24/6/24

Asentamientos humanos en Piura acusan de ‘mentirosa’ a ministra Hania Pérez de Cuéllar por incumplir promesas - Hidroboletín Fentap 4493

 Lunes, 24 de junio de 2024 – Año XVIII – Edición 4493

 

Más de un siglo sin agua potable: asentamientos humanos en Piura acusan de ‘mentirosa’ a ministra Hania Pérez de Cuéllar por incumplir promesas

El dirigente Javier Vargas denunció públicamente a la titular de dicha cartera, acusándola de retrasar la licitación de megaproyecto de agua y alcantarillado. La situación mantiene sin el recurso básico alrededor de medio millón de ciudadanos en Piura

Al norte del país, el rechazo contra la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, es contundente. Esta mañana, el dirigente del Asentamiento Humano La Molina - Veintiséis de Octubre, Javier Vargas, denunció públicamente a la titular de dicha cartera, acusándola de mentir sobre la licitación de un megaproyecto de agua y alcantarillado, a favor de 96 asentamientos humanos que reúnen aproximadamente a medio millón de personas en Piura.

En diálogo con Exitosa, Vargas criticó la falta de coherencia en los plazos anunciados por la ministra para el inicio de las obras, recordando que las fechas han sido aplazadas en repetidas ocasiones.

Según Vargas, la ministra había mencionado que la licitación se adjudicaría el 22 de febrero de este año; sin embargo, esta se postergó al 28 de febrero, 4 de marzo, 8 de marzo y finalmente hasta el 26 de marzo, antes de declarar su nulidad mediante una resolución en el marco del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU).

“En la boca del mentiroso, lo cierto se hace doloso. Es una ministra que ha venido mintiendo constantemente, una ministra que en el mes de febrero decía ‘por qué se levantan los dirigentes de estos sectores’, si la buena pro va al 22 de febrero, luego el 28 de febrero, luego el 4 de marzo, luego el 8 de marzo, luego el 26 de marzo, y así hasta que ha declarado la nulidad [del proyecto] por una resolución”, aseveró el dirigente.

Asimismo, el dirigente señala que, aunque se suscribió un acuerdo en presencia del viceministro de Vivienda y de los alcaldes provinciales de Piura y los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre, donde se comprometieron a iniciar el proyecto en junio, la población ha perdido la confianza en las autoridades.

En ese sentido, Vargas sostiene que estas inconsistencias han llevado a la comunidad a considerar medidas de luchas para exigir el cumplimiento del proyecto, como un paro regional.

Además, agrega que la ministra Pérez de Cuéllar había presentado en marzo del año pasado una resolución otorgando la buena pro a una empresa con el fin de implementar la obra, solo para anularla un mes después, una acción que les da razones suficientes para dudar de esta persona de la funcionaria, opinó Vargas a través de Exitosa.

“El viceministro de Vivienda [Hernán Navarro] y el director del PNSU [Néstor Supanta Velásquez], ambos frente a los alcaldes provinciales de Piura, Gabriel Madrid, el de Castilla y el de Veintiséis de Octubre, suscribieron un acta donde se comprometían que en el mes de junio sí o sí iba el megaproyecto de agua y alcantarillado. La población ya no cree. Esta misma ministra el año pasado vino con la resolución de otorgamiento de la buena pro en el mes de marzo y un mes después declararon la nulidad, por eso tenemos razones suficientes para dudar de esta persona, los congresistas la blindan. La población tiene que levantarse e irnos a un paro regional”, afirmó Vargas.

Más de un siglo sin agua potable

En ese marco, la problemática se agrava debido a que Piura ha estado sin un sistema adecuado de agua potable durante más de 100 años. En este caso, en particular, los ciudadanos que viven en dichos asentamientos humanos aún tienen que hacer silos en sus casas para sus necesidades debido a la falta del recurso, una realidad que consideran inaceptable debido a que ha generado problemas de salubridad y espacio.

Por ello, la población considera este tipo de proyectos no solo una mejora en el suministro de agua, sino también en la salud pública y sostenibilidad de las infraestructuras urbanas.

Ahora, la expectativa por conocer la resolución de la licitación está puesta en el 5 de julio, fecha en la cual las familias esperan que se presenten avances concretos en el proyecto de agua y alcantarillado, que, detalla Vargas, ya ha comenzado a mostrar resultados positivos en cuanto a la renovación de las redes del líquido elemento en 52 de los 94 sectores afectados.

Antecedentes de corrupción en la mira

En el mes de abril, el viceministro de Construcción, Jorge Bustamante, aseguró que el proyecto aún se realizaría. No obstante, el proceso inicial de la licitación, otorgada el año pasado, fue revocado y regresó a etapas previas varias veces.

Posteriormente, la licitación fue anulada el 26 de marzo. Ante el descontento y los fallos en la gestión del proyecto, el alcalde Gabriel Madrid pidió la interpelación de la ministra Pérez de Cuéllar.

Pero, ciertamente, el origen de los problemas con la licitación se remonta al 2023, cuando la Contraloría General de la República descubrió que la empresa ganadora, China Tiesiju Civil Engineering Group Sucursal del Perú (CTCGE), presentó documentación de otra compañía para acreditar su experiencia.

Además, un informe del Congreso de la República mencionó a CTCGE y su matriz, China Railway Tunnel Group, como parte del denominado “Club del Dragón”, un grupo de empresas chinas que habrían obtenido contratos de manera irregular en varios niveles de gobierno.

Esta investigación incluyó actividades durante las administraciones de los expresidentes Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo. https://www.infobae.com/


HIDROREGIONES PERÚ

La Libertad: contratista fue beneficiado en obra de S/ 4,4 millones, en Otuzco

La Contraloría General de la República (CGR) evidenció que el contratista, a quien se adjudicó la buena pro para la ejecución de la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en el caserío Chacomas, distrito de Usquil, en la provincia de Otuzco”, fue favorecido con el proyecto de S/ 4,4 millones.

En ese sentido, el Comité de Selección actuó en desmedro de la Municipalidad Distrital de Usquil, que finalmente no materializó la contratación de la mejor oferta en términos de calidad, precio y oportunidad.

Según el Informe de Control Específico N° 035-2024-2-0420-SCE, emitido por la CGR, dicho consorcio debió ser descalificado porque no presentó los documentos que sustentaban la propiedad, posesión y/o compromiso de compraventa o alquiler de una máquina compactadora de suelo (vibroapisonador).

Justamente, este fue un requisito de calificación (equipamiento estratégico) contemplado en las bases integradas del procedimiento de selección, que concluyó con la suscripción del Acta de admisión, evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro del 2 de octubre del 2023. Asimismo, el Comité de Selección no promovió mayor concurrencia de potenciales postores y solicitó componentes muy específicos que estuvieron orientados a beneficiar al postor adjudicatario de la buena pro que coincidentemente cumplía con cada uno de ellos.

Esto último también originó que el postor que ofrecía la mejor oferta en términos de calidad y precio no reciba el puntaje por este factor de evaluación, y por ende se favoreció al consorcio que finalmente se adjudicó la buena pro para la ejecución de la obra en mención. Debido a ello, la CGR halló presunta responsabilidad penal y administrativa en los tres integrantes del Comité de Selección. https://n60.pe/

 


Lagos de Tarapoto: cuando el turismo amenaza uno de los sitios mejor conservados del Amazonas

Entre septiembre y octubre de 2023 hubo semanas en las que no llovió en la Amazonia. Millones de personas de los ocho países que la conforman quedaron desabastecidas de agua, combustible y comida en medio de una temporada seca que duró más de lo regular. Hubo zonas que estuvieron totalmente desconectadas.

Por esos días, las familias del Resguardo Indígena Ticoya, a más de dos horas en lancha de Leticia, se organizaban para salir una a dos veces por semana al casco urbano de Puerto Nariño a proveerse de agua, recuerda el vigía ambiental Jerónimo Ahue Cuello, de la comunidad Puerto Esperanza, de ese resguardo.

Mientras pasa una canoa con un motor ruidoso frente a la estación de vigías en Ticoya, Jerónimo dice que en esos meses de sequía no vio tantos turistas.

Puerto Nariño es uno de los sitios más turísticos de la Amazonia colombiana. Al año recibe unos 24.000 turistas, algo que hace cincuenta años, antes de que se fundara el municipio (en 1984), era imposible. Los tiempos han cambiado: hoy el municipio tiene 22 hoteles y funcionan 19 agencias y operadores de viajes.

Según la Secretaría de Turismo y Cultura de ese departamento, en Leticia, la capital, funcionan más de 400 servicios entre agencias, operadores y alojamientos que reciben alrededor de 30.000 turistas al semestre en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, los acomodan y guían sus salidas por fuera del municipio de Leticia. El otro destino al que van los visitantes es Puerto Nariño y sus alrededores.

Aunque la industria del turismo genera uno de los principales ingresos económicos para el municipio, hay comunidades que se están cuestionando sobre el impacto social y ambiental de esta actividad, que tuvo un empujón tras el Acuerdo de Paz de 2016. Hoy esta fuente de ingreso se ha extendido a conceptos como el ecoturismo, el turismo comunitario o el etnoturismo.

Muy cerca de Puerto Nariño, como lo muestra el siguiente mapa, está el sitio Ramsar Lagos de Tarapoto, el primer complejo de humedales en la Amazonia en tener esa designación, la máxima medida internacional para la protección de dichos ecosistemas. Declarado en 2018 por el Ministerio de Ambiente, este sitio se encuentra en medio del Resguardo Ticoya, desde donde habla Jerónimo. Está conformado por 22 comunidades de los pueblos indígenas Ticuna, Cocama y Yagua.

Sobre este resguardo del Amazonas confluyen varias opiniones en torno al turismo. Si bien es un sector que aporta a la economía, ha incumplido las reglas de unos acuerdos de pesca que las comunidades pactaron hace unos años. Esta situación las mantiene divididas.

Las discordias en Lagos de Tarapoto

A inicios de la anterior década en Lagos de Tarapoto disminuyeron especies de peces como los arowanas, las cachamas blancas, los bagres y el famoso pirarucú. Las comunidades se acercaban a los bosques inundables, es decir, unos árboles que crecen entre el agua a orillas de los ríos, en donde normalmente es más fácil hallar los peces, pero no los hallaban igual que hace varias décadas.

Más de 40 años atrás, en 1980, un indígena se demoraba en promedio 15 minutos capturando lo necesario para su familia y para comerciar, mientras que hoy pueden tardar incluso toda una noche, especialmente en temporada de verano, lo que además afecta la alimentación de los delfines rosado y gris (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis), especies sombrilla que están por encima de la cadena alimenticia, cuyo bienestar es un medidor sobre el estado del ecosistema. Actualmente, ambas están categorizadas como “en peligro” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Según cuenta el vigía Jerónimo Ahue, los acuerdos a los que llegaron las comunidades han ayudado a enfrentar esa escasez. “Antes se veía gente de las mismas comunidades pescando pirarucú”, que ya no se puede pescar.

La declaración de Lagos de Tarapoto como sitio Ramsar, que permite proteger un área de 54.643 hectáreas, se dio a la par de que las comunidades lograran 10 acuerdos de pesca responsable para aumentar las poblaciones de peces. Estos puntos incluyen restricciones para proteger ciertas especies en periodos específicos del año, acorde a sus ciclos de reproducción; también define cuáles son las especies completamente vetadas para pesca, y cuáles son las redes y los motores permitidos.

Durante la sequía del año pasado, el trayecto de Lagos de Tarapoto a Puerto Nariño demoraba alrededor de una hora más de los 15 a 20 minutos que normalmente dura. Los bosques inundables, en donde en época de aguas altas pueden nadar los delfines rosado y gris (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis), parecía simple vegetación sobre la tierra: nada de agua.

Según estimaciones de la Fundación Omacha, ONG que acompañó durante cuatro años al Resguardo Ticoya en la formulación de los acuerdos, cada familia necesita para alimentarse una sarta y media al día (una sarta tiene en promedio diez pescados), lo que equivale a 2 kilogramos diarios cuando hay aguas bajas, y 0,67 kilogramos en temporada de aguas altas. Los acuerdos permiten pescar diariamente hasta 10 sartas o 20 kg por pescador, aunque la pesca diaria por especie no puede exceder los 10 kg por pescado.

Para tratar de garantizar que los acuerdos se cumplan, en la boca del complejo de humedales hay una estación en la que integrantes de las 22 comunidades se van rotando cada quince días para revisar las mallas que utilizan los pescadores para capturar los peces, el motor de las balsas, así como las especies que pescan.

Para el vigía Juan Ahue Cuello, de Puerto Esperanza, cumplir los acuerdos también trae beneficios “para los que vienen atrás: los nietos y bisnietos. Nosotros como vigías estamos aportando para que los peces sigan reproduciéndose; si no, nos quedaremos sin nada”.

Aunque los acuerdos han servido para recuperar poblaciones de especies, como señala el vigía Gabriel Ahue Gómez, de la comunidad de Santa Clara de Tarapoto, hay discordias entre las comunidades porque algunos pescadores no cumplen con el tamaño de las mallas permitido (superior a tres pulgadas) y emplean de dos pulgadas.

Santa Clara es la comunidad en la que los pescadores cumplen menos los acuerdos. Están más cerca del lago principal y no les suena mucho seguir las reglas de otras comunidades del mismo resguardo que vienen a “su” lago.

“Los pescadores no están de acuerdo. Yo quisiera que incluso no hubiera mallas en verano”, opina Jerónimo, especialmente en casos como el año pasado, cuando se alargó el periodo seco.

Para Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha y quien fue elegido como Explorador del Año por National Geographic, hay dos problemas claves: que quienes incumplen los acuerdos no reciben ningún tipo de sanción y que la mayoría de vigías “son personas mayores y, desafortunadamente, no tienen mucha autoridad” entre los pescadores y las autoridades del resguardo que no reconocen los acuerdos.

Los problemas entre los pescadores y los vigías se dan sobre todo en verano porque, como explica Trujillo, es cuando hay mayor concentración de peces, mientras que en otros periodos “los pescadores pueden pasar toda la noche y con suerte sacan una sarta”.

Otro de los puntos en discordia son las canoas, que únicamente pueden tener un motor pequeño, denominado “pkpk caballaje 5.5”, y andar a menos de 5km, para evitar lastimar a los peces y delfines con las aspas o afectarlos con el ruido. Es una regla que, según los vigías, no conocen ni cumplen algunas las embarcaciones de operadoras que llevan turistas.

Es paradójico: el avistamiento de delfines es uno de los principales intereses de los turistas que llegan a Lagos de Tarapoto, pero, según los datos de la Fundación Omacha, las poblaciones de delfines rosados han disminuido un 52 % y las de los grises un 37 % en los últimos 30 años en el Trapecio Amazónico (el extremo sur del departamento).

“Esto sucede en un área en donde hay manejo. En las otras en donde no lo hay, la situación seguramente es peor”, puntualiza Trujillo. https://infoamazonia.org/

 


LIMA PERÚ

Inician mesa técnica sobre reglamento de ley de servicio universal de agua potable

El viceministro de Construcción y Saneamiento, Christian Barrantes lideró la mesa técnica entre el equipo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), con la participación de expertos independientes, sobre el Reglamento de la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento.

El propósito de estas reuniones es continuar promoviendo espacios de diálogo entre el sector y el ente regulador sobre el marco regulatorio que permita mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado que se brindan a los usuarios a nivel nacional.

Al respecto, el viceministro Barrantes agradeció al equipo de Sunass, encabezado por su presidente, Mauro Gutiérrez, por su participación, opiniones y propuestas en torno al reglamento; así como a los expertos independientes presentes en la cita, por sus comentarios y aportes.

“Podemos salir bastante satisfechos de esta primera reunión porque hemos podido evidenciar con mayor claridad que tenemos un objetivo común y el mismo interés por dotar de agua y saneamiento de calidad a la población. Tenemos que seguir ajustando y afinando algunos temas para tener un mismo lenguaje y una misma propuesta”, afirmó.

En la reunión, Max Carbajal, director general de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del MVCS, planteó la necesidad de una reforma estructural del sistema de agua potable y saneamiento en el Perú, que involucre a todas las instituciones del sector.

En ese sentido, comentó que la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento plantea el fortalecimiento de las EPS, la mejora de la política regulatoria, subsidios inteligentes, mejora de los subsidios cruzados, entre otros temas.

Carbajal reafirmó que la norma ya contempla una progresividad en el rebalanceo tarifario, pero que se puede incluir de manera textual en el reglamento.

Por su parte, el presidente de Sunass, Mauro Gutiérrez, saludó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por convocarlos a la Mesa Técnica para intercambiar opiniones sobre el reglamento de la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento.

Por su parte, los expertos independientes que participaron de la reunión destacaron que existen puntos de coincidencia entre el planteamiento del MVCS y las recomendaciones de Sunass, como, por ejemplo, en la progresividad del rebalanceo tarifario, lo que permitirá contar con un nuevo reglamento consensuado.

La próxima semana se tendrá una segunda mesa técnica entre ambas instituciones para continuar con el proceso de la mejora normativa, que redundará en un servicio de agua potable y saneamiento de calidad para todos los peruanos. https://andina.pe/

 


“Defender el Agua es Defender la Vida”

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