Viernes, 24 de julio de 2020 – Año XIV – Edición 3522 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
·
PERÚ
- Cusco: las claves del conflicto social entre la población de Espinar y la
mina Antapaccay. Autoridades y dirigentes de Espinar solicitaron presencia de
la PCM y otros sectores para retomar el diálogo con empresa
·
PERÚ
– Ministerio de Trabajo dispone facilidades para acceso a prestación económica
de S/ 760
·
PERÚ
– Cusco. ¿Otro problema más para Espinar?, escribe Leonidas Wiener
·
MÉXICO
- Plataforma muestra estragos de la minería en México. Deja contaminación de
agua, daña suelos
____________________________________________________________
Cusco: las claves del conflicto
social entre la población de Espinar y la mina Antapaccay
Autoridades
y dirigentes de Espinar solicitaron presencia de la PCM y otros sectores para retomar
el diálogo con empresa.
Las recientes protestas y hechos de violencia reportados en
los últimos días en la provincia de Espinar, en Cusco, reavivaron las tensiones
en un tramo del corredor minero del sur, que une las principales zonas
productoras de esta región, con las de Apurímac y Arequipa. El año pasado esta
ruta se hizo conocida por los bloqueos realizados por parte de comunidades
contra la empresa minera Las Bambas.
Ayer, luego de una semana de manifestaciones que dejaron al
menos tres heridos y cuatro detenidos, los representantes de Espinar
solicitaron la conformación de una comisión integrada por la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM), jefes de otras carteras y miembros de la iglesia
católica, para encontrar una salida al conflicto social que se presenta en esta
localidad. De esta manera, dicho escenario se perfila como uno de los primeros
desafíos que afrontará el nuevo gabinete encabezado por el Primer Ministro,
Pedro Cateriano, en medio de la pandemia del coronavirus.
A continuación, se presentan los principales aspectos que
caracterizan la reciente controversia desatada en la zona sur.
El reclamo
Desde el 15 de julio, los moradores de los ocho distritos
de Espinar acatan un paro indefinido contra la empresa minera
Glencore-Antapaccay, a la que exigen el pago de un bono de S/1.000 para cada
adulto elector (mayor de 18 años) debido a la crisis económica y sanitaria
ocasionada por el COVID-19. El costo estimado de esta medida bordea los S/50
millones.
Las comunidades demandan que esta iniciativa sea financiada
usando los fondos del Convenio Marco de Espinar, un instrumento que fue
suscrito en el 2003 por los representantes de la provincia y por la empresa BHP
Billington, que operaba la mina Antapaccay en ese tiempo. Este mecanismo
compromete a la compañía a entregar el 3% de sus utilidades antes de impuestos
cada año para financiar proyectos de desarrollo sostenible en esta localidad.
Según información de Glencore, este fondo cuenta con aproximadamente S/134
millones.
La empresa se ha mostrado en desacuerdo con la entrega del
bono en efectivo dado que “no cumple con el objetivo de financiar el desarrollo
sostenible” que establece el documento. Teresa Charca, superintendenta de
Comunicaciones de Antapaccay, indica que la iniciativa tampoco toma en cuenta
variables de pobreza o vulnerabilidad que determinen la asignación de los
recursos.
La ejecutiva agrega que los fondos del marco ya están
asignados para una serie de proyectos que previamente han sido aprobados en
talleres participativos con la población.
“Si se destinara estos S/50 millones para el bono por
elector, de hecho, se afectarían otros proyectos (...) Hay una serie de
criterios para aprobar los proyectos que se estaría vulnerando eso si esta
iniciativa se aprueba”, explicó.
Disturbios reportados
La violencia escaló la mañana del miércoles cuando la
Policía interceptó a manifestantes que intentaban ingresar a las instalaciones
del campamento minero, ubicado en el centro poblado de Tintaya-Marquiri. El
hecho dejó unos tres heridos además de la quema de pastizales y la destrucción
de una planta de agua que abastece a comunidades aledañas.
Los dirigentes de Espinar responsabilizaron a la empresa
por la situación y aseguraron la existencia de infiltrados que distorsionan su
lucha. Tras el incidente, el presidente del Comité de Gestión de Convenio Marco
y alcalde de Espinar, Lolo Arenas, exhortó a la población a que se identifique
y denuncie a las personas que causen violencia.
“Hermanos estamos en un contexto de diálogo, mantengamos
calma y paciencia, hay algunos infiltrados que podrían propiciar caos, si
detectan algún infiltrado inmediatamente hay que ubicarlos y entregarlos a la
policía”, invocó la autoridad edil en aquel momento.
Dos días antes, el lunes 20 de julio, se registraban las
primeras hostilidades en el corredor minero. Dos camiones que circulaban por la
ruta fueron apedreados y quemados por las personas que protestaban en el lugar.
Ambos sucesos motivaron que la alta comisionada para el
diálogo y el desarrollo del Corredor Vial Sur, Paola Bustamante, junto con la
Defensoría del Pueblo suspendieran las conversaciones con los comuneros y la
empresa. “Queremos seguir manteniendo el diálogo, pero si no logramos el cese
de la violencia no podemos”, señaló la funcionaria el pasado miércoles.
¿Solución a la vista?
Si bien aún no hay una salida para el entrampamiento,
Charca anuncia que la empresa emprenderá proyectos de atención alimentaria, provisión
de medicinas y equipos de protección personal para la población de Espinar.
“Lo otro es el fortalecimiento de los comedores populares
que significaría la dotación de alimentos durante seis meses. El otro tema es
el acceso a internet para los estudiantes, libre y gratuito para los ocho
distritos. Y luego liquidez, créditos para pequeños y medianos empresarios”
La empresa calcula que la inversión en estas medidas
ascendería a un monto de S/27 millones.
Para Rolando Luque, adjunto para la Prevención de
Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, ambas
partes coinciden en que se requiere un aporte económico excepcional frente a la
situación de pobreza y pobreza extrema de un gran sector de la población; sin
embargo, la discrepancia aún se mantiene en la forma en que se debe entregar.
“En ese punto se han trabado. El alcalde propone que la
entrega del dinero en efectivo sea para todos los electores de Espinar y es ahí
donde el asunto se vuelve un poco discutible, porque de lo que se trata es de
apoyar a quien más lo necesita, no a quienes pueden solventar con sus propios
ingresos esas situaciones difíciles. Hacer esa entrega universal significaría
que ese dinero pueda ir también a manos de quienes tienen fondos propios para
enfrentar la situación crítica de la pandemia”, explica.
El funcionario añade que los dirigentes deben deslindar de
los grupos que han ocasionado los hechos de violencia registrados para
recomponer el proceso de diálogo que se venía realizando.
“La razón fundamental es que esta no es una negociación
solo entre la dirigencia y la empresa. Es un asunto de interés colectivo porque
ya se han producido movilizaciones enfrentamientos, hay tres heridos y se ha
vuelto un problema en el que tiene que intervenir el estado, no solo en el
restablecimiento del orden público, sino también a nivel del proceso de
diálogo”, opina Luque.
Zona con conflictos
Según el último Reporte de Conflictos Sociales de la
Defensoría, actualizado al mes de junio, aún existen seis conflictos sociales
activos adicionales que están relacionados con operaciones la zona minera del
sur. Entre estos se encuentran tres relacionados a la mina las Bambas, en
Apurímac (Cotabambas, Yavi Yavi y Velille); uno con el proyecto Utunsa de la
empresa Anabi, también en Apurímac; uno relacionado con la empresa Southern
Perú en la provincia de Islay (Arequipa); y uno relacionado con la empresa
Hudbay en la localidad de Coporaque (Cusco);
Luque señala que el conflicto en torno a Las Bambas está
incluido dentro de los 30 casos que deben ser atendidos por el Estado en el
corto plazo.
“En Las Bambas hemos tenido [a través de la Defensoría] una
participación directa y donde el diálogo se interrumpió en marzo. Hay que
retomarlo porque hay que tomar decisiones respecto de la carretera que cruza
toda esta zona, de las personas denunciadas por delitos de disturbios y cuyas
investigaciones están en curso en la Fiscalía. Ahí también el Ministerio de
Justicia adquirió el compromiso de revisar y hacer propuestas a partir de los
expedientes, los temas relacionados con la contaminación. Es una agenda larga
que hay que ver con mucha urgencia”, explica. https://elcomercio.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
MTPE dispone facilidades para acceso a prestación económica de
S/ 760
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
aprobó una serie de disposiciones complementarias para la implementación de la
prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia de la
covid-19.
Mediante Resolución de Gerencia Nº 821-GG-Essalud-2020,
publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, el MTPE aprobó la Directiva de
Gerencia General N.º 13-GCSPE-EsSalud-2020 V.01, la cual establece estas
medidas complementarias, especialmente para los casos de los trabajadores que
se encuentren en una suspensión perfecta de labores.
Esta suspensión será otorgada por el Seguro Social de Salud
(EsSalud) hasta por un monto máximo de 760 soles por cada mes calendario
vencido que dure la correspondiente medida de suspensión perfecta de labores,
hasta por un periodo de tres meses.
Estas iniciativas se enmarcan dentro del Decreto de
Urgencia 072-2020, el cual establece que la prestación económica de protección
social de emergencia, ante el covid-19 de 760 soles, amplía su ámbito de
cobertura y beneficiará a más de 107,000 trabajadores que se encuentren en
suspensión perfecta.
Cabe recordar que el apoyo económico de 760 soles alcanzará
a los trabajadores que se encuentren en una medida de suspensión perfecta de
labores cuya empresa cuente con hasta 100 trabajadores y que perciban una
remuneración bruta que no supere los 2,400 soles.
Este beneficio no se aplicará a aquellos trabajadores cuyo
hogar, según la información del Registro Nacional para medidas covid-19, sea
beneficiario de alguno de los subsidios monetarios para la protección de
hogares vulnerables por 380 soles. https://andina.pe/
¿Otro problema más para Espinar?
Desde hace más de una semana se
vive una situación de emergencia social en la provincia de Espinar, Cusco, que
se suma a otros múltiples episodios conflictivos en la zona relacionados con la
empresa minera Antapaccay, perteneciente a la multinacional suiza Glencore. En
esta ocasión, las acciones de protesta se han originado por la negativa de la
empresa a cumplir con el acuerdo del Comité de Gestión del Convenio Marco, que
consiste en la entrega de un bono solidario de S/ 1000 a cada elector de la provincia
[1].
En este contexto actual de
violencia y enfrentamientos entre la población y las fuerzas del orden en
Espinar, el Poder Ejecutivo emitió el 22 de julio la Resolución Ministerial
174-2020-PCM que conforma el Grupo de Trabajo denominado “Comisión
Multisectorial encargada de evaluar los posibles daños en el ámbito de las
comunidades originarias de Huano Huano, Huini Coroccohuayco, Pacopata, Alto
Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala, Huarca,
Suero y Cama, Huisa Ccollana, Huisa y Anta Ccollana de la provincia de Espinar,
departamento de Cusco, y el plan de reparaciones que corresponda de ser
necesario”.
Para contextualizar este punto,
las 13 comunidades originarias mencionadas son parte de la zona de influencia
de la mina Tintaya – Antapaccay, que actualmente busca expandirse en el
proyecto Coroccohuayco. 10 comunidades pertenecen a la zona de influencia
Tintaya – Antapaccay, y 3 corresponden a Coroccohuayco. Como una forma de
viabilizar la ejecución de este último proyecto, el Gobierno anunció en
noviembre del año pasado que se iba a implementar un proceso de consulta. Las
reuniones preparatorias se iniciaron en enero de este año, siendo suspendidas
por la pandemia.
Sin embargo, en este proceso las
13 comunidades no han caminado juntas: se formó un bloque de 11 comunidades,
que se autodenomina “Asamblea Multicomunal por la consulta previa en Espinar”; los
otros 2 restantes, Pacopata y Huini Coroccohuayco, decidieron seguir un proceso
paralelo porque sus demandas se orientaban a que se ponga en consulta los
contenidos de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de
Ampliación Coroccohuayco. Es importante mencionar que estas 2 comunidades,
junto con la comunidad madre Huano Huano, representan la zona de influencia
social directa de Ampliación Coroccohuayco, y la ejecución de este proyecto
minero integrado generaría el reasentamiento de estas 3 comunidades.
Por tales razones, los avances
en el proceso de implementación de la consulta para Coroccohuayco no han sido
los mismos para todas estas 13 comunidades: con las 11 se avanzó en la
aprobación del plan de trabajo, pero no ha sido así en el caso de Pacopata y
Huini Coroccohuayco.
Con estos antecedentes, el 16 de
julio de este año se realizó una reunión en la ciudad del Cusco entre
representantes de la PCM, MINEM y MINCUL con la Asamblea Multicomunal. El
motivo de dicha reunión era reanudar las actividades de la consulta previa
suspendidas por la pandemia. Sin
embargo, en esta ocasión no fueron las 11 comunidades. La gran ausente fue la
comunidad Alto Huarca, que emitió un comunicado el 21 de julio desmintiendo que
sus representantes hayan acudido a la reunión del 16 en Cusco y que tampoco
avalaban los comunicados emitidos por la Asamblea Multicomunal tras dicha
reunión con el Gobierno.
¿Por qué alto Huarco sacó un
comunicado de esta naturaleza? El 13 de julio la Asamblea Multicomunal había
comunicado su decisión de suspender su participación en el Comité de Gestión
del Convenio Marco, en un momento en el cual se venían teniendo negociaciones
con la empresa para la entrega del bono solidario. Luego el 16 tuvieron la
reunión en Cusco, y esto fue interpretado por diversos sectores de la población
de Espinar como una traición a la causa principal de lucha relacionada con la
entrega de este bono solidario. El
comunicado de Alto Huarca parece que va en esa línea de deslinde, y plantea las
brechas que existen al interior de la Asamblea Multicomunal por la posición que
ha tomado la dirigencia y los asesores de este grupo de comunidades en torno a
su participación en el Comité de Gestión del Convenio Marco y los esfuerzos que
han venido realizando otros sectores de la población de Espinar para la entrega
del bono solidario.
En esa medida, ¿este Grupo de
Trabajo aprobado por el Gobierno puede contribuir a destrabar la situación de
conflicto social en Espinar? No, porque como señala el objeto de la norma que
la aprueba, esta se orienta a “Desarrollar acciones orientadas a evaluar los
posibles daños en el ámbito de las comunidades originarias de Huano Huano,
Huini Coroccohuayco, Pacopata, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri,
Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Ccollana, Huisa y Anta
Ccollana de la provincia de Espinar, departamento de Cusco, y el plan de
reparaciones que corresponda de ser necesario”. La norma no precisa qué tipos
de daños se van a evaluar en el ámbito de estas comunidades, ¿a los generados
por la antigua mina Tintaya, por su sucesora Antapaccay?, o si estos están
relacionados con la contaminación provocada por años de minería o las
afectaciones a la salud de cientos de personas afectadas con metales pesados en
su organismo ¿Por qué ahora se decide formar la comisión respecto a impactos
que siempre se han denunciado y nunca atendido?
Para cumplir esas metas, la
norma señala que el Grupo de Trabajo se compone de representantes de diversos
sectores (MINAM, MINEM, MINSA, OEFA, etc.) y también del GORE Cusco y la
Municipalidad Provincial de Espinar. Sin embargo, de los 14 miembros de este
Grupo de Trabajo, solo se ha considerado a 2 representantes de las 13
comunidades en cuestión, lo cual representa una desproporción absoluta por el sentido
y la finalidad de este Grupo de Trabajo. Además, si el Gobierno sabía de
antemano que este grupo de 13 comunidades no formaban un solo bloque único,
como se ha descrito líneas arriba, ¿no se pudo prever que destinar solo 2
representantes para las 13 comunidades iba a generar problemas de
representación y conflictos entre las mismas comunidades?
Como se indicó al inicio de este
artículo, lo que viene ocurriendo en Espinar es el último capítulo de años de
minería sin control, contaminación, desidia y abandono de sucesivos gobiernos,
y empresas que tuvieron el control de la mina que no se han comportado con
responsabilidad para respetar los derechos humanos de las comunidades y de la
población de Espinar en general. Lamentablemente, medidas como la creación de
este Grupo de Trabajo pareciera no permitirán modificar esta situación compleja
y tensa en la provincia en el corto plazo. Leonidas Wiener
[1] Como se recordará, existe un
Convenio que fue suscrito en el 2003 para destinar 3% de utilidades de la
empresa para financiar proyectos de inversión social para la provincia. En 2012
hubo una escalada muy violenta que derivó en muerte de 4 personas, y tuvo como
uno de sus principales motivos el pedido para aumentar el porcentaje destinado
por la empresa para alimentar este fondo social. http://cooperaccion.org.pe/
HIDROMUNDO
Plataforma muestra estragos de la
minería en México. Deja contaminación de agua, daña suelos…
La presencia de la actividad
minera en México ha dejado una estela de daños irreversibles en territorios
rurales de sur a norte, principalmente contaminación de agua y suelos,
deforestación, enormes montañas de minerales altamente tóxicos, desplazamiento
de comunidades, conflictos sociales, graves afectaciones a la salud y muy
escasos beneficios económicos locales y para el país, expone la plataforma “Así
se ve la minería en México”.
A casi 30 años de la Ley Minera,
que otorgó a esta operación el carácter de utilidad pública y preferente por
encima de la agricultura u otra actividad, y permite concesiones de 50 años,
fotógrafas y fotógrafos comparten desde sus ojos con 63 imágenes cómo quedan
los poblados mientras las mineras naciones y trasnacionales exploran y extraen
minerales, usados en la vida moderna.
La documentación colectiva
presentada este jueves fue apoyada por el Consejo Civil Mexicano para la
Silvicultura Sostenible, la Fundación Heinrich Böll, Fundar y el Observatorio
Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM.
Mientras la actividad minera
enriquece a millonarios como Germán Larrea (Grupo México) o Alberto Baillères
(Grupo Peñoles), también consume grandes cantidades de agua que desecha en
forma de drenaje ácido. Estos residuos pueden llegar a contaminar las aguas
superficiales y subterráneas de los territorios con metales tóxicos.
A la fecha, 576 proyectos
mineros se encuentran ubicados en zonas donde los acuíferos tienen déficit
hídrico, documentan las organizaciones.
En la pasada década ocurrieron
más de 200 accidentes relacionados con las actividades mineras en México. Entre
esos accidentes se ubican los escurrimientos de jales y derrames de compuestos
tóxicos en ríos y otros cuerpos de agua. Destaca el derrame de tóxicos en los
ríos Sonora y el colapso de los túneles de una mina de carbón operada por Grupo
México, que ocasionó la muerte de 65 mineros que se encontraban dentro. Se
estima que el rescate en Pasta de Conchos coordinado por la Secretaría del
Trabajo tome cuatro años.
La minería de tajo a cielo
abierto propicia la erosión y contaminación de los suelos y arrasa de manera
permanente con la orografía de los territorios en los que se realiza. La
deforestación causada por esta industria afecta tanto el hábitat local de
cientos de especies como los flujos de agua que abastecen a diversas
comunidades.
Por ejemplo, el 60 por ciento de
la exploración minera que se realiza es para obtener oro, y el 70 por ciento de
este metal dorado se extrae mediante la técnica de tajo a cielo abierto, que es
la práctica más devastadora para los territorios. La minería de tajo a cielo
abierto propicia la erosión y contaminación de los suelos y arrasa de manera
permanente con la orografía de los territorios en los que se realiza. La
deforestación causada por esta industria afecta tanto el hábitat local de
cientos de especies como los flujos de agua que abastecen a diversas
comunidades.
Para obtener una onza de oro se utilizan
40 kilogramos de explosivos (contaminación sonora), se consumen de 150 a 200
mil litros de agua y se emiten alrededor de 650 kilogramos de dióxido de
carbono a la atmósfera, junto con otros gases altamente tóxicos.
CATEGORÍA: IMPACTOS A LA SALUD
La actividad minera produce
grandes cantidades de polvillos tóxicos -constituidos por metales pesados- que,
en su mayoría, son absorbidos por animales y seres humanos. La exposición a
estos metales pesados y su presencia en la sangre pueden causar enfermedades
dermatológicas, oftalmológicas, respiratorias, neurológicas; abortos o partos
prematuros, malformaciones en bebés, entre otros.
Los residuos químicos generados
por esta industria como el cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, entre otros
pueden filtrarse y contaminar fuentes de agua, suelos y acuíferos, lo cual
puede tener un efecto acumulativo en la cadena trófica.
La actividad minera destruye
anualmente las fuentes de agua que podrían abastecer a 12 millones de personas
y elimina todo tipo de vegetación existente. Deja inutilizable el territorio,
por lo que deja sin medios de vida a los seres vivos que habitan esos territorios.
CATEGORÍA: RESISTENCIAS
COMUNITARIAS
El 58 por ciento de la
superficie mexicana ha sido concesionada a la minería. Concesiones otorgadas lo
mismo en terrenos privados que en propiedad social e incluso en Áreas Naturales
Protegidas, lo que ha generado numerosas inconformidades.
De hecho, México es el sexto
país con más conflictos socioambientales en el mundo. De los 560 conflictos
registrados en el país, 183 están relacionados con la minería. Más de la mitad,
el 60 por ciento, son con corporaciones extranjeras y el 40 por ciento con
nacionales.
Por defender su territorio
contra las mineras, desde el año 2000 han sido asesinados más de 50 activistas
en el país. A lo largo y ancho del territorio nacional, comunidades enteras,
ejidos, grupos de mujeres, niñas y niños e instituciones de gobernanza
comunitaria se han organizado para enfrentar los proyectos mineros, pues
amenazan sus medios de vida y los lugares en los que habitan.
Las mujeres de las comunidades
viven afectaciones específicas por las tareas que se les asigna desde su
contexto social en el cuidado de la salud de sus familias y como usuarias del
agua y de diversos productos de los bosques, lo que las ha puesto al frente de
estas luchas.
CATEGORÍA: COMUNIDADES Y
TERRITORIOS
La Secretaría de Economía ha
otorgado casi 60 mil hectáreas de concesiones mineras al interior de las Áreas
Naturales Protegidas, por lo que 73 de los principales proyectos mineros del
país se encuentran en estas regiones, a pesar de la fragilidad de los
ecosistemas que albergan y de la importancia de protegerlos.
Además, se han otorgado concesiones
mineras en el 42 por ciento de los núcleos agrarios que tienen recursos
forestales. Alrededor del 80 por ciento de las especies y los ecosistemas que
integran la biodiversidad de México se encuentra precisamente en los ejidos y
comunidades.
Estas concesiones han sido
otorgadas incluso en ejidos y comunidades reconocidos por el manejo sustentable
que realizan de sus bosques y demás recursos naturales. Todos sus medios de
vida se ven amenazados en cuanto se otorga una concesión minera en sus
territorios.
Y de los 176 pueblos indígenas
que habitan en México, 83 tienen concesiones mineras en sus territorios. https://www.sinembargo.mx/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
