Martes, 4 de septiembre de 2022 – Año XV – Edición 4064
– http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
CGTP convoca a plantón de protesta
INDECOPI pretende dejar sin efecto el D.S. 001-2022-TR, que
limita la tercerización laboral, declarándolo como “barrera burocrática”, en
una clara afectación al derecho humano al trabajo digno. Indecopi hace eco de
las directrices de la CONFIEP y otros grupos de poder económico que se
benefician de la precarización del trabajo y la explotación laboral para
acrecentar sus millonarias arcas.
Las y los trabajadores condenamos el accionar de INDECOPI y
expresamos con claridad que los derechos laborales no son “barreras
burocráticas”, por el contrario, demandamos corregir los abusos que se han
cometido con el mal uso de la tercerización laboral, la cual debe restringirse
para actividades no nucleares o principales de una empresa.
En tal sentido, convocamos a toda la clase trabajadora a
expresar su rechazo al accionar de Indecopi participando activamente en el 𝗣𝗟𝗔𝗡𝗧𝗢́𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗧𝗘𝗥𝗖𝗘𝗥𝗜𝗭𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗟 que se realizará el miércoles
05 de octubre de 2022, desde las 10:00 a.m., en la sede de INDECOPI ubicada en
Calle De La Prosa 104, San Borja, Lima.
Minam exhorta a autoridades municipales y regionales electas a
trabajar por una óptima gestión ambiental
Tras el reciente proceso electoral, el ministro del
Ambiente, Wilbert Rozas, hizo un llamado a las futuras autoridades regionales y
locales -que asumirán funciones a partir del próximo año- a que incorporen en
sus planes de gestión el componente ambiental a fin de promover un desarrollo
sostenible del país.
Agregó que este aspecto involucra una adecuada gestión de
los residuos sólidos, además de concientizar a la ciudadanía en general a
reciclar desde sus hogares a fin de impulsar el camino hacia una economía
circular que valorice los residuos.
“Es fundamental para todos contar con un ambiente sano y
saludable, no solo para el presente sino también para las futuras
generaciones”, comentó.
Indicó que las futuras autoridades electas deben trabajar
de manera coordinada con el gobierno central y las comunidades para hacer
frente a la tala y minería ilegal, actividades ilícitas que fomentan la
deforestación de los bosques y pone en peligro la vida de las personas que
defienden sus territorios.
Asimismo, resaltó que las autoridades deben promover la
implementación de áreas verdes en sus jurisdicciones, así como la protección y
conservación de las lomas del país de las invasiones y traficantes de terrenos.
“Las áreas verdes y las lomas mejoran la calidad de vida de la población, son
espacios de recreación e investigación para la academia”, comentó. https://www.elperuano.pe/
Tercerización: precisiones garantizan
derechos laborales
Las modificaciones efectuadas al
reglamento de la ley que regula los servicios de tercerización permitirán que
aquellos trabajadores tercerizados en el núcleo del negocio pasen a la planilla
de la empresa principal, participen en el reparto de utilidades y negocien
colectivamente de forma directa, informó el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (MTPE).
En esa medida, aclaró, el D. S.
N° 001-2022-TR garantiza el principio de igual salario por trabajo de igual
valor, tutela la libertad sindical y protege la estabilidad laboral, ya que los
trabajadores tercerizados son contratados temporalmente pese a realizar labores
de carácter permanente.
Por lo tanto, descartó que esta
norma incremente la informalidad, teniendo en cuenta que la receta para
formalizar el empleo no va de la mano con precarizar el trabajo decente vía la
reducción de derechos.
Hemos tenido una experiencia
pasada con la Ley del Régimen MYPE, que bajo la excusa del incremento de la
formalidad introducía un régimen laboral con derechos reducidos; sin embargo,
la data nos indica que no hubo un incremento en la tasa de formalidad, indicó
dicho portafolio.
La informalidad, añadió,
constituye un fenómeno que tiene muchas décadas en el país (con raíces
educativas) y cuyo tratamiento va de la mano con medidas que ciertamente no
involucren una precarización del empleo.
En ese contexto, el MTPE explicó
que lo que hace el citado decreto supremo es corregir la ilegalidad del
reglamento primigenio de la ley que regula los servicios de tercerización emitido
en el 2008.
Correspondía que el Reglamento
de la Ley N° 29245 precisar el concepto de “actividades especializadas u
obras”; no obstante, el reglamento primigenio de esta ley (D. S. N°
006-2008-TR) solo indicó que estas eran cualquier actividad que no implique la
simple provisión de personal, dijo.
A decir del MTPE, esto permitió
que en la práctica pueda tercerizarse toda la actividad de la empresa,
justamente lo que no permitía la ley.
No hemos creado nada nuevo ni
alterado la ley; era necesaria su emisión para evitar el uso desnaturalizado
con la tercerización y para proteger los derechos de los trabajadores
consagrados en la Constitución y los tratados suscritos por nuestro país,
puntualizó.
Directrices
Según la Ley N° 29245, solo se
permite la tercerización para actividades especializadas u obras y solo puede
tercerizarse una parte integral del proceso productivo de la empresa principal.
Esta ley no indica que puede tercerizarse toda la actividad de la empresa,
advierte el MTPE.
Al respecto, explica que la
tercerización no procede para las actividades en que se entiende que la experta
es la misma empresa principal, o sea, sus actividades habituales u ordinarias.
Así, por ejemplo, para una fábrica de zapatos, una actividad especializada
sería la asesoría contable o legal, en tanto que la fabricación de zapatos
constituye su actividad ordinaria o habitual que no podría tercerizarse,
refiere.
El D. S. N° 001-2022-TR define a
las “actividades especializadas u obras”, indicando que son las que exigen un
nivel de conocimiento técnico, científico o particularmente calificado. Además,
precisa que las actividades especializadas u obras no pueden tener por objeto
el núcleo del negocio. Es decir, didácticamente, ha denominado “núcleo del
negocio” a las actividades habituales u ordinarias de la empresa principal,
detalla el ministerio.
Por lo tanto, colige que el core
business de la empresa principal es aquello en lo que ella misma ya es experta
y no requiere de otra empresa tercerizadora especializada para llevar a cabo
dicha parte del proceso productivo.
Por consiguiente, añade, el D.
S. N° 001-2022-TR establece cinco criterios para determinar el núcleo del
negocio. Entre ellos, el objeto social de la empresa, lo que la identifica
frente a sus clientes finales, y, el elemento diferenciador de la empresa,
dentro del mercado que desarrolla sus actividades. Luego, la actividad de la
empresa que genera un valor añadido para sus clientes, así como la actividad de
la empresa que suele reportarle mayores ingresos.
No obstante, el MTPE advierte la
existencia de una excepción para tercerizar “el núcleo del negocio”. En efecto,
tanto el D. Leg. N° 1038 como el D. S. N° 001-2022-TR fijan que la
tercerización objeto de regulación es la tercerización con desplazamiento
continuo de personal. Es decir, sí es posible externalizar actividades
nucleares para tercerizaciones sin desplazamiento o con desplazamiento
ocasional de personal.
En este sentido, advierte que un
hospital perfectamente puede tercerizar a otro una operación quirúrgica cuya
complejidad no puede asumir, siempre que la operación sea en el nuevo hospital,
ya que no habría desplazamiento de personal (médicos). Además, podría darse una
tercerización en la que los médicos vayan al hospital de la empresa principal,
cuando se dé ocasionalmente, añade la citada cartera.
Adhesión del Perú a la OCDE
El D. S. N° 001-2022-TR se
enmarca en la adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), informó el MTPE. Toda vez que nuestro país ha
iniciado el proceso de adhesión a esta organización con la hoja de ruta
adoptada el 10 de junio, cuya misión es promover y diseñar políticas públicas
que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar de
todas las personas, señaló.
Para la adhesión a la OCDE,
aseveró que el Perú debe cumplir con el respeto a los estándares laborales
básicos, que se reflejan en una serie de instrumentos internacionales, como el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), los
Convenios 87 y 98 de la OIT y la Convención Americana. Además, el MTPE indicó
que el Decreto Supremo N° 001-2022-TR no haya pasado por el Consejo Nacional de
Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) no invalida la norma. Al contrario, lo
que se buscaba era corregir la ilegalidad del D. S. N° 006-2008-TR, en estricto
cumplimiento de la Constitución, enfatizó. https://www.elperuano.pe/
Década mortal: el 68 % de los
asesinatos de defensores ambientales en los últimos 10 años se ha registrado en
Latinoamérica
La cifra es brutal: 1733
personas defensoras de la tierra y medio ambiente fueron asesinadas en los
últimos diez años en todo el mundo. El nivel de esta violencia se dimensiona
aún más con este dato: cada dos días, en promedio, se consumó un ataque letal
en contra de una persona que decidió defender los bosques, las selvas, el agua,
la fauna, la tierra, la vida. El 68 % de esos homicidios han ocurrido en países
de Latinoamérica y el 39 % de ellos han sido en contra de pobladores indígenas.
Estos son algunos de los datos
que se incluyen en “Una década de resistencia. Diez años informando sobre el
activismo por la tierra y el medio ambiente alrededor del mundo”, el más
reciente informe de Global Witness, organización no gubernamental que desde
2012 documenta las violencias que sufren los defensores ambientales.
El informe presenta también los
datos del 2021. En ese año, la violencia contra las personas defensoras de la
tierra y del medio ambiente tampoco se detuvo: al menos 200 hombres y mujeres
fueron asesinados por defender aquello que da vida al planeta. En promedio, se
registraron cuatro homicidios por semana. Y el 40 % de todos los ataques
fatales fueron dirigidos en contra de personas indígenas, a pesar de que sólo
representan el 5 % de la población mundial. Esta situación es más evidente en
México, Colombia, Nicaragua, Perú y Filipinas.
El mayor número de ataques en
América Latina
Como ha sucedido en otros años,
en el 2021, América Latina se ubicó como la región más peligrosa para las
personas defensoras de tierra y medio ambiente. México, Colombia y Brasil
concentraron los números más altos a nivel mundial. Las cifras de los tres
países representan más de la mitad de los ataques registrados ese año.
Además, 1 de cada 10 de las
personas defensoras asesinadas en 2021 eran mujeres.
“Nuestros datos sobre asesinatos
representan la punta del iceberg”, comenta Marina Comandulli, oficial de
campaña de Global Witness. En el informe, incluso, se destaca que hay muchos
ataques en contra de personas defensoras o comunidades que no se notifican,
porque no cuentan con las condiciones necesarias para realizar las denuncias. Y
un ejemplo de ello es lo que sucede en África, en donde solo se documentaron 10
asesinatos, ocho de ellos en el Parque Nacional de Virunga, en la República
Democrática del Congo.
“Estos ataques letales —se
destaca en el informe— ocurren en el contexto de una gama más amplia de
amenazas en contra de los defensores que están siendo atacados por el gobierno,
las empresas y otros actores no estatales que ejercen violencia, intimidación,
campañas de difamación y criminalización”.
México, el país más violento
para defensores en 2021
Desde 2019, México registra un
aumento significativo en la violencia contra los defensores ambientales. Si en
2020, el país registró 30 homicidios, para el 2021 la cifra se elevó a 54. Ese
número ubica a la nación como la más peligrosa cuando se trata de defender la
tierra y el medio ambiente.
De los 54 defensores asesinados
en México, 40 % eran personas indígenas. Además, al menos 19 de los defensores
también fueron víctimas de desaparición.
En abril de 2021, por ejemplo,
al líder indígena nahua José Santos Isaac Chávez lo desaparecieron. Lo encontraron
muerto en su coche, que había sido conducido a un precipicio. Su cuerpo tenía
marcas de tortura.
Santos era uno de los opositores
más visibles a las operaciones de la mina Peña Colorada que es manejada por las
empresas ArcelorMittal y Ternium en la región de la Sierra de Manantlán, en los
límites entre el estado de Colima y Jalisco, en México.
La operaciones mineras han
impulsado la deforestación, la pérdida de vida silvestre y contaminación de los
cuerpos de agua en esa región en donde también se encuentra la Reserva de la
Biosfera de Manantlán; una zona en donde miembros del Cártel Jalisco Nueva
Generación controlan el territorio y también han extendido sus actividades
ilícitas a la minería.
En esa región de Manantlán, se
cuentan por decenas a los defensores que han sido amenazados, desaparecidos o
asesinados. Entre ellos, además de Santos, también está Rogelio Rosales, hijo
de uno de los activistas opositores a las mineras ilegales y que fue asesinado
en octubre de 2020.
En 2021, México fue uno de los
países —al igual que India y Nicaragua— en donde se registraron ataques letales
en masa de personas defensoras. Uno de esos casos fue el que se registró en
julio de ese año, cuando diez personas —ocho de ellas indígenas Yaquis—
desaparecieron en el estado de Sonora, al norte de México.
“En los últimos diez años, el
país se ha convertido rápidamente en uno de los lugares más peligrosos para las
personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”, se destaca en el
informe. El país ha registrado un total de 154 casos entre 2012 y 2021; de
ellos 131 ocurrieron entre 2017 y 2021.
Colombia, sigue como un país
peligroso para defensores
En abril de 2021, Sandra Liliana
Peña fue asesinada. Era gobernadora de una comunidad Nasa, ubicada en el
departamento del Cauca, Colombia. Cuatro hombres armados la obligaron a salir
de su casa y la mataron a tiros. Ella se opuso abiertamente al crecimiento de
cultivos ilegales en su región y por eso había sido amenazada en varias
ocasiones.
Peña es una de las 33 personas
defensoras de tierra y medio ambiente que fueron asesinadas en Colombia en
2021, una cifra que es mucho menor a los 65 casos registrados un año antes. La
disminución en los números no significa que el país cante victoria, sobre todo
porque a nivel mundial se ubica como el segundo con más violencia contra los
defensores de tierra y medio ambiente a nivel mundial. Y como resalta Marina
Comandulli, de Global Witness: no se trata sólo de números, “se está hablando
de vidas humanas”.
Óscar Sampayo, por ejemplo, es
uno de los defensores de Barrancabermeja, en la región del Magdalena Medio de
Colombia, que ha visto morir a tres de sus amigos y líderes ecologistas que se
han opuesto a la extracción de petróleo y que denunciaron la contaminación
causada en la región por las grandes petroleras. Dos de ellos fueron asesinados
en febrero y uno a finales de julio de 2021.
Colombia padece lo mismo que
otras naciones en donde es alta la violencia en contra de los defensores
ambientales: la impunidad prevalece alrededor de estos crímenes. Marina
Comandulli destaca que en ese país más del 90 % de los casos no han tenido un
seguimiento “y son poquísimos los que han llegado a juzgados”.
Violencia creciente en la
Amazonía brasileña
Los datos de Global Witness
permiten conocer que siete de los diez países con el mayor número de asesinatos
de personas defensoras de tierra y medio ambiente entre 2012 y 2021 son
latinoamericanos. Brasil, con 342 casos, es el país con más asesinatos en los
últimos diez años. También destacan Colombia (322), México (154), Honduras
(117), Guatemala (80), Nicaragua (57) y Perú (51).
En el caso de Brasil, la
Amazonía de ese país concentró el 85 % de todos los asesinatos de defensores
reportados en la última década. “La Amazonía —se lee en el informe— se ha convertido
en un escenario de creciente violencia e impunidad… es el escenario de una
batalla por la tierra y los recursos que se ha intensificado tras la elección
del presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro en 2018”. El
documento destaca que además de alentar la tala y la minería, el gobierno
recortó los presupuestos para las agencias dedicadas a la protección forestal y
a la atención de comunidades indígenas.
En 2021, Brasil se colocó como
el tercer país con más ataques letales en contra de personas defensoras de
tierra y medio ambiente, con 26 personas asesinadas, seis casos más que los
registrados un año antes. En esa lamentable lista está el nombre de Isaac
Tembé, líder del pueblo Tenetehara, quien fue asesinado, según indica el
reporte, por miembros de la policía militar de Brasil.
En el informe de Global Witness
se menciona que, de acuerdo con los integrantes del pueblo Tembé-Theneteraha,
la policía militar de Brasil actúa como una milicia privada, defendiendo los
intereses de los agricultores y ganaderos que están ocupando ilegalmente áreas
de que pertenecen a los territorios indígenas, la mayoría de ellos ubicados en
la Amazonía.
En 2021, el 78 % de los ataques
letales que se registraron en Brasil, Perú y Venezuela ocurrieron en la cuenca
amazónica.
Control y uso de territorio
No en todos los casos
documentados se logró identificar a un sector vinculado con la violencia en las
zonas en donde realizan su labor los defensores. En las cifras del 2021, eso se
consiguió solo en una cuarta parte de los 200 casos. Esos datos muestran que la
actividad minera está vinculada en, por lo menos, 25 casos de ataques letales
en contra de personas defensoras de tierra y ambiente; 15 de ellos se
registraron en México, seis en Filipinas, cuatro en Venezuela, uno en Nicaragua
y uno en Ecuador.
Las otras actividades presentes
son la agroindustria, el sector maderero y las represas hidroeléctricas, señala
Marina Comandulli.
En la mayoría de los casos en
los que no se pudo identificar a un sector vinculado con la violencia, se
descubrió que los conflictos por la tierra son un factor clave de los ataques
contra los defensores.
El informe destaca que el
control y uso del territorio es un tema central en los países en donde las
personas defensoras están amenazadas: “Gran parte de los crecientes asesinatos,
violencia y represión están relacionados con los conflictos territoriales y la
búsqueda del crecimiento económico basado en la extracción de recursos
naturales de la tierra”.
Además, “las disputas por la
tierra son una fuerza impulsora detrás de muchos asesinatos”, una violencia que
afecta, sobre todo, a los pequeños agricultores y los pueblos indígenas.
Ángel Miro Cartagena, por
ejemplo, era un pequeño agricultor en Antioquia, Colombia, que fue desaparecido
en junio de 2021 y encontrado muerto en un río. Él participaba en un programa
de desarrollo dirigido a producir café de alta calidad. Sin embargo, en el
territorio hay grupos que están intentando tomar el control de la tierra en la
zona.
Miro Cartagena es uno de los 50
pequeños agricultores, defensores de tierra y medio ambiente, que fueron
asesinados en 2021.
El informe también resalta que
entre las causas estructurales que están detrás de la violencia contra los
defensores ambientales se encuentra la desigualdad en la distribución de la
tierra. Como ejemplo menciona el caso de Colombia, país en donde el 81 % de la
tierra está concentrada en latifundios.
También se destacan a la
corrupción y la impunidad empresarial como factores que alientan la violencia
contra los defensores: “Muchas empresas se involucran en un modelo económico
extractivo que prioriza abrumadoramente las ganancias sobre el daño humano y
ambiental. Este poder corporativo irresponsable, respaldado por políticas
gubernamentales, es una fuerza subyacente importante que no solo ha llevado al
límite la crisis climática y de biodiversidad, sino que ha seguido perpetuando
el asesinato de personas defensoras”.
Un llamado urgente para proteger
a los defensores
En el informe, Mike Davis,
director ejecutivo de Global Witness, resalta que “las y los activistas, así
como las comunidades, juegan un papel crucial en la primera línea de defensa
contra el colapso ecológico, además de ser líderes en la campaña para
prevenirlo”, por lo que uno de los esfuerzos globales debe ser proteger a las
personas defensoras.
En su informe Global Witness
hace un llamado a los gobiernos para crear un entorno seguro para las personas
defensoras de tierra y medio ambiente, no criminalizando su labor, respetando los
derechos de los pueblos indígenas y promoviendo la responsabilidad legal de las
empresas.
En el caso de América Latina y
el Caribe, en el informe se recuerda que el 22 de abril de 2021 entró en vigor
el Acuerdo de Escazú. El primer instrumento jurídicamente vinculante que
contempla el prevenir e investigar los ataques en contra de los defensores
ambientales.
Países que son peligrosos para
los defensores, como Brasil y Colombia, no han ratificado el Acuerdo de Escazú.
México que ya lo ratificó, se destaca en el informe, no lo ha implementado de
manera efectiva: “Hay poca capacidad estatal y presupuesto para apoyar a los
defensores, reduciendo la probabilidad de que las personas y comunidades tengan
acceso a la justicia y reparación”.
También se hace un llamado a las
empresas para que prevengan, mitiguen y remedien cualquier daño en sus
operaciones. “Las políticas de las empresas deben incluir explícitamente
protocolos para salvaguardar los derechos de las personas defensoras de la
tierra y del medio ambiente”.
Marina Comandulli, de Global
Witness, señala que “las empresas deberían estar priorizando la vida humana por
encima del lucro y los Estados deben garantizar que los defensores tengan un
ambiente seguro para su labor”.
El informe subraya que se
necesita una acción urgente a nivel regional, nacional e internacional para
poner fin a la violencia y la injusticia que enfrentan. https://es.mongabay.com/
