Miércoles, 28 de junio de 2023 – Año XVII – Edición 4247 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP y las organizaciones
sociales se reúnen con funcionarios de Sedapal, para
debatir técnicamente, la propuesta de un proyecto de ley que se encuentra en el
Congreso de la República, sobre la venta del agua en bloque
Comunicado
023
Ponemos en conocimiento de todos los trabajadores de
Sedapal, y de las EPS que el día viernes 23 de junio del presente año se realizó
la segunda reunión de trabajo en la sala de reuniones del directorio de Sedapal
para tratar técnicamente el Proyecto de Ley impulsado por un grupo de
funcionarios del Ministerio de Vivienda y Congresistas de Fuerza Popular y
otras bancadas del Parlamento; contando con la participación de los miembros
del Consejo Directivo de la FENTAP, el asesor CPC Raúl Enríquez Hurtado,
principales dirigentes de las organizaciones sociales, el presidente del directorio,
Ing. Héctor Fernando Piscoya Vera; Gerente General (e), Ing. Jorge Rucoba
Tello; Gerente de Desarrollo (e), Ing. Jaime Luy Foster; Gerente de Proyectos y
Obras (e), Julio Ramírez Ruiz y el Jefe del Equipo de Prolnversión.
En esta importante reunión nuestra representación rechazó
el Proyecto de Ley de venta de agua en bloque, y las plantas desalinizadoras
por considerar que su aprobación e implementación es una nueva modalidad de
privatización que en el caso puntual de la planta desalinizadora tiene un alto
costo de aproximadamente once veces más que tratar la potabilización del agua
dulce de los ríos y que afectaría a corto, mediano y largo plazo a los usuarios
y los intereses de Sedapal como empresa pública.
Cabe destacar que en este importante diálogo hemos
remarcado nuestra denuncia que hemos venido haciendo del retraso de varios años
que viene haciendo Sedapal en el desarrollo y ejecución de los principales
proyectos de fuentes de agua dulce que se encuentran en el Plan Maestro de
Sedapal y hemos solicitado la ejecución inmediata de estos proyectos para poder
cerrar la brecha de agua en Lima y Callao.
Asimismo, hemos señalado la inviabilidad que tendría este
proyecto de venta de agua en bloque y las plantas desalinizadoras a nivel
nacional, porque las regiones no tendrían capacidad económica para afrontar
estos altos costos que significa tratar el agua del mar.
La próxima semana continuaremos en este diálogo de
intercambio técnico sobre la concesión y funcionamiento de la planta desalinizadora
de PROVISUR y analizar el impacto que tiene en el cierre de brecha,
considerando los volúmenes de agua que produce y el costo que le cuesta a Sedapal y a
los usuarios.
Nuestra prioridad como empresas de agua (Sedapal y EPS a
nivel nacional) para cerrar la brecha es y será la ejecución de todos los
proyectos de fuentes de agua dulce.
Consejo Directivo Nacional de la FENTAP
Lima, junio de 2023
Chiclayo: Epsel denuncia robo de más de 8,000 medidores de agua
dejando grandes pérdidas
La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de
Lambayeque (Epsel) denunció el robo de más de 8,000 medidores de agua en la
ciudad de Chiclayo que está dejando una gran pérdida no solo económica sino
también del recurso hídrico y los perjuicios a la población.
El gerente comercial de la empresa, José Alejandría
Valencia expresó que las pérdidas económicas ascienden a casi dos millones de
soles y se está trabajando con la Policía y el Ministerio Público para frenar
el accionar de los autores de los robos.
"Es inexplicable, no se entiende la finalidad y el
atractivo que puedan tener los autores de estos robos de medidores que están
certificados por el Inacal (Instituto Nacional de Calidad) además que la
composición comprende a varios metales". aseveró.
Agregó que se desconoce dónde los venden y en cuanto pero
que era extraño y las autoridades respectivas están haciendo las
investigaciones.
El funcionario explicó que no solo es el robo de los medidores,
sino que a ello hay que agregar la reposición de los equipos que es otro costo
y la pérdida del agua potable que además producen aniegos en las calles.
El distrito Leonardo Ortiz, así como la ciudad de Chiclayo
son los puntos donde más robos se hacen y que las denuncias con entre 15 a 20
por día.
Alejandría Valencia descartó que sean los mismos pobladores
los autores de los robos a fin de evitar el control del consumo "porque
ellos mismos son los que presentan las denuncias".
"Al final son ellos los mismos perjudicados porque al
robarse los medidores el suministro no llega a las casas y el agua se
pierde", dijo finalmente. https://andina.pe/
Gobernadora rechaza que agua radiactiva sea vertida por Japón al
océano Pacífico
Ante el anuncio de Japón para verter, este año, al mar más
de un millón de toneladas de agua contaminada procedente de la destruida
central nuclear de Fukushima, la gobernadora regional de Tacna, Prof. Liliana
Velazco Cornejo, expresó su profundo rechazo ante esta acción del país
asiático. Su posición la hizo saber ante un equipo de prensa de la Televisión
Central de China (CCTV) quienes arribaron a nuestra ciudad.
La gobernadora expresó su preocupación por que de
concretarse el anuncio del gobierno japonés el perjuicio que le causaría al
ecosistema marino de nuestro litoral y el pacífico sur sería desastroso, por
consiguiente, afectaría a miles de pescadores artesanales en toda la costa.
Según las autoridades de Japón, a partir de este 2023, se
empezará a verter las aguas al océano Pacífico porque han sido tratadas y
presentan niveles de radioactividad previstas dentro de su legislación
nacional. Además, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirma
que esta medida es segura pero los países vecinos y la costa del pacifico como
Chile, Ecuador y Perú han expresado su preocupación y oposición.
DATO
El 11 de marzo de 2011, un terremoto y tsunami azotó Japón
y provocó la explosión de los reactores 1, 3 y el edificio del reactor 4 de la
central nuclear de Fukushima generándose un desastre nuclear que dura hasta la
fecha. https://www.gob.pe/
Perú: las heridas que han dejado
medio siglo de derrames en territorio achuar en la Amazonía
Los comuneros achuares de José
Olaya se cansaron de ver cómo el petróleo avanzaba por las quebradas mientras
esperaban la llegada de las autoridades. Por eso decidieron limpiar ellos
mismos los derrames de crudo en su territorio, les dicen a los periodistas que
han llegado a la comunidad tras navegar a través del río Corrientes, en la
región Loreto, en la Amazonía norte de Perú. Una de las primeras veces que
limpiaron la zona —recuerdan con claridad—, lo hicieron sin equipo de
protección alguna. Levantaron una ruma con la tierra manchada por petróleo y
luego la metieron en bolsas de polietileno que encontraron abandonadas en los
yacimientos de la empresa Frontera Energy. Pero cuando pensaban que el trabajo
estaba terminado, sufrieron un revés. Una lluvia intensa, típica de los bosques
tropicales, terminó rompiendo las bolsas y dibujando un paisaje apocalíptico,
con charcos negros esparcidos alrededor de los pozos petroleros.
Son tres las zonas que lucen más
dañadas hoy —producto de cinco décadas de actividad petrolera en el área— y
están a solo 20 minutos de la comunidad, cerca de la quebrada Huayuri, en
lugares donde los animales silvestres que los achuares consumen, como el venado
y el añuje, llegan a beber agua.
“Quiero una vida mejor para mis
hijos. Queremos vivir tranquilos sin contaminación como cualquier persona. Queremos
que el Estado cambie esas tuberías, porque siempre se cae el petróleo y eso se
acumula”, dice José Chuje, comunero achuar de José Olaya.
Según Aurelio Pignola, Apu de la
comunidad José Olaya, más de 600 pobladores indígenas que viven a orillas del
río Corrientes, en el distrito amazónico de Trompeteros, no pensaron que la
riqueza petrolera de sus tierras se convertiría en una maldición. Aun cuando ya
no se extrae crudo en la zona y el Lote 192 (ex 1AB) ha vuelto a manos de la
empresa estatal Petroperú, que ha firmado contrato con la empresa Altamesa
Energy Canadá S.A.C., los habitantes de José Olaya señalan que los problemas
continúan y están presentes en seis comunidades más de la cuenca.
El yacimiento empezó a
explotarse en 1971 con la petrolera Occidental Petroleum Corporation – OXY,
luego en 1999 le tomó la posta Pluspetrol Norte que se quedó hasta el 2015 y,
finalmente, Frontera Energy asumió la operación entre el 2016 y el 2021. ¿Qué
problemas se han reportado en todos esos años?
Según la lista brindada por el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), en territorio de la
comunidad de José Olaya hay ocho lugares afectados por las operaciones
petroleras, denominados por el Estado peruano como “sitios impactados” por
hidrocarburos debido a la magnitud del daño causado. ¿Cuánto se tendría que
gastar para remediar cada uno de los puntos?
Según Flor Blanco, gerenta del programa de pasivos ambientales de
Profonanpe, requiere de una inversión aproximada de 10 millones de soles (2.66
millones de dólares), dependiendo del tamaño de la afectación.
De hecho, la base de datos
construida para este especial, a partir de información oficial solicitada al
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), al Ministerio de
Energía y Minas (Minem) y Profonanpe, nos ha permitido establecer que sólo la
región amazónica de Loreto, donde está ubicado el Lote 192, ha acumulado, en
los últimos 50 años, 14 pasivos ambientales y 171 “sitios impactados”. Además,
existen 3170 pasivos ambientales petroleros en el resto del país. Sin embargo, el Estado no ha determinado a
ningún responsable de estos daños hasta la fecha.
En la comunidad achuar de José
Olaya las heridas dejadas por el petróleo aparecen por todos lados. “Todas las
operadoras han abandonado la zona. Frontera Energy fue el último operador del
Lote 192 y finalmente se retiró de la concesión el 2020. Al no haber una
empresa responsable del lote, no hay quien asuma actualmente la remediación de
las zonas afectadas por derrames de petróleo”, explica Aymara León,
especialista del Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte, más conocido como
PUINAMUDT.
¿Cómo se vive cercado por
charcos de petróleo y con temor de contaminarse al pescar o beber agua de los
ríos? ¿Cuál es la respuesta del Estado frente a la falta de remediación?
Sobrevivir en una tierra
manchada de petróleo
“No es bueno para nosotros estar
en una zona petrolera porque la empresa se beneficia, el Estado se beneficia y
a nosotros nos toca la contaminación. Alguna vez que la empresa nos ha apoyado,
no ha sido de buena fe, siempre ha sido por presión de la comunidad, haciendo
paro, reclamando”, dice Aurelio Pignola, Apu de la comunidad José Olaya.
Solo hay dos formas de llegar a
José Olaya: por río y por avioneta. La mayoría de alimentos que se consumen en
la comunidad, situada muy cerca de la frontera de Perú y Ecuador, son traídos
por esas rutas y eso hace que el costo de vida sea muy alto. Una botella de
agua puede costar hasta 5 soles (USD 1.3) y el kilogramo de pollo alrededor de
18 soles (USD 4.7). Antes tenían luz, pero desde que la petrolera se marchó de
la zona, las noches se iluminan con generadores eléctricos que emplean gasolina
o petróleo. La comunidad asegura que Petroperú —empresa estatal a cargo del
lote— decidió cortarles el servicio hace un año, cuando dejó de operar la
empresa, y que reanudó el servicio de energía más tarde, aunque de forma
intermitente.
Sin luz eléctrica y con escasas
provisiones, además de una posta de salud en malas condiciones, donde apenas se
puede encontrar pastillas básicas como paracetamol e ibuprofeno, como notaron
los reporteros de Mongabay Latam que llegaron a la zona, los pobladores
indígenas achuar se sienten a la deriva. Para obtener ingresos ofrecen
servicios de alojamiento o alimentación a los pocos ingenieros o funcionarios
del Estado que llegan de visita al Lote 192. El agua que consumen proviene de
la quebrada Corrientes, ubicada a cinco minutos de la comunidad, y tienen que
pasarla por un filtro purificador que cada cierto tiempo se avería. Su salud
depende del azar.
“Hay niños que vienen con
infecciones a la piel, con dolores de cabeza, dolor de hueso, a pesar de que
son pequeños. Antes no se veían tantas enfermedades como ahora y creo que es
por la contaminación que causa los derrames de petróleo”, cuenta la enfermera
Guilmara Chuje Salas que trabaja en la posta de salud de José Olaya desde hace
varios años.
Aunque a simple vista no se ven
los efectos de la contaminación por los continuos derrames de petróleo, hay un
antes y un después de la llegada de las empresas a la comunidad achuar. José
Chuje cuenta que sus abuelos — hace 50 años— podían cazar en zonas cercanas a
la comunidad y beber el agua del río sin riesgos para la salud. Ahora, en los
lugares donde los achuares recolectaban los frutos o cazaban sus animales, hay
pozos petroleros, manchas de petróleo y desechos tóxicos en barriles.
Yaizha Campanario, especialista
de la ONG Perú Equidad, asegura que lo que ha ocurrido en el Lote 192 es una
transformación de la forma de vida y la economía de los achuares. La población
indígena ha ido perdiendo los conocimientos para hacer chacras, cultivar yuca o
frutos como el aguaje.
El Apu Aurelio Pignola cuenta
que hace un año, cuando se retiró la última operadora del lote administrado por
Frontera Energy, los ingresos económicos descendieron dramáticamente. Los
pobladores indígenas dejaron de ser contratados para las labores de limpieza en
el Lote 192, y las familias perdieron los ingresos que obtenían por alimentar y
hospedar a los ingenieros. Ante la falta de empleo, retomaron este año sus
actividades de caza y pesca. El problema, explica el líder comunal, es que
ahora los animales consumen plantas contaminadas y se mueven en los terrenos
donde están los pozos petroleros.
En las chacras que han vuelto a
abrir, el apu Pignola asegura que hay una alta presencia de metales tóxicos.
Sus sospechas no son infundadas. En un estudio de suelo y agua del Centro
Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (Censopas),
realizado el 2016 y entregado el 2018 a las comunidades de la zona del Río
Corrientes, se encontró plomo y arsénico en el suelo y el agua, además de
advertir la contaminación de peces.
“No solo es José Olaya, son las
demás comunidades que están en la zona como Doce de Octubre o Nuevo Porvenir.
Están contaminadas. Por eso venimos discutiendo con el Estado respecto de la
remediación, venimos exigiendo por años y no hay respuestas”, dice Federico
Díaz Sandi, presidente de Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del
Corrientes (Feconacor).
La contaminación que nunca se
remedia
La comunidad de José Olaya está
llena de casitas de colores, rodeada de árboles frondosos y los achuares han
colocado tiendas con productos como fideos y arroz, que ahora están entre los
alimentos que más consumen. Se vive en una aparente normalidad, y los niños
recorren sus calles rumbo al río Corrientes para bañarse o buscar peces. A toda
esta cotidianidad hay que añadir que a menos de 100 metros está la zona donde
se extraía petróleo hasta hace un año. A lo lejos se ven tanques de
almacenamiento, sistemas de tuberías y camionetas, la reja no permite el
acceso, pero desde fuera se ve toda la maquinaria para extraer crudo.
“Los derrames que se han
producido han ocasionado daño ambiental, afectaron nuestro consumo del agua de
la quebrada. Al contaminarse, se afectaron los peces, también los animales que
iban a tomar el agua. Nos perjudicamos porque nosotros consumimos todo eso”,
asegura Aurelio Pignola, apu de José Olaya.
Natanael Sandi, monitor indígena
de José Olaya, se comprometió a revisar los sitios impactados cada cierto
tiempo porque conoce muy bien el camino que conduce a ellos. La lengua materna
de Sandi es el achuar, pero ha aprendido a comunicarse bien en castellano para
informar al OEFA sobre los continuos derrames de crudo que ocurren en terrenos
de su comunidad. Se mueve rápido entre el bosque, apartando la maleza, avanza a
paso ligero con sus botas de caucho para protegerse del petróleo y los desechos
de las empresas. Solo el chaleco color camel, que tiene impreso en la espalda
“monitor ambiental”, lo diferencia como autoridad. Sandi guía al equipo de
periodistas a lo que parece ser un afluente, la zona donde la comunidad suele
cazar. Allí revuelve el agua con un palo largo y unas gotas negras emergen
junto a un líquido aceitoso. Nos dice que el petróleo permanece oculto entre
las hojas, el agua y los árboles. Quiere mostrar que lo que narra el Apu
Aurelio Pignola se ajusta a la realidad.
Mientras camina por el bosque,
cuenta que él registró el derrame de petróleo ocurrido el 21 de septiembre del
2022 en una zona cercana a la quebrada de Shiviyacu. Ese mismo mes en tres
lugares más se derramó crudo. Él tomó las fotografías y dio aviso a las
autoridades.
El joven monitor explica que el
crudo aflora cada cierto tiempo en el área y que poco a poco ha ido dibujando
una mancha negra que se va extendiendo sobre el suelo. Las tuberías que están
expuestas al sol se ven desgastadas y corroídas, y el olor a petróleo vuelve el
aire pesado incluso antes de llegar al lugar. El sitio impactado de Shiviyaku,
a donde Nataniel Sandi lleva a los periodistas, figura en el Plan de
Rehabilitación S0112 del MINEM como un lugar riesgoso para la salud. El informe
señala que en la muestra de agua tomada en la quebrada Shiviyacu se encontró
plomo y cadmio; mientras que el análisis de suelo también dio como resultado la
existencia de restos de hidrocarburos en la zona y cadmio, un metal considerado
altamente tóxico para la salud humana por la Organización Mundial de la Salud.
Entre el 2004 y 2011, el Plan de Rehabilitación detalla que en la misma zona
ocurrieron hasta siete emergencias ambientales: fugas de diesel y derrames de
crudo, dos de ellas atribuidas a la corrosión de tuberías.
El yacimiento que operó la
petrolera Frontera Energy hasta el 2021, que lleva por nombre “Forestal”, se
encuentra a unos diez minutos de la comunidad siguiendo una trocha en
camioneta. Esta zona tiene pozos expuestos donde el monitor ambiental asegura
que constantemente se desborda el petróleo en pequeñas cantidades, pero que se
acumulan alrededor, lo que preocupa al Apu Pignola porque algunos pobladores
tienen su chacra cerca. En los pequeños charcos de petróleo en el suelo se ven
insectos que han quedado atrapados y en otro sector, oculto entre los árboles,
aparece una mancha de petróleo de alrededor de 20 metros. “El problema es que
nunca se han arreglado los ductos, nunca se reparan y luego tenemos estos
derrames cada cierto tiempo. En [el yacimiento] “Forestal” van dos años
acumulándose el petróleo”, narra el monitor indígena.
La base de operaciones de
“Forestal”, que figura en el Plan de rehabilitación del Minem, está catalogado
como el Sitio S0118 (Sitio Botadero Comunidad Olaya) y es un punto priorizado
para la remediación. En el informe se asegura que en la zona hay metales como
arsénico, bario y plomo —entre otros—, todos altamente tóxicos.
El otro lugar reconocido por el
Estado como un sitio impactado por el petróleo es el de “Huayuri”. Mongabay
Latam llegó a la zona, específicamente hasta una batería abandonada que está en
un área cercana a José Olaya. En el lugar se ve una gran cantidad de bolsas de
tierra con crudo, esas mismas que la lluvia fue lavando con el tiempo y que se
acumulan en charcos como testigos silenciosos del peligro ambiental.
“En ocasiones ha pasado que
hemos tapado el derrame con tierra, hemos acumulado la tierra con lampas, para
que no avance y se ha quedado allí”, comenta Natanael Sandi. En el documento
del MINEM titulado Plan de Rehabilitación S0109 se puede leer que en la visita
de campo al sitio impactado se encontró restos de hidrocarburos, tuberías y
desechos industriales, y se detectó la presencia de selenio y bario en niveles
que superan los estándares internacionales. Solo basta llegar hasta la quebrada
Huayuri, que hoy luce de un color marrón oscuro, para ver cómo el petróleo
flota sobre lo que fue un afluente que alguna vez albergó a cientos de peces.
“Cuando destruyen el bosque y el
agua, también están acabando con nuestras plantas medicinales, con lo que
nosotros nos curamos. Si nosotros no reclamamos no pasa nada”, dice Natanael
Sandi. Fue por las constantes exigencias de las comunidades que el MINEM hizo
una lista de sitios impactados. Existe una comisión, creada en 2015, que tiene
como función gestionar los fondos destinados a la remediación de estos y de
otros pasivos ambientales y que está integrada por federaciones indígenas, los
ministerios de Energía y Minas y del Ambiente, así como Profonanpe. Entre otras
responsabilidades, este grupo de instituciones tiene como misión convocar los
concursos públicos para identificar empresas que hagan el trabajo. El problema
es que hasta el momento no se ha remediado un solo pasivo, como menciona Aymara
León de Puinamudt, quien considera que es por falta de voluntad del propio
Estado.
“Los niños están padeciendo,
hemos visto que en sus cuerpos salen manchas. Sí vemos que nos afecta la
contaminación”, afirma Sandi, el monitor de la comunidad. Asegura que ellos
saben que el impacto ambiental está presente y que se va extendiendo
silenciosamente entre la vegetación y los riachuelos.
En medio de la selva aparece de
pronto un antiguo campamento abandonado llamado Teniente López. Se trata de un lugar
que tiene el tamaño de un estadio y donde se encuentra una zona techada que
alberga cientos de barriles sellados y señalizados con cintas que indican
peligro. Sandi explica que fue grande su sorpresa cuando llegaron varios
pobladores indígenas a esta zona y hallaron materiales tóxicos: tierra con
petróleo, desechos industriales, metales pesados, tierra removida y acumulada,
además de bolsas de plástico con tierra contaminada. Comenta que a veces llegan
técnicos de Perupetro a verificar la zona e ingresan con traje de protección,
pero no hay nadie que resguarde la zona. “Otra vez el gran problema es que no
hacen nada por remediar, como si no les importara”, dice el apu Aurelio
Pignola.
Para remediar un “sitio
impactado” se requiere mucho trabajo. Flor Blanco, gerenta del programa de
pasivos ambientales de Profonanpe, explica que el primer paso es identificarlo,
esa labor la realiza OEFA. Luego
Profonanpe, entidad privado-pública, decide qué sitios impactados se van a
priorizar, se realiza el Plan de Rehabilitación para lo que se contrata a una
consultora, luego se hace la ingeniería de detalle, que implica una revisión en
campo de los lugares dañados por hidrocarburos. En paralelo, OEFA debe
determinar quién es el responsable (empresa o Estado) de esos sitios
impactados. El paso final es la remediación, donde se contratará una empresa
especializada y que cuente con la tecnología para ello.
En la información que Profonanpe
hizo llegar a Mongabay Latam se comprobó que figuran como puntos prioritarios
para remediar casi todos los sitios visitados junto al monitor ambiental:
Shiviyacu, Forestal y Huayuri. Eso indicaría que, según los plazos establecidos
por el Estado, se debería trabajar en la recuperación de la flora y fauna en el
plazo de un año. Pero dichos plazos, como indicó Profonanpe, dependen mucho de
que no ocurra otro derrame de petróleo en esos lugares porque, de lo contrario,
tendrían que reiniciar la investigación de cero, así como la caracterización
del sitio y de sus posibles contaminantes.
Pero, si los puntos han sido
identificados en los informes del 2019, ¿por qué no han sido remediados hasta
hoy? En el informe La sombra de los hidrocarburos en el Perú, elaborado por
OXFAM y PUINAMUDT, se explica que el problema está en que “las leyes y normativas
actuales no permiten atender de manera suficiente la magnitud de los sitios
contaminados y los pasivos ambientales donde la contaminación ha sido
históricamente instalada (zonas de operación de más de 50 años). El Estado
sigue estableciendo presupuestos e instrumentos no acordes con la urgencia ni
las necesidades”.
Mongabay Latam consultó con el
Ministerio de Energía y Minas sobre el proceso de remediación en José Olaya. La
institución aseguró que “MINEM transfirió a PROFONANPE, más de 380 millones de soles
en los últimos cuatro años, incluido el año 2022, con 12 millones. Estos
recursos financieros hasta la fecha aún no han sido utilizados en la ejecución
de las acciones de remediación ambiental, la misma que se encuentra en un
fideicomiso bajo la responsabilidad de Profonanpe. Razón por la cual para el
año 2023, no se tiene presupuestado”, fue la respuesta institucional.
Flor Blanco de Profonanpe
aseguró que, en el 2015, cuando se inició el fondo, fueron 50 millones que el
Estado transfirió como capital semilla. El dinero no se devuelve a las arcas de
no ser gastado, por lo que el 2020 se transfirieron alrededor de 400 millones
(106. 5 millones de dólares). Hasta el 2022 se ha gastado más de 32 millones de
soles (8.52 millones de dólares) y lo que resta se mantiene en la
administración de Profonanpe, aseguró la entidad a Mongabay Latam. En cuanto a
las demoras por la ejecución de los estudios en los sitios impactados y la nula
remediación, comentó que “es la primera vez que el estado peruano se responsabiliza
de hacer planes de rehabilitación y remediación. No hay normas específicas para
este caso, los ministerios han empezado a hacer sus normas, es en sí engorroso
y la voluntad política influye mucho”. Asegura que no siempre hay apoyo de las
entidades que toman decisiones como los ministerios para llevar a cabo la
remediación.
Es una tragedia, opina Vladimir
Pinto de Amazon Watch. Considera que son las empresas petroleras las que han
generado esta situación sin salida: “Se han ido y no asumen responsabilidades
ambientales (para remediar). Oxy no asumió costos, Pluspetrol decidió hacer muy
poco, Frontera que operó pocos años no ha asumido nada. Lo que se está haciendo
es cargar con más daños un área del país que luego tenemos que remediar con
nuestros impuestos”. Cuando las empresas evaden las multas del OEFA y no asumen
la remediación, es el Estado peruano quien tiene que asumir los costos por más
de 600 millones de soles y solo para iniciar los procesos de remediación en
Loreto, agrega Pinto.
Mediante un email, la empresa
Occidental Petroleum Corporation señaló que “el asunto legal se resolvió en
2000, cuando Oxy transfirió su participación en el Bloque 1-AB a la petrolera
argentina Pluspetrol con la aprobación del Gobierno peruano. Como parte de esa
transferencia, Pluspetrol asumió todas las obligaciones en el Bloque 1-AB”. En
el documento también indicaron que no tienen “conocimiento de datos creíbles
que indiquen impactos negativos en la salud de la comunidad como resultado de
las operaciones de Oxy”.
La investigación Manchados por
el petróleo, que abordó las multas y sanciones impuestas contra empresas
petroleras por las autoridades ambientales, reportó que Frontera Energy acumuló
en el Lote 192 cinco multas impuestas por el OEFA que ascienden a USD 516 049.
“Debería ser el MINEM que nos dé
respuestas con respecto a la remediación y la contaminación que estamos
viviendo en nuestros pueblos”, asegura Aurelio Chino Dahua, presidente de la
Federación indígena quechua del Pastaza (FEDIQUEP). También para el Apu de José
Olaya, Aurelio Pignola, 50 años de contaminación han lastimado de forma
irreparable a la comunidad. “A la última empresa, Frontera Energy, le hemos
exigido que cumpla, que limpie derrames, que no contamine más, pero se ha ido
como las anteriores. No ha presentado ni siquiera su Plan de abandono”.
Sobre los últimos 26 derrames
ocurridos en los últimos dos años en José Olaya, Aymara León de PUINAMUDT
señala que al no haber empresa responsable a la que adjudicar la remediación de
los incidentes, estos terminarán siendo sitios impactados que tendrán que ser
atendidos una vez más por el Estado. Cuando se hizo la consulta sobre la
remediación de estos, el MINEM informó que Perupetro debería hacerse cargo;
mientras que OEFA contestó que dicha empresa estatal no tiene responsabilidad
de remediar pasivos. Queda así en incertidumbre qué va suceder con estos nuevos
sitios contaminados por crudo.
Mongabay Latam se comunicó con
Perupetro y desde el área de comunicaciones aseguraron que “de acuerdo con el
Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192,
Petroperú asumió recién este 28 de febrero del 2023”. Consideran que “las
actividades previas y sus consecuencias son responsabilidad de los anteriores
operadores privados”.
Mientras tanto, el apu Aurelio
Pignola, indignado ante una situación que agobia desde hace años a los achuares,
deja en claro qué es lo que están esperando. “Lo que tienen que hacer es
limpiar el petróleo, ya no contaminarnos más, cumplir sus funciones como
empresa, como Estado, eso es lo mínimo exigimos”. https://es.mongabay.com/
