Lunes, 25 de setiembre de 2023 – Año XVII – Edición 4307 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Piura: ANA no financiará diques en
quebradas de Tambogrande
El pedido
se tramitó entre el Ministerio de Agricultura y la ANA, sin embargo, el pasado
22 de setiembre, esta última entidad concluyó que no atendería el pedido
Gran malestar generó en la Junta de Usuarios del valle de
San Lorenzo la decisión de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) de no financiar
las obras de protección en las principales quebradas de Tambogrande.
A través de un oficio del 4 de agosto, la junta de usuarios
reiteró la solicitud de S/ 12 millones para la inversión en estructuras de
protección en las quebradas del valle como Carneros, Carneritos, Cólera,
Pedregal y Lloque Yupanqui.
Rechaza
El pedido se tramitó entre el Ministerio de Agricultura y
la ANA, sin embargo, el pasado 22 de setiembre, esta última entidad concluyó
que no atendería el pedido.
Mediante el oficio N°0826-2023 el gerente general (e) del
ANA, Johnny Cayo, sostiene que solo pueden intervenir en los puntos críticos de
los ríos que estableció el decreto de urgencia N° 015-2023.
“No se puede ejecutar actividades de limpieza y
descolmatación de puntos críticos que no estén contenidos en el mismo
[decreto]”, se lee en el oficio. https://eltiempo.pe/
Sequía en Perú: ¿qué regiones son las más afectadas por la
escasez del agua?
La sequía a causa del déficit hídrico pone en riesgo la
calidad de vida, el desarrollo de las actividades económicas y la salud pública
en el norte y sur del Perú. Es por ello que el Gobierno de la presidenta Dina
Boluarte ejecuta medidas como la rehabilitación de pozos tubulares ante la
escasez de agua para el consumo humano y el riego de cultivos. Conoce en esta
nota cuáles son las regiones más afectadas, las acciones y la inversión de la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) para mitigar este problema en pleno
desarrollo debido al fenómeno El Niño.
¿Cuáles son las regiones más afectadas
por el déficit hídrico, según la ANA?
Del total de regiones con distritos declarados en
emergencia con el decreto n.° 104-2023 que firmó la presidenta Dina Boluarte
debido a la sequía por el déficit hídrico en el Perú, son nueve las más
afectadas por la gravedad de la situación, y van en el siguiente orden:
Puno
Cusco
Apurímac
Arequipa
Junín
La Libertad
Áncash
Huánuco
Ica
¿Cuántas y cuáles son las regiones y
provincias con 544 distritos en emergencia por la escasez de agua?
Son 14 regiones que se ubican principalmente en el sur del
Perú, con 544 distritos en emergencia debido a la sequía ante el déficit
hídrico que origina el fenómeno El Niño. Esta es la relación:
Ayacucho, con sus provincias: Cangallo,
Huamanga, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Puno,
San Antonio de Putina, San Román, Sandia, Yunguyo.
Tacna, con sus provincias: Candarave, Tacna,
Tarata.
Áncash, con sus provincias: Antonio Raymondi,
Asunción, Bolognesi, Carlos Fermín Fitzcarrald, Huari, Mariscal Luzuriaga,
Pallasca, Pomabamba, Sihuas, Yungay.
Apurímac, con sus provincias: Abancay, Andahuaylas,
Chincheros, Cotabambas, Grau.
Arequipa, con sus provincias: Caravelí,
Castilla, Caylloma, Condesuyos, La Unión.
Cusco, con sus provincias: Acomayo, Calca,
Anta, Canas, Chumbivilcas, Canchis, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro,
Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba
Huancavelica, con sus provincias: Acobamba, Angares,
Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytara, Tayacaja.
Huánuco, con sus provincias: Ambo, Dos de Mayo,
Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea,
Yarowilca.
Ica, con su provincia: Palpa.
Junín, con sus provincias: Chupaca,
Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Tarma, Yauli.
La Libertad, con sus provincias: Pataz y Santiago
de Chuco.
Lima, con su provincia: Huarochirí.
Pasco, con sus provincias: Daniel Alcides
Carrión y Pasco.
Puno, con sus provincias: Azángaro,
Carabaya, Cghucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San
Antonio de Putina, San Román, Sandia, Yunguyo.
ANA rehabilitará pozos tubulares para
suministrar agua
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) rehabilitará 353 de
2.000 pozos tubulares en Puno, que es la región con mayores consecuencias
debido a la escasez del agua. Así, lo señaló la funcionaria Flor de María
Huamaní, quien indicó a Latina que de esta manera se operará para extraer el
recurso hídrico y abastecer de agua a los puneños.
"Conforme a los pronósticos, Puno es la región que
afrontará la peor escasez de agua, es por eso que se realizará mantenimiento a
los pozos tubulares para extraer el agua subterránea, lo cual significa
implementar bombas sumergibles y paneles solares", afirmó Huamaní.
¿Cuál es la inversión para ejecutar la
habilitación de pozos en Puno?
Flor de María Huamaní remarcó que la Autoridad Nacional del
Agua ejecutará un presupuesto de S/16 millones en el mejoramiento de pozos que
permitirá contar con un caudal de uno a cinco litros de agua por segundo para
el suministro de los puneños.
¿A la fecha ya se habilitaron pozos de
agua en Puno?
Sí. Son ocho pozos tubulares ubicados en las localidades de
Coata, Rami, Ilave y Huancané.
En Cusco, ¿qué plan se desarrolla ante
la sequía por el Fenómeno El Niño?
La funcionaria de la ANA, Flor de María Huamaní, remarcó
que trabajan en el reforzamiento de seis reservorios y canales de distribución
del recurso hídrico. Aunque mencionó que es importante el uso racional y
eficiente del agua ante el impacto del fenómeno El Niño.
Plan de aprovechamiento de aguas
subterráneas
La Autoridad Nacional del Agua ha puesto en marcha el plan
de aprovechamiento de aguas subterráneas a través de la implementación y
rehabilitación de pozos a tajo abierto para consumo humano y pecuario, que se
ubican en la parte media y baja de la cuenca del lago Titicaca. https://larepublica.pe/
Minería ilegal en Perú: la maldición
del oro en la cuenca amazónica del río Nanay
a cuenca del río Nanay —uno de
los principales afluentes del río Amazonas y fuente del agua potable para la
ciudad de Iquitos— se ha convertido en el nuevo foco de extracción ilegal de
oro en Perú. Cada día, una draga puede sacar entre 80 y 120 gramos de oro de 24
quilates. El precio del gramo de este tipo de metal en Iquitos es actualmente
de S/200, es decir, cada operador obtiene por lo menos S/16.000 diarios: casi
medio millón de soles al mes. Una parte del mineral extraído —en promedio de 20
gramos al mes— es entregado a la comunidad indígena o campesina como pago por
consentir la actividad en su territorio.
La actividad minera en esta zona
comenzó el año 2000; sin embargo, desde el inicio de la pandemia se ha
multiplicado la cantidad de dragas, que succionan el lecho del río para obtener
el oro y usan sustancias altamente tóxicas como el mercurio. Un equipo de
OjoPúblico recorrió la cuenca del Nanay para conocer el alcance de la minería
ilegal.
“La minería lo está contaminando
todo y las autoridades no hacen su trabajo. Ellos no lo sienten porque no viven
acá, son aves de paso, pero nosotros sí, (…) y los jóvenes dejan de estudiar,
dejan de ir al colegio para ingresar a lo más fácil, a lo ilegal”, advierte
Jahaira Tello García, regidora de la Municipalidad distrital de Alto Nanay.
A pesar de que, al inicio, las
comunidades locales se oponían a la minería, con el tiempo fueron cediendo a
cambio de ciertas prestaciones que llegaron con el negocio del oro: el comercio
se incrementó y cada vez más familias tenían un ingreso fijo.
Entre 2021 y julio de 2023, solo
en el Nanay, se identificó un acumulado de 122 dragas, señala un reciente
informe del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (Maap), de Amazon
Conservation y la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica
(ACCA). Se trata del río más afectado por esta actividad en comparación con
otros 10 analizados de Loreto. “Los resultados (...) han permitido entender el
nivel crítico de la cuenca del río Nanay”, advierte Maap.
Las imágenes de la plataforma
—obtenidas a través de satélites— así como los videos y fotografías registrados
por los propios comuneros, a los que tuvo acceso este medio, dan cuenta de dos
tipos de estructuras para la minería ilegal: las pequedragas, que son plataformas
de madera asentadas sobre dos botes peque-peque, y otro tipo de embarcación
parecido a una lancha de dimensión mediana. Ambas pueden huir ante el riesgo de
ser intervenidas. En otros casos, los mineros abren las válvulas y las hunden
temporalmente, narran los militares que participan en los operativos.
En el distrito del Alto Nanay,
provincia de Maynas, el río recorre siete comunidades: cinco campesinas y dos
indígenas. San Juan de Ungurahual, territorio del pueblo indígena ikitu, marca
un límite: desde allí en adelante se intensifica la extracción del oro. Navegar
ese trecho se torna peligroso. Los niveles de la actividad ilegal e inseguridad
son tan altos que las autoridades fiscales reconocen que no pueden acceder
fácilmente.
La noche del 20 de abril del
2022, en la comunidad San Juan de Ungurahual, un equipo liderado por un fiscal
—según detalla este último— fue hostilizado con una luz muy potente que
apuntaba al motorista de la embarcación, luego empezaron los disparos desde la
comunidad.
El testimonio de otro fiscal
revela, además, que muchas veces los mismos comuneros pretenden evitar la
incautación de maquinarias e insumos de los mineros. En junio último,
habitantes de Puca Urco —ubicada a unas siete horas por río desde la ciudad de
Iquitos— impidieron la destrucción de tres dragas. Según el testimonio de la
autoridad, la delegación —con apenas 6 integrantes— fue superada por un grupo
de comuneros, quienes se posicionaron sobre la embarcación a fin de protegerla.
Alrededor de esta actividad,
señalan las mismas fuentes y reportes policiales, se ha identificado no solo la
presencia de mineros peruanos, sino también procedentes de Colombia y Brasil.
“Ellos dominan la ruta y no permiten el tránsito a desconocidos”, remarcan.
Las operaciones ilegales se
desarrollan, incluso, sobre territorios protegidos como el Área de Conservación
Regional Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira, de una superficie de casi un millón de
hectáreas y donde se ubica la cabecera de la cuenca del Nanay. Una actividad
permitida es la pesca artesanal. Hasta ahí llegan habitantes de comunidades
aguas abajo.
Desde el 2020, más de 110 dragas
han sido destruidas en el Nanay, de las cuales 33 corresponden a este año,
según reportes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) de
Loreto y la Marina de Guerra. Sin embargo, con los altos precios del oro en el
mercado global, la capacidad económica de los mineros no se ve afectada, pues
rápidamente logran reponer la infraestructura dañada.
Estas infraestructuras de
apariencia rústica pueden contar con equipos sofisticados como las antenas
Starlink, internet satelital, que les permiten estar comunicados, incluso, con
el extranjero. Su costo es elevado —se estima, por lo menos, S/2.000— aparte
del servicio, explican las autoridades. Por eso, los fiscales entrevistados
para esta investigación señalan que el principal camino para debilitar esta
actividad ilícita es apuntar a los financistas.
La Fema y la Dirección Regional
de Energía y Minas de Loreto (DREM Loreto) ratifican la situación crítica de la
cuenca del Nanay en torno a la expansión de la minería ilegal. “He realizado
sobrevuelos en otras cuencas y he encontrado mayor actividad en el Nanay. Es
como si se estuvieran aferrando a él, por la calidad de oro. Además, las dragas
tienen mejor equipamiento, mejor tecnología. Entonces hay mayor interés y presencia”,
refiere a OjoPúblico el fiscal adjunto provincial de la Fema Loreto - Maynas,
Bratzon Saboya.
A la extracción ilegal de oro y
su impacto sobre el lecho del río se suma el uso de mercurio para la obtención
del metal. El 15 de setiembre de este año, la Policía intervino una embarcación
denominada “El Aguajito”, que tenía como destino la comunidad campesina de Puca
Urco y detuvo a dos personas que transportaban mercurio en sus mochilas. Se
trató de Kike Tuesta Morales (40), procedente de Iquitos, y a Segundo Pasión
Leiva Florian (60), domiciliado en Mazán.
Un permiso minero en el corazón
de un río
En este contexto de expansión de
la minería ilegal en la cuenca del Nanay, el 31 de agosto de 2023, el Instituto
Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), a través de una resolución de
presidencia, otorgó el título de una concesión minera en el distrito de Alto
Nanay —denominada Raíces Gaddaffy— a Ricardo Moreno Valderrama.
Este ciudadano figura como
gerente general de la empresa con el mismo nombre dedicada, según la Sunat, a
la silvicultura y otras actividades forestales. De hecho, en mayo de 2022, el
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) le impuso una sanción
administrativa por “comercializar y poseer productos forestales extraídos sin
autorización”, según la resolución.
El petitorio de concesión minera
tipo metálica en la zona —cuya área aparece sobre un sector del río Nanay— se
presentó el 4 de mayo de 2023 ante Ingemmet.
El 1 de setiembre de 2023, OjoPúblico
le consultó a Jorge Salinas Angulo, entonces técnico de la Dirección Regional
de Energía y Minas de Loreto, acerca del referido petitorio. El funcionario
mencionó que este “no había llegado” a la dirección y que evaluaría cuál era su
situación. “No hay normativa que nos faculte como institución poder otorgar
permiso o formalizar minería acuífera en estos lugares [zonas reservadas, de
amortiguamiento o ríos]”, indicó.
En efecto, en 2003, el mismo
Gobierno Regional de Loreto declaró la cuenca del río Nanay como “zona de
exclusión para actividades de extracción minera y para aquellas que alteren la
cobertura vegetal”. Asimismo, el decreto legislativo 1100 prohíbe el uso de
dragas en ríos y cuerpos de agua. Incluso, el Código Penal considera como
agravante del delito de minería ilegal la afectación al sistema de irrigación o
aguas destinadas al consumo humano.
De acuerdo a un informe de la
Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú), hasta
abril de 2023, el 100% de los derechos otorgados y en trámite en la cuenca del
Nanay correspondían a la minería no metálica, principalmente, al aprovechamiento
de agregados y arcillas de construcción. “Eso evidencia que cualquier otra
actividad minera en la cuenca (como la explotación aurífera) es totalmente
ilegal”, refiere.
En diálogo con OjoPúblico,
Ricardo Moreno Valderrama reconoció que se le ha otorgado la concesión minera
metálica y afirmó que tiene previsto, a partir del próximo año, realizar
extracción de oro dentro del área de 1.000 hectáreas, ubicada en la comunidad
de Puca Urco, en el distrito de Alto Nanay. No obstante, el empresario argumentó
que llevará a cabo la actividad de minería aluvial, pero fuera del río. “A dos
kilómetros de distancia”, dijo.
“La zona no está excluida de la
minería. No hay minería por acá, que es muy diferente. Hemos luchado para
tratar de extraer el mineral con todo lo que marca la ley (...). Cuando la
minería se hace en aluvial es menos costosa (...). Tenemos que tener nuestras
reservas, de dónde vamos a sacar la tierra, lo que ya lavamos, tener nuestro
pozo, a dónde van a ir los materiales residuales. Eso se llama impacto
ambiental”, agregó.
El abogado especialista en
materia ambiental, César Ipenza, aclara que contar con un título de concesión
no da el derecho a la explotación minera. Para ello, previamente, se deben
cumplir con exigencias legales, como tener un estudio de impacto ambiental, la
autorización de uso de terreno superficial, opinión de autoridad local del
agua, entre otros. Incluso, al tratarse de minería aluvial —si se refiere a que
el oro tiene ese origen, pero no se extrae de cuerpos de agua— requerirá de una
autorización de desbosque para liberar la zona.
“El señor no es un minero, no ha
estado operando antes, sino es uno nuevo. Entonces, lo que tiene que hacer es
cumplir toda la ley; es decir, después de la concesión, preparar los estudios
ambientales, las autorizaciones [...]. El proceso no va a ser sencillo, no es
que se tenga la concesión y opere mañana [...]. No le corresponde ampararse al
Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), sino todo hacerlo por la
vía ordinaria”, refiere.
Para el abogado, puede resultar
discutible que una concesión figure sobre el sector de un río, pero legalmente
no está prohibido. Lo que sí lo está —e incluso es un delito— es la explotación
minera en ese cuerpo de agua. La minería en ríos es ilegal. “[El caso de Loreto
llama la atención] porque se supone que hay una lucha contra la actividad
ilegal, no hay ninguna actividad formal en esta zona y uno ve que empiezan a
solicitar petitorios. Después de este vendrán mucho más. Llama la atención
porque no hay petitorios en esa zona”, señala Ipenza.
Apuntar a los financistas
Según fuentes fiscales, quienes
operan las dragas son solo encargados y no los verdaderos dueños o financistas,
por lo que sus investigaciones apuntan a la identificación de estos últimos.
Antes de poner en marcha sus operativos denominados Tahuampas del Nanay, el
2020, la Fiscalía optó por trabajar con el Departamento de Investigación Contra
el Crimen Organizado de la Policía, dejando de lado al Departamento de
Protección del Medio Ambiente de la Policía de Iquitos por sospechas de
filtración de información a los mineros.
En el marco de dichos operativos
se intervino maquinaria, equipos y dragas aguas arriba o cerca de las
comunidades de Alvarenga, Puca Urco y San Juan de Ungurahual. Las tres
localidades —según autoridades y ciudadanos de Alto Nanay— son focos de minería
ilegal. En estos operativos se incautaron armas, teléfonos satelitales, piezas
de dragas, combustible y agendas, útiles para la investigación.
De acuerdo a la FEMA, desde hace
un par de años se tiene conocimiento de la presencia de organizaciones
criminales en la zona, aunque todavía no es posible determinar la identidad de
los principales líderes. Lo que es claro es que muchos de sus miembros son
ciudadanos extranjeros, principalmente colombianos.
“Algunos llegan como gatilleros,
pero luego aprenden a operar dragas, conocen su funcionamiento, lo que hace el
manguerero, el motorista, el buzo (...). Entonces una vez que aprenden a armar
su propia draga se expanden”, explica una fuente fiscal.
“Las dragas son como la cabeza
de una Hidra —el personaje mitológico—, tú le cortas dos cabezas y le salen
cuatro, y es algo que no termina de eliminarse”, dice Sidney Novoa, de la
Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), y quien se
encarga de analizar los mapas satelitales del proyecto MAAP que buscan
identificar dragas en la selva.
Los insumos para la minería
ilegal en el Nanay pueden ingresar por dos vías, según lo declarado a este
medio por autoridades y fuentes locales. Pueden llegar desde la ciudad de
Iquitos surcando el río o pueden ingresar por una trocha que une el río Tigre con
el Nanay. El Tigre es un río que también reporta minería ilegal, según
información de la misma plataforma MAAP, aunque muy lejos aún de los niveles de
su vecino.
En la ruta desde Iquitos, las
embarcaciones están obligadas a detenerse en dos puntos: la Unidad de Control
Fluvial de la Marina y la comisaría de Santa María que está al lado. Se trata
de un largo trayecto —de unas cinco horas viajando en un bote rápido— en el que
la embarcación no se tiene que reportar ante ningún control.
Hasta setiembre del año pasado,
la base de la Marina se ubicaba en el puesto de control y vigilancia Yarana, de
la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. En este punto se debía controlar e
incautar los insumos presuntamente destinados a la minería. Ahora, esa base se
ubica en Santa María, dos horas aguas arriba.
En mayo último —sin la presencia
de la Marina ni la Policía— este puesto sufrió el robo de equipos como motores
y radios. El caso está en investigación de la Fiscalía “para determinar si se
trató de mineros ilegales o una banda organizada de ladrones que opera en la
zona”, informó el jefe de la reserva, Herman Ruiz.
Solo Santa María de Nanay,
capital del distrito, se opone mayoritariamente a la minería. En esta localidad
de más de mil habitantes es conocido Nicolás “Gallo” Pérez, quien fue por dos
años —2021 y 2022— sargento de ribera. Según cuenta, su labor consiste en
alertar a la Marina y la Policía sobre la presencia de operadores de la minería
ilegal en su zona, así como acompañar las intervenciones.
“A mí ya me han puesto la
pistola, y les he dicho que me maten, pero le he dicho que después van a
atenerse a las consecuencias”, dice Pérez a OjoPúblico, en la entrada de su
casa. Pérez ha participado en numerosos operativos de incautación de
combustible, en barriles, bidones y hasta en botellas de gaseosa. También en la
incautación de equipos para las dragas como motores y alfombras.
Muchos de estos equipos tienen
como destino el Área de Conservación Regional (ACR) Alto
Nanay-Pintuyacu-Chambira, lugar preferido por los pescadores artesanales que
llevan lo capturado —como zúngaro, sábalo, tucunare, fasaco, curuhuara, lisa,
entre otros— a vender a Iquitos.
Esta área protegida se creó el
2011 con el fin de conservar los recursos naturales de la zona. Sin embargo,
esto no se está cumpliendo. Celzo Gil Gonzales, jefe del ACR, dijo a OjoPúblico
que la falta de recurso para combustible, principalmente, hace que no puedan
hasta ahora realizar un patrullaje del río.
Según el funcionario, en la
gestión regional anterior “no hubo patrullaje, por eso es que los mineros han
aumentado y estos han aprovechado la pandemia para ingresar. Son gente de Madre
de Dios, conjuntamente con ciudadanos colombianos”, asegura.
Una fuente local detalla que las
embarcaciones que transportan insumos para la actividad ilegal son “El
Aguajito”, que es un ponguero, la lancha "Tito" o "Papá Fidel”,
y la lancha “Zaragoza”. “En ‘El Aguajito’ ellos ya saben cómo camuflar”, señala
a este medio. En esta embarcación fueron intervenidos el 15 de setiembre dos
personas por llevar frascos de mercurio. Uno de los puntos de zarpe es el
puerto de Santa Clara, ubicado a una hora por río de Iquitos.
Otros documentos policiales a
los que accedió este medio detallan que el 1 de julio de 2023, agentes de Santa
María detuvieron al ciudadano colombiano Óscar Armando Macías (35) cuando
abordaba “El Aguajito” rumbo a Iquitos. Según el referido oficio, el intervenido
llevaba en una pequeña bolsa, dentro de su pantalón, lo que presuntamente eran
112 gramos de oro, valorizado en más de S/20.000. https://ojo-publico.com/
Sequía extrema: desolador panorama de
apicultores de la región por crisis climática
Las abejas son mucho más que
miel y picaduras. Al volar entre las flores, de cuyo néctar se alimentan, transportan
el polen que las fecunda y les permite producir semillas y frutos.
Este perfecto engranaje natural
está en peligro en Chile, pues desde hace 14 años los apicultores enfrentan una
severa sequía que deriva en escasez de flores para dar alimento a sus abejas y
esto, a su vez, amenaza las funciones que estos insectos cumplen en el
ecosistema. Cuando un apicultor se queda sin flores para proveer néctar tiene
dos opciones: buscar un hábitat más amigable o darles a sus abejas agua con
azúcar u otras mezclas que considera nutritivas para que éstas sobrevivan. Sin
embargo, según expertos, realizar estos ajustes a su alimentación puede
perjudicar su organismo y sus funciones.
“Sin agua las colmenas no pueden
crecer y se estancan”, dice a Diario El Día, Mario Flores, presidente del
Movimiento Nacional de Apicultores de Chile (Monachi), quien agrega que “la
abeja es el pilar agroalimentario de Chile (...) Sin ellas no habría ni
zanahoria ni cebollas”.
Los inviernos generosos en
lluvias y nieve son cosa del pasado, los embalses están a un 40% de su
capacidad. El escenario más crítico se
vive en la provincia de Limarí, donde el embalse Recoleta alcanza el 19 por ciento
de agua embalsada, mientras que los reservorios La Paloma y Cogotí sólo llegan
al ocho por ciento, según el Centro Científico Ceaza.
OTROS FACTORES
Monachi advierte que la sequía
no es el único problema que enfrentan los apicultores en la región, el uso de
pesticidas, la reducción del bosque nativo y el monocultivo también repercuten
en crear un ambiente hostil para la sobrevivencia de la abeja.
La disminución de colmenas es un
fenómeno global y su merma puede derivar en una escasez no sólo de alimentos,
sino en un declive de las plantas medicinales y animales herbívoros, lo que a
su vez afecta a todos los ecosistemas del mundo.
Según un estudio de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), un 70% de los cultivos de Chile dependen de la polinización de la abeja
para crecer.
Por lo mismo, la sequía no sólo
impacta a las abejas. Su disminución puede afectar a los agricultores,
especialmente a los productores de frutas frescas, que hasta julio de 2023
exportaron 1,8 millones de toneladas por más de 4.000 millones de dólares. De
acuerdo con la Federación de Exportadores de Frutas de Chile, el sector
frutícola da empleo a unas 700.000 personas y, si la sequía y los efectos del
cambio climático continúan, “habrá zonas que no serán más productoras de fruta
por un tema de disponibilidad de agua o bien irán disminuyendo”.
2.300 colmenas perdidas
Luis Tapia se dedica hace 28
años a la apicultura en la localidad de Monte Patria, uno de los sectores más
afectados por la sequía. A pesar que el mundo de las abejas le apasiona, está
pensando en dejarlo porque ya no es rentable.
“Hace cuatro años tenía 2.500
colmenas, hoy solo cuento con 200”, señala a Diario El Día. Llegó a tener más
de 82 millones de abejas, ya que por colmena pueden llegar a vivir 30 mil
abejas. Una colmena puede costar $80 mil pesos y una cámara de cría $120 mil
pesos, puede producir 50 kilogramos de miel por colmena. Lo último depende de
la presencia de bosque nativo cerca como Quillay o Peumo, y la raza de la
abeja.
A falta de floración, producto
de la sequía, alimenta a sus abejas con agua y azúcar --que no reemplaza al
néctar-- y con una “torta nutritiva” -- mezcla de sacarosa, polen, entre otros
ingredientes. Con esta comida, las abejas no producen miel, que también es
parte de su alimentación natural. “Es como comer fideos todos los días”, cuenta
Mario Flores. A la semana gasta $300 mil pesos en alimentar a este agente
polinizador.
Sueña que esta temporada pueda
aumentar su número de colmenas, las cuales tiene repartidas entre campos del
Valle del Elqui y Choapa. No quiere movilizar sus colmenas hacia el sur como lo
hacen miles de apicultores a nivel nacional para evitar que sus abejas sigan
muriendo. El costo en transporte y alojamiento hacen insostenible esta
aventura. En Coquimbo 35 mil colmenas son movilizadas hacia el sur, un 10% más
que en 2021, según la ODEPA.
El problema de Luis lo enfrentan
más de 590 apicultores que trabajan cerca de 46 mil colmenas. En Chile hay
cerca de un millón y medio de colmenas y más de 10 mil apicultores.
Otro problema que enfrenta es el
bajo precio que pagan los agricultores por la polinización.
“Por un campo de almendro nos
pagan 12 mil pesos por colmena utilizada”, dice Luis Tapia. Por hectáreas se
requieren entre diez y doce colmenas para polinizar. Este pago no se realiza de
forma diaria, sino por la temporada que puede fluctuar entre los 60 y 90 días.
No se firma ningún contrato, aquí aún vale la palabra empeñada. Por hectárea
polinizada recibe $144 mil pesos por tres meses de trabajo. “Si restamos el
costo de transporte y que a veces debo pagarles a dos jóvenes que me ayuden,
las ganancias son marginales”, cuenta Tapia.
La faena de polinizar almendros
lo combina con la polinización de paltos por el cual puede llegar a cobrar $30
mil pesos por colmena.
Con rabia cuenta que los
agricultores no tienen respeto por el trabajo de la abeja, ya que piden rebajas
o que los apicultores “le regalen la polinización”. “Gracias a nuestro trabajo
venden a mejores precios sus productos”, sentencia.
Ley apícola
Tras seis años durmiendo en el
congreso, en octubre de 2022 se aprobó la ley apícola, luego que a mediados del
año pasado los apicultores cortaran la ruta 5 como medida de presión.
Esta legislación establece la
creación de un registro nacional de apicultores; otorga nuevas facultades al
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) como declarar zonas de control sanitario,
zonas libres, cuarentenas, barreras sanitarias y aislamiento de colmena; y
establece que los agricultores deberán dar aviso 48 horas antes la aplicación
de un pesticida que sea tóxico para las abejas.
“Las personas que contravengan
lo dispuesto en este artículo, deberán indemnizar a los apicultores de las
colmenas afectadas, de acuerdo con las normas del derecho común, sin perjuicio
de las sanciones que procedan”, señala uno de los artículos de la Ley apícola.
Uno de los pesticidas más
tóxicos para la abeja es el neonicotinoides, que afectan el sistema nervioso
central de las abejas y el uso de glifosato, un herbicida para eliminar las
“malas hierbas”. Mario Flores advierte que
“los pesticidas no distinguen cantidad, depende de la cantidad que se aplique
puede matar un apiario completo”.
A pesar de los avances que esta
ley ha significado para el mundo apícola, el Movimiento Nacional de Apicultores
de Chile no descarta nuevas movilizaciones si es que la autoridad agrícola no
aumenta las ayudas económicas a este sector. https://www.diarioeldia.cl/
