Jueves, 30 de julio de 2020 – Año XIV – Edición 3525 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
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PERÚ
- Tribunal Constitucional admite demanda de inconstitucionalidad contra Decreto
Legislativo 1280 que promueve privatización del agua en Perú. 6550 peruanos
piden formalmente que gobierno, no privatice las empresas de agua del país
·
PERÚ
– Piura. Gerente de EPS Grau responde a pedido de renuncia de alcalde de Piura
·
ALERTA
- Latinoamérica, la región más peligrosa para defensores de la tierra en 2019
·
BRASIL
- Hace diez años, ONU declaraba acceso al agua y saneamiento como derecho
humano
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Tribunal Constitucional admite
demanda de inconstitucionalidad contra Decreto Legislativo 1280 que promueve
privatización del agua en Perú
6550 peruanos
piden formalmente que gobierno, no privatice las empresas de agua del país
El 19 de julio del año 2019, en una jornada histórica, 6550
presentaron ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad
contra el Decreto Legislativo 1280 que promueve la privatización de las
cincuenta empresas públicas del agua del Perú.
El secretario general de la Federación
Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú – Fentap,
Luis Isarra Delgado, informó que el lunes 27 de julio del 2020, a las 11:27
horas de la noche, fue notificado electrónicamente con el auto admisorio de la
demanda ante el Tribunal Constitucional.
Este logro, ha sido posible, gracias a todos los ciudadanos
que firmaron a nivel nacional, a quienes nos apoyaron recolectando firmas y
llenando padrones, a los diferentes medios de comunicación que nos brindaron el
espacio para difundir esta iniciativa y a todas las organizaciones y
ciudadanos, que apuestan por la defensa y fortalecimiento de la empresa de agua
pública en Perú.
Fueron varios meses de recolección de firmas, de
coordinaciones con los asentamientos humanos, de reuniones y explicaciones del
por qué presentar esta acción de inconstitucionalidad. A quienes nos apoyaron y
a quienes tuvieron sus dudas, nuestro reconocimiento y llamado a persistir en
la lucha, convencidos que sin luchas no hay victorias, señaló el dirigente
nacional.
Aprovechamos la oportunidad para ratificar nuestro pedido
de que el presidente Martin Vizcarra, apoye al sector saneamiento en esta
emergencia sanitaria, con el otorgamiento del bono agua para los sectores más
vulnerables y el apoyo financiero a las EPS para la ejecución de proyectos,
garantizar la cadena de pagos y contar con liquidez para la adquisición de
equipos de protección del personal y pruebas rápidas, que en muchos casos han
sido insuficientes. Creemos que es de derecho y de justicia evitar el riesgo de
colapso de las EPS; peor aún si estamos en tiempos de pandemia, donde la falta
de agua potable, ahondaría aún más la crisis sanitaria que vivimos día a día,
remarcó Luis Isarra.
Gerente de EPS Grau responde a pedido de renuncia de alcalde de
Piura
El gerente de la EPS Grau, Roberto Sandoval Maza, fue claro
y preciso, luego de hacerse público, el pedido del alcalde Juan José Díaz Dios,
que exigió su renuncia, ante el desabastecimiento de agua en diversos sectores.
Tras ser consultado por La Hora, el gerente de la EPS Grau,
Roberto Sandoval Maza, confirmó que sí se comunicó con el alcalde de Piura,
Juan José Díaz Dios y que efectivamente conversaron respecto a los puntos que
sufren por desabastecimiento de agua, así como el de su renuncia.
Como se recuerda, esta mañana, el alcalde Díaz Dios,
publicó en sus redes sociales un post en el que exige la renuncia o despido del
Gerente General de la EPS Grau acusándolo de no tener un plan para abastecer de
agua diversas zonas de la ciudad, por lo cual, se han tenido que movilizar
cisternas de la municipalidad para apoyar en dichos sectores.
¿Cuándo habrá agua?
Por su parte el Gerente de la EPS Grau, aseguró que, desde
el mediodía, se restablecería el servicio en los pozos, Santa María y Las
Dalias, que afectan a diversos sectores como Santa María del Pinar, Santa
Margarita, Los Geranios, entre otros.
El problema se debería a que este martes por la noche, se
produjo una nueva avería que obligó al cierre de estos pozos.
Además, mencionaron que abastecerán con cisternas a los
vecinos que se vieron afectados por la falta del servicio. https://eltiempo.pe/
Latinoamérica, la región más
peligrosa para defensores de la tierra en 2019
América Latina fue el lugar más
peligroso para los defensores de la tierra en 2019, según un estudio de la ONG
Global Witness que sitúa en esa región cuatro de los cinco países donde fueron
asesinados más activistas, entre ellos Colombia, que lidera la estadística.
Según el documento, divulgado
este martes, 212 personas fueron asesinadas en todo el mundo en 2019 por
defender sus territorios e intentar detener la destrucción de la naturaleza.
La cifra de asesinatos es la
mayor registrada por la organización en un solo año.
Estos defensores luchan “contra
el cambio climático oponiéndose a las industrias intensivas en carbono que
están acelerando el calentamiento global y el daño ambiental de manera
insostenible”, detalla el informe.
Los activistas, que según el
documento se encuentran en la primera línea de la crisis climática, lideran
procesos de resistencia contra la explotación de recursos naturales y la
corrupción en sus países, lo que los convierte en objetos de “ataques
violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales”.
COLOMBIA Y FILIPINAS A LA CABEZA
Entre 21 países examinados,
Colombia, Filipinas, Brasil, México, Honduras, Guatemala y Venezuela
registraron, en ese orden, la mayor cantidad de homicidios contra defensores
que se oponen generalmente a la minería ilegal, la deforestación y la
contaminación de los recursos hídricos.
Las cifras alarmantes de América
Latina fueron más preocupantes en Colombia, país que registró 64 de los
asesinatos de 2019, la cifra más alta divulgada por Global Witness, y superior
a los 43 perpetrados en Filipinas.
Estas dos naciones tuvieron más
de la mitad de todos los homicidios registrados el año anterior, aunque la ONG
advierte que los números pueden ser incluso mayores “ya que normalmente los
casos no son documentados”.
El resto de asesinatos ocurrió
en Brasil (24), México (18), Honduras (14), Guatemala (12), Venezuela (8),
India (6), Nicaragua (5) e Indonesia (3).
Dos homicidios fueron
registrados en la República Democrática del Congo, Burkina Faso, Kazajstán y
Rumania, este último el único país europeo de la lista; mientras que hubo de
uno en Uganda, Perú, Camboya, Bolivia, Ghana, Kenia y Costa Rica.
El estudio también destaca que
las campañas de criminalización y difamación contra los activistas pueden
exponer a las comunidades a una mayor vulnerabilidad frente a los ataques,
practicas incluso ejercidas por gobiernos y medios locales.
En Colombia, como lo han
revelado informes elaborados por organizaciones nacionales, los defensores son
perseguidos por oponerse a las disputas por tierras y recursos naturales
relacionadas con actividades ilegales como los cultivos ilícitos o proyectos
minero-energéticos.
DETONANTES DE UN ATAQUE SIN FIN
Precisamente, la minería fue el
sector más letal a nivel mundial, con 50 personas defensoras asesinadas en el
periodo evaluado, mientras que la agroindustria sigue siendo una amenaza,
particularmente en Asia, donde el 80 % de los ataques producidos estuvieron
relacionados con ese sector.
“La agroindustria y el petróleo,
el gas y la minería aparecen como los principales detonantes de los ataques
contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Al mismo tiempo,
son las industrias que propician el cambio climático a través de la
deforestación y el aumento de las emisiones de carbono”, explicó la encargada
de campañas de Global Witness, Rachel Cox.
Las cifras del informe indican
que en promedio cuatro defensores han sido asesinadas cada semana desde la
adopción del acuerdo climático de París en diciembre de 2015.
“Constantemente la minería ha
sido calificada como uno de los mayores detonantes de la violencia contra las
personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Los minerales necesarios
para una transición hacia un futuro de energía limpia no deben extraerse a
costa de las personas que viven en zonas mineras”, advierte el informe.
Además, la emergencia mundial
por el coronavirus supuso mayores retos para los defensores. Según Global
Witness, “bajo una mayor represión y vigilancia durante el confinamiento “, la
protección de los activistas “resulta aún más crítica para la reconstrucción de
un planeta más seguro y más verde”.
INDÍGENAS Y MUJERES: MÁS
VULNERABLES
El riesgo es todavía mayor para
las comunidades indígenas de la región que sufrieron un tercio de las
agresiones letales cometidas contra este tipo de defensores, pese a que
representan solo el 5 % de la población total.
El documento destaca que las
habilidades de gestión de la tierra y el agua de estas comunidades son
cruciales para combatir la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, pues
las tierras habitadas por pueblos indígenas demuestran menores tasas de
deforestación y mejores resultados de conservación.
Líderes como Datu Kaylo
Bontolan, asesinado en Filipinas por oponerse a la minería ilegal, representan
a “las muchas personas indígenas víctimas de estos crímenes en 2019, por
defender su derecho a la autodeterminación y proteger sus tierras ancestrales
de quienes buscan explotar sus recursos naturales”.
Además de la afectación de
pueblos y comunidades indígenas, las cifras demuestran que más de una de cada
diez personas defensoras asesinadas en 2019 eran mujeres.
Las defensoras, subraya el documento,
“enfrentan amenazas específicas, incluidas campañas de desprestigio centradas a
menudo en su vida privada, con contenido sexista o sexual explícito” y estas
prácticas, que normalmente no son denunciadas, se utilizan como una táctica
para silenciarlas.
El informe destaca que, a pesar
de los ataques y las represiones de algunos gobiernos, el trabajo que hacen los
activistas continúa protegiendo el planeta.
“Si realmente queremos hacer
planes para una recuperación ecológica que posicione la seguridad, la salud y
el bienestar de las personas en el centro, debemos abordar las causas
fundamentales de los ataques contra las personas defensoras y seguir su ejemplo
para proteger el medio ambiente y detener el cambio climático”, agregó la
organización. https://www.efeverde.com/
Hace diez años, ONU declaraba acceso
al agua y saneamiento como derecho humano
Cuando fue a vivir en Jardim
Emburá, en el extremo sur de la ciudad de São Paulo, Katia Marques se enteró de
que el agua no era entubada y, sin opción, vio la rutina de llenar baldes en el
tanquero convertirse en parte de su realidad. Lo que ella no imaginaba es que,
más de cinco años después, la situación todavía sería la misma.
Así como Katia, que es madre de
dos niños de 7 y 13 años, cientos de familias del barrio sobreviven en las
mismas condiciones. Ellas forman parte del 16% de la población, aproximadamente
35 millones de personas, que no tienen acceso al agua tratada en Brasil, según
las cifras más recientes del Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento
(SNIS).
Los pozos de agua no tratada
están en casi todos los patios de las casas de Jardim Emburá, localizado en el
distrito Engenheiro Marsilac. Para no depender de los escasos tanqueros que envía
la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de São Paulo (SABESP), la única
opción de Katia es utilizar el agua del pozo para cocinar y bañarse.
“El agua sale [del pozo] marrón
y tenemos que esperar a que se asiente. Tomamos el cloro que dan en el puesto
para nosotros mismos tratar el agua. Esperamos unas tres horas para que el
cloro limpie un poco”, explica Katia, de 33 años, que relata consecuencias en
la salud de la familia.
En la casa donde vive Felipe con
su esposa y dos hijos, el acceso al agua sólo es posible porque su suegro, que
vive cerca y toma agua de una tubería local, extendió una manguera de más de
300 metros para bombear agua hasta la casa de su hija.
Felipe afirma que las regiones
del distrito de Marsilac que circundan a Jardim Emburá tienen agua tratada y
entubada. En el barrio que está a medio camino, sin embargo, no sale ni una
gota del grifo.
Según el joven, muchos de los
aproximadamente siete mil moradores del barrio ya buscaron a la SABESP para
presionar por la llegada de agua tratada, pero no tuvieron éxito. Ahora él
recoge firmas para un documento que será entregado a la empresa y a las
autoridades de salud.
“Ellos saben de la situación.
Tanto saben que nos dan cloro para tratar el agua en casa. Hay personas que
viven aquí hace más de 30 años y hasta desistieron [de luchar por el agua
tratada]”, cuestiona.
Derecho fundamental
El cotidiano en el Jardim Emburá
es apenas un caso entre tantos de la realidad brasileña que ponen en jaque la
resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), firmada el 28 de
julio de 2010, que determina que el acceso al agua limpia y segura y al
saneamiento básico son derechos humanos fundamentales.
Otros datos constatan la
gravedad del escenario. En 2019, apenas 46% del saneamiento generado en el país
fue tratado y casi 100 millones de personas utilizaron medidas alternativas
para lidiar con los desechos, sea por medio de pozos o arrojando el desagüe
directamente a ríos.
Edson Aparecido da Silva,
secretario ejecutivo del Observatorio Nacional de los Derechos al Agua y al
Saneamiento (Ondas), resalta la importancia de la resolución de la ONU, pero
señala que muchas naciones todavía no incorporaron ese derecho a sus
instrumentos legales.
Es el caso de la Constitución
Brasileña, que por medio del artículo 6º establece la salud, la educación, la
seguridad, la vivienda, entre otros, como derechos sociales, pero no cita el
acceso al agua y al saneamiento.
Él explica que la mayor parte de
la población desasistida se concentra en las regiones Norte y Nordeste del
país, así como en las periferias de las grandes ciudades, en los cerros, en las
favelas y en las casas de palafitos.
“El derecho humano al acceso al
agua y al alcantarillado sanitario es efectivamente cumplido cuando todas las
personas, independientemente de su capacidad de pagar por los servicios,
independientemente de dónde y de las condiciones que vivan, tienen acceso a
esos servicios. Estoy hablando, inclusive, de incorporar ese derecho para la
población que vive en situación de calle, que está completamente excluida”,
critica.
Es que, a pesar de la situación
crítica de buena parte de los brasileños, el especialista pondera que, desde el
inicio de los años 2000, hubo avances en las políticas del área, a partir de la
creación del Ministerio de las Ciudades – en 2003, por el gobierno de Luiz
Inácio Lula da Silva – y del desarrollo de políticas urbanas.
En los últimos años, sin
embargo, en opinión del secretario ejecutivo del Ondas, hubo un empeoramiento a
partir de la reducción de inversiones y extinción de instrumentos de control
social creados anteriormente.
Para el, el nuevo marco del
saneamiento básico es la expresión máxima de ese retroceso. Sancionada por Jair
Bolsonaro (sin partido) el 15 de julio, la ley facilita la privatización de los
servicios prestados por el sector. A partir de ahora, empresas públicas no
podrán ser contratadas directamente, y deberán disputar una licitación con
empresas privadas.
El presidente vetó, además, el
artículo que permitía la extensión de los contratos actuales con las empresas
públicas por 30 años más. El dispositivo era resultado de una articulación
entre la oposición y gobernadores críticos a los efectos de la privatización de
servicios esenciales.
Asesor de saneamiento de la
Federación Nacional de los Urbanitarios (FNU), Silva afirma enfáticamente que
la lógica del lucro, que guía al sector privado en el saneamiento, es
incompatible con la idea de universalización del acceso.
“Los grupos interesados en el
saneamiento de Brasil son grandes grupos financieros, empresas controladas por
fondos de inversiones. BRK Ambiental, una de las mayores empresas privadas de
saneamiento en el país, tiene como principal controlador un fondo de inversión
canadiense. Aegea, la segunda empresa más grande, tiene un fondo de inversión
de Singapur. Es evidente que el saneamiento en la mano de esos grupos se va a
convertir, efectivamente, en un gran negocio”.
Agua es salud
Informaciones del Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) registran que, en 2016, hubo 166,8
internaciones hospitalarias por 100 mil habitantes en Brasil debido a
enfermedades relacionadas con la falta de saneamiento. Considerando una
población de 207,7 millones en esa época, fueron 346,5 mil internaciones
hospitalarias por enfermedades causadas por "saneamiento ambiental
inadecuado".
Acceder a agua tratada es,
incuestionablemente, una cuestión de salud pública en todo el mundo. De acuerdo
con la Organización Mundial de la Salud (OMS) por ejemplo, en 2017, más de un
cuarto de las muertes de niños menores de cinco años fueron causadas por
factores ambientales como contaminación, falta de saneamiento y uso de agua no
apta para el consumo.
La profesora asociada del
Instituto Salud y Sociedad, de la Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP),
complementa que vectores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya tienen
sus criaderos en depósitos de agua improvisados en los barrios que no disponen
de abastecimiento regular de agua – similar a los pozos artesianos de Jardim
Emburá, en Marsilac.
