Lunes, 22 de mayo de 2023 – Año XVII – Edición 4220 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Empresas sancionadas y sin
experiencia están a cargo de la remediación de pasivos mineros
Entre
enero de 2020 y abril de este año, Activos Mineros —la compañía pública
encargada de remediar los pasivos ambientales generados por la minería—
suscribió contratos con 41 empresas para realizar tareas de tratamiento y
eliminación de residuos peligrosos en distintas regiones del país. Entre las
compañías subcontratadas hay 14 sancionadas por malas prácticas. Además, nueve
del total carecen de experiencia y se dedican a rubros distintos, como la
arquitectura, la construcción de edificios y el alquiler de maquinaria. En
algunos casos, los contratos no se anularon pese a las advertencias de la
Contraloría General de la República sobre irregularidades, como la presentación
de documentos falsos
Fausto Aduviri, de 48 años, residió la mayor parte de su
vida en el Centro Poblado Titire, una pequeña comunidad de 300 habitantes,
carente de servicios básicos, ubicada en la sierra de Moquegua, a 4.363 metros
sobre el nivel del mar. Para él, vivir en esta zona se volvió aún más difícil
desde la puesta en marcha y posterior cierre de la unidad minera Florencia
Tucari, propiedad de la Minera Aruntani S.A.C.
Los pasivos ambientales que generó esta operación, que
inició el cierre de operaciones en 2019, cambiaron el día a día de la población
asentada en su zona de influencia. "Tenemos un río muerto, donde ya no se
puede pescar nada. A veces, cuando los animales [alpacas y llamas] caminan por
el río, su lana se ensucia con un lodo de color amarillento. En los mercados no
quieren recibir la carne del ganado que procede de esta zona", señaló
Fausto Aduviri a OjoPúblico.
En julio de 2021, el Ministerio de Energía y Minas (Minem)
encargó a la empresa pública Activos Mineros (Amsac) —responsable de reducir o
eliminar los efectos de los pasivos ambientales del país— la ejecución de
acciones de mitigación para evitar que el drenaje ácido de la mina discurra
hacia las cuencas de los ríos Coralaque y Tambo, que dotan de agua a la
población de las regiones de Moquegua y Arequipa.
Sin embargo, este trabajo no se realizó de forma inmediata.
Recién en diciembre de ese año, el Minem transfirió una partida de S/21
millones para empezar con las acciones de mitigación.
Además, funcionarios de Amsac fueron cuestionados por la
Contraloría General de la República por irregularidades en la entrega de la
buena pro a las empresas subcontratadas para llevar adelante las tareas de
remediación, lo que ha causado más retrasos en el proceso de atención del
problema ambiental.
Este no es el único caso que presenta irregularidades.
OjoPúblico analizó los contratos suscritos, entre enero de 2020 y abril de
2023, por Amsac con 41 empresas para realizar remediaciones ambientales, e
identificó a 14 compañías que ganaron las licitaciones pese a tener
antecedentes de sanciones por malas prácticas en el Tribunal de Contrataciones
del Estado, como falsificación de documentos y retrasos injustificados en la elaboración
de proyectos.
Además, nueve de las 41 empresas subcontratadas en dicho
periodo no tienen experiencia en tratamiento y eliminación de residuos
peligrosos o actividades de descontaminación. Entre estas, hay empresas que se
dedican a los rubros de arquitectura, construcción de edificios y alquiler de
maquinaria, entre otros.
Licitaciones cuestionadas en la atención
de los pasivos de Moquegua
La afectación de los ríos ya ha traspasado las fronteras de
Moquegua. La contaminación se ha extendido desde Titire y la cuenca del río
Coralaque, en dicha región, hasta la cuenca del río Tambo, en Arequipa.
Miguel Meza Igme, dirigente del Valle de Tambo, en
Arequipa, relató a OjoPúblico que, cuando ocurre la temporada de estiaje —el
periodo en el que el río tiene su caudal más bajo, entre setiembre y octubre—,
la contaminación es más notoria y, en los canales y riberas, se acumula un
sarro amarillento rojizo.
En 2021, un estudio de monitoreo realizado a los ríos
Queullijahuire, Titire, Coralaque y Tambo por parte de la Autoridad Nacional
del Agua concluyó que existían 42 fuentes contaminantes. Entre ellas había 25
vertimientos de aguas residuales de distintos tipos, cuatro fuentes
contaminantes por residuos sólidos y 13 fuentes potenciales de contaminación
dentro de la unidad minera Florencia Tucari.
Asimismo, el análisis encontró que el agua de los ríos
tenía un pH ácido y presencia excesiva de metales pesados como aluminio,
cadmio, hierro, manganeso, cobre, arsénico, boro, cobalto y litio.
A pesar de la gravedad de la contaminación, las acciones de
remediación demoraron varios meses en comenzar. Finalmente, el 21 de abril de
2022, Amsac otorgó la buena pro del servicio de implementación y operación
inicial de pozas para separar los sólidos de las aguas de escorrentía
superficial de la unidad minera Florencia Tucari.
El beneficiado con el contrato de S/ 820.148 fue el
Consorcio Tucaruma, integrado por las empresas Geotec Ingenieros S.A.C. y Grupo
Geotec S.A.C.
Meses después, el 5 de julio, la Contraloría General de la
República informó a Amsac que había detectado que el consorcio falsificó un
documento para acreditar la experiencia del supervisor de seguridad, una
posición considerada clave para el proyecto.
La documentación presentada por el grupo indicaba que el
obrero Hardy Omar Agurto Hurtado, quien tenía el cargo de supervisor de
seguridad, era graduado de ingeniería industrial. Sin embargo, Agurto Hurtado
no estudió esa carrera, sino ingeniería agroindustrial e industria alimentaria
en la Universidad de Piura, de acuerdo al registro de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Según la Contraloría, también se falsificó, por lo menos,
una constancia de trabajo, que servía para garantizar la experiencia de un
empleado del consorcio.
El 27 de diciembre pasado, la Contraloría emitió un informe
de control posterior que brindó más detalles de la irregularidad y estableció
posibles responsabilidades penales para funcionarios de la entidad.
En el documento se indica que, cinco días antes del
otorgamiento de la buena pro, el comité de licitación de Amsac—integrado por
funcionarios de experiencia en la empresa— conoció sobre la presunta
falsificación y, pese a ello, se firmó el contrato con el consorcio Tucaruma.
Luego, el área legal recomendó no anular el contrato.
Estos actos manifiestan “la actitud del comité de selección
de favorecer al Consorcio Tucaruma al validar la formación académica del
personal clave (supervisor de seguridad) del referido consorcio, pese a la
verificación realizada en el registro de la Sunedu”, indica el informe.
Wenceslao Colca Hidalgo (miembro del comité de selección y
jefe del departamento de Administración y Logística), Teodosio Chipoco Villalva
(miembro del comité de selección), Johann Fuster Antonio (presidente del comité
de selección y coordinador del proyecto Florencia Tucari), y Luis Millones
Soriano (gerente de Administración y Finanzas) fueron comprendidos en las
investigaciones de la Contraloría por la irregularidad.
Además de esta anomalía, las empresas que conforman el
Consorcio Tucaruma tienen un historial que muestra que gran parte de sus contrataciones
públicas son con esta entidad, aunque su actividad principal es la construcción
de obras de ingeniería civil y las actividades profesionales científicas y
técnicas, en lugar de la remediación o mitigación de fuentes de contaminación.
Geotec Ingenieros S.A.C, una de las dos empresas que
integran el consorcio, tiene ocho contratos suscritos con entidades del Estado
entre 2014 y 2022, según el registro del Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado (Seace). El 62% de ese total corresponde a licitaciones de Amsac.
Grupo Geotec, la otra empresa que conforma el consorcio,
registró seis contratos públicos entre 2017 y 2022. De estos, el 67% fueron con
Amsac.
A la vez, estas empresas están relacionadas entre sí, ya
que el gerente y socio de Geotec Ingenieros, Elmer Acuña Bustamante, también es
accionista en Grupo Geotec. Ambas suscribieron contratos por S/4'953.314 con
Amsac entre 2018 y 2022.
Empresas con antecedentes negativos y
poca experiencia
Estos hechos no son aislados. Una revisión de OjoPúblico a
los contratos realizados por Amsac entre enero de 2020 y abril de 2023 da
cuenta de que, en muchos casos, la remediación de los pasivos ambientales
mineros está en manos de empresas con antecedentes de malas prácticas en
licitaciones públicas o que no tienen experiencia en el rubro de remediación.
Según el Minem, en el país hay 6.903 pasivos ambientales
mineros. Para dar solución a parte de ellos, en 2006, se creó la empresa
pública de régimen privado Amsac. Esta, a su vez, subcontrata a otras compañías
para realizar los trabajos de mitigación.
En el periodo monitoreado por este medio, Amsac firmó
contratos con 41 empresas para que realicen labores de remediación ambiental,
los cuales fueron entregados a OjoPúblico mediante el mecanismo de acceso a la
información pública.
Al analizar los mismos, este medio pudo identificar que, de
las 41 empresas subcontratadas, 14 registran sanciones en el Tribunal de
Contrataciones del Estado por malas prácticas, como falsificación de documentos
o retrasos en el cumplimiento de sus contratos.
Además, nueve de las 41 compañías subcontratadas tienen
poca o nula experiencia en el campo de la remediación y desarrollan actividades
diferentes, como arquitectura, construcción de edificios y alquiler de
maquinaria, entre otras.
Solo el año pasado, la Contraloría identificó seis
licitaciones en las que los postores ganadores presentaron documentos falsos
sin que Amsac detectara estas irregularidades durante el proceso de
contratación.
Por ejemplo, en marzo de 2022, Amsac entregó la buena pro
del servicio de mantenimiento de pasivos ambientales de la exmina de carbón de
Goyllarisquizga y la relavera Quiulacocha, en la región Pasco, al Consorcio
Pucará. El monto asignado para la tarea fue de S/3’763.876.
Este consorcio —constituido por la Constructora VRB EIRL y
Constructora Rodeo EIRL— presentó contratos con la Minera Aurífera Calpa S.A.
para acreditar su experiencia. Los mismos fueron suscritos por Lenny Teresa
Guazotti Campos, quien en el primer párrafo de dichos documentos figura como
directora de Logística. Pero, en la parte final, suscribe como apoderada.
Para resolver esta inconsistencia, el consorcio presentó
supuestas declaraciones juradas y cartas firmadas por Guazzotti Campos con
fechas 4, 5 y 20 de abril de 2022, en las cuáles afirmaba que las empresas
suministraron servicios para Calpa S.A.
Sin embargo, estos documentos serían falsos, según la
Contraloría, ya que un acta de defunción, emitida por el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, corroboró que dicha persona falleció el 3 de
julio de 2019.
“Los documentos recibidos durante el proceso de
fiscalización posterior no pudieron ser emitidos por la mencionada señora, y
por lo tanto, no tendrían validez alguna”, concluye el organismo fiscalizador.
Pese a esta observación, el contrato con el consorcio no fue resuelto.
Al igual que en el caso de las empresas subcontratadas para
remediar los pasivos de la unidad minera Florencia Tucari, la experiencia de
las compañías que conforman el Consorcio Pucará en el área es casi nula.
Como indica su nombre, la Constructora El Rodeo EIRL se
dedica al rubro actividades especializadas de construcción e inició sus
actividades el 13 de enero de 2022 —dos meses antes de ganar el concurso de
Amsac—, según información del Seace. Esta adjudicación es la primera y única
ganada por dicha empresa.
Constructora VRB, la otra compañía que integra el consorcio
Pucará, también se especializa en el rubro construcción. Entre 2013 y 2022, la
misma registró siete contrataciones con instituciones públicas, según el Seace.
De todas ellas, el 66% fue suscrita con Amsac.
Aún con estos antecedentes, se les encargó el mantenimiento
de dos importantes pasivos ambientales ubicados en Pasco: la exunidad minera de
Goyllarisquizga y la relavera Quiulacocha.
La primera de ellas se localiza a 37 kilómetros de Cerro de
Pasco y fue una de las minas de carbón más importantes del Perú, entre 1907 y
1993, cuando se abandonó la operación tras agotarse las reservas.
La relavera Quiulacocha, mientras tanto, es un pasivo
ambiental que contiene alrededor de 70 millones de toneladas de desechos
abandonados, en aproximadamente 110 hectáreas del distrito de Simón Bolívar,
provincia y región de Pasco.
OjoPúblico solicitó una entrevista a Amsac para conocer más
detalles sobre este caso y otros observados por la Contraloría General de la
República. Sin embargo, la empresa solo contestó por correo que, respecto al
Consorcio Pucará, "no se evidenció que la documentación presentada fuera
falsa". No obstante, precisaron que el contrato con el consorcio Tucaruma
se rescindió tras la publicación del informe de control.
Otros contratos de Amsac observados por la Contraloría
están vinculados con el servicio de mantenimiento de componentes forestales en
las zonas rurales de Calioc y Chacrapuquio, distrito de La Oroya, en la región
Junín.
En este caso, la licitación fue ganada, en 2022, por la
Constructora y Consultora D & M, por un monto de S/1’707.708. La misma
falsificó información referida a su personal especializado para la obra, según
el organismo de fiscalización.
El mismo año, el Consorcio LDZ —integrado por Constructora
Zamora Jara SAC y Empresa LDV EIRL— ganó la licitación para el servicio de
mantenimiento post cierre de los pasivos ambientales El Dorado, Michiquillay,
La Pastora y Los Negros, en Cajamarca. El monto del contrato fue de
S/2'407.399.
Según información del Seace, el contrato con este consorcio
no se rescindió, aunque presentó documentos inexactos y adulterados para
acreditar su experiencia en la especialidad, al igual que a dos empleados: el
responsable de medio ambiente y un ingeniero de seguridad.
En paralelo, el Consorcio Azulmina —integrado por
Constructora Meneses S.R.L. y NKMS— también fue cuestionado por presentar
documentación falsa en el proceso de selección para el servicio de recuperación
de los servicios ecosistémicos en la parte alta de la quebrada Randa, en la
región de Pasco, por la suma de S/38’588.570.
El común en estos casos es la presentación de documentos
falsos para acreditar una experiencia que no se posee. Si se trata de la
remediación de pasivos ambientales, es aún más importante contar con la
destreza necesaria para tratar elementos que resultan tóxicos al medioambiente,
advirtió Silvia Rosas Lizarraga, directora de la carrera de Ingeniería
Geológica de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Si, durante la operación de una mina, se realiza la
remoción de material sin contar con la tecnología necesaria para proteger el
ambiente circundante, es muy probable que se genere contaminación. Por eso, los
Estudios de Impacto Ambiental resultan cruciales para tener un control adecuado
durante toda la operación y el cierre de una mina.
"En un país como el nuestro, donde existe minería
desde la época preinca, naturalmente hay gran cantidad de pasivos mineros,
porque no se tomaron en cuenta una serie de aspectos para su operación",
explicó Rosas Lizarraga.
La especialista detalló que los efectos de estos pasivos al
ambiente son variados. Pero, por el tipo de minería que se desarrolla en el
país, uno de los más comunes es el drenaje ácido, es decir, un fluido que
contiene metales pesados. Cuando estos elementos son distribuidos al medio
ambiente, causan efectos nocivos para la salud.
Otros cuestionamientos a licitaciones de
Amsac
OjoPúblico también detectó casos de empresas que cometieron
conductas cuestionadas de manera reiterada. Ese es el caso, por ejemplo, de la
Constructora VRB, que presentó documentos falsos para ganar la buena pro del
mantenimiento de pasivos ambientales de la exmina de carbón de Goyllarisquizga
y de la relavera Quiulacocha, en 2022.
Dos años antes de eso, la empresa fue sancionada en otra
licitación de Amsac para el mismo proyecto y por la misma irregularidad.
En esa oportunidad, según el Tribunal de Contrataciones del
Estado, la constructora presentó información falsa para ganar el proceso de
operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas de mina del
túnel Pucará, las filtraciones de las bocaminas de Goyllarisquizga, y de la
planta de neutralización de las aguas ácidas de la relavera Quiulacocha.
Desde noviembre pasado, la constructora se encuentra
inhabilitada para contratar con el Estado. La medida regirá hasta diciembre de
2025.
Otro caso similar es el de Construmack E.I.R.L, una empresa
sancionada que volvió a ser contratada por Amsac. Esta constructora tiene
cuatro amonestaciones en el Tribunal de Contrataciones del Estado. La última la
recibió en 2017 por ocasionar la anulación de un contrato de actualización del
estudio definitivo de cierre del desmonte de la mina Michiquillay, que había suscrito
con la empresa pública.
Según el Tribunal de Contrataciones del Estado, Construmack
E.I.R.L demoró la entrega de documentos técnicos para la firma de la buena pro,
por lo que el proceso se anuló. Entre enero de 2021 y diciembre de 2022, la
empresa registra una facturación total con Amsac de S/ 9’651.591
Karla Gaviño, especialista en gestión pública, explicó a
este medio que las compañías sancionadas por el Tribunal de Contrataciones no
están impedidas de volver a presentarse en un proceso público, una vez cumplido
su periodo de suspensión. Sin embargo, remarcó que las entidades deben tener en
cuenta estos antecedentes al evaluar sus propuestas.
El análisis de las contrataciones de Amsac realizado por
este medio revela, además, que Construmack E.I.R.L, Constructora Zamora Jara
S.A.C., Idea Gestores S.R.L., Globalcon Constructores y Consultores S.R.L.
(sancionada), Constructora y Consultora D & M S.R.L., Empresa LDV E.I.R.L.
y Servial Perú SAC (sancionada) formaron nueve consorcios entre sí, y ganaron
11 procesos con Amsac, por un monto acumulado de S/17'203.279.
Constructora Zamora Jara S.A.C. y Servial Perú S.A.C., que
integraron el Consorcio Servi-Forestal, han sido cuestionadas por realizar un
trabajo deficiente en el mantenimiento de componentes forestales y de pasivos
ambientales de los proyectos a cargo de Amsac, en las regiones de Lima y Junín,
en 2021. Por esta tarea cobraron una suma de S/ 1'979.799.
Karla Gaviño dijo a OjoPúblico que una consecuencia de la
poca diligencia para la elección de proveedores, es que se genera un perjuicio
en la calidad del servicio prestado, que afecta a la institución y a la
población en general. “En estos casos, hubo elementos controversiales y
discutibles, que la Contraloría advirtió, pero la institución está prefiriendo
no mirar más a fondo”, refirió.
Este medio se comunicó, a través de correos electrónicos,
con todas las empresas mencionadas en este informe para solicitar sus
descargos. Sin embargo, solo se obtuvo respuesta de la Constructora Zamora
Jara. La misma indicó, vía telefónica, que presentaría una denuncia a este
medio si se hacía referencia a los cuestionamientos consignados en los informes
de la Contraloría hacia la empresa. https://ojo-publico.com/
30 mil ciudadanos sin agua potable por rotura de tubería matriz
en Camaná
Al menos 30 mil pobladores de la provincia de Camaná no
cuentan con el servicio de agua potable desde la tarde del último sábado, esto
porque la tubería matriz de la obra “Plan Maestro” que consiste en abastecer
del recurso hídrico sufrió una rotura, informó la consejera regional Norma
Ortega.
CASO
El alcalde de la Municipalidad Distrital de Nicolás de Piérola,
Ricardo Tito Eguía, contó que la rotura de tubería ocurrió en su localidad y
corresponde al reservorio R-1 que administra Sedapar que distribuye agua a los
diferentes reservorios de la provincia.
El burgomaestre explicó que en su localidad 4 mil
habitantes fueron los afectados por la falta del recurso hídrico. Agregó que 30
viviendas terminaron inundadas, además se reportó el daño de 300 metros
lineales de calles, incluso la caída de un muro de contención.
La autoridad edil agregó que otras 4 hectáreas de cultivo
de la comisión de regantes de La Bombón donde se siembra cebolla, frejol,
fueron afectadas. “No nos esperábamos estos daños tan grandes”, dijo Ricardo
Tito.
Desde Sedapar a través del comunicado N° - 044-2023,
informaron que la rotura de tubería matriz es de 630 milímetros, componente del
Plan Maestro. Ante esto, indicaron que desde ayer se realizan los trabajos para
refaccionar los inconvenientes.
Señalaron que activaron el plan de contingencia para
proveer de agua potable a la población afectada que es la gran parte de Camaná,
Asimismo, se destinó personal de la oficina de Patrimonio para evaluar los
daños materiales de la población afectada.
RECURRENTE
La consejera Norma Ortega, indicó que la rotura de la
tubería matriz que afecta al 70% de la población de Camaná, no es la primera
vez que sucede, ya que ocurrió en el 2019 y 2022.
Sostuvo que solicitará información a Sedapar, además
realizará seguimiento sobre las observaciones que realizó la Contraloría. https://diariocorreo.pe/
Sunass juramenta a nuevos miembros de
los Consejos de Usuarios
La Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento (Sunass) juramentó a los nuevos miembros de los
Consejos de Usuarios (CU) Norte, Sur, Oriente y Centro, quienes, durante el
periodo de junio 2023 a mayo 2025, a través de sus consultas y aportes,
contribuirán a mejorar la regulación de la calidad de la prestación de los
servicios de saneamiento desde la perspectiva ciudadana.
El CU es un mecanismo de
participación ciudadana a partir del cual se generan espacios de debate en
torno a las propuestas regulatorias que se generan desde la Sunass, y para canalizar
las demandas de la población usuaria y los agentes interesados para contribuir
en el desarrollo de acciones más justas, eficaces y legítimas.
“Los nuevos miembros de los
consejos de usuarios tendrán el desafío de continuar con el trabajo planificado
y representar los intereses de los usuarios para contribuir a mejorar la
actividad regulatoria de los servicios de saneamiento. En la Sunass continuaremos
desarrollando acciones para garantizar la inclusión, transparencia y diálogo
continuo con los ciudadanos y sus organizaciones representativas”, señaló
Manuel Muñoz Quiroz, gerente general de la Sunass.
El proceso permitió elegir a 6
miembros del CU Norte (Bertha García, postulada por la Universidad Nacional de
Tumbes; Víctor Calleja, por la Asociación Centro de Protección al Consumidor de
Lambayeque; María Cárdenas, por el Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de
los Recursos Hídricos de Piura; Martín Huamán, por la Universidad Nacional
Santiago Antúnez de Mayolo - Áncash; Miguel Rentería, por Water for People - La
Libertad; y José Valera, por el Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social
de Cajamarca) y 3 miembros del CU Centro (Isabod Esplana, por el Colegio de
Ingenieros del Perú - Consejo Departamental de Huancavelica; Jimmy Frank
Vásquez, por el Colegio de Abogados de Junín; y José Vidal, por la ONGD Islas
de Paz Perú - Huánuco).
Además de 6 miembros del CU Sur
(Eileen Quispe, postulada por la Asociación para el Desarrollo Sostenible
Atikumi de Cusco; Javier Bojórquez, por la Asociación para la Investigación y
Desarrollo Sostenible Suma Marka – ONGD de Puno; Elmer Limache, por la
Universidad Privada de Tacna; Delmy Poma, por el Centro de Estudios y Promoción
del Desarrollo del Sur - Arequipa; Francisco Sucapuca, por el Colegio de
Ingenieros del Perú - Consejo Departamental de Moquegua; y Gladys Castro por la
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac); y 4 miembros del CU Oriente
(David Gonzáles, por la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco –
sede Madre de Dios; Segundo Romero, por la Cámara de Comercio, Industria y
Turismo de Ucayali; Danny Quiroz, por el Colegio de Economistas de San Martín;
e Iván Salguero, por el Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental
de Loreto).
Cabe indicar que se declaró
desierto el proceso para elegir miembros que representen a las regiones de
Amazonas, Ayacucho, Ica y Pasco, cuya elección complementaria se realizará
próximamente.
Durante el 2022, los Consejos de
Usuarios realizaron 232 actividades a nivel nacional, para profundizar en las
causas de los principales problemas en la prestación de los servicios de
saneamiento y generar algunas propuestas u oportunidades de mejora. http://www.elperuano.pe/
Falta de agua potable y su impacto en
la educación peruana
El agua no solo es un líquido
elemental para la vida humana, sino que, además; es fundamental para la
economía de un país, especialmente en los sectores como la agricultura, la
minería y la generación de energía hidroeléctrica.
Se sabe que, en el Perú, 9 de 10
personas acceden al servicio de agua potable, lo que significa que 3.5 millones
de peruanos aún no cuentan con dicho servicio. Del total de personas sin
conexión a agua potable, cerca de 2 millones se ubican en 4 regiones: Lima (798
mil), Loreto (457 mil), Puno (457 mil) y Piura (231 mil); y 904.7 mil son niños
menores de 12 años.
“El trabajo que realizamos en
Water For People no solo tiene un impacto directo en la salud y el bienestar de
las personas, sino también en su educación y desarrollo. En el Perú, muchas
comunidades rurales carecen de acceso a agua y saneamiento, lo que no solo
afecta su salud, sino también su capacidad para asistir a la escuela y aprender.
Al proporcionar acceso a agua potable y saneamiento en estas comunidades,
estamos ayudando a crear un ambiente más propicio para la educación. Además,
educamos sobre el uso responsable y sostenible de los recursos hídricos,
fomentando valores y prácticas que puedan tener un impacto positivo en la
educación y el desarrollo a largo plazo”, acotó Gisela Murrugarra, directora de
Water For People, en Perú.
¿Cómo afecta la falta de agua en
la educación?
En el sector educación, el 58%
de los colegios nacionales cuenta con acceso a agua por la red pública, los
demás centros educativos se abastecen con camiones cisterna, pilones públicos,
pozos o directamente del río. Además, el 36.7% tiene acceso a desagüe a través
de la red pública. De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación solo 7,492
colegios en el Perú tienen acceso a servicios de luz, desagüe e internet.
Esta situación también afecta a
cientos de adolescentes, particularmente a las mujeres, quienes se ausentan de
sus centros de estudios durante su menstruación debido a que no cuentan con
servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene, perjudicando su aprendizaje
siendo ello, una oportunidad trunca para su desarrollo personal y profesional,
limitando su futuro y generando a futuro un posible impacto económico para el
país. https://peru21.pe/
