Viernes, 10 de enero de 2025 – Año XIX – Edición 4627
PTAR Chincha: Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales, a cargo de la española Aqualia, terminará costando casi
US$100 millones
Cuando ProInversión fue a promocionar la obra en España, a mediados del 2022, el costo estimado era de US$ US$73 millones. El proyecto será cofinanciado por el Estado peruano a través del Ministerio de Vivienda y recibirá una tarifa especial de agua de Sunass
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chincha
(PTAR Chincha), un proyecto clave para mejorar la calidad de vida de más de
345.000 habitantes en siete distritos de la provincia de Chincha, será
ejecutada por la empresa española FCC Aqualia, informó la Agencia de Promoción
de la Inversión Privada - ProInversión.
El proyecto, que implica una inversión de US$96,5 millones,
contempla el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de
la infraestructura durante un período de 24 años. Cuando ProInversión fue a
promocionar el proyecto en España, a mediados del 2022, el costo estimado era
de US$ US$73 millones.
Los distritos beneficiados incluyen Chincha Alta, Chincha
Baja, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, Alto Larán, Sunampe y Tambo de Mora, donde se
busca tratar y disponer de manera adecuada las aguas residuales generadas en
estas localidades.
De acuerdo con José Salardi, director ejecutivo de
ProInversión, esta adjudicación representa un avance significativo en las
Asociaciones Público-Privadas (APP) del sector saneamiento, que llevaban seis
años esperando el desarrollo de infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales.
Salardi destacó que este proyecto es parte de una cartera
más amplia que incluye ocho iniciativas en saneamiento, con una inversión total
estimada de US$1.651 millones, programadas para ser promovidas durante 2025.
Entre los proyectos adicionales que forman parte de esta
cartera se encuentran las plantas de tratamiento de aguas residuales en
Cajamarca, Cusco, Huancayo, Puerto Maldonado, San Martín y Trujillo, así como
una planta desalinizadora en Ilo y las Obras de Cabecera en su primera etapa.
Estas iniciativas buscan abordar de manera integral los desafíos de saneamiento
en diversas regiones del país.
La española FCC Aqualia construirá la
PTAR Chincha
FCC Aqualia, empresa adjudicataria del proyecto, cuenta con
una amplia trayectoria en el sector de saneamiento y opera en 17 países además
de Perú, incluyendo España, México, Colombia, Chile, Estados Unidos, Egipto,
Arabia Saudí y Portugal, entre otros. Su experiencia en el manejo de proyectos
de gran envergadura garantiza la capacidad técnica y operativa para llevar a
cabo esta importante obra en Chincha.
El proyecto PTAR Chincha incluye la construcción de
aproximadamente 21 kilómetros de redes de recolección principal y líneas de
impulsión, una estación de bombeo, dos plantas de tratamiento con una capacidad
total de 0,6 metros cúbicos por segundo, y 7,7 kilómetros de líneas para la
disposición final de las aguas residuales tratadas.
Según detalló ProInversión, esta infraestructura permitirá
reducir la contaminación en la zona, proteger los ecosistemas locales y mejorar
la calidad de vida de los habitantes al disminuir enfermedades relacionadas con
el manejo inadecuado de aguas residuales.
Además, el proyecto generará condiciones para el desarrollo
de iniciativas complementarias, como el reúso de las aguas tratadas y la
valorización de subproductos derivados del tratamiento. Esto no solo
contribuirá a la sostenibilidad ambiental, sino que también abrirá
oportunidades para el desarrollo económico en la región.
PTAR Chincha para más de 345.000 habitantes
El proyecto será cofinanciado por el Estado peruano a
través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), que
cubrirá la totalidad de la inversión inicial y parte de los costos de operación
y mantenimiento.
Por su parte, la Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento (Sunass) será la encargada de establecer la tarifa
asociada al proyecto, asegurando su sostenibilidad financiera a largo plazo.
La adjudicación de la PTAR Chincha no solo representa
un avance en la infraestructura de saneamiento en Perú, sino que también
simboliza un compromiso renovado con la mejora de las condiciones de vida de la
población y la protección del medio ambiente.
Según destacó ProInversión, este proyecto es un
ejemplo de cómo las asociaciones público-privadas pueden ser un motor para el
desarrollo sostenible en sectores clave como el saneamiento.
Con la ejecución de este proyecto, se espera que para 2025 se logren avances significativos en la cobertura y calidad de los servicios de tratamiento de aguas residuales en el país, contribuyendo a la salud pública, la preservación de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades beneficiadas. https://www.infobae.com/
HIDROREGIONES PERÚ
Pueblo awajún bajo amenaza: Nuevos focos de minería ilegal y 11 mil hectáreas de concesiones mineras sobre ríos Cenepa y Marañón
“Tajimat pujut”, vida plena, es un derecho que protege
desde hace siglos el pueblo awajún, el más numeroso en Perú después del
asháninka. Lo defendió luchando contra los incas, el imperio español, y ahora
contra las organizaciones ilegales que amenazan su supervivencia en sus
territorios, que se extienden en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, San
Martín y Loreto, en la Amazonía peruana.
"Nuestra visión
ancestral del territorio es tridimensional”, explica a Convoca.pe Gil Inoach
Shawit, el primer pámuk (líder) del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, una
iniciativa de autodeterminación que hoy agrupa a las más de 70.000 personas que
habitan en las 488 comunidades awajún de Perú. “La primera dimensión es lo
espiritual. La segunda, lo material, porque vivimos del territorio y lo
protegemos pues nos da vivienda, comida y sabiduría. Y la tercera dimensión es
espacial, los 3 millones de hectáreas que nos permiten poblar, ubicarnos,
cazar, pescar, recolectar y hacer nuestras actividades de subsistencia para
vivir como nación originaria Awajún”.
Pero la vida plena de estas comunidades de la provincia de
Condorcanqui, en Amazonas, al nororiente del Perú, está afectada en sus tres
dimensiones por la minería ilegal desde hace una década. Un equipo de
Convoca.pe recorrió el río Comaina, que nace en las alturas de la Cordillera
del Cóndor y desemboca en el Cenepa, y pudo corroborar que esta cuenca vital
para los awajún está infestada de dragas de la minería ilegal, tanto grandes
con motores de succión como balsas más pequeñas.
La situación es especialmente grave en las comunidades
de Pagata y Kusu Kubaim, en las que la minería ilegal es especialmente intensa.
En esta zona, el tránsito por el cauce del río Comaina está prácticamente
bloqueado por una veintena de dragas que operan en sus aguas, a la altura de la
comunidad de Pagata. Además, decenas de rampas de minería artesanal invaden las
riberas en las cercanías de la comunidad de Kusu Kubaim.
Las dragas succionan barro del lecho del Comaina día y
noche. En cada una de ellas trabajan de 5 a 8 mineros, con el agua literalmente
al cuello. Seleccionan y amasan el oro usando grandes cantidades de mercurio,
un metal altamente tóxico para la salud humana, según advierte la Organización
Mundial de la Salud. Esta práctica está expresamente prohibida por el Decreto
Legislativo 1100: no se puede realizar actividades mineras en cuerpos de agua,
es ilegal y representa un grave riesgo para el ecosistema y las comunidades
locales.
La proliferación de dragas se produce pocos meses
después de que, en junio de 2024, las comunidades lograran expulsar a un gran
número de mineros ilegales de un sector del río Comaina. Sin embargo, esta
acción ha producido un efecto globo y ha desplazado las dragas muy cerca de la
desembocadura del Comaina con el Cenepa, un río vital que abastece de agua y
sustento a grandes comunidades awajún como Huampami, donde vive más de un
millar de personas.
En aquella ocasión, las organizaciones awajún llegaron
a bloquear el río con embarcaciones y cuerdas para evitar el paso de las
dragas, el combustible y los insumos químicos que abastecen a la minería
ilegal.
Esta acción de protesta se reforzó cuando, el pasado
10 de octubre, líderes de los gobiernos territoriales autónomos Awajún y Wampis
se reunieron en la comunidad de Huabal con presidentes de varias comunidades de
los distritos de Río Santiago y El Cenepa. Al concluir la reunión, 68 de los
asistentes votaron en contra de la minería ilegal, mientras que solo 7 se
pronunciaron a favor.
“El compromiso que hemos tenido el pueblo wampis y
awajún es que vamos a ser radicales con la eliminación de la minería ilegal en
la zona de Río Santiago, El Cenepa y en cualquier otro lugar en el que esté
presente en el territorio awajún y wampis. Eso sí, lo debemos trabajar de
manera articulada con el Estado”, advierte el pámuk Gil Inoach Shawit.
Sin embargo, la minería ilegal persiste, y no solo en
el río Comaina. Convoca.pe pudo comprobar su presencia a lo largo de todo el
trayecto que conecta las comunidades de Nieva con Huampami, atravesando los
ríos Cenepa y Marañón. Allí se observan diferentes modalidades de explotación
minera que afectan a comunidades indígenas awajún. Localidades como Wawaim,
Mamayaque, Tutino, Nuevo Tutino, Pagki, Panki la Luz, San Antonio y Huampami
albergan actividades mineras formales, informales, artesanales y, por supuesto,
ilegales.
Ante el abandono estatal, las comunidades awajún del
distrito del Cenepa, en Amazonas, se ven enfrentadas al dilema de sobrevivir
realizando agricultura y pesca de subsistencia o involucrarse con la minería.
“No debemos justificar a ese grupo de personas
[mineros ilegales] que contamina el medioambiente con esa excusa de que el
Estado no se hace presente”, advierte el pamuk Gil Inoach Shawit en relación a algunos
acuerdos entre comunidades indígenas y mineros.
Los defensores awajún
Para defenderse de la minería ilegal y de las
organizaciones criminales, las comunidades han comenzado a organizarse en
autodefensas debido a la ausencia total de policía en la zona.
Convoca.pe ha corroborado a través de una solicitud de
información dirigida a la Policía Nacional del Perú que no existen efectivos
destacados en los distritos de El Cenepa y Río Santiago. La comisaría más
cercana está ubicada en Santa María de Nieva, a un trayecto de entre seis y
siete horas en bote, lo que dificulta cualquier respuesta rápida ante
emergencias.
“No nos queda otra cosa que organizarnos y no permitir
más muertes de nuestros líderes”, explica a Convoca.pe Hamner Manihuari,
vicepresidente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca
Amazónica (COICA). “La minería ilegal trabaja con el sicariato y al no haber
presencia del Estado ni poder contar con la policía, nadie nos puede garantizar
la vida”. En los últimos 11 años, 39 líderes ambientales peruanos han sido
asesinados.
Ante las crecientes amenazas de la minería y tala
ilegal, las comunidades awajún han dado un paso crucial con la creación de la
Policía Comunal Awajún en marzo de 2024.
Convoca.pe visitó la comunidad de Wachapea, ubicada en
el distrito de Nieva, cerca del río Marañón. Allí pudo constatar el
funcionamiento de esta reciente policía comunal, integrada por indígenas awajún
capacitados por la Policía Nacional. Estos voluntarios tienen en sus manos la
defensa de cabeceras de cuenca que albergan una biodiversidad singular, como
bosques de montaña con especies en riesgo como el tapir de páramo y el oso de
anteojos. También ecosistemas únicos en el Perú, como la vegetación tipo Tepui,
presente en las mesetas de Amazonas.
“Por el momento estamos en la misma comunidad, pero
cuando hay un problema grave en los anexos de nuestra propia jurisdicción, la
policía comunal también se desplaza para brindar seguridad”, explica Jesús
Saan, apu (jefe) de Wachapea. “Y a veces, cuando la policía nacional necesita
refuerzos, participamos en los patrullajes”, explica el apu.
Actualmente, la Policía Comunal Awajún de Wachapea
cuenta con 12 miembros permanentes, que operan desde un local comunal con unos
chalecos identificativos como único equipamiento. A largo plazo, se busca no
solo aumentar el número de efectivos, sino también consolidar su presencia como
una fuerza capaz de contrarrestar las actividades ilegales que avanzan en la
región.
Esta reciente policía comunal es una iniciativa del
Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), un modelo de autogobierno
constituido en 2021 y basado en la Constitución y el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El primer pámuk
El GTAA se extiende en un territorio de 3 millones de
hectáreas en cuatro diferentes departamentos bajo el modelo de desarrollo
“Tajimat Pujut” (vida plena). Su consejo de gobierno está formado por los
líderes de las 23 cuencas de la nación Awajún y el pámuk es su máximo
representante. Se trata de la misma organización que durante siglos ha regido
al pueblo awajún.
“Las 488 comunidades, entre titulares y anexas, hemos
construido de forma participativa nuestro estatuto y la forma de gobierno que
vamos a ejercer”, explica el pámuk Gil Inoach Shawit. “Nuestro territorio es un
gran capital de vida al que no podemos renunciar”.
Gil Inoach lleva sobre sus hombros la responsabilidad
de ser el primer pámuk de este renacido gobierno autónomo, un sueño que comenzó
en 1995 para retomar la visión ancestral de esta nación sobre su territorio y
superar la fragmentación impuesta por el Estado tras la promulgación en 1978 de
la Ley de Comunidades Nativas. Esta ley impuso una serie de trámites
burocráticos que fragmentaron la unidad de los pueblos indígenas al dividirlos
en organizaciones por jurisdicciones, algo que afectó particularmente a pueblos
como el awajún, que habita territorios en Amazonas, Cajamarca, Loreto y San
Martín.
El sueño awajún de un gobierno autónomo no se concretó
hasta 2021 con un estatuto que integra valores como el trabajo, la disciplina,
la solidaridad, la ayuda mutua y la sabiduría ancestral.
Este ejercicio de autodeterminación tiene una gran
piedra en su camino: las trabas impuestas por el Estado peruano para la
titulación de comunidades indígenas. Según un informe de Derecho, Ambiente y
Recursos Naturales (DAR), en los últimos 10 años solo se han titulado 147
comunidades de las 719 proyectadas, lo que representa apenas el 20%.
Pero mientras el Estado se resiste a la titulación de
estas comunidades, no tiene inconveniente en otorgar concesiones mineras sobre
territorios indígenas que, incluso, se superponen a los ríos.
Ríos concesionados
El trayecto entre Nieva y Huampami, que abarca
comunidades awajún a lo largo de los ríos Marañón y Cenepa, no solo sufre los
estragos de la minería ilegal. También la concesión de vastas extensiones de
terreno para actividades mineras.
Desde 2023, se han otorgado 19 concesiones, entre
vigentes o en trámite, que abarcan un total de 11,100 hectáreas en esta zona,
varias de las cuales coinciden con áreas donde persiste la minería ilegal.
Convoca.pe identificó en su recorrido por el río Marañón y Cenepa maquinaria y
tubos de succión, prohibidos en cuerpos de agua y que sirven para extraer el
oro de manera ilegal.
Un análisis realizado por Convoca.pe de las
concesiones mineras otorgadas y solicitadas en los ríos Cenepa y Marañón,
revela un dato importante: ninguna de las 19 concesiones corresponde a
ciudadanos de la región Amazonas. Los titulares de estas concesiones provienen
de otras regiones del Perú como Madre de Dios (7), epicentro de la minería
ilegal en Perú, Lima (7), Cusco (3) y Piura (2).
"Lo mineros no son originarios del Cenepa, han
llegado por interés de hacer esa actividad, ese trabajo minero”, explica Jesús
Sanitaque, apu (jefe) de la comunidad indígena Wachapea.
Del total de estas solicitudes, 9 se superponen al río
Cenepa, sumando 4,500 hectáreas. De éstas, 7 ya han sido otorgadas, cubriendo
3,800 hectáreas, mientras que las otras 2, que abarcan 700 hectáreas,
permanecen en trámite. En el último año, la situación ha escalado rápidamente:
en noviembre de 2023, solo había 6 concesiones en esta zona, y únicamente una
de ellas estaba titulada.
Por otro lado, en el río Marañón se encuentran 10
petitorios adicionales, que cubren 6,600 hectáreas. De estos, 4 ya han sido
otorgados, sumando 2,100 hectáreas, y los 6 restantes, que representan 4,500
hectáreas, continúan en trámite.
Este proceso, si se concreta, podría legitimar la
minería en áreas donde ya se encuentran dragas y otras actividades ilegales
como el narcotráfico y la deforestación, de acuerdo a los testimonios recogidos
en la zona para esta investigación.
De los 19 concesionarios, 11 no figuran en el Registro
Integral de Formalización Minera (Reinfo), 7 están suspendidos y sólo 1 se
encuentra vigente. En Perú, la inclusión y la vigencia dentro del Reinfo es un
requisito indispensable para ejercer cualquier actividad minera. Esto significa
que, aunque estas concesiones estén otorgadas o en trámite, muchos de sus
titulares no están en condiciones legales de operarlas.
Entre los casos más destacados figuran el de Vicente
Manrique Lester Dennis, titular de la concesión Samira II (1,000 hectáreas
superpuestas al Cenepa), quien ha sido suspendido dos veces para realizar
actividades de beneficio (procesamiento de mineral) en Inambari, Tambopata
(Madre de Dios), aunque mantiene vigentes otras 4 concesiones en la misma
región: León del Sur 2008, Jucimavic I, Kerigma III y Águila Imperial.
También está Santos Acuña Rodrigues, con las
concesiones Apu I y Apu II (700 hectáreas superpuestas al Cenepa), quien
también figura como suspendido por dos concesiones en Huepetuhe, Manu (Madre de
Dios). Otro caso es el de Quijhua Tipo Wilber, titular de "J Willian León
de Oro 2023" (200 hectáreas en el Cenepa), que se encuentra suspendido en
el Reinfo por otra concesión en Laberinto, Tambopata (Madre de Dios). Del mismo
modo, Roberta Tipo Calsina, quien posee la concesión "Alegría Metal
2024" (600 hectáreas en el Marañón), ha sido suspendida en dos ocasiones
por actividades en Paucartambo, Cusco, y Tambopata, Madre de Dios.
Esta situación evidencia que, además de estar en manos
de foráneos, las concesiones en estos ríos están vinculadas a personas con
antecedentes de irregularidades o limitaciones legales para operar.
En los últimos dos años, se registraron 13 nuevas
solicitudes de concesión en 2023 y otras 6 en 2024, lo que refleja un fenómeno
reciente y en ascenso. Estas solicitudes no solo se superponen a las áreas
donde ya operan actividades mineras ilegales, como sucede en las comunidades
Wawaim, Mamayaque, Tutino, Nuevo Tutino, Pagki, San Antonio y Huampami, sino
que también generan un riesgo adicional al otorgar un marco de aparente
legalidad a operaciones mineras en los ríos Marañón y Cenepa.
Para el pueblo awajún reivindicar su territorio frente
a este infierno de oro ilegal y petitorios irregulares que se superponen a los
ríos es una cuestión de vida o muerte. Y no solo por la contaminación de sus
ríos.
Autogobierno frente al abandono
La fiebre del oro en el Cenepa, unida a la tala
ilegal, ha atraído población colona para trabajar en estas actividades en una
zona sin servicios efectivos de salud.
En las comunidades awajún de la región Amazonas, el
abandono estatal se refleja en los crecientes índices de VIH, La ordenanza
municipal N° 006-2022-MPC declaró al VIH-Sida como un problema de salud pública
en la provincia de Condorcanqui, ya hace 2 años. Sin embargo, desde 2018 hasta
junio de 2024, se han registrado 2059 casos de VIH en la etnia awajún, según la
Sala Situacional de VIH del Ministerio de Salud (Minsa). Aunque las cifras
muestran fluctuaciones durante la pandemia, el incremento es innegable. En El
Cenepa, por ejemplo, los casos subieron de 41 en 2019 a 58 en 2023, con 22
nuevos diagnósticos en solo seis meses de 2024.
“Cada mes recibimos información de nuevos casos en los
establecimientos de salud”, explica Elmer Tucto Santa Cruz, encargado de la
Microred de la comunidad de Huampami, de escasos 1000 habitantes. “Esta
problemática se agrava por la ausencia de recursos esenciales en la
microred”. Según Tucto Santa Cruz no cuentan
con movilidad ni insumos suficientes. Además, denuncia que técnicos de salud
han sido amenazados, ya que algunos relacionan el VIH con creencias en
brujería.
“Los pueblos indígenas son el grupo humano más
olvidado, la educación es de baja calidad, no tenemos agua potable ni servicios
de salud”, se lamenta el pámuk Gil Inoach Shawit. “De los servicios que brinda
el Estado, nos llega lo que sobra”.
Frente al abandono del Estado y el embate de las
economías ilícitas, el pueblo awajún, emparentado con los antiguos guerreros
Jíbaros, lucha con la autoorganización como única arma. https://convoca.pe/
Arequipa: Sedapar trabaja en proyecto de 33 millones para que la ciudad no quede sin agua por deslizamientos en el Chili
Sedapar presentó su renovado plan de contingencia. Este plan
incluye el monitoreo constante de quebradas, la contratación de sistemas de
comunicación y una respuesta rápida frente a emergencias causadas por lluvias
en Arequipa. Así, buscan corregir las falencias vistas en los cortes de agua
por precipitaciones intensas el año pasado.
Durante la presentación, se
mencionó un proyecto entre Sedapar y la minera Cerro Verde. Esta propuesta
contempla la construcción de una nueva bocatoma de captación para que la
producción de agua potable no se vea interrumpida en caso de huaicos en la zona
de captación. De este modo no se afectarán las actividades de la población, la
agricultura, la industria y la minería.
La gerenta general, Yanet
Montoya Vera, informó sobre el proyecto, valorado en 33 millones de soles. Este
será financiado por Cerro Verde y se desarrollará en el marco de un convenio de
contraprestación basado en un acuerdo previo suscrito con la minera.
Respecto al plan de
contingencia, este incluye la puesta en funcionamientos 67 cisternas. Estas
unidades atenderán cortes temporales del servicio de agua potable y trasladarán
el líquido a las zonas afectadas.
Frente a la temporada de
lluvias, Sedapar aseguró la gestión de acciones necesarias para prevenir un
desabastecimiento crítico. En Arequipa, existen puntos críticos que podrían
obstaculizar el servicio. Por ello, se realizará un monitoreo constante.
Yanet Montoya garantizó que, ante un desabastecimiento, la empresa podrá dotar de agua a la población, mitigando los efectos de la suspensión. Además, prometió mayor transparencia en la información y disponibilidad para atender a la ciudadanía. https://elbuho.pe/
LIMA
PJ dejó al voto el pedido para suspender proyecto minero Ariana
El Poder Judicial dejó al voto
este miércoles 8 de enero el pedido para suspender el proyecto minero Ariana,
ubicado en Marcapomacocha, provincia de Yauli, región Junín.
Bajo la conducción del
magistrado de la primera sala constitucional, Eduardo Romero Roca, se realizó
la audiencia final de dirimencia del proceso que definirá el futuro del
proyecto, que según los demandantes hace peligrar el agua en Lima y Callao.
Un grupo de ciudadanos, entre
los que se encuentran civiles, exautoridades, trabajadores de Sedapal y
técnicos especialistas, se pronunciaron en contra de la continuación del
proyecto minero, argumentando que representa un riesgo para la provisión de
agua de los más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao.
En ese sentido expresaron su
preocupación por el voto dirimente del juez que verá el caso de la demanda de
amparo contra este proyecto.
Uno de los argumentos nuevos
aportados por la parte demandante es que el sistema hídrico de Marcapomacocha
tiene el carácter de “activo crítico nacional” y, por Ley, debiera ser
intangible. En efecto, según resolución 124-2020-DINI-01 de la Dirección
Nacional de Inteligencia, el túnel trasandino Cuevas-Milloc, las lagunas de
Marcapomacocha, Sangrar y otras, así como los canales de conducción, represas y
otros componentes del mencionado sistema hídrico, son incorporados dentro del
Inventario Nacional de los Activos Críticos Nacionales.
“Este es un activo crítico
nacional, si deja de funcionar, la sociedad misma dejaría de funcionar, el PBI
se vería afectado, los activos críticos tienen intangibilidad y eso no se ha
considerado, señor juez”, explicó el geógrafo especialista de la parte
demandante, Dionel Martínez.
Los demandantes reafirmaron que
no están en contra de la inversión ni de la minería, pero que en este caso se
tiene que cautelar el bien superior que es asegurar el abastecimiento de agua
para más de 11 millones de personas. La inversión de Ariana no llega a los 200
millones de dólares, pero la inversión prevista de Sedapal en los proyectos
Marca 2 y Marca 5 en esa misma zona es diez veces superior. “El costo mismo del
agua producida por Sedapal en este sistema, en 10 años, es superior a la
inversión de la mina”, explicó Martínez.
La abogada de Sedapal, Kathia
Zambrano, explicó cuatro riesgos inminentes identificados por la empresa de
agua potable:
(1) las posibles afectaciones a
la infraestructura del túnel trasandino Cuevas Milloc, que podrían causar la
interrupción del suministro de agua a la ciudad;
(2) las filtraciones de agua de
las lagunas hacia el socavón, debido a la calidad permeable de la formación
rocosa calcárea denominada “jumasha”, lo que haría disminuir el volumen de agua
captado por Sedapal;
(3) la posible contaminación con
metales tóxicos de los cursos de agua superficiales y subterráneas, que haría
más difícil para Sedapal garantizar la potabilización del agua para consumo
humano;
(4) el entorpecimiento de las
proyecciones de almacenamiento de agua, debido a que la minera Ariana ha
cercado la zona y ha impedido que Sedapal pueda ingresar con libertad para
hacer todas las actividades necesarias para la medición de los volúmenes de
almacenamiento y descarga.
Es así que la empresa
responsable de la captación, tratamiento y distribución de agua potable para
Lima y Callao defendió la posición de que este proyecto es un grave riesgo,
posición que ha mantenido firme desde 2014, informaron los demandantes. https://gestion.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
