13/5/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 3967: PERÚ - Justicia para Jorge García S. ex dirigente del Sindicato de trabajadores de Emapa Huacho – Agua de Lima Norte

 Viernes, 13 de mayo de 2022 – Año XV – Edición 3967 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

 

Justicia para Jorge García S. ex dirigente del Sindicato de trabajadores de Emapa Huacho – Agua de Lima Norte

La Corte Superior de Justicia de Huaura – Sala laboral, ha decretado, con fecha de 06 de mayo del 2022, DEJAR SIN EFECTO EL DESPIDO FRAUDULENTO INFRINGIDO AL DEMANDANTE, en consecuencia, ORDENA que la demandada EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A., CUMPLA CON REPONER al demandante a su puesto de labores antes del despido u otro de similar nivel.

Asimismo, ordena que, la demandada cumpla con pagar al demandante la suma de S/ 38, 801.58 soles por concepto de lucro cesante, más los intereses legales.

Esta victoria es en conmemoración de todos los trabajadores y los representantes sindicales que siempre luchan por defender sus derechos y los nuestros.

NO A LOS ABUSOS COMETIDOS POR LA PATRONAL

Hoy y siempre defendemos causas justas

Por ello "SUTAPH SIEMPRE DE PIE ... NUNCA DE RODILLAS"

¡¡ESTOS SON, AQUÍ ESTÁN LOS QUE SIEMPRE LUCHARAN!!


HIDROREGIONES PERÚ

Gore sigue sin asegurar reserva de agua para el proyecto Alto Piura

El presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura, Arnulfo Adrianzén, reveló que, hasta la fecha, el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), no ha cumplido con gestionar y lograr la renovación de la prórroga para asegurar recurso hídrico importante para el funcionamiento de este megaproyecto paralizado desde el año 2018.

En enero de este año, Cutivalú ya había recogido el testimonio del presidente de esta Junta de Usuarios, quien manifestó su preocupación porque la primera prórroga solicitada a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) venció el 27 mayo del año 2020 y exigió que el Gobierno Regional (Gore) tome acciones para evitar que no se llegue a aprovechar este recurso hídrico beneficioso para los cerca de 25 mil agricultores de la zona.

Como se recuerda, mediante Resolución Jefatural Nº 131-2018, el ANA aprobó dicha prórroga de la reserva hídrica correspondiente a un volumen de 335 millones de metros cúbicos de agua provenientes de la cuenca alta.

Sin embargo, el dirigente volvió a cuestionar a la directiva del Peihap aduciendo que “es lamentable que desde el año 2020 a la fecha no se haya obtenido la reserva hídrica debido a la actitud negligente del proyecto”.

Adrianzén volvió a hacer hincapié en que se debió elaborar un nuevo expediente para solicitar al ANA que se extienda dicha prórroga vencida, tal como también lo recomendó el propio organismo a inicios de este año.

Advirtió que el expediente presentado por el Peihap ante el ANA presenta una serie de observaciones las cuales podrían hacer perder millones de soles invertidos en el primer componente y que ve muy poco probable que dichas observaciones puedan ser subsanadas por los directivos del megaproyecto.

De igual forma, dijo que este problema impediría que haya una licitación para el expediente de saldo de obra del Peihap y por ello, la gran importancia de asegurar la gran cantidad de recurso hídrico.

Por último, reiteró que el Gobierno Regional debe subsanar los errores de este caso, ya que de eso depende la producción y progreso de los miles de agricultores de la zona que se han visto afectados por la presunta negligencia en el manejo de este importante proyecto que lleva décadas en similar situación.

Dato: para la ejecución del proyecto Alto Piura, ya se han resuelto dos contratos anteriormente. Con la constructora Camargo Correa se suscribió el primero en el año 2010 por un monto de más de 479 millones de soles, para luego resolverse en el 2013, mientras que en el 2015 se firmó un contrato con la constructora Obrainsa – Astaldi, el cual fue resuelto en el 2018. A la fecha, este aún se encuentra sometido a cinco procesos de arbitraje.

Denuncia por presunta corrupción

El presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura, cuestionó que el gobernador regional Servando García siga manteniendo como gerente del Peihap a Manuel Vega Palacios, ya que consideró que su gestión “no ha hecho nada por mejorar las deficiencias que se están presentando”.

Esto, debido a que el proyecto Alto Piura no logró gestionar y lograr hasta el momento, la extensión de la prórroga que permite asegurar el recurso hídrico que permite el funcionamiento del proyecto el cual se encuentra sometido a procesos de arbitraje desde el año 2018.

Por ello, el dirigente reveló a Cutivalú que la Junta de Usuarios ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público a raíz de supuestos malos manejos y gestiones dentro del Peihap en perjuicio del sector agropecuario. Adrianzén aseguró que dicha denuncia ya se encuentra en curso y se espera que la Contraloría también tome acciones.

Adrianzén mencionó que la mala gestión de la gerencia del proyecto Alto Piura ha impedido que dicha prórroga, vencida en mayo del 2020, se pueda extender, lo cual termina por afectar a cerca de 25 mil agricultores que necesitan el recurso hídrico para la producción. https://www.cutivalu.pe/


La Defensoría del Pueblo registró 209 conflictos sociales al mes de abril 2022

La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 218, correspondiente al mes de abril de 2022, el cual da cuenta –entre otros aspectos– de 209 conflictos sociales registrados (160 activos y 49 latentes). Durante el cuarto mes del año surgieron cuatro nuevos conflictos y 220 acciones colectivas de protestas.

Casos nuevos

Respecto al mes anterior, se incorporó cuatro nuevos conflictos sociales. Un caso se desarrolla en Amazonas, donde organizaciones sociales demandan al gobierno nacional concretar una agenda social y de inversión en la provincia de Condorcanqui; relacionada al financiamiento para las obras de saneamiento, electrificación, telecomunicaciones e infraestructura. Otro, de tipo comunal se registra en Junín. En este caso las comunidades campesinas de Cochas y San Francisco de Macon mantienen un conflicto limítrofe por la propiedad de un área ubicada entre ambas comunidades.

Otro nuevo conflicto de tipo socioambiental involucra a la comunidad campesina de Chinchán, región Pasco, que exige la atención de daños causados por el referido desborde del canal de demasías de la Central Hidroeléctrica de Chaprín, y expresa desacuerdos respecto al uso de tierras comunales por parte de la empresa Nexa Resources S.A.A. Un cuarto caso se ubicó en la región en San Martín, donde diferentes organizaciones sociales demandan a la Municipalidad Provincial de Tocache la adecuada ejecución de la ampliación y mejoramiento del proyecto de agua y alcantarillado.

Demandas sociales

En este mes se registró 9 demandas sociales relacionadas a cuatro conflictos sociales nuevos. De acuerdo con la clasificación de la Defensoría del Pueblo, en cuanto a los temas de demanda social identificados, el de demarcación territorial, propiedad individual y colectiva representa el 33.3 % (3) y el de servicios públicos y otras prestaciones del Estado, también el 33.3 % (3). Le siguen las demandas vinculadas a proceso de diálogo, con el 22.2 % (2), mientras que otros temas representa el 11.1 % (1). (Ver página 11 del reporte).

Casos por tipo y lugar

Con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (29 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (19) y Áncash (15). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (63.2%). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 65.9%.

Diálogo

Del total de casos activos, el 63.8% (102 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 78 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 76.5% (78 casos) corresponde a casos socioambientales.

Violencia

En este mes se registró una persona fallecida y 18 heridos producto del enfrentamiento entre integrantes de las comunidades campesinas de Cochas y San Francisco de Macon, en Junín. La víctima fue identificada como Gavino Cirilo Loroña Torres de 58 años. Asimismo, en el marco de las protestas registradas en la provincia de Tocache en San Martín, cuatro personas resultaron heridas (un civil y tres policías).

Igualmente, los enfrentamientos entre la Policía Nacional y comuneros de Fuerabamba y Huancuire, en Apurímac, tuvieron como resultado a 44 personas heridas (32 civiles y 12 policías).

Protestas

Se registró 220 acciones colectivas de protesta en el mes de abril. Del total, el 34.5% (76) fueron plantones y el 29.1% (64), bloqueos de vías.

Alertas tempranas

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 20 alertas tempranas (ver página 13 del reporte), para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, 4 son conflictos nuevos, 4 son casos activos y 12 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.

Para más información del Reporte Mensual de Conflictos Sociales, los interesados pueden acceder a la siguiente dirección electrónica:

https://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/paz-social-y-prevencion-de-conflictos/

 


Alerta para la transparencia ambiental: ¿qué le espera a Perú luego de ser suspendido de la EITI?

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) es una iniciativa que reúne en los países implementadores a representantes del Gobierno, de empresas extractivas y gremios, a la sociedad civil y organizaciones internacionales para trabajar de manera conjunta en implementar estándares de transparencia y rendición de cuentas.

Esta semana, la EITI anunció que Perú ha sido suspendido temporalmente de esta alianza por no presentar informes sobre el desempeño de actividades extractivas del sector minero e hidrocarburos. Los informes EITI transparentan la información de las actividades petroleras, de gas y de minería en el país, con el fin de dar a conocer cifras detalladas sobre las contribuciones e impactos del sector y reúne información sobre licencias y contratos, supervisión a la producción, generación de renta y tributación, distribución de la renta, aporte social y económico, seguimiento ambiental, entre otros.

La información que debía remitir el Gobierno peruano correspondía al octavo informe del periodo de 2019-2021, de acuerdo al plan de trabajo aprobado inicialmente; sin embargo, aunque el plazo de entrega fue ampliado, no se cumplió con este compromiso lo que conllevó a la suspensión del país.

Desde 2005, el Perú es parte de la iniciativa EITI luego de implementar voluntariamente una serie de medidas relacionadas a garantizar la gobernanza de la iniciativa y mecanismos de transparencia para asegurar el cumplimiento de los estándares de dicha iniciativa para la transparencia y rendición de cuentas de las actividades extractivas. Lamentablemente, estos esfuerzos han sido en vano ya que, de mantenerse la suspensión a Perú, el consejo de EITI podría considerar la exclusión del país.

¿Qué significa la suspensión de Perú a la EITI?

De acuerdo con lo indicado por la EITI, Perú tiene hasta el 30 de setiembre de este año para presentar el informe pendiente de envío. En caso no se publique, Perú será suspendido hasta que el Consejo de la iniciativa pueda corroborar que el país ha cumplido satisfactoriamente con el compromiso de transparentar la información del sobre pagos y gastos socioambientales correspondientes al 2019. Sin embargo, si la suspensión dura más de un año, el Consejo podrá considerar la posibilidad de excluir a Perú de la lista de países que forman parte de la EITI.

Esta suspensión es un claro retroceso a los esfuerzos del país para asegurar el escenario de transparencia y rendición de cuentas que favorece al fortalecimiento de la democracia ambiental del país y, por tanto, también el clima de inversiones y, con ello, la calidad de las mismas. También es evidente que el pronunciamiento de la EITI es resultado del insuficiente desempeño del país en trabajar en los estándares de la iniciativa que permiten poner a disposición de la ciudadanía, empresas y gobiernos, la información de los recursos provenientes de las actividades extractivas.

Así, es peligroso para la democracia y gobernabilidad que Perú demuestre este comportamiento para el país y para la región, pues visibiliza la falta de interés en continuar con la agenda en temas de transparencia y, en general, sobre la democracia ambiental del país, agenda que se ha venido construyendo por años y que aún es urgente que sea priorizada por las autoridades de distintos niveles.

Alerta para la democracia y gobernanza ambiental

El anuncio de la suspensión del país en la EITI pone en relevancia otras plataformas multilaterales. Es importante poner sobre la mesa que este es un compromiso común con otras iniciativas como la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de Escazú, las cuales deben sumar sinergias por los muchos elementos en común que tienen entre ellas, además de las coincidencias entre sus planes y agendas.

Estos cuatro espacios no solo proporcionan mejores estándares que fortalecen la transparencia de la información, sino también garantizan la participación de la ciudadanía al darle un rol protagónico, activo y vigilante, para así contribuir al desarrollo sostenible y fortalecimiento de la confianza en el Estado.

El Acuerdo de Escazú aún continúa en el archivo y a la espera de la decisión del Congreso de la República para que el país pueda adherirse e iniciar su implementación junto con los países de América Latina y el Caribe. Mientras que OGP espera iniciar un nuevo proceso de elaboración del Plan de Acción país para establecer nuevos compromisos para un nuevo periodo de implementación.

No debemos de restar importancia al trabajo a favor de la transparencia, ya que es pilar de la democracia ambiental y de otros derechos como la participación pública y la administración de justicia que significa la principal herramienta para la lucha contra la corrupción. Tampoco debemos hacerlo con la participación del país en estos espacios pues además de significar una oportunidad para trabajar en la modernización del Estado y respaldar derechos, es una oportunidad para integrar sus planes, metas y objetivos para alcanzar su conjunción y avanzar en la democracia ambiental, derechos humanos, transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.

La implementación del compromiso de la iniciativa EITI para fortalecer la transparencia de información y la rendición de cuentas ha significado un gran paso hacia la construcción de la democracia y gobernanza ambiental más sólidas. Es reprochable que retrocedamos en el trabajo para garantizar derechos y en el fortalecimiento de la institucionalidad. https://www.actualidadambiental.pe/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

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12/5/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 3966: Perú y Ecuador coordinan acciones para descontaminar el río Tumbes. Ministro Modesto Montoya anuncia también implementación de detectores de contaminación en diferentes zonas del país

 Jueves,12 de mayo de 2022 – Año XV – Edición 3966 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

Minam: Perú y Ecuador coordinan acciones para descontaminar el río Tumbes

Ministro Modesto Montoya anuncia también implementación de detectores de contaminación en diferentes zonas del país   

El Estado peruano “coordina acciones conjuntas con Ecuador frente a la contaminación del río Tumbes”, cuyas aguas marcan la frontera entre ambos países, informó hoy el titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Modesto Montoya.

En tal sentido, durante el X Consejo de Ministros Descentralizado que se celebró hoy en Tumbes, Montoya indicó que se tiene proyectado detectar y eliminar los factores contaminantes que dañan este importante recurso hídrico.

Las autoridades ecuatorianas permitirán que los especialistas de Perú analicen los lugares donde se encuentran las fuentes de contaminación para que se disponga el cese de las actividades, a fin de no afectar la salud de la población, manifestó el titular del Minam.

Detectores de contaminación

Montoya adelantó también que se impulsará la implementación de detectores de contaminación (aire, agua, suelo) en diferentes zonas del país. “Debemos controlar que las empresas no sigan contaminando”, subrayó.

Comentó, asimismo, que los especialistas del OEFA han supervisado el estado situacional de las aguas del río Lurín, en Lima.

Añadió que algunas empresas botan aguas contaminadas al citado torrente donde la población acude en busca de espacios de entretenimiento y para tener contacto con la naturaleza. Este es un problema serio, las empresas deben asumir su responsabilidad y “no lavarse las manos”, aseveró.

En otro momento indicó que el Minam está desarrollando un programa de reforestación en distintas regiones del país, con el fin de impulsar beneficios con los bonos de carbono mediante la conservación de los bosques. https://andina.pe/

 


LIMA PERÚ

Ministerio de Vivienda y Colegio de Ingenieros asumen compromiso de trabajo articulado

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López, y el decano del Consejo Departamental Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, Roque Benavides Ganoza, expresaron su compromiso de trabajar articuladamente por el desarrollo del sector.

Así lo manifestaron en una reunión de trabajo realizada en la sede institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), donde también participaron los viceministros de Construcción y Saneamiento, Javier Hernández; y de Vivienda y Urbanismo, Cecilia Lecaros; así como el presidente del consejo directivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Jorge Zapata; y el presidente del Comité de Obras de dicho gremio, Ytalo Valle.

“Tenemos la apertura para recibir todos los comentarios y aportes de los gremios empresariales que conocen las obras de construcción”, indicó Alvarado López.

Aliados

En tanto, Roque Benavides manifestó “vean en el Colegio de Ingenieros a un aliado que está a su disposición para trabajar articuladamente”.

En la reunión se abordaron diversos temas que permitirán al MVCS, con los aportes de los gremios empresariales y profesionales, impulsar normativas orientadas a que los diversos proyectos del sector se desarrollen con mayor eficiencia.

Tal es el caso de los proyectos de agua y saneamiento en zonas urbanas y rurales, que necesitan de profesionales especializados que trabajen en las obras ejecutadas, en su mayoría, por gobiernos regionales y locales con el financiamiento del gobierno central.

Los participantes en esta reunión de trabajo coincidieron en que el dinamismo del sector inmobiliario necesita de la articulación constante entre el sector público y privado, a fin de crear una oferta planificada de vivienda con el otorgamiento de subsidios habitacionales. https://andina.pe/

 


Defensoría del Pueblo exige a gobierno actuar con transparencia en gestión de industrias extractivas

Ante la decisión del Consejo de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI) de suspender temporalmente al Perú, la Defensoría del Pueblo demandó al Ministerio de Energía y Minas (Minem), en su calidad de entidad que preside la Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento y supervisión de la transparencia en el empleo de los recursos que obtiene el Estado por el desarrollo de las industrias extractivas minera e hidrocarburíferas, elaborar y publicar con urgencia el Octavo Informe Nacional de Transparencia.

A través de un pedido dirigido al Ministerio de Energía y Minas, la Defensoría del Pueblo advirtió que la presentación de dicho informe antes del 31 setiembre próximo, permitirá que se restituya al Perú la categoría de país cumplidor en la EITI.

Cabe recordar que EITI es una organización que promueve la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas sobre el uso de los ingresos provenientes del petróleo, el gas y la minería en los países ricos en recursos naturales. El Perú es parte de dicha iniciativa desde el 2005 y en febrero de 2012 se obtuvo el estatus de país cumplidor, siendo el primer país en Latinoamérica en alcanzar dicho logro. Dicha categoría es revalidada cada 5 años; no obstante, se tomó conocimiento de que el Estado ha incumplido con la entrega del Octavo Informe Nacional de Transparencia, cuyo plazo venció en diciembre de 2021, y su posterior ampliación, el 31 de marzo último.

De acuerdo a lo explicado por la adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Lissette Vásquez, para la Defensoría del Pueblo resulta de suma importancia que el Perú cumpla con la presentación del Octavo Informe de Transparencia Nacional correspondiente a los años fiscales 2019 – 2020, instrumento fundamental para el control ciudadano sobre los ingresos de las industrias extractivas, el cual además contribuye en el fortalecimiento de la protección de los derechos de acceso a la información pública y de participación ciudadana, así como en la prevención de conflictos sociales.

“Las actividades extractivas, realizadas en forma sostenible y con respeto a los derechos humanos, son uno de los principales motores de la economía de nuestro país y representan una importante fuente de recaudación tributaria para el Estado peruano, lo cual debe favorecer la redistribución de ingresos en nuestra sociedad y permitir el desarrollo de las políticas públicas en favor de la población, y la transparencia resulta un factor clave” precisó Vásquez.

Finalmente, instó a la Autoridad Nacional de Transparencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como ente rector en la materia, a supervisar el cumplimiento de la elaboración y publicación del Octavo Informe Nacional de Transparencia en el marco de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI).

Para acceder a los documentos dirigidos al Ministerio de Energía y Minas; y a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ingrese a los siguientes enlaces:

http://www.defensoria.gob.pe/documentos/oficio-n-0172-2022-dp-amasppi/

http://www.defensoria.gob.pe/documentos/oficio-n-014-2022-dp-aac/

 


HIDROMUNDO

Greenpeace bloquea un 'megabuque' de soja en el puerto de Amsterdam para denunciar la deforestación del Amazonas

Más de 60 activistas de Greenpeace de varios países europeos han bloqueado la entrada del buque 'Crimson Ace' al Puerto de Amsterdam (Holanda) procedente de Brasil y cargado con 60 millones de kilos de soja para denunciar que la alimentación de la ganadería industrial europea a base de soja está provocando la deforestación de vastos territorios en Brasil.   

Holanda es la puerta de entrada de la soja otros países de la Unión Europea, según afirma la ONG que señala que precisamente Países Bajos son el mayor importador de soja brasileña, con el 16,6 por ciento; seguido de cerca por España, con el 16,4 por ciento; Alemania, 14,2 por ciento e Italia, 10 por ciento.    Los activistas han bloqueado las compuertas de la esclusa que el Crimson Ace, de 225 metros de eslora, debe pasar para acceder al puerto de Ámsterdam. El director de Greenpeace Holanda, Andy Palmen, ha recordado que hay un proyecto de ley de la Unión Europea que podría acabar con la complicidad de  Europa en la destrucción de la naturaleza, pero "aún está lejos de ser lo suficientemente ambicioso como para conseguir el objetivo de frenar la deforestación importada y la violación de los derechos humanos".

Palmen denuncia que hay cientos de barcos que transportan soja para alimentación animal, carne y aceite de palma llegan a los puertos europeos cada año.    "Puede que la ciudadanía europea no esté conduciendo las excavadoras que destruyen la selva, pero a través de las importaciones de materias primas europeas, estamos siendo responsables de la tala de árboles en Borneo y de los incendios en Brasil", ha advertido.    Así, afirma que el 'Crimson Ace' es parte de un sistema agroalimentario enfermo, vinculado a la destrucción de la naturaleza.

"La gran mayoría de la soja desaparece en los comederos de nuestras vacas, cerdos y pollos. Se está destruyendo la naturaleza para la producción industrial de carne, mientras que lo que realmente necesitamos es la naturaleza para mantener la tierra habitable", sostiene.   

Los activistas escaladores están bloqueando las puertas de la esclusa y han colgado una pancarta con el lema 'UE: Detengan la destrucción de la naturaleza ya'. Mientras, en el agua, las activistas están navegando en lanchas neumáticas con pancartas en sus propios idiomas. En el agua flotan grandes cubos hinchables frente a las puertas de la esclusa con el mensaje 'Protege la naturaleza' y los nombres de miles de personas de distintos países que apoyan la protesta.

Asimismo, los líderes indígenas se unen a la protesta desde el Beluga II, el velero de Greenpeace de 33 metros de eslora, con una pancarta entre los mástiles en la que se lee 'UE: Detengan la destrucción de la naturaleza ya'.

El líder del pueblo Terena en el estado de Mato Groso do Sul, Alberto Terena, ha denunciado que han sido expulsados de sus tierras y sus ríos han sido contaminados con veneno para dejar espacio a la expansión del agronegocio.

"Europa comparte la responsabilidad de la destrucción de nuestros hogares, pero la legislación puede ayudar a detener la destrucción futura. Pedimos a los ministros que aprovechen esta oportunidad, no solo para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, sino también por el futuro del planeta. La producción de piensos para sus animales industriales y la carne de vacuno no deben seguir provocando nuestro sufrimiento", ha exigido.

Con esta acción, la ONG exige que la nueva ley de la UE sea "firme" y garantice que los productos que puedan relacionarse con la destrucción de la naturaleza y los abusos de los derechos humanos puedan ser rastreados hasta el lugar donde se producen. Los ministros de Medio Ambiente de la UE debatirán el 28 de junio el proyecto de ley contra la deforestación importada.

La acción forma parte de la campaña que comenzó la semana pasada en Madrid, donde representantes de pueblos indígenas de Brasil, acompañados por Ecologistas en Acción, Greenpeace, Mighty Earth, WWF España, Amigos de la Tierra y SEO/BirdLife, se concentraron a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para pedir al ministro Planas que evite las importaciones españolas de materia primas sigan contribuyendo a la violación de derechos humanos y la destrucción de la naturaleza. https://www.notimerica.com/

“Defender el Agua es Defender la Vida”

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11/5/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 3965: PERÚ - La suspensión del Perú de la EITI. La responsabilidad directa es del Ministerio de Energía y Minas y si bien es una suspensión temporal, lo ocurrido muestra el preocupante retroceso en materia de transparencia

 Miércoles, 11 de mayo de 2022 – Año XV – Edición 3965 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

 

La suspensión del Perú de la EITI

La responsabilidad directa es del Ministerio de Energía y Minas y si bien es una suspensión temporal, lo ocurrido muestra el preocupante retroceso en materia de transparencia   

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés), se originó como propuesta durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en 2002. La iniciativa fue planteada como un marco voluntario para promover la transparencia informativa y contable, el buen gobierno y la rendición de cuentas de los sectores extractivos, sobre todo en el petróleo, el gas y la minería.

Luego, en junio de 2003, EITI recibió el apoyo del denominado Grupo de los 8 y se aprobó un Plan de Acción para combatir la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos, al mismo tiempo que se promovía la transparencia en los ingresos y egresos públicos.

Formalmente, la EITI comenzó el año 2004 con siete países y se fue ampliando hasta llegar a 26 naciones. La EITI distinguió desde un inicio tres categorías: los países que manifiestan su intención de aplicar la iniciativa (adhesión); los países candidatos; y finalmente, los países cumplidores.

Cabe señalar que el Perú fue el primer país de América Latina en recibir la certificación el año 2012. El Perú había comenzado la carrera en la EITI el año 2004, cuando fue invitado a participar y al año siguiente, el 2005, pasó a ser país adherente. Al convertirse en un país certificado, el Perú se comprometió a seguir el esquema de trabajo de EITI internacional, lo que significaba ampliar la transparencia, mejorar la gobernabilidad, combatir la corrupción, entre otros aspectos.

El Perú ha sido suspendido por el Consejo Internacional del EITI, debido al incumplimiento de la entrega del VIII Informe Nacional de Transparencia. La responsabilidad directa es del Ministerio de Energía y Minas y si bien es una suspensión temporal, lo ocurrido muestra el preocupante retroceso en materia de transparencia. Como se sabe, cada país que participa de la iniciativa se compromete a elaborar un informe que incluya los ingresos de los últimos ejercicios preparado por un auditor independiente.

El Perú tiene hasta el 30 de septiembre para corregir y entregar el Informe Nacional de Transparencia y así recuperar el estatus de país cumplidor. Estaremos atentos a las decisiones que tome el Ministerio de Energía y Minas. https://cooperaccion.org.pe/

 


HIDROREGIONES PERÚ

En Perú, los derrames de petróleo manchan a la Amazonía. ¿Por qué se actúa tan lentamente?

El 15 de enero de 2022, se derramaron cerca de 12 mil barriles de petróleo en la refinería La Pampilla, operada por la empresa española Repsol en Ventanilla, 20 km al norte de Lima, la capital peruana. Este suceso fue catalogado como uno de los mayores desastres ambientales del Perú. Sin embargo, esta situación no es nueva en el país.

Una publicación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Oxfam, confirma que desde 1997 hasta 2021 ocurrieron 566 derrames de petróleo en la Amazonía, 404 en la costa y 5 en la sierra. En cuanto al total de hidrocarburos derramados, se calcula que son más de 87 barriles.

Pocos días después del derrame de Repsol, la plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT) emitió un pronunciamiento para solidarizarse con los afectados. Pero también trató de llamar la atención sobre la difícil situación de las comunidades amazónicas a las que representa, comparando la respuesta y el clamor ante el vertido de Lima con el "abandono" observado en sus territorios a pesar de los daños sufridos durante décadas.

“Mientras que para el caso del derrame en Lima la reacción de autoridades, funcionarios, congresistas y prensa ha sido de forma inmediata, e incluso se han tomado medidas judiciales para que los representantes legales de Repsol no salgan del país; ante nuestras denuncias lo que existe es postergación, indiferencia y desidia”, publicó PUINAMUDT.

PUINAMUDT relata que el 22 de enero, una semana después del evento protagonizado por Repsol, ocurrió un derrame en el Lote 192, en la Amazonía norte de Perú. Sin embargo, los organismos estatales no se habían presentado para atender el desastre.

José Fachín, líder indígena kichwa y asesor principal de la plataforma Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (PAAP), afirmó que tras el derrame de Ventanilla “las comunidades se sintieron discriminados porque, además de la ausencia del Estado y de la prensa cuando suceden los derrames de hidrocarburos en la Amazonía, lo poco que se informa contribuye con la persecución a los pueblos indígenas, a quienes muchas veces se ha culpado de estos desastres ambientales”.

“Por reclamar ese tipo de situaciones nos han matado, nos han torturado, nos han encarcelado y seguimos perseguidos judicialmente”, afirmó Fachín.

Los derrames en la Amazonía se dan principalmente por falta de mantenimiento de la infraestructura, por negligencias operativas, así como también por atentados de terceros. El mayor número se dio en el Lote 192 (233), que abarca territorios de las provincias de Datem del Marañón y Loreto; seguido por el Lote 8 (189), provincia de Loreto; y el Oleoducto Norperuano (111), que recorre las regiones Loreto y Amazonas a través de sus tramos I y II y el denominado Ramal Norte.

Oleoducto Norperuano: un caso clave

El Oleoducto Norperuano es el más largo y el más representativo del país, así como también el más controversial. Inició sus operaciones en 1976, y tiene como fin trasladar el hidrocarburo de la Amazonía hacia la costa peruana. En su recorrido total, de 1106 kilómetros, lleva el crudo atravesando cinco regiones del país: Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura.

Según el informe de la CNDH y Oxfam, el 33 % de los derrames en el oleoducto entre 1997 y 2021 corresponde a fallas operativas, el 22.33 % a corrosión, el 31.07 % a terceros, y el 13.59 % a causas naturales como terremotos y avalanchas.

Algunos casos representativos son los de Cuninico y Morona (Loreto), así como el de Imaza (Amazonas). En el primero, ocurrido en el 2014, se derramaron 2500 barriles de petróleo; en el segundo (2016), 1444 barriles; y en el tercero (2016), 3 mil barriles. Solo estos tres casos suman casi 7 mil barriles vertidos sobre ríos, quebradas y suelos de la Amazonía.

Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL), afirma que el caso más emblemático fue el de Cuninico porque, antes de dicho derrame, se solía acusar a las comunidades que habitaban cerca al desastre de dañar y vandalizar la infraestructura y ello favorecía a Petroperú porque le eximía de toda responsabilidad.

Sin embargo, Ruiz explicó cómo este argumento no se sostenía legalmente. “[En el caso Cuninico] OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) presentó una histórica resolución. Por primera vez se declaró la responsabilidad administrativa de Petroperú; primero, por no darle mantenimiento al oleoducto; segundo, por daño real a la flora y fauna; tercero, por daño potencial a la salud. Nunca antes se había tomado esa decisión”, detalló el abogado de IDL.

Ruiz Molleda también mencionó que este caso sirvió de base a otros como los de Imaza y Morona, por el cual el OEFA multó a Petroperú con 27 millones de soles (US$7 millones), precisamente por no realizar mantenimiento al oleoducto, por no adoptar medidas inmediatas para controlar y minimizar los impactos ocasionados, por generar daño a salud, entre otros.

En estos tres derrames, agregó el especialista de IDL, “las víctimas querían que se les reconozca que ellos no habían roto la tubería. Les indignaba que los acusen. Querían salud, porque después de recoger el petróleo tenían secuelas. Dijeron que habían sido perjudicados económicamente, ya que perdieron sus chacras y no podían pescar en los ríos, y por ello querían compensación. Luego querían que se les asegure que no habrá otro derrame”.

En 2017, el Congreso de la República creó una comisión investigadora para determinar quiénes eran los responsables de los derrames en el Oleoducto Norperuano. En su informe final, señala: “La comisión investigadora ha constatado la ineficiencia, inoperancia y falta de compromiso con la que vino actuando Petroperú en la gestión del Oleoducto Norperuano, en la conservación del ambiente, en la gestión de riesgos, en su relacionamiento y responsabilidad social frente a las comunidades nativas”.

En agosto de 2019 se promulgó la Ley 30993, que declara de interés nacional la consolidación y modernización del Oleoducto Norperuano. Diálogo Chino intentó comunicarse con Petroperú para indagar sobre los avances en la modernización de la infraestructura, pero no hubo respuesta.

¿Cómo reducir o poner fin a los derrames?

Lissette Vásquez, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señaló que primero es necesario que tanto autoridades como las empresas –antes de la elaboración de un plan o la aprobación de una norma– consideren a este tema como prioridad, lo cual no ha ocurrido en los últimos años.

“La atención de los impactos ambientales no han sido ni son una prioridad para muchas gestiones estatales. Este tema tiene que priorizarse por los riesgos y los impactos significativos que generan al ambiente y la salud”, indicó.

Por su parte, César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales, consideró que –frente a derrames de hidrocarburos– organismos como Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería) y OEFA solo actúan reactivamente, “sobre hechos consumados”. “¿Cuál es la labor de ellos? Básicamente sancionar y tener una reacción cuando hay una situación de contaminación, y creo que eso es lo peor que podemos hacer. Si tienen los recursos, deberían tener una posición mucho más proactiva y adelantarse o verificar que no sucedan. Se trata de que no lleguen después, que no lleguen tarde”, afirmó.

En esa misma línea, Lissette Vásquez recalcó que se necesita “fortalecer e intensificar la fiscalización permanente y preventiva de todas las actividades, y no solamente la fiscalización ambiental, sino también las obligaciones técnicas y de seguridad. No podemos esperar a darnos cuenta de que un plan de contingencia o una infraestructura no funcionan. Esos son aspectos que pueden detectarse en supervisiones permanentes y preventivas”.

Si bien el ideal es que las empresas y las entidades del Estado cumplan con las normas ya existentes para atender casos de emergencias o evitarlos, Juan Carlos Ruiz de IDL consideró que este escenario aún es lejano para la realidad peruana. Por ello, recordó que denunciar los hechos de manera formal ante las entidades correspondientes puede dar algunos frutos cruciales.

Para poner un ejemplo, el especialista de IDL mencionó que solo el caso Cuninico tiene cinco “batallas judiciales”. Estas tienen que ver con declarar la responsabilidad de Petroperú, la atención de los afectados, la compensación económica de cuatro comunidades nativas, el derecho de pago por servidumbre petrolera a las comunidades indígenas, y la demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional para que Petroperú realice el mantenimiento del oleoducto.  

Según IDL, en este último caso, presentado en el 2018, se “busca una decisión judicial final que obligue a la empresa estatal Petroperú a fiscalizar y monitorear las operaciones del Oleoducto Norperuano, el más largo del país, así como dar mantenimiento a sus tuberías en condiciones seguras para evitar nuevos derrames”.

Finalmente, Lissette Vásquez de la Defensoría agregó que también es necesario que nuestros sistemas de fiscalización, “además de ser preventivos, garanticen permanentemente medidas correctivas o sanciones que aseguren un desincentivo de la comisión de conductas infractoras, y debemos asegurar que se cumplan las medidas destinadas a la remediación ambiental”.

“No basta con sancionar. Por ejemplo, es inconcebible que hayan pasado 7 años y no tengamos información sobre si los impactos generados por el derrame de Cuninico se remediaron. Algo mal estamos haciendo como Estado para que esa situación se siga dando”, concluyó. https://dialogochino.net/

 


Transfieren S/ 2.5 millones para obras de rehabilitación de agua y saneamiento en Barranca y Cerro Colorado

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) recibió una transferencia de S/ 2 483 351 de parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la ejecución de dos proyectos de saneamiento urbano contemplados en el plan de reconstrucción con cambios.

A través del Decreto Supremo 088-2022-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, se autorizó la transferencia de S/ 1 681 769 para la reparación del sedimentador del sistema de agua potable de Barranca, distrito y provincia del mismo nombre, en la región Lima, que fue afectado por el fenómeno del Niño Costero.

Asimismo, se destinó S/ 801 582 para rehabilitar el colector y conexiones domiciliarias de la avenida José Santos Atahualpa y la calle Prolongación Buenos Aires, en el distrito de Cerro Colorado, en la provincia y región Arequipa.

Con la transferencia autorizada por el MEF, se completa el monto total requerido para ambos proyectos, a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) del MVCS.

En el caso de las obras en Barranca, ya se contaba con S/ 1 221 841 para la ejecución y otros S/ 84 502 para la supervisión, asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura 2022. Como parte del proyecto, que beneficiará a casi 54 mil habitantes, se contemplan trabajos en la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

En tanto, en Cerro Colorado, el Presupuesto Institucional de Apertura 2022 del MVCS contemplaba S/ 1 365 650 para la ejecución del expediente técnico y de las obras, así como S/ 285 543 para su supervisión.  En este proyecto se rehabilitarán más de 2.7 kilómetros de la red colectora y 98 buzones, beneficiando a cerca de 800 habitantes. https://caretas.pe/

 


HIDROMUNDO

Sergio Díaz-Granados: La apuesta nuestra como CAF es que la atención mundial gire alrededor de la reforestación en el caso de América Latina 

La semana pasada, el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, visitó varios puntos de Ecuador como parte de los proyectos de línea verde que apoya el organismo en el país y en la región, así como para reunirse con el Gobierno.

Primero estuvo en Galápagos, luego en Manabí, donde conversó con este diario sobre varios temas que relacionan a Ecuador con el trabajo que viene desarrollando el banco. Su viaje concluyó en Quito con una reunión con el presidente Guillermo Lasso, el pasado viernes.

¿Qué objetivos tenía su visita al país esta semana?

Básicamente tenemos la aspiración como CAF de acompañar los esfuerzos de la región en prepararse para el cambio climático y para tener un balance positivo en cuanto a biodiversidad y relación con la naturaleza. Ese es el horizonte del banco a 2026 y espero a 2030. La capitalización reciente que hicimos de $ 7.000 millones es para aumentar la capacidad operativa del banco. Además, la composición de esa cartera, llevarla mayormente a financiamiento verde, lo vamos a pasar del 20 % (cerca de $ 6.000 millones) en 2021 al 40 %. Va a crecer la cartera en tamaño y va a cambiar la composición. Aspiramos a acumular un total de cartera de $ 25.000 millones para 2026 en financiamiento verde. Ya tenemos claro el tamaño del banco y su horizonte. Por esa razón estamos en Ecuador esta semana, porque vamos a comenzar a construir la red de trabajo, los socios, para poder hacer esto realidad. El año pasado Ecuador recibió operaciones por cerca de $ 1.100 millones y probablemente podremos movilizar muchos más recursos para el Ecuador en unos cinco o seis años.

¿Qué apoyo dio esta semana a Galápagos específicamente?

La visita tenía un propósito y era poner a andar un proyecto con el Fondo Global del Ambiente (GEF) para contener las especies invasoras en la isla Floreana, porque se están deteriorando las especies endémicas de la isla. Ya hemos hecho proyectos similares en el pasado que han ayudado a restaurar los balances de los ecosistemas. De fondo también estamos mirando de qué manera en el archipiélago podemos trabajar en modernizaciones que permitan hacer mucho más sostenible la isla. Por ejemplo, los temas de vertimiento de aguas residuales, la parte de saneamiento, en el suministro de agua potable a los habitantes actuales, en los mecanismos de logística para hacer mucho más sostenible a las islas. Y estamos preparando otros proyectos asociados con la parte de consumo, energía y producción de energía en el archipiélago. Esto va camino a qué. Camino a la Cumbre de Océanos que tenemos en Portugal en junio, donde como CAF queremos hacer un anuncio de los compromisos como institución con lo que hemos llamado economía azul. Creemos que el banco es un banco azul y defiende los archipiélagos, no solamente Galápagos, que es la gran joya del Pacífico, muchas más islas en el norte y en el sur de América Latina.

¿Cómo entender el proyecto de ‘biodiverciudades’ que ya comienzan a conectar en Ecuador con el evento en Manabí?

La red (de biodiverciudades) arrancó el año pasado en Barranquilla, en diciembre. Entonces, es la primera vez que montamos una red de este tipo en Ecuador. Lo que hay que hacer es ponerla en funcionamiento y comenzar a dar ejemplos y atraer a más ciudades. Es un proceso de crecimiento. Arrancamos (el jueves) con ciudades grandes y pequeñas en la sierra, en la zona central, en la zona oriental, en la costa. Lo que esto significa en cada municipio es distinto. Una cosa va a ser pensar un municipio en el páramo y cómo trabajamos soluciones basadas en la naturaleza ahí, por ejemplo, con los cultivos de papa o la producción de leche, o qué significa en la costa los vertimientos sobre la bahía para efectos de la pesca. O qué significa esto en un archipiélago como Galápagos.

¿Cuál es el objetivo de la línea verde que ha tomado la CAF y qué influencia en ello tuvo usted?

El CAF viene haciendo proyectos de financiamiento verde no ahora, sino de hace muchos años y como banco multilateral se coordina con los requerimientos de los países. En lo personal, yo creo que hay varias cosas alineadas. Primero, que hay una alerta global y un compromiso de los líderes, de los presidentes de salvar el planeta, de cambiar la forma en que estamos consumiendo y produciendo. Tratar de ser cada vez mucho más sostenible. Eso está claro como mandato general y las instituciones tienen que navegar en esa dirección. Y en lo personal, yo creo firmemente en esto. Vengo de un municipio que ha sido afectado por cambio climático, Santa Marta, en el Magdalena, en el norte de Colombia, una ciudad costera que tiene una gran provisión de bienes naturales. Entonces, como responsable de la organización en este momento, también tengo la convicción de que es lo correcto y que hay que pensar con mentalidad de ancestro, hay que pensar que todos tenemos una responsabilidad que cumplir y que debemos tratar de salvar el planeta, que no es nuestro, sino de nuestros nietos y de las siguientes generaciones. Parte de eso orienta la inspiración de mover el banco hacia financiamiento verde.

¿Qué escenario le espera a la región en un año de recuperación y cómo afecta esto los objetivos ambientales que tiene la CAF?

Hay que tener en cuenta el contexto global primero. Hay una interrupción fuerte del comercio que viene desde la pandemia y acelerado por la crisis geopolítica entre China y Estados Unidos, hay una crisis energética en curso, por la invasión de Rusia a Ucrania y en seis, ocho meses, Europa dejará de comprar petróleo y gas a Rusia, pero comenzará a buscarlo en otras fuentes. Hay un desafío de transición energética de aquí al 2030: reducir 50 % los gases de efecto invernadero. Si no tenemos ese progreso es muy probable que sea muy tarde. Reducir el 50 % de emisiones en el mundo o en la región de América Latina va a tener ciertamente incidencia en la forma como producimos energía. El gran sector que aporta emisiones de carbono a la atmósfera en América Latina es la tala de bosques. La gran tecnología para resolver la emisión son los árboles. América Latina tiene del 25 % al 30 % del área reforestable para la solución. América Latina es el continente de solución, no somos los grandes contaminadores. La apuesta nuestra como CAF es a que la atención mundial gire alrededor de la reforestación en el caso de América Latina. La segunda gran fuente de contaminación en América Latina son las ciudades y particularmente el transporte. Entonces tenemos siete años para migrar de sistemas de transporte y estamos viendo tecnologías importantes en crecimiento, el hidrógeno, los carros híbridos, los carros eléctricos; estamos tomando la decisión de que tenemos que acelerar la transición porque somos conscientes de que la estamos embarrando por el peligro que existe. ¿Qué implica esto? Que tenemos que buscar tecnologías que no tenemos todavía y es ahí donde vienen los criterios de transición, tenemos que comenzar a aprender de transición. En CAF queremos acompañar la transición de aquí al 2030 y que logremos llegar a un nivel de reducción del 50 % de los gases de efecto invernadero; ahí es donde estamos enfocando los esfuerzos como banco para ese propósito.

¿La dificultad es mayor que hace tres años para ese objetivo?

Sí, la pandemia nos dejó golpeados desde el punto de vista de empleo, de informalidad. Nos pasa una factura a largo plazo, que es la educación, la generación pequeña de la pandemia (que hoy tienen entre cuatro y ocho años) es la que se va a ver afectada el día de mañana. Entonces hay que, y es una parte de la misión del banco, centrarnos sobre todo en esa semilla latinoamericana. Hay diversas alternativas que podemos utilizar para enfrentar el coletazo de la pandemia. La economía circular, por ejemplo, nos ayuda a cumplir las metas de reducción de gases de efecto invernadero, de evitar la destrucción del planeta y generar el empleo necesario para las mujeres y para los jóvenes, que son los grupos más afectados por la pandemia.

¿Cómo ve a Ecuador en ese proceso?

Ecuador, al igual que el resto de los países de América Latina, quedó con una gran necesidad y grandes desafíos en materia de empleo, informalidad, en buscar fuentes de crecimiento, en recuperar la gente que se afectó por la pandemia, particularmente los que dejaron de ir al colegio. Yo creo que ahí tenemos un gran desafío, que es homogéneo para toda América Latina. Los grados de intensidad varían según el tamaño del país, su capacidad de endeudamiento, que tengan o no tengan política monetaria. Ecuador tiene una restricción financiera porque no tiene un banco central que provea soluciones monetarias y tiene que hacer un esfuerzo adicional a lo que hacen otros países en la parte macro, pero ahí está la gracia del trabajo en equipo e identificar en cada país y en cada ciudad lo que hay que hacer. (I) https://www.eluniverso.com/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

10/5/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 3964: PERÚ - Gobierno emitirá Decreto de Urgencia para crear Fondo Nacional del Agua

 Martes, 10 de mayo de 2022 – Año XV – Edición 3964 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe


 Gobierno emitirá Decreto de Urgencia para crear Fondo Nacional del Agua 

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Oscar Zea, puso en marcha el canal Roma- Sector Toma Soldado, en el distrito de Ascope, obra ejecutada a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) que beneficiará a más de 1000 familias y atenderá 9000 hectáreas en La Libertad.

En su visita de trabajo, Zea, también anunció la próxima ejecución del canal Cao con una inversión de 14.7 millones de soles y que apoyará a 468 familias de agricultores y 12 151 hectáreas de cultivos de los sectores Magdalena, Roma, Campo, Larco, entre otros.

El ministro Zea señaló que uno de los ejes centrales de la Segunda Reforma Agraria es la seguridad hídrica a través de la ejecución de infraestructura hidráulica, que permitirá gestionar e impulsar de forma adecuada los recursos hídricos con fines poblacionales, agrarios, industriales, entre otros. https://www.radionacional.com.pe/

 


HIDROREGIONES PERÚ

Implementan medición de caudales en ríos a nivel nacional

Como parte de las acciones de gestión del riesgo de desastres, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) realizó la medición del caudal en los ríos Piura y Chancay Lambayeque, dando inicio a la temporada de aforo a nivel nacional.

“Hemos desarrollado labores de aforo en los ríos Piura, Bigote, Corral del Medio y Charanal en la cuenca Piura, además de los ríos Chunchuca, Utcubamba, Marañón y Chinchipe en la Dirección Lambayeque con la finalidad de fortalecer la vigilancia y pronóstico de caudal en la región. Próximamente se tiene planificado realizar las mediciones en los departamentos de Huánuco, Lima, Ica y San Martín”, dijo Luis Metzger, subdirector de Predicción Hidrológica del Senamhi.

El funcionario refirió que estas mediciones se realizan todos los años en coordinación con los hidrólogos de las Direcciones Zonales de la institución y como parte de las acciones relacionadas a la prevención de eventos hidrológicos extremos, informó el Senamhi. https://www.inforegion.pe/

 


LIMA PERÚ

Voluntarios recolectan más de 200 kilos de basura durante jornada de limpieza en playa San Pedro de Lurín

Con el retorno de los bañistas a las playas después de dos años de acceso restringido, éstas se vieron afectadas con un problema recurrente: la contaminación por plástico y desechos. Según el Ministerio del Ambiente (Minam), solo en Perú, el 46% de los residuos sólidos que se encuentran en las playas son de material plástico, los cuales tardan cientos de años en descomponerse, generando graves daños ambientales que atentan contra la fauna marina, ya que, al acumularse en el organismo de peces y mariscos, se convierten en un peligro para la salud humana de llegar a consumirse.

Ante ello, diversas organizaciones y compañías han puesto en marcha campañas para contribuir con la preservación del mar peruano, como es el caso de “Juntos por las playas”, una iniciativa realizada por Belcorp, la multinacional con más de 50 años en el sector belleza que agrupa a las marcas ésika, L’bel, y Cyzone, en conjunto con Life Out Of Plastic (L.O.O.P.), con el objetivo de realizar la limpieza de más de 200 kilos de basura del balneario de San Pedro ubicado en Lurín.

Para Verónica Melzi, Belcorp Foundation Senior Manager, los residuos plásticos provocan la muerte de más de un millón de aves marinas cada año y de 100 mil mamíferos acuáticos a escala global. «De acuerdo con el Minam, las playas de Lima son las que generan la mayor cantidad de residuos sólidos. En esa línea, a través de nuestro programa de voluntariado contribuimos con la descontaminación de este balneario, aportamos a la preservación del medio ambiente y, de esta manera, continuamos construyendo un futuro lleno de posibilidades para todos”, señaló.

La jornada de limpieza se llevó a cabo el sábado 30 de abril, en el marco del Día de la Tierra, que se conmemora cada 22 de abril, y contó con la participación de más de 40 voluntarios de Belcorp, quienes estuvieron a cargo de la recolección de bolsas, cañitas, botellas de plástico, utensilios descartables, entre otros.

Por otro lado, Verónica resaltó que este tipo de iniciativas son parte del compromiso que tiene la compañía con la sostenibilidad, la cual está fundamentado en cinco ejes estratégicos: Empoderamiento femenino, Talento extraordinario, Cuidado del planeta, Integridad y transparencia y Productos responsables, y que el trabajo sobre cada eje es transversal a su operación, lo que no solo aporta al propósito de la compañía, sino también en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Finalmente, la vocera indicó que, a través del voluntariado Belcorp, continuarán aportando con este tipo de iniciativas durante todo el 2022; además, resaltó la necesidad de continuar generando conciencia, a fin de alcanzar hábitos responsables sobre el cuidado del medio ambiente. https://caretas.pe/

 


HIDROMUNDO

¿La presencia comercial de China en la Amazonia puede volverse más ecológica?

Las inversiones chinas en Brasil reflejan "un matrimonio de intereses", según Tulio Cariello, director de investigación del Consejo Empresarial China-Brasil (CECB).  

"[Las empresas estatales chinas] State Grid y China Three Gorges (CTG) vinieron a Brasil a comprar empresas porque el país ha puesto mucho en venta desde el final del gobierno de Dilma Roussef [en 2016]. Y también porque esas empresas chinas necesitaban salir al exterior, pues ya habían invertido mucho a nivel interno", dijo a Diálogo Chino.

Desde entonces, la relación comercial y de inversión de China con Brasil ha sido objeto de críticas por su huella medioambiental, siendo la Amazonia el ecosistema que más despierta la preocupación internacional.

Sin embargo, la Amazonia Legal, que consta de nueve estados en el norte y el medio oeste de la cuenca del Amazonas, fue el destino de solo 11.000 millones de dólares del total de 66.000 millones de inversión extranjera directa china en Brasil entre 2009 y 2019, según datos recopilados por CEBC para Diálogo Chino. Muchos proyectos se extienden también a otros estados, por lo que las cifras podrían estar sobreestimadas.

En combinación con otros datos, es posible trazar una imagen más clara de los lugares y sectores de la Amazonia que reciben inversiones chinas, que, como indica la evolución de las políticas en China, están experimentando un proceso de "ecologización". 

China: un socio nuevo e inexperto para la Amazonia

Durante décadas, los países de la cuenca amazónica han intentado llevar el desarrollo a la selva. Bajo la dictadura militar de Brasil (1964-1985), esto tomó el mantra de integrar para no entregar (integrar, no abdicar), una frase irónicamente parecida a "úsalo o piérdelo".

Pero la idea de apoyar este desarrollo mediante financiación externa fue cuestionada, especialmente por los movimientos conservacionistas de finales de los 60 y principios de los 70, según un estudio del académico brasileño Luiz Barbosa. Muchos gobiernos en desarrollo fueron acusados, con razón, de ser irresponsables con el uso de sus recursos naturales.

La historia de China en la Amazonia comenzó cuando el país asiático entró en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001. Ese año, Baosteel, una empresa estatal con sede en Shanghai, realizó su primera gran inversión directa en la Amazonia brasileña, destinando 650 millones de dólares a la recién privatizada Vale, la mayor empresa minera de Sudamérica y titular de los derechos de exploración de un complejo de minas situado en el estado de Pará.

"Es un momento en el que los chinos empiezan a mirar al mundo", dijo Quelen Guedes, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Vale dos Sinos de Brasil.

En 2006, Wu Bangguo, entonces presidente de la Asamblea Popular Nacional de China, realizó una gira por América Latina. Dirigiéndose al Congreso Nacional de Brasil, dijo: "Brasil es un país muy conocido y estimado por el pueblo chino [...]. Su fascinante selva amazónica y el magnífico proyecto hidroeléctrico de Itaipú forman parte del orgullo nacional".

La combinación de la Amazonia y la energía hidroeléctrica presagiaba la participación de China en el desarrollo de proyectos energéticos en Brasil y en la cuenca fluvial en general.

En la actualidad, las empresas con sede en China poseen acciones equivalentes a más proyectos hidroeléctricos enteros en la Amazonia que las de cualquier otro país, según el grupo de reflexión The Dialogue, con sede en Washington. 

Impactos comerciales en la Amazonia

Un comercio fuerte sirvió de columna vertebral para una mayor cooperación financiera. Durante la crisis financiera mundial que comenzó en 2008, la demanda de productos básicos de Estados Unidos y Europa se hundió, justo cuando China necesitaba petróleo, cobre y mineral de hierro de Brasil, Perú y Ecuador para impulsar su rápido desarrollo económico.

En 2009, China se convirtió en el principal socio comercial de Brasil, superando a EE.UU. por primera vez. En el caso de Perú, ocupa el mismo puesto desde 2014, cuatro años después de que ambos países firmaran un acuerdo de libre comercio.

Sin embargo, estos productos potencialmente de alto impacto, junto con la soja, empezaron a constituir la abrumadora mayoría del comercio. En Brasil, el mineral de hierro, el aceite y la soja sin procesar pasaron de representar menos del 45% de la creciente cesta de exportaciones de China en 2003, a casi el 80% en 2019, según el Observatorio de la Complejidad Económica.

Cuando China se convirtió en uno de los principales compradores de soja brasileña, el refuerzo de la legislación y su aplicación provocaron una ralentización de la expansión del cultivo en la Amazonia. Los campos en el bioma del Cerrado, donde la legislación era más débil, se extendieron. La moratoria de soja de 2006, un compromiso de las multinacionales del comercio de cereales para dejar de abastecerse de proveedores vinculados a la deforestación ilegal, se considera en general la causa

La llegada la Franja y la Ruta

En 2013, la colosal Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) del presidente chino, Xi Jinping, para aumentar la conectividad mundial, empujó -y dio sólo un poco más de coherencia- al impulso de China para que sus empresas y bancos busquen oportunidades en todo el mundo, incluida la selva amazónica.

China comenzó a diversificar su cartera, consiguiendo contratos en los sectores del transporte, la agricultura y la manufactura, apoyando el auge del comercio de materias primas y, a la vez, motivándolo. Los puertos, las carreteras e incluso la posibilidad de un ambicioso ferrocarril bioceánico que atravesara el Amazonas, estaban en la mira, aunque en gran medida se ha quedado ahí.

En el momento en el que este momento fue redactado, seis de los ocho países de la cuenca amazónica han entrado a la BRI (sin incluir a la Guayana Francesa, una región de ultramar de Francia). Colombia y Brasil no están en la lista. A pesar de los informes de que Brasil ya ha designado oficialmente proyectos de la BRI, ningún nivel de gobierno ha firmado ningún memorando de entendimiento para cooperar en el marco de la BRI, considerada la medida de la adhesión.

Independientemente de esto, Brasil fue el primer receptor regional de inversiones chinas entre 2003 y 2020.

Una imagen más clara

Para David Cleary, actual director de agricultura de la ONG The Nature Conservancy y antiguo director de programas de conservación en la Amazonia y otras regiones, el principal interés de China por Brasil está en otra parte. "El interés de las empresas chinas está mucho más en las infraestructuras y, por tanto, se centra en el sur del país, donde esas inversiones son más importantes", afirma.

A pesar de tener una presencia directa "bastante limitada" en la Amazonia, China funciona como "centro de demandas de exportación", según Cleary. El país es el principal comprador de productos agrícolas brasileños, sobre todo de soja y carne vacuna, que a menudo se producen de forma extensiva, invadiendo los bosques tropicales. La ganadería impulsa el 80% de la deforestación amazónica, según el instituto de investigación Imazon.

El año pasado, el 37% de las importaciones chinas de carne vacuna brasileña y el 27% de sus 58,15 millones de toneladas de soja procedían de la Amazonia Legal, la región que contiene el bioma amazónico y su zona de amortiguación, según datos comerciales brasileños.

El volumen que compra China es importante para la Amazonia porque, aunque la gran mayoría procede del sur de Brasil, el cultivo en esa requiere una gran superficie y desplaza a los ganaderos que abastecen el enorme mercado nacional de carne vacuna al norte, hacia la selva tropical.

Sin embargo, proporcionalmente, China se abastece menos de lugares asociados a riesgos de deforestación que la UE, según Trase, una ONG que supervisa las cadenas de suministro.

De hecho, para 2020, Trase descubrió que la exposición de China al riesgo de deforestación, es decir, la probabilidad de abastecerse de proveedores vinculados a la deforestación ilegal, se concentraba en sólo el 1% y el 2%, respectivamente, de los municipios productores de soja y carne vacuna de Brasil. 

Preocupada más por la seguridad alimentaria que por el impacto climático o medioambiental del comercio de carne vacuna, China ha estado exigiendo la certificación del origen de la carne. Aunque el mecanismo aún debe reforzarse, es un indicio de que se está avanzando hacia una mayor transparencia en las cadenas de suministro

"No creo que China vaya más allá de la legalidad, y la legalidad ya es importante, especialmente en la cadena de la carne en Brasil, donde todavía hay mucha ilegalidad", dice Cleary. "China es un país que se toma en serio los planes, los compromisos y la seguridad nacional".

Tras una década de tasas de deforestación controladas en Brasil, el año pasado alcanzaron máximos históricos, lo que estimuló el debate sobre los esfuerzos de los compradores internacionales de productos agrícolas por desarrollar políticas sólidas y respetuosas con los bosques.

COFCO, el principal comerciante de soja de China, siguió a los principales comerciantes internacionales de alimentos al comprometerse en 2020 a tener una cadena de suministro forestal totalmente transparente para 2023, un objetivo que parece remoto dada la interrupción por la pandemia. Aunque no abordó el tema de sus proveedores indirectos, la medida fue bien recibida por los grupos conservacionistas.

Una ONG china también está buscando formas de "ecologizar" el comercio. El Global Environmental Institute (GEI), con sede en Beijing, la primera ONG china que "sale" con las empresas para conocer mejor sus limitaciones medioambientales en el extranjero, ha firmado recientemente un acuerdo de cooperación con el gobierno de Mato Grosso, el mayor estado productor de soja de Brasil. La asociación pretende establecer inventarios de emisiones y mecanismos de compensación y certificación.

Una asociación científica de larga duración proporciona datos importantes para entender dónde existen presiones de deforestación impulsadas por la demanda. Desde el lanzamiento de su primer satélite en 1999, el programa del Satélite de Recursos de la Tierra China-Brasil (CBERS) ha proporcionado imágenes en tiempo real a organismos de vigilancia de la deforestación como el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil.

Además de los datos sobre las cadenas alimentarias, una investigación reciente sobre las inversiones en energía da una idea más clara del nivel de participación de las empresas chinas en los proyectos amazónicos, en comparación con las de otros países. La investigación del The Dialogue descubrió que las empresas canadienses controlan el mayor número de yacimientos petrolíferos en la Amazonia, unos 24 sólo en Colombia. China sólo representa el 10% de los proyectos mineros y energéticos de la Amazonia.

Sin embargo, algunas empresas extractivas chinas tienen intereses en zonas de biodiversidad de renombre, siendo la más destacada el parque nacional Yasuní, en la Amazonia ecuatoriana. En febrero, China National Petroleum Corp (CNPC) obtuvo el primer contrato para la perforación de pozos en el campo petrolero Ishpingo, uno de los tres del bloque conocido como ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) o bloque 43, que se encuentra dentro del parque.

En 2020, la empresa china Chuanqing Drilling Engineering Company Limited obtuvo un contrato de 148 millones de dólares para perforar en el bloque 43. Además de los riesgos de la propia perforación, la infraestructura necesaria para transportar la maquinaria, los productos petrolíferos y el personal podría infringir una "zona de amortiguación" entre los yacimientos y el territorio indígena waorani. 

Históricamente, las empresas privadas y estatales de China han demostrado estar dispuestas a operar en zonas consideradas por otras empresas internacionales como de alto riesgo, en términos de seguridad y accesibilidad, según Cleary. En la última década, 11 de las 14 inversiones chinas en la región amazónica de Brasil fueron realizadas por empresas estatales, según el BRICS Policy Center. Aunque muchos reconocen que el beneficio económico es central en la toma de decisiones de inversión, las necesidades nacionales de seguridad alimentaria y energética también ocupan un lugar privilegiado.

"Las empresas chinas no tienen problemas para trabajar en geografías difíciles y remotas. Ya tienen mucha experiencia buscando oportunidades de inversión en todo el mundo, como en África, Asia y ahora en América Latina", afirma Cleary.

Políticas de protección del medioambiente en el país y en el extranjero

Cuando Xi Jinping lanzó la BRI en 2013, integró la idea de "civilización ecológica", anunciada en un documento político del año anterior. Se centró firmemente en situar el medioambiente en el centro del desarrollo dentro de las fronteras nacionales. En 2018, una enmienda constitucional en China impuso obligaciones de cuidado del medioambiente a las instituciones y autoridades públicas.

Sin embargo, no había disposiciones claras sobre las inversiones chinas en el extranjero, más allá de las directrices sobre el crédito verde que surgieron por primera vez en 2012, las instrucciones específicas para el sector minero que salieron en 2015 y un marco de gestión del riesgo medioambiental en el extranjero de 2017 que nunca llevó a castigar la no alineación.

La llegada de la BRI ha subido la apuesta. En el foro de la BRI de 2019, se creó la Coalición Internacional para el Desarrollo Verde de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRIGC) con el objetivo de reforzar el compromiso de China de promover el desarrollo verde en los países miembro. La guía desarrollada es significativa porque se aparta de la política de larga data de dejarlo en manos de las normas del país anfitrión.

Los inversores chinos no ganaron suficiente experiencia para tratar los problemas medioambientales, ya que tenían una demanda muy alta de logros económicos por parte de los niveles superiores del gobierno

Para Zhongzhou Cui, profesor asociado del Centro de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sudoeste, la elaboración de políticas medioambientales es una novedad relativa en China, en comparación con los países occidentales. "China no contaba con políticas y leyes bien establecidas para tratar las cuestiones medioambientales hasta hace poco", declaró a Diálogo Chino y añadió: "Occidente y los países latinoamericanos tienen expectativas demasiado altas para los inversores chinos a la hora de tratar las cuestiones medioambientales".

Durante 35 años, desde las reformas económicas del país a finales de la década de 1970, China dio prioridad al desarrollo económico sobre la protección del medioambiente, dijo Cui. "Los inversores chinos no ganaron suficiente experiencia para tratar los problemas medioambientales, ya que tenían una demanda muy alta de logros económicos por parte de los niveles superiores del gobierno", afirma.

La búsqueda de oportunidades de inversión rentables llevó a China a participar en proyectos controvertidos en la selva amazónica. La represa de Belo Monte, para la que la empresa china State Grid construyó gigantescas líneas de transmisión, es un ejemplo destacado. Desde 2011, la central hidroeléctrica ha sido objeto de una investigación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusada de daños ambientales y violación de los derechos de los indígenas.

Otro ejemplo es la represa Coca-Codo Sinclair de Ecuador, el mayor proyecto energético del país, respaldado con 2.240 millones de dólares del Banco de Exportación e Importación de China y ejecutado por SinoHydro. Denuncias de corrupción, sobrecostos y un accidente en 2014 en el que murieron 14 trabajadores fueron solo algunos de los muchos contratiempos del proyecto. Con toda probabilidad, también provocó que una conocida cascada se secara por completo. Inaugurada en 2016, es una de las ocho centrales hidroeléctricas construidas por un contratista chino en Ecuador en los últimos 15 años.

Los gobiernos anfitriones han tenido una gran cuota de responsabilidad en la gestión de los riesgos ambientales asociados al comercio y la inversión por parte de China y han debilitado las regulaciones para tratar de impulsar el comercio. Bolivia cuadruplicó la cantidad de tierra que podía ser deforestada por incendios forestales en 2019, poco después de firmar acuerdos para aumentar las exportaciones agrícolas a China, y a raíz de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, explica Rebecca Ray, investigadora principal del Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston.

"Estamos hablando de sacrificar potencialmente un activo natural a largo plazo que es necesario en muchos sentidos por beneficios financieros a corto plazo. Con el tiempo, estas tarifas se reducirán y los precios bajarán", afirma.

El gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil se ha esforzado por flexibilizar las leyes medioambientales, lo que ha provocado tasas de deforestación catastróficas. Más conscientes de los riesgos que supone para su reputación hacer negocios en lugares donde la aplicación de la legislación medioambiental es débil, los responsables políticos chinos entienden que necesitan sus propias políticas más sólidas, basándose en las que se lanzaron por primera vez hace una década.

¿Nuevo impulso a las oportunidades verdes en la Amazonia?

Durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2021, Xi Jinping también anunció que China reducirá las inversiones en proyectos de energía de carbón en el extranjero y apoyará las energías renovables y las iniciativas de baja emisión de carbono.

Para Cariello, hay una gran oportunidad para proyectos en la región amazónica que promuevan la sostenibilidad. "Pasar a una economía verde es una prioridad en el Plan Quinquenal de China, ya tienen proyectos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El sector de las energías renovables es fundamental para ellos, así que veo una gran sinergia entre Brasil y China en este sector".

Cui dijo que el gobierno de Beijing ha estado animando a las empresas chinas a mitigar los riesgos de impacto ambiental en sus inversiones en el extranjero: "Normalmente los países anfitriones no dan importancia a las normas chinas y favorecen las anticuadas copiadas de Occidente. Se esfuerzan por convencer a los gobiernos locales, pero no suele funcionar". 

La financiación también puede ser una herramienta poderosa. Sin embargo, no se han dado detalles sobre el tipo de iniciativas que se beneficiarán del Fondo de Kunming, anunciado en la primera parte de las conversaciones sobre el Convenio de la Diversidad Biológica de la ONU, organizadas por China, en octubre de 2021. La segunda parte del evento se celebrará a finales de este año.

"Veremos si estos anuncios abren una nueva era de financiación para las estrategias de energía sostenible o si abren la disponibilidad de nuevos fondos para proyectos anticuados que son bastante destructivos y traen consigo importantes conflictos sociales", dijo Ray.

En el ámbito de la energía solar, China ya está presente en la Amazonia, hasta ahora no a través de inversiones en grandes proyectos, sino mediante el suministro de tecnología rentable. Se instalan pequeñas unidades de energía solar en zonas remotas de la región gracias a la fuerte caída de los precios de los paneles solares, impulsada por la fabricación china a escala. En Brasil los costos han disminuido un 80% en la última década.

La presencia china en el sector de la energía en la Amazonia conlleva importantes beneficios potenciales si los gobiernos locales quieren utilizarla así

"China tiene acceso a ciertas tecnologías y a servicios y bienes de bajo costo para la energía genuinamente renovable como la eólica y la solar. La presencia china en el sector de la energía en la Amazonia conlleva importantes beneficios potenciales si los gobiernos locales quieren utilizarla así", añade Ray.

Para fabricar elementos para la energía solar y la energía eólica se necesita una gran cantidad de minerales conocidos como tierras raras. Muchos se encuentran en la cuenca del Amazonas. "Si China aumenta su apoyo a la energía eólica o solar, va a necesitar tierras raras y litio. Así que no significa necesariamente que haya menos demanda de minerales latinoamericanos por parte de China, sino que puede significar un cambio hacia menos carbón de Colombia, por ejemplo, y quizás más litio o cadmio", dice Ray.

Para que China sea un motor de la transición sostenible, los gobiernos de la región amazónica también tienen que estar interesados en fomentar las buenas prácticas medioambientales. "La cuestión que se plantea es si los gobiernos nacionales quieren tener una estrategia para utilizar este potencial", dice Ray.

"Si tuvieran una estrategia de creación y generación de energía realmente sostenible, tener socios chinos podría facilitarlo, lo que no exime a China de ninguna responsabilidad". https://dialogochino.net/

 


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