20/5/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 3972: PERÚ - Puno: contralor anunció una auditoría a la obra de agua potable y alcantarillado en Juli. Nelson Shack informó que la Contraloría destinará personal especializado para el acompañamiento. La empresa contratista de esta obra debe levantar más de 890 observaciones

 Viernes, 20 de mayo de 2022 – Año XV – Edición 3972 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

 

Puno: contralor anunció una auditoría a la obra de agua potable y alcantarillado en Juli

Nelson Shack informó que la Contraloría destinará personal especializado para el acompañamiento. La empresa contratista de esta obra debe levantar más de 890 observaciones   

El contralor general, Nelson Shack, anunció la próxima ejecución de una auditoría de cumplimiento a la obra de ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado en la localidad de Juli, a cargo de la Municipalidad Provincial de Chucuito; ya que existen observaciones respecto a la infraestructura por parte del comité de recepción, así como denuncias y reclamos de la población de la jurisdicción.

Shack informó que la Contraloría destinará personal especializado para dar el acompañamiento en el levantamiento de más de 890 observaciones que debe realizar la empresa contratista hasta fines de julio de 2022.

Precisó que esta emblemática obra, que cuenta con las estructuras de captación de agua del Lago Titicaca, se encuentra en proceso de recepción. Así, durante este, la empresa debe corregir las filtraciones de agua por fugas en tuberías en la red de distribución, deficiencias en los acabados de las estructuras hidráulicas, así como en los medidores de agua en las conexiones domiciliarias, entre otros centenares de problemas detectados por el comité de recepción de obra.

El contralor general manifestó que la auditoría de cumplimiento determinará si se cometieron irregularidades y que, en caso llegasen a encontrarse, se identificará a los responsables de las mismas.

La obra se inició en el 2017 y debió culminar en el 2019; sin embargo, debido a ampliaciones y suspensiones de plazo, se dispuso su culminación en diciembre del 2021. En la actualidad tiene un 98.82% de ejecución física. https://larepublica.pe/

 


HIDROREGIONES PERÚ

Arequipa: pobladores de Camaná acuerdan con el GRA y desbloquean la Panamericana Sur

Tras llegar a un acuerdo con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), los pobladores de los anexos La Planchada y Pescadores, ubicados en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná, desbloquearon la Panamericana Sur. Tanto las llantas quemadas como las piedras colocadas como medida de protesta, fueron retiradas de la vía.

Los más de 200 vehículos varados, entre buses interprovinciales, camiones y autos particulares, pudieron seguir su paso luego de estar casi 12 horas en la carretera. Por ahora, el acuerdo con el GRA equivale a 10 días de tregua, en lo que se cumple lo prometido a los pobladores.

El principal objetivo de la protesta fue concretar el inicio de las obras de agua, desagüe y electricidad que beneficiarán a 774 moradores de ambos anexos. Según ellos, hace 8 años les prometieron la implementación de esos servicios, pero no recibieron respuesta alguna.

¿Qué se acordó para desbloquear la Panamericana Sur?

La gobernadora de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez, no asistió al lugar del conflicto. En su lugar, mandó a una comisión encabezada por el coronel Milton Rondón, jefe de Diálogo y Gobernabilidad, y otros técnicos del GRA.

Ya en la mesa de diálogo, se mostró a los representantes de estos poblados el avance del expediente técnico del proyecto que les brindarán los servicios básicos. El acta firmada, detalló que dicho expediente se derivará de la sub gerencia de Formulación de Proyectos del GRA a la gerencia de Supervisión. Allí tendrá que ser evaluado y aprobado para el martes 26 de mayo.

Los vecinos de La Planchada y Pescadores se mantendrán vigilantes en este proceso. Según Luz Idelsa Chávez, representante de los poblados, de no cumplirse los primeros plazos, retomarán las medidas de protesta en la Panamericana Sur. Una vez aprobado el expediente, se enviará a la gerencia de Infraestructura la que tendrá 90 días para hacer la convocatoria de licitación. https://elbuho.pe/

 


Tumbes: Asentamiento Humano Los Claveles está en el olvido

Más de 7,000 personas que viven en este sector padecen porque la Municipalidad Provincial de Tumbes (MPT) aún no ha logrado cristalizar un proyecto de agua y alcantarillado.

Algunos moradores se han visto en la necesidad de construir silos en los exteriores de sus casas, en plena vía pública, debido a que ya no tienen espacio en sus corrales.

La falta de agua y alcantarillado no son los únicos problemas con los que deben lidiar: en la zona hace falta mejorar varias vías de acceso, el recojo de basura y la seguridad ciudadana.

Hasta este lugar llegó la congresista María Cordero Jon Tay, como parte de su semana de representación. Los pobladores esperan que su visita no sea solo por cumplir una agenda parlamentaria, sino que logre algún beneficio para mejorar el ambiente en el que viven.

“Estamos cansados que nuestras autoridades nos mientan”, manifestó el dirigente Willian Bereche.

“Eterno proyecto”

Varias gestiones ediles han transcurrido y hasta el momento no se ha podido ejecutar el proyecto de saneamiento básico en el A.H. Los Claveles.

Una serie de protestas realizan vecinos, año tras año, para sacar adelante esta obra que ha servido como promesa de campaña de políticos que, una vez elegidos como autoridades, se olvidan del pueblo que los eligió.

El dirigente Wilson Zapata comentó que la obra tiene como unidad ejecutora a la MPT, pero aún existen observaciones que no son subsanadas.

“El alcalde Jimy Silva Mena viene anunciando desde hace más de un año que la obra ya va a iniciar, pero la realidad es otra”, comentó por su parte María Sánchez, quien vive junto a sus tres hijos, los mismos que, según refirió, han padecido de enfermedades estomacales ante el colapso de silos improvisados en las calles.

Cuando uno recorre este asentamiento humano es común observar aguas servidas discurriendo por distintos pasajes y la situación se complica en época de lluvia.

Estas condiciones son propicias para la aparición del vector del dengue y otras enfermedades metaxénicas que aquejan a los vecinos.

Los moradores también deben comprar agua. A diario personas a bordo de motofurgones transportan baldes con el líquido vital y lo comercializan.

En Los Claveles también se visualiza una gran cantidad de basura entre sus calles y drenes, los cuales están colmatados con maleza y residuos sólidos en varios de sus tramos.

“El carro recolector casi no pasa por esta zona”, expresó José Saavedra Ancajima, morador de este lugar.

Por otro lado, el dirigente Willian Bereche instó al gobernador encargado de Tumbes, José Alemán Infante, a que contribuya a mejorar las vías de acceso con la maquinaria de la entidad regional.

Este pedido fue respaldado por integrantes de asociaciones de mototaxistas que laboran en la zona, quienes además cuestionaron a la MPT por la falta de apoyo.

A su turno, el dirigente Wilson Zapata dijo que también se debería nivelar los espacios que sirven como canchas deportivas, para que en esos lugares jueguen los niños.

En esta zona de Tumbes se registran actos delictivos y venta de drogas, por ello es considerada como un punto crítico. Muchas veces los malhechores se aprovechan de la falta de un adecuado sistema de energía eléctrica para cometer los actos ilícitos. https://diariocorreo.pe/

 


 

ProInversión promueve en España proyectos de saneamiento por más de US$ 1,300 millones

Continuando con sus actividades de promoción en el exterior, ProInversión participó en la conferencia Global Water Summit 2022, realizada en Madrid (España), para presentar su portafolio de proyectos de agua y saneamiento que requiere inversiones por más de 1,300 millones de dólares, en beneficio de más de 4.8 millones de peruanos en 12 regiones del país.

De los 13 proyectos, ProInversión destacó aquellos proyectos maduros del portafolio como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Puerto Maldonado (59 millones de dólares), con adjudicación prevista para el cuarto trimestre de 2022 y Obras de Cabecera y Conducción de Agua para Lima (480 millones de dólares), cuya convocatoria a concurso de proyectos integrales también se estima para la segunda mitad del año.

Además, se resaltaron las iniciativas privadas PTAR Huancayo (172 millones de dólares) y PTAR Chincha (73 millones de dólares), cuya declaratoria de interés se prevé para el primer semestre del 2023.

Al mismo tiempo, se anunciaron nueve proyectos de saneamiento en proceso de maduración, cuyo monto de inversión aproximado es de 592 millones de dólares, entre los que destacan el proyecto Sistemas de Desalinización y Alcantarillado de Talara y Paita (130 millones de dólares), PTAR Tarapoto (105 millones de dólares) y PTAR Trujillo (122 millones de dólares), entre otros.

De otro lado, la delegación de ProInversión, conformada por su director ejecutivo, Rafael Ugaz, y el director de proyectos, Ernesto Zaldívar, sostuvieron reuniones bilaterales con empresas de reconocida trayectoria que mantienen interés por participar en los procesos que son parte del portafolio de ProInversión y cuya ejecución asegura un alto impacto social en nuestro país, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. https://andina.pe/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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19/5/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 3971: PERÚ - Tres regiones se unen por el tema hídrico, dan primer paso para crear el consejo de recursos hídricos de cuencas

 Jueves, 19 de mayo de 2022 – Año XV – Edición 3971 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe


3 regiones se unen por el tema hídrico, dan primer paso para crear el consejo de recursos hídricos de cuencas

En un trascendental acontecimiento en la Ciudad Imperial, que tiene por objetivo hallar soluciones a la problemática hídrica, se reunieron los gobernadores regionales de Cusco y Madre de Dios, y el gerente regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental de Puno, este último en representación del gobernador regional Germán Alejo.

En este espacio de diálogo, convocado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), cada región ratificó su interés y compromiso de impulsar esta iniciativa, todo lo cual se plasmó en un acta de proceso de inicio de creación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Madre de Dios.

INTERÉS DE PUNO

En la citada reunión, el gerente puneño Adolfo Arratia Chambi sustentó que es de necesidad pública la creación y conformación de este consejo, en vista del deterioro acelerado del recurso hídrico y los ecosistemas, en zonas altas de las cuencas Tambopata e Inambari.

Explicó que, producto de 60 talleres de sensibilización realizados en estas cuencas hidrográficas, mediante el Proyecto GIRH Puno, se evidenciaron graves problemas.

Por ejemplo, la contaminación del agua, principalmente ríos; pérdida de biodiversidad y deforestación, a consecuencia de la minería ilegal; inadecuado tratamiento de aguas residuales, mal manejo de los residuos sólidos y quema de pastizales y bosques.

Cabe citar que los territorios amazónicos de la región Puno abarcan aproximadamente un 30%, con las cuencas Tambopata e Inambari, principalmente.

Dato

La próxima reunión para seguir encaminado este espacio de concertación se efectuará el 20 de julio, esta vez en la región Madre de Dios. https://www.losandes.com.pe/ 

 


HIDROREGIONES PERÚ

Sullana: moradores del sector B2 del A.H. José Carlos Mariátegui viven entre basurales

Cansados de vivir en condiciones que afectan la salud de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores; ayer en horas de la mañana los moradores del sector B2 del asentamiento humano José Carlos Mariátegui levantaron su voz de protesta para ser escuchados por el alcalde Power Saldaña Sánchez que alguna vez llegó para pedirles el voto prometiéndoles un cambio que a casi cuatro años de gestión nunca se dio.

Diario El Regional de Piura constató las condiciones deplorables en las que viven decenas personas en pleno siglo XXI, entre un botadero informal, proliferación de moscas, olores a basura, animales en descomposición y un dren con aguas estancadas y totora que preocupa por el alto contagio de dengue en los niños de este sector.

Sugey Mogollón Alvarado madre de familia y moradora nos indica que la basura es arrojada en triciclos, motos furgones y hasta en vehículos de la Municipalidad Provincial de Sullana, así mismo el dren está inundado de agua y copado de totora “a Mariátegui nos tienen olvidados las autoridades no vienen a recoger la basura, ni a limpiar el dren; hay personas enfermas, niños y mujeres embarazadas. Mientras más nos adentrábamos el espectáculo triste de aves de rapiña disputándose un animal muerto, basura quemándose, moscas y motos furgonetas arrojando basura".

Los moradores detallan que en reiteradas oportunidades se le ha comunicado a la municipalidad sin embargo hasta el momento nadie parece escuchar su pedido. “uno pasa a recoger a sus niños al colegio y ya están quemando basura a partir de las seis de la tarde” sostiene entre lágrimas una de las moradoras, por la impotencia de sentirse desprotegidos.

Los olvidados de Mariátegui le hacen la invitación alcalde y regidores a almorzar en estas condiciones tan inhumanas entre las moscas, olores nauseabundos y humedad. Una gestante de siete meses y madre de dos menores quienes tienen dengue, pidió que la municipalidad se pronuncie y el ministerio de salud acudan al asentamiento humano “ya son muchos los niños con dengue. Estas aguas vienen de Cieneguillo y se estancan aquí, sean humanos no nos olviden” la Sub Región de Salud ha llegado para censar porque son muchos niños y adultos mayores con dengue, dolores estomacales, manchas en la piel, la contaminación está por todos lados y nadie está a salvo, pero hasta el momento no se toman medidas para erradicar los zancudos y limpiar el dren.

Para Juan Morán, secretario general de José Carlos Mariátegui “las autoridades creen que nosotros no existimos, a pesar de que hay funcionarios que conocen nuestra realidad” se han presentado requerimientos para limpieza del dren tanto en la municipalidad provincial y la subregión de obras, pero no hay respuesta las autoridades no quieren asumir sin importante de la gravedad del asunto.

La totora no permite que el agua que viene de los canales de Cieneguillo transcurra hacia el dren Santa Cruz, haciendo que llegue hasta el asentamiento humano en lo que corresponde al dren San Hilarión.

Los moradores tienen que cruzar el dren para ir a las tiendas, y las madres cargar a sus menores hijos para que no mojen sus uniformes y llegar al colegio El Nazareno. Algunos se caen en el intento por llegar hacia el otro lado. Ante esta problemática se pide la construcción de un puente porque este problema persiste durante todo el año. https://www.elregionalpiura.com.pe/

 


Vecinos de Chontamuyo nuevamente inundados por falta de cunetas

Así encontramos a esta vecina del sector Chontamuyo tratando de evitar que el agua producto de la lluvia ingrese a su vivienda. Las 40 familias que radican en la zona esperan desde hace 8 años la atención de las autoridades ante la falta de drenaje, algo que aún no han logrado.

Hace falta tuberías para iniciar un trabajo en conjunto, además de maquinaria pesada, sin embargo, no cuentan con medios económicos, ni apoyo de la municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo.

Por su parte el propietario de un negocio que funciona en el pasaje La Murallita de ese mismo sector, mostró cómo se afecta cada vez que llueve a pesar que haber construido un muro de contención. https://viatelevision.pe/

 


 

Municipalidad de Piura denuncia que EPS Grau ha dejado sin agua a más de 20 asentamientos humanos

El alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, denunció que la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Grau ha dejado sin agua a más de 20 asentamientos humanos de la provincia.

Según dijo, desde el 2020 se reparte agua potable en cisternas a más de 20 AAHH de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Tambogrande, a través de un convenio con la EPS Grau.

Sin embargo, hoy sin previo aviso, el Gerente General de la Empresa Prestadora de Servicios Grau dio la orden de no abastecer más las cisternas de la Municipalidad de Piura “porque los beneficiarios no son sus clientes”.

“Han dejado miles de familias sin agua potable, entre ellos a 265 niños beneficiarios del vaso de leche. He sido más que paciente con ese Gerente ante los destrozos de la EPS Grau a nuestras pistas, pero esto ya es imperdonable”, comentó el alcalde de Piura.

En tal sentido, Díaz Dios llamó a los congresistas para su inmediata intervención. “Mañana vamos a denunciar a ese gerente, pero aquí lo importante es que se restablezca la ayuda para nuestros hermanos. Acabo de conversar con el Ministro de Vivienda. He pedido rápida acción”, refirió. https://diariocorreo.pe/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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18/5/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 3970: PERÚ - Piura. Talareños siguen padeciendo por los cortes de agua

 Miércoles, 18 de mayo de 2022 – Año XV – Edición 3970 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

Talareños siguen padeciendo por los cortes de agua

Al menos 30 mil pobladores de diferentes sectores de la ciudad de Talara, siguen padeciendo por la falta de agua potable en sus hogares. A ellos se suman habitantes de los distritos que se ven perjudicados en su salud y economía, pues tienen que pagar para poder llevar el líquido elementos a sus hogares.

Pese a que la jefatura zonal de la EPS Grau en Talara informó que no hay problemas y que están distribuyendo el agua por sectores, los moradores de la urbanización Enace I señalan que desde hace cuatro días no cuentan con el líquido vital.

Según la versión de vecinos de los diferentes sectores, desde el 12 de mayo se interrumpió el servicio de agua potable en toda la ciudad.

Según el informe de la EPS Grau, esto se debería a trabajos de emergencia en la red matriz de 24 pulgadas, los mismos que fueron culminados el 14 de mayo en la noche. Tras esto, empezaron a restablecer el servicio.

Ayer, pobladores de la urbanización Enace I, así como de la parte alta del cono norte y asentamientos del cono sur, mostraron su malestar porque el agua no llegaba a sus hogares:

“Llevamos cuatro días sin una gota de agua, tenemos que salir a buscar o pagar hasta cinco soles por un bidón”.

El morador José Atoche pidió que se envíe un memorial a la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Congreso y Ministerio de Vivienda “para que nuestras voces sean escuchadas”.

Datos:

Consultado el jefe zonal de la Eps Grau en Talara, Ing. Jorge Gómez, aseguró que al momento no hay ningún problema con las redes de agua, agregando que la distribución se está realizando poco a poco por sectores.

Sin embargo, el servicio no llega a varias zonas.   https://eltiempo.pe/

 


HIDROREGIONES PERÚ

Empresas Chinas y españolas deben abstenerse para ejecutar proyecto de agua y desagüe por malos antecedentes

El exdirectivo del comité de gestión del proyecto integral de agua y desagüe, Crisóstomo Benique Apaza, señaló que en agosto se debe conocer quién es la empresa que ejecutará el megaproyecto de saneamiento, sin embargo, espera que las empresas españolas y chinas puedan abstenerse debido a las malas experiencias con el drenaje pluvial en Juliaca y el hospital en Puno.

El dirigente manifestó que existe una amarga experiencia con relación a la ejecución del drenaje pluvial de Juliaca ejecutado por una empresa española, una obra millonaria que actualmente se encuentra en proceso de arbitraje, judicializado y con reformulación del expediente técnico y los mismo estaría ocurriendo con el hospital en Puno, donde ganó la licitación una empresa China.

“Ya se realizó la licitación en el mes de abril, hubo un mes de retraso, solo esperamos que sea público y transparente, que las autoridades garanticen la ejecución de este megaproyecto que tiene más mil 323 millones de soles, en su primera etapa y que beneficiará alrededor de 413 mil habitantes”, sostuvo Crisóstomo Benique.

Finalmente, informó que los terrenos donde se construirán los reservorios, las cámaras de bombeo, planta de tratamiento cuentan con saneamiento físico legal, sin embargo, mostró su preocupación con las urbanizaciones que no están reconocidas con resolución municipal y no cuentan con habilitaciones urbanas, las mismas que podrían retrasar la ejecución de este proyecto. https://www.pachamamaradio.org/

 


Sullana: discurrimiento de agua por Canal Vía sigue afectando tránsito vehicular y peatonal

El canal Vía de la ciudad no tiene solución en el corto plazo y sigue causando problemas al tránsito vehicular y sobre todo al peatonal, los cuales tienen que sortear diversas formas para evadir el discurrimiento de aguas de regadío y otras consecuencias de los trabajos que se realizan para la construcción del sistema de evacuación de las aguas residuales de Sullana y Bellavista.

Aunque los problemas ya han sido narrados por periodistas del Diario El Regional, nuevamente se presentó un discurrimiento de aguas por esta obra que fue abandonada. Actualmente, por los trabajos que se realiza el consorcio Sullabella, la mayor parte del sistema vial se ha visto afectado y el canal es un lugar de pase.

Recordemos que este canal pretendió ser rehabilitado, pero en un clásico proceso público que se inició con el exalcalde Carlos Guillermo Távara Polo, culminó abandonado tras rescindirse el contrato y haberse girado gran parte del presupuesto que se asignó para su rehabilitación.

Dialogamos con un vecino en cuya vereda le han puesto una manguera para transportar las aguas servidas de un lugar a otro y fue enfático en decir “Hemos tenido mala suerte con los últimos alcaldes, se dedicaron a la corrupción y prueba de ello, son estas obras abandonadas y mal hechas” asimismo agregó que “Tampoco existen autoridades de control que remedien los daños causados”. https://www.elregionalpiura.com.pe/

 


Lambayeque: detienen a cuatro exfuncionarios de municipio de Pítipo por peculado doloso

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque y la Policía Nacional ejecutaron hoy un operativo que permitió la intervención de cuatro ex funcionarios y un proveedor de la municipalidad distrital de Pítipo, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque, involucrados en el delito de peculado doloso, por presuntamente haberse apropiado de más de un millón de soles de dicha comuna.

Se trata de Leonel Evelio Monterroso Salazar, ex gerente municipal; Manuel Moisés García Julca, ex jefe de Planeamiento; Reynaldo Jeyner Agip Centurión, ex jefe de Abastecimiento; Víctor Leonel Pérez Vargas, integrante de Tesorería; y Edward Michael Paredes Nontol, proveedor.

La medida se ejecutó ante una orden de detención preliminar solicitada por la fiscal Ana Zegarra Azula, la que comprendió el allanamiento, descerraje e incautación en inmuebles en las localidades de Pítipo, Batangrande, José Leonardo Ortiz, Cajamarca, Talara (Piura) y Lima, con participación de fiscales anticorrupción y personal policial del Grupo Especial - Divincri.

De los actos de investigación fiscal se tiene que Leonel Monterroso Salazar, como gerente, se habría apropiado de la suma de 528,950.43 soles, de los fondos de la cuenta corriente del Banco de la Nación - Recursos Directamente Recaudados a nombre de dicha entidad, a través de la suscripción de 46 cheques, cobrados en el período del 26 de abril al 14 de agosto del 2017.

En ninguno de los casos Monterroso Salazar presentó documentación sustentatoria respecto de la justificación de la entrega del dinero, ni mucho menos respecto del uso que se le habría dado, ni estén registrados en el SIAF, de los cuales: 34 cheques fueron a favor de José Charlie Castillo Murga por 370,158.43 soles, nueve cheques a favor de Reynaldo Jeyner Agip Centurión, por el monto de 137,292.00, y tres cheques a favor de Víctor Leonel Pérez Vargas, por 21,500 soles.

Para la sustracción de los caudales públicos, necesitó que la citada cuenta corriente tenga los suficientes fondos, los que se incrementaron gracias a la participación necesaria de Edward Michael Paredes Nontol, representante legal del Consorcio del Norte, quien emitió un cheque de gerencia del Banco GNB Perú S.A., por 2 millones 815,791.45 soles por concepto de devolución de pago en exceso de la valorización N°10 por la ejecución de la obra “Instalación del Sistema de Agua y Alcantarillado de las Localidades de Pativilca, Santa Clara, Sime y los Aguilares y Sistema de Agua Potable en San Luis, Jabonero y otros en Pítipo, Ferreñafe”.

El cheque fue recibido por Monterroso Salazar, quien le entregó el 17 de abril del 2017 a su coinvestigado José Charlie Castillo Murga, quien lo depositó en la citada cuenta de Recursos Directamente Recaudados de la Entidad, el 19 de abril del 2017, para que luego Monterroso Salazar disponga del dinero girando dichos cheques, sin sustento ni control gubernamental alguno.

Que José Charlie Castillo Murga, en su calidad de Jefe de la Unidad de Tesorería, se habría apropiado para sí, de la suma de 900,658.85 soles, de los fondos de la cuenta corriente del Banco de la Nación, a través del cobro de 73 cheques, que él mismo se giró, autorizó con su firma y fueron cobrados por él, sin que respecto de estas entregas de dinero obre documentación sustentatoria que justifique la entrega del dinero y la utilización que se le dio, ni estén registrados en el SIAF.

También se le atribuye haberse apropiado para otros de 381,986.49 soles, de los fondos de la misma cuenta corriente Banco de la Nación a nombre de dicha entidad, a través de la suscripción de 34 cheques que autorizó con su firma, cobrados en el periodo del 26 de abril al 11 de agosto del 2017, sin que obre documentación sustentatoria que justifique su entrega, ni el uso que se dio, ni estén. registrados en el SIAF, ni existan indicios de su devolución.

Manuel Moisés García Julca, como jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Pítipo, en el periodo del 25 de abril al 14 de agosto del 2017, se habría apropiado para otros de la suma de 819,398.91 soles, de los fondos de la cuenta corriente del Banco de la Nación - Recursos Directamente Recaudados a nombre de dicha Entidad, firmando 69 cheques para él mismo, los cuales autorizó con su firma para su cobro, dinero que fueron desembolsado sin que obre documentación sustentatoria ni estén registrados en el SIAF.

A Reynaldo Agip Centurión, se le atribuye, que como jefe de Abastecimientos, habría participado en la apropiación de 361,898.99 soles, mediante el cobro de 31 cheques girados a su nombre, resultando favorecido con la apropiación realizada por Manuel Moisés García Julca quien le giró 24 cheques, José Charlie Castillo Murga, quien le giró 29 cheques y Leonel Evelio Monterroso Salazar quien le giró 09 cheques, dinero proveniente de los fondos de la cuenta corriente del Banco de la Nación  a nombre de dicha entidad.

Dichas entregas de dinero se dieron sin que se encuentre registrado en el SIAF, ni obre documentación sustentatoria del motivo que generó el gasto, ni el uso que se le dio, tampoco existe indicios de su devolución.

Víctor Pérez Vargas, en su calidad de asistente de Tesorería, sería cómplice del delito de peculado y se habría beneficiado con la apropiación que realizaron Leonel Evelio Monterroso Salazar, quien autorizó con su firma 3 cheques, José Charlie Castillo Murga quien autorizó con su firma 5 cheques, y Manuel Moisés García Julca quien autorizó con su firma 6 cheques le fueron girados, entregados y cobrados de la cuenta corriente del Banco de la Nación de Recursos Directamente Recaudados a nombre de dicha Entidad, hasta por el monto de 52,939.50 soles.

Dichas entregas de dinero se dieron sin que se encuentre registrado en el SIAF, ni obre documentación sustentatoria del motivo que generó el gasto, ni el uso que se le dio, tampoco existe indicios de su devolución.

En el caso de Edward Michael Paredes Nontol, como contratista representante legal del Consorcio del Norte), durante el periodo diciembre del 2016 hasta abril de 2017, habría participado necesariamente para la concreción del delito investigado, facilitando el incremento de los fondos de la cuenta corriente del Banco de la Nación a través de la devolución del pago en exceso por concepto de pago de la valorización 10 de la obra que ejecutó, dinero que después fue objeto de las apropiaciones realizadas por Manuel Moisés García Julca, José Charlie Castillo Murga y Leonel Evelio Monterroso Salazar. https://andina.pe/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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17/5/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 3969: PERÚ - Justicia para secretario general del Sindicato de trabajadores de Emapa Huacho – Agua de Lima Norte. Sala laboral ordena reponerlo en su puesto de labores

 Martes, 17 de mayo de 2022 – Año XV – Edición 3969 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe


Justicia para secretario general del Sindicato de trabajadores de Emapa Huacho – Agua de Lima Norte

Sala laboral ordena reponerlo en su puesto de labores

La Corte Superior de Justicia de Huaura - sala laboral, ha decretado, con fecha de 12 de mayo del 2022, DEJAR SIN EFECTO EL DESPIDO FRAUDULENTO INFRINGIDO AL DEMANDANTE Alfredo Castro La Rosa, actual secretario general del Sindicato de trabajadores de Emapa Huacho – Agua de Lima Norte.

En consecuencia, ordena que la demandada EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A., cumpla con reponer al demandante a su puesto de labores antes del despido u otro de similar nivel.

Asimismo, ordena que, la demandada cumpla con pagar al demandante la suma de S/ 17, 581.93 soles, (14, 581.93 por concepto de lucro cesante, y daño moral 3,000.00 mil soles), más los intereses legales.

Esta victoria es en conmemoración de todos los trabajadores y los representantes sindicales que siempre luchan por defender sus derechos y los nuestros.

No a los abusos cometidos por la patronal

Hoy y siempre defendemos causas justas

Por ello "SUTAPH siempre de pie... Nunca de rodillas"

¡¡estos son, aquí están, los que, siempre lucharan!!

 





HIDROREGIONES PERÚ

La Libertad: Ejecutan diagnóstico situacional de presa Palo Redondo

Un grupo de especialistas internacionales llegaron a la presa Palo Redondo acompañados por el gerente del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), para continuar con el estudio del diagnóstico de la situación actual de las obras ejecutadas, análisis y propuesta técnica para la seguridad.

“Este trabajo está en proceso de culminación. El estudio es considerado como un anexo de la adenda que será suscrita entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y la concesionaria, la cual permitirá reiniciar las obras en la presa y la culminación de la III Etapa Chavimochic”, informó Edilberto Ñique Alarcón, gerente del PECH.

La comitiva de expertos estuvo conformada por el René Gómez (España), Juan Carlos Sevilla (jefe del Área de Modernización de la Autoridad Nacional del Agua), Martín Gamarra (área de Estudios del ANA) y el geólogo Claudio Manrique. Por parte del Proyecto Especial Chavimochic, del Gobierno Regional La Libertad y como supervisor Edilberto Ñique Alarcón.

“Hemos venido hasta la presa Palo Redondo con los expertos internacionales para tomar nota de sus pareceres y recomendaciones, y así nos garanticen la estabilidad de la presa como estructura”, añadió el gerente del PECH.

Como se recuerda, el Proyecto Especial Chavimochic viene impulsando el destrabe de las obras de la III etapa, el pronto reinicio de las mismas con la culminación de la presa Palo Redondo. Esto permitirá la creación inmediata de 150 mil puestos de trabajo, habilitación al sistema de riego de 30 mil nuevas hectáreas, US$ 1,300 millones anuales de divisas adicionales; US$ 450 millones en inversiones privadas adicionales, S/. 100 millones de ingresos familiares, así como el abastecimiento de agua potable para el 100% de la población de Trujillo y distritos. https://diariocorreo.pe/

 


Toman municipalidad de Paucarcolla y exigen a alcalde informes sobre proyecto de agua

Un grupo de pobladores del distrito de Paucarcolla (Puno), tomaron el local de dicha comuna distrital en señal de protesta, pues alegan haber sido desairados por la autoridad edil, Jhon Iberos Apaza, a quien habrían citado en reiteradas oportunidades para que informe sobre el estado situacional del proyecto de agua potable que se ejecuta en dicha jurisdicción.

“Hemos invitado al alcalde bajo oficio para que informe sobre el estado del proyecto, pero fuimos desairados, por eso la población decidió tomar el local de la municipalidad, nos sentimos maltratados por la autoridad”, señaló uno de los pobladores, Óscar Villalta Flores.

Indicó que, la población de Paucarcolla ya no tiene agua potable, es por ello que exigen celeridad en la ejecución del proyecto de agua; sin embargo, la autoridad edil no informaría sobre el estado del mismo.

A través de Pachamama radio, precisó que son más de 300 los pobladores que este lunes tomaron el local de la municipalidad y advirtió acciones radicales de lucha si sus demandas no son atendidas. https://www.pachamamaradio.org/

 


HIDROMUNDO

Analizan acciones contra contaminación del río Güérachi

Con la finalidad de analizar las acciones a la problemática de contaminación que se presentó en el río Güérachi, también conocido como Río Verde, la diputada Isela Martínez Díaz encabezó una reunión con autoridades de los tres niveles de gobierno para proteger la salud de los habitantes de la región.

Especialistas de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), informaron sobre los estudios efectuados en varios puntos del afluente del río Güérachi en los municipios de Morelos, Urique, Guachochi y Batopilas.

Los expertos de estas instituciones coincidieron en que la sequía y el cambio de las condiciones climáticas de la región, favorecieron el crecimiento de microalgas en las aguas de este río, lo que provocó la coloración verde que causó alarma en los habitantes. Aunque este fenómeno no representa un riesgo para la población, aseguraron que es importante darle seguimiento. Además, resaltaron que no se detectó contaminación tóxica proveniente de actividades industriales.

Por su parte, los presidentes municipales de Guachochi y Batopilas, José Miguel Yáñez Ronquillo y Eduardo Aarón Ruelas Fernández, respectivamente, mostraron su preocupación por procurar que el agua del río Güerachi se encuentre en condiciones aptas para el consumo, por lo que reiteraron su disposición para trabajar con las autoridades correspondientes y salvaguardar la salud de la población.

Isela Martínez agradeció la disposición de todas las autoridades para asistir a estas mesas de trabajo, así como la presencia del diputado del distrito XXII, Noel Chávez Velázquez, para trabajar juntos y evitar que existan repercusiones en la salud de las y los chihuahuenses de estos municipios.

Participaron también en esta reunión representantes de los municipios de Urique y Morelos, la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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16/5/22

HIDROBOLETÍN FENTAP 3968: PERÚ - Más de 140 derrames de petróleo se registraron en la costa peruana desde 2011. Hoy, se cumplen cuatro meses del derrame de más de 11 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, en un terminal de la Refinería La Pampilla, subsidiaria de la corporación española Repsol

 Lunes, 16 de mayo de 2022 – Año XV – Edición 3968 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe

Más de 140 derrames de petróleo se registraron en la costa peruana desde 2011

Hoy, se cumplen cuatro meses del derrame de más de 11 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, en un terminal de la Refinería La Pampilla, subsidiaria de la corporación española Repsol. A pesar de su gran magnitud e impacto en el ecosistema, este es solo uno de los numerosos incidentes de este tipo que se registran frecuentemente en la costa peruana. Entre enero de 2011 y enero de 2022 ocurrieron 144 incidentes. Piura es la región más afectada, donde se concentran 138 de ellos. Savia Perú, la estatal china CNPC y Olympic Perú son las compañías responsables del 61,8% de los vertimientos, tal como lo evidencia la información compilada por Convoca Deep Data, nuestra plataforma de análisis de datos sobre las industrias extractivas   

Juan Eche, presidente del Gremio de Pescadores Artesanales de Lobitos, ha sido citado por el Poder Judicial como testigo para dar su testimonio sobre un derrame de petróleo en el mar de Piura. El dirigente está desconcertado porque la audiencia que tiene este 19 de mayo no es para hablar sobre el combustible vertido el último 28 de abril en la superficie marina de este distrito de la provincia de Talara, sino por otro incidente registrado hace nueve años, en dicha zona y atribuido a la misma empresa petrolera: Savia Perú.

Para sancionar rápidamente esta clase de daños que ocasionan las empresas transnacionales en el medio ambiente, la legislación peruana no funciona, lamenta el dirigente pesquero: “Hay que esperar un año, dos años o nueve años, como llevamos ya con este anterior derrame. ¿Qué esperanza podemos tener?”.

El 4 de julio del 2013, Juan Eche también era presidente del Gremio de Pescadores Artesanales de Lobitos cuando hubo un derrame de 48,57 barriles de petróleo crudo en el Lote Z-2B, en el mar del distrito de Lobitos, en Piura, debido a un agujero en la línea submarina. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) le impusieron sanciones administrativas a Savia Perú por el derrame de hidrocarburos, mientras que la Municipalidad Provincial de Talara interpuso una denuncia penal contra la empresa que aún se ventila en el Poder Judicial.

Nueve años después, el 28 de abril último, se reportó un derrame de petróleo en el mar del mismo distrito piurano de Lobitos, tras el hundimiento de la plataforma marina VV del Lote Z-2B, a cargo de Savia Perú y que estaba inoperativa desde el año 2012. La empresa informó que solo se vertieron 1,9 barriles de petróleo, mientras que el Oefa inició una investigación que aún continúa. El Gremio de Pescadores Artesanales de Lobitos pidió una indemnización a la petrolera por los perjuicios ocasionados y aún está negociando esta solicitud.

Estos son solo dos de los 144 derrames de combustible registrados en la costa peruana entre enero de 2011 y enero de 2022, atribuidos a 11 empresas petroleras, de acuerdo con los reportes del Oefa y que este medio digital ha compilado en Convoca Deep Data, nuestra plataforma de análisis de datos sobre las industrias extractivas. La mayoría se reporta en Piura (138), pero también ha habido casos en Tumbes (4) y el Callao (2).

El año donde se consigna la mayor cantidad de estas infracciones ambientales fue el 2019, con 29 reportes, mientras que el 2021, durante la pandemia del Covid-19, fue el segundo, con 27.

Los vertimientos de combustibles registrados por la entidad fiscalizadora se refieren a petróleo, fluido de producción, crudo, petróleo crudo y fluido con hidrocarburos.

Savia Perú, manejada por De Jong Capital LLC desde 2021, es la compañía que más incidentes reporta en dicho período: 37. Como se sabe, esta es la principal operadora de plataformas offshore ("fuera de la costa", en el mar) en el Perú. Le siguen en frecuencia la empresa estatal china CNPC Perú y Olympic Perú, propiedad de la estadounidense Olympic Gas and Oil, con 26 ocurrencias cada una. Solo estas tres sociedades acumulan el 61,8% de todos los casos informados en la costa peruana.

Otras compañías que también tienen registros en OEFA son Petroperú (16 casos), Unna Energía (15), Sapet Development (8), Petrobras Energía Perú (5), Interoil Perú (4), BPZ Exploración & Producción (3) y Repsol (2).

A cuatro meses del derrame de 11.900 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, en el Callao, donde opera la refinería La Pampilla, subsidiaria de la empresa española Repsol, aún persisten los efectos de este desastre ecológico, mientras que en las regiones de la Costa Norte y la Amazonía se sigue vertiendo hidrocarburos en la superficie del mar, ríos y suelos.

El biólogo Edwin Vegas, ex rector de la Universidad Nacional de Piura, explica que los constantes derrames de petróleo en la bahía de Talara, en Piura, han provocado una disminución de la población de peces y mariscos y que los pobladores tienen problemas para entrar al mar pues tienen un continuo enfrentamiento con la empresa Savia Perú.

Solo durante entre enero de 2020 y enero de 2022 el Oefa ha investigado más de 120 derrames a nivel nacional, de los cuales 40 tuvieron lugar en la costa peruana. La mayoría de estos últimos también son atribuidos a la empresa Savia Perú, en Piura.

Según la información sistematizada por Convoca Deep Data, Savia fue responsable de 14 incidentes en dicho periodo. Olympic Perú ha acumulado 11 en la costa norte peruana, desde el 2020. Unna Energía del Grupo Graña y Montero (ahora renombrado Aenza) reporta siete derrames.

Le siguen las compañías de capitales estatales chinos Sapet Development y CNPC, con cuatro y tres derrames respectivamente. Petrolera Monterrico, del Grupo Vera Gutiérrez, también fue responsable de un derrame en dicha zona durante la pandemia.

Impacto

El derrame ocurrido el último 15 de enero, hace exactamente cuatro meses, en Ventanilla por responsabilidad de la española Repsol es el mayor desastre ecológico registrado en el mar peruano. El Oefa le ha impuesto cinco multas coercitivas por un total de 2 millones 300 mil soles, porque ha incumplido 5 de las 16 medidas administrativas dictadas para mitigar el daño ambiental provocado por el derrame de combustible.

El 13 de mayo último el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) presentó la primera demanda civil de responsabilidad objetiva por intereses difusos en el Perú contra la petrolera Repsol, por el derrame que afectó a consumidores, usuarios y terceros. Con esta medida, exige un pago de 4,500 millones de dólares.

“El derrame de petróleo en Ventanilla es una cosa minúscula respecto a los derrames que ocurren en la Amazonía y todo el desmadre que ha hecho Pluspetrol. Hay que ver cómo el Ministerio de Justicia se interesa por incorporar el ecocidio en el Estatuto de Roma porque es otra forma de crimen contra la naturaleza. Esto permitiría penalizar a las transnacionales”, explica a Convoca.pe el biólogo Edwin Vegas.

Tan solo entre el 2000 y el 2019 se registraron 474 derrames de petróleo en los lotes petroleros de la Amazonía y el Oleoducto Norperuano, según el informe “La sombra del petróleo”, elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, lo que implica que, en la selva peruana, ocurre un derrame de hidrocarburos casi cada semana.

De acuerdo con la información sistematizada por Convoca Deep Data, entre enero del 2011 y enero del 2022, el Oefa registró e investigó 389 derrames de combustible en la selva peruana, que afectaron el agua y suelo de las regiones de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Ucayali, Cusco y Lambayeque.

El último derrame de petróleo en la Amazonía se reportó los primeros días de este mes de mayo, en el kilómetro 184 del Tramo I del Oleoducto Norperuano, en el distrito de Barranca, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto. El Oefa inició una investigación por esta fuga de combustible de la tubería a cargo de Petroperú.

El historial de derrames de combustible de los últimos años en la costa y selva del Perú ha evidenciado que las sanciones administrativas y los procesos penales abiertos contra las empresas no son suficientes para frenar estos incidentes que atentan contra el medio ambiente y los derechos de las personas. https://convoca.pe/

 


HIDROREGIONES PERÚ

Empresa contratada por la MPCh genera un gran aniego en la urbanización Santa Victoria

Treinta familias de la calle Pimentel, en la urbanización Santa Victoria de Chiclayo, se encuentran seriamente afectados a raíz del colapso del desagüe.

Con pancartas en mano, un grupo de moradores salió a protestar e indicaron que, hace casi un mes, su salud se encuentra en riesgo, a causa de un aniego.

De acuerdo a lo que se pudo constatar en la zona, las aguas residuales, que ya tienen un color verde, ocupan casi toda el área de la pista.

Durante el plantón los manifestantes exigieron a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) solucionar este tema, ya que es consecuencia de la mala intervención que hizo una empresa contratada por la comuna.

Debido a las obras para la renovación de pistas y veredas en Santa Victoria, la MPCh inició trabajos en diferentes sectores.

En el presente caso, es la empresa Beltis Perú SAC la responsable de dicha tarea; sin embargo, los obreros habrían realizado un mal corte del terreno, generando que el sedimento ingrese a la tubería.

Ello significa que las aguas residuales que provienen de las viviendas no son expulsadas a través de la red principal, y por eso emanan hacia el exterior.

“Hay una mala planificación de obras, pues los funcionarios municipales saben que la red de alcantarillado es antigua y precaria, debieron intervenir primero ahí “, sostuvo Jaime Luis Venegas.

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Pero a pesar de la urgencia de lo sucedido, la contratista tampoco brinda una alternativa, pues en el lugar solo se ha colocado una malla de seguridad y contención.

La presencia de este foco infeccioso podría generar enfermedades respiratorias, intestinales y en la piel. Hay quienes ya presentan problemas y otros malestares en su salud.

“El alcalde debió informar, es una obra de S/ 3 millones de soles y los vecinos estamos preocupados, pues el contratista podría irse y no solo es la contaminación sino la humedad que afectaría a las viviendas”, detalló otro vecino.

Cabe anotar que el mismo problema se observa en las calles Pacasmayo y Eten.

Epsel se pronuncia respecto al problema

Desde la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) indicaron que la obra está a cargo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, y que la maquinaria hidrojet no podrá ingresar porque esto provocaría más daño.

Señalaron que estos problemas son resultado de la falta de coordinación de parte de los municipios. En el sector Cruz del Perdón rompieron tuberías y dejaron sin agua a tres sectores (Pololo, Mariátegui y Elías Aguirre).

La pavimentación en Santa Victoria avanza, sin que la MPCh haya requerido el estado situacional de las redes principales. https://diariocorreo.pe/

 


Conflictividad social: ¿En qué momento estamos?

En estos tiempos de aumento de estallidos sociales en diferentes partes del país, desde varios medios de comunicación se intenta instalar la idea que nunca hemos estado en una situación tan complicada. Como si por primera vez estuviésemos viviendo en el país un clima de paros y protestas, sin que nuestras autoridades muestren capacidad de reacción.

Si bien no es nuestra intención minimizar lo que pasa actualmente en el país y los permanentes desatinos de este gobierno, lo cierto es que ya hemos atravesado por momentos complicados y la sensación que queda es que no hemos tenido la capacidad de sacar lecciones y corregir los problemas que están a la base de la conflictividad social, sobre todo en las zonas de influencia de la minería.

Como se puede ver en el siguiente gráfico -que organiza la información de la Defensoría del Pueblo por quinquenios-, la conflictividad social nos ha acompañado permanentemente en las últimas décadas, con varios momentos de incremento sostenido, que ha afectado a los distintos gobiernos.

Por ejemplo, el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) se inició con menos de 100 conflictos y rápidamente comenzaron a aumentar, hasta llegar a los 286 conflictos, cifra récord desde que la Defensoría del Pueblo comenzó con su registro. Fue el período de conflictos como el de Combayo y otros más en Cajamarca, Río Blanco-Majaz en Piura, el Baguazo en Amazonas, el Aymarazo en Puno, el primer capítulo de Tía María en Arequipa, entre varios otros. También en ese período se comenzó a gestar el caso Conga. La incapacidad del gobierno de García para atender la conflictividad social estuvo acompañada de un discurso y medidas que buscaron afectar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. García terminó su mandato con 234 conflictos y varias bombas de tiempo que pocos meses después comenzaron a estallar.

Si bien el gobierno de Humala se inicia con una tendencia a la baja, en su primer año tuvo que enfrentar varios conflictos importantes: el caso Conga comenzó a escalar en el segundo semestre de 2011 y alcanzó niveles de movilización y paralizaciones en Cajamarca en el último trimestre del año. Como se recuerda, Conga explica en parte la crisis y la caída del primer gabinete de Humala y el inicio de un giro en su gobierno. Posteriormente, otros conflictos, como el de Espinar (mayo de 2012), Tía María, Las Bambas, entre varios otros, caracterizaron ese período que terminó con cifras que superaron los 200 conflictos por mes.

La inestabilidad y la crisis política permanente caracterizaron el período 2016-2021, con renuncias y vacancias, cuatro presidentes, cierre del Congreso, en medio de una disputa abierta entre los principales poderes del Estado y el inicio de la pandemia. En cierta medida, el escenario de crisis política y la pandemia, hizo que no sea tan visible la conflictividad social en el período. Sin embargo, con el inicio de las operaciones comerciales en Las Bambas el 2016, se comenzaron a registrar sucesivos estallidos en diferentes puntos del denominado corredor del sur andino, a lo que se sumaron conflictos en Islay, por el proyecto Tía María, en Espinar, Ancash, en la zona de influencia de Antamina, entre varios otros. En el primer semestre del 2021, durante el gobierno Francisco Sagasti, se comenzó a notar un ligero incremento de conflictos sociales.

Las características del actual momento

El último reporte de la Defensoría del Pueblo da cuenta que en la actualidad existen 208 conflictos sociales en el país, de los cuales la gran mayoría (160) son activos [1], lo que significa que un gran número de casos demandan una atención prioritaria y urgente de parte de las autoridades encargadas.

Al lado de la amplia predominancia de los conflictos activos, la matriz de conflictividad aparece hoy en día más diversa que de costumbre: en los últimos meses, a los habituales conflictos vinculados a la minería, ha habido paro de transportistas, de productores agrarios, controladores aéreos, manifestaciones ciudadanas por el alza del costo de vida y pedidos al gobierno que cumpla con sus promesas en localidades como las de Huancayo, Cusco y hasta Lima.

Sin embargo, los casos vinculados a la minería siguen ocupando un espacio central en el mapa de la conflictividad social del país y el gobierno muestra serias limitaciones. En Cuajone, las comunidades de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala tomaron el reservorio de Viña Blanca que abastece de agua a la operación minera y la vía férrea. Las comunidades reclaman que, en algún momento del desarrollo de la mina, fueron despojados de parte de sus tierras. Luego de varias semanas de tensión y con el riesgo que se produzca un enfrentamiento entre trabajadores y las comunidades, fue declarado el estado de emergencia en la zona y, por el momento, se han retomado conversaciones entre la empresa, las comunidades y representantes del Ejecutivo. 

Por otro lado, en la zona de influencia de Las Bambas el último estallido se ha dado en el epicentro de la operación minera, en el tajo de Ferrobamba y en lo que será el nuevo yacimiento, el de Chalcobamba.  Como se sabe, para que la primera fase de la operación de Las Bambas se pueda concretar, la empresa minera tuvo que adquirir las tierras de la comunidad de Fuerabamba y reubicarla, antes de construir la primera mina a cielo abierto. La comunidad alude que la empresa no ha cumplido con todos los compromisos firmados y han decidido reinstalarse en las tierras.

¿Qué es lo que aparentemente ha ocurrido en este caso? Si bien los acuerdos entre la empresa minera y Fuerabamba tiene una cláusula de confidencialidad y es difícil conocer a ciencia cierta todos los acuerdos, por testimonios que hemos recogido en la zona, aparentemente algunos puntos no habrían sido cumplidos: la comunidad de Fuerabamba entregó 4,774 hectáreas y a cambio ha recibido de la empresa 4,200 hectáreas, distribuidos en varios fundos. Además, aluden que los fundos debían servir para actividades agrícolas y ganaderas, característica que no presenta por ejemplo el predio de Yavi Yavi, adquirido por la empresa en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.

Pero todo indica que otro de los motivos del retorno de Fuerabamba a sus tierras, tiene que ver con el hecho que las comunidades vecinas de Chila y Choaquere -que le vendieron tierras a la empresa minera para el reasentamiento de Fuerabamba, habrían invadido terrenos vecinos a las viviendas de la urbanización conocida como Nueva Fuerabamba, generando un clima de tensión y hostilidad. Es por eso que Fuerabamba le ha pedido a la empresa minera que solucione este tema con las comunidades mencionadas.

Este nuevo capítulo de la larga lista de conflictos que han estallado en el denominado corredor del sur andino, pone en evidencia una situación que es cada vez más compleja y explosiva. Los estallidos pueden ocurrir en Cotabambas (Apurímac) o en las provincias de Chumbivilcas y Espinar e incluso en Paruro (Cusco). Además, las demandas y expectativas también son variadas: pueden ser económicas, sociales o ambientales, entre otras.

Otra característica es que en algunas zonas las comunidades terminan compitiendo entre sí: lo que una comunidad consigue de una negociación con la empresa minera o el Estado, puede terminar siendo el incentivo de nuevas demandas de comunidades vecinas que terminen en nuevos estallidos. Está claro que, entre Apurímac y Cusco, precisamente por lo que viene sucediendo en el corredor vial por donde se transporta el mineral, autoridades y comunidades se miran con cada vez mayor recelo. La búsqueda de una vía alternativa para la salida de los minerales desde Apurímac que ha propuesto el gobernador de esa región, es un claro indicador de las tensiones y recelos que crecen en esa zona.

Reconociendo que las salidas no son sencillas y que estamos frente a conflictos que se han complejizado, una alternativa es hacer un giro radical en su abordaje. Las mesas de diálogo han perdido toda credibilidad y en las actuales circunstancias solo sirven, en el mejor de los casos, para desbloquear los levantamientos e instalar negociaciones que, por lo general, no llegan a ningún lado. Se hace necesario construir un nuevo sistema de gobernanza para estos territorios que buscan ser considerados mucho más que zonas de extracción y tránsito de minerales. https://cooperaccion.org.pe/

 

Abandono y contaminación a cuatro meses del derrame de Repsol

Pedro Álvarez mira todas las mañanas al mar, se persigna y, con pesar, le da la espalda. Hace cuatro meses que no puede pescar como lo ha hecho más de la mitad de su vida porque el derrame de petróleo de Repsol le quitó su fuente de trabajo. Tiene 53 años y toda la experiencia para bucear y pescar sin más equipos que una red y una chalana llamada ‘La Chili’. Hoy, sin embargo, se ‘recursea’ en lo que puede mientras su chalana, rota por la falta de uso, permanece varada en la playa Bahía Blanca de Ventanilla.

Solo en esta playa hay diez familias de pescadores independientes que no han sido incluidos en el padrón único de afectados por el derrame ocurrido el 15 de enero pese a que viven y trabajan en el lugar desde hace años. “Consideraron a los pescadores y comerciantes asociados, a los independientes no nos dio nadie un sol, ni Repsol, ni la municipalidad ni el Gobierno”, dice.

Sin posibilidad de trabajar en el mar, sobreviven recurséandose en albañilería, haciendo taxi colectivo, pidiendo ayuda en mercados o vendiendo lo poco que tienen. Al inicio de la temporada, antes de que se derramaran 11.900 barriles de crudo en la refinería La Pampilla, invirtieron entre todos unos 10 mil soles para renovar mallas, flotadores y otros materiales. En estos meses han ido vendiendo poco a poco sus materiales. “Eso es lo que más te duele, el verano era la temporada más grande para pescar. El lenguado está de 60 a 70 soles y este era un criadero inmenso, acá desova la corvina, los cangrejos, todo se perdió y nos quedamos con residuos de petróleo”, lamenta.

Sin ayuda

El daño producido por el derrame de Repsol alcanzó cinco distritos del departamento de Lima: Santa Rosa, Ventanilla, Ancón, Aucallama y Chancay, los últimos de la provincia de Huaura. A mediados de marzo, se publicó el padrón de damnificados que fue elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) con la información proporcionada por las municipalidades y en coordinación con Repsol. En la lista se incluyó a 5.555 jefes de familia de las zonas afectadas.

Sin embargo, trabajadores independientes de distintos rubros relacionados con la pesca, gastronomía y comercio ambulatorio denuncian que no fueron incluidos. Se estima que son unas 3.000 personas en esta situación.

Martín Rodríguez, abogado representante del colectivo Defendiendo Ancón, sostiene que solo en su distrito son aproximadamente 2.300 personas, entre vendedores ambulantes de golosinas, sombrilleros, heladeros, cocineros y pescadores independientes, que no han recibido el adelanto de indemnizaciones entregado por Repsol. “Tenemos heladeros que vendían en el muelle, en las playas Conchitas o Pocitos, que fueron cerradas por el derrame, y se quedaron sin trabajo, pero no están en el padrón. Han reconocido solo a los vendedores que tenían licencia, pero el 80% de trabajadores del país son informales, no tiene sentido ese criterio”, denuncia a este Diario.

El problema, dice, surgió porque no hubo información adecuada al inicio del empadronamiento. “Al inicio vino Indeci a inscribir sin explicar bien qué era, algunos entendieron que era para que entreguen canastas, pero la gente quería soluciones reales y no se apuntaron. De ahí salió el padrón”, sostiene.

Lo mismo denuncian en Chancay. Carmen Cabanillas, vicepresidenta de la Asociación de pescadores, recurseros y vendedores independientes del puerto de Chancay, asegura que son 220 personas que no fueron empadronadas pese a tener pruebas de que su trabajo dependía del mar: desde vendedoras de gelatinas, fileteadores de pescado hasta pinteros de orilla (de cordel y anzuelo) que no formaban parte de ninguna asociación.

Graciela Paredes Mejía, del pueblo joven Santa Rosa, añade que solo ellos son 45 personas dedicadas a la producción y venta de artesanías en el puerto de Chancay. “Hemos adjuntado declaraciones juradas, tenemos fotos de nuestras máquinas procesadoras, rodadoras, cortadoras, tenemos cómo probar que nosotros hacemos las chaquiras que vendemos, pero nos ignoran”, añade. La historia se repite con la Asociación de tolderos, sombrilleros y comerciantes ambulantes de la playa Chorrillos parte sur, con 51 integrantes, o la Asociación de sombras y sombritas del puerto de Chancay, de 11 miembros. Son todas asociaciones creadas después del derrame, precisamente para tener un respaldo que ayude a los independientes a ser reconocidos. Indican que son al menos 1.000 en total.

El jueves 12 de mayo, estas agrupaciones marcharon hacia la Municipalidad de Chancay para pedir exigir que de una vez se les escuche. Ese día, Jorge Núñez Carrión, jefe de la oficina de Defensa Civil de la comuna, reconoció que en la primera lista de beneficiarios “hubo muchos problemas de personas que no han sido afectadas” y prometió empezar una nueva lista que estaría lista recién para la quincena de junio.

El congresista Edward Málaga sostiene que los problemas de empadronamiento evidencian la desorganización del Estado para identificar y atender a los afectados. Prueba de ello es que nunca se entregó el bono prometido los primeros días del derrame, durante la gestión de la exprimera ministra Mirtha Vásquez. “Mucha gente fue excluida por no estar agremiada. Indeci no explica qué criterios consideraron”, señala.

Ante esta situación, Pedro Díaz, director de la Dirección Desconcentrada de Indeci de Lima y Callao, informó a El Comercio que se encuentran elaborando, junto a las oficinas de defensa civil de las municipalidades de los distritos afectados, una “segunda y última” lista que será concluida en unos 20 días. Se estima que incluiría a más de 3.000 personas. “Esta lista se entregará a Repsol y esta empresa procederá a firmar actas individuales con lo cual, en 7 días, se procederá al pago”, dijo a este Diario.

Restos de crudo

El último viernes, Indecopi presentó una demanda judicial ante los juzgados especializados en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Lima en contra de Repsol por 4.500 millones de dólares por su responsabilidad civil extracontractual y daños ocasionados por el derrame.

Julián Palacín, presidente ejecutivo de Indecopi, precisó que la demanda se realiza en concordancia con las normas del Código Civil. “Esta indica que quien opera un bien riesgoso o el ejercicio de una actividad riesgosa y, causa daño a otro, está en la obligación de indemnizarlo”, añadió.

En un comunicado, la empresa española respondió que la demanda “resulta infundada, improcedente e incongruente” porque a la fecha han desembolsado más de 29 millones de soles en el adelanto de indemnizaciones a los 5.555 afectados del padrón, más el coste de los trabajos de contención, limpieza y remediación del litoral que en total todo sumaría 150 millones de dólares. Además, Repsol volvió a responsabilizar del derrame al “desplazamiento incontrolado del buque Mare Doricum en el momento de la descarga de crudo”.

El 13 de abril, la empresa terminó la limpieza superficial de las playas, pero todavía no se ha definido el daño en el fondo marino ni el impacto en la fauna marina que sobrevivió al derrame. De hecho, pescadores de Ventanilla y Chancay denuncian que siguen apareciendo restos de hidrocarburo en las zonas rocosas de las playas e islas.

Cristian Reyes Gonzaga, pescador artesanal de la playa Bahía Blanca, por ejemplo, mostró a este Diario un juguete varado por el mar el día jueves que en su interior tenía restos contaminados. “Estamos mayo, cuatro meses de la catástrofe, aún encontramos residuos con petróleo”, denunció. A esto se suma que varios de ellos han presentado problemas de salud tras el derrame, desde dolores de cabeza, ardor de ojos, fatiga, diarreas y vómitos.

El congresista Málaga, quien realizó una visita a Ventanilla el martes 10 de mayo, confirma que la zona rocosa sigue visiblemente contaminada. “En los socavones de los acantilados vimos que, si pasas la mano, las rocas están aceitosas. Cuando el agua entra, estas rocas son lavadas y el residuo vuelve al mar”, explicó. Por ello, pide que Repsol asegure que la limpieza y monitoreo de todas las áreas contaminadas por lo menos durante un año, sin considerar, las investigaciones necesarias para determinar el daño en el fondo marino.

Daniel Cáceres Bartra, representante en Latinoamérica de la Sustainable Ocean Alliance (SOA), añade que desde que ocurrió el derrame entidades como Instituto del Mar del Perú (Imarpe) hayan realizado los estudios necesarios para evaluar la presencia de contaminantes en la fauna marina que resultó afectada directa e indirectamente por el crudo. El riesgo adicional, señala a este Diario, es que los stocks de recursos puedan colapsar cuando se reinicien las actividades extractivas.

“No hay un análisis de hidrocarburos totales en los invertebrados, este combustible se acumula en el cuerpo de los organismos que luego son consumidos. Las tallas de los pescados ya no son las de antes, el derrame ocurrió en época de reproducción de aves y todo este impacto se desconoce”, explicó.

En los cuatro meses que han pasado desde el derrame de petróleo, miles de personas fueron obligadas a sobrevivir de espaldas al mar que era fuente de su trabajo y de su vida. Lo peor es que, coinciden los expertos consultados por este Diario, todavía no sabe si es posible o cuánto tiempo tardará recuperar todo el ecosistema dañado la noche del 15 de enero del 2022 con la fuga de casi 2 millones de litros de petróleo de Repsol. https://elcomercio.pe/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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