HIDROBOLETÍN FENTAP
Jueves, 26 de julio de 2018 – Año XIII – Edición 3026 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
La FENTAP informa:
·
PERÚ
- Corrupción y tráfico de influencias también afectan decisiones mineras y
ambientales. Casos como el de Sulliden y el ex presidente García, así como la
detención de funcionarios en Madre de Dios, abren dudas sobre toma de
decisiones en el sector extractivo. Las Bambas: Informe del OCM revela que
transporte de concentrados mineros fue aprobado sin un instrumento ambiental
que identifique los impactos de la carretera, que es el principal foco de
conflicto en la zona.
·
PERÚ
- Contraloría detecta más riesgos en 4 obras del Gobierno Regional de Piura
·
PERÚ
- Grupo Cobra toma control del proyecto hídrico más grande del Perú. Majes
Siguas II
·
PERÚ
- Sedapal advierte de sujetos que suplantan a trabajadores para ingresar a
casas
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Corrupción y tráfico de influencias
también afectan decisiones mineras y ambientales
Casos
como el de Sulliden y el ex presidente García, así como la detención de
funcionarios en Madre de Dios, abren dudas sobre toma de decisiones en el
sector extractivo
Las
Bambas: Informe del OCM revela que transporte de concentrados mineros fue
aprobado sin un instrumento ambiental que identifique los impactos de la
carretera, que es el principal foco de conflicto en la zona
Hay más
casos como el de la Montaña de 7 Colores: política de concesiones mineras
genera desorden y es irracional poniendo en riesgo zonas protegidas
Conflictos
sociales siguen creciendo, Defensoría del Pueblo no incluye todos en su reporte
oficial.
http://conflictosmineros.org.pe
– Durante la presentación de su 22° Reporte Semestral, el Observatorio de
Conflictos Mineros alertó sobre la corrupción y el tráfico de influencias que
se evidencian en diversos casos de toma de decisiones ambientales en los
sectores extractivos. El recientemente denunciado caso de una presunta presión
por parte del ex presidente García para favorecer a la empresa minera Sulliden
recuerda a los famosos tratos entre Montesinos y Newmont en relación a la
empresa Yanacocha. De igual manera, la detención de varios funcionarios del
Gobierno Regional de Madre de Dios por presuntamente recibir pagos de mineros
ilegales –incluido en este reporte semestral- muestra la penetración de la
corrupción en la institucionalidad estatal que debería garantizar una adecuada
gestión ambiental.
“En el marco de la crisis por corrupción evidenciada en
estas semanas a todo nivel, cabe preguntarse ¿hasta dónde han penetrado estos
poderes en los ámbitos donde se toman decisiones sobre intereses mineros y
temas ambientales?”, señaló José De Echave, coordinador del OCM. “De alguna
manera, la devastación ambiental en Madre de Dios y otras zonas del país
también es consecuencia de la impunidad, las puertas giratorias y la
corrupción”, señaló.
Las Bambas
En otro momento, el OCM denunció que el transporte de
concentrados e insumos mineros en Las Bambas carece de instrumentos de gestión
ambiental y de fiscalización adecuados, convirtiéndose en el principal foco de
conflicto socioambiental de la zona.
La carretera ha sido construida en buena parte sobre terrenos comunales y vías
locales, y ha sido aprobada por tramos sin pasar por todos los filtros legales.
El transporte de concentrados no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental que
identifique impactos y medidas de mitigación, y por ello nadie asume los daños
ambientales que ya se registran en la zona.
Ana Leyva, Directora de CooperAcción, explicó que los
instrumentos de prevención y fiscalización ambiental del Estado no están
funcionando en el Corredor Minero que conecta Las Bambas, en Apurímac, con el
puerto de Matarani, en Arequipa. Por el contrario, impera una debilidad
institucional que hace que no se cuente con los instrumentos necesarios, que
nadie controle los impactos ambientales y sociales, corrija los problemas existentes y asuma la responsabilidad por ellos, dejando a
la población del entorno en el desamparo.
“El principal foco de conflicto en torno al megaproyecto
Las Bambas ha tenido que ver con los impactos causados por la carretera, una vía
por donde transitan al menos 370 vehículos diariamente, que genera polvo,
vibraciones y ruido; y donde el 90% de su uso es solo para la minera”,
advirtió.
Por su parte, De Echave afirmó que “este caso muestra
cómo son las debilidades de la institucionalidad ambiental, el principal factor
que actualmente propicia el surgimiento de los conflictos socioambientales”.
MONTAÑA DE 7
COLORES
El 22° reporte del OCM advierte de una irracional
política de concesiones mineras que causa desorden y pone en riesgo las zonas
protegidas en el país. Casos como el de la Montaña de Siete Colores, ubicada en
los límites de las provincias de Canchis y Quispicanchi, en Cusco, que forma
parte del terreno concesionado a la empresa minera Minquest Perú, generan
preocupación en los términos de políticas públicas en dicha materia.
De Echave reveló que existen casos similares en otras
partes del país. Por ejemplo, en Cajamarca, existen concesiones en el área de
Lagunas de Alto Perú e incluso la empresa minera Yanacocha es propietaria de
parte de la superficie de esta zona de gran importancia hídrica y también
turística. Lo mismo ocurre en el Santuario Nacional de Tabaconas Namballe
(Cajamarca), que también fue concesionado, en el Apu Huaytapallana (Junín), en
la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas (Lima), en la cordillera Huayhuash
(Lima), entre otras. Sería importante que el Servicio Nacional de Áreas
Protegidas por el Estado pueda informar sobre la situación actual de las
diferentes zonas protegidas en todo el país y las presiones que ejercen
diferentes actividades extractivas como consecuencia de las concesiones que se
otorgan.
Este caso también pone en evidencia la necesidad de
contar con una efectiva política de ordenamiento territorial y seguir
impulsando en los territorios los procesos de zonificación económica y
ecológica: “Nosotros no estamos diciendo que no se otorguen concesiones mineras
o que la minería no sea una actividad importante. Pero las políticas de
concesiones se han agotado, generan desorden, intervenciones caóticas y
terminan poniendo en riesgo zonas del país que deberían estar destinadas a otro
tipo de uso”, sostuvo.
AUMENTA LA
CONFLICTIVIDAD Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO NO REPORTA TODOS LOS CONFLICTOS
Entre diciembre de 2017 y mayo de 2018, los conflictos
sociales pasaron de 169 a 198 a nivel nacional, el nivel más alto de los
últimos meses. De este total, el 64.6% de los conflictos son socio-ambientales
y el 65.6% son casos vinculados a la minería.
Como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, Ancash
es la región que concentra el mayor número de conflictos: 28 que representan el
14.1% del total nacional. Le siguen Puno con 19 y una participación del 9.6%;
Apurímac y Cusco con 14 conflictos cada uno y una participación del 7.1%.
Cierra este grupo Cajamarca, con 13 conflictos y una participación del 6.6%. En
todas estas regiones predominan los conflictos activos.
De otro lado, el Reporte del OCM ha identificado al menos
doce casos de conflictos mineros ocurridos en el primer semestre del año que no
figuran en los registros de la Defensoría del Pueblo en ninguna de sus
categorías: conflictos activos, conflictos latentes, o alertas tempranas.
“¿Qué está pasando con la Defensoría, han cambiado su
metodología?”, se preguntan los voceros del OCM, al indicar que el reporte
defensorial no estaría reflejando lo que realmente está pasando en las zonas, y
si hay cambios en su metodología, la Defensoría del Pueblo tiene la obligación
de explicarle a la opinión pública.
Se trata de conflictos específicamente mineros sobre un
total de 127 conflictos socioambientales registrados oficialmente, lo que
significa un 10%. Es importante que este posible sub-registro sea analizado por
las autoridades correspondientes, a fin de ajustar la metodología para
garantizar que los informes oficiales reflejen de manera completa las
tendencias de la conflictividad social, de manera que permitan una óptima toma
de decisiones para la prevención y transformación de conflictos.
HIDROREGIONES PERÚ
Contraloría detecta más riesgos en 4 obras del Gobierno
Regional de Piura
La Contraloría General
de la República detectó varias situaciones irregulares durante el proceso de
licitación y ejecución de varias obras de prevención y reconstrucción que tiene
a cargo el Gobierno Regional de Piura.
Una de las obras auditadas
es el de descolmatación del dren 1308 que se ejecuta por un costo de S/
6’237,153.96.
En un segundo informe,
sobre los trabajos en el dren Sechura, valorizados en S/ 6’293,787.96, indica
que el “supervisor de obra presta servicios simultáneamente en otra entidad,
desempeñando la misma labor, ocasionando falta de permanencia en la obra e
incumplimiento de obligaciones contractuales que configuran causal de
penalidad, lo que no garantiza la calidad técnica de la obra”.
Otro de los informes
corresponde a las obras que se realizan en el dique izquierdo del río Piura,
por un valor de S/ 32’618,035.
El último informe se
refiere a la “Rehabilitación de la línea de impulsión y distribución de agua
del centro de abastecimiento de agua Bayóvar - CAAB, del distrito y provincia
de Sechura. DIARIO CORREO
Grupo Cobra toma control del proyecto
hídrico más grande del Perú
El
conglomerado industrial español Grupo Cobra terminó de adquirir el 100 % del
sistema de riego Majes Siguas II, uno de los proyectos de infraestructura más
importantes del Perú, luego de acordar con la constructora Cosapi S.A. el
traspaso de un remanente de 40% de las acciones del proyecto, por un monto no
revelado.
Rebaza,
Alcázar & De Las Casas asesoró al Grupo Cobra, como comprador, en
coordinación con abogados de la organización. Por su parte, Cosapi fue
representada por su consultoría interna.
Según
la información suministrada por Rebaza Alcázar, el proyecto de riego -ubicado
en la región de Arequipa- estaba en manos de Concesionaria Angosturas Siguas,
empresa conjunta de Cobra y Cosapi, de la cual la constructora peruana decidió
salir en una operación registrada el 23 de julio, según el sitio del diario
peruano El Comercio.
Esta
infraestructura hídrica es la mayor en su tipo en la geografía peruana, con
capacidad para irrigar más de 38.500 hectáreas. El proyecto incluye la
construcción de vialidad de acceso, dos túneles de derivación, canales de riego
y una represa con una capacidad estimada de almacenamiento de 1.140 millones de
metros cúbicos de agua.
La
inversión estimada para el financiamiento de la obra es de USD 550 millones y
se prevé que entre la construcción y la operación del sistema se generen más de
440.000 empleos entre directos e indirectos, lo que impactará en la economía
del sur del Perú.
El
Grupo Cobra es la filial del Grupo ACS. LEXLATIN.COM
LIMA PERÚ
Sedapal advierte de sujetos que
suplantan a trabajadores para ingresar a casas
La
empresa estatal de derecho privado, encargada de administrar los servicios de
agua potable y alcantarillado en Lima y Callao (Sedapal) advirtió a la
ciudadanía de la presencia de sujetos que intentan ingresar a las viviendas
haciéndose pasar por trabajadores de la entidad. Advirtieron que operan bajo la
modalidad del 'medidor manipulado o vandalizado'.
Sedapal
pidió a los usuarios estar aún más atentos en esta época de Fiestas Patrias,
pues los asaltantes podrían incrementar sus acciones fraudulentas en perjuicio
de las familias. En ese sentido, precisó que los trabajos de mejoramiento de
agua potable y alcantarillado se realizan en la vía pública. CANAL N
“Defender el Agua es Defender la Vida”
http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
