Miércoles, 27 de julio de 2022 – Año XV – Edición 4019 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
Trujillo: vecinos denuncian obra de
desagüe inconclusa frente a colegio Daniel Hoyle
Zanjas de aguas servidas emanan olores fétidos y se hallan prácticamente en la puerta del colegio Daniel Hoyle en Trujillo. Los vecinos denunciaron que Sedalib no concluye esta obra desde hace meses
Los vecinos de la urbanización Daniel Hoyle en Trujillo
denunciaron que una obra de desagüe, inconclusa, la cual se extiende hasta la
puerta del colegio 80865 afecta la salud de los alumnos y, en general, de
todos.
“Lo que sucede acá es el desinterés y el abuso de la
empresa Sedalib, esta empresa que nos ofrece los servicios, que nos cobra
mensualmente; sin embargo, ellos nunca ponen de su parte, este problema es
añejo ya”, protestó Carlos, un vecino de la zona.
Los vecinos cuentan que en 2013 la empresa Sedalib dispuso
el cambio de las redes de alcantarillado en Daniel Hoyle, pero por motivos que
desconocen no se hicieron estos trabajos en tres calles: Euclides, Arquímedes y
Luis Broglie.
Precisamente, estas calles son las que sufren atoros
frecuentes, debido a que las tuberías tienen alrededor de 70 años de antigüedad
y, según los vecinos, ya se están desintegrando, razón por la cual pidieron a
la municipalidad que antes de pavimentar las calles y las veredas, primero se
cambien las tuberías viejas.
Piden a José Ruíz que termine obra
“El alcalde dijo que en esas calles se va a hacer el
alcantarillado, pero hasta ahora han pasado dos meses y aquí estamos”, expuso
otra vecina, visiblemente fastidiada. Las zanjas con aguas servidas emanan un
olor insoportable y ponen en riesgo la integridad física de las personas. https://www.latina.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Puerto Inca: ninguna de las 253 mineras que operan en medio de la selva está formalizada
Hace una semana el gobernador regional de Huánuco, Erasmo
Fernández Sixto, informaba que había 253 mineras asentadas en la provincia de
Puerto Inca, de las cuales “solo 18 están debidamente acreditadas". Sin
embargo, Convoca.pe pudo comprobar, a través de funcionarios del mismo Gobierno
Regional, que ninguna de estas mineras se encuentra formalizada, no pagan
impuesto alguno al Estado y dañan irreparablemente el medio ambiente.
El avance de la minería ilegal hasta ahora continúa sin
freno en esta provincia que también ha sido tomada por otras modalidades del
crimen organizado, como el narcotráfico y la tala ilegal.
De hecho, el 21 de septiembre de 2021 una comisión
investigadora sobre la minería ilegal, creada al interior del gobierno
huanuqueño por los consejeros, recomendó a su Dirección Regional de Energía y
Minas (Drem) la paralización inmediata de las actividades extractivas en Puerto
Inca. Hasta el momento dicha dirección sigue sin cumplir con ello.
Además, los entrevistados por este portal aseguraron que el
dirigente de la Comunidad de Paucarcito, Edwin José Jumanga, alquila hectáreas
de su territorio a mineros ilegales. Esta complicidad agrava la situación de
Puerto Inca. Según el Gobierno Regional de Huánuco, esta actividad extractiva
ilegal “se ha expandido en un área aproximada de 500 hectáreas en los últimos
cuatro años”.
La ilegalidad de lo informal
“Son 18 [proyectos mineros] los que están casi aprobados,
pero [aún] no están aprobados para trabajar. Desde la Drem no otorgamos los
permisos inmediatamente. Primero, debemos tener estudios de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), Serfor y Sernarp”, explicó a este portal el actual
director de la Drem de Huánuco, José Mendoza Huerta. El funcionario dijo que
mientras no haya una opinión favorable de estas instituciones, no se puede
formalizar a ninguna minera. “Hasta ahora todos están jalados”, acotó.
Los que están “casi aprobados” son los mineros informales.
Es decir, los que se encuentran en vías de formalización. De acuerdo con la Ley
31388, estos mineros tienen plazo para formalizarse hasta el 31 de diciembre de
2024. “En ese periodo pueden trabajar y operar los recursos sin pagar impuestos
al Estado”, lamentó, por su parte, el consejero regional de Huánuco, Jaime
Oliveira.
Como se recuerda, el 31 de diciembre de 2021, el presidente
Pedro Castillo promulgó dicha ley, que amplió el plazo para que los pequeños
mineros y mineros artesanales pudieran formalizarse, una iniciativa impulsada
por las bancadas parlamentarias de Alianza para el Progreso y Perú Libre. El
mandatario dispuso la publicación de la norma a pesar de que el Ministerio del
Ambiente (Minam) advirtió que esta medida provocaría que "muchos
operadores ilegales se inscriban sin que hayan demostrado cambios en sus
prácticas" que generan contaminación en las fuentes de agua.
Para acogerse a este sistema de adecuación, las mineras
informales deben contar con un Instrumento de Gestión Ambiental para la
Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal
(Igafom) y encontrarse en Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo),
circunstancias que les permiten desarrollar actividades mineras. Deben, además,
comprometerse a culminar el Proceso de Formalización Minera Integral.
Al respecto, el director regional de Energía y Minas de
Huánuco dijo que otras gestiones han inscrito a los mineros informales y les
han dado la posibilidad de entrar en Puerto Inca. “He revisado las leyes y
ellos tienen que tener [cumplir] requisitos. Deben tener un permiso de la
Dirección [Regional] de Energía y Minas”, aseguró. Asimismo, agregó que la
minería ilegal empezó a resurgir hace 10 meses, justo cuando él dejó el cargo
de director de dicha oficina, que ahora ha retomado.
Sin embargo, esto último dicho por Mendoza Huerta no guarda
similitud con algunos hechos que han quedado registrados en un acuerdo de
Consejo. De acuerdo con el documento (Nº 143-2021-GRH-CR), en agosto de 2021 se
hizo una inspección, ante los reclamos de la población por la contaminación de
las fuentes de agua, en la comunidad nativa de Paucarcito, donde se encuentra
la cuenca del río San Pablo de Sinaí.
"Ninguno de los mineros que fueron visitados por la
comisión investigadora cumplen con los requisitos exigidos por ley. Tampoco
respetan el medio ambiente. Los ríos y las quebradas afluentes del [río]
Pintuyacu, tales como San Pablo Sinaí, se están viendo afectados de manera insostenible
e incontrolable por la contaminación provocada por los mineros que operan en la
cuenca (...)", se advierte en el documento.
Asimismo, los mineros en proceso de formalización no
recibieron ningún tipo de capacitación en materia de minería y manejo de los
residuos peligrosos por parte de la Drem y tampoco la visita de funcionarios de
dicha institución, tal como se evidenció en las actas de los registros.
De hecho, estas son algunas de las razones por las que el
29 de septiembre de 2021 el Consejo Regional recomendó que se diera por
concluida la designación del ingeniero geólogo José Ángel Mendoza Huerta en el
cargo de director de la Drem de Huánuco. "Ante su incompetencia para
resolver los problemas de su sector y mentir reiteradamente al pleno del Consejo
Regional con falsas acciones”, indica el acuerdo.
Además, la Comisión Investigadora también concluyó que
existen en la zona "mafias y testaferros que sorprenden a las autoridades
para solicitar las respectivas autorizaciones utilizando a humildes campesinos".
Así lo demostró el caso de la minera Tony Dos, asegura la comisión, que tiene
como representante legal al campesino Fernando Noé Arone, a quien se le obligó
a inscribirla en el registro (Reinfo) con su DNI, pero quien tiene el verdadero
control de las operaciones es el empresario Vicente Espinoza.
Este último documento, el de la inscripción en el Reinfo,
es intransferible. “No se puede prestar debido a que es una declaración jurada.
Es como un DNI”, señaló el consejero Amancio del Águila, quien además es el
presidente de la Comisión Investigadora, a Convoca.pe. A pesar de las normas
específicas que tiene el Reinfo, Del Águila aseguró que muchos mineros
informales hacen un mal uso de este documento ante la incapacidad de la Drem.
Por ello, además de recomendar el cese de labores de
Mendoza Huertas, también se solicitó a la Drem que disponga la inmediata
paralización de todas las actividades mineras en Puerto Inca.
Mendoza fue removido del cargo cuando aún estaba era
gobernador regional Juan Alvarado, quien abandonó sus funciones y actualmente
se encuentra prófugo luego de que la Fiscalía le imputara el presunto delito de
colusión agravada junto a otros once investigados. Cuando su sucesor en el
cargo, el vicegobernador Erasmo Fernández, asumió las riendas del Gobierno
Regional de Huánuco, volvió a nombrar a Mendoza para dirigir la Drem.
“Sorprende que ahora el señor [Fernández], que estuvo tres
años en el cargo, recién se dé cuenta de lo que sucede [con la minería ilegal]
en Puerto Inca”, cuestionó el consejero Del Águila.
El consejero regional dijo a Convoca.pe que la Policía
Nacional Especializada en Tráficos de Combustible, la Policía Antidrogas, la
Fema, el DREM y el Minem no han intervenido para frenar el avanza de la
actividad ilícita, a pesar de los pedidos del Consejo Regional.
Este medio se comunicó con la Fiscalía Ambiental
Especializada de Ucayali, que es responsable del caso, para conocer sobre
alguna investigación realizada, pero el fiscal a cargo, José Guzmán, justamente
se encontraba haciendo una diligencia en Puerto Inca y no podía dar detalles en
ese momento.
Agremiados cuestionados
Al ser consultado por este medio sobre las observaciones a
su primera etapa a cargo de la Drem, Mendoza Huerta dijo que “ha conversado con
los que más saben del tema, el señor Burgos, Esquivel, Quevedo. Ellos saben la
realidad de las cosas y son personas serias”, afirmó.
Las personas mencionadas por Mendoza son Leonardo Esquivel
Luna, Jorge Burgos Abanto y Sixto Quevedo Salazar, y se dedican a la minería en
Puerto Inca.
El nombre que más resalta es el de Sixto Quevedo,
presidente de la Asociación de Mineros de Puerto Inca. En el 2016 se
desempeñaba como subprefecto de Puerto Inca. En ese entonces, la Comunidad
Nativa de Santa Clara de Uchunya solicitó su “cambio inmediato” debido a su
inacción para combatir el tráfico de combustible para la elaboración de pasta
básica de cocaína.
En comunicación con Convoca.pe, Sixto Quevedo dijo que ha
“puesto la provincia en orden” cuando se desempeñó como subprefecto.
Raúl García es otro de los empresarios mineros cuestionados
en Puerto Inca, donde la naturaleza viene siendo arrasada sin control.
Actualmente es presidente de la Asociación de Mineros del Marañón.
Cuando este medio le consultó a Sixto Quevedo por García,
afirmó que como subprefecto ha “supervisado su trabajo y es uno de los
mejores”. Sin embargo, García es acusado por la Comisión Investigadora del
Consejo Regional por haber "alquilado" los siete Reinfos con los que
cuenta a mineros ilegales, a pesar de que este documento es intransferible.
“Este señor [García] alquila a los mineros ilegales y tiene
una serie de denuncias. Es lamentable que Sixto Quevedo actúe de esa forma con
su pueblo. Está más interesado en tener más afiliados en su asociación que en
poner freno a esto. García y Quevedo son aliados”, afirmó el consejero regional
Oliveira.
Quevedo también aseguró a este medio que Mendoza Huerta “es
su amigo”, pero considera que ha caído "en una red que maneja la
minería" y no desea formalizarla.
Al respecto, el consejero Jaime Oliveira afirmó que,
durante su primera gestión en la Drem, Mendoza Huerta consultaba con la
Asociación de Mineros de Puerto Inca lo sucedido en la zona en vez de constatar
en primera persona las acciones en Puerto inca. “Él llamaba al presidente de la
asociación Sixto [Quevedo] y le decía que el consejero había denunciado
irregularidades. Le respondían que el consejero era un mentiroso”, contó el
consejero regional.
“Ya no les da importancia a los mineros después del daño
que hacen. Ahora ellos están en su contra. Sin embargo, exigimos el
cumplimiento del acuerdo del Consejo que recomendó su salida de la Drem”, contó
por su parte Amancio Del Águila, presidente de la Comisión Investigadora. Del
Águila también agregó que a los mineros informales solo se les permite una o
dos maquinarias porque se tratan de pequeñas mineras o mineras artesanales.
“Sin embargo, lo que hay en Puerto Inca es todo un aparato de maquinarias
pesadas impresionantes. Encontramos hasta cinco retroexcavadoras, que en un par
de horas destrozan toda la montaña”, puntualizó.
Alquiler de territorios
A diferencia de las mineras informales, las ilegales no
cuentan con ningún tipo de documento. “La población de Puerto Inca no
diferencia entre los mineros informales y los ilegales, aunque ambos dañan el
suelo, depredan bosques y contaminan las quebradas. Tenemos zonas de
amortiguamiento que están cerca de una Reserva Comunal del Sira y son
devastadas producto de la minería”, aseveró Jaime Oliveira.
Sobre la minería ilegal, el alcalde de Puerto Inca, Hitler
Rivera, dijo a este portal que ha sido permitida por dirigentes indígenas en el
sector. La autoridad señaló a José Jumanga, líder de Paucarcito, como el
responsable de alquilar hectáreas de territorios de la comunidad a la minería
ilegal.
“Los mineros ilegales de Madre de Dios están ahí
[trasladados en Paucarcito]. No tienen documentación alguna para realizar
actividad minera y son protegidos por la comunidad nativa. Son unos
delincuentes”, señaló el responsable de la minería a nivel regional. Mendoza
comentó que intentó persuadir a Jumanga de ceder los terrenos cuando se
encontraba fiscalizando la zona, pero en “15 días volvieron a alquilarlos
nuevamente”.
Jaime Oliveira dijo tener conocimiento de denuncias de los
propios nativos de Paucarcito hacia Jumanga. “Dijeron que atropelló sus
derechos por el cargo que tiene, vendiendo o alquilando las tierras de las
comunidades nativas. Esperamos que se sancione al señor y se le saque del
cargo. La comunidad nativa está completamente destrozada producto de la minería
ilegal”, aseveró el consejero.
No solo el medio ambiente es perjudicado en Puerto Inca.
También lo son sus ciudadanos, que sufren la violencia del crimen organizado.
El alcalde Hitler Rivera contó que las mafias que secuestran y cobran cupos a
empresarios han llegado junto con la minería ilegal. “He escrito al presidente
[Pedro Castillo] en más de tres oportunidades y también al presidente Consejo
de Ministros, Aníbal Torres, para que nos dé una cita y nosotros expongamos nuestra
problemática. Hasta el momento no recibo respuesta alguna de ellos o sus
asesores”, concluyó.
Convoca.pe intentó comunicarse con José Jumanga a su número celular para conversar sobre las acusaciones en su contra, pero hasta el cierre de este informe no recibió respuesta. https://convoca.pe/
Planta de Tratamiento de Agua Potable de Curumuy paraliza operaciones por bajo nivel de canal Daniel Escobar
La EPS GRAU S.A. informó que la
Planta de Tratamiento de Agua Potable Curumuy (PTAP) ha paralizado sus
operaciones desde las 03:56 a.m. de hoy martes 26 de julio; ello debido a una
disminución del nivel de agua cruda en el canal de derivación Daniel Escobar
(menos de 1 metro). De acuerdo a informaciones, serían trabajos mal realizados
los que estarían afectando el abastecimiento normal.
Según indicó el personal del
Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP), a cargo de la obra de reparación del
mencionado canal, dicha disminución de nivel se debe a dos motivos. El primero,
que en el km 16 se presentó una cangrejera en la parte de descarga del canal
alterno al canal de derivación; hecho ante el cual el PECHP manifestó que ya se
está iniciando los trabajos de rehabilitación y reforzamiento de la salida de
descarga. Asimismo, en cuanto al segundo incidente el PECHP detalló que se han
suscitado problemas en el bypass de derivación.
Al respecto, la EPS GRAU S.A.
indica que en las zonas abastecidas por la PTAP Curumuy, como lo son los
sectores de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre; la
entidad prestadora ha activado su Plan de Contingencia, a través del
abastecimiento con camiones cisterna, así como la ampliación a 24 horas de
funcionamiento de las fuentes subterráneas (pozos).
La EPS GRAU S.A. recalcó también
que se espera que el suministro de agua cruda a través del canal Daniel Escobar
sea repuesto en el menor tiempo posible por parte del PECHP; ello para para
poder reiniciar operaciones a la brevedad desde la PTAP Curumuy, ya que tal
situación ha ocasionado la restricción temporal del servicio de agua potable en
los sectores coberturados por esta PTAP, que comprende a los distritos de
Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.
En ese sentido, cabe recalcar
que es importante que el PECHP garantice el suministro de agua cruda dado que
actualmente se encuentra a cargo de la obra denominada “Reparación del Sistema
de Riego en el canal de derivación Daniel Escobar, margen derecha y margen
izquierda, desde el Km. 15+755.00 hasta el Km. 16+117.00, distrito de Sullana,
provincia de Sullana y Departamento de Piura”. https://www.elregionalpiura.com.pe/
HIDROMUNDO
¿Hacia una nueva política del agua en América Latina?
Hace casi dos décadas se aprobó
en Uruguay una reforma constitucional mediante el “plebiscito por el agua”,
promovido por organizaciones de la sociedad civil que se nuclearon ante las
amenazas de una creciente ola privatizadora de los servicios de suministro de
agua. Esta reforma no solo determinó la prestación del servicio público de
saneamiento y de abastecimiento de agua para el consumo humano, sino también el
derecho humano al agua, y la participación de usuarios y de la sociedad civil
en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos
hídricos. De esta manera, se establecían las cuencas hidrográficas como
unidades básicas.
En América Latina, al igual que
lo que ocurre en el contexto global, existe una tendencia de cambio en la
gestión y gobernanza del agua, que implica una transición desde modelos
centralizados y tecnocráticos hacia modelos descentralizados, integrados y
participativos. Sin embargo, si bien los marcos normativos desempeñan un papel
importante en la transición hacia un nuevo modelo de gobernanza, estos no son
ingredientes suficientes.
Los recursos hídricos han sido
históricamente gestionados mediante un abordaje tecnocrático desde los niveles
centrales de gobierno, los cuales se han basado en el paradigma de previsión y
control. Este abordaje, que en varios contextos aún predomina, llevó a muchas
consecuencias en los ecosistemas y en las sociedades que dependen de estos, lo
que dio lugar en las últimas décadas a enfoques alternativos.
La cuenca de la Laguna del Cisne
La Laguna del Cisne es una
importante fuente de agua en Uruguay y abastece a unos 30.000 residentes y a
70.000 visitantes durante los meses de verano. Entre los años 2008 y 2010 se
inició un conflicto socioambiental vinculado a los primeros cultivos de soja
transgénica y a otros cultivos relacionados con la aplicación de plaguicidas en
la cuenca. Así, colectivos de la sociedad civil y usuarios emprendieron
acciones para que las instituciones de gobierno implementaran medidas para que
la cuenca fuera protegida de contaminaciones a fin de que se detuvieran las
fumigaciones y se asegurara la calidad del agua.
Finalmente, en 2014, en el marco
de la Política Nacional de Aguas, se conformó la Comisión de Cuenca de Laguna
del Cisne (integrada por actores de gobierno, usuarios y sociedad civil), la
cual se convirtió en un ámbito importante de coordinación y discusión para
asesorar en la gestión. Con base en el trabajo de la comisión, el Gobierno
departamental ha elaborado normativas que incluyen medidas de prohibición de fumigaciones
terrestres con pulverizadoras autopropulsadas, la transición a modelos
sostenibles de producción, las franjas de protección de los cursos de agua y el
establecimiento de un plan de monitoreo de calidad de agua.
Este, así como otros modelos
alternativos de gestión, tiende a reconocer la variabilidad, la dinámica y la
incertidumbre de las cuencas hidrográficas; a aceptar la validez y los aportes
del conocimiento local adquirido con la práctica y el estrecho vínculo con el
ambiente, como fuente complementaria al conocimiento científico y técnico. Otra
tendencia de estos modelos es fomentar la participación de diferentes actores
—gubernamentales y no gubernamentales—, creando espacios de interacción entre
ellos, con el objetivo de realizar aportes a la gestión del agua.
En este marco, el Proyecto
GovernAgua, liderado por el Instituto SARAS, busca, a través de un enfoque
transdisciplinar, entender e impulsar una gobernanza adaptativa y anticipatoria
del agua en Sudamérica. De hecho, la transición desde un modelo de gobernanza
centralizada hasta una gobernanza participativa o en red conlleva varios
desafíos. Uno de ellos, superar la fragmentación en las funciones de gestión
entre las instituciones de gobierno que se dedican a la protección ambiental y
a la producción agropecuaria en países como Argentina o Uruguay.
Otro desafío importante tiene
que ver con implementar procesos participativos relevantes, tomando decisiones
de forma colaborativa entre los diferentes actores implicados, para que sus
voces sean realmente tenidas en cuenta. Los desafíos se deben en muchos casos a
modelos prevalentes de gobernanza centralizada o de gobernanza de mercado, como
el caso de Chile, donde existe un mercado para asignar el recurso, lo que
genera fuertes inequidades en el acceso al agua.
El avance de una nueva forma de
administrar el agua en la región
A escala regional, muchos países
han optado por establecer en su legislación la creación de comités de cuencas y
otros ámbitos similares para apoyar la gestión de los recursos hídricos. Pero
las características de estos ámbitos varían de un país a otro, e incluso dentro
de un mismo país.
En Argentina, por ejemplo, cada
provincia tiene su marco legal para la gestión de los recursos hídricos y varía
la composición de los comités entre provincias, e incluso algunas ni siquiera
han formado estos ámbitos. En Brasil, los comités de cuenca desempeñan un papel
de coordinación y deliberación entre los diferentes actores, arbitran los
conflictos relacionados con los recursos hídricos y aprueban el Plan de
Recursos Hídricos, entre otras cosas. Y en Uruguay, las llamadas comisiones de
cuencas y acuíferos colaboran en la formulación y ejecución de los planes
locales de gestión, articulan actores y apoyan a la gestión de los recursos,
entre otras tareas.
En definitiva, la gobernanza
participativa incluye a los actores directamente implicados con el agua y las
cuencas hidrográficas, por lo que es más democrática que otros tipos de
gobernanza. Además, los ámbitos de articulación que comprenden a varios actores
permiten que se conjuguen diferentes tipos de conocimientos para la toma de
decisiones, por lo que se ajustan más a las realidades de los territorios. La
participación en el proceso de gestión está asociada, además, a una mayor
aceptación de las medidas propuestas.
La conjugación de varios de
estos aspectos implica que estos sistemas de gobernanza están mejor preparados
para lidiar con cambios impredecibles y para adaptarse, ya que, al contar con
interacción entre niveles organizacionales, entre diferentes actores y con
variadas fuentes de conocimientos, también cuentan con una mayor diversidad de
acciones para que sean consideradas.
Administrar el agua ante el
cambio climático
Estas características son
especialmente relevantes en un contexto de cambios ambientales globales y de
emergencia climática que intensifican las crisis hídricas que atraviesa la
región. Las sequías, las inundaciones, la pérdida de la calidad del agua por el
exceso de nutrientes o sedimentos surgen como resultado de interacciones entre
factores sociales, políticos, económicos y climáticos. Inclusive, las crisis
hídricas (que no solo se refieren al agua, sino también a los usos del suelo)
son conocidas, asimismo, como “crisis de gobernanza”.
Para que los comités de cuenca y
otros ámbitos similares puedan tener un papel importante en esta gobernanza en
contextos de crisis hídricas, es necesario fortalecer su funcionamiento. Esto
puede implicar la institucionalización de estos espacios con reglas específicas
sobre su composición, competencias, dinámicas de trabajo, etc., pero también la
asignación de recursos necesarios para que puedan cumplir sus competencias.
Muchas veces las instituciones
de gobierno tienen capacidades limitadas para avanzar en esta transición hacia
modelos participativos, lo cual se ve reflejado en la falta de cumplimiento de
los llamados marcadores de calidad de los procesos participativos. En ese
sentido, y por tratarse de ámbitos consultivos o asesores, es esencial que las
instituciones de gobierno tomen en cuenta los aportes y propuestas que surgen
de los comités. No hacerlo conlleva un deterioro y es una de las razones que
lleva a su abandono.
América Latina debe seguir
avanzando en la transición desde una gobernanza centralizada hasta una
gobernanza participativa del agua, pero para ello hay mucho por delante. Y,
entre otras cosas, la Academia debe impulsar el desarrollo de investigaciones
transdisciplinarias que sumen a actores no académicos implicados directamente
en las cuencas hidrográficas y en su gestión, para la búsqueda de soluciones en
los diferentes contextos.
“Defender el Agua es Defender la Vida”