Lunes, 11 de enero de 2021 – Año XIV – Edición 3637 – http://hidroboletinfentap.blogspot.pe
HIDROBOLETÍN FENTAP
La FENTAP informa:
PERÚ – Cusco. Espinar: Minsa deberá
acatar fallo judicial para atender a comunidades afectadas por metales pesados
PERÚ – Lambayeque. Colapso de desagües inunda
viviendas en Chiclayo
PERÚ – Chimbote. Autoridades locales y
regionales no se han comprometido en recuperar la bahía El Ferrol
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Tía María: claves de un conflicto que
dura 12 años y alista nuevas protestas
Dirigentes condenados a prisión por disturbios y motín, pasaron a la clandestinidad y anuncian apelación.
Como un baldazo de agua fría cayó en el Valle de Tambo la noticia de condenas de cárcel efectiva para tres dirigentes de las protestas contra Tía María. Aunque la condena mayor es para el exdirigente principal, Pepe Julio Gutiérrez, la preocupación se centra en los dirigentes Jesús Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo; y Jaime de la Cruz Centeno, exalcalde de Deán Valdivia. Ellos fueron condenados a más de 7 y 12 años de cárcel, respectivamente, «por el hecho de ser dirigentes … lo que quieren es amedrentar a cualquiera que continúe nuestra lucha justa», se ha oído decir.
Así, los opositores al proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Perú, anuncian una nueva protesta para el próximo jueves 14. La Federación de Trabajadores de Arequipa (FDTA), la central sindical que agrupa a los principales sindicatos de la ciudad, ha anunciado su apoyo.
Paso a la clandestinidad
Dado que el colegiado dictó órdenes de captura para que los condenados cumplan prisión provisional hasta que la sentencia quede consentida, han pasado a la clandestinidad. Así lo confirmó su abogado, Héctor Herrera Herrera, quien anunció que presentará un recurso de nulidad a la resolución. De no prosperar su pedido, anunció un Hábeas Corpus al considerar excesiva la medida de cárcel en tanto la sala superior, confirme o revoque la sentencia de primera instancia.
Herrera dijo que, normalmente, la orden de prisión se hace efectiva si la sentencia es confirmada en una segunda instancia, lo que no ha ocurrido en este caso. También criticó el hecho que los jueces sentenciaran a sus defendidos (Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz), por los delitos accesorios que planteó la fiscal; no así por los principales en los que centró su defensa, que quedaron desestimados: Asociación Ilícita para Delinquir y Extorsión.
Añadió que los delitos de Entorpecimiento de los Servicios Públicos, disturbios y motín, no se han probado y solo existen testimonios en contra de sus defendidos. Al mencionar la figura de «no ejecutores», como se les ha calificado, comparó el conflicto con cualquier otra protesta. «Si es así, los líderes políticos que apoyaron o incentivaron las recientes protestas en el país deberían estar presos», dijo. «Los han sentenciado por ser dirigentes», concluyó.
Extorsión a Southern Perú
En cuanto a Pepe Julio Gutiérrez, condenado a 16 años de prisión, Herrera Herrera aclaró que no patrocina su defensa; pero que siendo una actitud repudiable la que se refleja en los audios, el delito de extorsión que se le imputa, tampoco estaba probado.
Gutiérrez, quien ya purgó prisión preventiva por 2 años y nueve meses (que deberán descontarse de su pena) tampoco es habido. Su abogado, Vladimir Fuentes, dijo que no habla con él desde el día jueves, en que se dio lectura al anticipo de sentencia.
La fiscal del caso, María Alejandra Cabana Ocsa, tampoco está conforme con la sentencia y estudia una apelación. Insistiría en la tesis de la Asociación Ilícita para delinquir en la que comprendió a 17 personas. Catorce de ellas fueron absueltas, entre los que se incluye a los exalcaldes Richard Ale, José Ramos Carrera y Hélard Valencia. También al dirigente popular Jorge del Carpio Lazo y al propio abogado Héctor Herrera.
También fue absuelto del cargo de cómplice primario en el intento de extorsión a Southern, el abogado Jesús Gómez Urquizo, quien grabó conversaciones con Pepe Julio Gutiérrez que ahora sirven para incriminarlo.
Criminalizar la protesta
El abogado Herrera y los otros abogados de la defensa en esta causa, coincidieron en que la dura sentencia para los 3 dirigentes, estaría destinada a desalentar nuevas protestas contra Tía María. Según esta postura, los dirigentes no pueden ser responsables de todos los actos que ocurran en el transcurso de la protesta. En el caso concreto, señalan que no se ha probado la relación de los actos denunciados con los condenados. Es decir, rechazan la responsabilidad «no ejecutora», pues tendría que probase objetivamente que ellos dieron las órdenes para la realización de disturbios o daños a la propiedad pública.
«Una protesta es un derecho y no quiebra la institucionalidad ni el Estado de Derecho», afirman.
Hitos del conflicto por Tía María
2009: Consulta popular promovida por el entonces alcalde de Cocachacra, Juan Guillén. El resultado fue abrumador en contra de la instalación de Tía María, pero al no existir una norma clara, fue desestimada por las entidades de gobierno.
2010: Se presenta el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María.
2011: Estalla el conflicto y los enfrentamientos producen 3 muertes. La agitación termina cuando el gobierno accede a rechazar el EIA, luego de conocerse que la UNOPS hizo 138 al documento.
2014: La empresa Southern Perú presenta su segundo Estudio de Impacto Ambiental, enfatizando que no hará uso de agua subterránea ni del río; sino que instalará una planta desalinizadora del agua de mar.
2015: Al conocerse la aprobación de este segundo documento, se anuncia una paralización del agro, que inicia en marzo de ese año. Tres manifestantes y un policía mueren en los enfrentamientos. La protesta termina con la Declaratoria del Estado de Emergencia en la provincia de Islay y el ingreso de las Fuerzas Armadas al escenario. Días antes, se conocieron las conversaciones entre Pepe Julio Gutiérrez y Jesús Gómez Urquizo, por lo que el primero es detenido por la policía.
2016: El expresidente Pedro Pablo Kuczynski intenta un acercamiento, pero la población rechazó la aproximación.
2019: El Ministerio de Energía y Minas otorga a Southern Perú la licencia de construcción para el proyecto Tía María, lo que enciende nuevamente el conflicto y se reanudan los enfrentamientos en Cocachacra. El gobierno declara una suspensión temporal de la licencia y Southern anuncia que esperarán momentos más propicios.
2021: Dirigentes de la protesta son condenados a penas de cárcel por los delitos de disturbios, motín y entorpecimiento de servicios públicos. https://elbuho.pe/
HIDROREGIONES PERÚ
Espinar: Minsa deberá acatar fallo judicial para atender a comunidades afectadas por metales pesados
Tras cinco años de batalla legal y una vida expuesta a la contaminación minera de la empresa Glencore – Xstrata, una comunidad campesina de la provincia de Espinar (Cusco) y tres organizaciones indígenas que agrupan a personas afectadas por metales pesados obtienen un triunfo. En una resolución del pasado 30 de diciembre de 2020, el Poder Judicial ordenó al Ministerio de Salud atender a las personas perjudicadas por la actividad minera.
Por orden de la Corte Superior de Justicia de Cusco, el Ministerio de Salud deberá diseñar e implementar en 90 días una estrategia de salud pública que permita brindar atención médica a los campesinos de Espinar que pudieran haber sido afectados por los metales pesados generados por la actividad minera de la región, así como el monitoreo constante de los estándares de salubridad del agua y la vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria.
La demanda, presentada por la comunidad campesina Huisa, la Asociación para la Defensa de Paccpaco Afectada por la Minería (Adepami), el Comité de Usuarios de Agua Qquetara y el Frente de Defensa de Regantes de la Microcuenca Ccañipía (Fredermice), apunta también a la Municipalidad Provincial de Espinar y el Gobierno Regional de Cusco, que deberán participar en las acciones del Ministerio de Salud para atender a las personas afectadas por la contaminación minera.
La estrategia sanitaria del Ministerio de Salud deberá priorizar a niños y mujeres embarazadas. De acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) adjuntada en la resolución judicial, los metales pesados como el cadmio y mercurio afectan el sistema inmunitario y digestivo, así como la piel, los pulmones, riñones y ojos; mientras que el plomo genera disminución del consiente intelectual y afecta el proceso de aprendizaje y alteración de la conducta.
Para Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), esta sentencia es histórica. “Acaban de obtener una histórica sentencia en última instancia. Se trata de una sentencia frente a la cual los demandados, entre ellos el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud de Cusco, ya no pueden plantear ningún recurso impugnatorio, por lo que esta debe ser cumplida de inmediato”, comenta el abogado.
A nivel nacional, existen por lo menos doce zonas expuestas de manera crónica a los metales pesados y otras sustancias tóxicas, como el petróleo e hidrocarburos. Varias de ellas están agrupadas en la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas, conformada por comunidades de Amazonas (Imaza, Chiriaco), Áncash (San Marcos), Cajamarca (Bambamarca, Hualgayoc), Cusco (Espinar), Junín (La Oroya, Ondores), La Libertad (Shiracmaca, El Toro, Santa Cruz, Paranshique, Coigobamba), Lambayeque (Mórrope), Lima (Callao, San Mateo), Moquegua (Torata), Pasco (Cerro de Pasco) y Puno (Capachica, Huata, Coata). https://wayka.pe/
Colapso de desagües inunda viviendas en Chiclayo
Aseguran que la pandemia no los ha perjudicado tanto desde el mes de marzo en que se inició, como lo sucedido con el colapso de los desagües y las aguas servidas que ingresan a sus viviendas. Las familias temen alguna enfermedad infectocontagiosa que perjudique letalmente a sus familias, en Chiclayo.
HECHOS
Al menos unas 20 familias que residen entre las calles 28 de Julio y José Baquijamo y Carrillo del pueblo joven Diego Ferré Sosa, en el cercado de Chiclayo, viven una verdadera pesadilla desde el 20 de enero en que los desagües de sus zonas colapsaron e ingresaron a sus domicilios, sin que nadie pueda hacer algo para revertir tan penosa situación.
Mariela Murillo Solís (35), propietaria de la vivienda donde literalmente viven sobre aguas pestilentes, refiere que no sabe a dónde acudir para que los ayuden, pues todos los días llaman a la empresa del agua para pedir ayuda y nadie les hace caso.
“Estamos en esta condición desde el pasado 20 de diciembre, hemos pasado Navidad y Año Nuevo sobre aguas pestilentes. No tenemos otra casa para ir a vivir. A pesar de ello, creo que estamos bendecidos porque aún no nos ha afectado a nuestra salud, pese a vivir en estas condiciones y sobre todo en plena pandemia”, dijo indignada la vecina. https://diariocorreo.pe/
Autoridades locales y regionales no se han comprometido en recuperar la bahía El Ferrol
El biólogo Rómulo Loayza comentó el artículo «Evidencia de procesos erosivos en la bahía El Ferrol en Perú, para el periodo 1974-2020» publicado en la Revista de Ciencias Ambientales, de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA), Costa Rica. Así lo hizo en una nueva emisión de ‘Biologando’, espacio conducido por el Blgo. Sandro Chávez, past Decano Nacional del CBP.
Loayza citó que en los 40s la bahía El Ferrol tenía gran belleza y a comienzos de los 50s, el alcalde de Chimbote, Óscar Arciniega, proyectó implementar una industria turística local. Por entonces, llegan inversionistas japoneses para acordar con él la producción pesquera, sin lograr un acuerdo. Luego se destituye a Arciniega y ello marca el inicio del deterioro de la bahía con la instalación de las primeras fábricas, dijo Loayza.
Refirió que en pocos años la bahía «se convirtió en algo totalmente distinto». En 1958 empieza la industria siderúrgica. Ello perjudicó en los 70s el movimiento turístico local y se apreciaba un proceso erosivo. En 2012 Siderperú deja de verter efluentes a la bahía, y en 2015 sucede algo similar con la industria pesquera, pero dejaron una importante contaminación. Otro problema es que el agua municipal de Chimbote se descarga cruda en la bahía, recordó.
Loayza denunció que la cantidad de desmonte en la bahía -usado para controlar el proceso erosivo- «es sumamente grande» y que los trabajos de enrocamiento para enfrentarlo han provocado la desaparición de seis km. de litoral de importancia turística. Otro factor que afectó la bahía fue el cambio del cauce del río Lacramarca, lamentó.
Resaltó que «para recuperar la bahía hay que retirar toda la infraestructura que existe en la zona supralitoral, en la zona intermareal, y en la sublitoral». Añadió que ello también debe contemplar abandonar el cambio que se hizo del cauce del río Lacramarca. Ante ello Chávez consideró que se trata de dar solución a «una sucesión de malas decisiones» cometidos contra la bahía.
Loayza citó que en 2002 se constituyó una Comisión Técnica Multisectorial, del Minam. Tras 10 años un informe contempla la realidad ya vista, lamentó que el gobierno local y el regional no se han comprometido en implementar sus recomendaciones. Consideró que se necesita institucionalidad para lograr el financiamiento y reunir personal calificado para recuperar la bahía. Con ello se contribuirá a restaurar la identidad local, finalizó. https://www.inforegion.pe/
“Defender el Agua es Defender la Vida”
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