Viernes, 17 de enero de 2025 – Año XIX – Edición 4632
Piura: Vecinos amenazan con no pagar
recibos
La EPS Grau informó que se paralizará temporalmente el funcionamiento del pozo Los Polvorines, que abastece a los pobladores de siete asentamientos humanos
Los moradores de los asentamientos humanos Los Almendros,
Los Médanos, Nuevo Castilla, Sagrado Corazón de Jesús, entre otros, ubicados en
el sector noroeste del distrito de Castilla, anunciaron que no pagarán los
recibos de agua porque no cuentan con el servicio desde hace dos semanas.
Además, Los Polvorines se quedará sin agua por la reparación de pozo.
Dicha decisión la tomaron debido a que, desde hace una
semana, los moradores de los asentamientos humanos Los Almendros, Los Médanos,
Nuevo Castilla, Sagrado Corazón de Jesús, entre otros, en el sector noroeste
del distrito de Castilla, enfrentan una grave carencia de agua potable.
Ante esta problemática, los residentes han anunciado que no
pagarán los recibos de agua correspondientes a este periodo, pues consideran
injusto abonar por un servicio que no han recibido.
“No es justo que tengamos que comprar agua y encima pagar
un recibo. Exigimos que EPS Grau solucione este problema cuanto antes”,
advirtió uno de los pobladores de las zonas afectadas.
Los vecinos denuncian que la Empresa Prestadora del
Servicio de Saneamiento Grau (EPS Grau) no emitió ningún aviso sobre el corte
del suministro, impidiéndoles tomar medidas de precaución. Esta situación ha
generado indignación entre los afectados, quienes se ven obligados a gastar
hasta 20 soles por tanque de agua para cubrir necesidades básicas como beber,
lavar y asearse.
Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial de EPS
Grau sobre la causa del desabastecimiento ni sobre cuándo se restablecerá el
servicio en dichas zonas.
Por el contrario, la empresa informó que se realizarán trabajos de mantenimiento de emergencia en el pozo Los Polvorines, por lo cual se paralizará temporalmente el funcionamiento de la fuente. Siete asentamientos se verán perjudicados. https://diariocorreo.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
PCM instala grupo de trabajo para atender contaminación de río Ramis
Durante una reunión con
autoridades provinciales y distritales de la región Puno y representantes de
varios ministerios, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) instaló el
Grupo de Trabajo para la Atención de la Problemática de Contaminación Ambiental
de la Cuenca del Río Ramis, se informó.
El objetivo de este grupo de
trabajo es elaborar un plan de acción integral para restaurar el ecosistema del
río Ramis en esa zona del país y mejorar las condiciones de vida de la
población local.
La sesión estuvo liderada por el
viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Juan Haro, quien explicó que
este grupo de trabajo realizará, en un plazo de 180 días, reuniones con equipos
técnicos de diferentes ministerios a fin de planificar las acciones necesarias
para abordar la mencionada problemática y, además, impulsar iniciativas para
avanzar hacia el desarrollo sostenible de dichos territorios.
“Desde la PCM, reitero el
compromiso y la voluntad política para sacar adelante las prioridades que
tienen en los territorios de la cuenca del río Ramis. Estoy convencido de que
lo lograremos juntos y de manera articulada. Vamos a trabajar en base a los
principios de participación ciudadana, enfoque multisectorial, ciencia y
tecnología, justicia ambiental, equidad de género e interculturalidad”,
aseveró.
A la reunión asistieron el
alcalde de la provincia de Azángaro, Salvador Apaza; el alcalde de la provincia
de Sandia, Berly Tacca; autoridades municipales de los distritos de Asillo,
Potoni, Orurillo, Achay, Caminaca y San Antón; y el presidente del Frente de
Defensa de la Cuenca del Río Ramis, Pedro Callohuanca.
En la sesión participaron
también la viceministra de Gestión Institucional del Ministerio de Educación,
Cecilia García; el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e
Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego,
Iván Ramos; el viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente,
Edgar Romero; el viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas, Henry
Luna; funcionarios del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; y el
secretario de Gestión Social y Diálogo de la PCM, Jorge Luis Maguiña.
Las autoridades locales
agradecieron por la instalación de este grupo de trabajo y firmaron un acta en
la que se comprometieron a enviar a la PCM, hasta el 21 de enero, proyectos que
aborden la problemática de la cuenca del río Ramis para la respectiva
evaluación por parte del Poder Ejecutivo. https://diarioelpueblo.com.pe/
La crisis social instalada por Petroperú en Piura
El derrame de petróleo producido
en el mar de Talara (Piura), bajo responsabilidad de la empresa estatal
Petroperú, ha instalado una gran crisis social en el norte peruano. Miles de
pescadores y trabajadores de la costa peruana se encuentran sin trabajo en
plena temporada alta y no saben qué hacer ante la lentitud del Estado para
resolver el problema.
Según Petroperú, fueron vertidos
37.8 galones de petróleo en el mar de Lobitos, lo que, de acuerdo a cálculos
iniciales del Organismo de evaluación y fiscalización ambiental -OEFA, afectó
un área aproximada de 10 000 m2. El derrame pudo ser contenido a tiempo si se
tomaban las previsiones de manera inmediata y no se minimizaba el desastre. Sin
embargo, al no haber reaccionado con la diligencia y prontitud debidas, el
impacto en la flora y fauna del ecosistema marino más productivo del país han
sido severos, alterando el equilibrio y las condiciones del ecosistema.
Playas como Las
Capullanas, La Bola, Yapato, El Anchón, La Palizada, Peña Negra, entre otras,
son las más afectadas hasta el día de hoy; sin embargo, reportes ciudadanos
indican que son más de diez las playas impactadas, sumando un área aproximada
de 18 000 m2 de zona litoral afectada.[1]
El hecho es que
en este momento se ha instalado una crisis social en la zona al haber dejado
sin trabajo a cientos de personas dedicadas a la pesca artesanal y al turismo.
El antecedente similar y nefasto hasta hoy en la costa peruana es el ocasionado
por Repsol en la Refinería La Pampilla, cuando se vertieron más de 12 000
barriles de crudo al mar al momento de la descarga del hidrocarburo desde el
buque italiano Mare Doricum hacia el terminal multiboyas n° 02 de la refinería.
El ministerio
del Ambiente tuvo que declarar el “estado de emergencia ambiental” por 90 días
[2] para priorizar acciones destinadas a atender la crisis instalada en el área
geográfica del derrame. Previamente, entre el 21 y 23 de diciembre, el Oefa
realizó una supervisión en el área geográfica afectada, confirmando, en informe
publicado el 27 de diciembre, que el hidrocarburo derramado se desplazó entre
la zona intermareal y submareal abarcando áreas de 47.14 y 228.74 hectáreas,
respectivamente, llegando hasta la playa Cabo Blanco por acción de las
corrientes.
Mesa de diálogo
El 28 de
diciembre, la empresa estatal y la municipalidad distrital de Lobitos
instalaron una mesa de diálogo en la que participaron autoridades locales,
representantes de los gremios de pescadores y la población de la zona afectada
por el derrame. El objetivo de la mesa fue concretar acciones de contingencia
por el desastre ambiental ocasionado por la empresa.[3]
Sin embargo, el
gerente de Petroperú, Óscar Vera, quien además fue ministro de Energía y minas
del actual régimen, tuvo desafortunadas declaraciones minimizando el derrame.
Señaló: “el hidrocarburo ha impregnado las rocas y lo que se ha hecho es
retirar todo el hidrocarburo de la arena. No es un derrame como al que usted se
refirió, sino una fuga que ha cubierto un área que no son 10 mil metros cuadrados”
[4]. Esta declaración causó la indignación de los afectados, suspendiéndose la
mesa indefinidamente y obligando al gerente de la empresa salir de la reunión
con resguardo policial y abandonar la mesa de diálogo.
La imposibilidad
de salir a trabajar por la contaminación tóxica generada en el mar, obligó a
los pescadores y a sus familias a realizar ollas comunes para poder sobrevivir.
Las ollas comunes fueron posibles gracias a las donaciones de la población.
Al observar la
limitada voluntad del Estado para resolver la situación, los pescadores
afectados protestaron varios días frente a las instalaciones de Petroperú en
Talara, impidiendo el ingreso de los trabajadores de la empresa. Debido a las
protestas, las negociaciones entre Petroperú y los pescadores afectados por el
derrame de petróleo se retomaron el martes 07 de enero.
Esta primera
reunión se dio en las instalaciones de Petroperú en Talara, entre
representantes de la empresa y dirigentes de los gremios de pescadores y
personas afectadas por el derrame. Después de más de cinco horas de diálogo,
llegaron a los primeros acuerdos [5] y fueron anunciados por Manuel Bernales,
uno de los asesores de Petroperú.
En el primer
acuerdo, Petroperú se compromete a entregar una canasta con víveres por cada
familia afectada. En el segundo acuerdo, los dirigentes de los gremios de
pescadores tienen plazo hasta el 09 de enero para entregar los padrones de
todas las personas que han sido afectadas por el derrame. Como tercer acuerdo,
la empresa estatal se compromete a iniciar el trabajo de la valorización del
daño en el patrimonio que han sufrido las personas por el derrame. El cuarto
acuerdo propone un periodo de espera, entre una semana y diez días, a partir
del 07 de enero, para que la autoridad competente emita el informe sobre el
monitoreo ambiental. El último acuerdo es una siguiente reunión luego de
conocerse los resultados de los cuatro primeros acuerdos. Todos los dirigentes
de los gremios de pescadores afectados aceptaron los acuerdos.
Afectados
inconformes
Sin embargo,
ante la situación de crisis instalada, varios pescadores y afectados por el
derrame manifestaron su inconformidad con estos acuerdos [6]
Una de las
mujeres afectadas por el derrame declaraba:
“Los pescadores
no están saliendo. ¿De dónde van a sacar? Nosotros no pedimos ser mantenidos
por ellos (Petroperú) sino que den la indemnización correspondiente porque eso
es lo que nosotros pedimos.”
Otro trabajador
de la pesca de la zona de Lobitos señaló:
“Nos vamos por
18 días sin salir a trabajar. ¿De dónde vamos a sacar para dar de comer a
nuestros hijos?”
Otra de las afectadas:
“Uno se ve del
día al día”
Otro testimonio
fue:
“Esperábamos una
solución para ya salir a pescar.”
La acción del
Estado
Según
estimaciones de Sonapescal (Sociedad nacional de pesca artesanal del Perú), se
estima que fueron afectadas al menos 2 500 familias, aunque se esperaba que
ayer 09 de enero los afectados presenten la relación o el padrón quienes
resultaron perjudicados con el derrame, según acuerdos de la mesa de diálogo.
El Estado debe
realizar acciones inmediatas que mitiguen el daño y pensar en la restitución de
los derechos de los pescadores y personas afectadas por el derrame, tales como
el derecho a la salud, al trabajo, a la alimentación, a un medioambiente
limpio, sano y sostenible o el derecho a una vida digna. El Estado, a través de
Petroperú, está obligado a reparar todo el desastre ambiental que ha
ocasionado, así como garantizar calidad de vida a los afectados y afectadas. https://cooperaccion.org.pe/
LIMA PERÚ
Gobierno instala grupo de trabajo para fortalecer transparencia en obras de agua
Como parte de las acciones en la lucha frontal contra la
corrupción, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)
instaló el grupo de trabajo “Integridad y Transparencia”, equipo que
desarrollará estrategias efectivas para promover la sostenibilidad durante la
ejecución de proyectos del sector agua y alcantarillado.
El viceministro de Construcción y Saneamiento, Christian
Barrantes, destacó que esta reunión marca un paso firme hacia un futuro más
transparente, donde la integridad permita que el agua potable y la vivienda
lleguen a quienes más los necesitan.
La instalación de este grupo, conformado por cooperantes y
actores comprometidos con el sector, se realizó durante el Encuentro
Internacional de Integridad y Compliance en la Gestión del Agua y Vivienda, y
representa un gran avance en el camino hacia una gestión pública más efectiva,
priorizando la equidad en el acceso a estos servicios básicos.
Permite, asimismo, cumplir el Compromiso N.° 1 del Pacto
Nacional Unidos por el Agua y Saneamiento, que es luchar frontalmente contra la
corrupción; así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el
ODS 6, sobre agua y saneamiento, y el ODS 16, sobre justicia e instituciones
eficaces.
Como parte de las conclusiones, el Ministerio de Vivienda
reafirmó su compromiso de luchar contra la corrupción, mejorar la gestión
pública, la gobernanza corporativa y la generación de valor, y así garantizar
el acceso eficiente al agua y al saneamiento como un derecho humano para todos los
peruanos. Todo ello, en trabajo coordinado con actores del sector público y
privado. https://andina.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
