Martes, 23 de enero de 2024 – Año XVII – Edición 4390
Desafíos ambientales de Perú en 2024:
fortalecer la legislación ambiental y enfrentar a las economías ilegales
La
legislación ambiental peruana empieza el año 2024 seriamente debilitada tras la
aprobación de la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que,
según expertos, abre el paso a la deforestación ilegal. La agenda de este año
tiene entre sus temas prioritarios los impactos que ocasionará el Fenómeno El
Niño, así como atender los efectos ocasionados por el cambio climático en el
país
A pocos días de terminar el 2023, el Congreso de la
República le dio un golpe a los bosques y a la Amazonía en Perú. En la
penúltima sesión del Pleno, se aprobó por insistencia varias modificaciones a
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que, de acuerdo con expertos y
organizaciones ambientales, significa abrir las puertas a la deforestación y a
las actividades ilícitas. Así, la legislación ambiental peruana empieza el año
2024 seriamente debilitada.
Un panorama que preocupa es la presencia del Fenómeno El
Niño frente a las costas peruanas. Según el último informe de la Comisión
Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) se espera que
los efectos de este fenómeno climático continúen por lo menos hasta inicios de
otoño de 2024.
Otro tema que debería marcar la agenda este 2024 es la
implementación de políticas de Estado para la protección de defensores
ambientales y de territorios indígenas que viven bajo constante amenaza del
crimen organizado. Las mafias relacionadas con la minería ilegal, la tala
realizada fuera de la ley, el narcotráfico y el tráfico de tierras se han
instalado en la Amazonía peruana y desde el año 2020 han acabado con la vida de
por lo menos 15 defensores ambientales; 11 de ellos son líderes indígenas, según
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El cambio climático y los compromisos internacionales
asumidos por Perú para la mitigación y adaptación ante el calentamiento global
también son una prioridad para el 2024, sobre todo, porque sus impactos han
empezado a sentirse con mayor fuerza en el país. ¿Cuáles son los desafíos
ambientales que Perú deberá abordar este 2024? Expertos consultados por
Mongabay Latam responden a esta pregunta.
1. Fortalecer una legislación ambiental
debilitada
La aprobación de la modificación de la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre marca un punto de quiebre para la política ambiental en Perú.
“La preocupación principal es que esta nueva norma serviría para legalizar toda
la deforestación ilegal que se ha dado en Perú en los últimos años, sin
discriminar de donde viene, en qué condiciones y con qué agravantes”, dice
Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental
(EIA, por sus siglas en inglés). “Lo que está haciendo es eliminar los requisitos
para realizar un desbosque autorizado como indica la ley”, agrega Urrunaga.
El cuestionamiento principal a los cambios en la Ley
Forestal se refiere a la disposición que permitirá el cambio de uso de suelo
sin que se realice un estudio de clasificación de tierras para determinar si
éstas tienen aptitud forestal o agrícola, un requisito que hasta ahora era
indispensable. Esto significa que no será necesario un informe preliminar para
autorizar que un bosque sea talado para convertirse en tierra destinada a la
agricultura.
Esta iniciativa legislativa fue aprobada inicialmente el 7
de julio del 2022, pero fue observada por el Ejecutivo en agosto del mismo año.
Tras un nuevo debate en el Congreso, el proyecto fue archivado en marzo de
2023, sin embargo, la congresista de Fuerza Popular, Nilza Chacón, solicitó su
reconsideración para que se apruebe por insistencia.
“Aprobar una norma de este tipo, que legaliza la
deforestación ilegal y que promueve actividades ilegales en los bosques es un
nuevo ataque a tantos defensores ambientales, muchos de ellos indígenas, que
han sido asesinados por las mafias vinculadas a esas actividades ilegales”,
comenta Urrunaga.
En un comunicado, la Asociación Interétnica de Desarrollo
de la Selva Peruana (AIDESEP) rechazó la aprobación de esta ley porque
“representa un grave peligro para los pueblos indígenas y promoverá la
deforestación a gran escala de la Amazonía”.
Aidesep señala también que “se trata de una ley en contra
de los pueblos indígenas” y que “pone en riesgo los bosques, la diversidad
biológica y, sobre todo, vulnera nuestros derechos colectivos como pueblos
indígenas”.
Profonanpe, el fondo ambiental del Perú, la Defensoría del
Pueblo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Perú,
manifestaron su rechazo a “la norma que pone en riesgo a la Amazonía y
comunidades indígenas”. Varias organizaciones ambientalistas también
cuestionaron la aprobación de esta norma.
Las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes, de la bancada
Cambio Democrático – Juntos por el Perú, presentaron dos pedidos de
reconsideración de la aprobación de esta norma. Las solicitudes fueron
admitidas y, de acuerdo al Reglamento del Congreso, debían someterse a votación
en el Pleno del Parlamento que retoma sus actividades en marzo de 2024.
El miércoles 10 de enero de 2024, el presidente del
Congreso, Alejandro Soto, del partido Alianza para el Progreso, firmó la norma
y ordenó su publicación y entrada en vigor, sin tomar en cuenta los pedidos de
reconsideración admitidos anteriormente. El mismo día, ambos documentos que
aparecían en la web del Congreso, fueron eliminados.
A través de su cuenta de X (antes Twiter) las congresistas
Luque y Paredes pidieron explicaciones al presidente del Congreso. Luque
también indicó que ha presentado un oficio señalando irregularidades en la
tramitación de esta norma.
En el Congreso también está en agenda otro controversial
proyecto de ley. En este caso se trata de la propuesta para establecer nuevas
condiciones para el acceso al Registro Integral de Formalización Minera
(Reinfo) y, además, ampliar su duración.
El Reinfo se creó en el año 2017 y el plazo para cerrar el
proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal debía
culminar el año 2020. Sin embargo, el Congreso de la República ha extendido
este plazo en varias oportunidades, frenando de esta forma que se culmine con
el proceso de formalización minera.
“Hay temas en agenda que implican mucho más dinero en
juego, como es la reapertura del Reinfo para mineros ilegales, que era
temporal, pero lleva más de 10 años prorrogando indefinidamente. En la práctica
lo que ocurre es que quien está inscrito en el Reinfo queda cubierto por un
manto de impunidad, es intocable para las autoridades. Minero ilegal que está
inscrito en el Reinfo, puede actuar sin que nadie lo toque. Esto obviamente
afecta y limita el trabajo de los fiscales y jueces que están exponiendo sus propias
vidas para luchar con este delito conectado a redes de crimen organizado”, dice
Urrunaga, de EIA.
Lissette Vásquez, adjunta en Medio Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, también menciona la
formalización minera como un tema pendiente para el 2024. “La Defensoría está
alistando una supervisión a las entidades competentes para enfrentar la lucha
contra la minería. En las próximas semanas estaremos supervisando a los
gobiernos regionales de todo el país para saber cómo están realizando sus
funciones en la formalización minera”.
Vásquez señala que, sobre la base de esa supervisión, la
Defensoría preparará un paquete de recomendaciones a todas las entidades que
tienen competencias en la actividad minera. Hace algunos años se emitieron un
conjunto de decretos legislativos para abordar la política pública en torno a
la minería ilegal. “Han pasado más de 10 años desde la emisión de esos decretos
legislativos y es importante hacer un balance respecto de cómo estamos ahora,
de cara al año 2024, qué tanto hemos avanzado o qué tanto hemos retrocedido.
¿Estamos exactamente en la misma situación o estamos peor? Ese balance es el
que espera el sector”.
José de Echave, investigador de la organización
Cooperacción y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente
de Perú, considera prioritario “detener toda la gran ofensiva que se está
haciendo para debilitar la institucionalidad ambiental”. Es una
institucionalidad precaria —dice De Echave— pero ha costado crearla.
2. El camino para enfrentar a las
economías ilegales
La presencia de economía ilegales y del crimen organizado,
principalmente en la Amazonía peruana, se hizo evidente durante el 2023. Los
asesinatos de líderes indígenas que se enfrentaron a actividades ilícitas como
el narcotráfico y la minería y tala ilegal fueron una muestra, una vez más, de
cómo la criminalidad está copando más espacios en Perú.
Lissette Vásquez, de la Defensoría del Pueblo, menciona que
muchos delitos ambientales están asociados a las actividades extractivas
ilegales, como es el caso de la minería ilegal, que además está vinculada a
otros problemas como la trata de personas y explotación sexual y laboral. “Es
una problemática que se tiene que abordar de manera multisectorial. Tiene que
haber una coordinación interinstitucional, pero que no solo se impulse por unos
meses o cuando salga la noticia de una muerte, sino con políticas públicas
sostenidas en el tiempo”.
Vásquez señala que es un tema que se debe abordar de forma
prioritaria. “Estamos hablando de que en todas las regiones del país existe ya
sea minería informal o ilegal y que se generan vulneraciones de derechos de las
personas, hablamos de personas defensoras que son estigmatizadas, amenazadas y
que han perdido la vida. El medio en el que vivimos viene siendo amenazado e
impactado, y es momento de reflexionar si como país estamos haciendo lo
suficiente para enfrentarlo”.
Para Mariano Castro, director del Programa Unidos por los
Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS)
Perú, el crimen organizado también debe abordarse con una mirada regional: “El
crimen transnacional fue priorizado en la Cumbre Amazónica. Esperamos que el
abordaje sea a nivel regional, y que, además, involucre a los países
consumidores que están presionando negativamente sobre la vida, el ambiente, la
salud y la vulnerabilidad de nuestro país. Esperamos que los acuerdos se
concreten, creo que ahí hay un punto que hay que seguir impulsando”.
La Cumbre Amazónica se realizó en Belém, en Brasil, en
agosto de 2023. La cita reunió a los jefes de estado de los países amazónicos,
quienes luego de dos días de reuniones emitieron la Declaración de Belém, un
documento con 113 puntos divididos en 18 segmentos y que incluyen temas como
cambio climático, protección de los bosques, cooperación policial, judicial y
de inteligencia en la lucha contra las actividades ilícitas, economía para el
desarrollo sostenible y derechos humanos.
En la Declaración de Belém se abordó, por primera vez, un
artículo específico sobre “la situación actual de los fenómenos delictivos y
del crimen organizado transnacional en la Amazonía”. En este segmento se
propone una reunión de ministros y autoridades en materia de seguridad pública
de los Estados Parte que deberá realizarse en Colombia, así como la promoción
del intercambio de información y la cooperación policial y de inteligencia,
para combatir los delitos ambientales.
En el caso de la tala ilegal, Julia Urrunaga considera que
un tema pendiente es la trazabilidad de la madera, es decir, conectar un
producto con su punto de origen para verificar la legalidad. “Nosotros venimos
presionando con la trazabilidad para la madera durante muchos años, pero
obviamente ahora, con la nueva ley de la Unión Europea, eso también aplica a
los demás commodities que se cultivan en tierras que podrían estar
deforestadas… se debe demostrar en esa cadena de comercialización de qué
productor o de qué parcela está viniendo ese producto”, explica Urrunaga. La
norma que menciona Urrunaga fue aprobada en abril de este año por el Parlamento
de la Unión Europea y prohíbe las importaciones de café, cacao, carne de ganado
vacuno, soya, aceite de palma y una serie de sus derivados (madera, caucho,
carbón vegetal y papel impreso) que estén relacionados o hayan sido obtenidos
de bosques deforestados.
“Es urgente contar con sistemas de trazabilidad desde el
punto de producción de extracción de la madera hasta el container de
exportación que, además, con la tecnología que tenemos actualmente, son cada
vez más simples, baratos y asequibles”, menciona Urrunaga.
Perú necesita un sistema de trazabilidad eficiente y de
acceso público, continúa Urrunaga. “Cada vez más, los compradores
internacionales no van a adquirir los productos de lugares en los que no pueden
verificar los puntos de extracción. Vamos a quedar fuera del mercado o vamos a
quedar vendiendo a países en los que no les importa de dónde proviene el
producto”.
3. Urge protección para líderes
indígenas
“Lamentablemente el Congreso de la República denegó
ratificar el Acuerdo de Escazú. Perú sigue al margen de la ratificación de este
acuerdo por intereses empresariales, pues han dicho que este acuerdo quitaba la
autonomía a los gobiernos regionales de controlar los territorios. La contra
campaña fue muy fuerte de tal manera que el proyecto quedó archivado”, señala
Robert Guimaraes, expresidente de la Federación de Comunidades Nativas del
Ucayali y Afluentes (Feconau). “Considero que es un tema que debe volver a la
agenda del país”, agrega.
El Acuerdo de Escazú es un tratado para América Latina y El
Caribe que promueve el derecho de acceder oportuna y efectivamente a la
información ambiental, participar en la toma de decisiones que afecten el
ambiente y acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y
derechos ambientales en los países de la región.
En septiembre de 2018, Perú firmó dicho tratado junto con
otros 15 países de la región. Sin embargo, para que éste pueda implementarse en
cada país, debe ser ratificado por el Congreso de la República. En el caso de
Perú, el Parlamento archivó el proyecto de ley para su ratificación en dos
oportunidades. La primera vez fue en octubre de 2020 y la segunda vez ocurrió
en julio de 2022.
Guimaraes también habla sobre los mecanismos que se deben
implementar para la protección de los territorios indígenas y de los defensores
ambientales, quienes “son los actores principales en la protección del bosque”,
señala. El líder indígena pone como ejemplo lo que está sucediendo en su
comunidad, Flor de Ucayali. “Es una comunidad que le ha dicho no al
narcotráfico y viene enfrentando amenazas colectivas e inseguridad en el propio
territorio comunal. Esto debe llamar la atención al Estado, a los organismos de
derechos humanos y a las entidades financieras para poner la mirada en las
comunidades que están enfrentando amenazas”.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, 15 líderes indígenas y defensores ambientales han sido asesinados
entre los años 2020 y 2023, de ellos, 11 han sido líderes indígenas. El líder
kichwa Quinto Inuma Alvarado, presidente de la comunidad Santa Rosillo de
Yanayacu, en San Martín, fue asesinado el 29 de noviembre de 2023; mientras que
8 de abril de 2023 acabaron con la vida del líder indígena asháninka Santiago
Contoricón, reconocido por su intenso trabajo en la defensa de su pueblo como
dirigente del Comité de Autodefensas del Río Tambo, en la selva central de
Perú, además de ser un líder histórico que enfrentó al terrorismo en la década
de los años ochenta.
Para Julia Urrunaga, directora en Perú de EIA, es
importante que este año se active un mecanismo que ofrezca protección real a
los defensores ambientales mientras están vivos. “Por un lado, necesitamos que
se investiguen los asesinatos y los ataques, pero sobre todo debemos
protegerlos mientras están vivos y eso, claramente, no está funcionando. No hay
ningún interés y no hay presupuesto. Tener una norma que permita la activación
de un mecanismo de protección sin los presupuestos necesarios es una burla”.
4. Atender los efectos del Fenómeno El
Niño
El 2024 empieza en Perú con dos fenómenos climatológicos
frente a las costas peruanas. El primero es el Niño Costero, que corresponde al
calentamiento del mar en la zona más próxima al litoral norte y central del
país; el otro es el Niño global, es decir, el calentamiento del mar en la zona
del Pacífico central. Ambos eventos impactan en Perú.
En el último informe de la Comisión Multisectorial del
Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), emitido el 15 de diciembre de
2023, se indica que “es más probable que predominen condiciones cálidas
moderadas hasta febrero de 2024”. El reporte también señala que la magnitud más
probable de El Niño costero es moderada en un 54 %. En cuanto al Niño del
Pacífico Central o Niño global, el comunicado del Enfen señala que las
magnitudes más probables son de 45 % que sea fuerte y 41 % moderada.
“De acuerdo al pronóstico estacional enero-marzo 2024,
persistirían las condiciones cálidas de la temperatura del aire a lo largo de
la costa norte y centro. Es más probable que las lluvias en la costa norte y
sierra norte registren valores entre normal y sobre lo normal, principalmente
en enero; sin embargo, no se descartan eventos puntuales de lluvias fuertes en
estos sectores como parte de su estacionalidad. En el sur del país se prevén
lluvias por debajo de lo normal en la región andina, particularmente en la
sierra sur oriental”, señala el comunicado.
Andrea Collantes, especialista en ecosistemas frágiles
marino-costeros del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) considera que este año se debe
priorizar la atención de los efectos por el Fenómeno El Niño. “Definitivamente
la afectación se va a dar, pues los cambios en las condiciones del mar ya están
dados. Eso significa cambios en la estructura de las poblaciones de especies
marinas, puesto que hay especies cuyo tamaño varía ante la presencia de El
Niño”, indica la bióloga citando como ejemplo, las conchas de abanico que,
según explica, crecen más rápido, pero alcanzan dimensiones menores de las
habituales.
Hay especies que se adaptan rápidamente ante esta
variabilidad —explica Collantes— mientras que otras simplemente migran, por
tanto, cuesta más reponerse ante esta variabilidad. “Es importante saber cuál
será la actuación de Produce [Ministerio de la Producción] frente al tema
pesquero. Se sabe que habrá más varazones. También habrá afectación de lobos
marinos y aves marinas. Entonces se debe articular entre organizaciones
sociales, grupos de conservación, gobiernos locales, regionales y universidades
para que se establezca un protocolo de actuación frente a estos varamientos”.
Juvenal Medina, especialista del Centro de Prevención de
Desastres (Predes), señala que, de acuerdo con las instituciones nacionales e
internacionales que monitorean el Fenómeno El Niño, “vamos a tener que afrontar
una emergencia”.
Lo que toca hacer en el tiempo del que disponemos hasta que
se presente el problema —agrega Medina— es impulsar una planificación de
acciones correctivas, no solamente para atender lo dañado y resanar las
heridas, sino también entender que esto es un problema estructural, que
requiere soluciones de fondo y no solamente paliativos para pasar la temporada
crítica, como estamos haciendo ahora. “Hay que ver la forma de crear
condiciones seguras a través de medidas estructurales más decididas, que sean
sostenibles en el tiempo, pero también, ver la forma de reordenar el uso del
del territorio. Esto nos lleva a ver quiénes deben ser los que gestionan el
territorio, cuál es el perfil de una autoridad local, de un alcalde, de un
gobernador para promover el desarrollo en un territorio altamente susceptible a
todos estos fenómenos”.
Para Medina es crucial incluir la gestión ambiental y la
gestión de riesgo de desastres en la agenda política y en la agenda electoral.
“Vamos a tener elecciones el 2026 y debemos saber qué perfil de candidatos
debemos tener y debemos incorporar estos problemas”.
Un análisis de las Naciones Unidas sobre la gestión del
riesgo en América Latina concluye que el riesgo en la región está en ascenso
pese a los esfuerzos y acciones en distintos países, resalta Medina. “¿Esto qué
refleja?, por un lado, que aquello que estamos haciendo no es lo correcto y no
estamos enfocando bien los esfuerzos. Por otro lado, también sabemos que hay un
crecimiento poblacional en todos los países, un crecimiento con mayores
condiciones de riesgo, porque existe infraestructura que se construye que no
está bien ubicada ni planificada, por lo tanto, el resultado es un país que
crece vulnerable y en riesgo”.
Medina insiste que se debe pensar más allá de la
emergencia. “Conocemos los efectos de El Niño 1982-83 y 1997-98 y lo que
estamos viviendo ahora son situaciones muy similares, pero como que no hay
lecciones aprendidas, porque solamente hemos aliviado, hemos reconstruido,
hemos rehabilitado en las mismas condiciones vulnerables. Eso no debe seguir
así. Quienes gobiernan el país tienen que cambiar de estrategia y tenemos que
exigir a quiénes elegimos como nuestras autoridades que también tengan un
planteamiento sobre estos temas”.
5. Una mirada a la crisis climática y la
transición energética
La cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático,
COP28, realizada en diciembre de 2023 en Dubai, culminó con un acuerdo en el
que se reconoce la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles y avanzar
hacia las energías renovables y limpias.
En Perú, el camino hacia el cambio de matriz energética,
sin embargo, aún es incierto. Vladimir Pinto, representante de Amazon Watch en
Perú, señala que se trata de “un tema muy complicado”, pero que, sin embargo,
“debería iniciarse un debate a fondo sobre la transición energética en el
país”.
Pinto explica que las inversiones de los hidrocarburos en
Perú, sobre todo en la Amazonía norte y en la costa norte, han sido tan
críticas durante todas estas décadas que, lejos de estar impulsando más
actividad petrolera sobre la base de la misma infraestructura jurídica y la
misma infraestructura física como el oleoducto, el país debería estar diseñando
políticas para ir cambiando la matriz energética.
Aunque hay una conciencia global sobre la necesidad de la transición
energética, Pinto señala que asume que ese cambio será dentro de unos 30 a 40
años. “En el cortísimo plazo lo que quieren es explotar al máximo las reservas
disponibles de petróleo y gas. Es una paradoja, porque el tener una mayor
conciencia sobre la transición energética está llevando al mundo a que haya una
pretensión de explotar más rápido todo lo que queda de combustibles fósiles. Y,
lamentablemente, el Estado peruano está completamente subido en esa ola”.
Durante 2023, PeruPetro —empresa que en representación del
Estado peruano está a cargo de la exploración y explotación de hidrocarburos—
se encargó de poner en promoción 31 áreas con potencial de extracción de
hidrocarburos. De ellas, seis se ubican en el mar peruano, frente a las costas
de Tumbes, La Libertad, Áncash y Lima; mientras que otras 25 están en las
regiones amazónicas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.
José De Echave, investigador de la organización
Cooperacción, menciona otro de los problemas que enfrenta Perú con respecto a
la crisis climática y que será clave este 2024 y los años siguientes: la
seguridad hídrica.
“Alrededor del agua estamos poniendo en riesgo la
viabilidad de buena parte del país. La seguridad hídrica entendida como la
disponibilidad en cantidad y calidad aceptables de agua para la salud, para los
medios de subsistencia, para los ecosistemas, para la producción y, por
supuesto, para las personas, es un tema fundamental para el país, pero estamos
lejos de lograr una seguridad hídrica en Perú y no veo voluntad política para
colocar ese tema en el centro de la discusión”, comenta De Echave
Creo que es una prioridad —continúa De Echave— y lo
menciono porque todo indica que este año se va a manifestar, debido a la
presencia del Fenómeno El Niño, lluvias torrenciales en la costa del norte y
central del país, y sequías en las zonas altoandinas. “Somos el país con la más
baja capacidad de almacenamiento de agua de América Latina. Y no solamente
porque no tenemos las fuentes suficientes, sino que las empresas que tenemos,
encargadas de almacenar el agua, están colmatadas y ya no almacenan la cantidad
que deberían. Es un tema fundamental y creo que no se está viendo la
importancia del tema del agua”.
De Echave recuerda lo que sucedió en Montevideo, la capital
de Uruguay, que en 2023 fue la primera capital del mundo que se quedó sin agua
potable, porque “vivió tres años de sequía”. Algo similar podría ocurrir con
Lima, menciona el experto de Cooperacción, debido a que las lagunas que
alimentan de agua a Lima están por debajo de los niveles de años anteriores.
“En Lima hay casi 700,000 personas que no tienen acceso al
agua potable, por tanto, se tiene que seguir construyendo más infraestructura
para abastecer de agua”, señala De Echave, coautor del libro La mina Ariana y
la amenaza al agua de Lima y Callao, una reciente publicación en donde se
menciona que Perú es uno de los cuatro países de América Latina que enfrenta
una grave situación de vulnerabilidad hídrica.
Según esta publicación, uno de los factores que explica
esta situación es “la distribución heterogénea disponible a lo largo de todo el
territorio: aunque en la costa peruana se concentra algo más del 70 % de la
población y se desarrollan las principales actividades productivas y de
servicio, en esta región apenas se cuenta con el 1.8 % del total del agua
disponible”.
En septiembre de 2023, el Estado peruano declaró en
emergencia por déficit hídrico a 544 distritos de 14 departamentos del país.
“Somos un país que está declarado en estrés hídrico, tenemos una baja capacidad
de almacenamiento de agua y no protegemos adecuadamente nuestras zonas
productoras de agua”, concluye De Echave. https://mongabay-latam.lamula.pe/
«Derecho de uso del agua» de la Laguna de Parón, se encuentra en
evaluación
El administrador Local del Agua de Huaraz, Jorge Ninantay
informó que, la empresa generadora eléctrica Kallpa Oro Azul – Cañón del Pato,
ha presentado la extensión del «derecho del uso del agua» de la Laguna de
Parón, debido a que está en evaluación por diversas entidades.
“Efectivamente, la empresa generadora eléctrica Kallpa Oro
Azul – Cañón del Pato ha presentado un escrito a la autoridad local del agua
(ALA), en referencia al derecho de uso de agua, un tema que está evaluándose,
debido a que no solamente es competencia del ANA, sino también de instituciones
a fines como el SERNANP y el MINEM, por lo que se está haciendo el
correspondiente proceso para proseguir con su evaluación”, indicó Jorge
Ninantay – Administrador ALA Huaraz.
Por su parte, el ingeniero, sostuvo que, la empresa
argumenta, como es de conocimiento nacional, que en su documento desde el año
2008 hasta la fecha, no son beneficiarios de los recursos hídricos de la laguna
de Parón.
“Del año 2008 a la fecha, no están usufrutuando el derecho
de la licencia a la empresa generadora, debido al conflicto social que se
mantenía con la comunidad”, argumentó el representante del ALA – Huaraz.
Por su parte, a la fecha según mencionó el ingeniero, no
existe peligro en el caudal del agua de la laguna de Parón, pero por el
registro de las intensas lluvias en la zona sierra, se advierte un monitoreo
permanente. https://ancashnoticias.com/
Arequipa tiene obras paralizadas por más de 3 mil millones de
soles
Las obras ejecutadas con dinero
público y que quedan inconclusas, sin cumplir con las metas para las que fueron
diseñadas, son conocidas como ‘elefantes blancos’. La región Arequipa, según el
reporte de obras paralizadas elaborado por la Contraloría, correspondiente a
enero de este año, tiene 90 proyectos valorizados en 3 mil 306 millones 875 mil
889 soles. Esa cifra coloca a Arequipa en el segundo departamento en el listado
de obras detenidas, por delante está La Libertad.
Que una obra esté parada provoca
una especie de efecto dominó, por supuesto de consecuencias negativas, es que
no sólo se debe analizar la situación en términos de dinero sino se debe medir
el impacto en el bienestar de la población. Un proyecto que no registra ningún
avance golpea severamente, la creación de puestos de trabajo, la canasta
familiar, el acceso a educación y salud, el cierre de brechas y, cómo no, el
gasto adicional en presupuesto que implica la reactivación del proyecto, además
de la depreciación de la edificación dejada a medio concluir.
Los números que ofrece la
Contraloría General de la República (CGR) no son para nada auspiciosos sino
preocupantes.
NÚMEROS DESALENTADORES
El organismo de control, al
cierre del primer trimestre del 2023 sostuvo que existían más de 1700 obras
públicas paralizadas en los tres niveles de gobierno, por un monto de inversión
superior a los S/10,724 millones. Ello genera que las personas se queden sin
accesos a bienes y servicios públicos de manera oportuna. Al cierre del 2023
esa cifra se ha elevado a 2298 obras por un monto de inversión superior a los
S/ 26 mil 992 millones.
En el mismo documento la CGR
revela un listado de 20 obras que se han reactivado a diciembre de 2023, en la
región Arequipa sólo se ha reiniciado una. Se trata del Mejoramiento de la
carretera Viscachani-Callalli-Sibayo-Caylloma que la ejecuta el Gobierno
Regional de Arequipa y tiene un costo actualizado de 338 millones 561 mil
449.80 soles.
El estancamiento en el avance de
las obras retrasa el desarrollo económico y afectan la calidad de vida de los
ciudadanos. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las
paralizaciones en obras de infraestructura afectan la competitividad de los
países al frenar la inversión y la generación de empleo. Asimismo, pueden
retrasar o dificultar el acceso a servicios básicos como el agua, transporte y
energía, así como la calidad de vida de las personas, en especial de los más
vulnerables, que se ve duramente perjudicada.
OBRAS PARALIZADAS
La CGR también listó las obras
más importantes que se detuvieron a diciembre del año pasado. Arequipa también
aparece en esa relación con la Ampliación, renovación y mejoramiento del
sistema de agua potable y alcantarillado de Chivay, el costo actual es de 26
millones 163 mil 757.16 soles, se ejecuta en la provincia de Caylloma.
El nulo desarrollo de esta obra
tiene una consecuencia nociva, la contaminación del río Colca por parte del
administrador del servicio que es Sedapar, entidad que además fue sancionada
por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) por verter aguas residuales en un
punto no autorizado la sanción alcanza los 24 mil 750 soles (5 UIT), suma que
no guarda relación con el daño ocasionado al medioambiente.
La congresista Norma Yarrow
solicitó al contralor de la República, Nelson Shack, que informe al detalle
sobre las regiones que concentran más obras paralizadas a nivel nacional y los
motivos del por qué se encuentran en esa situación a la actualidad.
|
Descripción de la obra
|
Entidad
|
Costo actualizado S/
|
|
Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura
vial paquete 7R Arequipa tramo 1: EMP. AR 639 Acopallpa Paccrapicha dv.
Cuyanca Huasicac; tramo 2: EMP. AR 100 Bella Unión; tramo 3: EMP. AR 105
(Chuquibamba) Pachana; tramo 4: EMP. AR 105 EMP. AR 588 Huasca (dv.
Salamanca) – Salamanca
|
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
|
S/. 131,090,688
|
|
Ampliación y mejoramiento de la Escuela Técnica
Superior PNP Arequipa, La Joya, Arequipa.
|
Oficina General de Infraestructura
|
S/. 117,640,255
|
|
Creación de los sistemas de agua potable
dependientes del Reservorio N-39 y alcantarillado sanitario del distrito de
Cerro Colorado.
|
Programa Nacional de Saneamiento Urbano
|
S/. 105,340,407
|
|
Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura
vial paquete 6R departamento de Arequipa Tramo 1: EMP. AR109 EMP. R 23
Paclla; tramo 4: EMP. AR 109 (Viscayacu) EMP. AR 706 (Lluta)
|
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
|
S/. 70,130,188
|
|
Rehabilitación de puente Alto Molino y Accesos
(Rehabilitación de Puentes paquete 1 – Arequipa)
|
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
|
S/. 46,701,363
|
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Mejoramiento de los servicios de Salud del
establecimiento de Salud Cotahuasi, La Unión, región Arequipa.
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Gobierno Regional Arequipa
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S/. 73,766,927
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Mejoramiento del camino vecinal Alto Molino la
Barrera, prog. 0 000 20 100, Distrito de Río Grande, Condesuyos, Arequipa
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Gobierno Regional Arequipa
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S/. 26,277,025
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Mejoramiento y recuperación del servicio de
transitabilidad de la vía rural AR-603 y AR 606 Pampamarca Huaynacotas, La
Unión, Arequipa – I etapa
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Gobierno Regional Arequipa
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S/. 15,430,637
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Mejoramiento del servicio de transitabilidad
vehicular en la vía departamental AR-107 km 0.000 hasta km 17.859 Pampacolca
dv. Tagre Tipán, Pampacolca, Castilla.
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Gobierno Regional Arequipa
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S/. 14,660,915
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Mejoramiento de la carretera Madrigal-Lari km
0000-5890.35 Madrigal, Caylloma, Arequipa
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Gobierno Regional Arequipa
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S/. 8,706,086
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Ampliación, renovación y mejoramiento del sistema de
agua potable y alcantarillado de Chivay, Caylloma, Arequipa, componentes
redes de agua y desagüe III etapa.
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Municipalidad Provincial de Caylloma
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S/. 26,163,757
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Mejoramiento y ampliación del servicio de prácticas
deportivas y recreativas del polideportivo del P.J. Túpac amaru y Mariscal
Castilla, Cerro Colorado, Arequipa
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Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
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S/. 11,270,960
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mejoramiento de los servicios turísticos en el
circuito del Centro Histórico recorrido Fundo El Fierro, Plaza de Armas y
Recoleta, Arequipa.
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Municipalidad Provincial de Arequipa
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S/. 10,555,237
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Recuperación de la I.E San Ignacio de Mariano
Melgar, distrito de Mariano Melgar, Arequipa, Arequipa
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Municipalidad Distrital de Mariano Melgar
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S/. 9,172,249
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Fuente: Portal
Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.
Ley del Servicio Universal de Agua
Potable y Saneamiento: ¿Cuáles son las principales modificaciones?
El 23 de septiembre de 2023 se
publicó la Ley 31880, medida legislativa que delega en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de
desastres – Niño Global, infraestructura social, calidad de proyectos y
meritocracia. Con esta norma se establece la facultad del Poder Ejecutivo para
modificar el Decreto Legislativo 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y
Prestación de los Servicios de Saneamiento con el objetivo de fortalecer el
marco normativo para la prestación del servicio de saneamiento a nivel
nacional.
Bajo dicho contexto, el último
21 de diciembre se publicó el Decreto Legislativo 1620, que modifica el Decreto
Legislativo 1280, cuya denominación oficial, a partir de la publicación de la
norma modificatoria, pasó a ser “Decreto Legislativo que aprueba la Ley del
Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento”. Esto, con la finalidad de
fortalecer el marco normativo para la prestación de los servicios de agua
potable y saneamiento a nivel nacional, así como establecer medidas para el
fortalecimiento de los prestadores de servicios de agua y saneamiento, y
establecer competencias y funciones de las entidades de la administración
pública.
En el contexto de la elaboración
de la mencionada norma modificatoria y como parte de las acciones del proyecto
Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, implementado por Forest
Trends, CONDESAN y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), se enviaron
algunos aportes orientados a:
a) Priorizar las inversiones en
infraestructura natural para la seguridad hídrica.
b) Fortalecer las empresas
prestadoras de servicios (EPS) y del Organismo Técnico de la Administración de
los Servicios de Saneamiento (OTASS).
c) Reforzar el conocimiento del
riesgo de desastres y riesgos ante los efectos del cambio climático, y la
atención inmediata de los mismos asegurando fondos para ello.
d) La necesidad de establecer un
régimen simplificado de inversiones para la implementación de medidas de
adaptación y mitigación al cambio climático.
e) La ampliación del alcance de
los convenios para la gestión o administración de recursos para el diseño e
implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos
(MERESE).
f) El fortalecimiento del
registro contable de las reservas MERESE; entre otros.
A continuación, se presenta las
principales modificaciones hechas por el Decreto Legislativo 1620 al Decreto
Legislativo 1280, que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y
Saneamiento:
1. Inclusión de nuevos
principios. La
norma modificatoria incluye y desarrolla nuevos principios para la gestión y
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, entre ellos, el
principio de acceso al agua potable y saneamiento; economía circular;
territorialidad; confiabilidad de los servicios de agua potable y saneamiento
y; gestión de riesgos de desastres. Asimismo, se establece que el acceso a los
servicios de agua potable y saneamiento debe considerar el enfoque
intercultural.
2. Se incluye a la fuente de
abastecimiento de agua como parte del servicio de agua potable y saneamiento. Esta es una de las principales
novedades de la norma debido a que, por primera vez, se considera a las fuentes
de abastecimiento de agua como parte de los servicios de agua potable y
saneamiento. Estas fuentes de abastecimiento de agua son definidas por la norma
modificatoria como “los cuerpos de agua natural o artificial que son
utilizados, para la producción de agua potable, que pueden ser continentales,
marítimas y atmosféricas”.
3. Fortalecimiento de la gestión
de riesgos frente al cambio climático. La norma modificatoria ha remarcado la
necesidad de reforzar el conocimiento del riesgo de desastres y riesgos ante
los efectos del cambio climático, así como la atención inmediata de los mismos,
asegurando fondos para ello. En esa línea, el Decreto Legislativo 1620
establece que, además de los planes de adaptación al cambio climático (como lo
establecía el Decreto Legislativo 1280), los prestadores de los servicios de
agua potable y saneamiento deben elaborar y ejecutar los planes de mitigación.
Ambos planes son insumos obligatorios de los Planes Maestros Optimizados (PMO).
La norma también establece que
los montos recaudados por fondos de inversión y reservas de gestión de riesgos
de desastres (GRD), de Adaptación al cambio climático (ACC) y otros que
determine la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) son
administrados en cuentas del sistema financiero diferenciadas de los otros
recursos recaudados por las EPS, y pueden ser depositados en el Fondo de
Inversión de Agua Segura (FIAS) en búsqueda de apalancamiento. Asimismo,
durante la vigencia de la Declaratoria de Estado de Emergencia, las EPS pueden
destinar los recursos del Fondo de Inversiones y reservas al financiamiento de
los costos de operación, y mantenimiento de los servicios de agua potable y
saneamiento.
4. Promoción de la asociatividad
de las organizaciones comunales. La norma modificatoria incluye como una de las funciones
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en su calidad de
ente rector, la aprobación de la normativa que promueva la asociatividad de las
organizaciones comunales a través de incentivos a favor de los gobiernos
locales que cumplan las metas establecidas por el ente rector, así como el
fortalecimiento de capacidades para la asociatividad de estas organizaciones.
5. Ampliación de las modalidades
para la administración y ejecución de los recursos recaudados por las EPS. En adelante, los recursos
recaudados por las EPS por concepto de retribución podrán ser administrados y
ejecutados a partir de convenios y contratos con entidades públicas y privadas,
así como otras formas de administración y ejecución que sean establecidas en el
Reglamento.
Otras modificaciones
incorporadas por el Decreto Legislativo 1620 incluyen:
6. Aprobación del Plan Nacional
de Agua potable y Saneamiento (antes
Plan Nacional de Saneamiento) cada dos años (antes cada 5 años) por Resolución
Ministerial (antes, Decreto Supremo).
7. El MVCS promueve no solo las
Asociaciones Público-Privadas – APP (como se establecía antes de la modificatoria), sino
también las Obras por Impuestos, así como otros mecanismos de participación
público y privada en los servicios de agua potable y saneamiento.
8. A lo largo de la norma
modificatoria se puede verificar un fortalecimiento del Sistema de Información
de Agua y Saneamiento (SIAS) y de la rendición de cuentas. Por ejemplo, las EPS deben
aportar información al SIAS sobre la gestión y prestación de los servicios de
agua potable y saneamiento y, obligatoriamente, la información sobre sus costos
e ingresos.
9. A partir de la modificación,
las EPS de accionariado municipal deben contar con un plan de sucesión, un
sistema de control interno y externo, una política de gestión de recursos
humanos, en el
marco del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, una política
integral de riesgos y una política de información.
10. Definición de nuevas
competencias de la OTASS
para fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios del ámbito
urbano, en la implementación de los procesos de la gestión del riesgo de
desastres.
11. Posibilidad de
financiamiento o cofinanciamiento de inversiones a los prestadores del servicio
de agua potable y saneamiento por medio del Fondo de Inversión de Agua Segura
(FIAS).
Como se señala en los párrafos
anteriores, la consideración de las fuentes de abastecimiento de agua, como
parte del servicio de agua y saneamiento, es una de las principales novedades
de la norma, dinamizará las acciones para la restauración y conservación de
humedales, pastizales, pajonales y otra infraestructura natural y ancestral que
brindan servicios ecosistémicos en beneficio de las comunidades de las cuencas
bajas.
En ese sentido, para la
protección de estas fuentes de agua resulta importante el fortalecimiento de
las organizaciones comunales a partir de la promoción de su asociatividad y,
sobre todo, el fortalecimiento del enfoque intercultural para lograr un involucramiento
de las mismas y el aprovechamiento de sus beneficios, tal como lo establece la
norma modificatoria.
En esa misma línea, la
conservación de las fuentes de agua permitirá hacer frente a las consecuencias
del cambio climático, incluyendo herramientas importantes que permiten hacer
frente de manera preventiva y reactiva a derrumbes, inundaciones, deslizamientos
u otros eventos que pongan en riesgo la seguridad hídrica, a partir de la
elaboración de planes de adaptación y mitigación, así como el aseguramiento de
fondos para la operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y
saneamiento durante una eventual Declaratoria de Emergencia Ambiental.
Por último, la norma establece
un plazo no mayor de 180 días calendario contados a partir del 21 de diciembre
del 2023, fecha de publicación de la norma modificatoria, para la aprobación de
un nuevo Reglamento de la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y
Saneamiento, mediante Decreto Supremo y con el refrendo del/de la ministro/a de
Vivienda, Construcción y Saneamiento. https://www.actualidadambiental.pe/
