Lunes, 1 de julio de 2024 – Año XVIII – Edición 4498
Alcalde de Jorge Basadre: No estamos
tomando ni una gota de agua de Candarave
Julio Dávalos Flores, alcalde de la provincia Jorge
Basadre, acerca de la mesa de diálogo de Candarave indicó que cada provincia
tiene sus autoridades y pueden tomar los acuerdos que crean convenientes, “pero
nosotros actuamos de acuerdo a ley y la atención del recurso hídrico es del
Estado no es de ninguna institución”.
Así, incluso refirió que el agua que solicita la provincia
Jorge Basadre “son de pozos muchísimos años abandonados en el sector, lado de
Moquegua” por ello no dudó en afirmar “nosotros no estamos tomando ni una gota
de agua de Candarave, por lo tanto, ellos no tienen injerencia ahí, lo que
estamos haciendo es trasvase por un sector no de la provincia, ese es el
proyecto que tenemos”.
Pero, aclaró que “si hay problema, se hará otro trazo, otro
desvío, pero el proyecto continúa”.
Y, sobre la nulidad de la mesa de diálogo de Candarave, si
bien comentó que es tema interno de ellos, destacó como problema que” la laguna
de Aricota es vaso regulador en la parte baja de Candarave que nunca lo van a
utilizar. El usuario es la provincia Jorge Basadre, entonces para hacer esa
represa (Callazas) tienen que consultarnos a nosotros y en plan de contingencia
tienen que explicar cómo van a solucionar el problema hídrico”.
En otro tema, al ser consultado por la ejecución
presupuestal de su gestión, mencionó que esta se mide de enero a diciembre y no
por parte, resultando a la fecha casi un 50% de avance, que dista del 20%
estimado para mediados del año.
Así, destacó obras de agua de uso poblacional, Procompite,
vial, ayuda a la agricultura, puentes, electrificación llevando corriente
trifásica y otros medioambientales, todos ellos por más de 100 millones de
soles. https://radiouno.pe/
Minería ilegal acorrala a comunidades indígenas y ríos
amazónicos en Perú
La minería ilegal sigue sin control en los ríos Santiago y
Cenepa, en la región de Amazonas en Perú. Se calcula que hay alrededor de cien
dragas instaladas en los afluentes. Para frenar esta situación, las comunidades
se han organizado en grupos de defensa social y ambiental para expulsar a los
mineros ilegales de su territorio.
Compartimos cinco lecturas para entender la situación:
1 La destrucción por el oro: mineros
ilegales expanden contaminación y crisis en comunidades de la frontera con
Ecuador
Nuestra investigación #FronterasAmenazadas de 2022 documentó
que los primeros focos de minería ilegal en las comunidades awajún que bordean
el río Cenepa asomaron hace más de 5 años con la llegada de mineros ilegales
desde otras zonas del país.
2 El infierno del oro en el Cenepa: 70 focos de
minería ilegal devastan río amazónico y comunidades awajún en Perú
En 2023 recorrimos los 38 kilómetros del río Cenepa y
logramos identificar 70 focos de minería ilegal, así como sectores de población
amenazada y explotada laboral y sexualmente.
3 Minería ilegal en el río Cenepa: operativos reducen
número de dragas a la mitad, pero el riesgo continúa en la Amazonía peruana
Luego de nuestra investigación sobre los daños que ha
causado la minería ilegal a comunidades awajún, la Policía Nacional y el Ejército
de Perú realizaron operativos para erradicar esta actividad extractiva.
4 Comunidades wampís acorraladas en Perú: cuadrillas
de mineros ilegales operan sobre 30 sectores del río Santiago
Pese a los operativos, este año documentamos que la
minería ilegal continúa afectando a los ríos y comunidades del país. Líderes
indígenas wampís denuncian que dragas para la extracción de oro han tomado la
cuenca del río Santiago, en la región Amazonas.
5 Minería ilegal en Perú: pueblos indígenas se
enfrentan a mineros ilegales y grupos criminales en Amazonas
Esta situación ha obligado a los pueblos awajún y
wampis a organizarse en grupos de defensa social y ambiental para frenar la
actividad ilícita. Los líderes señalan que “hay alrededor de cien dragas
instaladas” en los ríos. https://es.mongabay.com/
Demanda busca anular concesión minera
en río Nanay y su reconocimiento como sujeto de derecho
El próximo 15 de agosto, el
Primer Juzgado Civil de la provincia de Maynas, en la región Loreto, analizará
una nueva demanda de amparo que busca frenar la concesión minera Raíces
Gaddaffy, que abarca un sector del río Nanay, una de las principales fuentes de
agua potable de la ciudad amazónica de Iquitos.
Hace casi un año —el 31 de
agosto de 2023— el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) otorgó
esa concesión de 1.000 hectáreas a Ricardo Moreno Valderrama
Desde que OjoPúblico reveló el
caso, en setiembre pasado, se presentaron, al menos, cuatro demandas —entre
ellas una de tipo penal— contra el Ingemmet. De estos recursos, dos también
están dirigidos a su entonces presidente ejecutivo Henry Luna Córdova, hoy
viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Luna Córdova,
además, acaba de ser designado representante de dicha cartera ante el Consejo
Directivo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
A estas cuatro acciones
administrativas y judiciales, ahora, se suma una acción de amparo, presentada
el 5 de diciembre de 2023, por Ricardo Rey Rivera Vásquez, Alicia Piña Aguilar
y Edwin del Castillo del Águila, para que se anule la resolución de Ingemmet
que otorga la concesión minera.
“En un escenario ideal, buscamos
que se pueda excluir a la zona [la cuenca del Nanay] de cualquier tipo de
otorgamiento de derechos posibles, como son las concesiones mineras”, señaló
Ricardo Rivera Vásquez, abogado y uno de los firmantes de la demanda.
La demanda también plantea que
“se declare a la cuenca del río Nanay como sujeto de derecho y digno de
protección”, lo cual tiene como antecedente la sentencia en primera instancia
emitida el 8 de marzo pasado por el Juzgado Mixto de Nauta que declara al río
Marañón y sus afluentes como “sujetos de derechos”.
El Primer Juzgado Civil de la
provincia de Maynas, a cargo del caso está a cargo del juez Luis Miguel de
Águila Campos. En la acción de amparo figura como demandado Ingemmet y como
litisconsortes pasivos —es decir, que litigan de forma conjunta como
demandados— la empresa Raíces Gaddaffy SRL, el Minem y el procurador de dicha
cartera.
En la audiencia
única, programada para el 15 de agosto, se espera que estén presentes los
representantes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y de la empresa Raíces
Gaddaffy, como también se ha denominado a la concesión.
Esto ocurre en
un contexto de creciente avance de la minería ilegal de oro en la cuenca del
Nanay. Por ejemplo, un reciente monitoreo satelital de la organización
Conservación Amazónica (ACCA) detectó, en mayo último, el desplazamiento de
dragas mineras, acompañadas de botes y canoas de menor dimensión, sobre el Área
de Conservación Regional Alto Nanay - Pintuyacu - Chambira, un territorio
protegido de casi un millón de hectáreas de ecosistemas frágiles de bosque.
Amparo para
anular concesión
La demanda que
se verá en agosto próximo solicita —como efecto reparador del proceso de
amparo— que “se repongan las cosas al estado anterior a la violación de los
derechos constitucionales”. Es decir, se recupere el área otorgada en concesión
minera una vez que se anule la resolución de Ingemmet.
Entre sus
argumentos, detalla que la referida concesión atenta contra el “derecho
constitucional a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo
de la vida y la salud”. Asimismo, sostiene, afecta el principio constitucional
de desarrollo sostenible de la Amazonía.
En otro momento,
la acción legal advierte sobre el peligro que corren los habitantes de la
cuenca alta del distrito de Alto Nanay, los de la zona de amortiguamiento de la
Reserva Nacional Allpahuayo Mishana y los de la ciudad de Iquitos, debido al
permiso minero otorgado.
Sostienen que el
río Nanay es uno de los más contaminados por la actividad minera ilegal en
Loreto y “que entre los años 2021 y julio del 2023 se identificó un acumulado
de 122 dragas”, según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
La acción de
amparo cita siete normas precedentes que impiden la actividad minera en la
cuenca del río Nanay, en la ciudad de Iquitos, región Loreto. Se trata de
ordenanzas regionales de los años 2003, 2009 y 2012. En dos de ellas se señala,
expresamente, que no se permite actividad minera ni maquinaria destinada a ello
en la zona.
También
mencionan los decretos supremos 002-2004-AG y 005-2011-Minam, que crearon la Reserva
Nacional Allpahuayo Mishana y el Área de Conservación Regional Alto Nanay -
Pintuyacu - Chambira. En la primera, el río Nanay transita hacia el Amazonas y
en el segundo es donde nace.
Ambos decretos
reconocen que estos espacios son “ecosistemas frágiles y singulares, hábitat de
numerosas especies de flora y fauna endémicas”.
A ellos se suma
el Decreto Legislativo N° 1100 que regula las acciones de interdicción sobre
minería ilegal en el ámbito nacional y prohíbe la actividad de minería en los cauces
de los ríos. Del mismo modo, la acción de amparo cita una sentencia del
Tribunal Constitucional que prohíbe dragas y minería en ríos.
Precedente en el
Consejo de Minería
En octubre de
2023, la Municipalidad Provincial de Maynas interpuso un recurso de revisión
ante el Ingemmet. El mismo fue elevado hasta el Consejo de Minería, la máxima
instancia jurisdiccional en asuntos mineros del Ministerio de Energía y Minas
(Minem).
El caso se
resolvió el 19 de marzo pasado, cuando dicho órgano administrativo declaró
“infundado” el recurso presentado por la municipalidad.
Del sustento
legal expuesto por el municipio, el Consejo de Minería, finalmente, solo
consideró como argumento válido para dicho recurso la ordenanza regional de
2003 que declara la cuenca del río Nanay “como zona de exclusión para
actividades de extracción minera y para aquellas que alteren la cobertura
vegetal”.
El Consejo
rechazó el pedido de la municipalidad alegando que el otorgamiento de la
concesión no autoriza la exploración y explotación minera. Para estas
actividades, se debe contar con los permisos de autoridades como la Dirección
Regional de Energía y Minas (DREM).
Sin embargo,
dicha dirección se ha manifestado en contra de la concesión. “La DREM es la
única encargada de otorgar un permiso de extracción, y nos mantenemos firmes en
hacer valer nuestros derechos como loretanos”, dijo Melissa Delfina Sotelo
Pérez, directora de la DREM de Loreto a OjoPúblico.
PESE A QUE EL ALCALDE
SE MANIFESTÓ EN CONTRA DE LA CONCESIÓN, LA MUNICIPALIDAD DE MAYNAS NO HA
RETOMADO EL CASO".
El abogado Juan
Manuel del Águila Cárdenas, quien estuvo a cargo de los alegatos de la
Municipalidad de Maynas durante el proceso ante el Consejo de Minería, sostuvo
que este órgano ignoró el “principio de protección que indica que, por encima
de cualquier legalismo, se debe tomar en cuenta los derechos fundamentales de
las personas”.
Pese a que el
alcalde de la provincia de Maynas, Vladimir Chong Ríos, se ha manifestado
públicamente en contra de la concesión, la municipalidad no ha retomado el caso
tras la decisión del Consejo de Minería. OjoPúblico se intentó comunicar con el
alcalde, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
Otras demandas por
el río Nanay
Además de la
acción de amparo con audiencia programada para agosto próximo, figura otra
demanda que el exfiscal especializado en materia ambiental de Loreto, Alberto
Yusen Caraza Atoche, presentó en octubre de 2023 ante la Sala Civil de Loreto.
En paralelo,
Caraza Atoche también interpuso, en el mismo mes, una denuncia penal contra
Henry John Luna Córdova, expresidente del Ingemmet y hoy viceministro de Minas,
por la comisión del delito ambiental de “responsabilidad de funcionario público
por otorgamiento ilegal de derechos”, tipificado en el artículo 314 del Código
Penal.
Esta última se
encuentra en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima, y está en
fase de investigación preliminar, según Caraza Atoche. El abogado también
detalló que tanto él como José Manuyama Ahuite, profesor y vocero del Comité de
Defensa del Agua de Iquitos, han brindado su manifestación.
A estas dos
acciones del exfiscal se suma una tercera. Se trata de una denuncia
administrativa presentada a la Contraloría General de la República, admitida el
20 de octubre de 2023, la cual ha sido derivada al órgano de control interno
del Ingemmet.
Un mes después,
el 24 de noviembre, luego de las primeras protestas ciudadanas contra la
concesión Raíces Gaddaffy, el Ministerio de Energía y Minas emitió un decreto
supremo que suspendía la admisión de petitorios mineros en el área del río
Nanay por un año. Sin embargo, esta medida no es retroactiva.
La concesión que
se superpone al Nanay se otorgó el 31 de agosto de 2023. Desde el 10 de octubre
de ese año, el expediente del caso está en manos del Consejo de Minería. En la
actualidad, según los registros del Ingemmet, Raíces Gaddaffy figura como una
concesión en procedimiento de “trámite”.
Mientras se
mantiene la controversia por la concesión, los mineros ilegales siguen
extrayendo oro del lecho del río. Según un monitoreo satelital de Conservación
Amazónica (ACCA), realizado entre la segunda semana de junio y el 19 de este
mes se contabilizaron 14 dragas en el río Nanay, en el ámbito del Área de
Conservación Regional Alto Nanay - Pintuyacu - Chambira.
Esto confirma la
expansión de esta actividad ilícita, la cual gana terreno a lo largo de la
cuenca, desde Santa María del Nanay, capital del distrito de Alto Nanay, hasta
zonas más críticas como Pucaurco y Alvarenga.
Sin embargo,
también se ha identificado actividades mineras antes de esta zona, cerca de la
Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, cuyo puesto de vigilancia Yarana, ubicado
a orillas del mismo río Nanay, ha denunciado ataques el último año. Recién, el
30 de mayo pasado, se instaló una base en el lugar con efectivos provenientes
de Lima. https://ojo-publico.com/
Destrabarán 32 proyectos mineros con
nueva regulación anunciada para el 28 de julio, afirma ministro del Ambiente
La minería avanza mientras las
políticas ambientales se limitan. El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro,
anunció que el Gobierno presentará una nueva regulación a favor de la industria
minera durante el mensaje presidencial de Fiestas Patrias. Así lo confirmó el
titular de la cartera en la clausura del XV Congreso Nacional de Minería
(CONAMIN 2024) realizado en la ciudad de Trujillo.
“Desde el Ministerio del
Ambiente estamos comprometidos para que la regulación ambiental, que reducirá
toda la tramitología, sea anunciada el próximo 28 de julio por la presidenta de
la República”, aseguró Castro.
Asimismo, el funcionario
garantizó que el actual mandato tiene como meta “destrabar los 32 proyectos
mineros que representan más de 18,000 millones de dólares de inversión, porque
necesitamos generar empleo y desarrollo”.
Esto siempre y
cuando el Congreso otorgue facultades legislativas al Poder Ejecutivo, para
modificar el Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) y la normativa
de promoción de inversiones, a fin de dar viabilidad a los proyectos y agilizar
los trámites.
Tras el anuncio,
Edgardo Orderique, presidente de la Comisión Organizadora de la XV CONAMIN
2024, subrayó el compromiso del sector minero con el desarrollo del país y
declaró que se realizarán los esfuerzos necesarios para respetar el medio
ambiente y a la población.
Como parte de
este acuerdo suscrito, hizo un llamado al cierre del Registro Integral de
Formalización Minera (REINFO) para respetar los plazos de los procesos de
formalización.
Pues, como se
sabe, actualmente el Pleno del Congreso aún tiene en agenda evaluar la
posibilidad de implementar un nuevo plazo para las inscripciones al REINFO, así
como actualizar sus condiciones de acceso, propuesta que, según especialistas
en materia ambiental, tales como César Ipenza, provocaría que mineros ilegales
continúen operando con impunidad.
Esto debido a
que se les ofrecería un marco de operación legal que los eximiría de
responsabilidad penal relacionada con prácticas de minería ilegal.
“Consideramos
que es importante encontrar a los verdaderos mineros artesanales y trabajar con
ellos en su formalización para que se integren a la minería moderna”, señaló
Orderique.
Saludan decreto
para ampliar operación minera sin permiso
De otra parte,
el vocero de CONAMIN resaltó el Decreto Supremo N° 030-2016-EM, que permite a
las minas ampliar su capacidad de procesamiento hasta un máximo de 10%
adicional sin la necesidad de nuevos permisos. “Se tiene que continuar
trabajando para agilizar las exploraciones que nos permitan encontrar nuevos
yacimientos”, dijo Edgardo Orderique.
Aunque,
distintas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación
de esta aprobación y, a su vez, por la posible erosión de la rigurosidad en los
procedimientos de evaluación ambiental.
Entre estas
voces está la de Paul E. Maquet, vocero de la ONG CooperAcción, quien ha
indicado que la flexibilización de estas normas podría debilitar la capacidad
de fiscalización, ya que no está comprobado que este tipo de ordenanzas
impulsen un aumento en las inversiones.
Esto debido a
que, según Maquet, los flujos de inversión están más relacionados con las
variaciones en las cotizaciones de los minerales que con los cambios
regulatorios.
Además, se teme
que estas nuevas disposiciones del Gobierno puedan poner en riesgo los derechos
de las comunidades afectadas por las actividades mineras y la protección del
medio ambiente, generando inquietudes sobre el verdadero impacto y beneficio de
las modificaciones implementadas. https://www.infobae.com/
