Los GETRAM son espacios de análisis, coordinación y concertación de los gobiernos regionales, gobiernos locales, entidades públicas, privadas y la sociedad civil organizada. Se han creado con el objetivo de analizar la problemática hídrica en las regiones mencionadas y presentar propuestas de solución para gestionar los recursos hídricos con una visión compartida, asumiendo las responsabilidades correspondientes. https://www.gob.pe/


Trujillo: denuncian contaminación de curtiembres

Los vecinos del distrito de La Esperanza están preocupados por la contaminación causada por las curtiembres locales. Las aguas residuales, cargadas de químicos, generan olores nauseabundos y han estado afectando la salud de los residentes y trabajadores. Este problema se ha intensificado en la última semana, provocando dolores de cabeza y un ambiente insoportable para quienes viven y trabajan en la zona.

Los trabajadores de la zona industrial también sufren las consecuencias de esta contaminación. Según el testimonio, las aguas contaminadas dificultan el trabajo y hasta impiden que las personas puedan almorzar en paz. Los trabajadores están expuestos a olores nauseabundos constantemente, lo que afecta su salud y rendimiento laboral.

Impacto en negocios locales y tránsito

El problema no solo afecta a los trabajadores, sino también a los negocios locales. Una vendedora de desayunos en la zona relató cómo ha tenido que regalar su comida debido a la falta de clientes, quienes evitan el área por los malos olores. Además, la contaminación ha dificultado el tránsito, ya que vehículos y motociclistas deben esquivar las aguas residuales.

Hacen un llamado a las autoridades locales y regionales para que intervengan y regulen las actividades de las curtiembres. La falta de una respuesta efectiva ha llevado a una crisis de salud pública en La Esperanza, y los residentes exigen acciones inmediatas para evitar mayores daños. https://soltvperu.com/


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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5/6/24

Pronunciamiento contra el proceso de concesión / privatización de las fuentes de agua y los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento - Hidroboletín Fentap 4481

 Miércoles, 5 de junio de 2024 – Año XVIII – Edición 4481

 

Pronunciamiento contra el proceso de concesión / privatización de las fuentes de agua y los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento

1.       Las concesiones/privatizaciones son modelos que han fracasado en los países europeos y africanos donde se aplicaron, pues solo produjo rentas mayores para las empresas privadas transnacionales vía el aumento de tarifas a los usuarios de hasta 300% en el caso de la ciudad de París. Luego de la devolución de los servicios a las empresas públicas (remunicipalización) en Europa se realizaron procesos judiciales contra las empresas transnacionales, porque lo captado por las tarifas no correspondían a lo invertido, en resumen, lucraron con el servicio sin hacer mejoras.

2.       El 27 de julio del 2023 la ONU declaró “Ebullición global”, la segunda etapa del Cambio climático, por lo que a nivel internacional todos los países han y están declarando como un “recurso estratégico el agua”, potenciando y modernizando sus empresas públicas para brindar un debido y sostenido acceso al servicio universal del agua para sus poblaciones; sin sobrecostos y sin lucro de los privados de por medio. Además, la ONU, la actual legislación nacional, así como la Constitución Política del Perú (en su Artículo 7-A), la Autoridad Nacional del Agua y la Defensoría del Pueblo han declarado que este es un servicio básico, indispensable para la vida y salud de los ciudadanos. Entonces, siendo un recurso natural y esencial su dominio es inalienable e imprescriptible y estratégico por lo que el acceso al servicio de agua potable es un derecho humano y un bien público universal que permite y asegura además la soberanía e independencia alimentaria.

3.       El Decreto legislativo 1620 Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento publicado el 21.12.2023, sin considerar la Participación Ciudadana en las zonas urbanas y sin la consulta previa en las comunidades indígenas y en base a la delegación de facultades otorgadas por el Congreso promovida por la ministra Hannia Pérez de Cuellar, quien sostiene que “busca la eficiencia de los prestadores de servicios”, han aprobado una Ley que es nefasta para los intereses nacionales, porque busca entregar las principales actividades económicas de las EPS a favor de los privados nacionales pero sobre todo extranjeros, sin que estos inviertan o evidencien sus porcentajes de inversión, vía las concesiones, APP y tercerizaciones de los servicios. Por ello, estamos en contra de la “concesión/privatización del agua” porque, además, con esta Ley se entrega a los privados las fuentes de agua naturales o artificiales que se utilizan para la producción de agua potable, agricultura y energía, sean estas continentales, marítimas o atmosféricas. Las concesiones en otros sectores solo han dejado pasivos ambientales que hoy los peruanos subsidiamos o pagamos.

4.      El 21.05.2024 se aprobó el Reglamento del DL N°1280 que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento a través del cual en vez de fortalecer el servicio público del agua potable que realiza Sedapal, se le crea una competencia desleal al darle facilidades a los privados que no le dieron nunca a Sedapal, favoreciendo así la participación privada.

5.       El 27.05.2024 el MVCS dispuso la publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba la “Hoja de ruta hacía una Economía Circular en agua y saneamiento al 2030”. Interpretando antojadizamente que la EC es solo valorizar los excedentes del proceso productivo del agua potable; cuando en el resto del mundo implica además la conservación, protección, accesibilidad y sobre todo la no contaminación del recurso y su entorno.

6.       Cabe señalar que existe una capitalización de transferencias para que el MVCS sea accionista de las EPS y pasarlas al FONAFE. El art. 105.3. señala que la subrogación de deudas y las transferencias físicas o financieras que efectúe el MVCS a favor de las empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento públicas de accionariado municipal, adoptan la modalidad de aporte de capital, de manera proporcional al valor de cada acción del respectivo capital social, según las condiciones y procedimientos que establezca el Reglamento de la presente Ley”.  Estas modificaciones, impulsan la creación de empresas mixtas mediante este régimen legal especial, donde se orienta a la capitalización de las transferencias del OTASS/MVCS, a fin de constituirse en accionista e incorporar a las EPS dentro del ámbito de FONAFE, la misma que es una entidad restrictiva y que no ha favorecido ni favorece al desarrollo de una gestión eficiente, motivo por el cual el sindicato de SEDAPAL viene solicitando en forma reiterada su retiro del ámbito del FONAFE.

7.       La capitalización de las transferencias otorgadas a las EPS pretende que el gobierno actual a través del MVCS, sean accionistas y constituyan empresas de la actividad empresarial del Estado y dependientes del FONAFE. Lamentablemente tenemos la mala experiencia de la gestión pública estatal del MVCS, como ha sido el caso de Sedapal, EPS Grau (proceso concursal), 18 EPS en RAT y Tumbes (administrada por el OTASS luego del fracaso de la concesión). Esta norma, prácticamente pretende quitarles la titularidad a los gobiernos locales y ser el MVCS el concedente del derecho de explotación de los servicios de saneamiento, para luego privatizarlas a través de las concesiones.

8.       Existen otras razones más por las que los gremios, sindicatos, asociaciones y organizaciones de base nos oponemos a la privatización del agua vía concesiones de derechos de explotación por más de 25 años renovables y que además permite que los privados sin invertir se queden con todo el capital físico de las EPS, un negocio ilegal y redondo que quita el derecho de propiedad a los gobiernos locales en forma inconstitucional, olvidándose de que el Perú es suscriptor de acuerdos internacionales, donde el Consejo Económico y Social de la ONU, el Comité de Derechos Económicos , Sociales y Culturales en noviembre de 2002, estableció en la Observación General N° 15 sobre el derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), en el capítulo III. Las Obligaciones de los Estados parte, obligaciones específicas, acápite b) Obligaciones de proteger, cuyo numeral 23 señala la obligación del Estado de proteger y garantizar el servicio público del agua para lograr el cierre de brechas en la población más vulnerable de nuestro país que no han sido atendidos en sus demandas y en concreto del acceso y servicio del agua potable y que con estas estrategias de concesión/privatización nunca serán atendidos si es que no tienen con que pagar.

Ante eso exigimos: La derogatoria del DL N°1620 y el Reglamento del DL N°1280 que se interpreta antojadizamente para debilitar la gestión pública del agua, atentando contra los derechos humanos constitucionales e internacionales con respecto al agua. Permitir la modernización de las EPS, para garantizar tarifas justas y accesibles, sin intermediarios que lucren con el recurso y, prestaciones eficaces y eficientes con participación ciudadana en lugar de “cargos de confianza” que solo han logrado el atraso y la corrupción del sector.

Lima, 4 de junio del 2024

LUIS ISARRA DELGADO – SECRETARIO GENERAL FENTAP

GERÓNIMO SEVILLANO - SECRETARIO GENERAL CGTP

LUISA EYZAGUIRRE CONTRERAS - SECRETARIA GENERAL SUTESAL

HIDROREGIONES PERÚ

Consejo Regional de Arequipa - CRA remite terna para elegir representante ante directorio de SEDAPAR

Tras un turbulento proceso de aprobación, ayer el Consejo Regional de Arequipa (CRA) envío la terna para ocupar el puesto de representante del Ejecutivo Regional ante el directorio de Sedapar. Ahora dependa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) elegir a quien ocupará el cargo, puesto que los candidatos son Óscar Pastor Paredes, ex director de Sedapar; José Suárez Zanahoria exdecano del Colegio de Abogados y Juan Carlos Córdova Lizárraga exgerente general de Sedapar.

El pasado martes 14 de mayo, la Dirección de Saneamiento del MVCS habilitó la plataforma virtual para registrar a los candidatos a representantes del GRA ante el Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) S.A. En dicho documento se detalla que el Gore Arequipa tiene hasta el 3 de junio (15 días hábiles de plazo) para registrar a sus candidatos para los cargos de representante y suplente ante el directorio de Sedapar. Proceso a cargo del Legislativo regional.

La terna remitida incluye únicamente a tres postulantes presentados por el consejo regional, puesto que las cuatro propuestas del Gore Arequipa fueron rechazadas. Desde la presidencia del CRA se aseguró que la terna presentada no incluía a candidatos con un perfil adecuado para ocupar un cargo de representación ante Sedapar.

«El Ejecutivo Regional hizo sus propuestas y como consejo no estábamos de acuerdo con las propuestas de la gobernación y votamos en consecuencia. Creemos que las propuestas enviadas tienen el perfil adecuado. Nosotros solo proponemos, es el MCVS quien evalúa y designa a quien desempeñará el puesto», sostuvo el presidente del CRA, Fernando Cornejo Pacheco.

Desde el interior del CRA, los consejeros del oficialismo cuestionaron la facultad del consejo regional para presentar una terna para este proceso. En ese sentido, solicitaron una reconsideración el primer proceso de elección. Tras la aprobación y envío, aseguran que enviaran una observación al Ministerio de Vivienda, dado que las propuestas del consejo regional carecerían de alternancia y solo habrían dado espacio a Candia y dos varones y no mujeres. https://diarioelpueblo.com.pe/

SUNASS fiscalizó a EMSAPUNO S. A. sobre calidad del agua potable en desaguadero

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) fiscalizó a la empresa prestadora Emsapuno S. A. respecto al cumplimiento de la normativa sobre la calidad del agua destinada al consumo humano en la ciudad de Desaguadero.

Javier Pineda Ancco, jefe de la Sunass en Puno, informó que durante la fiscalización se evaluó la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Cumi, así como el agua distribuida desde los reservorios Cumi y Calacala, entre otros aspectos, de acuerdo con el Reglamento General de Fiscalización y Sanción de la Sunass.

“Esta acción se realizó en respuesta a varias denuncias y preocupaciones de los usuarios de Desaguadero. Entre los resultados de la fiscalización, se concluyó que tanto el agua producida por la PTAP, así como la distribuida desde los reservorios y redes de distribución cumplen con la normativa de calidad del agua para consumo humano, respecto de los parámetros de turbiedad y cloro residual”, agregó.

Además, Pineda destacó que se ha recomendado a Emsapuno S. A. realizar monitoreos diarios de los parámetros del agua cruda, decantada, filtrada y desinfectada, incluyendo turbiedad, PH y otros parámetros, los cuales podrían ser fiscalizados por la Sunass.

«Continuaremos monitoreando los servicios de saneamiento brindados por Emsapuno S. A. y otras empresas prestadoras que operan en la región de Puno, a quienes exhortamos a cumplir con sus obligaciones legales, con el objetivo de asegurar que los usuarios reciban un servicio de calidad», afirmó Pineda. https://ladecana.pe/

 

LIMA PERÚ

Arzobispo de capital de Perú contra privatización del agua potable

El arzobispo católico de la capital peruana, monseñor Carlos Castillo, se pronunció en una homilía difundida hoy, contra la posible privatización del agua potable que denuncian organizaciones sociales y el Gobierno niega.

“¿Cómo es posible que se quiera privatizar la compañía del agua, cuando el agua es un deber de bien común y el Estado debe velar por este bien para todos?”, dijo el dignatario eclesiástico en la tradicional celebración católica de Corpus Cristi.

También criticó una reciente reforma constitucional aprobada en primera instancia por el impopular Parlamento, que impide la participación de movimientos regionales en elecciones de gobernadores y alcaldes.

Castillo preguntó al respecto “¿Cómo es posible que se hagan leyes en las que se favorece a ciertas personas y se impide que las regiones puedan participar libremente en las candidaturas para dirigir sus regiones?”.

Fustigó además a quienes “acaparan todo y hacen lo que quieren con el Estado” y cuestionó que quienes así actúan puedan llamarse cristianos.

Calificó como vergonzosa una modificación parlamentaria del código penal que debilita las investigaciones a las organizaciones criminales y señala, por ejemplo, que los allanamientos a viviendas de indagados por ese tema sean anteladamente notificados a los objetivos para que estén presentes al igual que sus abogados.

Monseñor Castillo llamó también a que «Juntos formemos la conciencia para presionar desde la base de la sociedad, a fin de erradicar la injusticia, la corrupción, los desastres, el caos, la maldad e incluso las actitudes perniciosas.

“Por ejemplo, es vergonzoso que no se denuncien los actos de corrupción y que aquellos que denuncian sean considerados delincuentes en lugar de personas íntegras”, expresó en aparente alusión a casos recientes de presunta corrupción política.

Convocó igualmente a los peruanos a la unidad “para que la verdad, el amor y la justicia prevalezcan, permitiendo así que los pobres que sufren hambre y sed de justicia sean satisfechos», añadió en la ceremonia celebrada en la catedral de Lima. https://www.prensa-latina.cu/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

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4/6/24

Se realizó la movilización al Congreso, convocada por la CGTP para exigir la derogatoria del DL 1620 que privatiza el agua, Sedapal y las Eps, y la renuncia inmediata de la ministra de vivienda - Hidroboletín Fentap 4480

 Martes, 4 de junio de 2024 – Año XVIII – Edición 4480


Se realizó la movilización al Congreso, convocada por la CGTP para exigir la derogatoria del DL 1620 que privatiza el agua, Sedapal y las Eps, y la renuncia inmediata de la ministra de vivienda

Comunicado N° 035-2024/CDN FENTAP

El Consejo Directivo Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú – FENTAP saluda a los miles de trabajadores y trabajadoras, y dirigentes sociales que participaron en la multitudinaria movilización hacia el Congreso de la República convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú - CGTP para exigirle al Congreso en especial a los congresistas de la ultraderecha y derecha, y lobistas la inmediata derogatoria del nefasto DL 1620 que privatiza las fuentes de agua, la empresa Sedapal y las empresas de agua a nivel nacional en las modalidades de concesión de 25 a 30 años; también para exigirle la renuncia inmediata de la lobista Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento Hania Pérez de Cuéllar Lubienska y de sus operadores de la privatización que ha designado y nombrado en el Directorio de Sedapal, en el Directorio del OTASS y los directores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para consolidar sus planes de privatización del agua.

Invitamos a todos los trabajadores y trabajadoras, así como a las organizaciones sociales y a la sociedad civil a participar activamente en las próximas movilizaciones hacia el Congreso de la República y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento contra estas nefastas privatizaciones del agua y las empresas del agua que vulneran nuestro derecho a la salud y la vida.

Asimismo, reiteramos nuestro pedido a los trabajadores y trabajadoras de las empresas de agua de Lima y a nivel nacional a prepararnos a la huelga general indefinida de todas las empresas de agua de Lima, Callao y a nivel nacional.

NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA, SEDAPAL Y LAS EMPRESAS DE AGUA

VIVA LA HUELGA INDEFINIDA DE TODAS LAS EMPRESAS DE AGUA DE TODO EL PERÚ

Consejo Directivo Nacional de la FENTAP

Lima, 03 de junio de 2024

HIDROREGIONES PERÚ

FDTA participará de asamblea popular en Islay para definir acciones en contra de Tía María

La Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa estará presente en la asamblea popular del Valle de Tambo, para acordar algunas acciones sobre el proyecto minero Tía María, la misma que se desarrollará este miércoles 5 de junio en la provincia de Islay, así lo confirmó Elmer Arenas Pérez secretario general de la FDTA.

El dirigente reiteró que el ejecutivo debe respetar la voluntad de la población de Islay que rechaza el proyecto cuprífero. Además, mostró su desacuerdo sobre los anuncios del ministro de energía y minas Rómulo Mucho que promueve el proyecto Tía María a pesar del rechazo de una parte de la población de la provincia de Islay.

Asimismo, Elmer Arenas dijo que en Arequipa la empresa Cerro Verde debe ser consiente y pagar por el agua tratada que utiliza, ya que desde el año 2019 se debió aplicar el cobro por el uso de aguas residuales tratadas y ese dinero destinarse a realizar obras para Arequipa. https://radiosanmartin.pe/

 


Castilla: familias del A. H. 28 de Julio protestan tras quedar atrapadas en sus casas por colapso de desagües

Más de 80 familias del asentamiento humano 28 de Julio, del distrito de Castilla, en Piura, volvieron a quedar atrapadas en sus viviendas por el colapso de desagües en la zona. Tras ello, salieron a protestar para exigir la inmediata solución a EPS Grau.

Según reportaron, este problema empezó a registrarse desde las 2 de la tarde del último domingo cuando uno de los buzones empezó a colapsar. Así, con el transcurrir de las horas, las calles Cahuide, Callao y Amazonas empezaron a inundarse de aguas servidas, situación que dejó a varias familias encerradas en sus casas.

A medida que los desagües continuaban colapsando, algunos vecinos procedieron a construir pequeños muros para evitar que el agua ingrese a sus viviendas. Tal es el caso de la moradora María Guerrero, quien manifestó estar cansada de dicha situación, ya que no es la primera vez que esto ocurre.

“He tenido que hacer un pequeño muro, aunque en el baño de mi casa ya está brotando el desagüe. Ahora, ¿qué hago si se me llena toda la casa? Tengo a mi esposo delicado. Ya llevamos años en este problema, todo el tiempo nos engañan. Esto es una burla para nosotros. No nos tienen pena”, dijo a Cutivalú.

Castilla: exigen solución

En tanto, el teniente gobernador del A. H. 28 de Julio, Ángel Jiménez, manifestó que los problemas con la cámara de bombeo de El Cortijo empezaron desde el 2017. Además, señaló que el gerente general de EPS Grau, Marco Vargas, tomó conocimiento de dicho problema y anunció la instalación de tres equipos nuevos para mayo del presente año.

“Venimos sufriendo este problema desde el 2017 y hasta la fecha no pueden solucionar este problema, más aún con este nuevo gerente que es responsable porque el 22 de febrero estuvo acá y conversó ante más de 50 moradores que para el mes de mayo iban a traer tres hidro bombas nuevas y hasta la fecha no hay ninguna solución en esto”, precisó.

Asimismo, informó que dicho problema está afectando la construcción de pistas y veredas que ejecuta la Municipalidad Distrital de Castilla. Por ese motivo, solicitó la ayuda del alcalde Walther Guerrero, así como también del gobernador Luis Neyra.

Sin agua

A raíz del problema que se registra con la Cámara de Bombeo El Cortijo, el servicio de agua potable se tuvo que restringir en la zona, situación que se convirtió en un atentado a la salud pública. https://www.cutivalu.pe/

Los pasivos ambientales de la vieja minería se han convertido en pasivos económicos

Aunque las nuevas minas utilizan tecnología de punta, la industria también tiene una herencia de represas de contención envejecidas en las minas más antiguas, particularmente aquellas cerradas que ya no generan ingresos para financiar mejoras en la tecnología de las instalaciones de almacenamiento de relaves (TSF). Cualquier falla puede provocar el vertido de millones de metros cúbicos de lodos tóxicos en los sistemas fluviales. En zonas pobladas, esto puede afectar el suministro de agua de las comunidades, causar estragos en la economía local y poner en peligro la salud de miles de habitantes. En áreas remotas, una estructura de contención fallida puede contaminar decenas de miles de hectáreas de hábitat acuático y ribereño, amenazando la vida silvestre y perturbando los medios de subsistencia de las familias indígenas del lugar.

Aunque las empresas mineras han asumido plenamente la necesidad de mejorar su gestión medioambiental, tienden a centrarse en las minas nuevas, donde se podría incorporar tecnología de punta al diseño de nuevos proyectos, a menudo con beneficios adicionales que reducen los costos operativos y los conflictos con las comunidades cercanas. Hasta hace poco, se prestaba menos atención a las minas más antiguas ya desmanteladas y a sus pasivos ambientales asociados. Eso cambió después de dos incidentes recientes en Minas Gerais (Brasil), donde represas previamente construidas con un diseño de ingeniería defectuoso fallaron con consecuencias desastrosas.

El primer caso ocurrió el 2015 en el complejo brasileño de mineral de hierro de Mariana, cuando una presa falló derramando aproximadamente 44 millones de toneladas métricas de lodo y efluentes al Río Doce. La empresa operadora, una sociedad entre dos de las mayores y más experimentadas corporaciones mineras (Vale SA y BHP), acordó un plan de reparación cuyo costo se estimó en 6 mil millones de Reales (aproximadamente 1.200 millones de dólares). Sin embargo, esto es sólo parte del costo financiero del desastre, ya que la pérdida de ingresos de explotación obligó a la empresa operadora (Samarco) incumplir el pago de 13,4 millones de dólares en bonos corporativos. Y más aún, todavía no se han determinado los costos asociados a las acciones civiles en el Reino Unido y Australia, donde BHP está siendo demandada en nombre de las personas afectadas por el incidente.

El segundo caso fue aún peor. En 2019, la presa de relaves de Brumadinho se derrumbó encima de otra mina de mineral de hierro operada por Vale, liberando doce millones de toneladas métricas de relaves que provocaron una inundación que arrasó el centro de operaciones de la mina y el área agrícola adyacente. La instalación de relaves, que había cerrado en 2014 después de 30 años de operaciones, estaba clasificada como una pequeña presa de bajo riesgo y, supuestamente, era monitoreada dos veces por semana para detectar grietas y filtración. En febrero de 2021, el gobierno de Minas Gerais y Vale acordaron un plan de reparación con un costo estimado de 7 mil millones de dólares, al tiempo que alcanzaron acuerdos individuales con las familias afectadas por el desastre por un costo de 630 millones de dólares. Posteriormente, en abril de 2022 la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) demandó a Vale por engañar deliberadamente a los inversores sobre la seguridad de sus sistemas de gestión de residuos.

Trampas empresariales

Los continuos intentos de las empresas por aislarse de los pasivos medioambientales ponen de relieve los retos jurídicos que se plantean cuando esas responsabilidades son creadas por empresas que ya no existen formalmente como entidades jurídicas. Este comportamiento ha sido practicado durante mucho tiempo por compañías mineras y petroleras que cambian su identidad legal a través de transacciones complejas usando maniobras legales disponibles por compañías que han participado en fusiones, adquisiciones o ventas de subsidiarias corporativas que existen como entidades jurídicas distintas.

Por ejemplo, el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en el centro de Perú, ha funcionado como planta industrial durante más de un siglo. Fue propiedad de una empresa privada entre 1920 y 1980, y cuando fue nacionalizada funcionó como una corporación estatal hasta 1997. Posteriormente fue vendida al grupo estadounidense RENCO, el cual sostiene que sólo tiene responsabilidad legal por el período transcurrido desde que adquirió las instalaciones. En 2005, un estudio de monitoreo ambiental reveló que el 97% de los niños de las comunidades cercanas sufrían envenenamiento por plomo causado por la inhalación de polvo que se originaba en los relaves de La Oroya. Casi de inmediato, RENCO separó sus operaciones peruanas hacia una entidad corporativa distinta para proteger al holding de las responsabilidades financieras de la reparación, estimadas en aproximadamente 5 mil millones de dólares. La disputa gira en torno a una demanda y contrademanda, donde el gobierno sostiene que RENCO no logró eliminar las emisiones tóxicas, mientras que la empresa argumenta que no es responsable de las obligaciones de limpieza que el Estado peruano había asumido explícitamente durante el proceso de privatización.

Las largas contiendas legales ponen de relieve una realidad del negocio minero. Los activos que se deprecian se dividen en filiales que, posteriormente, se venden a operadores de bajo costo que buscan extraer el último valor de un yacimiento mineral. Es poco probable que una acción legal para responsabilizar a una entidad corporativa por eventos ocurridos décadas después del cierre de una mina tenga éxito, realidad que es literalmente destacada por las empresas en sus declaraciones a la Comisión de Bolsa y Valores. La incapacidad de hacer que una corporación desaparecida pague por la reparación medioambiental obliga al Estado a asumir el costo total de la misma. Desafortunadamente, los presupuestos gubernamentales son limitados y las soluciones costosas. Lo más probable es que los funcionarios electos ignoren el problema y dejen que sus ciudadanos sufran los impactos de la degradación medioambiental.

La misma estrategia se está utilizando para eludir, o limitar, la responsabilidad legal y financiera en la industria petrolera peruana después de cinco décadas de negligencia y mala gestión. La corporación que fuera pionera en inversiones en el norte de Perú en la década del 70, Occidental Petroleum, transfirió las operaciones de su principal concesión a Pluspetrol en el año 2000. Por coincidencia, Pluspetrol había asumido el control operativo de un campo adyacente en 1996 de manos de la empresa estatal Petroperú, reemplazando a Occidental, que era un socio minoritario. En ambos casos, Occidental era el socio operador y, presumiblemente, responsable de cualquier accidente que pudiera haber ocurrido durante su mandato legal.

Ambas concesiones están ubicadas dentro de tierras ancestrales de los Achuar, quienes se encuentran disconformes con las prácticas de Occidental, Pluspetrol y Petroperú. Occidental fue demandada por las comunidades ante un tribunal estadounidense y llegó a un acuerdo extrajudicial, donde la empresa no aceptó, sin embargo, ninguna responsabilidad por los derrames de petróleo en la concesión que había explotado durante cuarenta años. Posteriormente, Pluspetrol operó ambas concesiones durante poco más de veinte años y, supuestamente, continuó con muchas de las prácticas deficientes de sus predecesoras.

Como todas las empresas petroleras, Pluspetrol tiene, a través de filiales y sociedades, una estrategia deliberada para gestionar los riesgos asociados a su negocio. Pluspetrol declaró en quiebra una de sus filiales peruanas en diciembre de 2021, una maniobra corporativa nada ilógica considerando que esos yacimientos petrolíferos ya habían pasado su mejor momento productivo. Sin embargo, también representa un descarado intento de evitar cualquier responsabilidad legal argumentando que el operador no es responsable de la contaminación que haya ocurrido antes de su mandato. En su anuncio, la empresa culpó al Organismo de Supervisión Ambiental del Perú (OEFA) de considerarla responsable por la contaminación ocurrida en años anteriores cuando, otras empresas (por ejemplo, Petroperú y Occidental) operaban el bloque.

Occidental y Pluspetrol probablemente eludirán sus responsabilidades legales y financieras, sin embargo, Petroperú tiene menos opciones legales. Como empresa estatal, no puede abandonar el país ni declararse en quiebra, lo cual es una decisión política reservada al presidente del país, al Congreso o a ambos. La responsabilidad legal de Petroperú se complica por el Oleoducto Norperuano, un activo de infraestructura clave administrado por la estatal desde su construcción en 1973, y fuente de la gran mayoría de los derrames de petróleo que han contaminado la región. Sin embargo, el organismo regulador que supervisa la industria petrolera (OSINERGMIN) sostiene que Petroperú no debe ser considerada responsable, porque más del 80% de los incidentes han sido causados por sabotaje.

Los críticos más acérrimos de la empresa son los grupos étnicos Awajún y Huambisa, que ocupan las tierras atravesadas por el oleoducto. Aunque se oponen al oleoducto, no son los principales sospechosos del recurrente sabotaje que asola la salud financiera de Petroperú y agravan los pasivos medioambientales que afligen a sus comunidades. Se supone que esos actos delictivos son causados por personas que se benefician económicamente de los esfuerzos de limpieza, incluidas las empresas de servicios contratadas para remediar los derrames y proporcionar compensación a las comunidades afectadas en forma de atención médica e infraestructura básica.

Puede ser que Petroperú tenga que pagar la cuenta, pero en la práctica ha ignorado casi todas las decisiones judiciales o regulatorias para remediar el impacto de más de mil derrames que han contaminado bosques y hábitats acuáticos en todo el norte del Perú. El precio de esta reparación, si alguna vez se materializara, se ha estimado en 1.000 millones de dólares, cifra que, aunque sea elevada, es subestimada ya que la realidad indica que es de mayor magnitud. https://es.mongabay.com/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

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3/6/24

Frente a las falsedades vertidas por la ministra de vivienda en contra de Sedapal y las empresas de agua a nivel nacional para justificar su privatización, preparémonos, para la huelga general e indefinida - Hidroboletín Fentap 4479

 Lunes, 3 de junio de 2024 – Año XVIII – Edición 4479

 

Frente a las falsedades vertidas por la ministra de vivienda en contra de Sedapal y las empresas de agua a nivel nacional para justificar su privatización, preparémonos, para la huelga general e indefinida a nivel nacional

COMUNICADO N° 034-2024/CDN FENTAP

Los trabajadores y trabajadoras de las empresas de agua de Sedapal y a nivel nacional, rechazamos y condenamos las falsedades vertidas por la Sra. Hania Pérez de Cuéllar Lubienska durante la interpelación en el Congreso de la República para desprestigiar a Sedapal y las empresas de agua a nivel  nacional (EPS) que son empresas públicas y del Estado para justificar sus planes de privatización del agua y de las empresas, con el fin de entregar a las transnacionales amigas el gran negocio de las concesiones por más de 25 años para lucrar con el agua que es la vida y la salud de todos los peruanos y peruanas .

Desde hace meses la ministra, viene desarrollando una persistente y sistemática campaña para desprestigiar a Sedapal y las EPS señalando a través de los medios de comunicación que Sedapal no tiene recursos económicos, que se encuentra quebrada y no tiene dinero para hacer las obras de agua y desagüe; pero lo que no dice esta Ministra es que por culpa de su gestión se ha mutilado la economía de la empresa al no pagarle 200 millones de soles que le debería por haberle ordenado a Sedapal la logística y la distribución del agua gratuita a la población de Lima y Callao que no tiene agua instalada; tampoco dice los cientos de millones que se habrían perdido por corrupción y que los responsables serían los altos funcionarios que han sido propuestos y nombrados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y no dice que el cierre de brecha es responsabilidad principal del mismo Ministerio de Vivienda desde el año 2017 cuando crearon Agua Segura sacándole la vuelta al DL 1280. También rechazamos otras de sus mentiras al señalar que los cargos son hereditarios en Sedapal, porque los trabajadores cubren las plazas a través de procesos de selección y por último ha señalado que en Sedapal no existe un plan director desconociendo descaradamente que toda la gestión de Sedapal se rige por un plan maestro optimizado. Todas estas falsedades tienen un solo propósito, que es desprestigiar a Sedapal y a las empresas de agua a nivel nacional para justificar la privatización del agua y de las empresas que se ha propuesto conjuntamente con Dina Boluarte y un grupo de parlamentarios corruptos.

Ante esta arremetida contra el derecho fundamental y universal que tenemos todos los peruanos y peruanas que es el agua para conservar la salud y la vida y la inminente amenaza de privatización de las fuentes de agua de la empresa Sedapal y de las EPS con las inminentes mentiras y falsedades que ha vertido la Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento,  a través de los medios de comunicación que se encuentran a su servicio y en el Congreso de la República donde pretenden aprobar sus normas legales de manera inconsulta y arbitraria no respetándose el análisis, el debate ni la participación de las entidades involucradas en el tema del agua el Consejo Directivo Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú - FENTAP, nos dirigimos a todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas de agua de Lima, Callao, a nivel nacional y de las empresas tercerizadas para prepararnos a participar en la huelga general indefinida contra la privatización del agua y nuestras empresas y por la renuncia inmediata de Hania Pérez de Cuéllar Lubienska.

NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA, DE LA EMPRESA SEDAPAL Y DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL

VIVA LA HUELGA GENERAL INDEFINIDA DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LAS EMPRESAS DE AGUA A NIVEL NACIONAL Y DE LAS EMPRESAS TERCERIZADAS

Consejo Directivo Nacional de la FENTAP

Lima, 31 de mayo de 2024

LIMA PERÚ

Alertan sobre nuevo paquetazo antiambiental

Estamos asistiendo a nuevo paquete de normas que debilitan la institucionalidad ambiental en el país desde el Poder ejecutivo, advirtieron los especialistas invitados al programa “La hora verde” del jueves 16 de mayo, sobre el llamado nuevo paquetazo antiambiental.

Mayra Zambrano, abogada de la Red Muqui, comentó que este paquetazo lo están haciendo de manera estratégica con varios decretos supremos del ministerio de Energía y minas- MINEM y desde el ministerio del Medio ambiente- MINAM, lo que lo hace más peligroso que otros paquetazos normativos anteriores. Estas normas, junto a la Ley antiforestal, pondrían en peligro el derecho de los pueblos indígenas y el derecho al ambiente.

“Han salido decretos supremos como el 006- 2023 MINAM que habla del cronograma de transferencias, como las resoluciones del MINEM como la 484-2023 que modifica el reglamento del cierre de minas, o la resolución 004-2024 MINAM, que incorpora un artículo y modifica otro artículo, que rompe el esquema de articulación del SENACE y lo debilita fuertemente”, señaló Zambrano.

Por su parte Wendy Ancieta, asesora legal de la SPDA, comentó que la mayoría de propuestas normativas, a nivel normativo y a nivel reglamentario, se enfocan en los temas de adecuación de actividades, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, en restarle herramientas al SENACE y de trasfondo busca la aceleración y destrabe de las inversiones privadas.

“Estas normas que están saliendo de manera recurrente están vinculados a la crisis política de nuestro país, en un clima de política convulsionada no se pueden desarrollar las políticas públicas”, comentó Ancieta.

Asimismo, Leonidas Wiener, investigador en temas de minería, comentó que, a diferencia de años anteriores, estamos en un contexto del alza de los minerales como el cobre y el oro, lo que no justificaría la flexibilización de las normas ambientales. La promoción de la inversión privada tiene que ver con la estabilidad política del país, pero se ha reducido la calificación crediticia del Perú, porque desde fuera los inversores nos ven con mayor preocupación.

“Muchas de estas normas se aprobaron de manera excepcional, y han pasado a ser lo cotidiano. Muchas modificaciones además se introducen de contrabando”, apuntó Wiener.

Los 3 panelistas coincidieron en que era necesario que desde la sociedad civil se siga monitoreando y analizando los cambios normativos, y que se explique de manera didáctica a la población, sobre todo a las comunidades y pueblos indígenas que requieren de esta información para la defensa de los territorios y el medio ambiente. https://cooperaccion.org.pe/

Lima: hay 496 puntos provisionales de abastecimiento de agua potable en caso de un sismo de gran magnitud

En caso de un sismo de gran magnitud en Lima, que interrumpa masivamente el servicio de agua potable, Sedapal dispondría de 496 puntos provisionales de suministro ubicados en 36 distritos para paliar la emergencia. Estos se dividen en cinco categorías: cámaras de rebombeo (79), hidrantes (50), pozos (272), reservorios (89) y surtidores (6).

A través de estos puntos se abastecería alrededor del 17% de la población, lo que representa aproximadamente 1 millón 450 mil 609 habitantes, bajo los criterios técnicos del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento para emergencias.

Acceso al agua en momentos críticos

Estos puntos han sido diseñados con el objetivo de asegurar el acceso al agua en un momento crítico. Por ello, para el restante 83% de usuarios de Sedapal, el suministro se realizaría mediante una combinación de camiones cisterna y otras modalidades alternativas, lo que demuestra la magnitud del desafío logístico que implicaría una interrupción de tal envergadura.

La localización y el estado de estos puntos se pueden visualizar mediante el Centro de Análisis y Monitoreo a Nivel Nacional de la Información del Agua Potable – Cami Yaku, un sistema que proporciona reportes y mapea la situación de los servicios de distribución y alcantarillado en tiempo real. Dicho espacio tendrá un papel crucial en la gestión de la crisis, ya que permitirá tomar decisiones informadas y coordinar acciones de manera eficiente.

Preparación para emergencias

Durante 2023, Sedapal llevó a cabo estudios exhaustivos para evaluar la capacidad de extracción de los acuíferos o pozos de agua subterránea, así como las variaciones de la capa freática. Estos estudios son vitales para entender el estado actual del recurso hídrico subterráneo y planificar su gestión adecuada durante emergencias.

Uno de los hallazgos importantes es que la mayoría de los pozos contaría con un grupo electrógeno para asegurar su funcionamiento, incluso en caso de pérdida de suministro eléctrico debido al sismo.

La preparación para un evento sísmico de grandes proporciones incluye tanto el establecimiento de puntos provisionales de abastecimiento como el estudio de la infraestructura hídrica existente.

La combinación de estas estrategias pretende minimizar el impacto sobre la población y asegurar que, a pesar de la emergencia, se mantenga un nivel básico de acceso al agua potable. La coordinación con las autoridades locales y el uso de tecnologías de monitoreo avanzadas permiten una mejor respuesta a las contingencias, lo que garantiza la integridad y la supervivencia de los habitantes durante uno de los escenarios más desafiantes imaginables. https://www.infobae.com/

 


HIDROLABORAL

¿Qué hacer en la reforma laboral del sector público?

La reforma del llamado “servicio civil”, es inviable. A SERVIR se le otorgo potestades sustantivas que ha desperdiciado, “por sus frutos los conoceréis” Tras 16 años de su creación es tiempo de replantear el camino con la disolución de SERVIR y su reemplazo.

¿Qué cambios propondríamos?

-Reconocer lo bueno que se ha producido en estos 16 años: la redefinición del sistema de gestión de recursos humanos, el repotenciamiento de las áreas de recursos humanos, la incorporación de gerentes públicos (que deberían ser la base de un sistema de carrera).

-Recoger el trabajo efectuado por la comisión presidida por el congresista Ernesto Herrera, Gobierno de Toledo, donde se propusieron leyes de carrera publica y remuneraciones discutidas con la colectividad. Estas propuestas se olvidaron cuando el gobierno de García aprobó la Ley SERVIR.

-Tomando como base estos proyectos se puede establecer una carrera publica con disposiciones generales para que puedan, vía reglamento, establecerse regímenes especiales, pero dentro de parámetros de la carrera, como ingreso, escalafones, deberes, derechos, requisitos de mérito y desarrollo, proceso disciplinario, etc.

-Simplificar los procesos de conformación de un nuevo régimen progresivo de carrera en tres años. Replantear las reglas de permanencia y desarrollo en la carrera.

-Democratizar la gestión de recursos humanos permitiendo la intervención ciudadana y de instituciones en los procesos de gestión de RRHH. Por ejemplo, ciudadanos seleccionados como jurados en los procesos disciplinarios.

¿Por qué la burocracia es juez y parte?

Esto debe permitir unificar los procesos administrativos disciplinarios y sancionadores con reglas generales.

Efectuar dos ingresos al año al sector público en concursos públicos nacionales y regionales, con la participación de instituciones de la sociedad civil, universidades, colegios profesionales etc. Los procesos deben ser innominados, que con tecnología moderna que garanticen la equidad y meritocracia.

Socializar la evaluación del desempeño con la participación ciudadana. No solo establecer libro de quejas, sino también de felicitaciones. Y sobre esta base desarrollar procesos de mejora de los servidores públicos.

Establecer un sistema de remuneraciones que en forma gradual se implemente en tres a cinco años, estandarizando los ingresos y la planilla única, como lo viene haciendo el MEF.

Iniciar de inmediato la conformación del régimen de carrera considerando para los cargos directivos al cuerpo de gerentes públicos, previa evaluación de su desempeño y efectuar concursos para incorporar nuevos, considerando a quienes actualmente están laborando para el Estado, incluso los locadores

Reordenar las denominaciones en gestión. Lo que ha hecho servir para parecer moderno es cambiar nombres a las mismas cosas, así no hay cargos, ahora son puestos. No hay remuneraciones ahora son compensaciones económicas. No hay despido o cese ahora es desvinculación. Este cambio arbitrario de nombres trae confusión y la existencia de situaciones paralelas. https://diariouno.pe/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

http://hidroboletinfentap.blogspot.pe