Lunes, 2 de diciembre de 2024 – Año XIX – Edición 4601
Perú cumple 17 años de exploración
minera de uranio en Puno sin contar con normas para fiscalizar su extracción
El uranio, un elemento químico conocido por su radioactividad,
está en etapa de exploración en la región altiplánica de Puno desde el año
2007. Sin embargo, hasta la fecha no hay respuestas claras del Estado peruano
sobre reglamentos que puedan vigilar que su extracción no cause problemas en el
medio ambiente ni en la salud de las más de 2600 personas que viven cerca del
proyecto minero en el distrito puneño de Corani.
Desde su descubrimiento en 1789 y con un papel crucial en
la energía nuclear y la fabricación de armamento, el uranio ha sido objeto de
controversia. En el Perú tiene una historia que data desde hace más de 70 años,
pero fue en 2019 que la entonces titular de la Dirección de Gestión Minera del
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Martha Vásquez, aseguró que “el Perú se
encuentra en condiciones de poder realizar la explotación de uranio con la
mayor responsabilidad y esfuerzo, conforme lo viene realizando con la minería
convencional”.
Cuando dio esa declaración, el Perú ya tenía doce años de
haber aprobado etapas de exploración del uranio. La empresa Macusani Yellowcake
S.A.C., compañía que actualmente es la única que realiza actividades con
respecto a este elemento químico, empezó sus trabajos de exploración en 2017.
Con toda esta historia de exploración a cuestas, se realizó una búsqueda de los
documentos que sustenten tanto en el Ministerio de Ambiente como en el
Ministerio de Salud que se ha reglamentado a nivel nacional la evaluación y
fiscalización de uranio. Lo que encontramos es que no existe normativa adaptada
a Perú para esto. Entonces, ¿qué está pasando en esta concesión minera?
Más de 70 años de intentar explotar el uranio peruano
El interés por el uranio en el Perú se inició en la década
de 1950, cuando el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y la Comisión de
Energía Atómica de los Estados Unidos realizaron exploraciones en la meseta de
Macusani, en la provincia de Carabaya. Los hallazgos iniciales despertaron la
esperanza de que el país pudiera convertirse en un actor relevante en la
industria del uranio. Sin embargo, a medida que los precios internacionales
cayeron en las décadas de 1980 y 1990, el desarrollo de estos recursos se
estancó, al igual que las investigaciones sobre la ubicación y distribución del
uranio. Entre esos años, las exploraciones estuvieron a cargo del IPEN.
La situación cambió en la década del 2000, cuando el precio
del uranio aumentó drásticamente, reavivando el interés en su exploración.
Varias empresas mineras, principalmente canadienses y australianas, comenzaron
a realizar estudios en el Perú, buscando aprovechar la creciente demanda. En
2005, la concesión fue otorgada a las empresas canadienses Vena Resources y
Frontier Pacific. En 2007, la canadiense Global Plateau Energy Metal comenzó
las exploraciones. Sin embargo, el
desastre nuclear de Fukushima en 2011 generó un nuevo enfriamiento del interés
debido a preocupaciones sobre la seguridad nuclear.
En 2017, Plateau Energy Metal vendió sus acciones a
Macusani Yellowcake y esta entró en la escena del uranio. Es en ese año que
descubrió el litio en el camino. En 2021, Macusani Yellowcake, dedicada tanto
al litio como al uranio, fue adquirida por American Lithium, también de Canadá.
Recientemente, en 2024, los proyectos de uranio, distribuidos sobre todo en el
distrito de Corani, pero también en Macusani, fueron transferidos a una nueva
empresa denominada Macusani Uranium S.A.C. Los de litio siguen siendo parte de
American Lithium, denominada en Perú como Macusani Yellowcake.
Ausencias importantes
Los trabajos de exploración del uranio no han tenido la
misma ruta de avance que el marco regulatorio tanto para la salud de los
trabajadores ni para los 2667 pobladores de Corani, el distrito que tiene más
influencia del proyecto minero.
Vajamos a Corani para recoger los testimonios de este grupo
afectado. Lo primero que percibimos fue el miedo a declarar a un medio de
comunicación. Existe un hermetismo fuerte que no deja que haya una conversación
con una grabadora de por medio. Sin embargo, el sentimiento promedio es el
temor por la ausencia de información adecuada sobre el uranio y su
radiactividad, por la falta de medidas de seguridad o por los protocolos que se
necesitan para su manipulación.
Luego de varios intentos, un poblador de Corani accedió a
declarar, aunque con su identidad en reserva por seguridad. «Sabemos que
nuestra zona es uranífera y (su explotación) puede generar ingresos
significativos, pero antes de que se explote este mineral nos gustaría que se
nos consulte e informe sobre su exploración y explotación”, comenta el joven.
Él señala que, en las comunidades, la mayoría no conoce sobre su radiactividad.
“Hay personas foráneas que llegaron a nuestra zona a investigar y nos
mencionaron que este mineral es radiactivo y peligroso. La responsabilidad de
esto recae en el Estado peruano. Nosotros queremos que se trabajen tanto el
litio como el uranio, pero que nos informen sobre cómo nos afectará en la salud
y el medio ambiente de nuestras comunidades», finaliza su testimonio.
La preocupación de esta ausencia de normativa es tanta que
el propio gerente general de Macusani Yellowcake, Ulises Solís, señalaba en una
entrevista periodística en 2018, hace seis años, que las normas para explotar
el uranio eran “muy vagas”. “De qué me
sirve explotar el uranio si no tengo una norma que regule el transporte o la comercialización,
y eso es lo que estamos buscando”, decía Solís en ese momento.
El representante de Macusani Yellowcake mencionó en esa
fecha que el Congreso de la República los citaba para trabajar en modelos de
normas. Además, el entonces presidente Martín Vizcarra dijo en agosto de 2018
que en seis meses el gobierno peruano “probablemente aprobaría leyes para poder
explotar litio y uranio”. Ya en ese momento se hablaba de un depósito con 124
millones de libras de uranio en Corani.
Se decidió confrontar a las instituciones públicas que
durante años han debido hacerse cargo de construir e implementar estas
normativas. Es así como se hicieron pedidos de información desde agosto de este
año al Ministerio de Energía y Minas (MINEM); al Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico (Ingemmet); al Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN); al
Ministerio del Ambiente (MINAM); al Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA); y al Ministerio de Salud (MINSA).
En líneas generales, las respuestas fueron desalentadoras. Solicitamos al MINEM el estado de la
concesión del proyecto de uranio y cómo se estaba avanzando con la evaluación
ambiental de este. Lo que respondió el ministerio fue que tenían registrados
avances en el proyecto de litio, pero no en el de uranio. Sobre el estado de la
concesión, Ingemmet respondió que la información se encontraba en el sistema de
información geográfica Geocatmin. En este portal hallamos que la empresa tiene
decenas de concesiones mineras activas en el caso del uranio.
Por su parte, preguntamos a OEFA sobre los procesos de
fiscalización que ha realizado a Macusani Yellowcake por su proyecto de uranio.
Lo que respondió OEFA fue que ha multado dos veces en 2018 porque la empresa
habilitó sin permiso la perforación, construcción de plataformas, pozas de
lodos e instalaciones auxiliares que se desarrollaban en el proyecto de
exploración Chacaconiza. Además, en 2022 le abre otra investigación porque al
volver al campamento, comprobaron que no se habían resuelto la recomendación de
cerrar estas instalaciones.
Pero acaso lo más grave es la ausencia de información por
parte del MINAM. Ante la pregunta sobre los límites máximos permitidos con
respecto al uranio y cómo estos eran usados para regular y fiscalizar la
exploración y explotación de este elemento, el ministerio respondió en octubre
que las consultas requerían un análisis y evaluación “que no estaban
comprendidas dentro de los alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública”. Señaló, además, que la Plataforma de Atención a la
Ciudadanía sería quien continuaría con el pedido. Sin embargo, hasta la fecha
no ha habido mayor respuesta.
Esta pregunta fue planteada porque accedimos a fuentes del
MINAM que prefieren guardar anonimato y que señalaron que no existen normativas
para regular el uranio. En una búsqueda intensiva en la web del MINAM, tampoco
se encontró ningún documento que valide la existencia de una norma.
En tanto, el MINSA señala que no existe data epidemiológica
sobre personas expuestas al uranio, ni reportes de intoxicación crónica o
problemas relacionados con este elemento en el agua. Según los registros del
Sistema de Información en Consulta Ambulatoria (HIS), no se dispone de datos
epidemiológicos sobre problemas asociados a la exposición al uranio porque no
se han realizado estudios al respecto.
Además, IPEN respondió que se ha recopilado material sobre
investigaciones realizadas entre 1980 y 2022, con énfasis en el uranio en Perú.
Además, a futuro, señalaron que analizarán los estudios relacionados con las
técnicas de extracción, el tratamiento de minerales uraníferos y la producción
de combustible nuclear. También se examinarán las investigaciones sobre la
seguridad en el manejo del uranio, las normas internacionales para el transporte
y almacenamiento de materiales radiactivos, así como la gestión de residuos
provenientes de la industria minera del uranio, dada la importancia económica
de este elemento.
Es decir, actualmente no hay estudios oficiales de cómo
manejar la extracción del uranio.
Exigencias desde la sociedad civil
Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa
Legal (IDL), menciona a Sin Fronteras que el Perú tendría que contar con una
legislación para minería de uranio. «Debería haber una legislación para la
exploración y explotación del uranio, porque es un mineral radiactivo. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos también lo menciona, señalando que el
derecho a un medio ambiente saludable es un derecho humano fundamental y
detalla las obligaciones de los Estados, en el marco de la protección y
garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal», acota.
Además, Elizabeth Zamalloa, ingeniera geóloga de
CooperAcción, menciona que en el Perú no tenemos experiencia ni conocimiento
sobre los efectos que podría ocasionar el uranio en la salud humana. “Este año,
el gerente general de la empresa Macusani Yellowcake afirmó que las personas
conviven con el uranio sin problemas, incluso dijo que no existían casos de
cáncer. Eso me preocupa mucho. Es posible que, si el uranio está encapsulado en
una roca y no entra en contacto con el oxígeno, no reaccione, pero no es lo
mismo consumir alimentos contaminados por uranio. Es un principio básico de
química: el uranio no está en estado puro, sino en un complejo que se debe
extraer a través de reacciones químicas”, dice.
Bladimir Martinez, ingeniero ambiental de la Red Muqui,
hace hincapié en la facilidad que tiene el uranio para entrar al cuerpo en el
aire, el agua, los alimentos o por contacto con la piel. “El uranio es un
elemento químicamente tóxico, lo que significa que puede acumularse en el
cuerpo de animales y humanos, afectando principalmente los riñones y el hígado.
Las personas que viven en Corani y también los trabajadores pueden exponerse a
su radiación si están cerca de esta sustancia. La exposición al uranio puede
dañar la salud de las personas”, precisa.
Martinez menciona que el Estado peruano aprobó el Decreto
Supremo N° 004-2017-MINAM, que establece los Estándares de Calidad Ambiental
(ECA) para el agua en Perú, crucial para proteger las aguas destinadas a la
producción de agua potable. Esta ley permite concentraciones de hasta 0,02 mg/L
de uranio en las aguas. Este límite es vital para salvaguardar la salud
pública, especialmente en regiones como Puno, donde la explotación de uranio
podría afectar las fuentes de agua.
El Ministerio de Salud resaltó a esta investigación periodística
que en la Red de Salud de Macusani Puno no existe a la fecha data
epidemiológica respecto a personas expuestas al uranio, ni reportes de
intoxicación crónica o aguda respecto a ese elemento. La Dirección Regional de
Salud de Puno menciona que el 70% de la población ya se encuentra expuesta a
metales pesados como cadmio, mercurio, arsénico y plomo, lo que agrava la
urgencia de establecer medidas, acotó.
Bladimir Martínez de Red Muqui menciona que se requiere
medidas de seguridad y control mucho más rigurosas para su explotación,
transporte y uso. “Exponer cantidades excesivas de uranio a la superficie, sin
el control adecuado, podría estar generando problemas de radioactividad y otros
en la población y seres vivos aledaños”, menciona el experto.
Elizabeth Zamalloa, representante de CooperAcción, menciona
que el Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, el
Ministerio del Medio Ambiente, e incluso las empresas mineras, deberían ser más
transparentes con la información.
Advertencias desde España
José Ramón Barrueco, secretario de la campaña Stop Uranio
de Salamanca, en España, en una entrevista a esta investigación, menciona que
la historia de la mina de uranio de Berkeley Minera España ofrece lecciones
valiosas sobre los peligros de la explotación de uranio sin regulaciones adecuadas.
«En Salamanca, donde estuvo la mina de uranio, había
poblaciones cercanas dedicadas a diferentes actividades como el turismo, la
agricultura y los negocios”, narra Barrueco. Él cuenta que la mina estaba en
una zona protegida, pero el problema nació porque la empresa Berkeley Minera
España ocultó información de que la mina era radiactiva. “Berkeley se presentó
a los alcaldes con ofertas de dinero y convenios de colaboración para continuar
operando y que no se opongan a la mina. Se firmaron documentos con los
ayuntamientos de Retortillo y Villavieja de Yeltes, entre otros. En ellos, la
empresa pidió que los técnicos municipales aceptaran el proyecto”, agrega el
representante.
Tras años de oposición de las comunidades locales, grupos
ecologistas y organismos gubernamentales, el proyecto fue finalmente paralizado
en 2021. Los impactos negativos en la salud de los trabajadores y la
contaminación del agua y el aire fueron factores determinantes en esta
decisión. Más de 40 trabajadores fueron directamente afectados; con los años,
ellos fallecieron con diferentes enfermedades, señala Barrueco. “Ahora, en toda
España, no se puede hacer minería de uranio debido a su radiactividad, salvo
que un gobierno que venga quiera cambiarlo», afirma.
Las lecciones aprendidas de este caso son especialmente
relevantes para Perú, donde las comunidades locales aún carecen de la
información en el debate sobre la explotación del uranio. Mientras tanto, el
futuro es incierto. Aunque el potencial económico es considerable, ya que la
libra de uranio se cotiza actualmente a más de US$100 y contamos con un
depósito de 124 millones de libras, las preocupaciones sobre la salud pública y
el medio ambiente son cada vez más apremiantes. https://radioondaazul.com/
Represa de Yanapuquio: Moquegua no acepta que el agua sea solo
para el Valle de Tambo en Arequipa
La distribución del recurso hídrico de la futura represa
Yanapuquio ha generado controversia entre las regiones de Arequipa y Moquegua,
tras declaraciones contradictorias entre el ministro de Desarrollo Agrario y
Riego, Ángel Manero Campos, y el viceministro del sector, Iván Ramos Pastor.
Durante su reciente visita a Arequipa, Ramos aclaró que el
agua de Yanapuquio beneficiará tanto a Arequipa como a Moquegua, desmintiendo
la versión del ministro Manero, quien afirmó que el recurso sería exclusivo
para el Valle del Tambo, en Arequipa. Según Ramos, el proyecto tiene un alcance
claro y equitativo.
Moquegua rechaza exclusividad para
Arequipa
El pasado 19 de noviembre, Manero, desde Arequipa, aseguró
haber alcanzado un acuerdo con Moquegua para que renuncie a su derecho sobre el
agua de Yanapuquio. Sin embargo, el Gobierno Regional de Moquegua emitió un
pronunciamiento contrario. En él se desmiente la existencia de tal acuerdo, se
rechaza las declaraciones del ministro y se exige su presencia en la región
para justificar sus afirmaciones.
¿Se avecina un conflicto social?
Aunque Ramos minimizó la posibilidad de un conflicto
social entre ambas regiones, señalando que el diálogo es clave para resolver
las diferencias, autoridades moqueguanas advierten lo contrario. Desde una
visita a Arequipa, Alonso Quispe Romero, consejero delegado del Consejo Regional
de Moquegua, afirmó que ya se están gestando tensiones entre las regiones.
La construcción de la represa Yanapuquio está
programada para iniciar el 30 de junio de 2025. El proyecto presenta retrasos
en cuanto a plazos puesto que debió estar lista desde abril de este año de
acuerdo al cronograma inicial. Las demoras se justifican por un arbitraje con
la empresa encargada de su expediente técnico. Según Manero, se tiene asegurado
más de 400 millones de soles para su inversión. https://elbuho.pe/
Piura enfrenta crisis hídrica:
agricultores y población en emergencia
La región de Piura vive una de
las peores crisis hídricas de los últimos años, con consecuencias devastadoras
para la agricultura, el empleo y la calidad de vida de la población. La sequía
ha llevado al agotamiento del reservorio de Poechos, su principal fuente de
agua, y a la pérdida de miles de hectáreas de cultivos, amenazando la economía
local y la seguridad alimentaria
Impacto en la agricultura y el
empleo
Según líderes del sector
agrario, más de 1,500 hectáreas de maíz y 1,900 de arroz ya están dañadas o en
riesgo, lo que podría ocasionar pérdidas millonarias. Además, cultivos
destinados a la exportación, como uva, mango y banano orgánico, están siendo
cosechados prematuramente para evitar pérdidas totales, lo que afecta su
calidad y precio en el mercado. Esto pone en peligro unos 20,000 puestos de
trabajo relacionados con la agroindustria
Respuestas insuficientes y
protestas
Aunque el Gobierno declaró el
estado de emergencia por déficit hídrico en 34 distritos de Piura, los
agricultores denuncian que esta medida llegó tarde y no ha resuelto la falta de
recursos para salvar sus cultivos. Las autoridades locales también han señalado
la falta de transferencias presupuestales para abordar el problema. En
respuesta, la población y los agricultores han iniciado protestas, exigiendo
acciones inmediatas del Ejecutivo. https://larazon.pe/
Piura. Acusan a dirigentes de ocultar
situación del agua
El presidente de la comisión de
regantes canal La Bruja, Ángel Timaná Yovera, anunció que, mediante carta
dirigida al presidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, Macario
Silva Vílchez, se le ha pedido que brinde explicaciones respecto a la crisis
hídrica que ha dejado millonarias pérdidas de sus cultivos.
Para esto se le exige que
convoque a una asamblea extraordinaria de usuarios de las 11 comisiones de
regantes. La carta está firmada por cinco presidentes de las comisiones.
Resaltó que los usuarios buscan
una explicación en cuanto a la nueva ley 31801. Explicó que se les quita
autonomía a las comisiones de regantes. “Tiene sus ventajas y desventajas y los
usuarios quieren que el asesor legal les explique”, subrayó.
En tanto, el expresidente de la
comisión de Regantes La Bruja, Manuel Silupú Vílchez, acusó responsabilidad del
actual presidente de la junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura en la grave
crisis que atraviesan los agricultores. Según indicó, al formar parte del
directorio del Proyecto Especial Chira Piura, él debió compartir información
oficial de los volúmenes de agua y debió alcanzarla de manera oportuna para que
los agricultores decidieran si instalar o no sus sembríos.
“Él les debe una explicación a
los agricultores y por eso estamos pidiendo una asamblea. Él forma parte del
directorio del Chira Piura; no creo que se haya reunido para otras cosas que no
sea para ver el tema de los volúmenes de agua en el reservorio. Es inexplicable
que se diga que había 124 millones de metros cúbicos y luego, de la noche a la
mañana, 14 millones. De esto merecemos explicación”, resaltó. https://eltiempo.pe/
