Miércoles, 31 de enero de 2024 – Año XVII – Edición 4396
Abel Acuña, representante del Colegio
de Ingenieros de Piura: “La obra del drenaje de la Urb. Ignacio Merino es una
aberración”
El
especialista en obras civiles del Colegio de Ingenieros asegura que las
autoridades debieron verificar qué trabajos se iban a hacer, pese a que el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) tenía a cargo esta
obra de emergencia
El especialista en obras civiles del Colegio de Ingenieros
de Piura, Abel Acuña, cuestionó los trabajos que se han ejecutado en el Sistema
Alternativo para la Recolección y Evacuación de Agua de Lluvia (SARE) de la
urbanización Ignacio Merino, en Piura, pues asegura que no están bien hechos y
los calificó de “aberración”. Por su parte, la especialista en Gestión Pública,
Juana Huaco, señaló que esta obra es una burla y que el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento no debe recepcionar dichos trabajos.
Una serie de cuestionamientos se han generado por los
trabajos de emergencia que se ejecutan en la región Piura, principalmente del
SARE Ignacio Merino, cuyas inmensas tuberías se encuentran expuestas y no
garantizan que este sector no se inunde ante un probable Fenómeno El Niño.
El especialista en obras civiles del Colegio de Ingenieros
de Piura, Abel Acuña, dijo que se debió realizar una ficha técnica donde se
detallen los trabajos de topografía, diseño hidráulico, capacidad de las
bombas, sedimentación y descargas, para que sean corroboradas por las
autoridades de Piura. Estos trabajos los calificó de “aberración”.
“La obra es una aberración a la ingeniería. Lamento mucho y
pido disculpas a la ciudadanía por los ingenieros que han participado en esta
obra porque hacen quedar mal a la profesión. Esta obra debió planificarse. Se
debió hacer una ficha técnica que estima algunos costos, pero hay trabajos que
se deben realizar de ingeniería básica, una topografía, un diseño hidráulico,
la capacidad de las bombas, la capacidad del reservorio que va a captar las
aguas, la sedimentación que se va a presentar y la descarga; todos esos datos
tienen que ser corroborados por las autoridades”, explicó el especialista del
Colegio de Ingenieros.
Abel Acuña agregó que los trabajos están a cargo del
Ministerio de Vivienda, pero las autoridades locales, los que manejan los
recursos hídricos de Piura y el gobierno regional debieron intervenir y hacer
los controles de calidad, control de la tubería, control hidráulico, control de
compactación y establecer cuál es el tipo de bomba que se va a instalar, lo
cual no ha pasado.
“Si bien lo ejecuta el Ministerio de Vivienda, ellos no son
los dueños de Piura y el administrador de Piura es el alcalde y bajo su venia
debieron coordinar los trabajos que se iban a realizar y haberlos expuestos,
porque la ciudadanía desconoce qué tipos de trabajos se están haciendo. Esta es
la obra emblemática visible, pero son más de 8 cuencas que se están trabajando,
en las demás no se conoce en qué estado se están trabajando”, indicó el
ingeniero.
Reiteró que desconocen como colegio el sistema de bombeo,
por lo que no saben si será manual, mecánico, con electrobombas, motobombas,
eléctrico, sistema electrónico o arranque mecánico.
Por su parte, la especialista en Gestión Pública, Juana
Huaco, dijo que esta obra está pesimamente mal hecha y el Ministerio de
Vivienda no debería recepcionarla. Señaló que ya no es un tema técnico sino de
gestión en la contratación de las empresas. “Esto es tema de gestión, no es de
norma, fichas técnicas. Qué obra están haciendo, dónde está la Contraloría, la
Defensoría del Pueblo, los funcionarios, no están haciendo nada”, cuestionó
Juana Huaco.
Correo intentó comunicarse con el contratista de la obra,
pero no respondió a las llamadas ni a los mensajes de WhatsApp. https://diariocorreo.pe/
La lucha tenaz de los defensores del agua en el sur del Perú
Cuando Melchora Surco Rimachi era niña, no había miedo en
el aire. Las ovejas de sus padres pastaban, apacibles, en los campos fuera de
su casa e iban a beber en el riachuelo cercano que por entonces discurría libre
y cristalino. Ahora, a sus más de 60 años, Melchora mira el agua de ese
riachuelo como si fuera un animal herido, agonizante. "Es lo que nos ha
dicho OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), que ya no
sirve. Ya no hay vida. Está muerto. Por eso tomamos agua de un manantial, de un
botadero, esta agua de acá ya no la tomamos, hasta los animales ya no
quieren", contó Melchora con tono de resignación.
Melchora vive a 200 metros de la relavera Ccamacmayo, en
Alto Huancané, una de las 16 comunidades ubicadas en la provincia Espinar, en
Cusco, alrededor de otros dos depósitos de relaves mineros: Huinipampa y
Tintaya; y de la mina a tajo abierto, Antapaccay, propiedad de la compañía
anglosuiza Glencore. Los relaves son los desechos de la minería y suelen tener
agentes contaminantes como arsénico, cianuro, cobre, cinc, cromo y plomo. Las
empresas están obligadas a procesarlos para que no afecten los suelos, los ríos
y las lagunas de los alrededores, sin embargo, en estas tierras la
contaminación existe en zonas aledañas y la minería es vista como un mal para
unos y un bien para otros.
“Mis nietos tienen metales pesados y tienen 7 añitos, 8
añitos”, narró Melchora. El ambiente de su cocina, en el que cuatro baldes
blancos almacenan el agua junto a una mesa en la que se sirve café caliente,
pan y queso, está impregnado de su voz, rabia y tristeza.
Esta realidad no solamente la vive Melchora. Lo mismo
ocurre en la provincia de Chumbivilcas, también en Cusco, y en Cotabambas, en
Apurímac. Son por lo menos 13 defensores ambientales que enfrentan ataques,
riesgos y denuncias por proteger lo que estos pueblos necesitan: agua de
calidad para vivir.
Convoca.pe ha identificado que un total de 89 defensores
ambientales fueron asesinados, perseguidos o amenazados, entre 2001 y noviembre
de 2023, por proteger el medio ambiente en sus comunidades.
Para conocer de cerca la realidad de los líderes
ambientales del sur peruano, nuestro equipo viajó a las provincias Espinar y
Chumbivilcas, en Cusco, para escuchar sus historias, conocer de cerca los
riesgos que enfrentan estas comunidades y contrastar sus reclamos con lo que
dicen los documentos, los expedientes de los procesos sancionadores contra las
compañías mineras, las normas, sentencias judiciales y otras evidencias.
“He luchado por la provincia Espinar. Son tantas
comunidades (...). Yo no quisiera que se mueran así con metales pesados mis
compañeros”, reflexionó Melchora Surco, una mujer de 68 años, de menos de un
metro cincuenta de estatura, delgada, con la piel curtida por el frío y el sol,
que denuncia el daño ambiental de la actividad minera en Espinar, como si se
tratara de una lucha de David contra Goliat.
En estas provincias de Cusco y Apurímac, las empresas
mineras Anabi y Antapaccay han sido sancionadas por cerca de medio centenar de
infracciones ambientales en los últimos años, en diversas ocasiones por la
contaminación de fuentes de agua, de acuerdo con las bases de datos de la
plataforma Convoca Deep Data.
Antapaccay, de la multinacional Glencore, inició sus
operaciones en noviembre de 2012, y en estos días prepara el terreno para su
expansión con el proyecto Coroccohuayco. En Espinar, esta minera ha sido
sancionada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) por infringir la norma del
uso del agua en cuatro oportunidades, entre las que figura arrojar aguas
residuales a la quebrada Hunimayo. Recibió tres multas en 2020 que suman 171
mil 570 soles (43 mil dólares) y una amonestación en 2021.
Otra es la compañía minera Anabi, de capitales peruanos,
fundada en 2000 por el ingeniero y conocido empresario minero ya fallecido
Guido del Castillo Echegaray. La empresa tiene un historial de graves
infracciones ambientales en sus operaciones de Cotabambas (Apurímac) y
Chumbivilcas (Cusco).
Anabi fue sancionada por el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) en 2019 con la paralización de sus actividades
en la unidad minera Utunsa, en Cotabambas, debido a que desplazó mineral con
cianuro hacia áreas de suelo abierto, que pusieron en riesgo las aguas
subterráneas en la zona de la que depende la formación de bofedales.
Los ojos de Espinar
La mañana del 14 de diciembre de 2023, Espinar amaneció sin
lluvia en una época en la que llueve a raudales a unos 4 mil metros sobre el
nivel del mar. Temprano, a las 8 de la mañana, cruzaron la calle mujeres con un
chaleco celeste, sombrero y falda. Eran las lideresas de la comunidad. Se
dirigían al local Club 21, a pocos metros de la Plaza Mayor de Espinar, para
presentar los resultados del monitoreo de las aguas de la subcuenca del Río
Cañipía.
La vigilancia ciudadana estuvo a cargo de la Asociación de
Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar (AVMAE), a la que pertenecen
estas mujeres, y tuvo el apoyo de la organización no gubernamental Derechos
Humanos Sin Fronteras (DHSF) del Cusco.
Susana Ccahua, monitora ambiental de la Asociación, explicó
los métodos que emplearon y advirtió: "Nuestros hijos están contaminados.
Si hacemos acá en cada centro educativo un dosaje, a ver cómo nos va (...).
Vamos a tener derecho como comuneros para reclamar".
El miedo, los metales pesados, el agua y la tierra se
mezclan en este reclamo colectivo.
La historia de la minería en Espinar se remonta a los años
80 con la relavera Ccamacmayo, un depósito de desechos, adyacente a la mina de
cobre Tintaya, por entonces de la empresa estatal Ematinsa S.A. En 1994,
durante la administración de Alberto Fujimori, Tintaya fue privatizada y pasó a
manos de Magma Tintaya S.A., subsidiaria de Magma Copper Co.
En 2006, la mina fue adquirida por Xstrata Tintaya S.A.,
que en 2013 pasó a ser parte del grupo Glencore. En 2012, Tintaya cerró tras 27
años de explotación, y la mina Antapaccay comenzó sus operaciones como una
extensión de la mina cerrada, utilizando el antiguo tajo como relavera para el
mineral extraído.
“Sabemos de toda la vida que OEFA nos miente, por eso, una
conciencia ambiental [es necesaria]”, dijo Susana Ccahua, ante un auditorio de
30 personas, revelando la desconfianza que existe en Espinar hacia el Estado.
Un informe de la ANA concluyó en 2015 que “los ríos Cañipia
y Salado de la provincia de Espinar presentan alteraciones principalmente por
aguas residuales domésticas sin tratamiento originadas por los propios
habitantes y de metales naturales”. Esta conclusión indignó a los pobladores
debido a que no se consideraba a la actividad minera, predominante en la zona,
como una potencial fuente de contaminación.
Para equilibrar la balanza de las evidencias, la Asociación
de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar (AVMAE) realiza monitoreos
semestrales en la subcuenca del Río Cañipía desde 2013, centrándose en análisis
físico-químicos, que permiten evaluar la aptitud del agua para consumo humano y
otros usos mediante la medición de temperatura, el grado de acidez o
alcalinidad (PH), el oxígeno disuelto, turbidez y otros aspectos.
La Asociación también realiza un monitoreo biológico, que
implica la búsqueda de macroinvertebrados (insectos) que indican el grado de
contaminación del agua. Los resultados se comparan con los estándares
ambientales del Ministerio del Ambiente. Los vigilantes ciudadanos utilizan un
kit con pipetas y reactivos para realizar pruebas de campo, guiándose por un
cuadernillo con niveles óptimos representados como semáforo: rojo para
incumplimientos, amarillo para proximidad y verde para valores aceptables.
La supervisión ciudadana se realiza en 8 puntos, divididos
en la parte alta, media y baja de la subcuenca del Río Cañipía. El 14 de
diciembre último, se presentaron los resultados de 4 monitoreos realizados en
épocas de lluvia y de estiaje durante 2022 y 2023. De acuerdo con el análisis,
en esos años, tres puntos tuvieron niveles de PH por encima de lo normal, según
los estándares de calidad del agua del Ministerio del Ambiente, por lo tanto,
esa agua no es apta para el consumo humano.
Los monitoreos ciudadanos, realizados entre 2013 y 2021,
realizados entre 2013 y 2021, revelaron que en cuatro puntos y, en diversas
ocasiones, se superaron los niveles recomendados por el Ministerio del
Ambiente, lo cual puede generar “irritación en las mucosas, irritación en
órganos internos y hasta procesos de ulceración”, según estudios científicos.
Cerca de estos puntos se encuentran precisamente las operaciones del proyecto
minero Quechua, la mina Antapaccay, la presa de relaves mineros de Huinipampa y
la zona de desembocadura de las aguas residuales de Espinar.
La Dirección Regional de Salud del Cusco ha reconocido, en
dos resoluciones de 2013 y 2015, que existe contaminación ambiental
"comprobada (con evidencia)", que está vinculada a las operaciones de
la Compañía Minera Quechua y Minera Xstrata Tintaya, en trece comunidades. La
Minera Xstrata Tintaya ya era de propiedad de Glencore cuando se publicaron
estas resoluciones.
Tras la lucha iniciada en 2012 por los pobladores para
identificar a los responsables de la contaminación en Espinar, OEFA terminó por
asociar las actividades de la minera Antapaccay, del grupo anglosuizo Glencore,
con el impacto ambiental en Espinar, a través de siete estudios de evaluación,
como informó Convoca.pe el 7 de diciembre último.
¿Estos hallazgos de OEFA sirvieron para sancionar a
Antapaccay? La institución supervisora respondió a Convoca.pe, mediante una
carta, que “los resultados detectados en una zona reducida y focalizada del
área de influencia de la actividad minera, significaron dictar –a la fecha- 12
medidas administrativas que comprenden mandatos de carácter particular y
medidas preventivas orientadas a la protección de los componentes aire y
suelo”. OEFA optó por exigir sólo medidas correctivas y no sancionar con multas
a la empresa.
En estas provincias de Cusco y Apurímac, las empresas
mineras Anabi y Antapaccay han sido sancionadas por cerca de medio centenar de
infracciones ambientales en los últimos años, en diversas ocasiones por la
contaminación de fuentes de agua.
Mientras en Lima, la capital del Perú, OEFA se pierde en la
revisión prolongada de expedientes, en las tierras de Espinar los defensores
ambientales enfrentan cada día amenazas y presiones por continuar exigiendo la
protección de sus ríos.
"Hay mucha persecución (...). Luchamos por nuestros
hijos, por nuestros nietos, por los que vienen (...). Sabemos que tenemos
metales pesados en el agua, aire, tierra, en nuestros ganados, y cada día no sé
qué estamos preparando las mujeres en la casa. ¿Estamos preparando alimento o
estamos dando veneno a nuestros hijos?", se preguntó Elsa Merma,
presidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura
K´ana.
"A veces por falta de capacitación la gente solo
piensa en eso nomás [la minería]. (...) vivimos, sobre banco de oro, pero no
sabemos aprovechar", reflexiona Avelino Sahuinco, presidente de la
Asociación de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar.
Los defensores acusados por Anabi
Chumbivilcas está a aproximadamente cuatro horas de Espinar
en ómnibus. Para llegar hasta allí se debe atravesar un sinuoso camino estrecho
acorralado por abismos. Esta tierra también sabe resistir. Entre diciembre de
2011 y febrero de 2012, autoridades y dirigentes protestaron contra la minera
Anabi por la contaminación de los ríos Molino y Santo Tomás. En esos días, el
gobierno de Ollanta Humala instaló una mesa de diálogo para mediar entre la
empresa y la población.
Como resultado, se acordó realizar monitoreos ambientales
en la zona. Al no cumplirse este compromiso, las protestas se reiniciaron y el
5 de febrero de 2012 la empresa minera denunció que las instalaciones del
campamento minero, ubicado a pocos kilómetros de la mina Huisamarca - Proyecto
Anabi, fueron quemadas. La acusación recayó sobre diez dirigentes por los
delitos de secuestro, robo agravado, daño agravado, entorpecimiento al
funcionamiento de servicios públicos, entre otros, por los cuales la Fiscalía
pidió 30 años de prisión.
Sin embargo, posteriormente dos sentencias absolutorias de
marzo de 2020 y febrero de 2021 señalaron que los dirigentes no estuvieron
involucrados en estos hechos, al no encontrarse evidencia contundente —fotos,
videos u otros— que prueben la presencia de los dirigentes en el lugar donde
ocurrió la quema de las instalaciones de Anabi. Pese a ello, la compañía ha
interpuesto un recurso de casación que ha llevado el proceso hasta la Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema de Lima, donde aún se espera una decisión.
El proceso se ha alargado por más de 11 años.
Pero en esta historia no sólo existen denuncias y demoras,
también un caso relevante de puerta giratoria. El ingeniero Guillermo Shinno
fue funcionario de alto nivel en el Ministerio de Energía y Minas durante el
conflicto social. Fue director general de Minería desde el 16 de agosto de 2011
hasta el 3 de febrero de 2012. Dos días después, el 5 de febrero, fue promovido
como viceministro de minas, el mismo día en que Anabi denunció la quema del
campamento minero.
Dos días después [Guillermo Shinno], el 5 de febrero, fue
promovido como viceministro de minas, el mismo día en que Anabi denunció la
quema del campamento minero. Shinno es hoy gerente general de Anabi.
Cuatro días más tarde, Shinno participó en representación
del gobierno de Humala en el reinicio del diálogo entre Anabi, los dirigentes y
autoridades de Chumbivilcas. El ex funcionario continúa en esta trama, pero
ahora al otro lado del escritorio, en las filas de la compañía minera como el
gerente general de la minera Anabi desde noviembre de 2019.
Convoca.pe visitó la oficina de Anabi la tarde del 26 de
diciembre para recoger la versión de la compañía, sin embargo, Geraldine
Chumbiauca, asistente de Guillermo Shinno, pidió que se enviaran las preguntas
vía correo electrónico. Nuestro equipo periodístico lo hizo y pese a que en
diversas ocasiones reiteramos nuestras consultas, hasta el cierre de este
reportaje Anabi no ha respondido.
El gerente general de esta empresa conoce desde adentro
cómo funciona la supervisión ambiental, ya que también fue gerente de
fiscalización minera del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería (Osinergmin).
Quienes sí accedieron a conversar con Convoca.pe fueron dos
de los líderes denunciados por Anabi, Victoria Quispesivana Corrales y Edgardo
Aguirre Pacheco, por entonces, secretaria general y secretario de actas del
Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas-Santo Tomás (FUDICH),
respectivamente.
Victoria Quispesivana tiene cinco hijos: cuatro mujeres y
un niño. Comenta que cuando sucedieron los hechos del 5 de febrero de 2012,
ella y otros dirigentes estaban esperando a la comisión de alto nivel en
Llusco, lejos del campamento minero de la minera Anabi, que fue quemado.
"La Policía Nacional del Perú estaba cada minuto a mi
puerta. Traía notificaciones, o sea, nos han tenido realmente en
perseguimiento. Total, nos han tenido en maltrato psicológico a toda la
familia", comenta Victoria. "Yo recién estoy recuperando mi salud, la
parte mental. Y las cuatro señoritas que tengo, sus estudios superiores
perdieron, mi madre murió durante todo este tiempo que me perseguían. Ahora
recién me estoy recuperando", relató a Convoca.pe, la única dirigente
mujer que fue denunciada por la minera Anabi.
Victoria Quispesivana es la única dirigente mujer que fue
denunciada por la minera Anabi. Ella, junto con los otros acusados, fue
señalada directamente, según Helio Cruz, abogado de la organización no
gubernamental Derechos Humanos Sin Fronteras —que acompañó el caso— por
aparecer en las actas firmadas durante las mesas de diálogo que se realizaron
durante el conflicto.
“Lo que encontramos no es que estas personas estuvieran
donde ocurrieron los hechos, estas personas estaban en la mesa de diálogo”,
aseguró el abogado Helio Cruz, abogado de la organización no gubernamental
Derechos Humanos Sin Fronteras que acompañó el caso.
Cruz consideró que los nombres y documentos de identidad de
los 10 procesados fueron tomados de las actas firmadas durante las mesas de
diálogo que se realizaron durante el conflicto.
El abogado, además, señala que el Ministerio Público no ha
cumplido con señalar a los verdaderos culpables de los hechos por los cuales la
minera Anabi denunció a estas 10 personas. “Los hechos no están debidamente
individualizados, no se ha trabajado sobre la base de quiénes son los autores
responsables”, enfatizó Cruz.
Edgardo Aguirre Pacheco es otro de los diez dirigentes
denunciados por Anabi. Es docente y también señala lo mismo que Victoria
Quispesivana: no estuvo cuando el campamento minero de Anabi fue quemado.
“Hemos estado siendo hostigados de manera permanente por la
empresa minera, mediante las denuncias que ellos habían hecho a la Fiscalía.
Ellos sí podían utilizar a la Fiscalía, a la Policía, pueden utilizar inclusive
al mismo juez, ¿no? Tenían un apoyo absoluto los inversionistas. Entonces
resulta que nosotros en esos nueve años hemos acudido cantidad de veces desde
Chumbivilcas hasta Cusco, viajando hacia Sicuani, inclusive en una oportunidad
viajamos hasta la ciudad de Lima para podernos defender y buscar algunas
estrategias de defensa”, declaró Aguirre para Convoca.pe.
El viaje de Chumbivilcas a Cusco dura aproximadamente nueve
horas por la vía hacia Sicuani, atravesando más de una decena de localidades.
Edgardo Aguirre Pacheco señaló, además, que la búsqueda de un trabajo se vio
obstaculizada a causa de haber sido denunciado por Anabi. Nadie quiere
contratar a un investigado por la justicia, remarcó.
En contraste, Anabi ha seguido con la operación minera
Huisamarca-Proyecto Anabi, en las alturas de Quiñota y Llusco, en la misma zona
donde se dio el conflicto entre diciembre de 2011 y febrero de 2012. Cerca de
algunos manantiales, las instalaciones de esta empresa se levantan en
localidades lejanas que, al parecer, no importan mucho al Estado.
Faltan estudios que fiscalicen las actividades de Anabi y
que arrojen más luces sobre la contaminación de ríos y quebradas en las alturas
de Chumbivilcas, tal como lo reclamaron sus ciudadanos en 2012. Lo único que
hay es un documento técnico de la Dirección Regional de Salud del Cusco, que
señala a Anabi y a la minería artesanal como fuentes de contaminación de
“probablemente arsénico” en los distritos de Chamaca, Livitaca y Quiñota.
Convoca.pe se comunicó con la empresa minera para conocer
si en algún momento de sus actividades empleaban componentes como el arsénico u
otros relacionados, pero hasta el cierre de este informe no recibimos
respuesta.
“Cada quien tiene siempre una dimensión distinta de
afectación”, señaló el abogado de la organización no gubernamental Derechos
Humanos Sin Fronteras, Helio Cruz. “Algunos [líderes] tuvieron problemas
familiares, para otros, la estigmatización ha sido tan fuerte, que ya evitaron
asumir alguna responsabilidad de representación social. Otros vieron truncadas
sus posibilidades de trabajo porque no podían salir de Chumbivilcas, tenían que
estar ahí, tenían que estar pendientes de lo que restaba del proceso judicial”,
explicó.
Victoria Quispesivana se siente en una cárcel. “Yo no puedo
viajar libremente, siempre, en cualquier momento, me piden mi DNI (Documento
Nacional de Identidad) y siempre me hacen quedar en la comisaría, ‘estamos
investigando’ [dicen], me hacen quedar un día, una noche, así estoy, no estoy
libre”.
La desaparición de bofedales en Cotabambas
La minera Anabi, que pertenece al grupo Aruntani, afecta
también las fuentes de agua en Cotabambas, Apurímac, provincia vecina a
Chumbivilcas. La empresa opera el proyecto Utunsa, una mina aurífera de tajo
abierto que inició sus operaciones en 2018 y que cuenta con una capacidad para
procesar entre 15 a 20 mil toneladas diarias de oro.
Esta mina utiliza el proceso de lixiviación con cianuro de
sodio en grandes piscinas para extraer el oro de los fragmentos de piedra. Esto
genera una solución cianurada que, al filtrarse desde el PAD de lixiviación —un
área previamente preparada para recibir el mineral— debe ser contenida por una
piscina revestida con geomembrana para evitar la filtración de este líquido
tóxico al suelo.
Sin embargo, esta técnica de operación utilizada por Anabi
empezó a presentar fallas riesgosas en el primer año de operaciones. En
noviembre de 2019, las fases 3 y 4 del área del PAD de lixiviación registraron
graves problemas: el líquido con cianuro se desplazó en dirección a las áreas
de suelo sin impermeabilizar en otro sector, la fase 3.
El OEFA detectó esta situación y ordenó la inmediata
paralización de las actividades de descarga del mineral en las pozas, ya que
constituía un “inminente peligro y alto riesgo de daño a la calidad del suelo,
posible afectación a la calidad del agua, al ecosistema bofedal y calidad del
agua de la quebrada Huayllani”, ubicada cerca a esa infraestructura minera.
Anabi fue multada por la entidad fiscalizadora ambiental con 13 unidades
impositivas tributarias (UIT) que equivalen a más de 66 mil soles (17 mil 414
dólares).
La resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental del
OEFA, que es la última instancia de la entidad reguladora, indica que se
evidenció "afloramientos de la solución cianurada que se infiltra en el
suelo hasta alcanzar aguas subterráneas que alimentan al bofedal".
En el área donde opera la mina desaparecieron entre siete y
ocho manantiales, recuerda Flavio Sivincha, quien vive en la comunidad
campesina de Huanca, ubicada en las cercanías del Proyecto Utunsa y es
dirigente del Frente de Defensa de su pueblo.
“Con la experiencia con esa mina, ahora sabemos y nos
sorprende la forma de trabajar de esa empresa y sus consecuencias”, lamenta
Sivincha.
El PAD de lixiviación de Anabi no tenía “ningún tipo de
autorización” y está ubicado sobre un bofedal, ecosistema esencial para
distintas especies de flora y fauna, según aparece en la resolución de la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) de noviembre de 2020.
La poza de mayores eventos, que recibe los excesos de
líquidos cianurados en época de lluvias, fue instalada en un lugar diferente al
que se comprometió la compañía en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por
el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (Senace) en 2017 para la mina Utunsa.
Este cambio encendió las alarmas en la Autoridad Nacional
del Agua, que identificó la desaparición de dos bofedales y el impacto en 42
especies de flora, incluyendo dos especies silvestres vulnerables.
Como resultado de estos actos, la ANA sancionó a Anabi con
5 mil unidades impositivas tributarias el 22 de setiembre de 2020, lo que
equivale a 21 millones 500 mil soles (5 millones 470 mil dólares) por dañar
cuerpos de agua al construir el PAD de lixiviación y la poza de mayores eventos
sobre dos bofedales.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem), que otorgó la
concesión para la mina Utunsa de Anabi, también observó el cambio no autorizado
de ubicación del PAD de lixiviación. En octubre de 2021, la Dirección Técnica
Minera de este ministerio precisó que Anabi no había cumplido con gestionar una
certificación ambiental con la cual debía regularizar la nueva ubicación de esa
infraestructura.
El Minem demandó a la minera y logró hace cuatro meses que
el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo declarara nula
la concesión.
“Se ha logrado la paralización de la concesión por
incumplimientos de los estándares ambientales por un caso promovido por la
población y que fue tomado por el Minem para iniciar un proceso judicial”,
destacó el abogado de la comunidad de Huanca, Reinaldo Elguera.
Aunque Anabi apeló la decisión, Elguera confía en la
solidez de los argumentos del Ministerio de Energía y Minas debido a que la
afectación ambiental todavía continúa.
Pero no es el único caso. El 24 de agosto de 2020, el
comunero Celestino Huamaní Huaraca y su familia detectaron que a tempranas
horas de la mañana había ocurrido un rebalse en una de las pozas de
contingencia al interior de la unidad minera Utunsa de Anabi.
La solución líquida que provenía de esa poza había caído
sobre un canal rústico que la conecta con la quebrada Huayllani. Los Huamaní
dieron aviso a los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua, quienes un
día después inspeccionaron la zona y encontraron el daño ambiental.
El vertimiento de las aguas residuales que provenían de las
pozas, finalmente, fue comprobado por la ANA. En la resolución directoral
0922-2021, la entidad lo describe como un líquido de color verde oscuro y
señaló que la empresa minera no tenía ninguna autorización para arrojar esas
aguas a la quebrada.
Por ello, la ANA sancionó a la minera Anabi con una multa
de 1000,1 UIT de sanción, lo que equivale a 4 millones 400 mil 440 soles de
multa (1 millón 71 mil 187 dólares).
Acusados de derribar un cerro
La minera Anabi también ha sido señalada como responsable
del derrumbe de Torre Qaqqa, una formación rocosa que fue hogar de flora y
fauna silvestre, ubicada en la comunidad de Huanca, en el distrito de Haquira,
a 4 mil metros sobre el nivel del mar.
El 10 de febrero de 2020, Anabi realizó voladuras en un
área fuera del Tajo 1 de la unidad minera de Utunsa, en Cotabambas, sin aplicar
un sistema controlado. Según la Fiscalía, estas voladuras afectaron el
patrimonio forestal debido al impacto directo de las rocas a la quebrada
Yahuarmayo y destruyeron un bofedal.
“Cuando nosotros vivíamos en Torre Qaqqa, teníamos las
vicuñas y los cóndores, teníamos pastizal para la ganadería de nuestra familia.
Teníamos cabañas y corrales cercanos. Ahora todo el cerro está destruido”,
lamentó Arturo Sivincha de 31 años, uno de los comuneros afectados del centro
poblado de Huanca.
En diciembre de 2022, el entonces fiscal ambiental de
Apurímac, Edwin Quispe Molina, formuló acusación contra la minera Anabi y sus
funcionarios por el presunto delito de contaminación del ambiente y solicitó
una pena privativa de libertad de cuatro años y una reparación civil de 40 mil
soles (10 mil 386 dólares).
"Las voladuras han provocado la caída de inmensas
piedras que ha cambiado completamente el paisaje natural de esta zona, asimismo
han causado daño grave al componente ambiental suelo, por la destrucción del
bofedal", señala el documento acusatorio del fiscal.
El Ministerio Público también refiere que estas rocas y
desmontes caídos a causa de las voladuras de Anabi en un área no autorizada
causaron que 3, 35 hectáreas del propio cauce superficial del río Yawarmayo
queden completamente enterradas.
Los análisis de laboratorio realizados por la Fiscalía
arrojaron que los parámetros químicos para sólidos suspendidos como aluminio,
hierro y plomo han superado los estándares de calidad para agua causando
perjuicio al recurso hídrico en humedales y bofedales y grave daño al suelo
superficial utilizado para el pastoreo.
El daño a la Torre Qaqqa se pudo evitar. Dos meses antes
del derrumbe, las comunidades aledañas y la propia fiscalía provincial Mixta de
Challhuahuacho alertaron sobre la situación. En noviembre de 2019, el
Ministerio Público había exhortado a la minera Anabi a tomar todas las
previsiones, pero estas acciones no sucedieron y el daño se consumó.
Ante la demora del juzgado, el abogado de la comunidad,
Reinaldo Elguera, dijo a Convoca.pe que presentará una queja al órgano de
control interno del Poder Judicial y de la Fiscalía.
Arturo Sivincha, comunero y dirigente, espera que Anabi
pueda remediar el daño causado a la comunidad, aunque el hábitat de las vicuñas
y cóndores no volverá a ser el mismo. “Ahora no se puede vivir ahí”, recordó
con tristeza. https://convoca.pe/
Ninguna playa de Arequipa es saludable para los veraneantes por
la contaminación de las aguas
El ingreso de los huaicos por
las lluvias que se han registrado hasta el momento en la región, no sólo ha
alimentado con agua a los ríos sino también con basura y residuos fecales que
han provocado la contaminación del mar, esto ha traído como consecuencia que la
Gerencia Regional de Salud advirtiera que ninguna de las playas del litoral
arequipeño sea calificada como saludables para los veraneantes.
La jefa de Salud Ambiental, de
la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, Emiliana Aro, advirtió que, tras la
cuarta semana de evaluación a las aguas del mar, en las provincias de Islay y
Camaná, donde se concentran 17 playas, se obtuvo como resultado que el número
más probable de coliformes termotolerantes por cada 100 mililitros de agua fue
de mil 600, cuando la norma establece que debe ser 200 como máximo. “Hay una
gran contaminación, el parámetro se ha disparado, ninguna de las playas de
Camaná y Caravelí es saludable. El ingreso de huaicos ha provocado que se
arrastre aguas residuales hacia estos lugares. En estos momentos las aguas del
mar están contaminadas”, dijo la especialista
Emiliana Aro señaló que, durante
la presentación de la campaña de playas saludables en Arequipa, cuando se
inició el verano en diciembre del año pasado, se entregaron banderines de color
azul (saludable) y rojo (no saludable) a los diferentes municipios costeros.
Ahora, al conocerse los
resultados de la medición de la calidad del agua de mar, se requiere que las
autoridades de las municipalidades de Islay y Camaná coloquen los banderines de
color rojo en las playas, para advertir a los veraneantes del riesgo que supone
bañarse en las aguas contaminadas con restos coliformes.
“Ninguna persona debería bañarse
en estos momentos en el mar”, sostuvo la especialista tras señalar que hacerlo
puede traer problemas dermatológicos para los veraneantes, así como digestivos
en caso de ingerir el agua contaminada.
Aro exhortó a la población a ser
más responsable con la disposición final de su basura para evitar ensuciar los
cauces de las torrenteras y el taponamiento de las tuberías de desagüe, pues
todos estos restos generan la contaminación del agua.
Refirió que la evaluación de la
calidad del agua de mar es continua tanto en Camaná e Islay y el hecho de que
estén en condiciones adecuadas va a depender mucho el ingreso de residuos al
mar durante el periodo de lluvias.
“Puede ser que la próxima
semana, con la nueva evaluación, cambie su condición y las playas vuelvan a ser
consideradas como aptas”, dijo. Agregó que la única playa donde no se hacen
mediciones, ya que no es recomendable para los bañistas, es la zona conocida
como “EL Chorro” en Camaná, debido a que allí ingresan las aguas residuales que
no son tratadas de la ciudad de Camaná. Durante el fin de semana se pudo
apreciar que una gran cantidad de personas estuvo presente en dicho lugar
debido a la aparición de los restos de una ballena que fue varada por el mar.
“A veces puede haber presencia
de bañistas en esta zona por desconocimiento de lo que sucede y el que tiene
que entrar a tallar es la municipalidad colocando el banderín rojo para evitar
la concurrencia de bañistas”, dijo. https://diariocorreo.pe/
Perú en alerta por El Niño: autoridades firmaron 130 convenios
para evitar desastres naturales
l fenómeno El Niño produce
notables complicaciones a lo largo del mundo. Autoridades de Perú avanzaron con
130 convenios de colaboración entre gobiernos locales y regionales para poder
prevenir y mitigar distintos desastres naturales, tal como anunció el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Los tratados ocurrieron lugar de
que la alerta por El Niño costero seguirá hasta el final del verano local, a
finales de marzo de 2024. A través de un comunicado, detallaron que 82
convenios se firmaron con municipalidades distritales, 31 con municipios provinciales,
16 con Gobiernos regionales y uno con el ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego para ejecutar intervenciones de limpieza, descolmatación de ríos,
encauzamientos, reparto de agua con apoyo de maquinarias, vehículos y equipos
del sector.
Por su parte, José Panta, el
director ejecutivo del Programa Nuestras Ciudades, indicó que los convenios
están hechos en base a la prioridad que hay con algunas zonas que tienen peores
pronósticos para las próximas semanas, además de su capacidad operativa.LC
La Comisión Multisectorial del
Estudio Nacional del Fenómeno El Niño dejó el estado de 'Alerta de El Niño
Costero' porque es más probable que El Niño costero continúe hasta fines de
verano, como consecuencia de la evolución de El Niño en el Pacífico central y a
la variabilidad de las condiciones climáticas regionales.
"Es más probable que las
condiciones cálidas débiles continúen hasta febrero", explicaron desde el
ENFEN. Además, sumaron en su reporte: "Entre marzo y abril habría una
transición a condiciones neutras, estas últimas serían más probables en mayo,
seguidas de condiciones frías por lo pronto hasta julio".
Por otro lado, se cree que las
lluvias de la costa norte estén en valores normales, aunque la sierra norte
podría atravesar valores por sobre lo normal. La fuente oficial sumó que la
región andina sur espera lluvias de normal a bajo o normal.
Por su parte, en la zona
centro-occidental, las condiciones hidrológicas serían en promedio normales,
sin descartar eventos de crecidas repentinas que podrían afectar las
actividades en los ríos y zonas aledañas, además de posibles activaciones de
quebradas. https://www.canal26.com/
