Viernes, 7 de marzo de 2025 – Año XIX – Edición 4667
Al menos 1 de cada 3 peruanos ha
estado tomando agua mal clorada, exponiéndose a la diarrea, revela Sunass
Situación es especialmente crítica en las provincias atendidas por empresas prestadoras pequeñas, donde el 10% de muestras arrojó niveles de cloro por debajo de 0,5 mg/L, el mínimo recomendado por OPS para garantizar la desinfección. Además, el 20% carece de personal capacitado la tarea.
El riesgo de deficiencia en el control del tratamiento y desinfección del agua potable ha sido identificado como un problema crítico en Perú, según un análisis realizado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). Este diagnóstico, basado en datos y consultas públicas, revela que la falta de monitoreo adecuado y la insuficiencia de insumos químicos en las Plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) están afectando la calidad del agua distribuida a los hogares. En respuesta, la Sunass ha propuesto una serie de modificaciones al Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, con el objetivo de garantizar un suministro seguro y confiable.
De acuerdo con la Sunass, el
problema se agrava por la disminución de los niveles de cloro residual libre en
el agua potable, un indicador clave de desinfección. Entre 2018 y 2022, el
porcentaje de hogares urbanos que consumen agua con niveles adecuados de cloro
residual libre cayó de 72,9% a 70,1%, según la Encuesta Nacional de Programas
Presupuestales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este
descenso refleja una tendencia preocupante, especialmente en las áreas
atendidas por empresas prestadoras pequeñas, donde el 10% de las muestras
analizadas en 2021 presentaron niveles de cloro por debajo de los 0,5 mg/L, el
mínimo recomendado.
Impactos en la
población y diagnóstico del problema
La falta de un
control adecuado en el proceso de desinfección del agua potable tiene
consecuencias graves para la población. Según el análisis de la Sunass, los
efectos incluyen un aumento en la exposición a enfermedades de origen hídrico,
mayores gastos en atención médica, un deterioro en el desempeño educativo de
los niños y una pérdida de tiempo productivo para los usuarios. Además, la
insatisfacción de los consumidores por la calidad del agua afecta la imagen
institucional de las empresas prestadoras.
La provisión de
servicios de saneamiento en las zonas urbanas del país está a cargo de 50
Empresas Prestadoras reguladas por Sunass. De estas, 48 son de propiedad
municipal y operan como sociedades anónimas, mientras que SEDAPAL pertenece al
Gobierno Nacional y la Unidad Ejecutora 002: Servicios de Saneamiento Tumbes
(Agua Tumbes) tiene una estructura particular. Además, 18 de estas empresas se
encuentran bajo el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), lo que significa que
están gestionadas directamente por el Organismo Técnico de Administración de
los Servicios de Saneamiento (OTASS).
Para facilitar
la evaluación de estas entidades, Sunass las clasifica según el número de
conexiones de agua potable que administran. En este esquema, SEDAPAL es la
única empresa con más de un millón de conexiones, mientras que 19 empresas
están categorizadas como “Grandes” (divididas en Grande 1 y Grande 2), 15 como
“Medianas” y otras 15 como “Pequeñas”. Esta clasificación permite un análisis
más detallado de su desempeño y capacidad operativa.
El diagnóstico
de la Sunass señala dos causas principales para este problema: un monitoreo
insuficiente de los parámetros de desinfección tanto en las PTAP como en las
redes de distribución, y la falta de insumos químicos suficientes para
garantizar un tratamiento continuo. En este contexto, el 23% de las empresas
prestadoras no cuentan con reservas de insumos químicos para más de 30 días,
contraviniendo las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), que establece un mínimo de 15 días en casos excepcionales.
“Si bien el 20%
de las empresas prestadoras no cuentan con personal capacitado para la
determinación óptima del cloro residual libre, este valor aumenta al 30% para
el caso de las empresas prestadoras pequeñas, por lo que, resulta necesario
capacitar al personal a cargo del control del proceso de desinfección, toda vez
que, contar con personal capacitado para realizar dichas labores es fundamental
para mantener el agua con los adecuados niveles de cloro residual libre”,
advierte el regulador.
Propuestas de
modificación al reglamento
El proceso de
potabilización empieza con la captación de agua cruda (generalmente con alta
carga de contaminantes) proveniente de ríos o embalses. Pasa por un proceso que
tiene varias etapas que incluyen filtración y desinfección con varios
compuestos químicos. Luego de ello, el agua ya potable a punto de ser
distribuida desde una PTAP se le echa cloro para que permanezca segura hasta su
destino final. Comprende 3 etapas: captación, pretratamiento y tratamiento
(desinfección final).
Para abordar las
deficiencias antes desarrolladas, la Sunass ha planteado seis modificaciones
clave al Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de
Saneamiento. Entre otras medidas, estas propuestas buscan fortalecer los
procesos de desinfección y garantizar la calidad del agua potable en todo el
país:
Stock mínimo de
insumos químicos y capacitación técnica: Se propone que las empresas
prestadoras mantengan un stock mínimo de desinfectantes en cada PTAP,
suficiente para al menos 15 días de operación continua. Además, se establece la
obligación de capacitar al personal encargado del control del proceso de
desinfección, especialmente en empresas prestadoras pequeñas, donde el 30% del
personal carece de formación adecuada.
Ampliación de
puntos de muestreo: Se plantea modificar el artículo 57 del reglamento para
incluir puntos de muestreo adicionales a la salida del proceso de filtración y
desinfección, asegurando un control más exhaustivo del agua tratada antes de su
distribución.
El proyecto de resolución
presentado por Sunass estará abierto a consulta pública hasta el 14 de marzo de
2025, permitiendo la participación de diversos grupos de interés.
Determinación de la dosis óptima
de cloro: Las empresas prestadoras deberán calcular la dosis óptima de cloro a
partir de la demanda de cloro más el valor del cloro residual libre, y
controlar el caudal de producción de agua a desinfectar.
Medición precisa del cloro
residual: Se propone que la medición de cloro se realice en la infraestructura
ubicada a la salida del proceso de desinfección, donde se añade el
desinfectante.
Implementación de tecnología
para control remoto: Las empresas prestadoras deberán incorporar tecnología que
permita monitorear y controlar el proceso de desinfección de forma remota,
facilitando una respuesta rápida ante desviaciones en los niveles de cloro
residual.
Reportes mensuales a la Sunass:
Las empresas prestadoras estarán obligadas a remitir mensualmente los
resultados de las mediciones de cloro residual libre a la Dirección de
Fiscalización o a las oficinas desconcentradas de la Sunass.
Consulta pública
y próximos pasos
La Sunass ha
dispuesto un período de consulta pública de 15 días hábiles, que culminará el
14 de marzo de 2025, para recibir comentarios y sugerencias sobre estas
propuestas. Este proceso busca garantizar la participación de los grupos de
interés y enriquecer las modificaciones al reglamento.
Según el documento “Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras 2023”, al cierre de 2022, 50 empresas prestadoras reguladas por la Sunass eran responsables de la provisión de servicios de saneamiento en áreas urbanas. Estas empresas, clasificadas en función del número de conexiones de agua potable que administran, atienden a 19,53 millones de personas, lo que representa el 58,48% de la población nacional. Sin embargo, solo el 39,34% de las conexiones son gestionadas por SEDAPAL, la mayor empresa prestadora del país. https://www.infobae.com/
HIDROREGIONES PERÚ
Piura: sistema de evacuación de aguas pluviales, grandes inversiones para poco, lluvia desnuda lo hecho
Una lluvia presentada en la
ciudad de Piura, demostró la pérdida de recursos públicos, con el cuento de la
evacuación de aguas pluviales; de inmediato las zonas bajas se llenaron de
agua, en tanto que los SARES tardaban en funcionar. Está demás decir, que este
tipo de equipamiento, simplemente no sirve para evacuar con la velocidad que se
requeriría para grandes precipitaciones.
“(…) ahora las lluvias se vienen
desarrollando puntualmente de fuerte intensidad en la costa como lo ocurrido en
Talara, Sullana y ahora Piura, con fuertes vientos y truenos, pero de corta
duración, esto es típico de formaciones nubosas que fueron originadas por el
calentamiento de las aguas de mar. Es probable que más tarde nuevamente se
formen estos núcleos de lluvia que dependerá de la velocidad y dirección del
viento para que pueda llegar a alguna zona en especial, de momento sigamos en
el monitoreo para saber con más probabilidad a donde se dirigirá” indicó el
Ing. Jorge Luis Carranza de la Zona I del Senamhi.
Lo más evidente
fue la inundación de la urbanización el Golf, donde la acumulación de agua creó
enormes lagunas, los vehículos realizaban malabares para avanzar, en tanto que
los transeúntes hacían lo propio en la búsqueda para llegar a sus viviendas. La
lluvia, si bien es cierto fue densa, no fue de gran duración, pero suficiente
para demostrar que los SARES no sirven.
Los sitios
inundados son los mismos de siempre, en Piura, Castilla y Veintiséis de
Octubre, se han gastado ingentes cantidades de dinero, para realizar sistemas
que simplemente no funcionan; la capacidad de evacuación es ínfima en relación
al agua que se acumula; es un asunto elemental a tener en cuenta y esta
situación se repite cada vez que sorprende en una lluvia.
Para sentar
presencia, tras la pequeña pero torrencial lluvia que se presentaron en la
ciudad de Piura, personal del Ministerio de Vivienda puso en funcionamiento el
Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE) las
mismas que van hacia el río Piura. Buen deseo de exfuncionarios y de los
actuales.
Los sistemas
utilizados para la evacuación, son antitécnicos y lejanos de la realidad. Los
SARE’s que cuenta con electrobombas podrían ser utilizadas para pequeñas
lagunas, pero de ninguna manera para grandes acumulaciones. Se requiere otro
tipo de tecnología Como dijimos en este medio anteriormente, tuvieron la
posibilidad de replicar lo hecho en la avenida Vice, pero prefirieron gastarse
el dinero, de la manera más inadecuada.
Debemos repetir
una vez más, la ciudad de Piura en materia de lluvias tiene dos amenazas que
deben ser gestionadas, una cuando llueve en el espacio territorial urbanizado y
otra, cuando llueve en la cuenca y el río asume crecientes que superan el
cauce. Formación de grandes lagunas urbanas en el primer caso, desborde en el
segundo. El problema es sencillo, la solución es ineficiente.
Actualmente, el gobernador Luis Neyra León, como si fuera alcalde viene promocionando pistas y veredas, pero este tema que es básico, no lo toman en cuenta, incapacidad, ineficiencia, mediocridad y faltos de conocimiento de la realidad urbana de la ciudad de Piura y Castilla, por mencionar estos lugares, pero el problema es regional. https://elregionalpiura.com.pe/
Pescadores de Talara buscan indemnización económica tras derrame de petróleo
Como se sabe, el pasado 21 de diciembre del 2024 ocurrió un derrame de hidrocarburo en el mar de Lobitos (Talara – Piura) frente al lote Z-69 y cuya responsabilidad recae en la empresa estatal Petroperú. Se derramaron alrededor de 37.8 galones de hidrocarburo, afectando la biodiversidad de un sector muy próximo a la Reserva Mar Tropical de Grau y contaminando, según el Organismo de evaluación y fiscalización ambiental – OEFA, un área aproximada de 10 000 m2.
Después
de algunas acciones realizadas por el Estado, Petroperú y los pescadores
afectados por el derrame, el 28 de diciembre del 2024 se instaló una mesa de
diálogo entre la empresa estatal y la municipalidad distrital de Lobitos en la
que participaron autoridades locales, representantes de los gremios de
pescadores y la población de la zona afectada por el derrame del hidrocarburo.
Después
de esta reunión, no hubo mayor acción por parte de la empresa estatal. Esta
situación originó protestas de los pescadores y personas afectadas por el
derrame. Las negociaciones entre Petroperú y los pescadores afectados por el
derrame se retomaron el pasado martes 07 de enero debido a la presión social.
El primer
acuerdo de dicha reunión fue que Petroperú se comprometió a entregar una
canasta con víveres por cada familia afectada. En el segundo acuerdo, los
dirigentes de los gremios de pescadores tienen plazo hasta el 09 de enero, para
entregar los padrones de todas las personas que han sido afectadas por el
derrame. Como tercer acuerdo, la empresa estatal se comprometió a iniciar el
trabajo de la valorización del daño en el patrimonio que han sufrido las
personas por el derrame. El cuarto acuerdo propuso un periodo de espera, entre
una semana y diez días, a partir del 07 de enero, para que la autoridad
competente emita el informe sobre el monitoreo ambiental. El último acuerdo es
una siguiente reunión luego de conocerse los resultados de los cuatro primeros
acuerdos. Todos los dirigentes de los gremios de pescadores afectados aceptaron
los acuerdos.
¿Qué
sucedió después?
El 09 de
enero los pescadores no hicieron entrega del padrón de afectados a Petroperú.
Entre el 09 y 10 de enero, los pescadores solicitaron a la municipalidad
provincial de Talara una ordenanza que declare en emergencia las playas dentro
de su jurisdicción. Asimismo, ante la situación económica precaria de los
pescadores que no podían salir a trabajar, la municipalidad de Talara donó
alimentos para la olla común.
El 13 de
enero, los pescadores del gremio San Pedro de Talara exigieron el cierre de las
playas debido a que, según sus propios testimonios, los recursos
hidrobiológicos extraídos del mar están con contaminados con hidrocarburo.[1]
El mismo
día, 13 de enero, los pescadores entregaron el padrón de afectados por el
derrame. Dicho padrón estaba integrado por 4 000 personas aproximadamente. Es
necesario que 02 representantes de Petroperú y 02 de la comisión de los
pescadores hagan el filtro correspondiente.[2]
Dos días
después, el 15 de enero, los pescadores de Talara recibieron víveres donados
por Petroperú para la olla común. Dichos víveres no tienen relación alguna con
la entrega de las canastas o vales de consumo acordados por el derrame.
¿Qué
acciones se tomaron desde el Estado?
El 16 de
enero en sesión de concejo, la municipalidad provincial de Talara aprobó la
Ordenanza Municipal N.° 01-01-2025-MPTque declaró la restricción temporal del
uso público de las playas que se encuentran en condición de afectadas por el
derrame de petróleo declaradas en emergencia mediante Resolución Ministerial N°
00443-2024-Minam en el litoral del distrito de Pariñas.[3]
El 21 de
enero, el Organismo de evaluación y fiscalización ambiental-OEFA, multó a
Petroperú con 36 UIT. La sanción fue impuesta por no cumplir con identificar y
controlar la fuente del derrame de petróleo ocurrido en Talara, Piura.
El 31 de
enero estuvo en el terminal pesquero de Talara el congresista Guillermo
Bermejo. Explicó que los efectos negativos del derrame que provocó Petroperú,
no solo afectaron a pescadores, comerciantes, sino, también a restaurantes,
hoteles y demás actividades relacionadas a la pesca. Planteó que el Poder
Ejecutivo debe dar soluciones de reparación y sugirió una reunión inmediata
entre Petroperú, los afectados y él, como mediador.[4] https://cooperaccion.org.pe/
EPS Ilo pierde S/ 2.3 millones por no verificar cartas fianza
La
aceptación de cartas fianza (garantía de fiel cumplimiento, adelanto directo y
adelanto de materiales) inejecutables generó a la Empresa Prestadora de
Servicios de Ilo (EPS Ilo) un perjuicio económico de S/ 2 303 240. Ello como
parte de la obra de rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en
los sectores Circunvalación Cuajone, Miguel Grau, Los Olivos y Miramar Parte
Alta.
Así lo
dio a conocer la Contraloría General, que identificó irregularidades en el
proceso.
Estos
documentos fueron aceptados por la Oficina de Logística y Control Patrimonial
sin verificar el cumplimiento de la normativa vigente. De acuerdo al informe de
Control Específico N° 062-2024-445-SCE, los servidores no corroboraron que las
entidades emisoras de las cartas fianza tuvieran clasificación de riesgo B o
superior, el cual es un requisito necesario para su validez.
En lugar
de contrastar la información con fuentes oficiales como el portal web o el
correo oficial de las cooperativas de ahorro y crédito, así como de la página
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, los funcionarios solo
verificaron la información a través del correo electrónico consignado en los
documentos.
A ello se suma que la empresa desembolsó pagos por adelanto directo y adelanto de materiales a la empresa contratista.
Estas
garantías inejecutables impiden que la EPS Ilo obtenga una indemnización por la
no renovación de las cartas fianzas o el abandono de la obra. En ese sentido la
entidad no pudo recuperar el monto luego que se anulara el contrato, lo que
generó la pérdida de los más de S/ 2 millones.
El
informe de control, señala presunta responsabilidad penal y/o administrativa en
tres servidores de la EPS Ilo. Mientras tanto, la obra permanece paralizada,
afectando a 2 794 pobladores de la ciudad.
La
Contraloría recomendó a la empresa de saneamiento efectuar el deslinde de las
responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los
hechos observados.
Además,
se recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Corrupción
iniciar las acciones penales contra los involucrados en los hechos con
evidencias de irregularidad. https://diarioelpueblo.com.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
