Viernes, 17 de noviembre de 2023 – Año XVII – Edición 4345 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Iquitos: Miles de personas se
movilizan en defensa del río Nanay
En agosto de 2023, el Ingemmet otorgó el título de una concesión minera en la cuenca del Nanay, uno de los principales afluentes del río Amazonas
Distintas organizaciones civiles, ambientales y el Comité
de Defensa del Agua se movilizaron, este último miércoles 15 de noviembre, por
las calles de Iquitos en rechazo de una concesión minera otorgada en parte de
la cuenca del río Nanay, el cual abastece a casi 500 000 personas. Iquitos es
una ciudad ubicada en la provincia de Maynas, en la región Loreto, donde en
octubre se realizó la I Marcha por la vida, para exigir la defensa y evitar la
contaminación por minería en este cuerpo de agua.
Esta II Marcha de la vida concentró a más de 5000 personas,
quienes se movilizaron bajo el lema “Sin Nanay vida no hay”. La cuenca del río
Nay está protegida, desde febrero del 2003, mediante la Ordenanza Regional
006-2003-CR/RL, que la declara “como zona de exclusión para actividades de
extracción minera y para aquellas que alteren la cobertura vegetal”. Además, en
Perú, está prohibido la extracción de minerales, como el oro, en las cabeceras
de cuenca, riberas de ríos y lagunas, configurando el delito de minería ilegal.
Concesión minera a Ricardo Moreno Valderrama
El 31 de agosto de 2023, el Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico (Ingemmet), a través de una resolución de presidencia, otorgó el
título de la concesión minera de un área de 1000 hectáreas —denominada Raíces
Gaddaffy—, en la cuenca del río Nanay, a Ricardo Moreno Valderrama.
Según información publicada por el portal de investigación
OjoPúblico, este ciudadano figura como gerente general de una empresa dedicada
a la silvicultura y otras actividades forestales. En mayo de 2022, el Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) le impuso una sanción
administrativa por “comercializar y poseer productos forestales extraídos sin
autorización”.
Por esta concesión minera, el Ministerio Público se
encuentra investigando a Henry John Luna Córdova, presidente del Ingemmet, por
el presunto delito ambiental de responsabilidad de funcionario público por
otorgamiento ilegal de derechos, en agravio del Estado. Las diligencias se
realizan luego de que el exfiscal ambiental de Loreto Alberto Caraza lo
denunciara ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima
por, presuntamente, haber dado permiso de una concesión minera que se superpone
a lo largo de la cuenca alta del río Nanay.
Respuesta del Ingemmet sobre la denuncia
Por su parte, el Ingemmet emitió un comunicado el 11 de
noviembre, respondiendo a la denuncia presentada en la FEMA de Lima. Según
indica, “una concesión minera no autoriza ni permite el inicio de actividades
mineras, ni implica la ocupación de territorios ni derechos sobre otros
recursos naturales ajenos a la minería”. Añade que “la concesión solo marca el
inicio para la obtención de múltiples permisos ante otras entidades públicas”.
Actividad minera ilegal en el río Nanay
Solo en el río Nanay, uno de los principales afluentes del
río Amazonas, se han identificado unas 122 dragas ilegales para la extracción
de oro, reportó en setiembre pasado el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía
Andina (Maap), de Amazon Conservation y la Asociación para la Conservación de
la Cuenca Amazónica (ACCA). Se trata del río más afectado por esta actividad,
en comparación con otros 10 analizados de Loreto.
Expertos ambientalistas señalan que esta situación genera
problemas de contaminación y falta de alimentos para las comunidades ribereñas.
Además, debido a la minería ilegal se registra afectación de los bosques y
otros delitos, como la tenencia ilegal de armas de fuego, prostitución y
comercialización de sustancias ilegales. https://inforegion.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Lambayeque: discrepancias por la limpieza de los drenes
El canal de riego Cois es conocido por cruzar la ciudad de
Chiclayo en el límite con el distrito de José Leonardo Ortiz. Sus aguas solo
están destinadas al uso agrícola. Sin embargo, y tal como sucede con los
canales Pulen y Yortuque, Cois se ha convertido en un viaducto para eliminar
residuos sólidos.
Ayer, este diario constató que personas con palana en mano
realizaban limpieza en el canal Cois, entre las cuadras 13 y 16 de la avenida
Augusto B. Leguía, para retirar residuos y acumulaciones.
Christian Aguirre Rojas, gerente general de la Comisión de
Usuarios del Subsector Hidráulico Chiclayo, declaró que se ejecutan trabajos en
los diversos canales que atraviesan la ciudad de Chiclayo, desde el último 27
de septiembre. Denunció que por ahora no cuentan con apoyo de las
municipalidades de Chiclayo y José Leonardo Ortiz, así como por parte de la
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel).
¿Cuál es la responsabilidad de Epsel?
Aguirre aclaró que los procesos de la planta de tratamiento
de agua potable de la ciudad de Chiclayo generan efluentes con alto contenido
de sólidos suspendidos que son producto de las operaciones de lavado de filtros
y evacuación de lodos retenidos en la etapa de sedimentación, los cuales son
vertidos al canal Cois, sin ningún tratamiento previo.
En cuanto a las municipalidades de Chiclayo y José Leonardo
Ortiz, Aguirre los responsabilizó de no adoptar las medidas necesarias para
retirar los residuos que se acumulan a las orillas de los canales de riego, así
como que los ciudadanos viertan sus residuos al canal e incrementen el riesgo
sanitario. "Lamentablemente, tenemos limitaciones económicas y logísticas;
pero aun así vamos a cumplir con la limpieza. No se han dado facilidades para
el desplazamiento de maquinaria y el recojo de sedimentos", dijo.
Dato
De oficio. La Defensoría del Pueblo de Lambayeque solicitó
a Sunafil que intervenga ante la presunta vulneración de derechos de
trabajadores contratados por la Junta de Usuarios de Chiclayo para realizar
limpieza de drenes, sin equipos de protección y seguridad. https://larepublica.pe/
Ayacucho: Exigen cierre de mineras en cabeceras de cuenca
En una masiva movilización,
miles de manifestantes procedentes de la provincia de Huanta se congregaron en
la ciudad de Huamanga para exigir al gobernador regional, Wilfredo Oscorima, el
retiro de las empresas mineras de las cabeceras de cuenca de agua.
Los manifestantes argumentaron
que estas empresas afectan directamente a las zonas que son cruciales para la
recepción del agua, poniendo en riesgo la salud de toda la población.
La protesta se llevó a cabo
frente al edificio del Gobierno Regional de Ayacucho, donde los manifestantes
tuvieron un breve enfrentamiento con las fuerzas policiales encargadas de
resguardar la institución, informó Jornada. https://jornada.com.pe/
Organizaciones indígenas, comunidades, sindicatos e instituciones de sociedad civil nos pronunciamos frente al CADE Empresarial 2023
Bajo el lema “Volver a crecer,
volver a creer”, la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) se reúne una vez más
en Cusco de espaldas a las demandas de los derechos de los pueblos indígenas,
de las comunidades campesinas, de los trabajadores, de las asociaciones de
usuarios, consumidores, entre otros sectores cuyos derechos se ven vulnerados
por malas prácticas empresariales en el ámbito laboral, ambiental y social. En
ese sentido, los abajo firmantes queremos señalar que:
EL CADE se realiza en Cusco, importante región del sur andino que alberga los proyectos mineros con mayor conflictividad en el país, originados muchas veces por afectaciones probadas al medio ambiente y la criminalización a los defensores de derechos humanos y ambientales, así como por el fracaso en establecer y cumplir acuerdos en las mesas de diálogo, entre otros. Hechos que deberían llevar a una reflexión profunda sobre por qué un sector del empresariado no genera la tan mentada “confianza” en amplios sectores de la sociedad peruana.
En un contexto de crisis
múltiple en el Perú (política, económica y climática) nos reafirmamos en
señalar que las salidas a éstas no deben darse recortando más derechos
laborales ni reduciendo los estándares ambientales o limitando los derechos a
la ciudadanía. Por el contrario, se debería avanzar hacia un desarrollo
realmente para todos, donde no solo ganen los grandes empresarios sino ganemos
todos sin exclusiones. Por tal motivo, exigimos a los empresarios y al gobierno
actual:
A nivel internacional demandamos
que se cumplan con todos los tratados sobre derechos humanos y convenios
laborales y ambientales que el Estado peruano se ha adherido; así mismo en el
marco de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos que el
gobierno tome postura a favor de la aprobación del tratado vinculante, así como
no utilice para sus intereses económicos la debida diligencia, sino más bien
que cumpla en respetarla e implementarlas.
A nivel nacional pedimos que las
políticas de inversión privada e inversión pública tengan por objetivo
principal proteger y respetar los derechos humanos y ambiental, tal como queda
establecido en diversas políticas nacionales, normas y en el mismo Plan
Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos aprobado por el MINJUS,
que tiene como objetivo reducir la vulneración y violación de derechos humanos
en las actividades empresariales en el país.
Cuestionamos la posición de los
gremios mineros que afirman que el “Perú es un país minero” y que debemos
expandir la gran minería sin mayor regulación y control. En ese marco sus
principales voceros vienen presionando al gobierno para seguir desmantelando la
poca institucionalidad ambiental que tenemos. No se puede promover actividad
extractiva minera a costa de la vulneración de los derechos ambientales y los
derechos humanos de las poblaciones afectadas.
Por estos motivos, seguiremos
movilizándonos para impulsar la aprobación de una ley nacional de empresas,
derechos humanos y debida diligencia, que establezca estándares obligatorios
para que las empresas no vulneren los derechos humanos y ambientales, y sus
actividades están alineadas con los parámetros que definen una conducta
empresarial responsable.
En el marco de esta versión del
CADE empresarial, y en medio de una grave recesión económica, las
organizaciones de sociedad civil adherentes planteamos que la salida a la
crisis económica se debe dar generando mayor inversión e impulsando mejores
empresas, pero principalmente, promoviendo el cumplimiento y pleno respeto de
los derechos humanos y ambientales. Necesitamos un Perú con empresas que
respeten los derechos y no lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los años
de modelo neoliberal extractivista. Esta historia tiene que cambiar.
Nos adherimos al comunicado:
Confederación General de
Trabajadores del Perú. CGTP
Central Unitaria de Trabajadores
del Perú, CUT PERÚ
Confederación de. Trabajadores
del Perú – CTP
Central Autónoma de Trabajadores
del Perú – CATP
Federación de Trabajadores del
Agua Potable y Alcantarillado -FENTAP
Plataforma de la Sociedad Civil
sobre Empresas y Derechos Humanos del Perú
CooperAcción
Fundación Ecuménica para el
Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ,
RED MUQUI
Centro Bartolomé de Las Casas –
CBC
WeWorld
Derechos Humanos y Medio
Ambiente – DHUMA
Asociación Pro Derechos Humanos,
APRODEH.
Centro de Políticas Públicas y
Derechos Humanos (Perú EQUIDAD)
Red Peruana por una
Globalización con Equidad (RedGE)
Derechos Humanos Sin Fronteras –
DHSF
GRUFIDES
Asociación de Mujeres Arariwas
Ambientales de Espinar
Asociación de jóvenes de Chamaca
– Chumbivilcas
Federación campesina de
Challhuahuacho
Asociación de mujeres
productoras de Chamaca https://cooperaccion.org.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
