HIDROBOLETÍN FENTAP
Miércoles, 29 de agosto de 2018 – Año XIII – Edición 3049 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
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PERÚ
- El precio del agua: Los pagos irregulares de la minería. El análisis de los
precios que pagan las compañías mineras por el uso del agua revela la omisión
de cerca de S/ 1 millón en un solo año por parte de las empresas Las Bambas y
Volcan, dos de las mineras más importantes en el país
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PERÚ
-¿El fin de la riqueza? El mar peruano está amenazado por la sobreexplotación
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PERÚ
- Buscan diálogo ante protesta anunciada de Chilla
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PERÚ
- Sedapal: entre enero y agosto se han robado 1.300 tapas de buzón en Lima
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El precio del agua: Los pagos
irregulares de la minería
El
análisis de los precios que pagan las compañías mineras por el uso del agua
revela la omisión de cerca de S/ 1 millón en un solo año por parte de las
empresas Las Bambas y Volcan, dos de las mineras más importantes en el país.
https://ojo-publico.com – Las Bambas y Volcan, dos de las compañías
mineras más grandes del Perú, pagaron solo la mitad del precio que deberían por
el agua que usan, de acuerdo a información obtenida por Ojo-Publico.com. Los
datos remitidos por la Oficina de Régimen Económico de la Autoridad Nacional
del Agua (ANA), institución encargada de la gestión hídrica del país, señalan
que durante el año 2015 estas omitieron el pago de S/ 989 mil por los más de 22
millones de metros cúbicos empleados.
La mina de cobre Las Bambas, propiedad de la compañía
china Minerals and Metals Group (MMG), estuvo envuelta en un conflicto en el
2015 que dejó como resultado 4 muertos en Cotabambas, en las alturas de
Apurímac. El 2015, esta compañía debió pagar S/ 1’070.000, y según los
registros analizados para este investigación solo transfirió S/ 904 mil.
En el caso de Minera Volcan, con operaciones en la sierra
central del Perú y que tiene como accionista mayoritario a la multinacional
Glencore, la mayor compañía comercializadora de productos primarios del mundo,
debió pagar S/ 1’600 mil y pagó solo S/ 796 mil.
Cobros por el
agua
El uso del agua demanda una retribución económica al
Estado peruano. Pero ¿cómo se establecen estos precios si la Autoridad Nacional
del Agua (ANA) no cuenta con medidores propios para cuantificar los volúmenes
que utilizan las empresas?
En los últimos años, decenas de compañías han obtenido
derechos de uso para extraer agua y utilizarla en el desarrollo de sus
actividades económicas. Como parte de la serie
investigativa Los dueños del agua, Ojo-Publico.com reveló cómo se otorgó
licencias indefinidas a mineras para usar agua en 12 territorios declarados de
alto riesgo por escasez hídrica, conflictos y contaminación.
El precio del agua que una empresa debe pagar por su
consumo anual lo establece la ANA a través de decretos supremos publicados cada
inicio de año. Los montos que esta entidad regula varían dependiendo de la
metodología, el tipo de fuente del recurso (superficial o subterránea) y si se
ha determinado una tarifa por la utilización de infraestructura hidráulica.
Desde el 2012 la retribución económica es implementada en
base al volumen de agua utilizado, criterios ambientales de disponibilidad
hídrica por zonas, y un valor por metro cúbico establecido de acuerdo a pautas
económicas para los sectores productivos (industrial, minero, etc.). Pero,
¿cómo establece la ANA los criterios económicos apropiados para la industria o
minería? La metodología empleada contiene vacíos que la autoridad no ha podido
establecer.
Planillas
oscuras
Ojo-Publico.com realizó como parte de esta investigación
pedidos de transparencia y acceso a la información sobre los pagos realizados
por las mineras a la ANA. Luego de una espera de más de tres meses, la
autoridad entregó información incompleta y de manera desagregada.
De las 47 compañías más importantes y con mayor número de
derechos de uso de agua en el país, 20 pertenecen al rubro minero. Sin embargo,
Las Bambas y Volcan resaltan por la diferencia que existe entre el consumo de
agua que registra la ANA y el monto que pagaron. En ambos casos,
Ojo-Publico.com determinó que los pagos efectuados durante todo el 2015 no
correspondían al total de agua que declararon utilizar.
De acuerdo al análisis, Las Bambas y Volcan pagaron
alrededor de S/ 93 por cada mil metros cúbicos de agua subterránea destinada al
uso minero, cuando el costo establecido en el decreto supremo fue de S/ 185,30.
Se determinó que los pagos efectuados por ambas compañías
durante todo el 2015 no correspondían al total de agua que declararon utilizar.
Lo mismo sucedió con otros pagos, como los de uso
industrial: se pagó la mitad de lo correspondiente.
Las compañías mineras -entre ellas Volcan, Yanacocha,
Southern, Minero Horizonte, Milpo y Buenaventura- también tienen derechos de
uso poblacional para sus campamentos mineros.
Comunidades y
otros pagos
La familia de Serapio es una de las 35 que viven de
manera permanente en la comunidad indígena quechua San José de Alto Huarca,
ubicada en las alturas de Cusco en el área de influencia directa del proyecto
minero Antapaccay perteneciente al grupo Glencore. La multinacional Suiza, con
ingresos por más de 170,000 millones de dólares según cifras del 2016, tiene
sus operaciones en la zona desde noviembre de 2012 para la extracción de cobre.
La comunidad no tiene acceso a servicios de agua potable
aunque cuentan con el derecho de uso de agua para el riego de su siembra. Al no
contar con otra fuente para el consumo deben extraer el agua del manantial Juto
sin tratamiento previo o esperar que cada 2 o 3 semanas la compañía Antapaccay
les suministre el recurso en tanques de agua como parte de un convenio con la
municipalidad de la zona.
De acuerdo a datos del INEI, elaborados con los
resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y la Encuesta Nacional de
Programas Presupuestales (ENAPRES), existe población en sectores rurales del
país sin acceso a agua potable por red pública y con dependencia del uso de
agua proveniente de ríos, acequias, manantiales o fuentes similares. El último
reporte anual a enero del 2018 señala que de cada 100 hogares, 17 se abastecen
de estas fuentes naturales.
“Las tarifas que antes eran simbólicas para los comuneros
ahora se han incrementado. Se pueden dar interferencias con las propias reglas
de las comunidades y ahora deben regirse por normas oficiales”, dice María
Teresa Oré, investigadora en la Maestría de Recursos Hídricos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP).
En la actualidad, la tasa por retribuciones ha ido
evolucionando en función de las conclusiones de los estudios técnicos sobre el
volumen de los acuíferos y la disponibilidad del recurso, pero estos estudios
muchas veces no contienen información actualizada.
Beneficios no
otorgados
El primer paso para que una empresa disminuya sus pagos
es solicitar el otorgamiento de incentivos en el pago de la retribución
económica por el uso del agua. Este mecanismo, establecido desde el 2010 en el
reglamento de la Ley de Recursos hídricos, reconoce las inversiones (obras de
encauzamiento, defensas ribereñas, almacenamiento de agua, etc.) destinadas al
uso eficiente, a la protección y conservación del agua para el desarrollo de la
cuenca hidrográfica. El beneficio: hasta el 50% de descuento del monto anual a
cancelar.
Pero, la Autoridad Nacional del Agua señaló a
Ojo-Publico.com que la Dirección de Administración de Recursos Hídricos no ha
emitido ninguna resolución de otorgamiento de incentivos en el pago de
retribución económica en los últimos cinco años. Además, las mineras no deben
tener deudas pendientes, y Las Bambas las tiene. ¿Por qué pagaron menos de lo
debido y no son consideradas como deudoras según los registros de la ANA?
La ANA, lejos de poseer información precisa sobre el uso
y pagos que realizan las empresas mineras en el país, no cuenta con los
mecanismos apropiados que eviten la mala gestión del agua. La entidad con el
premio a mejor administración pública de Latinoamérica tiene mucho por
transparentar.
Volcan dijo a Ojo-Publico.com que “los montos a pagar
pueden tener una variación debido a que corresponden a la real cantidad de agua
usada”. Sin embargo, los precios por retribución para dicho año no eran los que
debían aplicarse.
Ojo-Publico.com intentó comunicarse con Las Bambas, pero
la compañía señaló que no responderían al respecto.
HIDROREGIONES PERÚ
¿El fin de la riqueza? El mar peruano está amenazado por
la sobreexplotación
Juan Carlos Sueiro,
director de Pesquerías de la ONG Oceana, señala que son tres los grandes
problemas en Perú que ocasionan la pesca fuera de lo legal. En primer lugar, la
incursión de algunas embarcaciones extranjeras en las 200 millas marinas, reservadas al Perú.
Un segundo problema se
presenta con la anchoveta, debido a que parte de este recurso, que es
destinado para el consumo humano,
termina siendo procesado como harina. “Hay una producción de harina de pescado
ilegal, ya sea por empresas autorizadas o por plantas ilegales. Se calcula
entre 120 y 150 mil toneladas de anchoveta cada año que jamás se registran”,
precisa Sueiro.
La tercera fuente de
ilegalidad proviene de un sector de la flota artesanal, principalmente de Piura
y Tumbes, dos regiones al norte del Perú donde se extrae el 70 % de los
recursos marinos que se consumen en el país. En estas regiones –explica Sueiro– se capturan especies con tamaños por
debajo de la talla mínima permitida que no ingresan por los puertos, sino que
se desembarcan directamente en las playas y terminan en las mesas y los
restaurantes del país. RPP
Buscan diálogo ante protesta
anunciada de Chilla
El
presidente del Frente de defensa contra la contaminación de Chilla, Claudio
García Choqueluque, mencionó hace algunos días que era viable hacer una
protesta en el aniversario de Juliaca, porque no se han solucionado problemas
latentes, como el manejo de la basura, por lo que no habría motivo para
celebrar nada.
ALGO
MÁS. Esta no sería la primera vez que se realizan protestas en los días
centrales por el aniversario de la provincia de San Román. LOS ANDES
LIMA PERÚ
Sedapal: entre enero y agosto se han
robado 1.300 tapas de buzón en Lima
La
empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) señaló
que, entre enero y agosto de este año, 1.300 tapas de buzón del sistema de
alcantarillado fueron hurtadas por sujetos, quienes venden por kilo el hierro
fundido.
Según
la empresa estatal, del total de casos, el 50% ocurrió en los distritos de
Carabayllo, Los Olivos, Comas, Bellavista, Carmen de la Legua, Ventanilla y La
Perla. En estos lugares se procedió a la reposición de las tapas, de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento de Servicios emitido por la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).
Lo
grave es que el robo de tapas de buzón está considerado delito agravado contra
la infraestructura del servicio público de saneamiento. Por ello, las personas
que incurran en este delito cumplirían una pena privativa de libertad es de 4 a
8 años. EL COMERCIO
“Defender el Agua es Defender la Vida”
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